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Soberania y castigo en Charcas. La represion militar y judicial de las juntas de La Plata y La Paz, 1808-1810.

SUMARIO: 1. Introduccion. 2. Castigo para las juntas. 3. La Junta de La plata: refrendo popular y deshonor administrativo. 4. La Junta de La paz: autonomia local y cadalso. 5. Conclusiones. 6. Referencias bibliograficas.

Sovereignty and punishment in Charcas. The Military and Judicial Repression of the La plata and La paz Juntas, 1808-1810

1. INTRODUCCION

La supresion de las juntas (2) de La Plata y La Paz por las autoridades virreinales del Rio de La Plata y del Peru tuvo una consistencia desigual. Mientras la primera se extinguio ante la amenaza de la fuerza armada y sus miembros solo fueron objeto de "providencias preventivas" dirigidas "a conservar interinamente la quietud y la seguridad publica", la segunda fue disuelta por el ejercito del brigadier Jose Manuel de Goyeneche, siendo sus principales miembros procesados y condenados a muerte por cometer un "delito de lesa majestad". Aunque la historiografia tradicional siempre ha aseverado el temprano caracter emancipador del experimento juntista, la diferencia en el trato y el castigo ha entronizado a la junta pacena como una experiencia liberadora superior, siendo aducida la naturaleza sangrienta de su represion como la prueba de su voluntad de independizar (3).

Con el objetivo de reflexionar sobre la relacion entre autoridad y soberania en un contexto de ausencia real, se sostendran dos hipotesis. En primer lugar, la represion de las juntas nada tuvo que ver con que fueran o no independentistas. El ejercicio de la violencia desde las sedes virreinales de Buenos Aires y Lima contra las iniciativas politicas de La Plata y La Paz enmascaro un conflicto intracontinental de poderes coloniales. No estaba unicamente en juego la autoridad de los virreyes frente a otros cuerpos como la audiencia, los cabildos municipal y eclesiastico o la universidad, sino que el control de Charcas se convirtio en un seguro de supervivencia y conservacion de los espacios virreinales que obligo a una lucha de influencias jurisdiccionales entre estos. En segundo lugar, si bien la represion de las dos juntas estuvo encaminada a impedir una redistribucion de la potestad regia entre diversas instancias de autoridad, en terminos de deposito de la soberania fue mucho mas grave el castigo dado a los responsables de la junta platense que el recibido por los de la pacena. Aunque no hubiese derramamiento de sangre, esa accion impidio la reconstitucion del cuerpo politico tal como se conocia hasta el momento. Es decir, la decision de las fuerzas virreinales de condenar los esfuerzos de la junta de La plata de impedir la disgregacion de la soberania convirtiendose en el organo superior de gobierno en Charcas tuvo, paradojicamente, el efecto adverso. Al negar a la audiencia la posibilidad de concentrar y arbitrar la soberania, se perdio la posibilidad de que un organo americano de amplia potestad y jurisdiccion territorial, cuyo poder procedia de la delegacion real, asumiera legitimamente la soberania indivisa, favoreciendo la dispersion de la misma a traves de los cabildos.

A partir de interrogantes sobre la diferencia y la intencion del castigo sufrido por los juntistas de La plata y La paz, este articulo aborda algunas de las consecuencias que tuvo en la definicion del cuerpo politico de la futura Bolivia el ejercicio de la violencia virreinal contra las primeras juntas. Con ello busca valorar la importancia del ejercicio de la violencia en la generacion de movilizacion social armada, en la resignificacion de lo publico y en la construccion de la legalidad. Ello implica partir de la premisa de que la violencia esta presente en toda sociedad, que es un modo de accion social y que actua como un instrumento de la politica; lo que la capacita para fundar ordenes sociales y nuevas identidades publicas, acelerar o modificar la dinamica y los sistemas sociales y favorecer la cohesion social. Algo posible debido a que genera acciones relacionales que, al forzar la modificacion de un comportamiento publico, provocan una constante interaccion social ligada inexorablemente al problema del poder (4). Como la violencia se asume como un recurso disponible por los contendientes en un proceso destinado a frenar, acelerar o precipitar el cambio social o politico, se va a subrayar el papel de la fuerza dictada contra las juntas por las autoridades virreinales. Su valor de accion de transformacion politica y publica provendra de ser percibida por las corporaciones y la poblacion como ilegitima por atacar o sofocar acciones no contrarias a la legalidad instituida e instruida por el cuerpo juridico espanol. De hecho, Fernando VII expidio una Real Orden el 27 de junio de 1820 en la que reconocia que los procedimientos de los miembros de la Junta de La plata habian sido dictados por la lealtad mas acendrada "y el mas recomendable celo en defensa de los derechos de S. M. y de la integridad de la nacion", estableciendo que se diese satisfaccion a los magistrados castigados (5).

Como trasfondo de la discusion sobre la legitimidad y legalidad del uso de la violencia por parte de todos los actores implicados en la trama juntista se presupondran cuatro apreciaciones historiograficas (6). primera, se ofrece una lectura de la emancipacion charquena ligada a un proceso de reajuste dentro de la monarquia espanola en el contexto de la revolucion del mundo hispanico que activo las tensiones existentes entre Espana y sus territorios de Ultramar. A partir de esa vision general se quiere hacer especial hincapie en que las decisiones politicas y militares adoptadas estuvieron referidas a conflictos de autoridad y de jurisdiccion entre las diversas instancias y cuerpos de poder virreinales y encaminadas, por tanto, a redefinir, a trastocar o a conservar un orden (7). Segunda, siguiendo los postulados de Jose Luis Roca, lo ocurrido en La plata y La paz se asume como partes retroalimentadas de un mismo proceso cuyo detonante general fue la crisis de la monarquia espanola de 1808 y cuyo detonante particular fue el posterior intento de convertir al virreinato del Rio de La plata en un protectorado de la Corona portuguesa (8). Tercera, la respuesta juntista charquena se inscribio en la dinamica de conservar los derechos del rey legitimo, de su Corona y de sus dominios, y los derechos de los vasallos y de las corporaciones fuera del alcance de Napoleon o de la princesa portuguesa. En este sentido, ambas juntas no solo tuvieron un origen unico y nunca entraron en conflicto, sino que tambien poseyeron una continuidad institucional (9). por un lado, la Junta de La plata necesito, legitimo y potencio la existencia de la Junta de La paz como parte de un sistema colegiado de juntas del que seria rectora. Por otro, esta ratifico a la primera como el organo hegemonico del espacio charqueno ante la acefalia real, asegurandose con ello su proteccion en la autogestion territorial de su entorno jurisdiccional urbano. Y, cuarta, las juntas se organizaron a partir de dos instituciones: la audiencia y el cabildo. La audiencia se consideraba depositaria de la soberania en ausencia del monarca porque el caracter delegativo real de su poder la convertia en la instancia primera para asumir de manera unificada la potestad del reino, mientras que el cabildo lo hacia porque constituia el centro de poder de las sociedades locales en un contexto de inexistencia de Cortes americanas propias.

Tal acto representativo entrecruzaba dos concepciones de soberania compatibles entre si: unitaria y dispersa. La primera presuponia que en toda unidad politica debia existir un poder ultimo, indiviso y singular, con mayor autoridad legal que cualquier otro poder. La segunda estaba referida a que los derechos naturales del pueblo y de los pueblos al autogobierno podian volver a y repartirse entre ellos en caso de receso del soberano legitimo. El funcionamiento coordinado de ambos tipos de soberania en tiempos de crisis remitia a la concepcion contextual de "patria", de "patria amenazada" y de "patriota". A juzgar por los textos que circulaban entre 1808 y 1810 patria, mas que remitir al concepto de nacion moderna, hacia alusion no solo al lugar de residencia, sino principalmente a una comunidad de conciudadanos que habitaban un vasto e impreciso espacio y eran capaces de autogobernarse merced a la ligazon de los sujetos al medio local. Al tratarse patria de una nocion inclusiva basada en los principios de igualdad de condicion entre americanos y espanoles peninsulares, de cooperacion, de fraternidad, y de libertad, la patria amenazada estaba referida a los territorios de la monarquia puestos en peligro por las ambiciones de naciones extranjeras como Francia o portugal, pudiendo ser considerados patriotas todos aquellos que se interesasen por el bien general, y contribuyeran a la defensa y conservacion de todas las partes del reino. Tales actos de oposicion y lucha contra la tirania, sea cual fuera su origen y naturaleza, les hacian merecedores del ejercicio del autogobierno y de la autoridad, entendidos ambos en su dimension de decision y ejecucion (10). En este sentido, la participacion generalizada de la poblacion (o apoyo popular) en el proceso juntista debe verse ligada a su compromiso de salvaguarda del espacio local. Ello ocurria en un contexto de dislocacion del entramado representativo en el que la defensa de los diversos intereses territoriales locales de Charcas se tornaba coincidente con la defensa de los intereses del rey espanol y en el que la autodefensa de la patria equivalia a salvaguardar a la monarquia.

