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Violencia contra periodistas e impunidad.

Introduccion y objetivos

En los ultimos anos se ha venido percibiendo una creciente tendencia en America Latina expresada en la violencia ejercida contra periodistas como consecuencia del ejercicio libre de su profesion.

Dada la debilidad institucional que caracteriza a la mayoria de paises de America Latina, especialmente a las instituciones vinculadas al quehacer de la justicia, el periodismo independiente, y en particular el periodismo de investigacion, ha cobrado un papel muy relevante en materia de denuncia y fiscalizacion. Esto ha determinado que diversos grupos de poder o personajes aludidos por la prensa, reaccionen ejerciendo violencia contra los periodistas, ya sea para evitar ser objeto de informacion, para disuadir a otros o simplemente como represalia.

Son muchos los casos de este tipo en la region que pueden ser citados (1). Este fenomeno, que antes podia ser identificado con las dictaduras que asolaron el subcontinente, hoy se presenta en la mayoria de paises latinoamericanos, y no existen mayores diferencias entre aquellos gobernados por regimenes autoritarios y los que lo son por gobiernos democraticos.

Segun la Red de Periodistas en Emergencia del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), el numero de periodistas agredidos en el Peru a nivel nacional subio de 23 en 2003 a 64 en 2006, es decir practicamente se triplico (2).

De otro lado, en materia de agresiones, no parece haber diferencia en funcion al tipo de medio de comunicacion en que trabaja la victima. De acuerdo al IPYS, de los periodistas amenazados en el Peru en el ano 2006, 18 trabajaban en radio, 17 en television y 16 en prensa escrita.

Existen diversos grados de presion que pueden ser aplicados a la prensa a fin de obstaculizar su trabajo, amenazarla, censurarla (3) o simplemente vengarse (4). Desde la imposicion de sobrecostos a los insumos de trabajo o manipulacion de las licencias necesarias para informar, hasta los mas graves, consistentes en la agresion fisica, desaparicion forzada o asesinato. Para efectos de este trabajo, interesan las acciones de violencia con relevancia legal, es decir aquellos casos en los que la agresion a periodistas constituye delito y por ende deben ser materia de una sancion penal.

De otro lado, resulta sintomatico que el desarrollo creciente de la violencia contra periodistas, se presente acompanado de otro fenomeno igualmente preocupante: la impunidad para los perpetradores de estos actos de violencia. En efecto, tratandose de crimenes alevosos y usualmente notorios dada la relevancia social de las victimas, llama la atencion la poca efectividad demostrada por las instituciones del sistema de justicia encargadas de investigar y sancionar estos actos (policia, Fiscalia, Poder Judicial). Se advierte con frecuencia en estos casos una tendencia a la inaccion por parte de las agencias del sistema de justicia, mientras que en otros, simplemente una falta de efectividad en los resultados, que sobresale respecto de los indices regulares que caracterizan al sistema penal en general para otros delitos en los que las victimas no son periodistas agredidos como consecuencia del ejercicio de su profesion.

Desde esa perspectiva, interesa determinar cual es la relacion entre violencia contra periodistas e impunidad, es decir si los delitos contra periodistas son sancionados en menor grado que el resto de delitos en los que no aparecen involucrados estos profesionales, o si por el contrario comparten el mismo destino que el resto de conflictos penales.

Una variable que puede explicar esta problematica, tiene que ver con la caracteristica de los agresores. Partimos del supuesto que la prensa independiente --y en particular la prensa de investigacion-- suele ser incomoda para grupos de poder de diversa naturaleza: grupos de poder politico a los que afecta ser cuestionados o puestos en evidencia ante la opinion publica, funcionarios publicos en el poder, grupos de poder economico incursos en actividades ilegales, organizaciones o redes criminales, etcetera. En el ambito regional, puede tratarse de personajes individuales afincados en el poder local --legal o ilegal-- a quienes la actividad informativa incomoda al poner en cuestion su posicion predominante (5).

