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Supremo Tribunal de la Signatura Apostolica. Sentencia.

Prot. N. 32372/01 C.A. Diocesis N. Sobre la revocacion de un decreto penal dado por el Excmo. Obispo el dia 6 de mayo de 1999 contra el Rvdo. X. de la diocesis N. (Excmo. Ordinario--Congregacion para el Clero) en el nombre del Senor. Amen.

EL SUPREMO TRIBUNAL DE LA SIGNATURA APOSTOLICA

El dia 3 de julio de 2004, en el 26 ano del Pontificado de Juan Pablo II, habiendo estudiado la cuestion los Emmos. y Rvdos. Sres. Cardenales Antonio Rouco Varela, Eduardo Michaele Egan, Peter Erdo, Agustin Cacciavillan como ponente, Julian Herranz y los Excmos. y Rvdos. Sres. Agustin Vallini, prefecto, Eduardo Davino, Enrique Mussinghoff, Francesco Coccopalmerio y Tomas Jorge Doran, y habiendo intervenido el abogado C. Gullo como patrono del Excmo. Obispo N, la abogada M. Wegan como patrona de la Congregacion para el Clero y el Rvdo. X y el Rvdo. F. Daneels, o. praem, como Promotor de Justicia, en la causa, dio esta

SENTENCIA DEFINITIVA

I. Hechos

1. El Rvdo. X era parroco desde el mes de enero de 1990 hasta el mes de noviembre de 1995 en la parroquia Z y despues parroco de la parroquia Y en el lugar conocido como "W".

Una vez suprimida la parroquia Z a mediados de 1996, se descubrio que una gran suma de dinero, recibida y gastada durante los anos 1990-1996 en aquellas parroquias, habia sido ocultada a la autoridad competente diocesana; y que sobre el uso de ese dinero, al menos en gran parte, no habia o mas bien ya no hay justificante alguno. Por este motivo, el 20 de febrero de 1998, el Excmo. Obispo N. notifico a aquel presbitero la decision de instituir un proceso penal administrativo y, el dia 30 de diciembre de 1998, le comunico las acusaciones.

Presentado el 31 de marzo de 1999 el escrito de defensa por parte del Rvdo. A en favor del Rvdo. X, el Excmo. Obispo, el dia 6 de mayo del mismo ano, emano un decreto penal (Summ., pp. 154-161), por el que le privaba por violacion del canon 1377 agravado por el abuso del oficio (cfr. can. 1326 [seccion] 1, n. 2), de "todos los derechos, privilegios y facultades concedidas por el derecho universal y particular ... El Padre X esta, desde entonces, desautorizado para ejercer el ministerio sacerdotal tanto publica como privadamente de cualquier manera. En vista a la cantidad de dinero que, segun ha sido demostrado, el Padre X ha gastado para sus propios intereses, el tambien ha sido privado de su derecho a remuneracion, con respecto a la provision del canon 1350, [seccion] 1".

Esta pena se impuso por un tiempo indefinido, hasta que el Rvdo. X reconociera "su responsabilidad en todos estos Cargos ... y realizara la completa restitucion ... ". En lo que se refiere a la violacion del can. 1373, por una parte, era sabido que no se podia imponer una pena por este motivo, por otra parte, se hacia mencion de la circunstancia agravante y de la necesidad, para la remision de la pena, del reconocimiento "de los cargos derivados del" can. 1373.

2. Suplicada en vano la revocacion del mencionado decreto (Summ, pp. 170-172), el Patrono del Rvdo, el dia 22 de junio de 1999 presento un recurso ante la Congregacion para el Clero (Summ, pp. 184-190), que el dia 13 de marzo de 2001 (Summ, pp. 206-207) dio una decision en favor del Recurrente, determinando que se le restituyeran las facultades ministeriales, se revocaran todas las penas que le habian sido impuestas y que fuera admitido finalmente al ejercicio del ministerio pastoral en la diocesis.

