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Reflexiones sobre la implementacion de los tratados internacionales por los tribunales domesticos: especial referencia a Espana.

Ahora bien, la jurisprudencia del TC ha rechazado en reiteradas ocasiones que el articulo 10.2 CE haya constitucionalizado las normas internacionales sobre derechos humanos (73), en el sentido de que tales reglas internacionales no sirven por si solas ni pueden ser invocadas como fundamento juridico directo de un recurso de amparo, que, por el contrario, ha de estar fundado en la disposicion constitucional enunciadora del derecho supuestamente vulnerado (arts. 53.2 CE y 49.1 LOTC) (74). Esto significa que el articulo 10.2 CE no ha otorgado rango constitucional a los derechos y libertades reconocidos por los tratados internacionales si los mismos no se encuentran tambien proclamados por la Carta Magna espanola. La respuesta ha sido la contraria en la jurisdiccion ordinaria--lo que resulta explicable por su diferente alcance material--, pues el Tribunal Supremo si que otorga a los derechos fundamentales recogidos en un tratado internacional el mismo trato que si se encuentran en normas de rango legal, con todas las consecuencias inherentes (75).

No obstante, el Tribunal Constitucional ha recurrido numerosas veces a los instrumentos convencionales sobre derechos humanos para concretar el sentido y alcance de los derechos fundamentales y libertades recogidos en el texto constitucional, y, por ello ha citado profusamente, en calidad de parametros internacionales de comparacion, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (76), los Pactos Internacionales de derechos humanos de 1966 (77), otras convenciones adoptadas en el marco de Naciones Unidas (78), o la Constitucion de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) y demas instrumentos convencionales adoptados en dicho ambito (79). Otro dato muy relevante es que no solamente se ha invocado el texto de estos tratados internacionales sobre derechos humanos--utilizados ademas de forma conjunta en multiples ocasiones--, sino que ademas se han tomado en consideracion las decisiones de los organos encargados de la aplicacion de tales convenios, con una especial atencion a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) (80).

Otro ambito de las normas convencionales en el que se han producido controversias en el contexto espanol ha sido la distribucion competencial en materia exterior entre el Estado y las Comunidades Autonomas. La competencia para celebrar tratados internacionales le corresponde en exclusiva al Estado con arreglo al articulo 149.1.3 de la Constitucion, toda vez que se considera una materia incluida en el apartado de <<relaciones internacionales>>81. Ahora bien, los diferentes Estatutos de Autonomia han otorgado a las Comunidades Autonomas una limitada y variable participacion en el proceso de formacion de los tratados internacionales celebrados por Espana (derechos de informacion y de instancia)82, y tambien en la practica las Comunidades Autonomas emprenden un cierto numero de <<actividades con proyeccion exterior>>, como la firma de textos conjuntos con entidades de Estados extranjeros de diverso contenido y naturaleza, lo que ha conducido a preguntarse si son tratados internacionales (83).

Ciertamente, la jurisprudencia constitucional ha examinado con detenimiento el contenido material e irreductible del concepto de las <<relaciones internacionales>> (84). Asi, Julio Gonzalez Campos ha explicado el asunto judicial en el que se dilucido inicialmente esta cuestion: en 1984 habia sido firmado un <<comunicado de colaboracion>> entre la Direccion General del Ministerio de Medio Ambiente de Dinamarca y el Consejero competente de la Junta de Galicia, y el Gobierno espanol reacciono presentando un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, para que este declarase la nulidad del citado comunicado por vulneracion de la reserva competencial establecida en el articulo 149.1.3 CE. El Alto Tribunal estimo la pretension del organo reclamante, afirmando que la titularidad de la competencia controvertida corresponde al Estado y declarando, por tanto, la nulidad del Acuerdo de Colaboracion reflejado en el Comunicado, al estimar que ese acto firmado

<<... en cuanto que refleja la existencia de un acuerdo o compromiso reciproco de ambas partes implica el ejercicio por la Junta de Galicia de una competencia de la que constitucional y estatutariamente carece. Poco importa aqui que el Acuerdo citado comprometa o no la responsabilidad internacional del Estado. Lo importante es que su mera existencia revela que la Comunidad Autonoma de Galicia, actuando en nombre propio y al margen de toda actuacion del Estado, ha realizado un acto ilegitimo desde una perspectiva interna, constitucional, puesto que el ius contrahendi pertenece en nuestro Derecho exclusivamente al Estado>> (85).

Pero lo cierto es que el Tribunal Constitucional no examino la naturaleza del comunicado ni sus efectos juridicos (86), que en realidad estaban en la base de la ratio decidendi, para lo que hubiera sido muy util buscar la respuesta en el Derecho de Tratados y en la jurisprudencia internacional: en concreto, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el asunto de la Plataforma continental del Mar Egeo ha exigido que la calificacion de un comunicado conjunto como <<acuerdo internacional>> dependa esencialmente <<de la naturaleza del acto o transaccion contenida en el mismo>>, para lo que no es suficiente referirse a su forma, sino que debe tenerse en cuenta <<sobre todo los terminos empleados y las circunstancias en las que fue elaborado>> (87). La utilizacion de estos criterios en el caso espanol hubiera permitido determinar que el comunicado de referencia se limitaba realmente a realizar propuestas de contratacion administrativa, y que, por tanto, los firmantes no asumian en el obligaciones internacionales. Por consiguiente, el comunicado conjunto implicaba una <<actividad con proyeccion internacional>> de la Junta de Galicia, por ser concertado con organos administrativos de un Estado extranjero, pero no constituia un tratado internacional, teniendo presentes los terminos empleados, las circunstancias de su celebracion y la limitacion de efectos juridicos de dicho acto al ambito de las normas administrativas internas (88).

Con posterioridad, la jurisprudencia constitucional permutaria su interpretacion anterior sobre el alcance del concepto de <<relaciones internacionales>>: por un lado, el TC siguio considerando que se trataba de <<relaciones entre sujetos internacionales ... regidas por el Derecho internacional>>, y que se trataba de una materia reservada constitucionalmente a la competencia exclusiva del Estado, lo que <<excluye necesariamente que los entes territoriales dotados de autonomia politica, por no ser sujetos internacionales, puedan participar en las <<relaciones internacionales>> y, consiguientemente, concertar tratados con Estados soberanos y Organizaciones internacionales gubernamentales>>89. Pero, por otro lado, el Tribunal Constitucional valoro que el alcance de la competencia estatal no impide a las Comunidades Autonomas realizar <<actividades que tengan una proyeccion exterior>>, si bien restringida a

<<aquellas que, siendo necesarias, o al menos convenientes, para el ejercicio de sus competencias, no impliquen el ejercicio de un ius contrahendi, no originen obligaciones inmediatas y actuales frente a poderes publicos extranjeros, no incidan en la politica exterior del Estado, y no generen responsabilidad de este frente a Estados extranjeros u organizaciones inter o supranacionales>> (90).

El objetivo consistia en clarificar el papel <<exterior>> de las Comunidades Autonomas, y negarles cualquier posibilidad de subjetividad internacional. No obstante, se deduce que son tambien actividades autonomicas con proyeccion exterior aquellas que realicen dichas entidades territoriales <<de acuerdo con los Tratados o Convenios [de los que Espana sea parte], de tal modo que seran estos los que haran posible>> dichas actividades, incluyendo las desarrolladas en el ambito comun europeo (91).

En consecuencia, para la jurisprudencia constitucional el concepto de <<relaciones internacionales>>, a efectos del articulo 149.1.3 CE, no puede subsumir en la competencia estatal <<toda medida dotada de una cierta incidencia exterior por remota que sea, ya que si asi fuera se produciria una reordenacion del propio orden constitucional de distribucion de competencias entre el Estado y las Comunidades Autonomas>> (92), porque por ejemplo las tareas de desarrollo o aplicacion de los tratados internacionales pueden corresponder a las Comunidades Autonomas en materias de su competencia, con independencia del monopolio del Estado para garantizar, en el plano internacional, el cumplimiento de los compromisos asumidos (93).

Esta interpretacion es mas clara cuando hablamos del ambito de la Union Europea, que el propio TC ha diferenciado del plano tradicional de las relaciones internacionales, puesto que se ha creado un orden juridico, el Derecho de la UE, que puede considerarse a ciertos efectos como <<interno>>. Como es conocido, los sucesivos tratados de las Comunidades Europeas y de la Union Europea atribuyen amplios poderes a las instituciones de esta organizacion, cuyas normas y actos pueden llegar a producir efectos directos en el ambito juridico interno de los Estados miembros, de modo que las Comunidades Autonomas, <<en cuanto titulares de una autonomia de naturaleza politica para la 'gestion de sus propios intereses'>>, pueden encontrarse directamente interesadas en las actividades comunes europeas y, en virtud de la distribucion competencial entre Estado y Comunidades Autonomas, les corresponde ejercer competencias de desarrollo y ejecucion del Derecho derivado de la Union Europea en aquellos ambitos de competencia autonomica (94).

Cambiando de tercio, en el contexto espanol los asuntos de la celebracion, entrada en vigor e incorporacion al ordenamiento interno de los tratados internacionales se encuentran regulados por normas internas, como las clausulas constitucionales (arts. 93, 94, 95 y 96.1 CE) y el Decreto 801/1972 (95), y tambien por disposiciones internacionales como las del Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados, del que nuestro pais es parte (96). Precisamente se han planteado ante el Tribunal Constitucional ciertas dudas sobre las formas de prestacion del consentimiento espanol en obligarse internacionalmente, pues el Convenio de Viena (arts.11-16) recoge mas posibilidades que las establecidas por las propias normas domesticas, si bien esta disparidad resulta superada por la incorporacion del citado Convenio sobre Derecho de los Tratados al ordenamiento espanol, lo que otorga reconocimiento en Espana a sus disposiciones (97). De este modo, el propio Tribunal Constitucional ha recurrido en su jurisprudencia a los conceptos y terminologia de la Convencion de Viena, como por ejemplo la nocion de <<Estado parte>> o el requisito de que los tratados invocados ante el <<esten en vigor>> para Espana (98).

Tal y como ya hemos explicado, la recepcion por el ordenamiento espanol de los tratados internacionales validamente celebrados tiene lugar tras su publicacion con efectos oficiales en nuestro pais (art.96.1 CE), y por ello nuestra jurisprudencia domestica ha podido constatar, con respecto a convenios de los que Espana es parte, que <<de estas normas... surgen los derechos individuales>> ya invocables ante los organos jurisdiccionales espanoles, pues dichas normas convencionales son aplicables en Espana y de ellas dimanan derechos directos para los particulares cuando el contenido de sus clausulas es preciso, completo e incondicional (99).

Por lo que respecta a cual es la jerarquia que ocupan los tratados internacionales en el sistema juridico espanol, la combinacion de los articulos 95 y 96.1 de la Constitucion permite deducir dos consecuencias relevantes:

a) En primer lugar, un tratado no puede modificar ni derogar disposiciones constitucionales que eventualmente puedan contradecirle, de modo que la Constitucion se mantiene jerarquicamente como norma suprema del ordenamiento espanol y los tratados ocupan una posicion inferior a ella;

b) En segundo lugar, comoquiera que los tratados solo pueden ser modificados o derogados por normas juridicas internacionales, esto viene a significar que no pueden sufrir reforma alguna por leyes u otras normas de Derecho interno. En resumen, a efectos del principio de jerarquia normativa (art. 9.3 CE), los tratados internacionales se integran en el ordenamiento espanol en una posicion infraconstitucional y supralegal--por debajo de la Constitucion y por encima de nuestras leyes--, habiendo sido dicha situacion intermedia confirmada por la jurisprudencia (100) y la doctrina ius internacionalista (101). Asi por ejemplo, la condicion infraconstitucional de los tratados impide que el cauce del articulo 93 CE para la autorizacion parlamentaria de tratados por los que se atribuya el ejercicio de competencias soberanas a una organizacion internacional pueda ser aprovechado <<como instrumento para contrariar o rectificar mandatos o prohibiciones contenidos en la Norma fundamental>>, pues

<<el tenor literal y el sentido mismo del art. 95.1, aplicable a todo tipo de tratados, excluyen con claridad el que mediante cualquiera de ellos puedan llegar a ser contradichas o excepcionadas las reglas constitucionales que limitan, justamente, el ejercicio de todas las competencias que la Constitucion confiere>> (102).

La consecuencia es que, aunque las Cortes Generales pueden ceder o delegar el ejercicio de competencias derivadas de la Constitucion (art. 93 CE), sin embargo no pueden <<disponer de la Constitucion misma, contrariando o permitiendo contrariar sus determinaciones, pues, ni el poder de revision constitucional es una <<competencia>> cuyo ejercicio fuera susceptible de cesion, ni la propia Constitucion admite ser reformada por otro cauce>> que no sea el establecido por el propio texto constitucional (103).

Por su parte, la categoria supralegal de los tratados internacionales incorporados al ordenamiento espanol opera con respecto a todas las leyes internas, ya anteriores o posteriores al tratado (104). Como boton de muestra, el TC admitio la legitimidad constitucional de un auto judicial que habia establecido un periodo de prision preventiva mayor que el previsto en la legislacion interna espanola, porque habia tomado como fundamento juridico el plazo estipulado en el articulo 16.4 del Convenio Europeo de Extradicion, esto es, <<una norma contenida en un tratado publicado en Espana y que forma parte de nuestro ordenamiento juridico>> (105). Es decir, una disposicion convencional incorporada al Derecho espanol puede perfectamente modificar las estipulaciones de una ley espanola previa.

Pero eso no es factible a la inversa porque una ley posterior no puede derogar, modificar ni suspender clausulas convencionales, lo cual solo se admite <<en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional>> (art. 96.1 in fine CE); es decir, los tratados tienen primacia en caso de conflicto con la legislacion interna espanola, como han recordado en diversas ocasiones tanto el Tribunal Constitucional (106) como el Tribunal Supremo (107).

Por otro lado, el rango infraconstitucional de los tratados internacionales ha deparado una clara y logica consecuencia: como los mismos no integran, en virtud del articulo 96.1 CE, el canon de constitucionalidad del ordenamiento espanol,

<<la supuesta contradiccion de los tratados con las leyes o con otras disposiciones normativas posteriores no es cuestion que afecte a la constitucionalidad de estas y que, por tanto, deba ser resuelta por el Tribunal Constitucional, sino que, como puro problema de seleccion del Derecho aplicable al caso concreto, su resolucion corresponde a los organos judiciales en los litigios de que conozcan. En suma... solo es un conflicto de normas infraconstitucionales que ha de resolverse en el ambito de la jurisdiccion ordinaria>> (108).

Por tanto, el Tribunal Constitucional no es el organo competente para examinar una eventual incompatibilidad entre un tratado internacional y una ley interna, al no corresponderle pronunciarse en los conflictos entre legislacion ordinaria ya que <<los tratados internacionales no constituyen canon para el enjuiciamiento de la adecuacion a la Constitucion de normas dotadas de rango legal>> (109).

De este modo, las cuestiones de interpretacion y aplicacion de los tratados internacionales han de ser resueltas por la jurisdiccion ordinaria y no por el Tribunal Constitucional, al cual no le corresponde <<enjuiciar el modo en que los organos judiciales competentes interpretan y aplican la legalidad ordinaria ... cuando se realiza de forma razonada y no resulta arbitraria>> (110). Concretamente ahi se localiza el criterio decisivo, pues solo cabe el control del Tribunal Constitucional si la jurisdiccion ordinaria ha efectuado una interpretacion y/o aplicacion de disposiciones convencionales <<arbitraria o manifiestamente irrazonable o ha sido fruto de error patente>>, o de ella se deduzca una violacion de derechos o libertades reconocidos por la Constitucion y bajo competencia del TC (111).