Igualmente es necesario indagar que ocurre con los operadores del sistema penal en estos casos y por que la poca efectividad en la investigacion y sancion de estos delitos. Para ello habra que establecer si la mayor o menor independencia y la forma en la cual estan organizadas las agencias del sistema criminal juegan un papel en la forma como son procesados estos casos.

Dada la tendencia latinoamericana a pretender resolver los problemas de la realidad a traves de la ley, es pertinente establecer si la impunidad de la que gozan los crimenes contra periodistas en la region obedece a una deficiencia legislativa o si, por el contrario, pese a que existen suficientes leyes y adecuada proteccion normativa, estamos frente a un problema de aplicacion de la ley, ajeno a la estructura legal.

Se ha elegido circunscribir esta investigacion a lo ocurrido en la materia en Mexico y Colombia, dado que la violencia contra periodistas, pero sobretodo la impunidad que rodea estos casos, ubica a ambos paises como los mas caracterizados de la region (6).

Legislacion adecuada

En materia de legislacion, un elemento comun a ambas naciones, es que desde el punto de vista formal, las normas juridicas existentes en materia de derechos fundamentales, libertad de expresion, debido proceso legal y sanciones penales, parecen suficientes para garantizar el libre ejercicio del periodismo y la investigacion y represion de aquellos que atenten contra este y contra la integridad de los informadores.

En el caso de Mexico, el articulo 6 de la Constitucion consagra el derecho a la libertad de expresion del pensamiento y senala que el Estado garantiza el derecho a la informacion, aun cuando los limites al ejercicio de este derecho (ataques a la moral, a derechos de terceros, perturbacion del orden publico o comision de algun delito), admiten interpretaciones extensivas que por su subjetividad pueden dar lugar a restricciones indebidas. Recientemente, mediante Decreto Presidencial del 13 de junio del presente ano, que complementa el articulo 6 constitucional, se adicionaron 8 principios que complementan la proteccion al derecho a la libertad de expresion7. Por su parte el articulo 7 del mismo cuerpo de leyes consagra la inviolabilidad de este derecho, la prohibicion de la censura previa, asi como la libertad de imprenta.

Por su parte, el articulo 2 de la Constitucion de Colombia desarrolla una declaracion inequivoca de reconocimiento y respeto a la libertad de expresion y de prensa (8).

Ambos paises adoptan las nociones modernas de debido proceso y han suscrito los instrumentos internacionales mas importantes en materia de libertad de expresion, derechos humanos y acceso a la informacion, como la Convencion Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos.

Marco institucional

Desde el punto de vista de la existencia de instituciones que aseguren la vigencia de los derechos reconocidos en la letra de la ley, esta investigacion revela que tanto Mexico como Colombia, con las particularidades que implica una organizacion federal en el caso del primero, cuentan con los organismos basicos para cumplir adecuadamente con dicho proposito.

En ambos casos, existe la institucion del Ombudsman (Comision Nacional de Derechos Humanos en Mexico y Procurador de Derechos Humanos en Colombia). En Mexico la CNDH desarrollo un Programa Especial de Periodistas, que luego de ser ampliado y reorganizado, derivo en el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, en virtud del cual se recomienda a las autoridades la investigacion de estos casos. De los 30 expedientes abiertos que mantiene la Comision, 12 estan siendo procesados ante la Subprocuraduria de Investigacion Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), uno ante la Fiscalia Especial para la Atencion de Delitos contra Periodistas (FEADP) y 17 ante las procuradurias de los Estados, las que son autonomas.

En el ambito del Poder Ejecutivo mexicano, la Procuraduria General de la Republica (equivalente a la Fiscalia de la Nacion o Ministerio Publico en otros paises), si bien no goza de autonomia funcional como seria deseable, ha desarrollado lineamientos que deberan seguir sus delegados estatales para la atencion de los delitos cometidos contra periodistas. Incluso se ha creado la Fiscalia Especial para la Atencion de Delitos cometidos contra Periodistas. Lamentablemente, esta Fiscalia carece de las facultades y competencia necesarias para lograr sus objetivos (9).