El Excmo. Obispo, mediante las cartas del 3 y 6 de abril de 2001 (Summ, pp. 208-215) pidio a la Congregacion que revocara su decision o, al menos, la enmendara. La Congregacion, el dia 26 de abril de 2001 rechazo esta peticion de revocacion o rectificacion de su decreto, indicando, no obstante, en la carta de notificacion del decreto, que se desmarcaba de la cuestion de la compensacion economica al Rvdo. X (Summ, pp. 217-218), en atencion a la carta del Patrono del Rvdo. Recurrente dada el 10 de abril de 2001 al Excmo. Obispo (Summ, p. 216).

3. El Excmo. Obispo no cejo en su empeno y el 27 de abril de 2001 acudio a este supremo Tribunal (Summ, pp. 219224; cfr. pp. 224-225), pensando que el recurso tenia efecto suspensivo con respecto a la decision impugnada de la Congregacion para el Clero (Summ, p. 227).

Tenida la prevista discusion de la causa, el recurso fue admitido para su discusion en el Congreso del dia 25 de octubre de 2002 (Summ, p. 321) y el dubio fue concordado el 8 de noviembre bajo esta formula (Summ, p. 322):
   Si consta la violacion de ley in procedendo
   o bien in decernendo en relacion
   a la decision de la Congregacion para
   el Clero del 13 de Marzo de 2001, y,
   en caso afirmativo, si este Supremo
   Tribunal tiene que decidir sobre la reparacion
   de danos causados.


Mediante decreto del 4 de diciembre de 2002, el Secretario de Este Supremo Tribunal ordeno "al Sr. B 'revisor-contable de la Prefectura de los Asuntos Economicos de la Santa Sede' que diera su parecer sobre las cuestiones economicas de esta causa" (Summ, p. 325). Obtenido su parecer el 15 de septiembre de 2003 (Summ, p. 326), fue elaborado el Sumario de la causa.

Discutida nuevamente la causa entre los Patronos de las Partes y el Rvdo. Promotor de Justicia, Nos corresponde responder al dubio propuesto.

II. In iure e in facto

4. El decreto impugnado del dia 13 de marzo de 2001 de la Congregacion para el Clero, confirmado por la misma -dejada a parte la cuestion de la compensacion economica del Rvdo. X--el 26 de abril del mismo ano, recoge en primer lugar estas acusaciones, que estan en el decreto penal del Excmo. Obispo N, a saber: a) que el Rvdo. X sin la debida licencia enajeno bienes eclesiasticos (can. 1377); b) que el mismo suscito odio entre los fieles contra el Obispo (can. 1373) y c) que el mismo vendio "fondos de la parroquia para sus propios intereses" o sea que fue reo de la asi llamada "apropiacion indebida" (Summ, p. 160, in fine).

En lo que se refiere a la segunda acusacion, el Dicasterio -como el propio Excmo. Obispo, en su decreto penal, ya era consciente de no tener, segun el can. 1373, suficientes razones para irrogar una pena- tiene el mismo parecer que el Excmo. Obispo y por tanto sobre esta cuestion ya no trata mas en su decreto.

En lo que se refiere a la cuestion de la afirmada "apropiacion indebida", la Congregacion afirma que: "despues de un cuidadoso estudio ... no se puede concluir que el Rvdo. X haya 'enajenado fondos de la parroquia para sus propios intereses', se podria concluir, sin embargo, que habia una cierta proporcion de mala gestion y mala contabilidad implicada en el tema.., pero no es evidente una malversacion de fondos".

En lo que se refiere a la violacion del can. 1377, el Dicasterio no dice explicitamente que el mismo canon no pueda ser aplicado en este caso, porque la debida licencia de la que habla el canon, no se requiere en las enajenaciones realizadas por el Rvdo. X. El Rvdo. Promotor de Justicia, en cambio, en su parecer del dia 3 de mayo de 2004 (pp. 6-9) expone ampliamente que el delito del que se trata en el can. 1377, contempla un hecho muy especifico y no puede extenderse en modo alguno a otras violaciones de la ley contra el patrimonio de una persona juridicocanonica.