Si nos fijamos en la interpretacion de los tratados internacionales, el Tribunal Constitucional ha acudido a los criterios hermeneuticos recogidos en el Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados (arts.31 y 32) (112), si bien su jurisprudencia se ha pronunciado tambien acerca de la interpretacion de tratados autenticados en varias lenguas, para lo que resulta de aplicacion el articulo 33 de la citada Convencion de Viena. Asi por ejemplo, cuando se encontro ante el dilema de si el derecho a la vida garantizado en el articulo 15 CE era aplicable al nasciturus, el TC declaro que interpretaba dicha clausula constitucional <<de conformidad con la Declaracion Universal y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por Espana>> (113), segun el mandato constitucional del articulo 10.2 de nuestra Carta Magna, y tomando tambien en consideracion la doctrina jurisprudencial del sistema europeo de proteccion (114).

En materia de reservas a los tratados multilaterales, diversos pronunciamientos judiciales han ayudado a perfilar la jurisprudencia constitucional sobre esta cuestion115. Verbigracia, en el marco de un conflicto constitucional de competencias, el Gobierno vasco invoco el articulo 6 de la Carta Social Europea de 1961 en apoyo de su interpretacion de que el derecho de negociacion colectiva del articulo 37 CE era extensible a sus funcionarios, pero el TC descarto que pudiera aplicarse esa clausula convencional con el siguiente argumento:

<<la Carta Social Europea, en su articulo 6, ha sido ratificada por Espana en el Instrumento de 29 de abril de 1980 bajo reserva de interpretacion a la luz de los articulos 28, 37, 103.3 y 127 de la Constitucion--los tres primeros alegados en este conflicto--, y en esta no se reconoce a los funcionarios publicos la negociacion colectiva como un derecho o libertad fundamental>> (116).

En otro contexto, ante el recurso de amparo interpuesto por una sancion disciplinaria a un militar, el Tribunal Constitucional indicaba en general que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, tal y como ha sido interpretado por la jurisprudencia del TEDH (117), <<ha establecido limitaciones a esa accion disciplinaria por lo que se refiere a las garantias procesales>>, pues en caso de un arresto militar con privacion de libertad <<han de aplicarse las garantias procesales contenidas en el articulo 6 del Convenio Europeo, extendiendo asi al ambito disciplinario castrense los derechos propios del orden penal contenidos en dichos articulos>> (118). Ahora bien, el propio TC reconocia la inaplicabilidad al caso de referencia del citado articulo 6 del CEDH en la interpretacion del Tribunal de Estrasburgo, puesto que, cuando ratifico el Convenio de Roma, Espana habia formulado una reserva sobre la ejecucion de dicha disposicion en la medida en que fuera incompatible con las disposiciones contenidas en el Codigo de Justicia Militar sobre los <<procedimientos para las faltas>>, incluido el que sirvio de base a ese procedimiento disciplinario (119). Por ello, no quedaba mas remedio que acatar la reserva formulada por Espana al obligarse por el Convenio de Roma, si bien el TC si que pidio al legislador que modificase la regulacion legal sobre el regimen disciplinario militar, con el objeto de incorporar el sistema de valores y principios de alcance universal que subyace a los derechos fundamentales y que ha de informar todo el sistema juridico espanol (120).

Igualmente el Tribunal Constitucional ha llegado a conocer asuntos relativos a la retirada de las reservas: ad exemplum, en un caso de extradicion, Italia solicito a Espana la de un ciudadano italiano sobre la base del Segundo Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Extradicion de 1978--del que tanto Espana como Italia eran partes--. La controversia aqui se planteaba acerca de la aplicabilidad de una reserva que, en su momento, habia formulado Italia a uno de los Titulos del citado instrumento convencional, pero que habia retirado en 1990 mediante comunicacion al depositario del Convenio citado (el Secretario General del Consejo de Europa); el problema consistia en que esa retirada de la reserva italiana no fue publicada en Espana pese a ser un imperativo legal del Derecho interno espanol (121), y, sin embargo, la Audiencia Nacional tuvo en cuenta esa retirada de la reserva italiana no publicada en Espana para conceder la extradicion solicitada. Como puede apreciarse, cuando este asunto llego al TC se encontraban en juego, ademas del derecho fundamental a la libertad de la persona sobre la que pendia el procedimiento de extradicion, los principios de publicidad de las normas y de seguridad juridica, exigidos por el articulo 9.3 de la Constitucion. Por su propia naturaleza, la reserva modifica o excluye una disposicion del tratado, por lo que altera el contenido y alcance del tratado tanto la formulacion de la reserva como su retirada. Por consiguiente, no solo hay que exigir la publicacion oficial del tratado para integrarse en el ordenamiento interno espanol (art.96.1 CE), sino tambien la publicacion de las reservas y de su retirada; esto es, la retirada de la reserva, en cuanto elemento del tratado,

<<no entra a formar parte del ordenamiento juridico espanol si no ha sido previamente publicada de forma oficial. Los Tribunales espanoles no pueden aplicar un precepto convencional que no se ha integrado en nuestro Derecho, especialmente si con el resulta afectado un derecho fundamental de los particulares como es el de la libertad... Por otra parte, el incumplimiento de las autoridades espanolas de sus obligaciones respecto a la publicacion de las incidencias de un Tratado no puede repercutir perjudicialmente en la esfera de intereses de un individuo reclamado de extradicion>> (122).

De este modo, toda la materia de las reservas a los tratados--incluidas sus objeciones--se encuentra regulada en Derecho espanol por la obligacion formal de su publicacion oficial, como garantia de la seguridad juridica y <<requisito constitutivo para su recepcion y, por tanto, para su aplicacion judicial>> (123).

III.b. El control de constitucionalidad de los tratados suscritos por Espana

Este mecanismo jurisdiccional permite al Tribunal Constitucional espanol examinar el grado de compatibilidad de los instrumentos convencionales celebrados por Espana con las disposiciones de nuestra Constitucion: como es conocido, este control puede ser previo--a priori--, mediante el procedimiento constitucional dispuesto en el articulo 95 CE cuando el texto del tratado <<estuviera ya definitivamente fijado, pero al que no se hubiere prestado aun el consentimiento del Estado>> (124), es decir, en el periodo temporal entre la autenticacion del texto del tratado y la manifestacion del consentimiento estatal en obligarse por el mismo. Y por otro lado, tambien cabe el control a posteriori de tratados ya en vigor para nuestro pais, en cuyo caso ese examen de constitucionalidad sobre tratados ya concluidos por Espana puede realizarse a traves de dos procedimientos, el recurso de inconstitucionalidad y la cuestion de inconstitucionalidad (125). A partir de aqui, pasamos a analizar ambos tipos de control de forma consecutiva:

1) En primer lugar, el control preventivo de constitucionalidad de los tratados en Espana solo se realiza cuando el tratado contenga estipulaciones contrarias a la Constitucion (art.95.1 CE); es decir, el control preventivo de constitucionalidad es unicamente material, intrinseco, por razon del contenido, como nos ha recordado Antonio Remiro Brotons (126). Con el, se pretende eludir <<la perturbacion que, para la politica exterior y las relaciones internacionales del Estado, implicaria la eventual declaracion [posterior] de inconstitucionalidad de una norma pactada>> y ya vigente (127). Por lo que se refiere a su alcance material, cabe realizar esta clase de control de constitucionalidad sobre todos los tratados internacionales que este celebrando Espana (128), con la finalidad de atribuir al TC <<la doble tarea de preservar la Constitucion y de garantizar, al tiempo, la seguridad y estabilidad de los compromisos a contraer por Espana en el orden internacional>> (129).

El examen que ha de efectuar el Alto Tribunal tiene caracter estrictamente juridico-constitucional, actuando en su calidad de interprete supremo de la Constitucion, y se evacua en una declaracion vinculante, que ha de limitarse a las disposiciones convencionales recogidas en el requerimiento (130). Por otro lado, los organos legitimados para requerir al TC que declare si existe o no contradiccion material entre el tratado internacional y la Constitucion son el Gobierno y cualquiera de las dos Camaras legislativas (art.95.2 CE), las cuales podran solicitarlo cuando el Ejecutivo les haya sometido el texto del tratado a efectos de que autoricen la manifestacion del consentimiento espanol en obligarse por ese tratado (131).

La realidad practica demuestra que las oportunidades de ejercer este control previo de constitucionalidad han surgido en relacion con el proceso de construccion europea. En concreto, el Tratado de la Union Europea (TUE), firmado en Maastricht en 1992, reconocia a los ciudadanos de la Union el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales del Estado miembro de su residencia (art.8 B.1 TCE), mientras que el articulo 13.2 de la Constitucion espanola era mas restrictivo, pues recogia la posibilidad de que los extranjeros pudieran disfrutar del derecho de sufragio solo activo--no pasivo--en tal tipo de comicios en nuestro pais. Ante esta posible incompatibilidad entre el TUE y la Constitucion, el Gobierno realizo un requerimiento al TC al respecto, y este aprobo una Declaracion en la que determinaba la efectiva existencia de esa contradiccion entre la clausula constitucional y lo establecido en el tratado <<en lo relativo a la atribucion del derecho de sufragio pasivo en elecciones municipales a los ciudadanos de la Union Europea que no sean nacionales espanoles>>, y que <<el procedimiento de reforma constitucional que debe seguirse para obtener la adecuacion de dicha norma convencional a la Constitucion, es el establecido en su art. 167>> (procedimiento ordinario) (132).

La segunda ocasion en la que Tribunal Constitucional fue requerido para ejercer el control previo sobre la conformidad con la Constitucion de un instrumento convencional se produjo en noviembre de 2004 con ocasion del Tratado por el que se establece una Constitucion para Europa, firmado poco antes, el 29 de octubre de ese ano (133). El Gobierno requirio al TC que realizase un examen sobre la constitucionalidad de tres preceptos de dicho tratado (arts. I-6, II-111 y II-112), asi como que dilucidara si el articulo 93 CE era cauce suficiente a los efectos de la prestacion del consentimiento del Estado al tratado o, si no lo era, precisara el procedimiento de revision constitucional pertinente para adecuar la Carta Magna al tratado citado.

En concreto, el articulo I-6 del Tratado constitucional europeo proclamaba expresamente el principio de primacia del Derecho de la Union Europea, lo que inducia a plantearse el posible conflicto entre esa estipulacion convencional y la propia norma constitucional espanola, toda vez que el tenor literal de ese articulo I-6 del nuevo tratado podia colisionar con la jerarquia de la Constitucion espanola como norma suprema del ordenamiento juridico estatal (134). Para poder responder a esta cuestion, el Tribunal Constitucional analizo el significado que tiene el principio de primacia del Derecho de la UE en el marco de su relacion con los Derechos internos. De este modo, el TC acudio al contexto para interpretar la disposicion convencional mencionada, concluyendo que

<<refleja la jurisprudencia existente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal de Primera Instancia, y ... acota la primacia del Derecho de la Union al ambito del ejercicio de las competencias atribuidas a las instituciones europeas. Tal primacia no se afirma como superioridad jerarquica sino como una <<exigencia existencial>> de ese Derecho, a fin de lograr en la practica el efecto directo y la aplicacion uniforme en todos los Estados>> (135).

En definitiva, las disposiciones convencionales no cuestionaban la permanencia y relevancia de los sistemas juridicos estatales, pues otras clausulas del mismo tratado--como por ejemplo sus articulos I-2 y II-113--,

<<vienen a consagrar la garantia de la existencia de los Estados y sus estructuras basicas, asi como sus valores, principios y derechos fundamentales, que en ningun caso podrian llegar a hacerse irreconocibles tras el fenomeno de la cesion del ejercicio de competencias a la organizacion supraestatal>> (136).

Por tanto, el TC concluyo que las estipulaciones del Tratado constitucional europeo se ajustaban a las exigencias y valores comunes de las Constituciones de los Estados miembros (137). De este modo, el Alto Tribunal espanol estimaba compatibles la consagracion convencional de la primacia del Derecho de la Union Europea (138)--de origen jurisprudencial, y aplicada con normalidad desde hace tiempo (139)--con la supremacia interna de la Constitucion espanola (140), ya que ambas categorias operan en planos diferentes, la primacia en el ambito de la prioridad de aplicacion entre normas validas y la supremacia en el marco jerarquico de los procedimientos de normacion (141).

De esta distincion conceptual el Tribunal Constitucional colegia la compatibilidad de la supremacia de la Constitucion con <<regimenes de aplicacion que otorguen preferencia aplicativa a normas de otro ordenamiento diferente del nacional siempre que la propia Constitucion lo haya asi dispuesto>>, lo que aqui se materializa en la prevision contenida en su articulo 93, al posibilitar <<la cesion de competencias derivadas de la Constitucion a favor de una institucion internacional asi habilitada constitucionalmente para la disposicion normativa de materias hasta entonces reservadas a los poderes internos constituidos y para su aplicacion a estos>> (142); esto es, la propia Constitucion aceptaba, mediante su articulo 93, la primacia del Derecho de la Union Europea. En resumen, el TC decidio que no habia contradiccion entre el articulo I-6 del Tratado constitucional europeo y el articulo 9.1 de la Constitucion espanola (143), por lo que no se daba un supuesto de inconstitucionalidad material de un tratado que exigiese la previa revision constitucional ex articulo 95.1 CE.

Por lo que se referia al control de constitucionalidad de los preceptos II-111 y II-112 del Tratado europeo--relativos respectivamente al ambito de aplicacion, y al alcance e interpretacion de los derechos y principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Union (incluida en ese 140 141 142 143 * tratado)--, el TC descarto que el valor interpretativo de dicha Carta fuera a provocar especiales dificultades en el ordenamiento espanol, ya habituado al marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos. De hecho, tanto la doctrina constitucional espanola--con base en el articulo 10.2 CE--como el mencionado articulo convencional II-112.7 operaban con referencias al Convenio de Roma <<que terminan por erigir a la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo en denominador comun para el establecimiento de elementos de interpretacion compartidos en su contenido minimo>> (144). Y en esa misma direccion, el Tribunal Constitucional considero al articulo 93 CE como cauce apropiado para la integracion del mencionado tratado en el ordenamiento espanol, sin resultar por tanto necesaria la reforma de la Constitucion (145).

2) En segundo lugar, como ya se ha indicado, el Tribunal Constitucional goza tambien de competencia para ejercer un control a posteriori de la compatibilidad con la Constitucion de instrumentos convencionales ya concluidos, mediante los procedimientos del recurso y la cuestion de inconstitucionalidad (146). Aqui, cabe el control de constitucionalidad de los tratados tanto material (por razon del contenido) como formal (por causa del procedimiento empleado).

Puede comprenderse que una contradiccion entre el texto constitucional y tratados internacionales ya vigentes en Espana puede producirse con respecto a convenios anteriores o posteriores a la Constitucion de 1978. Del primer tipo es conocido, por haberse planteado varias veces ante el TC, el supuesto de la posible inconstitucionalidad de una disposicion concreta del Convenio hispano-frances de cooperacion cultural, cientifica y tecnica de 1969 (art.XVT) (147), donde las Partes contratantes se comprometian a aplicar con reciprocidad en materia de organizacion y funcionamiento de los comites de empresa, <<un regimen de exencion a favor de los establecimientos culturales o centros de esa misma indole que cada una de ellas sostenga o subvencione en el territorio de la otra>>. De esta forma, se impedia en la practica que pudieran constituirse comites de empresa en esos centros y, por tanto, sus trabajadores no podian ejercer el derecho a la negociacion colectiva, lo que vulneraria los articulos 14 y 22 de la Constitucion--una vez esta en vigor--, segun el recurso que llego al Tribunal Constitucional.