2. CASTIGO PARA LAS JUNTAS

El 25 de octubre de 1809 el brigadier Jose Manuel de Goyeneche, tras dejar 2.500 soldados en el Alto, entro con una guarnicion de 800 en la ciudad de La paz, siendo alojado en el palacio Episcopal. Bajo su autoridad, entre el 13 de noviembre de 1809 y el 26 de enero de 1810 tuvo lugar el juicio de los responsables del proceso juntista iniciado el 16 de julio de 1809 con las deposiciones de las principales autoridades y la posterior formacion de un cabildo abierto que daria lugar a la Junta Tuitiva, a su Plan de Gobierno y a las proclamas pacenas (11). Con la excepcion del cura de Sicasica, Jose Manuel Medina, cuya ejecucion quedo en suspenso por su estatus sacerdotal, fueron sentenciados a la pena capital nueve de los diez reos. Se les acusaba de querer introducir un nuevo gobierno y desarrollar "un plan de diez capitulos que atacaba las regalias de la soberania, conspiraba destruir el legitimo gobierno e inducia a la independencia" (12). El 29 de enero de 1810 tuvo lugar la ejecucion. pedro Domingo Murillo y Manuel Cossio, alias Mazamorra, fueron ahorcados; Juan Antonio Figueroa, Ventura Bueno, Basilio Catacora, Mariano Graneros, alias Challatejeta, Melchor Jimenez, alias pichitanca, Apolinar Jaen, Gregorio Lanza y Juan Bautista Sagarnaga sufrieron garrote, siendo degradado militarmente este ultimo del empleo de alferez delante de las banderas. El 3 de marzo el gobernador intendente interino de La paz, Juan Ramirez, dicto sentencias de encierro y destierro para el resto de implicados, mientras que el 31 de mayo se confirmaba la pena de muerte para el cura Medina que debia realizarse en Lima (13).

Aunque Goyeneche, ahora presidente de la Audiencia del Cuzco, y el gobernador de Cochabamba, Jose Gonzalez de prada, instaron al nuevo presidente de la Audiencia de Charcas, el mariscal de campo Vicente Nieto, a castigar a los miembros de la Junta de La plata con la misma severidad que a los de La paz, este no siguio sus indicaciones y se mantuvo fiel a lo expuesto en su proclama de Jujuy del 28 de octubre de 1809. El 24 de diciembre Nieto entraba en la ciudad de La plata. Dicto el embargo de bienes y de papeles y la prision preventiva para los complices de la insurreccion del 25 de mayo y los sucesos posteriores, y para todos los emisarios de la Junta. El argumento de la acusacion fue haber atentado "atrevidamente contra la legitima autoridad del Jefe que gobernaba", arrogarse el mando y, con su mal ejemplo y con abuso de su potestad, contagiado
   [...] a la desgraciada Ciudad de La Paz, sin omitir arbitrio de
   seduccion y perfidia para envolver en su crimen a las demas
   provincias en las que aunque no consiguieron el partido que
   solicitaban difundieron un mortifero veneno que no puede remediarse
   sino con los mas ejemplares y extraordinarios castigos (14).


Fueron encarcelados Manuel y Jaime Zudanez, Bernardo Monteagudo, N. Amaya, Joaquin Lemoine, D. N. Corcuera, Juan Antonio Fernandez, los oidores Domingo Anivarro y Angel Gutierrez, el asesor Vicente Romano y el escribano de la Camara de la Audiencia, Angel Mariano Torres. Se ordeno al coronel Juan Antonio Alvarez de Arenales que se presentase en la capital del Virreinato para ser juzgado, siendo destituidos de sus cargos el fiscal Miguel Lopez Andreu y los oidores Jose Agustin de Ussoz y Jose Vazquez Ballesteros y destinados, respectivamente, a las ciudades de Salta, Cordoba y Cuzco (15). En ejercicio quedaron el conde de San Xavier y Jose Felix de Cantoblanco, aunque sus puestos de autoridad en el tribunal fueron ocupados de manera interina por Lorenzo Fernandez de Cordova, relator jubilado, y por Antonio Caspe y Rodriguez, fiscal del crimen. El oidor honorario Pedro Vicente de Canete, teniente asesor de Potosi, fue nombrado fiscal (16).

Dada la diferencia del castigo sufrido por los participantes en las juntas de La Plata y La Paz se imponen tres preguntas: ?que pretendian las juntas?, ?por que las penas no fueron equivalentes? y ?que se quiso condenar en cada lugar?

3. LA JUNTA DE LA PLATA: REFRENDO POPULAR Y DESHONOR ADMINISTRATIVO

Conocidos por los miembros de la Audiencia los sucesos peninsulares y leida la carta de la princesa Carlota Joaquina de la Casa de Borbon en la que se ofrecia a tutelar Charcas en ausencia de su hermano y que habia sido tambien entregada a los otros cuerpos charquenos entre el 19 y 20 de agosto de 1808 por Goyeneche, estos optaron por "ignorar" lo comunicado. Al juzgar de "subversivo el contenido de dichos manifiestos" (17), a traves del inmovilismo institucional habian buscado: primero, impedir un cambio de orden que redisenase sus potestades locales; segundo, defender sus posiciones corporativas y de autoridad como funcionarios de la Corona; y, tercero, evitar la posible dispersion de la soberania o recuperar las soberanias dispersas para reafirmar precisamente esa situacion de potestad (18). Actuaron bajo el convencimiento de que la audiencia, al ser el organo de maximo poder charqueno, poseia mayor autoridad legal que otros poderes para convertirse interinamente en ese poder ultimo, indiviso y singular que debia existir en toda unidad politica y, por tanto, ser la institucion con mayor legitimidad para localizar temporalmente la soberania. La formula que la audiencia encontro para preservar su legitimidad gubernativa como organo central y centralizador de autoridad y garantizar la gobernabilidad del territorio fue establecer bajo su liderazgo un sistema de juntas provinciales instaladas en las principales ciudades (19). Para materializarlo debia asumir la totalidad de las funciones ejercidas antes por las autoridades reales, lo que solo seria posible si las demas ciudades de su circunscripcion le reconocian una hegemonia y una legitimidad incontestables. A fin de evitar que cada cabildo de otras urbes charquenas asumiese la representacion de su territorio urbano-rural y se constituyera en una unidad politica autonoma, la Junta de La plata desarrollo una estrategia de autopropaganda a la que le correspondieron dos acciones. Por un lado, la audiencia como gobierno autonomo de las cuatro intendencias creadas en 1783--Chuquisaca, la paz, Potosi y Cochabamba--debia ejercer su autoridad. El paso inicial de confirmacion de la misma fue la notificacion de lo sucedido a la Junta central suprema y Gubernativa y al virrey, dando ello lugar a un conjunto de oficios y vistas entre este, el intendente de Potosi y los oidores a traves de los que quedaba subrayada la potestad del tribunal (20). por otro lado, la audiencia determino el envio de delegados a varias ciudades para que explicasen lo sucedido en la capital e informasen de su reasuncion del mando politico y militar y, asi, lograr la adhesion de otras ciudades capaces de reasumir la soberania y evitar que los carlotistas comenzasen un movimiento reaccionario (21). En este sentido, expresiones referidas a que los emisarios chuquisaquenos buscaban "seducir a los pueblos a igual revolucion que la del veinte y cinco de mayo" incidian en que estos tenian la mision de que los diversos territorios ratificaran la legitimidad del tribunal a la hora de deponer a su presidente por traicion y asumir la direccion de Charcas por aclamacion popular hasta que se aclarase la situacion en la peninsula. La formacion de una junta en La paz fue interpretada, asi, como una medida de acuerdo con lo ejecutado por el tribunal, que concebia necesario la administracion del gobierno a traves de una jerarquia de juntas provinciales.

Respecto a las intenciones virreinales que subyacian en la represion de la Junta de La Plata es necesario tener en cuenta los contenidos de los oficios intercambiados entre los meses de mayo y septiembre por los virreyes de Buenos Aires, Santiago de Liniers e Hidalgo de Cisneros, el gobernador intendente de potosi, Francisco Paula Sanz, y sus subordinados y las diversas autoridades de La plata. A partir de ellos se puede inferir de manera general que el principal objetivo de ambos virreyes era restablecer el orden jerarquico de autoridades preexistente a la acefalia real. Ahora bien, como las potestades del virrey sobre la audiencia habian sufrido por parte de los magistrados de esta un cuestionamiento antiguo y continuo (22), las medidas disciplinares dictadas desde Buenos Aires tenian la finalidad de fijar de modo unidireccional las capacidades jurisdiccionales y de autoridad del tribunal. Desde la perspectiva de un virrey, la actuacion de los oidores contra el presidente, Ramon Garcia de Leon y Pizarro, y el arzobispo, Benito Maria de Moxo y Francoli, la posterior constitucion de una junta y las provisiones reales dictadas a otras autoridades de Charcas a fin de que acatasen sus decisiones suponian una insurreccion interna en la jerarquia del poder en America. para el control del territorio en un momento de crisis de la monarquia esto resultaba especialmente peligroso porque el sistema legal espanol permitia un disfrute compartido de competencias de poder y, por tanto, una posible atomizacion del mismo que derivase en la ruptura de la misma.