5. Asi pues, segun el derecho, quedan asi las cosas:

--La prescripcion del can. 1377 -a saber: "Quien enajena bienes eclesiasticos sin la licencia prescrita, debe ser castigado con una pena justa"- mira a los cann. 1291 ss. y 638 [seccion] 3, pero con todo el can. 1291 no trata de cualquier enajenacion, sino solo de aquella que se refiere a "bienes que por asignacion legitima constituyen el patrimonio estable de una persona juridica publica y cuyo valor supera la cantidad establecida por el derecho" (cfr. J. T. MARTIN DE AGAR, Comentario exegetico ..., ed. 1a, IV/1a, 524; K. Ludicke, MK, 1377/1, n. 2; Codice di Diritto Canonico commentato, Ancora, 2001, p. 1088).

--Los autores discuten si el c. 1377 se refiere tambien al can. 1295, segun el cual: "los requisitos establecidos en los cann. 1291-1294, a los que tambien se han de acomodar los estatutos de las personas juridicas, deben observarse no solo en una enajenacion, sino tambien en cualquier operacion de la que pueda resultar perjudicada la situacion patrimonial de la persona juridica" (cfr. K. LUDICKE, MK, 1377/1, n. 2; J. T. MARTIN DE AGAR, Comentario Exegetico ... , ed. 1a, IV/1, 524, por una parte, y V. DE PAOLIS--D. CITO, Le Sanzioni nella Chiesa, Urbaniana Univ. Press, p. 320, por otra). Las leyes que establecen una pena, "se deben interpretar estrictamente" (can. 18). Sea lo que fuere, la diversidad de opiniones sobre esta cuestion permite sostener que en este caso nos encontramos ante un dubium inris, asi que "en la duda hay que estar a favor del acusado".

--La doctrina, en todo caso, entiende la condicion patrimonial de la persona juridica, de la que habla el can. 1295, como la condicion del mismo patrimonio estable. Esta asignacion "es un acto de administracion Extraordinaria ... y ha de ser probada: la presuncion es que los bienes no esten asignados al patrimonio estable. Algunos bienes, en cambio, independientemente de la legitima asignacion, son indisponibles" (Codice di Diritto Canonico commentato, 2001, p. 1020: ad can. 1295). Et De Paolis (I beni temporali della Chiesa, Bologna 1995, p. 193) senala que: "el dinero de por si, pertenece al patrimonio estable, a no ser que este vinculado establemente como parte del patrimonio estable".

--La violacion del can. 1377, por tanto, no puede darse, sino se trata de una enajenacion o bien, sino se trata de operaciones asimiladas que afectan al patrimonio estable y ademas de por si superan todas ellas la suma minima establecida por la conferencia Episcopal (cfr. can. 1292).

6. Asimismo hay que decir que las animadversiones in facto del Rev. Promotor de Justicia son apropiadas y concluyentes (cfr. su dictamen, pp. 10-12):

--El Obispo contra las objeciones del Rev. A penso que los cann. 1377 y 1295 eran adecuados al caso (Summ, p. 156) y con esta opinion, insistio en la carta enviada a la Congregacion el 15 de noviembre de 1999 (Summ, p. 194).

--El mismo Prelado en su decreto penal adujo algunas graves irregularidades cometidas por el Rev. X, pero no indico suficientemente mediante que ilegitimas operaciones del Rev. X, de que manera y en que medida la condicion patrimonial de aquellas parroquias pudiera haber ido a peor.

--El, sobre todo, no aporto ninguna enajenacion hecha por el Rev. X, para la cual fuera requerida una especifica licencia segun los cann. 1291 y ss, sino que por la reivindicada violacion del can. 1295 se abrio paso a la duda hacia la violacion del can. 1377, mientras que las irregularidades aducidas se refieren a la cantidad de dinero presente de las parroquias, que de ninguna manera esta probado, por los hechos que constan en actas, que este asignado al patrimonio estable de aquellas parroquias; la cual, en este caso, permanece por debajo de la cantidad minima definida por la Conferencia episcopal de los Estados Unidos segun el can. 1292 (500.000 lib. SFAS).

7. El decreto impugnado de la Congregacion para el Clero, aunque no indica de manera explicita el motivo por el cual no se le puede mantener la condena penal al Rvdo. X segun el can. 1377, sostiene que esta no puede ser mantenida en modo alguno, como de hecho no pudo ser mantenida. Con otras palabras: el decreto impugnado, en sus facti species ([seccion][seccion] 2 y 4) menciona la acusacion de violacion del can. 1377 asi como la correspondiente pena impuesta por el Obispo por la violacion de ese canon, pero finalmente in decernendo concluye que el Excmo. Obispo debe retirar todas las penas impuestas al Rvdo. X, lo que significa que la Congregacion para el Clero no sostiene la imputabilidad del mencionado presbitero en cuanto al delito del can. 1377.