Pero el TC rechazo la alegacion de inconstitucionalidad de la citada clausula del Convenio de 1969 pues, en primer lugar, la eventualidad de excluir la creacion de comites de empresa puede encontrar su justificacion en el caracter de tales centros <<y en su relacion con la politica cultural y educativa de un pais extranjero dentro del territorio espanol>>, lo que puede aconsejar a los Estados <<una menor limitacion de los poderes directivos del titular del Centro>> (148). En segundo lugar, la instauracion de un comite de empresa no es una exigencia impuesta por la Constitucion, sino por disposicion legal (art. 63 del Estatuto de los Trabajadores), pero ni siquiera en todo caso, pues excluye a las empresas con menos de cincuenta trabajadores (149); es decir, el no establecimiento de un comite de ese tipo en una empresa concreta no vulnera la Constitucion sino, en su caso, la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que no puede afectar al convenio internacional mencionado, modificable solo en la forma prevista en el propio tratado o de conformidad con las normas generales del Derecho internacional (art.96.1 CE), como consecuencia de la posicion supralegal de los tratados internacionales en el ordenamiento espanol. Ademas, la alegacion por la parte actora de vulneracion del articulo 22 de la Constitucion estaba basada en un presupuesto erroneo, pues el comite de empresa no es una asociacion amparada por dicho precepto, sino un <<organo de representacion ex lege de los trabajadores y no se constituye por acuerdo libre de sus miembros sino por mandato legal por los representantes elegidos en toda Empresa o centro de trabajo de mas de 50 trabajadores>> (150).

En segundo lugar, es posible el control de constitucionalidad a posteriori de tratados celebrados tras la Constitucion de 1978. En este marco, y ante dos recursos de amparo, el Tribunal Constitucional se pronuncio incidentalmente sobre esta cuestion con respecto a la posible inconstitucionalidad de los Acuerdos celebrados entre Espana y la Santa Sede en 1979 (151), dejando claro que no dispone del poder de examinar la supuesta contradiccion por iniciativa propia, sin haber sido previamente requerido por los organos constitucionales previstos (152).

Por ultimo, si el TC decide la inconstitucionalidad de un tratado ha de declarar igualmente su nulidad, porque asi lo exige el articulo 39.1 LOTC. Sin embargo, esto conllevaria dos consecuencias: la responsabilidad internacional del Estado y la inobservancia del articulo 96.1 in fine de la Constitucion, en el sentido de que las disposiciones convencionales solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas segun los cauces del Derecho Internacional. Dicho de otro modo, el cumplimiento efectivo de la sentencia del Tribunal Constitucional para dejar sin efectos juridicos al tratado, dependeria de la actividad que emprendiera el Estado en el plano internacional para terminar, modificar o suspender ese instrumento convencional (153).

IV. CONCLUSIONES

Por desgracia, debemos reconocer en primer lugar que no existe el nivel deseable de coherencia en la implementacion judicial domestica del Derecho internacional, si bien se encuentra mas desarrollado en los ordenamientos internos el proceso de incorporacion de los tratados internacionales que la recepcion de las normas internacionales consuetudinarias. Pero la ejecucion efectiva de los instrumentos convencionales por los operadores legales domesticos depende tambien de otras consideraciones, como la capacidad que muestren sus disposiciones para generar derechos y obligaciones directamente exigibles en el plano interno y reclamables en sede judicial. Asimismo, no es posible soslayar la existencia de ciertos factores decisivos que dificultan la identificacion de los derechos y deberes deducibles de las estipulaciones convencionales, como el efecto relativo de los tratados y la naturaleza heterogenea de los diversos sistemas juridicos internos.

Aunque pueda parecer paradojico, lo cierto es que continua resultando clave la voluntad politica de los Estados pues, si las normas internacionales surgen del consenso entre ellos, su determinacion de aplicar dichas reglas en sus sistemas juridicos domesticos ha de plasmarse en una accion legislativa decidida, toda vez que los jueces y tribunales nacionales interpretan y aplican en primer lugar su propio ordenamiento.

Los organos judiciales internos suelen responder de modo ambivalente en cuestiones relativas a la recepcion del Derecho internacional. De hecho, la practica judicial espanola tradicionalmente no se referia con mucha profusion a las disposiciones de los tratados internacionales de los que nuestro propio pais era sujeto parte, con la excepcion logica y conocida del Derecho de la Union Europea. En efecto, salvo que nos encontraramos con un sistema regional de aplicacion normativa muy institucionalizado y consolidado, puede afirmarse con caracter general que las referencias judiciales domesticas a las normas e instituciones internacionales eran dispersas, selectivas y a menudo contradictorias, sin emprender una linea judicial nitida y consistente.

El estudio de la doctrina emanada de los organos jurisdiccionales domesticos ofrece suficientes muestras de respuestas confusas y contradictorias en el proceso de aplicacion judicial interna del Derecho internacional. En este sentido, lograr una mayor receptividad de los tribunales domesticos hacia el ordenamiento internacional viene dependiendo en buena medida de su capacidad para adoptar una actitud mas favorable a la cooperacion judicial. Para ello, resultaria muy util dotar a los operadores judiciales domesticos de un elevado grado de formacion especializada en Derecho internacional.

No obstante, la aplicacion judicial de los tratados internacionales se ha incrementado ostensiblemente en nuestro pais en las ultimas decadas, toda vez que han aumentado los compromisos convencionales asumidos por Espana. En este contexto, estimamos que nuestra jurisdiccion--en especial el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo--se ha venido preocupando por implementar las estipulaciones convencionales e incorporarlas en el ordenamiento juridico nacional mediante una labor de dialogo inter-judicial cada vez mas dinamico--con todo, no exento de dificultades y contratiempos--. Conscientes de las carencias de las que adolece nuestra legislacion sobre tratados internacionales, los jueces y tribunales espanoles han tratado de suplir dicha laguna legislativa ejecutando sus clausulas con arreglo a las normas internacionales vigentes en la materia.

RECIBIDO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013/ ACEPTADO EL 16 DE OCTUBRE DE 2013

Alfonso J. IGLESIAS VELASCO

Profesor Titular de Derecho Internacional Publico.

Universidad Autonoma de Madrid

alfonso.iglesias@uam.es

(1) Cfr. GUTIERREZ ESPADA, C.; CERVELL HORTAL, M.J., El Derecho Internacional en la encrucijada. Curso general de Derecho Internacional Publico, 3a ed. rev., Trotta, Madrid, 2012, pp. 271-272, y los textos y la jurisprudencia internacional que recogen en apoyo de este principio, como las Convenciones de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 y 1986 (arts. 26-27); la Declaracion sobre los Principios de Derecho Internacional--resolucion 2625 (XXV) de la Asamblea General de Naciones Unidas, anexo, de 24 de octubre de 1970--; la opinion consultiva de la Corte Permanente de Justicia Internacional en el asunto del Trato de los nacionales polacos y de otras personas de origen o lengua polaca en el territorio de Danzig, Serie A/B, no. 44, p. 24; la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 5 de febrero de 1970 en el asunto Barcelona Traction, Light and Power Company (Belgica c. Espana)--segunda fase--, ICJ Reports 1970, p. 3 en p. 44; o la opinion consultiva de la CIJ de 26 de abril de 1988 en el asunto de la Aplicabilidad de la obligacion de arbitraje en virtud de la seccion 21 del Acuerdo de 26 de junio de 1947 relativo a la sede de la ONU, ICJ Reports 1988, p. 12, en pp. 34-35.

(2) Vease en este sentido la siguiente Resolucion del Instituto de Derecho Internacional (IDI): Uactivite du juge interne et les relations Internationales de lEtat, adoptada el 7 de septiembre de 1993 en su Sesion de Milan (art. 1, puntos 1 y 3), y disponible en <www.idi- iil.org/idiF/resolutionsF/1993_mil_01_fr.PDF>. Sobre la misma vid. BENVENISTI, E., <<Judges and Foreign Affairs: A Comment on the Institut de Droit International's Resolution on 'The Activities of National Courts and the International Relations of their State'>>, EJIL, vol. 5, no. 3 (1994), pp. 423-439. No obstante, en Estados Unidos esta cuestion ha originado una mayor polemica, patente sobre todo a partir de la sentencia de su Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2005 en el caso Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005); veanse en este marco ALEINIKOFF, T.A., <<International Law, Sovereignty, and American Constitutionalism: Reflections on the Customary International Law Debate>>, AJIL, vol. 98, no. 1 (2004), pp. 91-108; POSNER, R.A., <<The Supreme Court. Foreword: A Political Court>>, Harvard Law Review, vol. 119, no. 1 (2005), pp. 32-102; y WATERS, M.A., <<Creeping Monism: The Judicial Trend Toward Interpretive Incorporation of Human Rights Treaties>>, Columbia Law Review, vol. 107, no. 3 (2007), pp. 628-705.

(3) Ciertamente existen mecanismos internacionales de control, pese a no estar tan desarrollados ni ser tan precisos, ejecutivos ni sistematicos como los organos judiciales internos. Para una perspectiva mas amplia de esta cuestion vease CONFORTI, B., International Law and the Role of Domestic Legal Systems, Nijhoff, Dordrecht, 1993, p. 10 y ss.

(4) Veanse en general FALK, R., The Role of Domestic Courts in the International Legal Order, Syracuse University Press, Syracuse, 1964; y DUPUY, P-M., <<International Law and Domestic (Municipal) Law>>, en Rudiger WOLFRUM (ed.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2008-, online edition, <www.mpepil.com> [visitada el 10 de agosto de 2013].

(5) Cfr. CARRILLO SANTARELLI, N.; ESPOSITO, C., <<Los jueces nacionales como garantes de bienes juridicos humanitarios>>, R.E.D.I., vol. 63, no. 2 (2011), p. 73.

(6) Alam, M. S., <<Enforcement of International Human Rights Law by Domestic Courts: a Theoretical and Practical Study>>, NILR, vol. 53, no. 3 (2006), p. 403; RE, E.D., <<Judicial Enforcement of International Human Rights>>, Akron Law Review, vol. 27, no. 3-4 (1993-1994), pp. 281-300.

(7) CONFORTI, B., International Law and the Role of Domestic Legal Systems, Nijhoff, Dordrecht, 1993, pp. 7-8

(8) Los ejemplos en este sentido son constantes: verbigracia, el Tribunal Supremo espanol recientemente ha interpretado y aplicado el articulo 1 del Convenio de Montreal para la unificacion de ciertas reglas para el transporte aereo internacional, de 1999, pero advirtiendo de que esto no se oponia a la determinacion del caracter supletorio de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegacion Aerea--STS 397/2012 (Sala de lo Civil), de 15 de junio de 2012--. Vid. PIERNAS LOPEZ, J.J.; LOPEZ-ALMANSA Beaus E.; GarciandIA Garmendia, R., <<Decisiones de los organos judiciales espanoles en materia de Derecho Internacional Publico>>, AEDI, vol. 28 (2012), pp. 429-431.

(9) Cfi. CARRILLO-SANTARELLI, N.; ESPOSITO, C., <<The Protection of Humanitarian Legal Goods by National Judges>>, EJIL, vol. 23, no. 1 (2012), pp. 85-91; y Benvenisti, E.; Downs G.W., <<National Courts, Domestic Democracy, and the Evolution of International Law>>, EJIL, vol. 20, no. 1 (2009), pp. 66-67.

(10) Verbigracia, el Tribunal Supremo de Japon considero en el caso Repeta que era irrazonable prohibir tomar notas en una sala de justicia, invocando para ello la libertad de expresion consagrada por el articulo 21 de la Constitucion japonesa y el articulo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos--sentencia del Tribunal Supremo de Japon de 8 de marzo de 1989 en el caso Repeta c. Japon o Courtroom Note-Taking--. Vease ITOH, H., The Supreme Court and Benign Elite Democracy in Japan, Ashgate, Farnham, 2010, p. 126.

(11) Asi por ejemplo, los tratados internacionales sobre derechos humanos han contribuido a un mayor grado de implementacion de las normas internacionales por los tribunales domesticos, toda vez que esos instrumentos reconocen derechos a los individuos y ayudan a que sean aceptados como sujetos del Derecho internacional. Cfr. ALAM, M. Shah, <<Enforcement of International Human Rights Law by Domestic Courts: a Theoretical and Practical Study>>, NILR, vol. 53, no. 3 (2006), p. 405.

(12) Vease por ejemplo Remiro BroTONS, A., Derecho Internacional Publico. 2. Derecho de los Tratados, Tecnos, Madrid, 1987, pp. 264-265.

(13) Dupuy, P.-M., <<International Law and Domestic (Municipal) Law>>, en R. WOLFRUM (ed.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2008-, online edition, <www.mpepil.com> [consultada el 15 de agosto de 2013], para. 60.

(14) PARTSCH, K.J., <<International Law and Municipal Law>>, en R. BERNHARDT (ed.), Encyclopedia of Public International Law, 2a ed., vol. 2, North-Holland, Amsterdam, 1995, p. 1192; y en general Sloss, D. (ed.), The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.

(15) Ad exemplum, en el caso Hamdan v. Rumsfeld, el Gobierno estadounidense alego que los Convenios de Ginebra de Derecho internacional humanitario no eran aplicables a un presunto miembro del grupo terrorista Al Qaeda detenido en Afganistan y preso en la base norteamericana de Guantanamo en la isla de Cuba. Esa posicion gubernamental fue aceptada por el Tribunal de Apelacion (Columbia) en su decision de 15 de julio de 2005--415 F.3d 33--; por el contrario, el Tribunal Supremo no acepto la validez de las comisiones militares ad hoc--al margen de la jurisdiccion ordinaria--que habia establecido la Administracion Bush a partir de la Orden Militar presidencial de 2 de noviembre de 2001 para procesar a los detenidos en Guantanamo, porque sus estructuras y procedimientos vulneraban tanto el Codigo Uniforme de Justicia Militar como las Convenciones de Ginebra de 1949 (incorporadas a su vez al citado Codigo), y en concreto su articulo 3 comun (que prohibe las condenas sin previo juicio ante un tribunal con garantias judiciales reconocidas como indispensables), considerado el estandar minimo aplicable a todo conflicto armado, ya interno o internacional--sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2006 en el caso Hamdan v. Rumsfeld, 548 U.S. 557 (2006)--, tal y como anos antes habia indicado el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia--decision de la Sala de Apelaciones de 2 de octubre de 1995 en el asunto Tadic (competencia), paragrafo 102--, y como tambien reconoceria un Memorandum del propio Departamento de Defensa de Estados Unidos de 7 de julio de 2006. Vid. por ejemplo MILLER, R.A., <<Hamdan Case>>, y LAMB, S., <<Tadic Case>>, en R. WOLFRUM (ed.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2008-, online edition, <www.mpepil.com> [consultada el 15 de agosto de 2013]; y BOLLO AROCENA, M.D., <<Hamdan v. Rumsfeld. Comentario a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos el 29 de junio de 2006>>, REEI, no. 12 (2006), quien consideraba que los Convenios de Ginebra tienen naturaleza self-executing y conceden derechos a los particulares (p. 17), coincidiendo asi con la decision del Tribunal de Distrito de Columbia de 8 de noviembre de 2004, que inicialmente habia otorgado el habeas corpus solicitado por Hamdan--344 F. Supp. 2d 152 (D.D.C. 2004)--. Sobre la cuestion de las personas sospechosas de actividades terroristas contra Estados Unidos retenidas durante tiempo indefinido en la base de Guantanamo, las sentencias consecutivas del Tribunal Supremo estadounidense de 28 de junio de 2004 en los casos Rasulet al. v. Bush--542 U.S. 466 (2004)--, y Hamdi v. Rumsfeld--542 U.S. 507 (2004)--decidieron que dicha base naval se encuentra bajo la jurisdiccion de Estados Unidos, y por ello sus tribunales federales pueden conocer de las solicitudes de habeas corpus de los alli detenidos o hechas en su nombre. Veanse, entre otros, PEREZ GONZALEZ, M.; RODRIGUEZ VlLLASANTE Y PRIETO, J.L., <<El caso de los detenidos de Guantanamo ante el Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos>>, R.E.D.I., vol. 54, no. 1 (2002), pp. 11-39; Abril, R., <<De Guantanamo, a Bagdad. Estatuto juridico y trato a los 'detenidos en la lucha contra el terrorismo'>>, REEI, no. 9 (2005); CAPELLA I Roig, M., <<El estatuto juridico de Guantanamo (Cuba)>>, R.E.D.I., vol. 54, no. 2 (2002), pp. 773-781; PEYRO Llopis, A., <<La place du Droit international dans la jurisprudence recente de la Cour Supreme des Etats-Unis>>, RGDIP, vol. 109, no. 3 (2005), p. 627 y ss.; Sassoli, M., <<Guantanamo, Detainees>>, en R. Wolfrum (ed.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, op. cit.; y SANCHEZ LEGIDO, A., <<Guerra contra el terrorismo, conflictos armados y derechos humanos>>, en J. SOROETA LlCERAS (ed.), Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastian, vol. 7 (2006), pp. 413-458.