Ese funcionamiento se infiere de la actuacion del intendente potosino frente a la Audiencia. Aunque, en un inicio se dirigio a La plata en respuesta a la urgente demanda de auxilio de Pizarro por la destitucion dictada contra el por los oidores, en ningun momento cuestiono la autoridad de estos. Cuando escribio al virrey informandole de las razones que le obligaron a armar un ejercito no senalaba que iba en socorro del presidente, sino "para ver si puedo proporcionar arbitrios de mediacion, disponiendo los animos de modo que tal vez pueda tranquilizarlos y evitar lo mas que pueda la necesidad de providencias estrepitosas" (23). Esta actitud cautelosa no solo subrayaba que en un diferendo entre el presidente y los oidores su actuacion contra alguno de ellos requeria que instancias superiores autorizasen posibles actos de fuerza. Tambien revelaba el reconocimiento de las potestades de la audiencia. Esta, una vez reasumido el mando militar y politico de Charcas, habia dirigido una real provision al intendente en la que le ordenaba la retirada del ejercito bajo multa de 500 pesos por incumplimiento (24). Orden que acato y que le permitio entrar en la ciudad para, por un lado, dar explicaciones sobre su llegada a "los senores ministros de este tribunal, individuos del ilustre ayuntamiento y otras diferentes personas de distincion de este pueblo", y, por otro, que estos expusiesen las razones de su actuacion contra Pizarro. A este, los magistrados le acusaban de importarle mas "conservar un mando que no puede desempenar que conservar a la nacion y al rey una honrada y estimable poblacion", ya que su atencion a la oferta portuguesa denotaba dos graves faltas: primera, entregar el territorio "inicuamente a una dominacion extranjera"; y, segunda, no importarle el abandono del mismo yendo con ello en contra de su obligacion, como "depositario de la seguridad publica", de velar por los intereses de Charcas.

Tal prueba de desafeccion a la patria no radicaba unicamente en las gestiones secretas de Pizarro referentes a hacer una "lista de proscripcion por traidores" con todos aquellos que se oponian a la entrega de "estas provincias a una dominacion extrana". Residia tambien en el empleo de las armas contra la poblacion cuando esta reacciono en defensa de las victimas de tal lista. Ciertos o falsos, los rumores de castigo a aquellos que se habian opuesto a los intentos de la Corte del Brasil de anexarse Charcas favorecieron que el 25 de mayo a las siete de la tarde se iniciase un movimiento popular destinado a evitar cualquier acto que atentara contra los oidores. La detencion del abogado de pobres Jaime Zudanez, acusado junto al resto de magistrados de conspirar para deponer a Pizarro, y la desaparicion del fiscal Lopez de Andreu provocaron "la ira del pueblo" contra el presidente. Con miras a tranquilizar los animos, el subdelegado de Yamparaez, Alvarez de Arenales, en coordinacion con los miembros de la audiencia le propusieron que atendiese las demandas del vecindario y le entregase "la artilleria y fusileria depositadas en la Sala de Armas, situada en la misma casa de la presidencia", para su custodia en el patio del cabildo. Aunque en un inicio Pizarro acepto, mas tarde, temeroso de la accion popular, ordeno a sus soldados que disparasen a quienes exigian el armamento "respondiendo con bocas de fuego y granadas y tono insultante a la dulce expresion de viva Fernando VII". Ante un resultado de "muerte y heridas de muchos", la poblacion vio en su "jefe a un enemigo declarado" e hizo uso de los pocos canones que se habian entregado para resistir el "abuso de las armas del rey" bajo el grito de traicion. A fin de evitar la ejecucion popular de Pizarro, el tribunal forzo su dimision y como representante unico del rey asumio el mando de Charcas. La poblacion acepto el procedimiento y el resultado, porque el empleo de la fuerza por parte del presidente contra ella habia sido interpretado como una prueba mas de que el bienestar de los charquenos era "un problema secundario en la politica de las autoridades superiores americanas". Se las desautorizaba a ejercer el mando por interpretarse su ejercicio de la violencia como un abuso ilegitimo e injustificable de autoridad. En contrapartida, el tribunal ganaba legitimidad porque la rendicion de Pizarro y su posterior arresto en la universidad se interpretaron como un acto de obediencia de los oidores a las demandas del pueblo contra el presidente. posteriormente, este resultado quedo ratificado publicamente cuando el retrato del rey fue colocado "en alto al frente de la plaza con doncel y colgaduras", mientras que el de pizarro lo acomodaron "en unos palos que en figura de horca habian fijado en la plaza" (25).

Conocedor de lo sucedido, el intendente Sanz fue consciente del peligro que corria su esfuerzo pacificador si se interpretaba que el habia viajado a Chuquisaca para secundar a Pizarro en su actuacion violenta contra el pueblo. De ahi que en todo momento sus acciones estuviesen dirigidas a no alarmar al vecindario y se esforzase en dar publicas explicaciones de su ida a la ciudad "al tribunal y al pueblo". El riesgo de "una guerra civil" se desvanecio en la medida en que el intendente reconocio primero, publicamente, y, mas tarde, mediante un oficio al virrey, la potestad de la audiencia y el poder popular que la sustentaba:
   [...] los efectos de ahora parece han acreditado lo justo de mis
   reflexiones y la union de todo aquel cuerpo con los cuatro
   principales cuerpos, tribunal, cabildo y universidad componiendose
   como se componen la parte principal y media de aquella ciudad de
   miembros y dependientes de ellos, y por consiguiente, adherir a
   estos la plebe restante que en las circunstancias ha acreditado
   incontestablemente el mayor amor y veneracion a los Sres. Ministros
   de aquella Audiencia unicos que en las actuales circunstancias han
   podido ahogar un incendio cuya voracidad llego al extremo de
   parecer inextinguible (26).


Las palabras del intendente, los vitores populares "al rey y a la concordia entre Potosi y Chuquisaca" tras su conferencia con los oidores y el hecho de que asistiera a la procesion del Corpus, para que "el pueblo" quedase convencido de la "union y conformidad de ideas" entre este y el tribunal, redundaban en que las dos autoridades entendian de manera semejante la defensa de la patria. Si bien Paula Sanz siempre se esforzo en proteger a Pizarro, su principal objetivo fue establecer "el sosiego publico". Y este significaba ante todo el mantenimiento de la unidad territorial Charquena expresada en "el desarrollo de buenas relaciones entre Potosi y Chuquisaca" para evitar "catastrofes las mas lastimosas y del mayor escandalo en el centro del Reino" (27). Es decir, ante un problema de jerarquizacion de la autoridad en un contexto de crisis monarquica, el intendente y el tribunal coincidian en primar los intereses locales y, por tanto, reforzar el hermanamiento territorial frente a agresiones exteriores. pero dicha concordia territorial implicaba tambien el reconocimiento por parte del intendente de la potestad que el tribunal podia ejercer sobre el; lo que quedo posteriormente expresado en considerar traidores al rey y a la patria a todos los que atentasen contra sus dictamenes (28). Como senalo en numerosas ocasiones el fiscal de la Audiencia a los cabildos de Oruro y de La paz, solo debian ser obedecidas "las ordenes legitimas del superior gobierno actual y las de esta Real Audiencia a quien las leyes y el excelentisimo Sr. virrey le tienen comunicado el mando inmediato de estas provincias" (29). La autoridad que el tribunal podia ejercer sobre Charcas fue, de hecho, reconocida por el intendente de Potosi y tambien por los virreyes rioplatenses cuando le pedian a la Audiencia que tomara medidas de orden frente a la junta pacena. Ante esa demanda, la Audiencia asumio su legitima potestad, pero no lo hizo en los terminos esperados. Interpreto tal solucion como "propia de las circunstancias", dejando claro a la junta pacena que su actuacion gozaba de su beneplacito ya que ratificaba y expandia lo hecho por ella (30). Fue tal la defensa de la misma que, ante la posibilidad de que el intendente desarrollase una accion armada contra La paz, el fiscal le advirtio que de hacerlo iria en contra de las reales provisiones de la audiencia y "se le declarara traidor al rey y atentador contra la quietud publica", siendo castigado por todos "los cargos de excesos, desacatos, facultades usurpadas y ultrajadas". Con intencion de asegurarse la obediencia que otros cuerpos debian a la audiencia, el fiscal mando oficios al cabildo de Potosi para que no cooperara con el intendente en los atropellos que este dispusiese para soliviantar a "los pueblos: amenazar a La paz, insultar a Chuquisaca y no tener el menor miramiento a la V. A.". En todo momento, el argumento para la defensa de La paz y de otras ciudades que la emularan fue que "el castigo de jefes delincuentes no es subversion del reino, ni falta de vasallaje, sino remedio contra la tirania" (31).