Con todo esto queda claro el tema de la condena penal impuesta al Rvdo. X por el Obispo en virtud del can. 1377 que el decreto de la Congregacion para el Clero tiene como carente de valido fundamento.

8. Al final del decreto penal del Excmo. Obispo N. del dia 6 de mayo de 1999 (Summ, p. 161) se lee: "Las sanciones especificadas en este decreto se imponen por un periodo indefinido de tiempo y seguiran vigentes y en vigor hasta el momento en que el padre X [a] haya reconocido formalmente su responsabilidad por todos los cargos que se derivan de los canones 1377 y 1373 y [b] haya hecho restitucion total a la diocesis N. de todos los fondos apropiados de las parroquias Z e Y'.

Con relacion a este asunto, el decreto impugnado de la Congregacion del dia 13 de marzo de 2001, en la parte motiva, advierte que se trata de una violacion del can. 1728 [seccion] 2: "las sanciones que se impusieron al Rev. X estan supeditadas a su admision de los cargos que se hicieron contra el por violacion del canon 1728 [seccion] 2".

El Excmo. Obispo en la carta del 6 de abril de 2001 enviada a la Congregacion (Summ, pp. 197-198; cfr. p. 220) respondio que el no pidio del Rvdo. X la confesion del delito para irrogar la pena, sino solo para su remision (S. 197-198; 220).

Sin embargo, tambien en este caso, teniendo en cuenta que se trata de la remision de una pena expiatoria, la requerida confesion no parece congruente con el espiritu del can. 1728 [seccion] 2, segun el cual el acusado "no esta obligado a confesar el delito".

9. Con estas consideraciones, resulta patente que no consta la violacion de la ley, ya sea in procedendo ya sea in decernendo en lo que se refiere a la decision tomada por la Congregacion para el Clero del dia 13 de marzo de 2001. Queda pendiente la segunda parte del dubio propuesto, a saber: "y en la medida en que sea afirmativo, si debe ser examinado por este Tribunal la cuestion de los danos".

Si el Excmo. Obispo N. pide la restitucion, el mismo lleve la cuestion al Tribunal Metropolitano ... (cfr. can. 1419 [seccion] 2), a no ser que la cuestion pueda ser resuelta mediante arbitraje segun los cann. 1713-1716.

10. Los Emmos. y Excmos. Padres de este Tribunal advierten, sin embargo, que dificilmente puede confiarsele al Rvdo. X la atencion de la parroquia de nuevo (cfr. cann. 1740-1741) y, si el caso lo requiere, habria que valorar si, en caso de que fuera reincidente, pudiera procederse por el can. 1389, quedando a salvo el can. 1362.

III. Conclusion

11. Examinadas todas las cosas tanto in iure como in facto, el Colegio de los Emmos. y Excmos. Padres en la sesion de este Tribunal y con la mirada puesta solo en Dios, decidio responder al dubio propuesto como responde:

Negativamente, es decir, no consta violacion de la ley in procedendo o in deceniendo en relacion con la decision de la Congregacion para el Clero del dia 13 de marzo de 2001;

Al segundo dubio: no sea propuesto

Segun la mente.

La mente es esta: El Obispo puede usar, en la medida que corresponda de su derecho en virtud de los cann. 1740; 1741; 1389 C. I. C.

Retengase la cantidad depositada en las arcas de la Signatura Apostolica por el Excmo. Recurrente, para el pago de los gastos de este Supremo Tribunal. Que las partes paguen a sus patronos los correspondientes honorarios.

Asi lo pronunciamos y lo establecemos, ordenando a los interesados que entreguen esta Nuestra sentencia definitiva para su ejecucion a todos los efectos del derecho.

Dado en Roma, desde la sede del Supremo Tribunal de la Signatura Apostolica el 3 de julio de 2004.