(16) Vease la Resolucion del Instituto de Derecho Internacional L'activitedu juge interne et les relations internationales de lEtat, adoptada el 7 de septiembre de 1993 en su Sesion de Milan (art. 5); y BUERGENTHAL, Th., <<Self-Executing and Non Self-Executing Treaties in National and International Law>>, Rec. des C., vol. 235 (1992-IV), quien nos advierte de que la cuestion de la aplicabilidad de un tratado internacional en el Derecho interno depende al final de la decision de los tribunales domesticos (p. 393).

(17) Vease a este respecto la cuantiosa jurisprudencia nacional citada por B. CONFORTI en International Law and the Role of Domestic Legal Systems, Nijhoff, Dordrecht, 1993, p. 84 y ss.

(18) Como reza dicho articulo 46 de la Convencion sobre el Derecho de los Tratados de 1969, <<el hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violacion de una disposicion de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podra ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violacion sea manifiesta (en el sentido de que resulte objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la practica usual y de buena fe) y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno>>.

(19) Uno de los raros ejemplos en ese sentido se encuentra en la sentencia del Tribunal Supremo de Austria de 20 de febrero de 1952, 19 ILR 461 (1952).

(20) Cfr. CONFORTI, B., International Law and the Role of Domestic Legal Systems, Nijhoff, Dordrecht, 1993, pp. 25-26. No obstante, cabe matizar que no todos los tratados auto-ejecutivos establecen derechos individuales exigibles pues, por ejemplo, pueden limitarse a regular las relaciones entre las administraciones de los Estados partes.

(21) Aqui puede citarse el caso italiano, cuyo sistema juridico es en principio dualista en el sentido de que la incorporacion de los tratados en el orden interno requiere una ley especifica (<<ordine di esecuzione>>), pero en la practica sus tribunales aplican directamente disposiciones de tratados --como el GATT--que en muchos otros paises no son consideradas self-executing.

(22) Vease en esa direccion el articulo 7.1 de la Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, que permite a los Estados riberenos adoptar las lineas de base rectas que unan los puntos apropiados como metodo para trazar la linea de base desde la que medir su mar territorial cuando la costa tenga profundas escotaduras o cuando haya una franja de islas a lo largo de la costa en su proximidad inmediata.

(23) Asi, por ejemplo, el articulo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos senala que <<toda persona declarada culpable de un delito tendra derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley>> (cursiva anadida).

(24) Tales criterios se encuentran recogidos en los articulos 31 (regla general) y 32 (medios complementarios) de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

(25) Sentencia del Tribunal de Distrito de Columbia (Estados Unidos) de 13 de mayo de 1975 en el caso Diggs v. Dent, 14 ILM 797 (1975), en p. 804.

(26) Sentencia de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos (9[grados] Circuito) de 16 de agosto de 1983 en el caso Islamic Republic of Iran v. Boeing Corp., 716 F.2d 910.

(27) Asi, por ejemplo, los tribunales alemanes acudian a este criterio de la <<indeterminacion>> para negar el caracter self-executing de los principios recogidos en el GATT. Vid. FROWEIN, J.A., <<Federal Republic of Germany>>, en F. G. JACOBS y S. ROBERTS (eds.), The Effect of Treaties in Domestic Law, Sweet & Maxwell, Londres, 1987, pp. 69-70.

(28) Cfr. CONFORTI, B., International Law and the Role of Domestic Legal Systems, Nijhoff, Dordrecht, 1993, p. 29.

(29) Sentencia del entonces TJCE de 12 de diciembre de 1972, asunto International Fruit Company (21/72), Rec. 1972, p. 1219 (y casos 22/72, Kooy Rotterdam; 23/72, Vellernan; y 24/72, van den Brink), que inauguro una solida doctrina judicial del Tribunal de Luxemburgo en este sentido, continuada asimismo con respecto a los posteriores Acuerdos de la Organizacion Mundial de Comercio (OMC)--SSTJCE de 23 de noviembre de 1999, asunto Portugalc. Consejo (C-149/96), Rec. 1999, p. I-8395; y de 14 de diciembre de 2000, asuntos Dior/Assco (C-300/98 y C-392/98), Rec. 2000, p.I-11307--. Sobre esta cuestion puede leerse DIEZ-HOCHLEITNER, J.; ESPOSITO, C., <<La falta de eficacia directa de los acuerdos OMC en la Union Europea>>, en A. Remiro BroTONS y C. ESPOSITO (eds.), La Organizacion Mundial de Comercio y el regionalismo europeo, Dykinson, Madrid, 2001, pp. 159-184.

(30) Verbigracia, el articulo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, y el articulo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales.

(31) Cfr. IWASAWA, Y., <<The Doctrine of Self-executing Treaties in the United States: a Critical Analisys>>, Va. J. Int'lL., vol. 26 (1986), p. 658. En este sentido, Estados Unidos acompano a su ratificacion del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos una Declaracion en la que calificaba a las clausulas de los articulos 1 a 27 de ese tratado como <<non self-executing>>. Vid. ToMUSCHAT, Ch., <<International Covenant on Civil and Political Rights (1966)>>, en R. WOLFRUM (ed.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, op. cit., paragrafos 32-34.

(32) Sentencia del Tribunal Supremo de Paises Bajos de 23 de septiembre de 1980, en NYIL, vol. 13 (1982), pp. 66-68.

(33) Veanse las sentencias de la Corte belga de Casacion de 17 de enero de 1984 (r. 8405, Pasicrisie Belge, 1984, I, pp. 524-528) y de 16 de octubre de 1984 (r. 9119, Pasicrisie Belge, 1985, I, pp. 234243), citadas por MARESCEAU, M., <<Belgium>>, en F. G. Jacobs & S. Roberts (eds.), The Effect of Treaties in Domestic Law, Sweet & Maxwell, Londres, 1987, p. 18.

(34) CONFORTI, B., International Law and the Role of Domestic Legal Systems, Nijhoff, Dordrecht, 1993, p. 32. Asi, por ejemplo, si el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos ya se ha incorporado a los Derechos internos de los Estados, la aplicabilidad de la clausula de implementacion de su articulo 2.2 se limita a reglas non self-executing por su propio contenido, restriccion esta que, segun ciertos tribunales internos, podria aplicarse al derecho de un condenado por delito a recurrir a un tribunal superior (art. 14.5 del Pacto mencionado), lo que es inaplicable si la ley nacional no ha establecido tal tribunal superior. Veanse la orden del Tribunal Constitucional italiano de 6 de febrero de 1979, en RDI, vol. 63 (1980), pp. 512-514; y la sentencia del Tribunal Supremo de Paises Bajos de 14 de abril de 1981, caso A.H.Th. v. Public Prosecutor, en NYIL, vol. 13 (1982), p. 367.

(35) Vease PARTSCH, K.J., <<International Law and Municipal Law>>, en R. BERNHARDT (ed.), Encyclopedia of Public International Law, 2a ed., vol. 2, North-Holland, Amsterdam, 1995, p. 1196.

(36) Verbigracia, en el Reino Unido su Camara de los Lores defendia una aproximacion homogenea de los tribunales nacionales en el problema de los refugiados para garantizar una aplicacion no distorsionada de la Convencion de 1951 sobre el estatuto de los refugiados--sentencia del Comite de Apelacion de la Camara de los Lores de 19 de diciembre de 2000 en el caso Regina v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Adan, [2001] 1 All E.R. 593-; y en un caso posterior, los Lores aceptaron la reclamacion contra un control britanico preventivo de inmigracion en el aeropuerto de Praga, encontrando que los funcionarios britanicos de inmigracion habian tratado discriminatoriamente a las personas de etnia romani por cuestiones raciales frente a otras personas, para lo cual interpretaron la Convencion sobre los refugiados de 1951 a la luz de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados y las jurisprudencias de la Corte Internacional de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos--sentencia del Comite de Apelacion de la Camara de los Lores de 9 de diciembre de 2004 en el caso Regina (on the application of European Roma Rights Centre and others) v. Immigration Officer at Prague Airport and another [2004] UKHL 55--.

(37) Cfr. SCHREUER, Ch., <<The Interpretation of Treaties by Domestic Courts>>, BYIL, vol. 45 (1971), pp. 293-295.

(38) Vid. CONFORTI, B., International Law and the Role of Domestic Legal Systems, Nijhoff, Dordrecht, 1993, p. 106; y sobre los tratados desiguales vease Remiro BROTONS, A., Derecho Internacional Publico. 2. Derecho de los Tratados, Tecnos, Madrid, 1987, pp. 444-445.

(39) Articulos 31.3 y 32 de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

(40) Asi, el articulo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea concede al Tribunal de Justicia de la UE la competencia de interpretacion del Derecho de la Union Europea a titulo prejudicial, realizada mediante las cuestiones prejudiciales de interpretacion.

(41) A este respecto el Tribunal de la Haya ha sido claro: <<c'est un principe generalement reconnu du droit des gens que, dans les rapports entre Puissances contractantes d'un traite, les dispositions d'une loi interne ne sauraient prevaloir sur celles du traite>>-opinion consultiva de la CPJI de 31 de julio de 1930 en el asunto de las Comunidades Greco-bulgaras, PCIJ Reports 1930, serie B, no. 17, en p. 32-; y asimismo el dictamen de la CIJ de 26 de abril de 1988 en el asunto Aplicabilidad de la obligacion de arbitraje en virtud de la seccion 21 del Acuerdo de 26 de junio de 1947 relativo a la sede de las Naciones Unidas (ICJ Reports 1988, para. 57). Vease tambien el articulo 27 de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

(42) Vid. CONFORTI, B., International Law and the Role of Domestic Legal Systems, Nijhoff, Dordrecht, 1993, p. 42 y ss.

(43) En este contexto conviene explicar un conocido litigio entre el Gobierno de Estados Unidos y la Organizacion para la Liberacion de Palestina (OLP). El Congreso estadounidense habia aprobado la Ley Anti-Terrorista de 1987 para impedir que la OLP mantuviera sus oficinas ante Naciones Unidas situadas en territorio de Estados Unidos, que se habian abierto cuando la OLP obtuvo el estatuto de Observador permanente ante la ONU, de modo que los funcionarios de la OLP entraban y permanecian en territorio de Estados Unidos con arreglo al Acuerdo de Sede de Naciones Unidas, tratado internacional celebrado en 1947 por la Organizacion universal y el Estado anfitrion. El Gobierno estadounidense solicito a un organo judicial interno que ordenase el cierre de la Mision de la OLP sobre la base juridica de la mencionada legislacion antiterrorista, pero dicho tribunal rechazo tal reclamacion porque la encontro incompatible con las obligaciones derivadas del Acuerdo de Sede de 1947--orden del Tribunal de Distrito (S.D.N.Y.) de 29 de junio de 1988 en el caso United States v. Palestine Liberation Organization, 695 F. Supp. 1456 (1988)--; asimismo, ese organo judicial interno rehuso aplicar la Ley Anti-Terrorista de 1987 a este litigio pues, aun reconociendo que el proposito declarado de esa Ley consistia en prohibir toda oficina o actividad de la OLP en territorio estadounidense, considero que el Congreso habia actuado en la erronea creencia de que las disposiciones del citado Acuerdo de Sede sobre libertad de transito y permanencia de personas acreditadas ante Naciones Unidas no se aplicaba a la Mision de la OLP, y por tanto declaro que no existia una clara intencion del Congreso de vulnerar esta obligacion internacional (p. 1471). Por consiguiente, gracias a la interpretacion voluntarista de un tribunal domestico, el acuerdo internacional prevalecio y fue aplicado judicialmente en el orden interno.

(44) Vid. CONFORTI, B.; LABELLA, A., <<Invalidity and Termination of Treaties: the Role of National Courts>>, EJIL, vol. 1 (1990), pp. 44-66.

(45) Veanse las coincidentes decisiones del Tribunal de Distrito de Arnhem de 17 de enero de 1952 en el caso Nederlands Beheers-Instituut v. Nimwegen and Manner, ILR 249 (1951); de la Division Judicial del Consejo para la Restauracion de Derechos Legales de 29 de junio de 1956 en el caso Ratz-Lienert en Klein v. Nederlands Beheers Instituut, 23 ILR 536 (1957); y del Tribunal de Distrito de La Haya de 11 de diciembre de 1956 en el caso Amato Narodni Podnik v. Julius Keilwerth Musikinstrumentenfabrik, 24 ILR 435 (1957).

(46) Verbigracia, la sentencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania de 7 de abril de 1965 en el caso AG in Zurich, BVerfGE, vol. 18, p. 441, sobre si era compatible con el ius cogens un tratado entre Alemania y Suiza en materia tributaria.

(47) Asi por ejemplo, el Tribunal de Distrito de La Haya (Paises Bajos), en una sentencia de 20 de mayo de 1986, caso Stichting Verbiedt de Kruisraketten (SVK) et al. c. Estado de Holanda, rechazaba entrar a pronunciarse sobre la validez de una convencion internacional relativa a la instalacion de misiles nucleares de Estados Unidos en territorio holandes, que habia sido impugnada por los demandantes como contraria al ius cogens (en NYIL, vol. 18 [1987], p. 417); y la segunda instancia judicial, el Tribunal de Apelacion de La Haya, tambien mantuvo la misma opinion en su sentencia de 30 de diciembre de 1987 (en NYIL, vol. 20 [1989], pp. 364-369), si bien el Tribunal Supremo de ese pais estimo finalmente en ese caso que los jueces holandeses pueden resolver si un tratado es compatible o no con otras normas de Derecho internacional (en NYIL, vol. 22 [1991], pp. 453-460).