Aunque los dos virreyes, Liniers y Cisneros, firmaron sucesivos oficios en los que aceptaban provisionalmente el gobierno de la Audiencia, el castigo del que finalmente fueron objeto sus miembros incidia en que en la resolucion del conflicto gano el principio de jerarquizacion de la autoridad. Si bien, por ejemplo, Cisneros era consciente de la necesidad de conseguir consensos intra e interterritoriales traducidos en el establecimiento de decisiones politicas y militares unicas y compartidas, en su logro primaba el principio vertical y unidireccional del poder. Ello no solo se constato en la peticion y en la aceptacion de la intervencion del virrey peruano en el desenlace de los acontecimientos, sino sobre todo en la respuesta dada al informe enviado por la audiencia para explicar sus decisiones. Instaba a que magistrados y ministros se unieran "con su jefe, olvidando resentimientos provenientes del desempeno de sus cargos que no deben ser trascendentales a las personas, ni servir de fomento a personalidades reprensibles". En anteriores ocasiones el y su antecesor habian tolerado "por el mejor servicio y tranquilidad del reino, atentados y desacatos que en otra epoca exigirian el mas terrible escarmiento", pero la situacion peninsular le impedia hacerlo ahora. Debia regir la "obediencia a las legitimas autoridades, la conservacion del decoro y respetos debidos a la alta dignidad de este superior gobierno", de manera que todos "los tribunales y jefes de estos dominios" debian cumplir puntualmente las ordenes emanadas "del lugarteniente de su majestad e inmediato representante de su soberana autoridad".

En este sentido, el castigo recibido por los miembros de la Junta de La plata obedecia a que estos: primero, habian dejado que sus intereses corporativos primasen sobre la obediencia a un orden jerarquico superior representado por las cabeceras virreinales; segundo, habian obrado con susceptibilidad en la defensa de las potestades anexas a sus cargos por creer atropellada su autoridad por poderes superiores; tercero, en virtud de tales pruritos institucionales no solo habian revocado y contravenido los dictados del virrey "sin tener la menor facultad", sino que habian hecho "alarde de desobedecerlas y de manifestar, siendo subordinada, una superioridad" de la que carecian; y, cuarto, habian defendido a traves de la formacion de una junta el espacio local charqueno sin tener en cuenta al respecto las posibles decisiones virreinales. En consecuencia, las condenas estaban dirigidas a disciplinarles en su calidad de funcionarios reales y a hacerles comprender un nuevo orden de autoridad dictado por las cabeceras virreinales ante la emergencia peninsular. Asimismo, debian ser escarmentados con la perdida de sus cargos y de la preeminencia social inherente, porque con su conducta indisciplinada habian dado ejemplo de insubordinacion en las instituciones y entre la poblacion. Al no "tener por las leyes la indispensable y forzosa obligacion de guardar y hacer guardar y cumplir las providencias de este Superior Gobierno" habian "conmovido al pueblo" y alentado la rebelion popular, amparandose tambien en "la irritacion del populado" para cuestionar la legalidad y legitimidad de los dictamenes virreinales. Ante ello, no les quedaba a los virreyes otra opcion que restablecer mediante sentencia el diseno de la jerarquia de mandos, y clarificar quien ostentaba el poder ultimo en suelo americano. De ahi el significado estrategico del nombramiento de Canete (32), antiguo asesor del expresidente Pizarro, como fiscal. No se trataba de una mera sustitucion, sino de recordar a los oidores que el tribunal no estaba autorizado a reformar las disposiciones del virrey. En consecuencia se concedia un cargo de preeminencia justamente a uno de los personajes a los que la junta habia culpado de generar un grave problema en ella porque de esta manera se subrayaba el origen del mando (33).

Resultado final de todo ello fue la imposicion militar del poder superior del virrey sobre la Audiencia, radicando la legalidad de la accion en un criterio de emergencia. Como ya se ha indicado, las penas se limitaron a encarcelamientos breves, destituciones y destierros porque se queria castigar la insubordinacion de altos funcionarios sin que estos pudieran ser vistos por la poblacion como contrarios al rey y sin que su institucion de referencia perdiese reconocimiento como fuente de autoridad. por mucho que el virrey quisiese presentarse como el delegado mas directo del monarca en ningun caso podia apelar a las leyes para ser reconocido como poder unico ni para condenar a los oidores por traicion a la monarquia. De ahi que el nuevo presidente del tribunal, Nieto, solo consintiese en impartir castigos por perturbacion de "la quietud social" y no de "lesa majestad y traicion". Sin embargo, el celo de los virreyes para conservar la unidad territorial de la monarquia y hacer primar su autoridad provoco lo contrario. La voluntad de la Audiencia de precautelar los derechos del monarca cautivo, mediante una red piramidal de juntas que reuniese "a todos los americanos a favor de una causa comun" y, asi, evitara "la brecha que se intento contra la integridad de estos dominios" (34), no fue bien recibida por las otras autoridades reales. Aunque estas comprendian el peso institucional del tribunal, la represion que le infringieron imposibilito su hegemonia regional y su proposito de frenar la dispersion de la soberania en nombre del rey. Y esa soberania indivisa tampoco la pudieron ostentar las cabeceras virreinales, porque los virreyes con su accion militar habian cuestionado la legitimidad institucional que podia emanar del sistema juntista, y mas aun de una junta como la platense que justificaba su accionar en que era una institucion delegativa real. Mantuvieron en los siguientes anos la direccion del poder en America, pero no la soberania real ni la soberania popular.

4. LA JUNTA DE LA PAZ: AUTONOMIA LOCAL Y CADALSO

Tras la toma del cuartel, el movimiento paceno del 16 de julio de 1809 iniciado durante la fiesta de la Virgen del Carmen, depuso, al igual que en La Plata, a las dos mas altas autoridades en nombre de la defensa de la soberania real: el gobernador intendente Tadeo Davila y el obispo Remigio La Santa y Ortega. para la formacion de una junta se adujeron argumentos relativos a "sostener los derechos de la Corona, la seguridad de la Patria y evitar las consecuencias dolorosas y amargas que verdaderamente se originarian de unas causas que ya se miraban tan inmediatas y proximas". Sin embargo, tales acciones y razones no podian ser recibidas por la poblacion de igual modo que las esgrimidas por la audiencia, ya que el cabildo no poseia su mismo peso institucional. como sus autoridades no estaban constituidas por el soberano, se tomo al tribunal como maxima instancia de autoridad. Atendiendo a ello, el 18 de julio de 1809 "los representantes del pueblo de La Paz" justificaron la destitucion del gobernador intendente y del obispo debido a que ya no habia "respeto, barrera, ni consideracion que los contuviese en los deberes de su autoridad", manifestandose su criminalidad en el hecho de adherirse "a las injustas solicitudes de la Sra. Princesa del Brasil reconociendola por soberana de estos dominios" y asi trastocar "el orden politico y la quietud publica". Como se temia una "conmocion popular cuyos resultados serian funestisimos para sus habitantes", para mejor oponerse a "la fuerza despotica de las dos autoridades" y a sus perversas maquinaciones se habia decidido
   [...] reunirse en masa, convocar a sus representantes y pedir la
   deposicion del gobernador interino, y que el obispo pasase el
   gobierno de esta iglesia en el venerable presidente y cabildo
   eclesiastico y que se organizase un gobierno segun el espiritu de
   nuestras sabias leyes y con adecuacion al sistema de nuestra amada
   Peninsula.


En consecuencia, puesto que reconocian la autoridad jurisdiccional y territorial de la Audiencia le pedian a esta que tomase "las resoluciones que fueren de su superior agrado en las presentes circunstancias: en la inteligencia de que sus determinaciones se recibiran con el mayor respeto y consideracion" (35).

Con el fin de asentar los vinculos entre ambas ciudades, y tras la ida a La Plata de Julian Galvez y Victorio Garcia Lanza, que fueron recibidos con aplausos y aclamaciones por la poblacion, se nombro posteriormente diputado para la ciudad de La Plata a Jose Antonio de Medina, quien deberia ir alli con instrucciones "para que haga entender y manifieste a este regio tribunal e ilustre ayuntamiento los nobles sentimientos que han precisado a verificar el presente plan de gobierno", cuyas acciones respondian al "mayor interes de la patria y de los derechos de la corona", y para la seguridad publica del pueblo. Tal nombramiento constituia una formalizacion del sistema de juntas, en cuyo diseno habian sido basicas las gestiones ya realizadas por el enviado de la audiencia a La Paz para hacer conocer su real provision, el abogado Mariano Michel, quien en su trayectoria a dicha ciudad se habia reunido con el mencionado Medina en Sicasica (36).