+ Agustin Vallini, Prefecto Antonio Maria Card. Rouco Varela Eduardo Miguel Card. Egan Pedro Card. Erdo Augustin Card. Cacciavillan, Ponens Julian Card. Herranz

+ Eduardo Davino

+ Enrique Mussinghoff

+ Francisco Coccopalmerio

+ Tomas Jorge Doran

En el 21 de octubre de 2004

Notifiquese

+ Velasio De Paolis, Secretario Vicente Carcel Orti, Moderador de la Cancilleria

Prot. N. 32372/01 C.A. Dioecesis N. Revocationis decreti poenalis ab Exc.mo Episcopo d. 6 Maii a. 1999 adversus Rev.dum X lati (Exc.mus Ordinarius Congregado pro Clericis) in nomine Domini. Amen.

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL

Ioannis Pauli PP. II anno Summi Pontificatus XXVI, die 3 iulii 2004, videntibus Em.mis ac Rev.mis D.nis Antonio Maria Card. Rouco Varela, Eduardo Michaele Card. Egan, Petro Card. Erdo, Augustino Card. Cacciavillan, Ponente, Iuliano Card. Herranz, atque Exc.mis ac Rev.mis D.nis Augustino Vallini, Praefecto, Eduardo Davino, Henrico Mussinghoff, Francisco Coccopalmerio et Thoma Georgio Doran, intervenientibus Cl.mo C. Gullo tamquam Patrono Exc.mi Episcopi N, Cima M. Wegan utpote Patrona Congregationis pro Clericis Rev.dique X et Rev.mo F. Daneels, o.praem. Promotore Iustitiae, in causa de qua supra, hanc tulit

DEFINITIVAM SENTENTIAM

I. Facti species

1. Rev.dus X a mense !anuario 1990 ad mensem novembrem 1995 parochus erat paroeciae Z et dein parochus paroeciae Y in loco v.d. "W".

Suppressa paroecia S medio anno 1996, detectum est magnam pecuniae summam annis 1990-1996 in illis paroeciis acceptam et expensam competentem auctoritatem dioecesanam celatam fuisse atque de illius pecuniae usu saltem magna ex parte non haberi vel non amplius haberi ulla documenta vel adnotationes. Quam ob rem Exc.mus Episcopus N. illi presbytero die 20 februarii 1998 nodficavit decisionem instituendi processum poenalem administrativum et die 30 decembris 1998 eum de accusationibus certiorem fecit.

Exhibita die 31 martii 1999 scripta defensione a Rev.do A pro Rev.do X, Exc.mus Episcopus die 6 maii eiusdem anni poenale tulit decretum (Summ., pp. 154-161), quo eum ob violationem can. 1377, aggravatam ob abusum officii (cfr. can. 1326 [seccion] 1, n. 2), privabat "of all rights, privileges and faculties granted by universal or particular law ... Father X is, therefore, not authorized to exercise the ministry of the priesthood either publicly or privately in any manner whatsoever. In view of the amount of money which it has been demonstrated that Father X has alienated for his own purposes, he is also deprived of his right of remuneration, with due regard for the provision of canon 1350, [seccion] 1".

Quae poena imponebatur ad tempus indefinitum, donee Rev.dus X recognosceret "his responsibility for all charges ... and made full restitution ... ". Ad violationem vero can. 1373 quod attinet, una ex parte agnoscebatur hanc ob rem imponi non posse poenam, alia tamen ex parte sermo fiebat de circumstantia aggravanti et de necessitate pro remissione poenae edam recognoscendi "charges arising from" can. 1373.

2. Frustra petita revocatione praefati decreti (Summ, pp. 170-172), Patronus Rev.di X die 22 iunii 1999 recursum penes Congregationem pro Clericis instituit (Summ, pp. 184-190), quae die 13 martii 2001 (Summ, pp. 206-207) decisionem tulit in favorem Recurrentis, decernens ut ei restituerentur facultates ministeriales, ut revocarentur omnes aliae poenae ei impositae, utque ipse denuo ad ministerium pastorale in dioecesi exercendum admitteretur.

