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PUBLIC SAFETY IS A HUMAN RIGHT WHICH MUST BE GUARANTEED FOR THE RULE OF LAW/LA SEGURIDAD PUBLICA ES UN DERECHO HUMANO QUE DEBE SER GARANTIZADO PARA QUE HAYA ESTADO DE DERECHO.

INTRODUCCION

En anteriores ocasiones hemos senalado la importancia de no confundir los significados de los terminos y caracteristicas asignados a la seguridad publica (3), desde un ejercicio critico a la postura expuesta por la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el sentido que el concepto de seguridad ciudadana es el mas adecuado para el abordaje de los problemas de criminalidad y violencia desde una perspectiva de derechos humanos, en lugar de los conceptos de seguridad publica, seguridad humana, seguridad interior u orden publico (4). Actualmente, la inseguridad vinculada a las violaciones de los derechos humanos de los mexicanos sigue en el centro de las discusiones y sigue en entredicho; hay que aceptar que este tema es un problema nacional. Las barreras al acceso a la justicia y la inoperancia en muchos casos, junto con la impunidad resultante, han debilitado el Estado de Derecho y constituyen desafios urgentes, afirma la CIDH (5). En ese contexto el Estado mexicano carece de instrumentos eficaces para resolver el problema de la inseguridad que hay en el pais.

En este trabajo optamos, desde el titulo, anadirle al sustantivo "seguridad" el adjetivo "publica". Con ello se quiere insistir en que la obligacion del Estado, de dar seguridad al ciudadano, es total. Por ello en el termino seguridad "publica" debe entenderse "todo" y este "todo" ni puede ser parcial (seguridad "nacional", "ciudadana" "privada", etc.), ni puede reducirse al aspecto reactivo que hace el Estado para atacar la violencia. Esa "totalidad" es un derecho humano que debe ser exigible y justiciable.

Sin falsos afanes de alegar encuadres epistemologicos sobre estos temas, si es licito repetir que una sociedad resuelve sus problemas con los "saberes" que construye, es decir, con los conocimientos que desarrolla sobre las areas donde aquellos se producen. Pero no raras veces, al tratar de resolver un problema, persiste la presencia de paradigmas anacronicos o se usa el paradigma equivocado y esto origina que un concepto tenga significados, a veces, aun contradictorios o incoherentes.

Por ejemplo, para construir la explicacion del fenomeno de "la caida de los cuerpos", durante muchos miles de anos se uso el paradigma mitico o el paradigma religioso (los cuerpos caen porque los dioses o Dios asi lo permite, se decia). Pero cuando se determino la velocidad de la caida de los cuerpos, usando otro paradigma, el empirico-racionalista, para construir la explicacion del mismo fenomeno, la caida de los cuerpos, no solo se explicaba de una forma nueva, sino que se probaba en cuanto tiempo caeria un cuerpo, aun teniendo masa diferente: habia un mismo fenomeno, pero las explicaciones se construian con paradigmas diferentes. Las consecuencias de esta nueva construccion de explicaciones cambio el mundo.

Tambien hemos senalado, en otros lugares, que hay "saberes" sobre hechos (informacion), "saberes" sobre "el porque de los fenomenos", o explicaciones; saberes sobre "la naturaleza de una cosa" y "saberes" referentes al "como" se adquieren dichos conocimientos, por ejemplo, los saberes que se refieren a "habilidades para hacer algo" (6). Es decir, en la "produccion de saberes" de esta area del conocimiento (la seguridad que el Estado ha de proporcionar al ciudadano) se confunde el objeto, la teoria y el paradigma epistemologico cuando se plantea la pregunta: que es la seguridad que el Estado puede brindar hoy al ciudadano, que por lo general, se entiende solamente con el termino "seguridad "publica". En Latinoamerica, es escasa la reflexion sobre la produccion de saberes de esta area del conocimiento.

Silva explica que cuando la seguridad se vincula al derecho penal, como medio de control social, la justificacion teorica se basa en la proteccion de los individuos y de sociedad de los llamados "delincuentes" y en su

afan de "disciplinar" a la sociedad civil con el "sistema de seguridad ciudadana" (7). Ademas, puntualiza que los academicos y defensores de esta postura centran su atencion en la sociedad y el Estado, no en el ser humano individual (delincuente, trasgresor, desviado), lo que se constituye en una variante del positivismo en version neoliberal; la predilecta para aplicar en los sistemas de gobierno (8). Respecto al concepto de seguridad ciudadana, para Carrion, Ponton y Armijos indican que en America Latina, suele vincularse en el diseno de politicas publicas, desde dos versiones explicitas: la represiva, que pone enfasis en las causas de la pena (lo teleologico), y la preventiva, que se sustenta en la necesidad de actuar sobre las causas del delito (la etiologia), que hoy tiene gran acogida discursiva-legitimadora, es decir, la primera se aplica con el discurso legitimador de la segunda (guerra preventiva, Policia preventiva) (9).

En este documento, "la seguridad como derecho humano que debe ser garantizado por el Estado" se constituye en el objeto de estudio. Partimos de los presupuestos planteados en el Programa Nacional de Prevencion Social de la Violencia y la Delincuencia (2014-2018), en los que se afirma que dicho programa se fundamenta en un enfoque de seguridad ciudadana:

"Su fundamento descansa en el enfoque de seguridad ciudadana, el cual privilegia la participacion ciudadana en la construccion de ambientes seguros mediante la prevencion, ademas de entender la seguridad como un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado y que, a su vez, debe ser coproducido por todos los actores sociales". (10)

En el 2011, la reforma al articulo 1. de la Constitucion mexicana se oriento al reconocimiento de los derechos humanos; es asi que la interpretacion de las normas relativas a los derechos humanos debe hacerse favoreciendo a las personas con la proteccion mas amplia. Entonces, el problema se plantea en relacion a lo expuesto en el Programa Nacional de Derechos Humanos (2014-2018) (11):

1. El marco normativo sienta las bases del reconocimiento de los derechos y de la gestion publica. Sin embargo, la existencia del mismo no es suficiente para prevenir violaciones a los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] ha senalado que la legislacion no debe transformarse en una mera formalidad distanciada de la realidad.

2. A pesar de que existen diversos mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos, los cuales deben ser complementarios, en la practica se percibe que estos funcionan de manera aislada. Ademas, no existe una difusion pertinente de los mismos, ni un monitoreo y evaluacion integral. Para Alexy, una norma de derecho fundamental, segun su estructura puede ser principio o regla. Los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades juridicas existentes: son "mandatos de optimizacion". Siguiendo la linea expuesta por Zarate en su analisis critico, las reglas son normas que solo pueden ser cumplidas o no. Pero si una regla es valida, entonces hay que hacer exactamente lo que ella exige. Por tanto, las reglas contienen determinaciones en el ambito de lo posible, tanto en lo factico como en lo juridico. La diferencia entre regla y principios no es de grado, sino cualitativa (12). En Mexico, los derechos humanos se encuentran reconocidos en la Carta Magna. Se trata de un mandato integral, no solamente porque esta dirigido a todas las autoridades, sino porque la obligacion abarca los diversos ambitos de la actuacion publica. Es un mandato para transformar el desempeno diario de las autoridades (13).

En razon de lo anterior, si en Mexico se reconoce que la existencia de la norma no es suficiente para prevenir violaciones de derechos humanos y que los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad funcionan de manera aislada, sin evaluacion integral, la pregunta que este documento intentamos resolver es la siguiente: ?La seguridad publica, como derecho humano, es un "mandato de optimizacion" o una regla?

Para responder a la pregunta planteada partimos, de la concepcion Alexiana de derechos fundamentales como "mandatos de optimizacion", y formulamos la hipotesis para resolver el problema planteado, mediante un silogismo hipotetico:

Si A es, B es

Y si B es, C es

Luego, A es C
Hipotesis   PREMISAS   A   Los derechos      Si los derechos
                           humnos            humanos reconocidos
                           reconocidos en    en la Constitucion,
                           la Constitucion   son derechos
                                             fundamentales
                                             positivados

                       B   Derechos          Si los derechos
                           fundamentales     fundamentales
                           positivados       positivados, son
                                             mandatos de
                                             optimizacion

                       C   Mandatos de       Luego, los derechos
                           optimizacion      humanos reconocidos
                                             en la Constitucion
                                             son mandatos de
                                             optimizacion


Al igual que hemos hecho en investigaciones anteriores, la metodologia empleada pretendio establecer la diferencia entre lo que es reproducir la informacion y lo que es pensar criticamente dicha informacion para no solo "dar cuenta de", sino "darse cuenta como accion con direccion", para posteriormente realizar un ejercicio de "visibilizacion" que permita el "develamiento" de las dinamicas que caracterizan los procesos estudiados, a fin de reconstruir, a partir de una postura critica, el re-planteamiento del significado del concepto de seguridad publica, mismo que no deber ser entendido solo como una funcion del Estado, que actue con respeto a los derechos humanos (en los terminos del actual concepto de seguridad publica), sino como el conjunto de derechos humanos que deben ser garantizados por el Estado.