(48) Las jurisdicciones nacionales han sido muy prolificas en estos ambitos. Vease en este sentido la recogida por CONFORTI, B., en International Law and the Role of Domestic Legal Systems, Nijhoff, Dordrecht, 1993, pp. 95-97.

(49) Asi por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha ido evolucionando en esta materia, desde las sentencias del Reichsgericht tras la Primera Guerra Mundial a las decisiones de los contemporaneos Tribunal Constitucional Federal o Tribunal Supremo; y tambien la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 9 de junio de 1947 en el caso Clark v. Allen et al. (331 U.S. 503), sobre la continuidad o terminacion de un tratado de amistad, comercio y derechos consulares con Alemania de 1923; la sentencia de la Corte de Casacion de Francia de 10 de febrero de 1948 (en Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1948, p. 437); o las sentencias de la Corte de Casacion italiana de 3 de mayo de 1957 y de 8 de noviembre de 1971.

(50) Ad exemplum, la sentencia del Tribunal Federal suizo de 2 de febrero de 1923 (Repertoire suisse de Droit international public, vol. I, p. 264), o la sentencia de la Corte italiana de Casacion de 6 de junio de 1978 (en RDI, vol. 63 [1980], p. 509), asi como el articulo 62 de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En la doctrina veanse Remiro BroTONS, A. et al., Derecho Internacional: Curso General, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2010, pp. 325-326; y ConforTI, B., International Law and the Role of Domestic Legal Systems, Nijhoff, Dordrecht, 1993, p. 100.

(51) En este sentido pueden encontrarse por ejemplo decisiones judiciales francesas (sentencia del Tribunal Militar de Estrasburgo de 5 de mayo de 1948, caso In re Rieger, en Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1948, p. 484), alemanas (sentencia del Tribunal de Apelacion de Frankfurt de 27 de mayo de 1950, caso Seguridad para los gastos (Suiza), ILR 310 [1950]), austriacas (sentencia de su Tribunal Constitucional de 15 de junio de 1976, caso Venta de tierra para extranjeros, en OZORV, vol. 26 [1976], p. 322) o italianas (sentencia de la Corte de Casacion de 28 de julio de 1986, caso Parzinger y Nowak v. Provincia autonoma di Bolzano y Comune di Renon, en Rivista di diritto internazionaleprivato eprocessuale, vol. 23 [1987], p. 791). Vease tambien el articulo 60 de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

(52) Durante muchos anos en Espana no ha habido una Ley sobre tratados, y nuestro ordenamiento solo ha contado con el Decreto 801/1972, de 24 de marzo, sobre ordenacion de la actividad administrativa en materia de tratados internacionales (que ha quedado desbordado por la evolucion politica y legislativa posterior), al que se suman referencias en otras normas, como el Codigo Civil (art. 1.5), la Ley Organica del Tribunal Constitucional (arts. 27.2.c y 78), la Ley Organica del Consejo de Estado (art. 22), la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (art. 5.1.d y e), o los Reglamentos del Congreso (arts. 154-160) y del Senado (arts. 144-147). A lo largo del tiempo se han producido diversos intentos de aprobar una ley de tratados, y actualmente se encuentra en marcha un <<Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales>> para regular la actividad del Estado en esta materia de forma unitaria, sistematizada y acorde con la Constitucion y el Derecho internacional contemporaneo. Con esta Ley, se pretende ordenar el regimen juridico de los tratados recogiendo la practica y doctrina internacional al respecto, para poner fin a la dispersion normativa existente y colmar las lagunas que subsisten en el ordenamiento juridico espanol. Esta nueva normativa es necesaria para adaptar la legislacion espanola a las transformaciones del Derecho internacional en las ultimas decadas, como la creciente relevancia de los tratados internacionales como fuente juridica, el recurso a nuevos tipos de acuerdos internacionales distintos a los tratados, la presencia de mecanismos juridicos no regulados adecuadamente (como la aplicacion provisional de los tratados), etc. El Proyecto de Ley regula los tres tipos de acuerdos internacionales existentes hoy en Espana: los tratados internacionales (instrumento juridico clasico para asumir derechos y obligaciones entre sujetos de Derecho internacional), acuerdos internacionales administrativos (acuerdos de ejecucion de tratados, normalmente de caracter tecnico, celebrados por variedad de actores segun la materia cuando un tratado recoja una prevision para ello), y acuerdos internacionales no normativos (declaraciones de intenciones sin caracter juridico y que pueden ser suscritas por diferentes tipos de actores). Vease el Boletin Oficial de las Cortes Generales, Serie A num. 72-1, de 5 de noviembre de 2013, pp. 1-17.

(53) Esta remision es efectuada por el articulo 96.1 in fine de la Constitucion, que despues de senalar que <<los tratados internacionales validamente celebrados, una vez publicados oficialmente en Espana, formaran parte del ordenamiento interno>>, precisa que <<sus disposiciones solo podran ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional>>. Pues bien, el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados--ratificado por Espana el 2 de mayo de 1972--entiende por tratado <<un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento unico o en dos o mas instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominacion particular>> (art. 2.1.a).

(54) En este mismo sentido se posiciona el articulo 1.5 del Codigo Civil: <<Las normas juridicas contenidas en los tratados internacionales no seran de aplicacion directa en Espana en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicacion integra en el Boletin Oficial del Estado>>. La exigencia de la publicacion de los tratados internacionales celebrados por Espana tambien se recoge en el articulo 29 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, y en el mencionado articulo 96.1 de la Constitucion, como modo de adecuarse a la obligacion constitucional de la publicidad de las normas (art. 9.3 CE).

(55) Veanse Remiro BroTONS, A., Derecho Internacional Publico. 2. Derecho de los Tratados, Tecnos, Madrid, 1987, pp. 265-266; e idem y otros, Derecho Internacional: Curso General, cit., 2010, p. 349; Rodriguez Zapata, J., Constitucion, tratados internacionales y sistema de fuentes del Derecho, Real Colegio de Espana, Bolonia, 1976, p. 26 y ss. La tesis de la recepcion automatica de los tratados en el Derecho espanol se encontraba tradicionalmente establecida, tanto por el Consejo de Estado (dictamenes de 28 de septiembre de 1958 o de 3 de julio de 1970) como por la jurisdiccion ordinaria [SSTS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 30 de septiembre de 1982--considerando 1[grados]--, de 19 de mayo de 1983--considerando 3[grados]--, de 30 de abril de 1986 y de 22 de mayo de 1989, fundamento juridico 1[grados]] y la jurisprudencia constitucional (STC 38/1981, de 23 de noviembre de 1981, fundamento juridico 4[grados]). Pero en sentido contrario veanse Pastor Ridruejo, J.A.; Pastor Palomar, A., <<Public International Law before Domestic Spanish Courts>>, en Carlos JIMENEZ Piernas (ed.), The Legal Practice in International Law and European Community Law. A Spanish Perspective, Nijhoff, Leiden, 2007, p. 526 y ss.; y Gutierrez ESPADA, C.; CERVELL HORTAL, M.J., El Derecho Internacional en la encrucijada. Curso general de Derecho Internacional Publico, 3a ed.rev., Trotta, Madrid, 2012, pp. 272-274. Estos ultimos autores defienden que la publicacion es un acto que de hecho <<transforma>> la norma internacional en espanola, apoyandose para ello en el tono ciertamente contundente del Tribunal Constitucional: <<una clausula de un Tratado... no entra a formar parte del ordenamiento juridico espanol si no ha sido previamente publicada de forma oficial. Los Tribunales espanoles no pueden aplicar un precepto convencional que no se ha integrado en nuestro Derecho, especialmente si con el resulta afectado un derecho fundamental de los particulares>>--STC 141/1998, de 29 de junio de 1998, fundamento juridico 6[grados], y la ilustrativa nota de GONZALEZ VEGA, J.A., en R.E.D.I., vol. 51, no. 2 (1999), pp. 593-598--.

(56) Veanse por ejemplo la STS (Sala 6a) de 22 de mayo de 1978; y Paniagua REDONDO, R., <<La recepcion, publicacion y rango normativo de los tratados internacionales en el ordenamiento juridico espanol>>, Revista Juridica de Cataluna, vol. 90, no. 4 (1991), pp. 924-925.

(57) STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 12 de marzo de 1985--considerando 3[grados]--; y la nota sobre esta sentencia de SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I., en R.E.D.I., vol. 40, no. 2 (1988), pp. 154-156.

(58) Vease en este sentido por ejemplo REMIRO BroTONS, A., Derecho Internacional Publico. 2. Derecho de los Tratados, Tecnos, Madrid, 1987, pp. 267-269.

(59) STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 30 de septiembre de 1982--considerando 1[grados]--.

(60) Esta situacion podria conllevar, a instancias del particular perjudicado, la responsabilidad patrimonial del Estado, en virtud del articulo 106.2 de la Constitucion. Cfr. Paniagua REDONDO, R., ctt, 1991, p. 928.

(61) REMIRO BROTONS, A., cit., 1987, pp. 267-269; Andres Saenz de Santa Maria, P., Sistema de Derecho Internacional Publico, 2a ed., Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2012, p. 215; y STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 12 de marzo de 1985. Creemos que se mueven en este sentido la STC 292/2005, de 10 de noviembre de 2005; y la STC 328/2005, de 12 de diciembre de 2005.

(62) STC 66/1982, de 12 de noviembre, fundamento juridico 5[grados].

(63) Veanse por ejemplo las sentencias del Tribunal Constitucional 91/2000, de 30 de marzo (fundamento juridico 10[grados]); y 32/2003, de 13 de febrero (fundamento juridico 4[grados]).

(64) STC 235/2000, de 5 de octubre, fundamento juridico 11 [grados].

(65) Por ejemplo, la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 3 de diciembre de 1981, era favorable a considerar una nota verbal emitida por la Nunciatura Apostolica como un medio simplificado de expresar la voluntad de un Estado y pretender el cumplimiento de los acuerdos concertados entre Espana y la Santa Sede--considerando tercero--; y en este mismo sentido la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 30 de septiembre de 1982--considerando primero--. Vid. SORIANO, J.-E., <<Los tratados internacionales en la jurisprudencia contencioso-administrativa>>, R.E.D.A., no. 49 (1986), pp. 116-117.

(66) STC 66/1982, de 12 de noviembre, fundamento juridico 5[grados].

(67) STC 28/1991, de 14 de febrero, fundamento juridico 4[grados], y esta calificacion fue recogida de nuevo en la DTC 1/1992, de 1 de julio, fundamento juridico 4[grados], pese a que tal calificacion habia sido duramente criticada por la doctrina, por considerarla superficial y contradictoria. Vid. MANGAS MARTIN, A., <<La Constitucion y la ley ante el Derecho comunitario (Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional espanol 28/1991, de 14 de febrero, sobre la Ley Organica del Regimen Electoral General y el Acta relativa a las elecciones al Parlamento europeo)>>, RIE, vol. 18, no. 2 (1991), p. 597 y ss.; y Linan Nogueras, D.J.; Lopez Escudero, M., en RIE, vol. 21 (1994), p. 223 y ss.

(68) STC 28/1991, de 14 de febrero, fundamento juridico 4[grados]; y DTC 1/1992, de 1 de julio, fundamento juridico 4[grados]. Ahora bien, segun Juan Santos Vara, esta clase de leyes organicas tiene una naturaleza meramente formal, al tratarse en realidad de actos de autorizacion parlamentaria. SANTOS Vara, J., <<Cronica sobre la aplicacion judicial del Derecho Internacional Publico>>, en REEI, no. 11 (2006), p. 8.

(69) DTC 1/2004, de 13 de diciembre, fundamento juridico 2[grados].

(70) Ibid. De hecho, como ha senalado el propio TC, <<podria decirse que el art. 93 CE opera como bisagra mediante la cual la Constitucion misma da entrada en nuestro sistema constitucional a otros ordenamientos juridicos a traves de la cesion del ejercicio de competencias>>--DTC 1/2004, de 13 de diciembre, fundamento juridico 2[grados]--.

(71) Esta disposicion constitucional indica que <<las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitucion reconoce, se interpretaran de conformidad con la Declaracion Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por Espana>>. Veanse las SSTC 24/1981, de 14 de julio (FJ 4[grados]); y 95/2003, de 22 de mayo (FJ 5); y en la doctrina Gonzalez Campos, J.D., <<Algunas referencias a la costumbre y los tratados internacionales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional>>, en El Derecho Internacional: normas, hechos y valores. Liber amicorum Jose Antonio Pastor Ridruejo, UCM, Madrid, 2005, p. 513; Gutierrez Espada, C.; Cervell Hortal, M.J., op. cit., 2012, pp. 278-280; LINAN NOGUERAS, D.J., <<El proyecto constitucional europeo y la interpretacion de derechos y libertades en la Constitucion espanola: ?una nueva dimension del art. 10.2[grados] CE?>>, en Pacis Artes. Obra homenaje al profesor Julio D. Gonzalez Campos, vol. 1, UAM-Eurolex, Madrid, 2005, pp. 933-946; FERNANDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C., <<Derechos humanos y orden interno: las consecuencias de la asuncion de obligaciones internacionales>>, en ibid., p. 242 y ss.; SAIZ ARNAIZ, A., La apertura constitucional al Derecho internacional y europeo de los Derechos humanos. El articulo 10.2[grados] de la Constitucion espanola, CGPJ, Madrid, 1999; y de forma mas comprehensiva FERNANDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C.; Jimenez Garcia, F., El Derecho Internacional en la Constitucion Espanola: 25 anos de jurisprudencia constitucional, Thomson/Civitas, Madrid, 2006.

(72) Asi ha sido a partir de la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 3 de julio de 1979--FJ 3[grados]--, y de la STC 22/1981, de 2 de julio de 1981--FJ 3[grados]--. Veanse por ejemplo la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 11 de febrero de 2009, y la STC 63/2010, de 18 de octubre.

(73) Dicha linea jurisprudencial ha sido mantenida en el tiempo desde la STC 76/1982, de 14 de diciembre, fundamento juridico 5[grados]. Vease tambien FERNANDEZ Tomas, A., <<La valida celebracion y la incorporacion de los tratados en la jurisprudencia constitucional espanola>>, en Hacia un nuevo orden internacional y europeo. Estudios en homenaje al Profesor Manuel Diez de Velasco, Tecnos, Madrid, 1993, p. 353 y ss.

(74) STC 120/1990, de 27 de junio, fundamento juridico 3[grados]; y STC 56/2003, de 24 de marzo, fundamento juridico 1[grados]. Vid. RODRIGUEZ ZAPATA, J., <<Tutela interna e internacional de derechos fundamentales: ?cabe recurso de amparo por la vulneracion de derechos dimanantes de convenios internacionales?>>, Revista Espanola de Derecho del Trabajo, no. 42 (1990), pp. 373-376; y QUINTERO Saravia, G.M., <<Las relaciones entre el Derecho internacional y el Derecho interno: el caso de la Constitucion. La Constitucion como fuente de Derecho Internacional>>, Revista de Derecho Politico, no. 45 (1999), pp. 69-104.