Exc.mus Episcopus tunc epistolis dierum 3 et 6 aprilis 2001 (Summ, pp. 208215) a Congregatione petiit ut decisionem suam revocare vel saltem emendare vellet, sed Congregado die 26 aprilis 2001 hanc petitionem revocationis vel emendationis sui decreti reiecit, in epistola vero transmissionis indicans se removere quaestionem remunerationis Rev.do X compensandae (Summ, pp. 217-218), attends litteris a Patrono Rev.di Recurrentis, die 10 aprilis 2001 ad Exc.mum Episcopum datis (Summ, p. 216).

3. Non acquievit Exc.mus Episcopus, qui die 27 aprilis 2001 ad H.S.T. provocavi (Summ, pp. 219-224; cfr. pp. 224-225), censens recursum habere effectum suspensivum ad impugnatam Congregations pro Clericis decisionem quod attinet (Summ, p. 227).

Praemissa consueta discussione causae, recursus in Congressu diei 25 octobris 2002 ad disceptationem admissus est (Summ, p. 321) et dubium die 8 novembris 2002 hac sub formula concordatum (Summ, p. 322):
   An constet de violatione legis in
   procedendo vel in decernendo relate
   ad decisionem Congregationis pro
   Clericis diei 13 Martii 2001, et, quatenus
   affirmative, num ab H.S.T. de
   damnis videndum sit.


Decreto diei 4 decembris 2002 Exc.mus H.S.T. Secretarius mandavit "Ill.mum D.num B 'Revisore-Contabile della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede' ut votum suum promere velit super quaestionibus oeconomicis de quibus in ... causa" (Summ, p. 325). Quo voto die 15 septembris 2003 obtento (Summ, p. 326), Summarium causae confectum est.

Re denuo rite discussa inter Cl.mos Patronos Partium et Rev.mum Promotorem Iustitiae, Nobis dubio proposito respondendum est.

II. In iure et in facto

4. Impugnatum Congregationis pro Clericis decretum diei 13 martii 2001, ab Eadem--expuncta vero quaestione de remuneratione Rev.di X compensanda--die 26 aprilis eiusdem anni confirmatum, in primis has memorat accusationes, de quibus in decreto poenali Exc.mi Episcopi N, scilicet: a) Rev.dum X sine requisita licentia bona ecclesiastica alienasse (can. 1377); b) ipsum inter fideles odium adversus Episcopum suscitasse (can. 1373) et c) ipsum alienasse "parish funds for his own purposes" seu reum esse s.d. "appropriationis indebitae" (Summ, p. 160, in fine).

Ad secundam accusationem quod attinet, Dicasterium, cum ipse Exc.mus Episcopus in suo decreto poenali iam agnoverit non haberi ex can. 1373 sufficientes radones ad poenam irrogandam, cum Exc.mo Episcopo consentit et proinde hac de re in suo decreto non amplius tractat.

Ad questionem de assetta "appropriatione indebita" quod attinet, Congregado contendit quod: "after careful consideradon ... it cannot be concluded that the Rev. X had 'alienated parish funds for his own purposes', it could be concluded however that there was a certain amount of mismanagement and poor bookkeeping involved.., but criminal misappropiarion of funds is not evident".

Ad violationem vero can. 1377 quod attinet, idem vero Dicasterium non dicit explicite eundem canonem applicari non posse in casu, quia requisita licentia, de qua in eodem canone, non requirebatur in assertis alienationibus a Rev.do X patratis. Rev.mus vero Promotor Iustitiae in voto suo diei 3 maii 2004 (pp. 6-9) abundanter exposuit delictum, de quo in can. 1377, respicere facti speciem valde specificam et haudquaquam extendi posse ad alias violationes legis contra patrimonium personae iuridicae canonicae.

5. In iure, enim, res ita se habet:

--Praescriptum can. 1377 -scilicet: "Qui sine praescripta licentia bona ecclesiastica alienai, iusta poena puniatur"respicit cann. 1291 ss. et 638 [seccion] 3, atqui in can. 1291 non agitur de qualibet alienatione, sed solummodo de illa quae spectat "bona, quae personae iuridicae publicae ex legitima assignatione patrimonium stabile constituunt et quorum valor summam iure definitam excedit" (cfr. J. T. MARTIN DE AGAR, Comentario exegetico ..., ed. 1a, IV/1, 524; K. LUDICKE, MK, 1377/1, n. 2; Codice di Diritto Canonico commentato, Ancora, 2001, p. 1088).