El proposito de la metodologia aplicada para este documento, no fue discutir sobre Derecho Constitucional o Teoria del Derecho, ni sobre las posturas de los autores especialistas sobre estos temas identificados en la conformacion del estado del arte; tampoco fue profundizar o determinar cual es la mejor teoria constitucional relativa a los principios juridicos de entre las expuestas por Dworkin o Alexy, ni su particular argumentacion respecto de los derechos humanos; porque nuestro interes parte desde la construccion de argumentos de autores que no comparten la postura de los expertos antes mencionados. Buscamos favorecer el debate academico y cientifico mas alla del dogmatismo y la incapacidad de critica a nivel de conceptos, que crea una ceguera para innovar en el campo juridico entendido como un producto social, a fin de contribuir en eliminar la mimetizacion de lo que hasta este momento se ha entendido en relacion a la seguridad como sinonimo de seguridad publica y de los derechos humanos en Mexico,

No obstante, en el intento de dar respuesta y comprobar la hipotesis formulada, se generaron mas preguntas: Si el nucleo de la renovacion del sistema juridico son ahora los derechos humanos, ?como sera posible su realizacion: con mejores economias o tecnologias o con politicas sociales que produzcan desarrollo humano o desarrollo sostenible? Y, sobre todo ?que origina hoy, en Mexico, el crimen y la violencia: la falta de mecanismos del Estado para proteger los derechos o la desigualdad causada por la falta de dichos mecanismos?

Para dar respuestas a las preguntas anteriores, no basta el intercambio de ideas a nivel academico y cientifico; muestra de ello es que los enfoques y rumbos juridicos propuestos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], al crear el termino "desarrollo humano" (14), cuyo nucleo son los derechos humanos, al fijar las tres necesidades esenciales del ser humano: salud, educacion e ingreso suficiente para vivir dignamente, no han dado los resultados esperados. Desde esta vision las prioridades eran la lucha contra la pobreza y la disminucion de la desigualdad. Incluso, la evolucion al concepto de "desarrollo sostenible" se ha planeado hasta el 2030, a traves de una agenda compuesta de 17 objetivos y 169 metas de caracter integrado, indivisible y que conjugan las tres dimensiones: economica, social y ambiental. La Agenda 2030 pretende sustituir los fallidos Objetivos del Milenio, tiene por objeto fortalecer la paz dentro de un concepto mas amplio de libertad y erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones (15).

Sin embargo, ya sea que se utilice el termino "desarrollo humano" o "desarrollo sostenible", desarrollo implica distribucion equitativa de los beneficios, porque la igualdad no se refiere solo a igualdad en terminos materiales o economicos, tambien se refiere a igualdad de derechos.

Un segundo paso hara ver el complejo entrelazamiento de significados con los que se ha forjado el concepto de Estado. Hay elementos surgidos de lo que entendian los "pobres" de la revolucion francesa (citoyens;) y otros que provienen de lo que sostenian los "teoricos" de ella (burgeoises), quienes apoyaron la clase burocratica del Estado liberal, durante el siglo XIX y XX. Ambos coincidian en que la meta de la nueva estructura del Estado deberia ser la proteccion de la libertad humana, soportada en el bienestar y la dignidad de todas las personas. Esto constituiria el respeto por si mismos y el respeto por los demas. Y estos elementos, que van mas alla de su reconocimiento en la ley--los derechos y libertades individuales--, se reflejarian en la percepcion de seguridad individual. Esta concepcion del diseno del nuevo Estado la refleja Hegel, en 1818, cuando el joven filosofo dice su celebre frase, al ver a Napoleon entrando a la ciudad de Jena: "hoy he visto al Espiritu del Mundo montado a caballo" (que despues sirvio de inspiracion a muchos artistas para pintar al Emperador en su caballo blanco): unos vivian "la esperanza" que habia proclamado la Revolucion Francesa, pero otros aprovecharon la oportunidad para que ese Estado hiciera lo que ellos quisieran. Y un Estado socialmente injusto genera la percepcion de inseguridad social, lo que a su vez no puede garantizar la percepcion de seguridad individual.

Un tercer momento consiste en visibilizar por que el significado de "seguridad publica" del discurso del Estado mexicano, de sus politicas publicas y de sus normas (referentes a este rubro) reflejan un desenfoque, al no garantizar de facto el desarrollo humano, ni en su caso, el desarrollo sostenible, sino la proteccion de unos cuantos.

Un cuarto momento consiste en visibilizar la gravedad de lo anterior porque tampoco podra garantizar el ejercicio de los derechos humanos individuales y sociales.

Por ultimo, visibilizar que el "no Estado de Derecho" (por la inobservancia de la proteccion de los derechos humanos) no puede ser un discurso "constitutivo de la realidad" sobre la seguridad publica, sino un discurso exclusivo sobre el derecho. El discurso juridico reclama poder "esclavizar" las operaciones juridicas de acuerdo con el contexto normativo y el proposito institucional, que no se ve reflejado en las politicas publicas actuales del Estado mexicano (16).

EL CONCEPTO DE SEGURIDAD ENTENDIDA COMO SEGURIDAD PUBLICA

Se haya superado o no la confusion conceptual existente en las expresiones "seguridad publica" y "seguridad ciudadana", porque los significados de estos conceptos provienen de paradigmas diferentes, todavia hoy tenemos, como ciudadanos, problemas para esperar y exigir "seguridad". En este articulo damos por superada la discusion de si el Estado da seguridad publica, ciudadana, nacional o de otra clase. Lo que afirmamos es que el Estado, lo que debe dar es "seguridad" considerandola como derecho humano. El significado de este concepto ha variado y evolucionado en la historia.

En America Latina, la seguridad, ya sea que se le llame publica o ciudadana, se concibe como "accion que debe realizar el Estado" y que se ha reducido al aspecto "represor", es decir, la fuerza del Estado para guardar el orden. La limitada reflexion sobre el tema de la seguridad, le ha otorgado un tratamiento como un asunto vinculado al ambito policial.

Riveros profundiza respecto al recurrente desgobierno politico sobre los asuntos de seguridad, generando la "policializacion" de la seguridad publica y, por otra parte, que el deficiente proceso de adopcion de politicas publicas, ha sido mas intuitivo que analitico, reactivo que planificado, segmentado que integral, disperso que focalizado, fragmentado que consensuado. Esas politicas publicas no han tenido un impacto real, lo que se evidencia en los altos indices de violencia y delincuencia (17), lo que coincide con la implementacion de politicas neoliberales y la transicion democratica basadas en modelos y patrones impulsados por los Estados Unidos de America y organismos internacionales. Garcia y Marquez afirman que el modelo de seguridad se ha subordinado a los intereses economicos y geoestrategicos de Estados Unidos a nivel continental (18)

Mexico se encuentra en la decada de 2010 en una encrucijada, afirma Solis, en un contexto de neoliberalismo rampante y de crisis economica nacional y global, la paralisis funcional que sufre el Estado le impide coadyuvar eficazmente a la regeneracion del capital nacional (aunque no del capital global), lo cual agrava su deficit de racionalidad y socava aun mas su legitimidad. (19)

Es evidente el aspecto represor y la orientacion policial de la seguridad publica, basta con analizar el concepto expresado en el articulo 21 de la Constitucion de los Estados Unidos Mexicanos (20) y revisar el Programa Nacional de Seguridad Publica (2014-2018) (21). La politica publica esta sustentada en diez apartados:

I. Prevencion del delito y reconstruccion del tejido social

II. Justicia Penal Eficaz

III. Profesionalizacion y fortalecimiento de los cuerpos de policia

IV. Transformacion del sistema penitenciario

V. Promocion y articulacion de la participacion ciudadana

VI. Cooperacion Internacional

VII. Informacion que sirva al ciudadano

VIII. Coordinacion entre autoridades

IX. Regionalizacion

X. Fortalecimiento de la inteligencia

No obstante, en el programa nacional se hace hincapie en que la implementacion de la estrategia de seguridad publica estara orientada por dos criterios transversales y prioritarios: el respeto y proteccion de los derechos humanos y la perspectiva de genero.