(75) Verbigracia, hay una doctrina jurisprudencial consolidada sobre la aplicabilidad de los Convenios de la OIT. Vid. las STS 1176/2004 (Sala de lo Civil), de 30 de noviembre de 2004; STS (Sala de lo Social) de 9 de marzo de 2005; STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 14 de julio de 2005; STS (Sala de lo Social) de 23 de diciembre de 2005; STS (Sala de lo Social) de 26 de julio de 2010; o la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 22 de septiembre de 2010. Veanse SORIANO, J.-E., <<Los tratados internacionales en la jurisprudencia contencioso-administrativa>>, R.E.D.A., no. 49 (1986), p. 111; y Lopez-Jurado, C., en J. Roldan Barbero (coord.), <<Jurisprudencia espanola en materia de Derecho internacional publico>>, R.E.D.I., vol. 63, no. 2 (2011), pp. 180-184.

(76) A partir de la STC 5/1981, de 13 de febrero, fundamento juridico 7[grados].

(77) Desde la citada STC 5/1981, de 13 de febrero, fundamentos juridicos 7[grados] y 8[grados]; y la STC 16/1981, de 18 de mayo, fundamento juridico 5[grados]. Asi veanse, por ejemplo, la STC 70/2002, de 7 de abril; ATC 104/2002, de 17 de junio; y STC 42/1982, de 5 de julio, con respecto a una cuestion muy debatida: frente a la alegacion de que la funcion revisora de la prueba en el recurso de casacion no cumplia la exigencia de la doble instancia penal reconocida en el articulo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, e incorporada a las garantias procesales del articulo 24 CE, lo que habia dado lugar a un Dictamen del Comite de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 20 de julio de 2000 condenatorio para Espana por vulnerar ese derecho a la doble instancia penal, el TC defendio que <<existe una asimilacion funcional entre el recurso de casacion y el derecho a la revision de la declaracion de culpabilidad y la pena declarado en el art. 14.5 [del Pacto Internacional], siempre que se realice una interpretacion amplia de las posibilidades de revision en sede casacional y que el derecho reconocido en el Pacto se interprete no como el derecho a una segunda instancia con repeticion integra del juicio, sino como el derecho a que un Tribunal Superior controle la correccion del juicio realizado en primera instancia, revisando la correcta aplicacion de las reglas que han permitido la declaracion de culpabilidad y la imposicion de la pena>>; asi, el recurrente tiene abierta una via--alegacion en el recurso de casacion de infraccion de su derecho a la presuncion de inocencia--<<que permite al Tribunal Supremo la <<revision integra>>, entendida en el sentido de posibilidad de acceder no solo a las cuestiones juridicas, sino tambien a las facticas en que se fundamenta la declaracion de culpabilidad>>, sin perjuicio de que la aparicion de nuevas pruebas que el acusado no pudo ofrecer en el proceso, pueda, en su caso, dar lugar a un recurso de revision (art. 954 LECrim), posibilidad que completa el conjunto de garantias del debido proceso>> (FJ 7[grados]). De hecho, el Tribunal Supremo ha venido efectuando una interpretacion extensiva del alcance del recurso de casacion, incluyendo la valoracion de la prueba practicada en instancias anteriores, pero sin necesidad de celebrar un nuevo juicio con repeticion completa de la prueba, porque ello no lo exigen el articulo 14.5 del Pacto Internacional ni el articulo 2 del Protocolo no. 7 del CEDH--ad exemplum, las SSTS 436/2005 (Sala de lo Penal) de 8 de abril, y 1074/2005 (Sala de lo Penal) de 27 de septiembre--. Vid. tambien el comentario critico de SANTOS Vara, J., <<Cronica sobre la aplicacion judicial del Derecho Internacional Publico>>, en REEI, no. 10 y 11 (2005 y 2006), pp. 9-10 y 17-18 respectivamente, ante la negativa constante del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional a reconocer la vulneracion del derecho a la doble instancia penal. En este sentido, las SSTS 128/2009 (Sala de lo Penal) de 11 de febrero de 2009, y 1173/2009 (Sala de lo Penal) de 17 de noviembre de 2009, se mostraron mas favorables a cumplir con los criterios del Comite de Derechos Humanos, e invitaban al legislador a ampliar el alcance del derecho a la defensa letrada reconocido en el articulo 24.2 CE y a generalizar la doble instancia penal, pues Espana ha ratificado el Protocolo no. 7 del CEDH (BOE no. 249, de 15 de octubre de 2009, pp. 86935-86939), en vigor para Espana desde el 1 de diciembre de 2009. Vid. Cervell Hortal, M.J.; Lopez-Almansa Beaus, E.; Piernas Lopez, J.J., <<Decisiones de los organos judiciales espanoles en materia de Derecho internacional publico>>, ADI, vol. 26 (2010), pp. 389-390; y Marin AIS, R., en J. ROLDAN Barbero (coord.), <<Jurisprudencia en materia de Derecho internacional publico>>, R.E.D.I., vol. 62, no. 1 (2010), pp. 185-187.

(78) Asi por ejemplo, la STC 128/1987, de 6 de julio, acudia como pauta de interpretacion de los derechos humanos constitucionalizados al Convenio sobre la eliminacion de todas las formas de discriminacion contra la mujer, de 1979 (FJ 8[grados]); y la ya mencionada STC 120/1990, de 27 de junio, se referia a la Convencion contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de 1984 (FJ 2, 3[grados] y 9[grados]).

(79) Desde la STC 38/1981, de 23 de noviembre (FJ 3[grados], 4[grados] y 6[grados]); STC 53/1982, de 22 julio (FJ 3[grados]); y STC 65/1982, de 10 de noviembre (FJ 3[grados]), todas ellas sobre el derecho de libertad sindical.

(80) Vid., entre otras, la STC 32/2003, de 13 de febrero (FJ 3[grados], 4[grados], 7[grados] y 9[grados]); y la STC 53/2003, de 24 de marzo (FJ 3[grados]).

(81) En esta linea se expresa el actual Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.

(82) Veanse el mencionado Anteproyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, que, respetando las competencias de las Comunidades Autonomas en la materia, articula mecanismos para que tengan derecho a ser informadas de los tratados que afecten a sus competencias, el derecho a proponer al Gobierno la celebracion de tratados o la posibilidad de participar en la delegacion espanola de negociacion de un tratado (articulos 7 y 51-53); y Remiro BROTONS, A., <<La actividad exterior del Estado y las Comunidades Autonomas>>, en M. Ramirez (ed.), Estudios sobre la Constitucion espanola de 1978, Portico, Zaragoza, 1979, pp. 355-377; PEREZ GONZALEZ, M.; PUEYO Losa, J., <<Las Comunidades Autonomas ante el orden internacional>>, en Constitucion, Comunidades Autonomas y Derecho internacional, AEPDIRI, VI Jornadas, Xunta de Galicia, Santiago, 1982, pp. 13-88.

(83) En este sentido, el citado Anteproyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales preve que las Comunidades Autonomas puedan celebrar acuerdos internacionales administrativos y acuerdos internacionales no normativos por si mismas, pero tambien dispone que el Estado ha de contar con mecanismos para asegurarse de que dichos acuerdos no son tratados internacionales encubiertos y cumplen con las exigencias legales vigentes (arts 54 y 55). Sobre esta tipificacion de acuerdos internacionales realizada por el Proyecto de Ley vease la nota 52 de este articulo, supra.

(84) Vid. Sanchez Rodriguez, L.I., <<Un tiempo para juzgar: el Derecho Internacional Publico en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (1992-2001)>>, en Pacis Artes. Obra homenaje al profesor Julio D. Gonzalez Campos, tomo I, UAM-Eurolex, Madrid, 2005, p. 693; y Gonzalez Campos, J.D., <<Algunas referencias a la costumbre y los tratados internacionales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional>>, en El Derecho Internacional: normas, hechos y valores. Liber amicorum Jose Antonio Pastor Ridruejo, UCM, Madrid, 2005, pp. 514-516.

(85) STC 137/1989, de 20 de julio, fundamento juridico 5[grados]. Esta decision judicial estuvo basada en el examen del contenido preciso del Comunicado y en los actos de su preparacion y desarrollo posterior, para concluir que hubo un acuerdo, convenio o pacto entre sendos Departamentos oficiales de la Junta de Galicia y de la Administracion de otro Estado (FJ 1 y 2[grados]), lo que suponia el ejercicio por parte de la Junta de Galicia de una competencia que no le correspondia en su calidad de Comunidad Autonoma, dado que <<el constituyente ha reservado en exclusiva a los organos centrales del Estado la totalidad de las competencias en materia de relaciones internacionales>> (FJ 3[grados]). Vid. AJA, E., <<Comentario de la STC 137/1989, de 20 de julio (colaboracion entre Galicia y Dinamarca)>>, en AA.VV., La celebracion de Tratados Internacionales por Espana: problemas actuales, BOE, Madrid, 1990, pp. 154-166; y la nota de PEREZ GONZALEZ, M., en R.E.D.I., vol. 42, no. 1 (1990), pp. 198-209.

(86) En la misma STC 137/1989, el voto particular discrepante de cuatro magistrados consideraba este <<'comunicado de colaboracion' de ayuda tecnica>> como expresivo de <<una accion instrumental realizada en el ambito de la contratacion administrativa, resultando muy desproporcionado y perturbador configurarlo como un tratado, convenio o pacto internacional en el que este presente el ejercicio de la soberania o afeccion de la politica exterior del Estado>>; y vease tambien Gonzalez Campos, J.D., cit., 2005, p. 515.

(87) Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 19 de diciembre de 1978 en el caso de la Plataforma continental del Mar Egeo (Grecia c. Turquia), ICJ Reports 1978, p. 39, para. 96.

(88) Gonzalez Campos, J.D., <<Algunas referencias a la costumbre y los tratados internacionales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional>>, en El Derecho Internacional: normas, hechos y valores. Liber amicorum Jose Antonio Pastor Ridruejo, UCM, Madrid, 2005, pp. 515-516.

(89) STC 165/1994, de 26 de mayo, fundamento juridico 5[grados]. Vease la nota sobre esta sentencia de Fernandez de Casadevante Romani, C., en R.E.D.I., vol. 46, no. 2 (1994), pp. 718-723.

(90) STC 165/1994, de 26 de mayo, fundamento juridico 6[grados]. Vid. Sanchez Rodriguez, L.I., cit., 2005, p. 694.

(91) Asi por ejemplo lease la STC 58/1982, de 27 de julio (FJ 4[grados]), que desestimaba el conflicto de competencias promovido por el Gobierno frente al articulo 21.2 de la Ley de Patrimonio de la Generalidad de Cataluna, de 7 de diciembre de 1981, que preveia la posibilidad de realizar cesiones de bienes de utilidad publica <<a los Estados extranjeros, para actividades culturales, de acuerdo con los Tratados o Convenios firmados por Espana>>. Como declara el Tribunal, dicho precepto no <<habilita, sin embargo, a la Generalidad para resolver por si sobre estas cesiones, sino solo de acuerdo con los tratados o convenios, de tal modo que seran estos los que en concreto haran posible estas cesiones y sus finalidades y condiciones>> (ibid.).

(92) STC 80/1993, de 8 de marzo, fundamento juridico 3[grados]. Vid. Sanchez Rodriguez, L.I., cit., 2005, p. 693; o la STC 153/1989, de 5 de octubre--FJ 8[grados]--, sobre un conflicto de competencias promovido por la Generalidad catalana frente a una Orden del Ministerio de Presidencia reguladora de la coproduccion cinematografica; y la nota de PEREZ GONZALEZ, M., en R.E.D.I., vol. 42 (1990), pp. 533-547.

(93) STC 153/1989, de 5 de octubre de 1989, fundamento juridico 8; y vease Gutierrez Espada C.; CERVELL HORTAL, M.J., op. cit., 2012, pp. 281-282. No obstante, la Comunidad Autonoma tampoco puede recurrir a conceptos de Derecho internacional con la pretension de expandir sus competencias frente al Estado: asi, por ejemplo, y con referencia a la Ley 12/2007, el gobierno canario interpuso un recurso de inconstitucionalidad al entender que el otorgamiento de autorizaciones de explotacion y permisos de investigacion es una competencia ejecutiva de la Comunidad Autonoma, acudiendo, entre otros argumentos, al concepto de archipielago contenido en el Derecho internacional--art. 46.b de la Convencion de Jamaica de 1982--. Pero el TC desestimo el recurso canario, entre otras razones, porque debia descartarse <<la utilizacion de un concepto propio del Derecho internacional en un ambito absolutamente ajeno al mismo como es, en definitiva, la distribucion de competencias entre Estado y Comunidades Autonomas... La soberania del Estado ribereno se extiende mas alla de su territorio y de sus aguas interiores... a la franja de mar adyacente designada con el nombre de mar territorial>>--STC 8/2013, de 17 de enero (FJ 7[grados])--. Vid. Garrido Munoz, A., <<Cronica sobre la aplicacion judicial del Derecho Internacional Publico en Espana>>, en REEI, no. 25 (2013), pp. 9-10.

(94) SSTC 79/1992, de 28 de mayo (FJ 1); 165/1994, de 26 de mayo (FJ 4[grados]); 252/1988, de 20 de diciembre [comentada por Casanovas y la Rosa, O., <<La competencia de las Comunidades Autonomas en la aplicacion del Derecho Comunitario Europeo (Comentario a la sentencia 252/1988, de 20 de diciembre, del Tribunal Constitucional)>>, RIE, vol. 16, no. 1 (1989), pp. 767788]; 132/1989, de 18 de julio (con comentario de Catalina, J.I., en R.E.D.I., vol. 42 [1990], pp. 589-593); y 236/1991, de 12 de diciembre. Vid. Andres Saenz de Santa Maria, P., <<En pos de la relevancia constitucional del Derecho Comunitario (una vision desde la labor de un magistrado)>>, en Pacis Artes. Obra homenaje al profesor Julio D. Gonzalez Campos, vol. 1, UAMEurolex, Madrid, 2005, p. 890 y ss.; y tambien Sanchez Legido, A., <<Las relaciones entre el Derecho comunitario y el Derecho interno en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional>>, R.E.D.C., ano 11, no. 33 (1991), pp. 175-210.

(95) En espera de la Ley espanola sobre Tratados, que, en el momento de galeradas de este articulo (finales de noviembre de 2013), se encuentra en fase de Proyecto.

(96) Vease Fernandez Tomas, A., <<La valida celebracion y la incorporacion de los tratados en la jurisprudencia constitucional espanola>>, en Hacia un nuevo orden internacional y europeo. Estudios en homenaje al Profesor Manuel Diez de Velasco, Tecnos, Madrid, 1993, pp. 341-359.

(97) Vease en este sentido por ejemplo el ATC 114/1991, de 11 de abril, relativo a un Canje de notas hispano-aleman del Protocolo adicional al Convenio Europeo de Extradicion de 1978 (FJ 4).

(98) Asi, por ejemplo, <<se entiende por 'parte' un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado esta en vigor>> (art. 2.1.g. de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados). Este concepto ha sido recogido por ejemplo en las SSTC 58/1982, de 27 de julio (FJ 4[grados]); 140/1995, de 28 de septiembre (FJ 4[grados]); 21/1997, de 10 de febrero de 1997 (FJ 3[grados]); y 40/1998, de 19 de febrero de 1998 (FJ 4[grados]). Y en cuanto a la exigencia de la entrada en vigor internacional de un tratado para aplicarlo en Espana, la STC 57/1982, de 27 de julio, rechazo una argumentacion del Gobierno Vasco fundada en algunos tratados internacionales porque <<los Convenios Internacionales citados por el Gobierno Vasco no son de aplicacion para interpretar el derecho a la negociacion colectiva--articulo 37 de la Constitucion--, ya que el Convenio 151 de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) no ha sido ratificado por Espana>> (FJ 10[grados]). Vid. Gonzalez Campos, J.D., loc. cit., 2005, p. 518.