La hegemonia reconocida por los pacenos al tribunal conllevaba tambien la existencia de otras fuerzas que podian considerarse por encima del cabildo "para ahogar cualquier alboroto", ya que sin la debida subordinacion a las autoridades no era posible que subsistiese la tranquilidad publica (37). Una de ellas era el intendente de Potosi. Aunque el virrey del Rio de La Plata le habia ordenado intervenir en La Paz, sabia que la Audiencia no iba a autorizarle a hacerlo, no siendo prudente por su parte ejercer acciones que atentasen contra "la conservacion del sosiego de estas provincias". Convencido de que ello dependia "de la union y conformidad de ideas" entre las diversas autoridades solicito al tribunal el envio de "algun ministro" que hiciera una indagatoria judicial sobre el caso a fin de evitar "un contagio civil de provincia en provincia" (38). Como la Audiencia ya habia comunicado a los representantes pacenos que quedaba enterada "del notable acontecimiento" y se disponia a iniciar una instruccion que lo aclarase (39), contesto al intendente que estaba a la espera de la informacion que le ofrecieran tanto el cabildo de La Paz como el virrey Cisneros, por lo que le ordenaba que suspendiese las medidas que tenia proyectadas contra esa ciudad (40).

Consecuencia del celo de la Audiencia en la defensa de sus potestades jurisdiccionales y territoriales fue la autonomia politica de la junta pacena, siempre y cuando esta actuase como una junta provincial dependiente de la de La Plata. Mientras esta se mantuvo como centro del poder en Charcas, los pacenos pudieron desarrollar sus proyectos de control local de sus recursos. Sin embargo, cuando el virrey del Peru decidio intervenir en aras de la proteccion de su espacio jurisdiccional, la situacion vario y se produjo una militarizacion de los sucesos. Los procedimientos institucionalistas del intendente para obtener de modo pacifico la subordinacion pacena a las respectivas autoridades fueron sustituidos por otros mas expeditivos tendentes a asegurarse a traves de la conquista de La Paz el control de Lima sobre Charcas y, con ello, la renuncia tacita, no formal, de Buenos Aires a la direccion de este territorio (41).

El virrey del Peru, Jose Fernando de Abascal (42), habia tenido noticias por varios frentes y al mismo tiempo de los movimientos de La Plata y La Paz. Puesto inmediatamente en contacto con las autoridades fronterizas de su virreinato, con el virrey de Buenos Aires y el intendente de Potosi, fue informado de la actitud hegemonica de la audiencia. Esta se asumia como unico organo de gobierno en Charcas y como tal desautorizaba cualquier actuacion militar, ordenaba al resto de provincias que solo acatasen provisiones ratificadas por ella y defendia a la Junta Tuitiva. Aunque solucionar los dos movimientos competia al virreinato rioplatense, la situacion de fragilidad de Cisneros (43) en el mando y la mayor proximidad a las zonas de conflicto de las fuerzas peruanas favorecio que el primero incurriera en un acto de "dejacion de autoridad" y que Abascal dirigiera sin conflicto de competencias y con su beneplacito toda la operacion. Ello tuvo una triple consecuencia.

Primero, aunque Buenos Aires habia aceptado de modo provisional la capacidad gobernadora del tribunal en el oficio de Liniers del 18 de junio de 1809 y en el de cisneros del 17 de julio de 1809, senalandose que mientras se nombraba un nuevo presidente para la Audiencia se obedeciesen sus ordenes en lo que no fueran "contrarias a las de esta Superioridad" (44), Abascal desestimo de facto tal hegemonia. Los sucesos charquenos constituian una amenaza directa tanto a su poder como alter ego del monarca, como a la integridad territorial de su virreinato. En un inicio, temia que el fenomeno juntista se esparciese por este, sobre todo porque La paz habia enviado emisarios a Puno, Cuzco y Arequipa con el posible fin de ampliar la constelacion juntista disenada por los oidores chuquisaquenos (45), importandole mas tarde las consecuencias que pudiera desencadenar la sumatoria de la junta quitena del 10 de agosto a las charquenas debido a que el virreinato peruano corria el riesgo de quedar aislado.

Segundo, el escaso interes de los peruanos en respetar desde un inicio la potestad gubernativa del tribunal afecto negativamente a la supervivencia institucional de la Junta Tuitiva. Como esta habia basado sus actos en la aquiescencia de la Audiencia, la desautorizacion del virrey hizo que las decisiones pacenas en defensa del monarca se tornasen en criminales delitos contra las autoridades constituidas por este (46).

Y, tercero, en las ciudades juntistas fueron desatendidos los resultados del proceso representativo orquestado por la Junta Central Gubernativa por la Real Orden de enero de 1809 para elegir diputados para la misma. Liniers habia enviado instrucciones al respecto a los cabildos cabeceras en una circular fechada el 27 de mayo de 1809, siendo la orden complementaria de la Junta Central de 6 de octubre de 1809 la que ratifico que todos los cabildos pertenecientes o no a ciudades cabeceras podian participar en la eleccion. Si bien, para el momento en que se disolvia la Junta Central ya habian sido electos representantes por Potosi, Santa Cruz y Mizque, las actuaciones realizadas en La plata y La paz se leyeron comos actos de sedicion y como tales fueron descalificadas (47).

El plan militar de Abascal consistio en el reclutamiento y adiestramiento de un ejercito formado por personal de los territorios surenos del virreinato peruano a cuyo cargo debia ponerse el intendente de Huarochiri, Juan Ramirez. Dada la premura de las circunstancias fue Goyeneche quien dirigio estas tropas. Al tiempo que se desarrollaban los preparativos militares, el brigadier no dejo de comunicarse con La paz, existiendo momentos en los que parecia que iba a ser posible una solucion pacifica del conflicto (48) y, en consecuencia, primar el principio de que mejor era "agotar todos los medios que pudiese sugerir la mas acreditada prudencia" que llegar "al uso reciproco de las armas y el triste fin de una guerra civil" (49). Sin embargo, la urgencia para restablecer la autoridad virreinal decidio al brigadier intervenir en la ciudad de La paz para que "se aniquilen y exterminen, sin perjuicio y detrimento de ninguna clase de ese leal vecindario, todas las facciones y dislocaciones de que Uds. son testigos y yo me halle cerciorado", dando lugar la proximidad de su ejercito a un recrudecimiento de las disputas internas y a un exacerbamiento de las posiciones. Esto ultimo quedo expresado en la peticion publica del 12 de septiembre de 1809 a los "Sres. de este ilustre cabildo, justicia y regimiento, gobernador intendente" para que se pronunciasen ante las hostilidades de la intendencia de puno contra La paz. Tras una discusion destinada a establecer sus intenciones, se acordo declararles "invasores y enemigos" por "traidores a la causa del soberano y la patria". Tambien se decidio comunicarlo a la audiencia, ya que se la reconocia autorizada por el virrey Cisneros "para entender en todo lo concerniente a la quietud y sosiego de todas estas provincias interiores". Ademas dicho virrey habia aprobado "todos los acontecimientos del 25 de mayo proximo pasado de la ciudad de La plata y en virtud de esta decision haberse librado por aquel superior tribunal dos reales provisiones con el objeto de que ningun pueblo ni provincia levante armas contra la ciudad de La plata y esta de La paz". Como el intendente de puno agredia a La paz, este habia "hollado las altas representaciones y facultades de excmo. virrey de estas provincias y de la Real Audiencia del distrito" (50).

Fracasado el proceso de negociaciones entre Goyeneche y la Junta Tuitiva devino la derrota militar de esta, quedando subrayado que para el primero la defensa de la patria y de Fernando VII significaba que la maxima autoridad en America era el virrey sin que la soberania pudiera pasar nunca al pueblo, mientras que para los juntistas la defensa del monarca y el mantenimiento "de la quietud publica" equivalia a actuar a favor de los intereses del espacio paceno. En consecuencia, el anunciado "perdon a nombre del rey" del 25 de septiembre de 180951 se torno en un proceso criminal, cuya orden de ejecucion, aunque llego de Buenos Aires para "la formacion del proceso, averiguaciones del enorme delito de sedicion y sus autores y finalmente para castigarlos ejemplarmente", fue informada por Abascal (52). El auto sumario se inicio el 23 de diciembre con declaraciones de seis personas que no estuvieron ligadas al movimiento, procediendose el 5 de enero de 1810 al edicto de prision. Ai dia siguiente se empezaron a tomar las confesiones. La acusacion del fiscal tuvo lugar el dia 11, siendo nombrado el 15 el defensor de los acusados. Las ratificaciones de las declaraciones preventivas y las confesiones continuaron hasta que el dia 23 los testigos expusieron a favor de los reos, apareciendo la primera sentencia el 27. como ya se ha indicado, los diez culpados de "de alta traicion, infames aleves y subversivos del orden publico" fueron condenados a muerte (53). ?Que se quiso castigar con este proceso?