Ademas, para llevar a cabo las politicas publicas en materia de seguridad publica, el Consejo Nacional de seguridad actualiza periodicamente los Ejes Estrategicos y los Programas con Prioridad Nacional, con la finalidad de que la inversion de los recursos federales en materia de seguridad publica transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se orienten a los propositos y logros nacionales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa Sectorial de Gobernacion y en el Programa Nacional de Seguridad Pulblica. (22)
Ejes Estrategicos del Sistema Nacional de Seguridad Publica

I. Prevencion Social de la           Promover el diseno de estrategias
Violencia y la Delincuencia con      y acciones que permitan reducir
Participacion Ciudadana.             factores de riesgo que favorezcan
                                     la generacion de violencia y
                                     delincuencia, asi como a combatir
                                     las distintas causas y factores
                                     que la generan, a traves de
                                     diversos mecanismos de
                                     coordinacion entre las
                                     instituciones de seguridad
                                     publica y demas autoridades
                                     que en razon de sus atribuciones
                                     deban contribuir directa o
                                     indirectamente en acciones de
                                     prevencion del delito incorporando
                                     la participacion ciudadana;

II. Desarrollo y Operacion           Promover en las instituciones de
Policial.--Promover en las           seguridad publica las condiciones
instituciones de seguridad           necesarias para que los elementos
publica las condiciones              que las integran cuenten con
necesarias para que los elementos    desarrollo profesional y
que las integran cuenten con         reconocimiento social, con el
desarrollo profesional y             fin de incidir en la ciudadania
reconocimiento social, con el fin    brindando un servicio eficaz y
de incidir en la ciudadania          eficiente;
brindando un servicio eficaz
y eficiente.

III. Gestion de Capacidades          Fortalecer en las instituciones
Institucionales para el Servicio     de seguridad publica, procuracion
de Seguridad Publica y la            y administracion de justicia,
Aplicacion de la Ley Penal.          penitenciarias y de ejecucion de
                                     medidas para adolescentes, las
                                     capacidades para cumplir con sus
                                     responsabilidades y con los
                                     principios del nuevo sistema
                                     de justicia penal;

IV. Administracion de la             Fortalecer el proceso de acopio,
Informacion para la Seguridad        acceso e intercambio de la
Publica.                             informacion a nivel nacional con
                                     utilidad para los fines de la
                                     seguridad publica, asi como
                                     establecer canales de comunicacion
                                     eficaces con la ciudadania para su
                                     atencion inmediata

V. Especializacion y Coordinacion    Implementar modelos de atencion
para la Seguridad Publica y la       especializada con el objeto de
Persecucion de los Delitos.          prevenir, investigar y perseguir
                                     delitos y hechos que pongan en
                                     peligro a las personas con el
                                     fin de disuadir y evitar su
                                     realizacion o la impunidad
                                     de los mismos.

Cuadro elaborado con la informacion de los Acuerdos del Consejo
Nacional de Seguridad Publica, aprobados en su Trigesima Novena
Sesion Ordinaria, celebrada el 18 de diciembre de 2015.


Los Programas con Prioridad Nacional se encuentran alineados a un Eje Estrategico y a su vez, podran contener uno o varios Subprogramas que integraran lineas de accion, conceptos de inversion, con objetivos y metas que permitan la evaluacion de sus resultados (23):

a. Prevencion Social de la Violencia y la Delincuencia con Participacion Ciudadana

b. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluacion en Control de Confianza

c. Profesionalizacion de las Instituciones de Seguridad Publica

d. Instrumentacion de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)

e. Implementacion de los Centros de Operacion Estrategica (COES)

f Acceso a la Justicia para las Mujeres

g. Huella balistica y rastreo computarizado de armamento

h. Nuevo Sistema de Justicia Penal

i. Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnologicas del Sistema penitenciario Nacional j. Red Nacional de Telecomunicaciones

k. Sistema Nacional de Informacion

l. Servicio de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anonima 089

m. Registro Publico Vehicular

n. Unidad de Inteligencia Patrimonial y Economica (UIPES)

o. Evaluacion de Programas con Prioridad Nacional

p. Genetica Forense

q. Fortalecimiento de las Instituciones locales de Seguridad Publica, Procuracion e Imparticion de Justicia. De acuerdo con lo antes expuesto, las acciones de las politicas publicas sobre seguridad estan concebidas con un paradigma de mantenimiento del Estado, no de proteccion del desarrollo humano de la sociedad.

Por otra parte, hay otro elemento decisivo: la vivencia de "lo juridico" en la sociedad mexicana: la produccion de la norma por el Congreso Federal obedece a la politica. No es el derecho el que la guia. Y, a su vez, la politica obedece a los vaivenes de la economia. Una muestra de lo anterior es como se ha transformado al conocimiento en la principal fuerza productiva del crecimiento economico (24). Se ha traducido en la conformacion de una nueva base tecnologico-productiva. Se ha pasado de la sociedad del conocimiento a la economia del conocimiento, entendida la primera, como la estructura que integra los agentes interesados en el conocimiento; y la segunda, como aquella que se apoya directamente en la produccion, distribucion y uso del conocimiento y la informacion (25). El objetivo ya no se centra en las transformaciones sociales que se estan produciendo en la sociedad moderna, ni en la vision del futuro para guiar normativamente el conjunto de las acciones politicas (26), sino en la existencia de mercados en los que los metodos, aplicaciones, desarrollo tecnologico y la capacidad de innovacion generan oportunidades de crecimiento economico y prosperidad (27).

Si persiste el desenfoque de esfuerzos en las Instituciones del Estado, las acciones de este se concretaran en conseguir la proteccion de una vision economica y la politica se encaminara, por tanto, a ello. Es decir, las acciones de las politicas publicas no seran actos realizativos de derechos humanos: las acciones del Estado no podran producir la proteccion del derecho humano a la seguridad. El significado del concepto de "seguridad" que persiste hasta hoy en dia, ha de entenderse como un despliegue del aparato del Estado, en el area penal, principalmente, para controlar a los sectores sociales, aceptado como "normal" por ser el resultado de las reformas economicas neoliberales (28). Pero se olvida que las "politicas de seguridad" no van en el horizonte "humano", es decir que abarquen todo lo que le preocupa al ciudadano, y que son los derechos humanos los que se han de proteger. En este sentido, las preguntas continuan, ?la seguridad publica debe disminuir la criminalidad? o ?la seguridad publica debe disminuir la desigualdad, la marginacion y la pobreza? (29).

El efecto de una confusion "epistemologica" (que quizas no es eso, sino terca proteccion que exige esa vision economica) es querer que los manzanos den naranjas. Un Estado que se rige por un parametro de economia neoliberal no tiene como prioridad al ciudadano, sino la ganancia de quienes tienen el capital. La ignorancia de la clase politica al no darse cuenta que, sin "querer", apoyamos paradigmas de un Estado con burguesias, no la "proteccion de las libertades" que destello la Revolucion Francesa es la causa de los problemas de inseguridad que el Estado no puede resolver. Por ello no es intencion del sistema juridico del Estado, en su dimension de politicas sociales, ni prevenir el delito ni que todos seamos iguales. A contrario sensu, la seguridad publica procurara la seguridad "del Estado", manteniendo las desigualdades, es decir, las ganancias para quienes tienen capital, y su caracteristica sera un sistema juridico con un derecho punitivo.

Desde el diseno de Estado que, desde la Revolucion Francesa ha ido transformandose, se suspiro por una proteccion de las libertades y hoy se exige una tutela de derechos humanos. El Estado, por tanto, para que pueda garantizar la seguridad publica, ha de tener los mecanismos necesarios para proteger los derechos humanos.

LA SEGURIDAD PUBLICA COMO DERECHO HUMANO QUE DEBE SER GARANTIZADO POR EL ESTADO MEXICANO

La CIDH reconoce que con la reforma al articulo 1.. se incorporo a los derechos humanos a nuestra Constitucion, con el amplio catalogo que incluye todos los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que Mexico es Parte .
   Articulo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
   gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucion y
   en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
   parte, asi como de las garantias para su proteccion, cuyo ejercicio
   no podra restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
   condiciones que esta Constitucion establece.

   Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de
   conformidad con esta Constitucion y con los tratados
   internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
   personas la proteccion mas amplia.

   Todas las autoridades, en el ambito de sus competencias, tienen la
   obligacion de promover, respetar, proteger y garantizar los
   derechos humanos de conformidad con los principios de
   universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
   En consecuencia, el Estado debera prevenir, investigar, sancionar y
   reparar las violaciones a los derechos humanos, en los terminos que
   establezca la ley.