(99) STC 38/1981, de 23 de noviembre (FJ 4[grados]), pues en este caso se trataba de clausulas self-executing, y por ejemplo la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 22 de abril de 2010. Vid. PANIAGUA REDONDO, R., <<La recepcion, publicacion y rango normativo de los tratados internacionales en el ordenamiento juridico espanol>>, Revista Juridica de Cataluna, vol. 90, no. 4 (1991), p. 925.

(100) Asi por ejemplo veanse, entre otras muchas, las SSTC 38/2007 de 15 de febrero, y 80/2007 de 19 de abril, la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 28 de junio de 2006, o la sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 3 de mayo de 2007, y SANTOS Vara, J., <<Cronica sobre la aplicacion judicial del Derecho internacional publico en Espana>>, en REEI, no. 14 (2007), pp. 2-4.

(101) En esta direccion veanse Remiro BROTONS, A., <<De los Tratados Internacionales (arts. 93-96 de la Constitucion)>>, en O. AlZAGA VlLLAAMIL (ed.), Comentarios a la Constitucion espanola de 1978, vol. VII, Cortes Generales/EDERSA, Madrid, 1998, pp. 491-651; Cardona Llorens, J., <<Los tratados internacionales como fuente directa del ordenamiento juridico en el articulo 96 de la Constitucion Espanola>>, en Estudios en Homenaje al Profesor Diego Sevilla Andres. Historia, Politica y Derecho, tomo I, Universidad de Valencia, Valencia, 1984, pp. 207-220; SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I., <<Los tratados internacionales como fuente del ordenamiento juridico espanol>>, en Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz 1984, pp. 139-189; Paniagua Redondo, R., <<La recepcion, publicacion y rango normativo de los tratados internacionales en el ordenamiento juridico espanol>>, Revista Juridica de Cataluna, vol. 90, no. 4 (1991), pp. 921-951; Sobrino Heredia, J.M., <<La reception et la place dans l'ordre juridique espagnol des normes conventionnelles internationales et des actes normatifs des organisations internationales>>, Revue francaise de Droit administrate, vol. 6, no. 6 (1990), pp. 965-968; Arroyo Lara, E., <<Consideraciones sobre el alcance y contenido del articulo 96.1 <<in fine>> de la Constitucion espanola>>, R.E.D.I., vol. 39, no. 2 (1987), pp. 405-421. Y vease tambien ARROYO LARA, E.; Perez Gil, L.V., <<La aplicacion constitucional preferente del Derecho internacional>>, en Estudios Internacionales (Chile), no. 163 (2009), pp. 63-82.

(102) DTC 1/1992, de 1 de julio, fundamento juridico 4[grados].

(103) Ibid. Vid. Gonzalez Campos, J.D., <<Algunas referencias a la costumbre y los tratados internacionales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional>>, en El Derecho Internacional: normas, hechos y valores. Liber amicorum Jose Antonio Pastor Ridruejo, UCM, Madrid, 2005, p. 527.

(104) De hecho, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha consagrado desde hace mucho tiempo la prevalencia de las disposiciones internacionales convencionales sobre la legislacion interna espanola. Vease por ejemplo la STS (Sala de lo Penal) de 22 de junio de 1934, acerca de la superioridad de los tratados de extradicion sobre las leyes espanolas, de acuerdo con lo que rezaba el articulo 65 de la Constitucion republicana de 1931: <<No podra dictarse ley alguna en contradiccion con dichos Convenios, si no hubieran sido previamente denunciados conforme al procedimiento en ellos establecido>>; o las SSTS (Sala 4a) de 2 de octubre de 1948, 17 de diciembre de 1968, 27 de febrero de 1970 o de 8 de febrero de 1974 (esta ultima con nota de SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I., en R.E.D.I., vol. 29 (1976), pp. 476-480); y tras la Constitucion de 1978 se ha mantenido la misma doctrina: asi por ejemplo pueden verse las SSTS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 30 de septiembre de 1982 (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 31 de octubre de 1983 (Sala de lo Civil) de 22 de mayo de 1989, y (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 28 de junio de 2006; y la sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 18 de mayo de 2006 (FJ 5).

(105) STC 11/1985, de 30 de enero de 1985, fundamento juridico 4[grados].

(106) Asi por ejemplo, en un litigio en el que se planteaba una posible contradiccion entre una ley interna (Estatuto de los Trabajadores) y un tratado anterior (Convenio hispano-frances de cooperacion cultural, cientifica y tecnica de 1969), el TC decidio que <<supuesta la validez--de conformidad con la legislacion vigente en su momento--del Convenio cuestionado, lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores sobre Comites de Empresa no le afecta, puesto que la modificacion, derogacion o suspension del art. XVI del Convenio solo puede producirse en la forma prevista en el Convenio o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional, pero no por una Ley interna>> --ATC 740/1984, de 28 de noviembre--. Este rango supralegal de los tratados tambien debe ser respetado por las Comunidades Autonomas, que pueden tener competencias de desarrollo legislativo y de ejecucion en diversas materias, pero <<con respeto a los convenios y acuerdos internacionales suscritos por el Estado espanol y a las normas del Derecho de la Comunidad Europea que sean aplicables>>--STC 56/1989, de 16 de marzo, FJ 5--. Vease tambien el contenido de la competencia exclusiva estatal en materia de pesca maritima ex articulo 149.1.19 CE en la STC 9/2001, de 18 de enero, con comentario de JARILLO Aldeanueva A., en R.E.D.I., vol. 54, no. 1 (2002), pp. 288-292.

(107) Veanse las SSTS (Sala 4a) de 27 de febrero de 1970 (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 30 de septiembre de 1982, y (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 7 de julio de 1995, que aplicaba un convenio hispano-dominicano de cooperacion cultural y educativa de 1953, afirmando asi los principios de supralegalidad de los tratados y de recepcion directa e inmediata de los mismos en el orden interno espanol, sin necesidad de transformacion alguna (FJ 1)--SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I., cit., 1984, p. 155; SORIANO, J-E., cit., 1986, p. 110--; y las SSTS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 13, 14, 17 y 24 de julio de 1995, que aplican un convenio hispano-argentino de cooperacion cultural de 1971 para la homologacion de titulos universitarios de Odontologia. Por el contrario, la STS (Sala 3 a) de 14 de noviembre de 1974, negaba a los tratados el caracter de fuente directa del ordenamiento juridico, que solo habian adquirido despues de la Ley de Bases de 17 de marzo de 1973 para la modificacion del Titulo Preliminar del Codigo Civil, al incorporar el actual articulo 1.5 a dicho Codigo (BOE no. 163, de 9 de julio de 1974).

(108) STC 28/1991, de 14 de febrero, fundamento juridico 5[grados]. En este mismo sentido tambien se expresaron las SSTC 49/1988, de 22 de marzo (FJ 14[grados]); 142/1993, de 23 de abril (FJ 3)--con nota de Fernandez Perez, B., en R.E.D.I., vol. 46, no. 1 (1994), pp. 209-210--; y 37/1994, de 10 de febrero (FJ 2). Vid. ANDRES SAENZ DE SANTA Maria, P., <<En pos de la relevancia constitucional del Derecho Comunitario (una vision desde la labor de un magistrado)>>, en Pacis Artes. Obra homenaje al profesor Julio D. Gonzalez Campos, vol. 1, UAM-Eurolex, Madrid, 2005, pp. 865-866, quien critica, por inadecuada, la expresion de <<conflicto de normas infraconstitucionales>> para proclamar la irrelevancia constitucional del conflicto entre ley nacional y norma comunitaria (p. 869), critica ya realizada tambien por Mangas Martin, A., cit., 1991, p. 618.

(109) STC 235/2000, de 5 de octubre, fundamento juridico 11. Asi por ejemplo, en un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 31/1985, de normas basicas sobre organos rectores de las Cajas de Ahorro, porque, segun la parte actora, vulneraba el articulo 96.1 CE al ser incompatible con el Acuerdo entre Espana y la Santa Sede sobre asuntos juridicos de 1979, el Tribunal Constitucional declaro que <<el examen de esa supuesta contradiccion no corresponde a este Tribunal y no procede, por tanto, entrar en el fondo de este motivo alegado por los recurrentes, ya que no puede considerarse vulnerado el art. 96.1 de la Constitucion>>--STC 49/1988, de 22 de marzo, fundamento juridico 14[grados]--. Esta doctrina jurisprudencial ha sido seguida posteriormente por el TC en diversas sentencias, como la 47/1990, de 20 de marzo (FJ 8[grados]); 28/1991, de 14 de febrero (FJ 5); o la 254/1993, de 20 de julio (FJ 5).

(110) ATC 994/1988, de 12 de septiembre, fundamento juridico 2[grados]; y los ATC 523/1988, de 9 de mayo (FJ 1); y 795/1988, de 20 de junio (FJ 2), asi como la STC 221/1988, de 24 de noviembre (FJ 3[grados]). Sin embargo, en anos anteriores el Tribunal Constitucional si se habia aventurado a interpretar algunos tratados internacionales, como los acuerdos entre Espana y la Santa Sede de 1979 --SSTC 24/1982, de 13 de mayo; y 93/1983, de 8 de noviembre--o el Convenio de extradicion entre Espana y Estados Unidos de 1970--STC 11/1983, de 21 de febrero--.

(111) STC 180/1993, de 31 de mayo, fundamento juridico 4[grados]; y tambien las SSTC 50/1984, de 5 de abril (FJ 3[grados]); 23/1987, de 23 de febrero (FJ 3[grados]); 90/1990, de 23 de mayo (FJ 4[grados]); y el ATC 254/1982, de 22 de julio (FJ 3[grados]). Vid. Andres Saenz de Santa Maria, P., cit., 2005, p. 868.

(112) Asi por ejemplo, en un caso procesal, el Tribunal Constitucional fue llamado a examinar la interpretacion que la jurisdiccion ordinaria habia realizado de una clausula del Convenio de 1961 sobre relaciones diplomaticas (art. 31.1.a), declarando que <<se interpreta, como es obligado por su caracter de norma convencional internacional, de acuerdo a las <<reglas de interpretacion de los tratados>> contenidas en los arts. 31 a 33 del Convenio sobre el Derecho de los Tratados, hecho en Viena el 23 de mayo de 1969, en el que Espana es parte>>--STC 140/1995, de 28 de septiembre, FJ 4[grados]--; y el comentario a esta sentencia de SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I., en <<Inmunidad de jurisdiccion civil de los agentes diplomaticos en Espana versus tutela judicial efectiva. A proposito de una sentencia de nuestro Tribunal Constitucional>>, Derecho Privado y Constitucion, no. 9, 1996, pp. 365-385. Veanse en general Moyano Bonilla, C., La interpretacion de los tratados internacionales, Montevideo, 1985; FERNANDEZ DE CASADEVANTE Romani, C., La interpretacion de las normas internacionales, Aranzadi, Pamplona, 1996; GONZALEZ Campos, J.D., cit., 2005, pp. 530-531.

(113) STC 53/1985, de 11 de abril de 1985--FJ 6[grados]--.

(114) Asi, la STC 53/1985, de 11 de abril de 1985, senalaba en su fundamento juridico 6 que <<si bien el Tribunal de Derechos Humanos no ha tenido ocasion de pronunciarse sobre este extremo, la Comision Europea de Derechos Humanos, en su funcion relativa a la admision de demandas, si lo ha hecho en relacion con el articulo 2.[grados] del Convenio en el asunto 8416/1979, en su decision de 13 de mayo de 1980, poniendo de manifiesto por lo que se refiere a la expresion everyone o toute personne de los textos autenticos que, aun cuando no aparece definida en el Convenio, la utilizacion que de dicha expresion se hace en el mismo y en el contexto dentro del cual se emplea en el mencionado articulo 2.[grados] lleva a sostener que se refiere a las personas ya nacidas y no es aplicable al nasciturus>>.

(115) Veanse en general sobre esta materia en la doctrina iusinternacionalista espanola DIAZ BARRADO, C., Reservas a la Convencion sobre Tratados entre Estados, Tecnos, Madrid, 1991; QUEl LOPEZ, F.J., Las reservas a los tratados internacionales, UPV Bilbao, 1991; CHUECA SANCHO, A., Las reservas a los tratados de derechos humanos, Ministerio de Justicia, Madrid, 1992; BONET I PEREZ, J., Las reservas a los tratados internacionales, Bosch, Barcelona, 1996; Riquelme CORTADO, R., Las reservas a los tratados, Universidad de Murcia, Murcia, 2004. Y en la jurisprudencia ordinaria vease, ad exemplum, la STS (Sala de lo Militar) de 19 de enero de 2009.

(116) STC 57/1982, de 27 de julio, fundamento juridico 10[grados]. Espana se incorporo a dicho tratado mediante Instrumento de Ratificacion de 29 de abril de 1980 (BOE no. 153, de 26 de junio de 1980, p. 14533), en el que se senala que nuestro pais <<interpretara y aplicara los articulos 5 y 6 de la Carta Social Europea, en relacion con el articulo 31 y el anexo a la Carta, de manera que sus disposiciones sean compatibles con las de los articulos 28, 37, 103.3 y 127 de la Constitucion espanola>>.

(117) El Tribunal Constitucional se referia a la STEDH de 8 de junio de 1976, caso Engel y otros c. Paises Bajos.

(118) STC 21/1981, de 15 de junio, fundamento juridico 9[grados]. Vease tambien en esta materia RIPOL CARULLA, S., <<La justicia militar espanola ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos>>, R.E.D.M., no. 89 (2007), pp. 15-48.

(119) STC 21/1981, de 15 de junio, fundamento juridico 10[grados].

(120) De ahi que, <<una vez aprobada la Constitucion, el regimen disciplinario militar ha de incorporar este sistema de valores y, en consecuencia, en aquellos casos en que la sancion disciplinaria conlleva una privacion de libertad, el procedimiento disciplinario legalmente establecido ha de responder a los principios que dentro del ambito penal determinan el contenido basico del derecho a la defensa, de modo que este derecho no se convierta en una mera formalidad produciendose, en definitiva, indefension>>. Ibid. En este mismo sentido se pronunciaria de nuevo el Tribunal Constitucional en su sentencia 44/1983, de 24 de mayo, fundamento juridico 1[grados].

(121) Articulos 96.1 CE y 1.5 del Codigo Civil, asi como de forma especifica en esta cuestion <<el art. 32.2 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, sobre la ordenacion de la actividad de la Administracion del Estado en materia de Tratados Internacionales, obliga a que la retirada de las reservas formuladas por otros Estados a los Tratados multilaterales en que Espana sea parte, sea publicada en el Boletin Oficial del Estado>>--STC 141/1998, de 29 de junio, fundamento juridico 6--. Vease el comentario de esta sentencia de GONZALEZ Vega, J.A., en R.E.D.I., vol. 51, no. 2 (1999), pp. 593-598.

(122) STC 141/1998, de 29 de junio, fundamento juridico 6[grados]; en este mismo sentido de que una decision judicial desfavorable para un particular (por ejemplo, una decision de extradicion) no puede basarse en la retirada de una reserva a un tratado multilateral que no haya sido publicada previamente en Espana, pues con ello se vulnerarian sus derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantias (art. 24.1 y 2 CE), vease tambien la STC 292/2005, de 10 de noviembre, fundamentos juridicos 4[grados], 5[grados] y 6[grados].