Al respecto este texto suscribe lo expresado por Javier Mendoza referente a que el proceso mencionado "fue una mera formalidad, un acto para llenar los requisitos juridicos necesarios que antecedieron y justificaron las ejecuciones", siendo la naturaleza subversiva del Plan de Gobierno una construccion discursiva de las autoridades virreinales--y no de las peninsulares--elaborada durante el proceso (54). Aunque se acuso a los reos pacenos de "sintomas de una verdadera anarquia bajo el velo de amor al rey" (55), de "aprovecharse de este tiempo de turbulencia y afliccion y separarse de la metropoli" (56) y se les adujo un delito criminal de lesa majestad, nunca renegaron de haber actuado en "defensa de la soberania real", defendiendo que sus actos no fueron "los feos borrones de la insubordinacion contra las autoridades", sino efecto de su patriotismo. Luego el problema estribaba en que no era compartida entre los diversos cuerpos americanos una unica manera de precautelar los derechos del monarca ante la invasion francesa. Tal como consta en los diez estatutos del Plan de Gobierno, para la Junta pacena la defensa de los intereses de Fernando VII implicaba "atender a las necesidades" de la patria local "contra las injustas pretensiones de la Princesa del Brasil y de las seducciones con que las potencias extranjeras pueden conmover los animos de sus habitantes con el fin de que divididas en facciones o en partidos las numerosas provincias que forman el cuerpo respetable de la America se ataque la integridad y seguridad de estos dominios", siendo el resultado "la confusion, el desorden y ultimamente, su ruina fatal". En consecuencia, para evitar que el bienestar local fuese amenazado habia que dejar de remitir numerario a "Buenos Aires de las Cajas Reales ni de ningun otro ramo como son los productos de las administraciones de correo y de tabaco"; mantener el circuito mercantil de la ciudad y la provincia de La Paz porque de la no defensa del comercio local naceria el desorden; armar a "todos los vecinos para defender y sostener los derechos de la patria"; asumir todas las competencias en materia de contribucion; destituir y nombrar nuevos funcionarios; ampliar el numero de subdelegados; y dar representacion a la poblacion indigena, estando "apoyado este proyecto en el sistema de nuestra amada Peninsula" (57).

Las mencionadas atribuciones en materia de gestion, seguridad, contribucion y representacion, unidas a los iniciales actos de destitucion de autoridades fueron leidas por las cabeceras virreinales como un cuestionamiento del orden social imperante respecto a las relaciones de subordinacion institucionales y a las jerarquias de autoridades. De manera que una vez que la Audiencia dejo de ser la institucion superior que autorizaba a la Junta de La Paz a ejercer tales prerrogativas pertenecientes a la soberania real, sus actos de "posesionarse de los empleos sin finanzas y sin ninguna de las formalidades prescritas por su majestad" o de "inquietar con lisonjeras ideas a la indiada" (58) fueron interpretados como atentados contra el monarca. Es decir, se castigaba a los juntistas por asumir el gobierno de su espacio local. Esta intencion estaba recogida en la Relacion imparcial de los acontecimientos de la ciudad de La Paz en la noche del 16 de julio de 1809 y dias sucesivos, realizada por algunos vecinos contrarios a la junta:
      Si los franceses [dicen] dominan la Espana parece ser
   consiguiente que alguno de la familia Real se traslade a esta
   America y establezca su solio en Lima y Buenos Aires, y como de
   este principio resultaria el engrandecimiento unicamente de la
   ciudad donde resida la Corte y absorbiendose esta las riquezas de
   las provincias interiores, nunca estas saldrian del estado de
   inercia y abatimiento en que se hallan. Conviene [anaden] suceda o
   no el caso de dominacion francesa preparar y disponer los pueblos
   al intento de que las provincias del Peru se declaren por
   confederadas independientes y a La Paz por capital de ellas para
   que asi obtenga entre las ciudades del mundo el lugar y
   representacion celebre de una Berna (59).


El miedo a la perdida de la autogestion territorial en favor de cuerpos ajenos o desconocedores de las necesidades de desarrollo y bienestar local quedaba tambien expresado de un modo mas radical en la carta del 5 de noviembre de 1809 de Victorio Garcia Lanza a Goyeneche. En ella consideraba que la defensa de la Peninsula "de la ajena dominacion" y "de las acechanzas enemigas" dependia de que las provincias americanas establecieran "los medios mas propios y aparentes", como, por ejemplo, "quitar el mando a los europeos con el justo recelo que las intrigas siempre han sido hechas por ellos". Solo asi "exenta de la introduccion de enemigos, se mantendria ilesa para conseguir la gloria de guardarla y conservarla para su legitimo dueno el Sr. D. Fernando Septimo y presentarsela luego que se verifique la restauracion de su Trono". Y como prueba instaba a Goyeneche a que tomase "el mando y gobierno de toda la America", ya que en calidad de compatriota americano e hijo de la patria americana seria el mas adecuado para "levantar este patrio suelo abatido, ultrajado, envilecido y menospreciado de naciones extranjeras" (60). Esta declaratoria autonomista de Lanza, mas alla del oportunismo que implicaba la oferta a Goyeneche, remarcaba el vinculo entre poder politico y preocupacion por la patria local, siendo la naturaleza americana de la poblacion la que determinaba su responsabilidad en la gestion del espacio territorial. De hecho, tal opinion tambien era compartida por muchos de los detractores de la junta. En la citada Relacion imparcial, sus autores reconocian que lo sucedido en La Paz, ademas de ser consecuencia "del mal ejemplo de La Plata en la deposicion de su presidente", lo habia sido tambien de "la indolencia y abandono" del intendente Davila. Al subrayar su desinteres por los asuntos de seguridad de la ciudad, le estaban culpando de haber puesto en peligro su posicion colectiva dentro de la comunidad pacena. Tras los sucesos del 16 de julio los europeos de la ciudad habian sido obligados a jurar publicamente su fidelidad al monarca "y hacer causa comun con los americanos". Como la mayor parte de ellos eran "avecindados", con "mujer, hijos, familia y relaciones de familia" y poseian "bienes raices", tal gesto les molestaba no solo porque se habia dudado de su patriotismo y fervor al monarca, sino tambien porque se habia puesto en entredicho su enraizamiento local. Es decir, la negligencia con la que las autoridades habian afrontado la propuesta portuguesa y la preocupacion del vecindario al respecto habia hecho peligrar la comunidad constituida por "americanos y europeos avecindados", quedando demostrado tambien que en la determinacion del bienestar publico nunca primaban los intereses locales de ambos grupos, sino el de un poder superior indeterminado que podia ser contrario a los primeros (61).

En este sentido, frases como que todos los miembros de las juntas iban a "un mismo fin con los de Chuquisaca", a "sacudirse el yugo de la nacion espanola y [a] librarse de tantos robos que les hacia el rey" no significaban necesariamente soluciones independentistas respecto a Espana. El "yugo de la nacion espanola" hacia referencia a la forma en que las autoridades virreinales atendian los asuntos charquenos dejando que sus intereses corporativos, de jerarquia y de autoridad primasen por encima del bienestar local y se impidiera "el adelantamiento de los reinos" (62). La reaccion del gobernador y el obispo a la oferta portuguesa sintetizaba, por tanto, el extranamiento del vecindario paceno "en su propia patria", siendo la respuesta juntista la negacion a que esto sucediera. De un lado, la acusacion a sus protagonistas de atentar contra los atributos de la soberania por deponer y elegir autoridades, tener armas, aduenarse de bienes o convocar gente, basandose en las proclamas y anonimos que circularon por Charcas pero que nunca fueron firmados por los condenados, y, de otro, los comentarios de Abascal referentes a "que la malicia de los autores del alboroto inventaba cada dia muchos artificios para dilatar el debido reconocimiento a las autoridades, restablecimiento del orden y tranquilidad publica", resumieron no una accion de independencia sino un relato fidelista sobre esta. Destinado a asentar el cuerpo supremo de autoridades en un momento en que la debilidad del monarca lo podia poner en entredicho, dicho discurso tildo de "ilegal gobierno" al autogobierno local y de "trastorno del gobierno legitimo por un pueblo tumultuado" (63) a la legitima precautelacion juntista de la soberania del rey puesta en peligro por los carlotistas. Desautorizada la Audiencia de Charcas e ignorada la legitima competencia de sus magistrados para administrar el proceso judicial paceno, tales esfuerzos dirigidos "a la defensa de la patria, sagrados derechos de la religion y de la Corona" se tornaron en proyectos de "subtraer esta provincia y las inmediatas del suave dominio de la Monarquia" (64).