De otro lado, pese a ser la institucion creada exclusivamente para atender estos delitos, parece competir con otras instancias de la misma Procuraduria en el conocimiento de los casos, viendose desplazada en la practica de participar en la mayoria de ellos. De los 168 casos reconocidos por la FEADP como delitos contra periodistas en el fuero federal, solo ha podido conocer 56, pues el resto fueron asumidos por otras instancias de la PGR como la Secretaria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) --90 casos--, la Subprocuraduria Investigadora Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) --21 casos-- y la Visitaduria General (un caso). A ello se suma que no cuenta con los recursos humanos y financieros, indispensables para atender las graves amenazas a la libertad de expresion que constituyen los asesinatos, agresiones y amenazas contra periodistas y medios de comunicacion (10).

De los 54 casos conocidos por la FEADP, solo 32 han tenido algun tipo de resolucion, pero de estos unicamente en seis se iniciaron investigaciones.

En Colombia, producto de un esfuerzo conjunto entre el gobierno y la sociedad civil, se ha creado el Programa de Proteccion de Periodistas del Ministerio de Interior y Justicia (11), el mismo que en los primeros siete anos de existencia, ha atendido a 670 periodistas, dos de los cuales fueron asesinados (12).

Para la implementacion del programa se creo el Comite de Reglamentacion y Evaluacion de Riesgos (CRER), de composicion plural (representantes del gobierno, agencias de control y organizaciones de derechos humanos y periodismo). La Fundacion para la Libertad de Prensa es la encargada de recoger y documentar los casos de violaciones a la libertad de prensa y sugiere las medidas a adoptar en cada caso, las que pueden ser clasificadas en:

Medidas duras

* Esquemas moviles de proteccion: con vehiculos propios o alquilados, con apoyo de transporte, escoltas, medios de comunicacion, armas, chalecos antibalas, individuales o colectivos.

* Blindajes arquitectonicos: es la dotacion de equipos de seguridad integral para el control perimetral de la sede de una organizacion.

* Blindajes a vehiculos: es la instalacion de blindaje a vehiculos de las entidades territoriales.

* Tiquetes internacionales: medida de proteccion excepcional, para que el beneficiario de la misma, salga a otro pais y permanezca temporal o definitivamente alli.

Medidas blandas

* Equipos de comunicacion.

* Medios de transporte; tiquetes nacionales o apoyo de transporte terrestre.

* Apoyo de reubicacion temporal: constituye la asignacion mensual de hasta tres salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV), ante la salida de la zona de riesgo, por un maximo de tres veces. De manera extraordinaria se podra otorgar apoyo de reubicacion temporal por tres veces adicionales, por la mitad del monto ordinario.

* Apoyo de trasteo; consiste en apoyar economicamente el traslado de los bienes muebles de la persona que ha decidido trasladarse temporal o definitivamente a una zona que le ofrezca mejores condiciones de seguridad.

Aunque la creacion del programa ha significado un avance en materia de proteccion a periodistas, y a pesar de que cuenta con un procedimiento para atencion de casos urgentes, se le critica que aun es muy lento en su capacidad de respuesta.

Igualmente se ha desarrollado un comite especial de policias e investigadores de la Fiscalia, quienes trabajan conjuntamente con la organizacion Colombia Foundation for Press Freedom, tienen por objetivo combatir la violencia y las amenazas contra los periodistas.