--Disputatur inter auctores utrum, necne, can. 1377 sese quoque referat ad can. 1295, iuxta quem: "Requisita ad normam cann. 1291-1294, quibus etiam statuta personarum iuridicarum conformanda sunt, servari debent non solum in alienatione, sed edam in quolibet negotio, quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri possit" (cfr. K. LUDICKE, MK, 1377/1, n. 2; J. T. MARTIN DE AGAR, Comentario exegetico ... , ed. 1a, IV/1, 524, una ex parte, et V DE PAOLIS--D. CITO, Le Sanzioni nella Chiesa, Urbaniana Univ. Press, p. 320, alia ex parte). Leges, enim quae poenam constituunt, "strictae subsunt interpretadoni" (can. 18). Quidquid est, opinionum hac de re in doctrina diversitas permittit tenere quod in casu habetur dubium iuris, atqui "in dubio standum est pro reo".

--Doctrina, utcumque, interpretatur personae iuridicae condicionem patrimonialem, de qua in can. 1295, tamquam condicionem eiusdem patrimonii stabilis, quod quidem legitima assignatione determinatur. Quae assignatio "e un atto di straordinaria amministrazione ... e va provata: la presunzione e che i beni non siano assegnati al patrimonio stabile. Alcuni beni, pero, independentemente dalla legittima assegnazione, sono indisponibili ... " (Codice di Diritto Canonico commentato, 2001, p. 1020: ad can. 1295). Et De Paolis (Ibeni temporali della Chiesa, Bologna 1995, p. 193) animadvertit quod: "Il denaro per se non appartiene al patrimonio stabile, a meno che non sia vincolato stabilmente come parte del patrimonio stabile".

--Violado can. 1377 proinde haberi nequit, nisi agatur de alienadone vel, si et quatenus, de negodis assimilatis, quae patrimonium stabile respiciunt et praeterea per se simul summam minimam a Conferentia Episcoporum statutam superant (cfr. can. 1292).

6. Item appropriatae et cogentes dicendae sunt Rev.mi Promotoris Iustitiae animadversiones in facto (cfr. votum eius, pp. 10-12):

--Exc.mus Episcopus contra obiectiones Rev.di A censuit cann. 1377 et 1295 esse ad rem in casu (Summ, p. 156) et hac in opinione, epistola die 15 novembris 1999 ad Congregationem data, institit (Summ, p. 194).

--Idem autem Exc.mus Praesul in suo decreto poenali nonnullas graves irregularitates a Rev.do X patratas adduxit, sed non satis indicavit quibus concretis Rev.di X illegitimis negotiis, quo modo et qua mensura condicio patrimonialis illarum paroeciarum inde reapse peior fieri potuisset.

--Ipse, praesertim, non attulit ullam alienationem a Rev.do X factam, ad quam specifica licentia iuxta cann. 1291 ss. requisita erat, sed ex asserta violatione can. 1295 dubium gressum fecit ad assertam violationem can. 1377, dum irregularitates adductae respiciunt pecuniam paroeciarum praesentem, quae nullo modo illarum paroeciarum patrimonio stabili assignata ex actis probatur; tota summa denique, de qua in casu, infra summam mansit minimam a Conferentia Episcoporum Statuum Foederatorum Americae Septentrionalis iuxta can. 1292 definitam (500.000 lib. SFAS).

7. Impugnatum Congregationis pro Clericis decretum, etsi non indicai modo explicito rationem motivam ob quam Rev.di X condemnationem poenalem ex can. 1377 sustineri nequit, eam nihilominus sustineri non posse censet, uri ipsa de facto sustineri nequit. Aliis verbis: impugnatum decretum in facti specie ([seccion] [seccion] 2 et 4) mentionem facit de accusatione violationis can. 1377 necnon de relativa poena ab Exc.mo Episcopo ob violatum can. 1377 imposita, sed dein concludit decernendo ut Exc.mus Episcopus omnes tollat poenas Rev.do X impositas, id quod significai Congregationem pro Clericis imputabilitatem eiusdem presbyteri pro delicto, de quo in can. 1377, haudquaquam retinere.