5. CONCLUSIONES

En todo el conflicto protagonizado por las Juntas de La Plata y La Paz subyacia un problema basico: una crisis de autoridad en diversas instancias cada una correspondiente a las distintas dignidades americanas. Esta dio lugar a un problema de legitimidad gubernamental que implicaba, por un lado, un riesgo de dispersion de la soberania, y, por otro, una amenaza de remodelacion de la jerarquia de autoridades. De todo ello fueron conscientes los diferentes cuerpos e instancias de gobierno, tratandolo de subsanar de diversos modos. Las destituciones de autoridades acusadas de traicion, las juntas, las exigencias de sumision institucional y los procesos represivos-judiciales ejecutados por los virreyes fueron cuatro de sus modalidades. Mientras las dos primeras estuvieron encabezadas por cuerpos colegiados como la Audiencia, los Cabildos civil y eclesiastico o la universidad, la tercera y cuarta fueron lideradas por los maximos agentes individuales de poder en America, virrey e intendente. En los cuatro casos se trato de precautelar los derechos del monarca, resultando de ello dos fenomenos: la reivindicacion institucional y popular de la soberania y el abuso de autoridad.

Como el juntismo implicaba un desplazamiento y cuestionamiento de las potestades de los virreyes, estos negaron a traves de la fuerza militar, los procesos judiciales, las sentencias y la autoridad gubernativa de la audiencia y el cabildo. Con ello hicieron consciente a la poblacion charquena de su vulnerabilidad legal y social. Si antes del proceso juntista la defensa del monarca equivalia a la defensa de sus espacios, estatus e intereses locales, invalidado el mismo por las armas y la justicia, tal salvaguarda regional podia significar un crimen de lesa majestad, siendo agentes no implicados con el medio local los encargados de determinarlo. Pero la dura represion que sufrio la Junta de La Paz frente a lo benigno de lo experimentado por la de La Plata no debe aducirse a que se la juzgo autora de un movimiento independentista que tenia su origen "en el mal ejemplo que dio el Tribunal de Charcas" (65). Si bien ambas represiones respondieron a un ejercicio disciplinario por parte de las cabeceras virreinales y se insertaron en un contexto de competencia entre los virreinatos del Rio de La Plata y del Peru, su discurrir estuvo ligado a la naturaleza de las instituciones que sostenian a las dos juntas: Audiencia y Cabildo. Si atacar al tribunal chuquisaqueno implicaba una desarticulacion fidelista de una institucion real, en el caso paceno no se planteaba necesariamente ese problema ya que el municipio no poseia el mismo peso institucional al carecer de la dimension delegativa del monarca. Por tanto, aunque los miembros de ambas juntas fueron encausados, solo los de La Paz fueron acusados de querer la "sustraccion de la monarquia" y castigados en consecuencia a la pena capital. La gravedad de esa sentencia ha desdibujado el significado que tuvo la negacion de la capacidad de la Audiencia para instituirse en una junta ostentadora de la soberania indivisa del rey y articuladora del territorio charqueno a traves de un sistema de juntas provinciales subordinadas. Desdenada su doble legitimidad--proceder de una institucion delegativa real y ejercer el poder "por aclamacion popular"--no solo se dio paso a la fragmentacion de las soberanias al desaparecer el unico cuerpo que podia contenerlas, sino que quedo sobredimensionada la capacidad del cabildo como entidad depositaria de soberania.

La invalidacion de las juntas formadas en 1809 mostraba, por tanto, como la autoridad de los virreyes se sobreimpuso a la de las juntas en su esfuerzo paralelo de restaurar una soberania indivisa. Aunque estos no violaron la ley al hacerlo, si vulneraron la legalidad en el sentido de que se impusieron por la fuerza a actuaciones institucionales que tambien habian obrado conforme al derecho espanol, dando lugar a un abuso de autoridad que pudo abrir un camino a la emancipacion. De ahi que la fragmentacion de la soberania resultase en gran medida del esmero con que las diferentes autoridades reales habian tratado de conservar su autoridad y espacios de accion, siendo los roces institucionales una fuente de perdida de legitimidad gubernamental.

http://dx.doi/org/10.5209/rev_RCHA.2011.v37.3

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Marta IRUROZQUI VICTORIANO

GEA, IH-CSIC

marta.irurozqui@cchs.csic.es

(1) proyecto de investigacion I+D: HAR2010-17580.

(2) para una vision historiografica general del proceso juntista veanse los trabajos colectivos de RODRIGUEZ, 2005; CHUST, 2008; AVILA--PEREZ HERRERO, 2008; O BRENA, 2010.

(3) FRANCOVICH, 1948; ABECIA BALDIVIESO, 1972, p. 15; VAZQUEZ MACHICADO, 1991, pp. 39-41 y 112; JUST, 1994, p. 522.

(4) Sobre bibliografia consultese la presentacion al dossier.

(5) "Real orden" reproducida en El Triunfo de la Nacion. Lima, 16-II-1821.

(6) Sobre el desarrollo de la juntas bajo esos cuatro presupuestos vease IRUROZQUI, 2007 e IRUROZQUI, 2010.

(7) Se suscriben los planteamientos de: GUERRA, 1995; RODRIGUEZ, 1996; ANNINO, 2005, pp. 103-112.

(8) ROCA, 1998, pp. 20 y 149; ROCA, 2007.

(9) Segun lo afirmado por Mario Castro Torres, la tesis de la colaboracion entre ambas juntas quedaria tambien avalada en la nueva edicion del Diario de los acontecimientos en la revolucion de La Paz y relacion de algunos anticipados hechos indicantes de ella, observados por un residente de esta ciudad desde el ano de 1783 hasta el presente de 1810. Vease: CASTRO TORRES, 2009, pp. 49-98.

(10) Acerca de estos conceptos y su polemica: IRUROZQUI, 2002 e IRUROZQUI, 2005.

(11) Sobre la polemica de las proclamas consultese MENDOZA, 1997.

(12) ABECIA BALDIVIESO, 1972, p. 15.

(13) VAZQUEZ MACHICADO, 1991, pp. 39-41; COTERA, Tomas. Memorias historicas de la revolucion politica. Reproducidas en PONCE SANGINES, 1954a, p. 17I.

(14) Oficio del Presidente Nieto al virrey Hidalgo de Cisneros dandole cuenta de la detencion de los reos de los sucesos de mayo. La Plata, 11-II-1810. Bando del presidente Nieto. Reproducidos en Just, 1994, pp. 833-834 y 818-820.

(15) Sobre los emigrados de Charcas y su papel en la politica rioplatense vease AILLON, 2008, pp. 47-66.

(16) Oficio del Presidente Nieto al virrey Hidalgo de Cisneros dandole cuenta de la toma de posesion de la Presidencia de Charcas. La Plata, 10-I-1810. Reproducido en JUST, 1994, pp. 828-830.

(17) La Plata, 25-V-1809. Archivo Historico Nacional (en adelante AHN). Consejo, leg. 21348, 8, f. 2v; La Plata, 26-V-1809. AHN, Consejo, leg. 21342, 2, f. 2; La Plata, 26-V-1809. AHN, Consejo, leg. 21342, 5, f. 447.

(18) IRUROZQUI, 2007, pp. 207-208.

(19) posiblemente siguiendo el ejemplo de lo que habia realizado la Junta Central Suprema y Gubernativa con las trece juntas provinciales peninsulares y que mas tarde tambien trataria de hacer la Junta de Buenos Aires de 1810. PERALTA, 2010, pp. 23-56.

(20) Buenos Aires, 27-V-1809. AHN, Consejo, leg. 21391, 17, f. 8; Colonia del Sacramento, 17-VII-1809. AHN, Consejo, leg. 21391, p. 22, f. 77v.; Buenos Aires, 18-VI-1809. AHN, Consejo, leg. 21342, 5, f. 23.

(21) ARNADE, 1979, pp. 40-43; ROCA, 1998, pp. 202-204.

(22) JUST, 1994, pp. 30-33, 272-282.

(23) Oficio del intendente de Potosi al virrey Liniers. Potosi, 26-V-1809. AHN, Consejo, leg. 21391, 22, f. 8.

(24) Auto de la Audiencia. AHN, Consejo, leg. 21391, 92, f.1

(25) Informe del subdelegado de Yamparaez, Alvarez de Arenales. La plata, 30-VI-1809. AHN, Consejo, leg. 21342, 3, f. 118; Vista del oidor fiscal D. pedro Vicente Canete sobre el origen y trascendencia de la conmocion del 25 de mayo de 1809. En PONCE SANGINES--GARCIA, 1953a, pp. CCXXX-CCLI.