En cuanto al sistema penal, de gran importancia para la investigacion y persecucion de los delitos cometidos contra periodistas, a raiz de la reforma constitucional de 2002, Colombia esta viviendo un momento transicional por el paso de un sistema inquisitivo a uno de corte acusatorio que profundiza las reformas de 1991, ano en que se creo la Fiscalia General y la Oficina del Defensor Publico. Si bien un sistema acusatorio se considera mas eficaz y garantista, y por lo tanto mas adecuado para solucionar satisfactoriamente los conflictos penales, todo indica que a pesar de los avances logrados en Colombia, hasta la fecha persisten algunos problemas serios como la ineficacia de la investigacion administrativo-policial y la morosidad para resolver los casos. Estos problemas han determinado altos niveles de impunidad que algunos analistas estiman que alcanzan hasta un 80% de los casos aproximadamente (13).

El sistema penal en Mexico esta marcado por la distincion entre lo federal y lo estadual, lo que determina la existencia de dos catalogos de delitos, asi como reglas de competencia entre las autoridades judiciales de ambos niveles, que establecen que cuando existe conexion entre infracciones penales locales y federales, corresponde a la autoridad federal --reservada para los delitos mas graves-- conocerlas. Sin embargo, al existir una instancia especializada en conocer los delitos cometidos por la delincuencia organizada (SIEDO), es usual el cruce de competencias, habiendo asumido esta hasta un 20% de los homicidios contra comunicadores sociales. A ello se agrega que la mayoria de los casos no se tramitan en la justicia federal, sino en el ambito local, debido a exigencias formales como la acreditacion de la calidad de periodista de la victima o a que se les califica como delitos del fuero comun y no del federal. Atendiendo a las reglas de conexion entre ambas jurisdicciones, usualmente las primeras investigaciones se realizan a nivel local, lo que limita o perjudica su desarrollo posterior.

Violencia contra periodistas e impunidad

Entre los anos 2000 y 2006, se registraron en Mexico 27 asesinatos de periodistas y cinco desapariciones, siendo la tendencia claramente ascendente, al punto que en el periodo 2004-2006, el numero de homicidios practicamente se triplico respecto del trienio anterior (7 vs. 20, respectivamente), al punto que, de los 20 asesinatos ocurridos entre 2004 y 2006, 10 (50%) se produjeron en 2006. A ello se agrega que existen muchas otras formas de presion menos violentas que han llegado a sumar 526 hasta abril de 2006, incluyendo la detencion de 34 hombres de prensa.

En la mayoria de los casos acaecidos en Mexico, existen indicios razonables y suficientes para asumir que los crimenes fatales estan relacionados con el crimen organizado y/o el narcotrafico, y que el movil fundamental sea silenciar las publicaciones informativas relacionadas con estas actividades

ilicitas. Se ha logrado determinar que en un 42% de los asesinatos, los perpetradores son agentes del Estado --lo que por otro lado evidencia el nivel de infiltracion de las organizaciones criminales en el Estado mexicano--, proviniendo la mayoria de estos de la policia (24%), con lo que ocurre que la institucion que debe investigar inicialmente las agresiones, contradictoriamente cobija a los agresores.

Pese a la gravedad de los delitos, unicamente once casos han pasado a la justicia federal, caracterizandose la mayoria de las investigaciones por ser deficientes y endebles, sin evidenciar avances significativos.

La impunidad es una constante en este tipo de crimenes en Mexico, pero la falta de investigacion y sancion penal a los autores parece ser un problema que no se circunscribe a los crimenes contra periodistas sino a los delitos en general, producto de las deficiencias estructurales del sistema judicial mexicano. De otro lado, en lo que atane a los homicidios de periodistas, se observa adicionalmente poca voluntad politica para impulsar las investigaciones, lo que se traduce en las limitaciones impuestas a la FEADP y en la falta de coordinacion de esta con la CNDH, lo que algunos atribuyen a su sometimiento a los intereses de los sectores involucrados.