   Esta prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los
   esclavos del extranjero que entren al territorio nacional
   alcanzaran, por este solo hecho, su libertad y la proteccion de las
   leyes.

   Queda prohibida toda discriminacion motivada por origen etnico o
   nacional, el genero, la edad, las discapacidades, la condicion
   social, las condiciones de salud, la religion, las opiniones, las
   preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente
   contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
   los derechos y libertades de las personas.


Lo anterior implica que el catalogo incluye derechos mas alla de los reconocidos por la Convencion Americana sobre Derechos Humanos de 1969, misma que entro en vigor el 18 de julio de 1978:
   En su segunda parte, la Convencion consagra los siguientes derechos
   y libertades: derecho al reconocimiento de la personalidad
   juridica; derecho a la vida; derecho a la integridad personal;
   prohibicion de la esclavitud y la servidumbre; derecho a la
   libertad personal; principio de legalidad y retroactividad; derecho
   a la indemnizacion; proteccion de la honra y de la dignidad;
   libertad de conciencia y de religion; libertad de pensamiento y de
   expresion; derecho de rectificacion o respuesta; derecho de
   reunion; libertad de asociacion; proteccion a la familia; derecho
   al nombre; derechos del nino; derecho a la nacionalidad; derecho a
   la propiedad privada; derecho de circulacion y residencia; derechos
   politicos; igualdad ante la ley; proteccion judicial y desarrollo
   progresivo de los derechos economicos, sociales y culturales. (30)


Llopis et al., califican a estos derechos como propios del constitucionalismo liberal. Son considerados como derechos de defensa que exigen la no injerencia de los poderes publicos en la vida privada y se protegen a traves de la prohibicion. El valor fundamental que se defiende es la libertad (31). Para Paolantonio, el Estado constitucional se caracteriza por la limitacion del poder estatal en pro de las libertades individuales. Esa limitacion esta dada, por un lado en el reconocimiento de los derechos basicos en la "dogmatica" de la Constitucion y por el otro, en la division de poderes, la existencia de contralores reciprocos, la periodicidad de los encargados de gobierno (32).

(...) el constitucionalismo liberal hace profesion de fe acerca de la existencia de un orden natural, con su consecuencia necesaria de la mayor eficiencia economica de la economia de mercado, (..) (33).

En 1999 entro en vigor otro amplio catalogo de derechos humanos incluidos en el Protocolo Adicional a la Convencion Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Economicos, Sociales y Culturales.

El Protocolo de San Salvador se fundamenta en el principio de igualdad y no discriminacion, y reafirma la vision de integralidad entre los derechos economicos, sociales y culturales, y los derechos civiles y politicos, considerando que todos los derechos inherentes a la persona humana constituyen un "todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana" (34):
   El Protocolo de San Salvador reconoce un amplio catalogo de
   derechos economicos, sociales y culturales, entre los que se
   mencionan los siguientes: derecho al trabajo (art.6); derechos
   sindicales (art.8); derecho de huelga (art.8); derecho a la
   Seguridad Social en casos de vejez y de incapacidad fisica o mental
   (art.9), que comprende, al menos, la atencion medica y la
   jubilacion en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad
   profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por
   maternidad antes y despues del parto.

   El Protocolo tambien reconoce el fundamental derecho a la salud
   (art.10), que exige el disfrute del mas alto nivel de bienestar
   fisico, mental y social; el derecho a un medio ambiente sano y a
   contar con servicios publicos basicos (art.11); el derecho a la
   alimentacion y a una nutricion adecuada (art.12); el derecho a la
   educacion (art.13); el derecho a los beneficios de la cultura, a
   participar en la vida cultural y artistica de la comunidad, a gozar
   de los beneficios del progreso cientifico y tecnologico, y
   beneficiarse de la proteccion de los intereses morales y materiales
   que le correspondan por razon de las producciones cientificas,
   literarias o artisticas de que se es autor (art.14); el derecho a
   formar familia y a gozar de proteccion (art.15): el derecho de
   proteccion especial de la ninez, que comprende el derecho a medidas
   especiales que la condicion de menor de edad requieren por parte de
   la familia, de la sociedad y del Estado, el derecho a crecer al
   amparo y bajo la responsabilidad de los padres, el derecho de los
   ninos de corta edad a no ser separados de su madre, y el derecho a
   la educacion gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental
   (art.15); el derecho a proteccion especial durante la ancianidad
   (art. 17); y el derecho a recibir una atencion especial en caso de
   disminucion de las capacidades fisicas o mentales (art.18).


Estos derechos se encuadran dentro de un constitucionalismo social. Para Garcia se sustenta en el Estado de derecho social, regido por la justicia y no ya unicamente por la libertad (35), mientras que para Paolantonio es un movimiento o tendencia esencialmente democratica, que niega la existencia de un orden natural, que desde la postura de Nino, limita a una cuestion de hecho la eficiencia de la intervencion estatal en la vida economica de la comunidad (36). Nogueira los califica como derechos que se constituyen en posiciones subjetivas de las personas que afirman un principio de igual dignidad e igualdad substantiva basica de todos los seres humanos:
   Los derechos economicos, sociales y culturales participan de las
   condiciones de verdaderos derechos en la medida que tengan un
   reconocido contenido esencial, ademas de ser disposiciones
   constitucionales de principio, todo lo cual tiene por objeto
   otorgar una mejor calidad de vida a las personas. Ello implica
   necesariamente la existencia de un Estado activo promotor del bien
   comun y regulador del proceso economico social, proceso antes
   entregado a las fuerzas del libre mercado y a la sola iniciativa
   privada (37).


Los derechos colectivos, de los pueblos son reivindicaciones, demandas ante las necesidades, una nueva forma de ejercitar la ciudadania, asevera Llopis et al. Su defensa se establece en la presion politica, ya que la titularidad no esta en el individuo o una colectividad aislada, sino que corresponden solidaria y universalmente a todos los seres humanos. Se consideran dentro de este grupo:
   (...) el derecho a un orden internacional que respete los DDHH, el
   derecho a la libre determinacion de los pueblos, el derecho de las
   minorias, de los refugiados, de los emigrantes, el derecho a la
   paz, a una calidad de vida (38).


Los derechos colectivos y de los pueblos resultan caracteristicos de un constitucionalismo pluralista o solidario. Este tipo de constitucionalismo introduce formulas de pluralismo juridico afirma Yrigoyen, lo que rompe con la idea de que solo es "derecho" el sistema de normas producido por los organos soberanos del Estado (los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo) (39).

En el Estado constitucional de derecho, para Ferrajoli, las leyes no son validas solo porque son vigentes en relacion a su produccion por el legislador, ademas deben ser coherentes con los principios constitucionales. De igual forma, la politica debe concebirse como un instrumento para la actuacion del derecho, de los principios y derechos fundamentales inscritos en la constitucion. La legislacion y la politica se subordinan al derecho (40).

Como indicamos anteriormente, "la seguridad como derecho humano que debe ser garantizado por el Estado" se constituye en el objeto de estudio. Partimos de los presupuestos que existen en el Programa Nacional de Prevencion Social de la Violencia y la Delincuencia (2014-2018), en los que se afirma que dicho programa se fundamenta en un enfoque de seguridad ciudadana, que entiende la seguridad como un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado y que, a su vez, debe ser coproducido por todos los actores sociales.

En el diseno de las politicas publicas, de acuerdo con los terminos planteados por el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (41), se parte de la idea de que, para la consolidacion de un Estado democratico en Mexico, se debe tener como uno de sus componentes el pleno respeto y garantia de los derechos humanos. Es entonces, que el Programa de Seguridad Nacional (2014-2018) busca transversalidad a traves de la alineacion de enfoques y perspectivas de los proyectos, programas y acciones para la consecucion de los objetivos especificos y la realizacion de las lineas de accion:

a. El enfoque de seguridad ciudadana, que ubica los derechos y las libertades en el centro de la politica publica de prevencion social de la violencia y la delincuencia.

b. El enfoque de cohesion comunitaria, como proceso integral mediante el cual las personas y las comunidades alcanzan su maximo potencial.

c. La perspectiva de genero, que busca identificar y revertir las relaciones de poder que generan desigualdad o inequidad entre hombres y mujeres.

d. La perspectiva de derechos humanos, que busca el respeto, promocion, proteccion y garantia de los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En la misma linea, para guardar coherencia con las metas nacionales y los objetivos de los programas sectoriales, el Programa Nacional de Prevencion Social de la Violencia y la Delincuencia (2014-2018) incorpora las perspectivas transversales de equidad de genero, derechos humanos y cohesion social. Por su parte, el Programa Nacional de Seguridad Publica (2014-2018) senala como criterios transversales y prioritarios: el respeto y proteccion de los derechos humanos y la perspectiva de genero.