Iam satis de condemnatione poenali ab Exc.mo Episcopo adversus Rev.dum X ex can. 1377 lata, quae in Congregationis pro Clericis decreto legitime sine valido fundamento habita est.

8. Legitur in fine decreti poenalis Exc.mi N. Episcopi diei 6 Maii 1999 (Summ, p. 161): "The penalties specified in this Decree are imposed for an indefinite period of time and will remain effective and in force until such time as Father X has [a] formally acknowledged his responsibility for all charges arising both from canons 1377 and 1373 and [b] made full restitution to the Diocese N. for all funds misappropriated from Z and Y parishes".

Ad rem impugnatami Congregationis decretum diei 13 Martii 2001 in parte motiva animadvertit agi de violatione can. 1728 [seccion] 2: "whereas penalties were imposed upon the Rev. X contingent upon his admission to the charges which were made against him in contravention of canon 1728 [seccion] 2".

Exc.mus vero Episcopus in epistola die 6 aprilis 2001 ad Congregationem data (Summ, pp. 197-198; cfr. p. 220) replicavit se non requisisse a Rev.do X delicti confessionem ad poenam irrogandam, sed tantum ad poenam remittendam (S. 197-198; 220).

Attamen, etiam hoc in casu, perpenso quod agitur de remissione poenae expiatoriae, requisita confessio congruere non videtur cum spiritu can. 1728 [seccion] 2, iuxta quem accusatus "ad confitendum delictum non tenetur".

9. Quibus dictis, iam patet non constare de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo ad decisionem a Congrega tione pro Clericis die 13 martii 2001 latam quod attinet. Cadit itaque altera pars dubii propositi, scilicet: "et quatenus affirmative, num ab H.S.T. de damnis videndum sit".

Si Exc.mus vero N. Episcopus instet pro restitutione, ipse rem Tribunali Metropolitano ... (cfr. can. 1419 [seccion] 2) deferat, nisi quaestio per arbitratum ad normam cann. 1713-1716 solvi possit.

10. Em.mi et Exc.mi H.S.T. Patres tamen animadvertunt Rev.do X difficulter denuo curam paroeciae committi posse (cfr. cann. 1740-1741) atque, si et quatenus, perpendendum esse num adversus eum, si recidivus fuerit, servato can. 1362, ex can. 1389 procedi possit.

III. Conclusion

11. Omnibus sive in iure sive in facto aeque rimatis, Collegium Em.morum atque Exc.morum Patrum pro Tribunali sedens ac solum Deum prae oculis habens, dubio proposito respondendum censuit uti respondet:

Negative, seu non constare de violatione legis in procedendo vel in decernendo relate ad decisionem Congregationis pro Clericis diei 13 Martii 2001;

Ad alterum: non proponi.

Et ad mentem.

Mens autem haec est: Episcopus uti potest, si et quatenus, iure suo, vi cann. 1740; 1741; 1389 C. I. C.

Summa ab Exc.mo Recurrente apud arcam Signaturae Apostolicae deposita retineatur pro expensis huius Supremi Tribunalis. Partes vero suo quaeque Cl.mo Patrono congruum solvant honorarium.

Ita pronuntiamus ac statuimus, mandantes iis quorum interest, ut hanc Nostrani definitivam sententiam exsecutioni tradant, ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 3 iulii 2004.

+ Augustinus Vallini, Praefectus Antonius Maria Card. Rouco Varela Eduardus Michael Card. Egan Petrus Card. Erdo

Augustinus Card. Cacciavillan, Ponens Iulianus Card. Herranz

+ Eduardus Davino

+ Henricus Mussinghoff

+ Franciscus Coccopalmerio

+ Thomas Georgius Doran

Die 21 octobris 2004 Notificetur.

+ Velasius De Paolis, Secretarius Vicentius Carcel Orti, Moderator Cancellariae

* Traduccion del Prof. Jordi Bosch Carrera.

DOI 10.15581/016.117.012</DO
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Title Annotation:COMENTARIOS Y NOTAS
Publication:Ius Canonicum
Date:Jun 1, 2019
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