En cuanto a Colombia, segun las fuentes consultadas, entre 1993 y 2006, 107 periodistas fueron asesinados. Conforme a reportes del Relator Especial de Libertad de Expresion de la OEA, entre 1998 y 2005, existen 31 casos de periodistas asesinados por razones vinculadas al ejercicio de su profesion, de los cuales solamente seis han llegado a la fase de juicio, lo que implicaria que en el 80% de los casos, las investigaciones se han archivado o detenido por falta de evidencias, y no existe un solo caso en el que se haya condenado a los autores de estos crimenes. En cuanto a medios de presion contra informadores, la Relatoria ha reportado 99 denuncias para el periodo 1999-2005, aunque el Ministerio de Interior y Justicia ha registrado una cifra mucho mayor para ese mismo periodo (447). En lo que va del presente ano, se han reportado 98 hechos delictivos que afectan a 180 periodistas.

Inversamente a lo que esta ocurriendo en Mexico, en Colombia se nota una tendencia a la baja en materia de asesinatos a periodistas por razones de su trabajo, pero por otro lado se advierte un incremento de las amenazas y otros medios de presion que estan obligando a los informadores a abandonar su actividad, desplazarse o, en casos extremos, buscar el exilio.

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Todo indica que la reduccion de los asesinatos obedece a que las amenazas estarian logrando el objetivo deseado de intimidar a los periodistas para que dejen de informar sobre determinados hechos (autocensura), y en consecuencia resulta innecesario escalar a un nivel de agresion mayor.

El mayor numero de agresiones en la realidad colombiana proviene de los grupos paramilitares, los que en muchos casos precisamente arremeten contra los comunicadores sociales para evitar que se revelen sus vinculos con actores de la politica, entre ellos diversos funcionarios locales y parlamentarios.

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Al igual que lo ocurrido en Mexico, se estima que en Colombia las cifras de impunidad para delitos de asesinato contra periodistas son muy altas y que las investigaciones no prosperan. Mas que a una politica de encubrimiento o a actos de corrupcion de la justicia, todo indica que la falta de resultados obedece a la incapacidad y a la carencia de medios de los organismos encargados de investigar, como a la negligencia burocratica de los operadores del sistema penal.

Existe consenso al senalar que la consecuencia principal generada por las agresiones contra periodistas y la falta de sancion a los autores de estos hechos en ambos paises es la autocensura, en virtud de la cual los comunicadores victimas de la violencia se abstienen de informar sobre hechos que puedan poner en riesgo su integridad personal.

Conclusiones

1. Tanto en Mexico como en Colombia, existen marcos legales suficientes en materia de reconocimiento y proteccion de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la libertad de expresion y a las garantias del debido proceso legal. Por lo tanto, aun cuando ambos sistemas legales son perfectibles, el problema de la impunidad de los crimenes contra periodistas no obedece a una inadecuada regulacion legislativa.

2. En ambos paises, ademas de las instituciones propias del sistema penal (policia, Fiscalia y Poder Judicial) y de las oficinas del Ombudsman, se han creado programas especiales para documentar y proteger a los periodistas victimas de agresiones (FEADP en Mexico y Programa de Proteccion de Periodistas del Ministerio de Interior y Justicia en Colombia). Sin embargo, en ninguno de los dos casos estos programas han logrado resolver el problema de la impunidad en esta materia.

3. No basta crear instituciones o programas especiales para investigar estos casos si no se dota a las instituciones encargadas de su desarrollo de capacidad funcional, autonomia y recursos suficientes. En el caso de Mexico, la Procuraduria General de la Republica, de la que depende la FEADP es un organo del Poder Ejecutivo, por lo que resulta un contrasentido que, siendo los principales autores de agresiones a periodistas agentes del Estado, se pretenda que esta sea la responsable de investigar y perseguir esos hechos. Como ocurre en la gran mayoria de paises de la region, debe dotarse al Ministerio Publico de autonomia constitucional.

De otro lado, se ha constatado que en ambos paises, pese a la creacion de organismos especializados, existe dispersion en el tratamiento de los casos, toda vez que los mismos son derivados o asumidos por instancias distintas a ellos.