Conforme a lo anterior, el reconocimiento del amplio catalogo de los derechos humanos en nuestra Carta Magna, por consecuencia, implica replantear el significado del termino seguridad, en la que el individuo (ser humano) tiene garantizados por el Estado la totalidad de los derechos reconocidos en la Constitucion y que se manifiesta en un estado de percepcion de seguridad y satisfaccion de las necesidades humanas y ciudadanas; pero tambien, la creacion de condiciones y entornos de certidumbre que hagan posible la participacion, la cooperacion, la confianza y soluciones efectivas a los conflictos. Solo hasta que los derechos humanos sean garantizados por el Estado, pueden ser coproducidos por todos los actores sociales.

EL CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS COMO PRINCIPIO JURIDICO

Como se indico en la introduccion, de la busqueda del estado del arte y al aplicar la metodologia elegida, identificamos que en Mexico se reconoce que la existencia de la norma no es suficiente para prevenir violaciones de derechos humanos y que los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad funcionan de manera aislada, sin evaluacion integral, por lo que el proposito es a responder la siguiente pregunta: ?La seguridad publica, como derecho humano, es un "mandato de optimizacion" o una regla?.

Aunque es fuerte la discusion sobre el "origen" de los derechos humanos, hay consenso en que hoy, por lo menos conforme el discurso oficial, son el nuevo paradigma politico y juridico mexicano.

Recordemos que en el diseno de las politicas publicas, de acuerdo con los terminos planteados por el PND 2013-2018, se parte de la idea de que, para la consolidacion de un Estado democratico en Mexico, se debe tener como uno de sus componentes el pleno respeto y garantia de los derechos humanos.

Entonces el punto de la discusion se encuentra en como se han de considerar los derechos humanos.

De acuerdo a la hipotesis formulada, si los derechos humanos reconocidos por la constitucion mexicana son "mandatos de optimizacion", entonces deben ser realizados en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades juridicas existentes.

Delucchi explica que desde la postura no positivista de Alexy, el ordenamiento juridico ademas de estar compuesto por reglas, lo esta tambien por principios entendidos como "mandatos de optimizacion", y que el mismo ordenamiento incluye una teoria de la interpretacion relativa no solo a identificar a esos elementos integradores del orden, sino a establecer su sentido, alcance y sus reglas operativas, cosa fundamental para conocer cualquier derecho (42):
   Los principios son, por consiguiente, mandatos de optimizacion, que
   se caracterizan porque pueden ser cumplidos en diversos grados y
   porque la medida ordenada de su cumplimiento no solo depende de las
   posibilidades facticas sino tambien de las posibilidades
   juridicas". Ellos exigen una realizacion lo mas completa posible.
   "La referencia a las posibilidades facticas lleva a los bien
   conocidos principios de adecuacion y necesidad". "La referencia a
   las posibilidades juridicas implica una ley de ponderacion que
   puede ser formulada como sigue: cuanto mas alto sea el grado de
   incumplimiento o de menoscabo de un principio, tanto mayor debe ser
   la importancia del cumplimiento del otro. La ley de ponderacion no
   formula otra cosa que el principio de proporcionalidad en sentido
   estricto (43).


Para Alexy las normas de derecho fundamental poseen una naturaleza doble, puntualiza Perez, existe una doble estructura "regla/principio" de las normas de derecho fundamental. A partir de la ambiguedad y cierto eclecticismo de la teoria de la norma de Alexy, se esta permitiendo en la actualidad un acercamiento entre el positivismo juridico, al menos el "positivismo juridico inclusivo", y lo que se ha dado en llamar neoconstitucionalismo o principalisimo (44). La opinion de los autores expuesta se puede reducir en el siguiente cuadro:
Conclusion: La doble estructura <<regla/principio>>
de las normas de derecho fundamental

Las normas de derecho       Porque, entonces, solamente
fundamental no son "solo"   podriamos hablar de <<normas de derecho
<<reglas>>                  fundamental>> en referencia a las normas
                            directamente estatuidas en la
                            constitucion, dejando de lado
                            a las normas adscritas.

Las normas de derecho       Son reglas por dos razones fundamentales:
fundamental tampoco son     1. Una razon general: Por razon de la
solamente <<principios>>.   sujecion a la Constitucion, las normas
                            de derechos constitucional funcionan
                            como reglas, porque: "sujecion a la
                            constitucion significa sujecion a todas
                            las decisiones del legislador
                            constitucional";

                            2. Una razon especial: Cuando en una
                            disposicion de derecho fundamental se
                            establece algun tipo de garantia o
                            clausulas restrictivas: "se estatuye con
                            eso no solo un principio, sino tambien
                            una regla"

Las normas de derecho       Porque, con las normas de derechos
fundamental son <<normas    fundamentales cabe apelar a la subsuncion
de caracter doble>>.        del caso (propio de las reglas), pero a
                            esta subsuncion se llega con la ayuda de
                            clausulas que hacen referencia a la
                            ponderacion (propio de los principios).

Cuadro elaborado a partir de las conclusiones expuestas por
PEREZ JARABA, Maria Dolores. Los derechos fundamentales como
normas juridicas materiales en la teoria de Robert Alexy.
Cuadernos electronicos de filosofia del derecho. n.24 (2011),
[pp. 184-222] p. 215-218. Disponible en :
https://ojs.uv.es/index.php/CEFD/article/view/1626


Pero, por otra parte, a juicio de Atienza y Ruiz Manero, es verdad que los principios puedan ser cumplidos en diversos grados por lo que se refiere a las directrices o normas programaticas, pero no lo es en el caso de los principios en sentido estricto. Lo que ilustran mediante un ejemplo correspondiente al articulo 14 de la Constitucion Espanola, relativo a la igualdad de los espanoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminacion alguna por razon de nacimiento, raza, sexo, religion, opinion o cualquier otra condicion o circunstancia personal o social. Al respecto argumentan que si el principio de igualdad prevalece, en la combinacion de factores relevantes que presenta un determinado caso individual, frente a principios o reglas que jueguen en sentido contrario, este principio exige un cumplimiento pleno: o se cumple o no se cumple, pero no caben modalidades graduables de cumplimiento (45).

Y aunque Dworkin sostiene que los argumentos de principios se proponen establecer un derecho individual, los argumentos politicos se proponen establecer un objetivo colectivo. Los principios son proposiciones que describen derechos; las politicas son proposiciones que describen objetivos. (46) Pero la poca proteccion a los derechos humanos persiste porque las normativas los consideran "mandatos de optimizacion" o "aperturas para la creacion de politicas publicas".

Precisemos el problema, si el articulo 1.. de la Constitucion es un "mandato de optimizacion", entonces los derechos humanos no necesitan de mecanismos de exigibilidad, porque son considerados horizontes para la interpretacion del Poder Judicial porque son principios abstractos.

Por ello el punto clave, tanto para las politicas publicas, como para los derechos humanos (y para la comprobacion de la existencia del Estado de derecho) es ahondar, sobre la naturaleza de tres conceptos: los principios juridicos, las politicas publicas y el Estado de Derecho.

a. La normativa nacional como principio juridico.

En el orden de los principios, en el primer plano se encuentran los principios indemostrables, tambien denominados primeros principios, principios superiores o axiomas. En este primer orden se encuentran los principios que fundamentan una cosmovision, que estructuran y fundamentan un paradigma universal, es decir, un paradigma fundamental de la energia, de la naturaleza, del cosmos. Un paradigma es un instrumento necesario para la percepcion, entendimiento, explicacion y actuacion del hombre en el mundo. En otro plano, se encuentran los principios especificos, aquellos propios de cada campo del conocimiento o ciencia, que funcionan como ramificacion de una cosmovision general, es decir, como ramificacion de un paradigma "central".

En el segundo orden, se encuentran los principios especificos de un campo del conocimiento, que articulados y estructurados corresponden a un saber o a una ciencia en particular. Estos son los principios especificos que dan fundamento a esa ciencia o a ese campo del conocimiento, que ademas son necesarios al entendimiento y explicacion de su objeto; se ramifican o se clasifican en paradigmas interespecificos (comunes a diferentes campos) e intraespecificos (se subdividen en campos aun mas especificos). Por otra parte, hay que considerar que un conjunto de principios especificos, que fundamenta un campo de conocimiento dado, estara siempre en consonancia con un orden superior de primeros principios. Y estos dos ordenes se compaginan entre si, para componer una cosmovision o concepcion del mundo completo. (47)

Asi, pues, respecto a los principios juridicos, estos se constituyen de aquellos principios que, desde una cosmovision dada, fundamentan a un orden juridico. Es decir, se constituyen de aquellas proposiciones abstractas que dan razon de ser o prestan base y fundamento al Derecho y a un sistema juridico dado.

b. Las politicas publicas

Las politicas publicas, para Arellano y Blanco, son aquellas decisiones y acciones de gobierno que definen las problematicas publicas especificas a solucionar y los mecanismos particulares a utilizar para ello. No son facultad exclusiva de un regimen democratico, pero si las caracteristicas de su formulacion e implantacion (48).