(26) Oficio del intendente de potosi al virrey. potosi, 11-VI-1809. AHN, Consejo, leg. 21391, 23, f. 1

(27) Informe de la Audiencia de Charcas al virrey Liniers. La plata, 2-VI-1809. AHN, Consejo, leg. 21391, 22; Oficio del intendente de potosi al oidor Vazquez de Ballesteros. La plata, 30-V-1809. AHN, Consejo, leg. 21392, 83 f. 13.

(28) Autos y vistos de la Audiencia de Charcas. La plata, 9-VIII-1809. En PONCE SANGINES, 1954b, segunda parte, pp. 458-459, nota 2.

(29) Vista del fiscal Lopez de Andreu solicitando de la Audiencia una segunda Real provision contra el Intendente de potosi. La plata, 24-VIII-1809. AHN, Consejo, leg. 21391, 22, f. 81v.

(30) Oficio del virrey Cisneros a la Audiencia de Charcas. Buenos Aires, 11-IX-1809. AHN, Consejo, leg. 21391, 21, c. 2, f. 11; Real provision de la Audiencia al Cabildo secular de La paz. La plata, 9-VIII-1908. AHN, Consejo, leg. 21391, 22, f.94.

(31) Vista fiscal a los acontecimientos del 16 de julio en la ciudad de La Paz. La Paz, 9-VIII-1809. AHN. Consejo, leg. 21391, 22, f.46; Auto de la Audiencia por el que se manda librar una Real Provision contra el intendente de Potosi. La Plata, 9-VIII-1809. AHN, Consejo, leg. 21391, 22, f. 57.

(32) Just, 1994, pp. 48-53.

(33) Oficio de Liniers a la Audiencia. Buenos Aires, 10-VI-1809. AHN, Consejo, leg. 21391, 17, f. 11v.

(34) Carta de D. Diego de La Vega a Manuel Sudanes. AHN. Consejo. leg. 21392, 83, f. 117.

(35) Informe de los representantes del pueblo de La Paz a la Audiencia de Charcas dandole cuenta de los sucesos del 16 de julio de 1809. La Paz, 18 de julio de 1809. AHN, Consejo, leg. 21392, 54, f. 10.

(36) Declaraciones de Melchor Leon de la Barra. Archivo General de la Nacion Argentina (AGN). Division Colonia, Seccion Gobierno. Tribunales, Revolucion de La Plata y La Paz, 25-V y 16-VII-1809. Proceso, cuadernos 1 al 4. Reproducidos en ABECIA BALDIVIESO, 1972, p. 76; Relacion imparcial de los acontecimientos de la ciudad de La Paz en la noche del 16 de julio de 1809 y dias sucesivos por Jorge de Ballivian, Agustin de Alava, Benito Blas de la Abariega, Pedro Gonzalez Rubin y Jose de Mendizabal e Imaz. Reproducido en VAZQUEZ MACHICADO, 1991, pp. 69-77.

(37) Oficio del intendente de Potosi al cabildo de La Paz. Potosi, 25-VII-1809. AHN, Consejo, leg.. 21391, 22, f. 26v.

(38) Oficio del intendente de Potosi a la Real Audiencia. Potosi, 25-VII-1809. AHN, Consejo, leg. 21391, 22, f. 28v.

(39) Auto de la Audiencia. AHN, Consejo, leg. 21392, 54, f. 8.

(40) Oficio del semanero al intendente de Potosi. La Plata, 29-VII-1809. AHN, Consejo, leg. 21391, 22, f. 32.

(41) Al respecto no debe de olvidarse que en el proceso contra los reos pacenos intervinieron magistrados de la Audiencia de Lima. Ello no solo implicaba una afrenta para los miembros de la Audiencia de Charcas, sino que tambien implicaba la reasuncion del gobierno de esta por parte de virreinato peruano. Autos de confesion. En Ponce Sangines--Garcia, 1954b, pp. 83-86.

(42) Sobre la politica del virrey Abascal consultense en extenso Peralta, 2002 y Peralta, 2010.

(43) Como indica Marcela Ternavasio era el primer virrey cuyo nombramiento no emanaba directamente del rey sino que habia sido designado por la Junta Central el 11 de febrero de 1809, siendo su prioridad reinstalar el prestigio de la autoridad virreinal en una ciudad expuesta a "una revolucion de virrey". TERNAVASIO, 2009, pp. 62-63; TERNAVASIO, 2010, pp. 274 y 276.

(44) Oficio del virrey Liniers al intendente de Potosi. Buenos Aires, 18-VI-1809. AHN, Consejo, leg. 21342, 5, f. 23. Oficio del virrey Cisneros autorizando a la Audiencia de Charcas. Colonia de Sacramento, 17-VII-1809. AHN, Consejo, leg. 21391, 22, f. 77v.

(45) Autos de confesion. EN PONCE SANGINES--GARCIA, 1954b, p. 87; Sobre la participacion de Cochabamba vease Solicitud del Titulo de fiel constante leal Villa de Irupana al virrey Abascal. Archivo General de Indias (AGI), leg. 742, 308, f.1.

(46) DIAZ VENTEO, 1948, pp.43-79.

(47) TERNAVASIO, 2009, pp. 59-61; TERNAVASIO, 2010, pp. 287; PONCE SANGINES--GARCIA, 1953, vol. I, pp. CLVIII-CCVIII.

(48) Vease la conferencia en el Desaguadero protagonizada por Goyeneche y una diputacion pacena, octubre de 1809 en DIAZ VENTEO, 1948, pp. 69-70; ABECIA BALDIVIESO, 1972, pp. 14-15; Correspondencia entre Pedro Murillo, Francisco Paula Sanz y Jose Manuel de Goyeneche. EN PONCE SANGINES, 1954b, segunda parte, pp. 347-375; Rivera, 1972, pp. 113-147.

(49) ABASCAL, 1944, vol. II, pp. 9-10.

(50) Declaratoria de guerra a Puno, firmada por el cabildo el 12 de septiembre de 1809. EN PONCE SANGINES, 1954b, segunda parte, pp. 451-462.

(51) PONCE SANGINES, 1954b, segunda parte, pp. 463-467.

(52) ABASCAL, 1944, vol. II, p. 48.

(53) Sobre el proceso y su procedimiento vease Barragan, 2006, pp. 172-173. Sobre la excomunion de los reos vease PENA GONZALEZ, 2011, pp. 523-538.

(54) MENDOZA, 1997, pp. 218-225.

(55) Oferta de Goyeneche. EN PONCE SANGINES, 1954b, segunda parte, p. 463.

(56) Relacion imparcial de los acontecimientos de la ciudad de La Paz en la noche del 16 de julio de 1809 y dias sucesivos por Jorge de Ballivian, Agustin de Alava, Benito Blas de la Abariega, Pedro Gonzalez Rubin y Jose de Mendizabal e Imaz. Reproducida en VAZQUEZ MACHICADO, 1991, p. 67.

(57) Estatutos del Plan de Gobierno del 21 de julio. PONCE SANGINES, 1954b, segunda parte, nota 1, pp. 451-457.

(58) COTERA, Tomas. Memorias historicas de la revolucion politica. Reproducidas en PONCE SANGINES --GARCIA, 1954b, pp. 37-38 y 80-81; VAZQUEZ MACHICADO, 1991, pp. 82-85.

(59) COTERA, Tomas. Memorias historicas de la revolucion politica. Reproducidas en PONCE SANGINES --GARCIA, 1954b, pp. 85-86.

(60) Carta reproducida en VAZQUEZ MACHICADO, 1991, pp. 27-28.

(61) VAZQUEZ MACHICADO, pp. 69-77; Confesion de Tomas Domingo de Orrantia. La Paz, 15-I-1810. Reproducida en PONCE SANGINES-GARCIA, 1954b, pp. 740-741.

(62) Declaraciones de Agustin de Azcue, de Jose Guzman, de Antolin Jimenez, Juan de Dios Jover y Juan Villarroel en el expediente del regidor de La Paz Manuel Victorino Lanza. Cochabamba, VII/ VIII-1809. AHN, Consejo, leg. 21392, 83, f. 41ss.

(63) ABASCAL, 1944, vol. II, pp. 9-10; 31-33.

(64) Interrogatorio, autos de confesion. Reproducidos en PONCE SANGINEZ-GARCIA, 1954b, p. 85.

(65) Oficio de Goyeneche al Presidente Nieto. La Paz, 20-XII-1809. AHN, Consejo, leg. 21392, 83, f. 22.

Recepcion: 2 de marzo de 2011/Revision: 23 de mayo de 2011

Aceptacion: 15 de marzo de 2011/publicacion: diciembre de 2011
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Author:Irurozqui Victoriano, Marta
Publication:Revista Complutense de Historia de America
Article Type:Report
Date:Jan 1, 2011
Words:12936
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