4. La impunidad en materia de agresiones a periodistas es una realidad en los dos paises investigados. Si bien esta problematica obedece en general a deficiencias estructurales de la justicia penal que afecta a la persecucion de los delitos en general, parece agudizarse en estos casos debido a la falta de voluntad politica para crear las condiciones que permitan investigaciones eficaces y oportunas.

Recomendaciones

1. Atendiendo a las carencias del sistema penal, es recomendable que este tipo de delitos se procesen en jurisdiccion concentrada. En tal sentido, deberia crearse un subsistema especializado en lo judicial y fiscal que conozca en exclusividad de los crimenes contra periodistas a nivel nacional (federal en el caso mexicano). Este subsistema deberia ser integrado por un grupo reducido de magistrados y fiscales jovenes, altamente motivados, capacitados y que gocen de la independencia funcional necesaria para poder investigar los casos a fondo, quienes deben contar con un equipo elite de investigadores policiales que dependan directamente de ellos y no de su comando policial. La competencia para conocer de estos casos deberia determinarse por la calidad del agraviado sin formalismo alguno (por ejemplo, sin exigir que la victima posea titulo profesional o colegiacion), invirtiendo la logica actual: si se presume que es periodista, se procesa el caso en el subsistema especializado, y si en el transcurso de la investigacion resulta que no lo era, se le deriva al sistema ordinario.

A los jueces, fiscales y policias integrantes de este subsistema debe brindarseles entrenamiento tecnico especializado en materia de investigacion criminal, para lo cual se puede recurrir a la cooperacion internacional de paises con experiencia en la materia.

2. Dado que los defensores cumplen un papel muy importante en el impulso de los procesos penales, debe crearse un sistema de defensores publicos para estos casos. En su defecto, las organizaciones no gubernamentales deben generar las condiciones para proveer de defensa idonea en aquellos casos en los que la parte agraviada no puede hacerlo.

3. Existiendo un componente de falta de voluntad politica por la naturaleza de estos delitos, en los que se pretende silenciar a informadores incomodos para grupos de poder, es indispensable el monitoreo externo de los procesos. En tal sentido, se sugiere crear las condiciones legales para que organizaciones no gubernamentales especializadas en estos temas puedan incorporarse a los procesos penales como parte procesal coadyuvante. Mientras se crean esas condiciones, y en tanto no puedan actuar procesalmente, dichas organizaciones deben fiscalizar el desarrollo de las investigaciones y presentar sus resultados periodicamente a la opinion publica, sin descartar la posibilidad de llevar los casos de impunidad local al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Igualmente estas organizaciones especializadas deben contribuir a dotar de elementos tecnicos de juicio a los operadores legales, para lo cual se sugiere adoptar como una estrategia de la sociedad civil, la incorporacion de informes amicus curiae a las investigaciones por delitos contra periodistas.

4. Es aconsejable involucrar a actores internacionales en la solucion de esta problematica. Debe pedirse a la Relatoria Especial para la Libertad de Expresion de la OEA, una evaluacion de la idoneidad de los programas mexicano y colombiano establecidos para la investigacion de estos casos a fin de determinar los ajustes necesarios, especialmente en lo que respecta a la autonomia funcional de los operadores legales y la asignacion de recursos.

En ambos casos deberia haber visitas in loco anuales de la Relatoria a fin de sensibilizar a las autoridades y urgirlas a actuar a partir de las evaluaciones sobre impunidad en esta materia, e incluir el tema en las sesiones periodicas de la Comision Interamericana buscando generar instancias de presion al interior de la OEA.

5. Se debe establecer la obligacion legal de que los responsables de la Fiscalia y/o el Poder Judicial rindan cuentas, cuando menos una vez al ano, del resultado de las investigaciones y sus avances ante alguna comision especializada del Congreso de la Republica.