Las politicas publicas se disenan para orientar la accion gubernamental, para estructurar los mercados nacionales y vincularlos con la economia mundial, para establecer las directrices del proceso de desarrollo, y para modelar cierto tipo de sociedad y posible solucion de los problemas publicos. Por tanto no tienen la misma naturaleza de un principio juridico.

c. El Estado de Derecho

El concepto de Estado de Derecho es una reconstruccion del viejo Estado absolutista, caracterizado por la ausencia de libertades, la concentracion del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los organos del poder. De ahi que la garantia juridica del Estado de Derecho corresponda al constitucionalismo moderno. Ese viejo diseno del Estado, orientado a la expansion totalitaria del Estado, la supresion de libertades individuales y publicas, incluyendo la proscripcion de partidos, de organos deliberativos y de libertades de transito, reunion y expresion, hoy ha sido superado.

La caracteristica, por tanto, del estado de derecho es el principio de razonabilidad (la organizacion estatal debe tender a la integracion y no a la estratificacion de la sociedad), y el principio de equidad (la igualdad entre desiguales es meramente conjetural).
   El Estado de Derecho consiste en la sujecion de la actividad
   estatal a la Constitucion y a las normas aprobadas conforme a los
   procedimientos que ella establezca, que garantizan el
   funcionamiento responsable y controlado de los organos del poder,
   el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y
   no retroactivas en terminos perjudiciales, y la observancia de los
   derechos individuales, colectivos, culturales y politicos (49).


Si se juntan los conceptos de los tres puntos brevemente vistos: los principios juridicos, las politicas publicas y el Estado de derecho es posible decir que toda actuacion de los tres poderes del Estado--ejecutivo, legislativo y judicial- se sometera necesariamente a lo prescrito por la ley. Por lo anterior es clara la conexion que existe entre desarrollo social, politicas publicas y la proteccion de los derechos humanos. Tambien, por ello es que es necesaria la participacion del Poder Judicial en el diseno de las politicas publicas, que en Mexico extranamente no se da. Se olvida la trascendencia que hoy deben tener los jueces en el diseno de las politicas publicas que direccionarian el desarrollo social y la razon que tiene el apegarse al "Principio de Interpretacion Conforme" (50).

El Estado de derecho se fundamenta en el principio de legalidad, conforme al cual todos sus actos deben ajustarse a las leyes dictadas por organismos legalmente constituidos, explica Abascal, y se manifiesta como una estructura constitucional y un conjunto de procedimientos tendentes a asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y a evitar los excesos de poder. Este modelo politico-social es, por lo menos, un paradigma, un ideal de sistema politico y de convivencia social (51).

Para Ferrajoli, la sujecion a la Constitucion, transforma al juez en garante de los derechos fundamentes, incluso contra el legislador, a traves de la censura de la invalidez de las leyes que violan esos derechos. El juez tiene la tarea de escoger solo los significados validos compatibles con las normas constitucionales y los derechos fundamentales reconocidos (52).

En razon de lo anterior, para dar respuesta a la pregunta de investigacion y comprobar la hipotesis, determinamos que el articulo 1.. de la Constitucion mexicana no puede ser interpretado como un "mandato de optimizacion". El Estado tiene la obligacion de "garantizar" lo que esta plasmado en la Constitucion.

Desde la Revolucion Francesa la proteccion de las "libertades" ha sido la razon de ser del Estado. Ahora, esa "proteccion" esta ampliada y garantizada en los "derechos humanos". Hoy, dicha "seguridad" no es posible que el Estado la garantice porque ni hay mecanismos suficientemente disenados para que el ciudadano la exija, ni mecanismos para que el Estado la pueda hacer justiciable.

El antecedente teorico sobre el sentido del concepto de seguridad que el Estado debe garantizar al ciudadano, inicia en lo que defendia la revolucion francesa, es decir, es obligacion del Estado dar seguridad al ciudadano, pero ahora no solo como las "garantias" de "las libertades" del individuo (como las entendio el liberalismo del siglo XIX) y como existia en la Constitucion Mexicana, antes de la reforma al articulo 1, en el 2011. El diseno del Estado moderno no solo nos permite "no pedir" nada al Estado, sino exigir derechos y desde el Derecho.

Tampoco pueden considerarse el articulo 1.. Constitucional, solo como una regla regulativa, sino una regla constitutiva. Por eso no son de ejercicio facultativo, sino obligatorio. De ahi la necesidad que tiene el Estado de realizar acciones (programas) que constituyan politicas publicas (mecanismos de proteccion--actos realizativos del Estado) con las que se concrete cada derecho.

Entonces, el re-planteamiento del significado del concepto de seguridad publica (es decir lo que el Estado ha de "garantizar" al ciudadano) debera comenzar modificando que no son "las libertades del ciudadano", sino "lo humano", es decir, ha de abarcar los derechos humanos (hasta los de la cuarta generacion).

Es la ignorancia, el dogmatismo e incapacidad de critica a nivel de conceptos, no solo de los politicos, sino de todos los ciudadanos, lo que crea una ceguera para innovar en el campo juridico referente a esta area.

Si la reforma al articulo 1.. Constitucional es vista como un nuevo paradigma juridico del sistema juridico mexicano, ha de implicar no considerarlo como principios "abstractos". Igualmente y, desde los derechos humanos como principios realizativos, las politicas publicas no son vistas como los "como" se ha de alcanzar una meta, es decir, mecanismos de justiciabilidad, ni de exigibilidad de esa nueva proteccion del nuevo diseno del Estado Moderno. Entre los principales obstaculos para caminar hacia una cultura de respeto a los derechos humanos, para Abascal, deben resolverse los problemas siguientes: corrupcion, lentitud en la imparticion de la justicia; Impunidad. Anarquia y corrupcion en el sistema penitenciario.; Derechos politicos, insuficientemente protegidos; Deficiente sistema de defensoria de oficio, inexistente o muy deficiente legislacion en lo que se refiere a la responsabilidad objetiva del Estado, tanto en materia penal como en servicios publicos. Estado dentro del Estado (53).

Es un hecho que coexiste una confusion conceptual de la sociedad y la politica que trastoca toda la vida juridica. En razon de lo anterior, la importancia de conectar la seguridad con los derechos humanos esta en que la seguridad es considerada como un derecho humano y, ademas, que los mecanismos que tiene actualmente el Estado no permiten el acceso a la proteccion regional ni internacional porque esta viene solo cuando el estado nacional tiene implementados sus mecanismos de proteccion eficientes y, finalmente, porque no hay un Estado de Derecho. Resulta casi increible no ver la ideologizacion que produce el discurso politico.

Indudablemente, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 marca el inicio, un nuevo paradigma en la aplicacion del derecho del Estado Mexicano y permite que el derecho internacional de los derechos humanos presione a que los Estados no violen impunemente lo pactado. El analisis de algunos casos que se presentan ilustrara si el discurso sobre el Estado de Derecho que dicen los politicos es eso o es el desarrollo social y juridico que existe en Mexico.

La situacion nacional sobre el respeto a los derechos humanos en Mexico es dificil precisarla, en el animo de ser objetivos, de la busqueda del estado del arte, hemos identificado que los reportes de hechos, los informes anuales de algunas instituciones (nacionales e internacionales) dedicadas a analizar esta area, se realizan lecturas desde dos aspectos: la percepcion social y la realidad

Si bien, los estudios o diagnosticos de opinion ciudadana no son determinantes, tomando en cuenta que al ser un analisis social no hay neutralidad valorativa en la formulacion de los protocolos y cuestionarios (54), los resultados pueden propiciar que se realicen posteriores estudios empiricos solidos.