(123) Cfr. SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I., <<Un tiempo para juzgar: el Derecho Internacional Publico en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (1992-2001)>>, en Pacis Artes. Obra homenaje al profesor Julio D. Gonzalez Campos, tomo I, UAM-Eurolex, Madrid, 2005, p. 700.

(124) Articulo 78.1 de la Ley Organica del Tribunal Constitucional (LOTC). Con respecto a los tratados multilaterales ya en vigor a los que Espana quiera adherirse, el momento procesal oportuno para requerir el control previo de constitucionalidad seria justo antes de manifestar el consentimiento en obligarse por ese tratado. Vid. PANIAGUA Redondo, R., <<La recepcion, publicacion y rango normativo de los tratados internacionales en el ordenamiento juridico espanol>>, Revista Juridica de Cataluna, vol. 90, no. 4 (1991), p. 943.

(125) Articulo 27.2.c. de la Ley Organica del Tribunal Constitucional (LOTC).

(126) Remiro Brotons, A., <<La constitucionalidad de los tratados internacionales y su control por el Tribunal Constitucional>>, en AA.VV., El Tribunal Constitucional, vol. III, Direccion General de lo Contencioso del Estado, Madrid, 1981, p. 2239 y ss. Como indica este autor, ese control preventivo es necesariamente abstracto, previo requerimiento realizado facultativamente por el Gobierno o cualquiera de las Camaras Legislativas con efectos suspensivos en el proceso formativo de la voluntad del Estado en obligarse por el tratado. La posterior declaracion del Tribunal es vinculante (art. 78.2 in fine LOTC). Sobre el proceso constituyente de finales de los anos setenta que articulo este control preventivo de constitucionalidad de los tratados vease del mismo autor el siguiente articulo: <<Controles preventivos y reparadores de la constitucionalidad intrinseca de los tratados internacionales>>, Revista de Derecho Politico (UNED), no. 16 (19821983), pp. 109-141, en p. 116 y ss.

(127) DTC 1/1992, de 1 de julio, fundamento juridico 1[grados]; y DTC 1/2004, de 13 de diciembre, fundamento juridico 1[grados].

(128) DTC 1/1992, de 1 de julio, fundamento juridico 2[grados].

(129) Ibid., fundamento juridico 1[grados]; y DTC 1/2004, de 13 de diciembre, fundamento juridico 1[grados], pues, a la funcion jurisdiccional propia del Tribunal Constitucional, <<se le anade, en virtud de su ejercicio preventivo, una dimension cautelar al servicio de la salvaguardia de la responsabilidad internacional del Estado>>.

(130) DTC 1/1992, de 1 de julio, fundamento juridico 1[grados]. Como senalo el Tribunal Constitucional, <<su examen debe cenirse... al contraste entre la Constitucion, en cualquiera de sus enunciados, y la estipulacion o estipulaciones del tratado que hayan sido sometidas a control previo, pues el art. 95.1 de aquella ha reservado en exclusiva al Gobierno y a una u otra de ambas Camaras la facultad de formular esta duda de constitucionalidad, cuyo planteamiento y elucidacion ex oficio no le corresponde, por tanto, al Tribunal, el cual, al igual que en los demas procedimientos, carece de iniciativa... Ello sin perjuicio de que este Tribunal pueda solicitar nuevas informaciones y aclaraciones o ampliaciones de conformidad con el art. 78.3 de la LOTC>> (ibid.).

(131) GONZALEZ Campos, J.D., <<Algunas referencias a la costumbre y los tratados internacionales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional>>, en El Derecho Internacional: normas, hechos y valores. Liber amicorum Jose Antonio Pastor Ridruejo, UCM, Madrid, 2005, p. 522.

(132) Fallo de la DTC 1/1992, de 1 de julio. En este mismo contexto, tambien en Francia el Consejo Constitucional afirmaria que si un tratado internacional contiene una clausula contraria a la Constitucion o afecta al ejercicio de la soberania nacional, la autorizacion para ratificarlo exige una revision constitucional--Decision no. 92-308 DC de 9 de abril de 1992, y su posterior Decision no. 97-394 DC de 31 de diciembre de 1997, en relacion con el Tratado de Amsterdam--.

(133) El requerimiento del Gobierno fue adoptado por el Consejo de Ministros de 5 de noviembre de 2004, y previamente el Consejo de Estado habia emitido un dictamen el 21 de octubre de ese ano, previa consulta preceptiva del Gobierno con arreglo al articulo 22.1 de la Ley Organica del Consejo de Estado (LOCE).

(134) El citado articulo I-6 del Tratado constitucional europeo disponia lo siguiente: <<La Constitucion y el Derecho adoptado por las instituciones de la Union en el ejercicio de las competencias que se le atribuyen a esta primaran sobre el Derecho de los Estados miembros>>. En su dictamen, el Consejo de Estado habia senalado que <<el Tratado [constitucional] eleva a norma de la Constitucion para Europa la primacia del Derecho Comunitario. Dicho principio, que se ha calificado como una <<exigencia existencial>> de tal Derecho, como se sabe, es fruto de la construccion jurisprudencial del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a partir de la Sentencia de 15 de julio de 1964 (Costa c. ENEL) y desarrollado en pronunciamientos posteriores, las SSTJCE de 14 de diciembre de 1971 (Politi), 13 de julio de 1972 (Comision c. Italia) y 9 de marzo de 1978 (Simmenthal), entre otras muchas, y significa que cualquier norma del Derecho Comunitario, no solo del primario, sino tambien del derivado, prevalece sobre las normas de Derecho interno, cualquiera que sea el rango de estas, incluido el constitucional. Opera, pues, contra cualquier fuente, ya sea anterior o posterior al Derecho comunitario y respecto tanto de los organos jurisdiccionales como del resto de los organos del Estado>>. Dicho esto, el Consejo de Estado planteo la posible existencia de una contradiccion entre el tratado y la norma constitucional y, por ello, recomendo al Gobierno solicitar al Tribunal Constitucional una declaracion resolutiva.

(135) Declaracion del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre, fundamento juridico 3[grados].

(136) Ibidem.

(137) DTC 1/2004, de 13 de diciembre, fundamento juridico 3[grados].

(138) DTC 1/2004, de 13 de diciembre, fundamento juridico 3[grados]: <<la primacia opera... respecto de competencias cedidas a la Union por voluntad soberana del Estado y tambien soberanamente recuperables a traves del procedimiento de 'retirada voluntaria' previsto en el articulo I-60 del Tratado>>, de modo que <<el nuevo Tratado no altera sustancialmente la situacion creada tras nuestra adhesion a las Comunidades y, si acaso, la simplifica y reordena en terminos que hacen mas preciso el alcance de la cesion del ejercicio de competencias verificada por Espana. Pero, sobre todo, se advierte que las competencias cuyo ejercicio se transfiere a la Union Europea no podrian, sin quiebra del propio Tratado, servir de fundamento para la produccion de normas comunitarias cuyo contenido fuera contrario a valores, principios o derechos fundamentales de nuestra Constitucion>>.

(139) Desde la adhesion de Espana a las Comunidades Europeas en 1986 <<se integro en el Ordenamiento espanol un sistema normativo autonomo, dotado de un regimen de aplicabilidad especifico, basado en el principio de prevalencia de sus disposiciones propias frente a cualesquiera del orden interno con las que pudieran entrar en contradiccion. Ese principio de primacia, de construccion jurisprudencial, formaba parte del acervo comunitario incorporado en virtud de la Ley Organica 10/1985, de 2 de agosto, de autorizacion para la adhesion de Espana a las Comunidades Europeas, pues se remonta a la doctrina iniciada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades con la Sentencia de 15 de julio de 1964 (Costa contra ENEL)>>--DTC 1/2004, de 13 de diciembre, FJ 4[grados]--; y la jurisprudencia espanola ha reconocido de forma pacifica la primacia del Derecho Comunitario europeo (hoy Derecho de la UE) sobre el interno en el ambito de las <<competencias derivadas de la Constitucion>>, cuyo ejercicio Espana atribuyo a las instituciones comunitarias sobre la base del articulo 93 CE. Veanse a este respecto las SSTC 28/1991, de 14 de febrero (FJ 6[grados]); 64/1991, de 22 de marzo (FJ 4[grados]a.)--con nota de ANDRES SAENZ DE SANTA Maria, P., en R.E.D.I., vol. 43, no. 2 (1991), pp. 454-459--; 130/1995, de 11 de septiembre (FJ 4[grados])--con comentario de Fernandez PEREZ, B., en R.E.D.I., vol. 48, no. 2 (1996), pp. 213-221--; 45/1996, de 25 de marzo (FJ 6[grados]); 120/1998, de 15 de junio (FJ 4[grados]); y 58/2004, de 19 de abril (FJ 10[grados]); asi como la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 24 de abril de 1990 (FJ 4[grados]). Vid. Andres Saenz de Santa Maria, P., cit., 2005, p. 867.

(140) Tal y como afirma el TC, la supremacia de la Constitucion en el ordenamiento juridico interno no es proclamada expresamente en su articulado pero se deriva implicitamente del enunciado de muchos de sus preceptos, como sus articulos 1.2, 9.1, 95, 161, 163, 167, 168 y disposicion derogatoria, y es consustancial a su condicion de norma fundamental. Esa supremacia o rango superior de la Constitucion se predica frente a cualquier otra norma, y en particular con respecto a los tratados internacionales, tal y como habia indicado el propio Tribunal Constitucional anos antes en su Declaracion 1/1992 (FJ 1). <<Pues bien, la proclamacion de la primacia del Derecho de la Union por el art. I-6 del Tratado no contradice la supremacia de la Constitucion [espanola]>> -DTC 1/2004, de 13 de diciembre, fundamento juridico 4[grados]-.

(141) DTC 1/2004, de 13 de diciembre, fundamento juridico 4[grados]: <<La supremacia se sustenta en el caracter jerarquico superior de una norma y, por ello, es fuente de validez de las que le estan infraordenadas, con la consecuencia, pues, de la invalidez de estas si contravienen lo dispuesto imperativamente en aquella. La primacia, en cambio, no se sustenta necesariamente en la jerarquia, sino en la distincion entre ambitos de aplicacion de diferentes normas, en principio validas, de las cuales, sin embargo, una o unas de ellas tienen capacidad de desplazar a otras en virtud de su aplicacion preferente o prevalente debida a diferentes razones>>.

(142) Ibidem.

(143) El articulo 9.1 CE indica que <<los ciudadanos y los poderes publicos estan sujetos a la Constitucion y al resto del ordenamiento juridico>>.

(144) DTC 1/2004, de 13 de diciembre, fundamento juridico 6[grados]. La jurisprudencia constitucional espanola ya viene citando la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE desde su propia redaccion -STC 292/2000, de 30 de noviembre, fundamento juridico 8[grados]; y la STC 53/2002, de 27 de febrero, fundamento juridico 3[grados]-. En este mismo sentido vease LINAN NOGUERAS, D.J., <<El proyecto constitucional europeo y la interpretacion de derechos y libertades en la Constitucion espanola: ?una nueva dimension del art. 10.2[grados] CE?>>, en PacisArtes. Obra homenaje al profesor Julio D. Gonzalez Campos, vol. 1, UAM-Eurolex, Madrid, 2005, p. 946.

(145) DTC 1/2004, de 13 de diciembre, fundamentos juridicos 7[grados] y 8[grados].

(146) Sobre como el proceso constituyente gesto este control a posteriori de la constitucionalidad de los tratados vease Remiro BROTONS, A., <<La constitucionalidad de los tratados internacionales y su control por el Tribunal Constitucional>>, en AA.VV., El Tribunal Constitucional, vol. III, Direccion General de lo Contencioso del Estado, Madrid, 1981, pp. 2249-2255; y acerca del modo en el que la LOTC desarrolla el citado control a traves de las vias del recurso de inconstitucionalidad y de la cuestion de inconstitucionalidad vease ibid., pp. 2255-2261. No obstante, este autor se ha mostrado critico con la instauracion de un control de constitucionalidad de este tipo, cuando el Estado ha manifestado su consentimiento, y, particularmente, cuando el tratado ya ha entrado en vigor internacionalmente (pp. 2249-2250 y 2260-2261). Tambien pueden leerse del mismo autor, <<Controles preventivos y reparadores de la constitucionalidad intrinseca de los tratados internacionales>>, Revista de Derecho Politico (UNED), no. 16 (19821983), pp. 127-141; y Derecho Internacional Publico. 2. Derecho de los Tratados, Tecnos, Madrid, 1987, pp. 137-140.

(147) BOE no. 306, de 23 de diciembre de 1969, pp. 19936-19938.

(148) ATC 740/1984, de 28 de noviembre, fundamento juridico unico.

(149) Tal y como recordo el TC, <<la Ley no configura al Comite de Empresa como una institucion universal existente en todo supuesto como derecho de todos los trabajadores. Por el contrario, el Estatuto de los Trabajadores--en el momento en que se produjo el conflicto colectivo en el caso de autos--lo establece exclusivamente para las Empresas o centros de trabajo cuyo censo sea de 50 o mas trabajadores y no para las de censo inferior, y para los trabajadores fijos y no para los eventuales>>--ATC 740/1984, de 28 de noviembre, fundamento juridico unico--.

(150) Ibid. Anos despues, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluna llego a plantear en 1993 una cuestion de inconstitucionalidad con respecto a la misma disposicion convencional--Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna (Sala de lo Social) de 23 de junio de 1993, dictado en tramite de recurso de suplicacion en el procedimiento num. 558/1992 del Juzgado de lo Social no. 26 de Barcelona--, pero, comoquiera que en el intervalo anterior a que se pronunciara el TC los Gobiernos de Espana y Francia acordaron abrogar ese polemico articulo XVI de su Convenio de 1969--Canje de Notas de 30 de enero de 1996 entre los Gobiernos del Reino de Espana y de la Republica de Francia, por el que se adopto el Acuerdo constitutivo de abrogacion del articulo XVI del Convenio de cooperacion cultural, cientifica y tecnica de 1969 (BOE no. 271, de 12 de noviembre de 1997, pp. 32993-32994)--, el Tribunal Constitucional declaro terminado el proceso por desaparicion sobrevenida del objeto de la cuestion, dado que la norma cuestionada ya habia sido abrogada y no podia fundamentar ni la formulacion del recurso ni su resolucion --ATC 84/2001, de 24 de abril, fundamento juridico 6[grados] y fallo; con comentario de RODRIGUEZ Martin, E., en R.E.D.I., vol. 53, no. 1 y 2 (2001), p. 348--.

(151) Veanse la ya citada STC 66/1982, de 12 de noviembre; y el ATC 480/1989, de 2 de octubre.

(152) STC 66/1982, de 12 de noviembre, fundamento juridico 5[grados].

(153) Una solucion parcial apuntada hace anos por Eladio Arroyo Lara consistiria en que el TC se limitase a emitir una sentencia declarativa de inconstitucionalidad del tratado, pero sin declarar al tiempo su nulidad hasta que los organos del Estado espanol, mediante los procedimientos previstos en el Derecho internacional, instasen su derogacion, modificacion o suspension, aun a costa de infringir el rigido tenor literal del articulo 39.1 LOTC. Cfr. ARROYO Lara, E., <<Consideraciones sobre el alcance y contenido del articulo 96.1 in fine de la Constitucion espanola>>, R.E.D.I., vol. 39, no. 2 (1987), pp. 418-419.
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Title Annotation:p. 190-216
Author:Iglesias Velasco, Alfonso J.
Publication:Anuario Espanol de Derecho Internacional
Date:Jan 1, 2013
Words:21649
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