6. En el ambito preventivo, debe alentarse la creacion en Mexico de un programa de proteccion de periodistas similar al colombiano. En Colombia dicha experiencia debe ser evaluada por una mision tecnica internacional a fin de corregir los defectos que la hacen lenta e ineficaz en algunos casos, debiendo incluirse un procedimiento abreviado y expeditivo para los casos de alerta por riesgo inminente.

7. Las oficinas defensoriales (Ombudsman), deberian tener un rol mas activo en la fiscalizacion de las autoridades que procesan estos casos e intervenir en las investigaciones siempre que las leyes lo permitan. De no poder hacerlo, deben proveer a las autoridades con informes tecnicos que contribuyan al avance de las investigaciones.

* Este articulo se entrego como documento de trabajo para el proyecto sobre violencia contra periodistas e impunidad del Dialogo Interamericano.

(1) El asesinato del periodista Jose Luis Cabezas en Argentina, los homicidios de Jaime Garzon, Orlando Sierra y Guillermo Bravo en Colombia, de German Rivas en Honduras y los casos emblematicos de Miguel Perez Julca, Antonio de la Torre y Alberto Rivera en el Peru, son algunos de los ejemplos de agresion a hombres de prensa ocurridos en los ultimos anos.

(2) El concepto de agresion empleado por el IPYS incluye agresion fisica, amenazas, procesos judiciales, detenciones, querellas, incautacion de equipos, impedimento de la labor periodistica, reglaje, intento de asesinato y asesinato.

(3) Ya sea de forma directa o indirecta, aunque una de las consecuencias mas frecuentes de la violencia ejercida sobre el periodismo es la autocensura que se imponen los informadores como estrategia de sobrevivencia.

(4) En el Peru, en el ano 2006, hubo 20 agresiones fisicas contra periodistas y 11 amenazas de muerte (IPYS).

(5) Segun el IPYS, en el ano 2005, las agresiones contra periodistas peruanos provinieron de diversos sectores: desconocidos (13), Poder Judicial (8), turba de protestantes (5), personal de seguridad (5), policia (3), comunidades campesinas (4), empresarios (3), familiares (3), Fiscalia (2), funcionarios (6) y sindicatos (2).

(6) De acuerdo con un reciente documento de trabajo del IPYS, <<Mexico se ha convertido en el pais mas peligroso para ejercer la actividad informativa en America Latina, principalmente por la accion del narcotrafico>>. Por otro lado, segun el Comite para la Proteccion de Periodistas (CPJ), Colombia esta ubicada entre los 5 primeros paises mas peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo; en el periodo comprendido entre 1986 y 2006, han sido asesinados 54 periodistas. El ultimo asesinato ha ocurrido mientras escribiamos este informe. El 21 de octubre de 2007 fue victimado el reportero grafico Carlos Alberto Jaramillo al norte de la ciudad de Cali. (7) Publicidad, proteccion de la vida privada y datos personales, acceso a la informacion y preservacion de archivos.

(8) Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir informacion veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicacion. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificacion en condiciones de equidad. No habra censura.

(9) No incide directamente en la conformacion de los expedientes y por tanto interviene en las investigaciones como coadyuvante, en un papel semejante al del ombudsman no jurisdiccional.

(10) El presupuesto asignado no ha aumentado desde su creacion mientras que la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Atencion a Victimas y Servicios a la Comunidad, de la cual depende, ha sufrido un recorte presupuestal del 50%.

(11) Ley 418 de 1977 y Decreto 1542 de 2000.

(12) Los periodistas Jose Rivas y Luis Eduardo Alfonso.

(13) Cfr. informe de Brian Treacy para este proyecto <<Impunidad en casos de delitos contra periodistas: El caso Colombia>>, setiembre 2007, p. 5.

Jose C. Ugaz Sanchez-Moreno, Profesor principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Catolica del Peru.
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Author:Ugaz Sanchez-Moreno, Jose C.
Publication:Derecho PUCP
Date:Apr 1, 2009
Words:4956
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