Ilustrar la realidad respecto a los derechos humanos en Mexico es una tarea titanica que seria imposible exponer en este trabajo, ademas hay organismos especializados en la materia que continuamente realizan diagnosticos y exponen informes sobre el estatus que guarda el pais, lo que resulta de gran utilidad para quienes deseen profundizar en el tema; por tal motivo, en este documento solo se mencionan algunos ejemplos; el caso Ayotzinapa (55) en el 2015 marco un hecho significativo en la eficacia de los mecanismos en el ambito de los derechos humanos, su mayor crisis en una decada:
   En su informe anual sobre Mexico, difundido ayer, la Comision
   Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] senalo que nuestro pais
   pasa por una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace
   varios anos, debida en buena parte a la guerra contra el
   narcotrafico impulsada por la pasada administracion calderonista
   -que no ha experimentado cambios sustanciales en la presente
   administracion- y por el reforzamiento de la participacion de las
   fuerzas armadas en tareas de seguridad publica, lo cual ha desatado
   aun mayor violencia, asi como violaciones graves a los derechos
   humanos en la que se observa una falta de rendicion de cuentas.
   (56)


Ademas del caso anterior, se corroboro que en la matanza de Tlatlaya (57), el ejercito realizo ejecuciones extrajudiciales, segun un informe en la Camara de Diputados (58). Asimismo, la emboscada de Apatzingan (59) y el enfTentamiento en Tanhuato (60), revelan excesos en la actuacion de las corporaciones policiacas en sus operativos.

En cuanto a las percepciones e informes de instituciones: un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico [UNAM], da este resultado: mas de 70 por ciento de los mexicanos consideran que los derechos humanos en el pais se respetan, pero no lo suficiente (61). La percepcion ciudadana sobre el respeto a los derechos humanos "no es coincidente" con el punto de vista de los expertos o de organizaciones dedicadas a la defensa y promocion de esas garantias.
   En los temas referentes a seguridad, 52 por ciento de la poblacion
   piensa que la inseguridad se da por falta de oportunidades de
   trabajo, 54.4 por la pobreza y 26.4 por la desigualdad social.

   Al preguntarles sobre la sensacion de seguridad, los encuestados no
   manifiestan sentirse mas seguros en el gobierno de Enrique Pena
   respecto al de Felipe Calderon y no preven mejoria para meses
   posteriores.

   Entre la cuarta y la quinta parte de los ciudadanos que
   participaron en la muestra senalan que en el reciente ano les han
   sido violados varios derechos: poder expresarse libremente (25.9
   por ciento), recibir un salario digno (25.2), ser tratados con
   dignidad y respeto (25.1), tener acceso a atencion a la salud
   (24.7), respeto a la vida privada (23.7), respeto a la propiedad
   privada (21.4), tener un trabajo digno (20) y tener acceso a la
   educacion (19.8) (62).


Por su parte, la Comision Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] dio a conocer su informe sobre la situacion de los derechos humanos en Mexico en el 2015, en el que expone que la violencia e inseguridad generada por el accionar de grupos del crimen organizado junto con una respuesta militarizada, y la captura de elementos del Estado por parte de grupos de la delincuencia organizada, ha tenido como consecuencia el incremento en graves violaciones de derechos humanos. A pesar de los avances significativos en materia constitucional y legislativa en los ultimos anos, asi como la adopcion de importantes politicas publicas en Mexico, elaboradas en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos, la informacion recibida apunta a que la inseguridad y la violencia continuan sin la debida respuesta estatal requerida. (63)

La respuesta del gobierno mexicano fue que dicho informe no refleja la situacion general del pais, ya que parte de premisas y diagnosticos erroneos, que en Mexico no se vive una crisis de derechos humanos, y que las observaciones preliminares de la CIDH desestiman los avances y cambios estructurales que el Gobierno de la Republica ha impulsado en los ultimos anos. No obstante, el Estado mexicano asegura que estudiara las recomendaciones que se formulen el su informe final, si se toma en cuenta la informacion proporcionada en el documento con observaciones del Estado Mexicano al Proyecto de informe presentado por la CIDH. (64)

Por otro lado, en materia laboral, se ha hecho patente la actitud del Estado Mexicano ante mecanismos internacionales de control y proteccion de la libertad sindical (65), por su indiferencia ante recomendaciones no vinculatorias (66) y la utilizacion de argumentos falsos (67).

Naturalmente que hay muchos mas casos no precisados; por ejemplo, las fosas clandestinas en Tetelcingo, Cuautla (68), considerado un "crimen de lesa humanidad por la Comision de Derechos Humanos del Estado de Morelos [CDHEM]

La percepcion sobre el no respeto a los derechos humanos es una realidad, porque no estan instrumentados mecanismos eficaces para ello y aunque la proteccion a los derechos humanos fuera raquitica por parte del Estado mexicano, existe la posibilidad de la proteccion regional e internacional de los derechos humanos. Es cierto que todo sistema de proteccion de los derechos humanos supone, primero, el reconocimiento de estos derechos en los textos fundamentales y, en el cuadro nacional, en los correspondientes textos de cada Entidad federativa. A ello respondio la reforma constitucional del Articulo primero constitucional del 2011.

En el ambito nacional, los Poderes del Estado son las instituciones responsables del Estado de Derecho y el poder legislativo es la principal institucion encargada de la proteccion de los derechos humanos en el marco nacional.

Es cierto que la primera accion consiste en la inclusion en los textos normativos, es decir, en la Constitucion. Pero cuando esta proteccion falla, hay la posibilidad de recurrir a los mecanismos regionales que ya estan incorporados (69).

Para el ambito latinoamericano la posibilidad de una proteccion regional e internacional queda asi establecida. Pero en el derecho Internacional de los derechos humanos hay una parte instrumental que se le conoce como "derecho procesal internacional de los derechos humanos". Esto tiene como consecuencia que las medidas cautelares y las medidas provisionales sean diferentes. Estas las solicita la Comision Interamericana de Derechos Humanos al Estado para que las adopte. Las cautelares las ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado las cumpla.

Rey y Rey advierten que para Fix-Zamudio, con la formacion de la ONU y la Declaracion Americana y Universal de los Derechos del Hombre nace el Derecho Internacional de los derechos humanos con dos sectores esenciales (70):

a) Un caracter sustantivo (las declaraciones, resoluciones y tratados sobre derechos humanos en sus aspectos genericos y especificos y

b) Otro de naturaleza instrumental, el derecho procesal internacional de los derechos humanos que se integra con organismos estrechamente relacionados y con los procedimientos que deben seguirse ante ellos.

Pero cuando esta proteccion no es eficaz, hay la posibilidad de recurrir a organismos y procedimientos de vigilancia y control (mecanismos de denuncia, queja y peticion) (71), pero aun en el caso de que los derechos humanos no sean reconocidos constitucionalmente, Martin-Ortiz asegura que el contenido y alcance de la obligacion de mantener un regimen respetuoso de los derechos humanos se concreta a traves de normas imperativas de Ius Cogens con contenido de derechos humanos (72).
   La fuente de obligatoriedad de esas normas se deriva de: i. La
   pertenencia a Naciones Unidas, que es un acto voluntario de los
   Estados; ii. La adhesion a la Declaracion Universal de Derechos
   Humanos, que en un principio, en 1948, fue un acto voluntario, pero
   ahora pareceria que la Declaracion Universal no podria ser objetada
   en su obligatoriedad por ningun Estado, y tampoco ningun Estado ha
   alegado su no obligatoriedad; iii. El reconocimiento de las normas
   de ius cogens, que es un acto voluntario hecho a traves de la
   ratificacion de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los
   Tratados (73).


CONSIDERACIONES FINALES

En el re-planteamiento de la seguridad, es imperante que el Estado tenga los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad, necesarios para que los derechos humanos sean un acto realizativo. Las acciones que efectue el Estado (politicas publicas) deberan orientarse y proteger no solo "al individuo", sino a mas aspectos de "lo humano". De ahi la importancia de senalar que hoy el Estado mexicano no solo carece de dichos mecanismos, sino que no puede pretender interpretarlos como "mandatos de optimizacion". Por una parte, el "no Estado de Derecho" (por la inobservancia de la proteccion de los derechos humanos) no puede ser un discurso "constitutivo de la realidad" sobre la seguridad publica, sino un discurso exclusivo sobre el derecho. Por otra, las politicas sobre seguridad publica del Estado, ni estan incluidas para ser realizables a este fin, ni se ven las consecuencias de no realizarlas, es decir, de que el Estado no alcance las metas, que permanezca impune ante la no realizacion, por tanto, en la lectura de la seguridad publica y los derechos humanos en Mexico hay que tomar en consideracion:

1. Que hay diferentes interpretaciones sobre lo que significa el concepto de seguridad publica y las obligaciones que tiene el Estado mexicano para garantizarla.

2. Dichas interpretaciones se pueden explicar por el origen del paradigma con el que se entiende el diseno de Estado.

3. El diseno del Estado mexicano es un diseno de estado liberal.

4. Este diseno de Estado liberal defendera, como objetivo de la seguridad publica, aquella que "mandate" la economia, la politica y las ganancias que producen las tecnologias ligadas a la actitud reactiva de la seguridad publica del actual Estado mexicano.

5. Por ello, la concepcion del articulo primero sera vista como "mandato de optimizacion".

6. Y por lo mismo las "politicas publicas" referentes a la obligacion del Estado consistiran en programas que no podran producir desarrollo humano ni disminuiran la violencia.

7. Por tanto, si el Estado mexicano no tiene mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad eficaces, no podra proteger el derecho humano a una seguridad publica que produzca desarrollo y progreso humano.

8. Es claro que si existen los mecanismos internacionales para la proteccion de los derechos humanos. Pero tendran improcedencia en Instituciones de proteccion constitucional supranacional, porque, primero han de funcionar los mecanismos nacionales, cosa que no se da en el Estado mexicano actual.

Finalmente, como ya se indico anteriormente, en el intento de dar respuesta y comprobar la hipotesis formulada, se generaron mas preguntas: Si el nucleo de la renovacion del sistema juridico son ahora los derechos humanos, ?como sera posible su realizacion: con mejores economias o tecnologias o con politicas sociales que produzcan desarrollo humano? Y, sobre todo ?que origina hoy, en Mexico, el crimen y la violencia: la falta de mecanismos del Estado para proteger los derechos o la desigualdad causada por la falta de dichos mecanismos?

Para dar respuestas a las preguntas anteriores, no basta el debate academico y cientifico; mientras no se cambien los paradigmas tradicionales para innovar en el campo juridico, entendido como un producto social, no sera posible eliminar la mimetizacion en lo que hasta este momento se ha entendido en relacion a la seguridad como sinonimo de seguridad publica y de los derechos humanos en Mexico.

DOI: 10.12957/rqi.2017.22762

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Trabalho enviado em 12 de maio de 2016.

Aceito em 24 de agosto de 2016.

Maria Amelia Solorzano Pena (1)

Ramiro Contreras Acevedo (2)

(1) Doctora en Derecho por la Universidad Autonoma de Aguascalientes, Aguascalientes (Mexico). E-mail: solorzanop@hotmail.com

(2) Investigador Nacional Nivel I en el Sistema Nacional de Investigadores [SNI] del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia [CONACYT], (Mexico). E-mail: ramirocontreras2000@yahoo.com.mx

(3) Cfr. SOLORZANO PENA, Maria Amelia y CONTRERAS ACEVEDO, Ramiro. Seguridad ciudadana. ?Disminuir la criminalidad o la desigualdad, la marginacion y la pobreza? en Revista Quaestio Iuris, Vol. 8, N.. 02, (p.p. 859-891) Rio de Janeiro.

(4) COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS [CIDH]. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 57, 31 diciembre 2009.

(5) COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS [CIDH] Y ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS [OEA] Situacion de los derechos humanos en Mexico. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/15, 31 diciembre 2015.

(6) Op. cit. 1, SOLORZANO PENA, Maria Amelia y CONTRERAS ACEVEDO, Ramiro. p. 860

(7) SILVA SENARQUE, Santos Alfonso. El neoliberalismo y derecho penal en las sociedades democraticas en Barco de Papel, vol. II, numero 2. p. 45-46.

(8) SILVA SENARQUE, Santos Alfonso. Control social, neoliberalismo y derecho penal, Parte III, Peru: Fondo Editorial de la UNMSM, 2002. p. 277.

(9) CARRION MENA, Fernando, PONTON CEVALLOS, Jenny y ARMIJOS VERDESOTO, Blanca. 120 Estrategias y 36 experiencias de seguridad ciudadana, Quito: FLACSO, 2009, p. 14

(10) ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Programa Nacional de Prevencion Social de la Violencia y la Delincuencia (2014-2018). Secretaria de Gobernacion. Diario oficial de la Federacion. 30 de abril de 2014.

(11) ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Programa Nacional de Derechos Humanos (2014-2018). Secretaria de Gobernacion. Diario oficial de la Federacion. 30 de abril de 2014.

(12) ZARATE CASTILLO, Arturo. ALEXY, Robert, Teoria de los derechos fundamentales en Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Numero 17, Julio--Diciembre 2007.

(13) MORALES SANCHEZ, Julieta. Reforma constitucional de derechos humanos: hacia un nuevo derecho en Mexico en Perseo, no. 19, septiembre 2014, [en linea]. Programa Universitario de Derechos Humanos PUDH UNAM.

(14) Cf PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO [PNUD], Informe sobre Desarrollo Humano para America Central 2009-2010. Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano, Octubre 2009.

(15) ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. Proyecto de documento final de la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobacion de la agenda para el desarrollo despues de 2015. A/69/185. Sexagesimo noveno periodo de sesiones. Tema 13a) y 115 del programa.

(16) TEUBNER Gunther. El derecho como sujeto epistemico: hacia una epistemologia constructivista del derecho. (Gomez-Jara Diez, Agustin, Trad.) Revista Doxa. Num. 25. 2002, [pp. 533-571) p. 567.

(17) RIVEROS SERRATO, Hector. Gobernabilidad local, convivencia y seguridad ciudadana. Marco para la accion. PNUD, Mayo 2008.

(18) GARCIA ZAMORA, Rodolfo y MARQUEZ COVARRUBIAS, Humberto. Mexico: Violencia e inseguridad. Hacia una estrategia de desarrollo y seguridad humana. Nomadas. Revista Critica de Ciencias Sociales yJuridicas. Numero Especial: America Latina, 2013. p.4.

(19) SOLIS GONZALEZ, Jose Luis. Neoliberalismo y crimen organizado en Mexico: El surgimiento del Estado narco. Frontera norte. 2013, vol. 25, n.50, [pp.7-34], p. 29.

(20) La seguridad publica es una funcion a cargo de la Federacion, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevencion de los delitos; la investigacion y persecucion para hacerla efectiva, asi como la sancion de las infracciones administrativas, en los terminos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitucion senala. La actuacion de las instituciones de seguridad publica se regira por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitucion.

Las instituciones de seguridad publica seran de caracter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Publico y las instituciones policiales de los tres ordenes de gobierno deberan coordinarse entre si para cumplir los objetivos de la seguridad publica y conformaran el Sistema Nacional de Seguridad Publica, que estara sujeto a las siguientes bases minimas:

a. La regulacion de la seleccion, ingreso, formacion, permanencia, evaluacion, reconocimiento y certificacion de los integrantes de las instituciones de seguridad publica. La operacion y desarrollo de estas acciones sera competencia de la Federacion, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ambito de sus respectivas atribuciones.

b. El establecimiento de las bases de datos criminalisticos y de personal para las instituciones de seguridad publica. Ninguna persona podra ingresar a las instituciones de seguridad publica si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.

c. La formulacion de politicas publicas tendientes a prevenir la comision de delitos.

d. Se determinara la participacion de la comunidad que coadyuvara, entre otros, en los procesos de evaluacion de las politicas de prevencion del delito asi como de las instituciones de seguridad publica.

e. Los fondos de ayuda federal para la seguridad publica, a nivel nacional seran aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

(21) ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Programa Nacional de Seguridad Publica (2014-2018). Secretaria de Gobernacion. Diario oficial de la Federacion. 30 de abril de 2014.

(22) ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Publica, aprobados en su Trigesima Octava Sesion Ordinaria, celebrada el 21 de agosto de 2015. Secretaria de Gobernacion. Diario oficial de la Federacion. 5 de octubre de 2015.

(23) Cf ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Lineamientos para la implementacion de los Programas con Prioridad Nacional. Secretaria de Gobernacion. Diario oficial de la Federacion. 18 de diciembre de 2015.

(24) ORDONEZ, Sergio. Crisis del Neoliberalismo y perspectivas de la economia y sociedad del conocimiento en Memorias del Foro de Economia y Cultura. [pp. 1-10.] Mexico: UNAM, p. 2.

(25) ARCE TOVAR, Diofanto. Sociedad y economia del conocimiento. El caso colombiano. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 4(1), [p.p. 109-120], (enero-junio, 2013), p. 112-113.

(26) KRUGER, Karsten. El concepto de "sociedad del conocimiento" en Biblio 3W Revista Bibliografica de Geografia y Ciencias Sociales. Vol. XI, no 683, [en linea] 25 de octubre de 2006, Universidad de Barcelona.

(27) CABRERO MENDOZA, Enrique. Mensaje del Director General del CONACYT en CONACYT. Programa Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion 2014-2018 [PECiTI], p. 9.

(28) CERRUTI, Pedro. Seguridad publica y neoconservadurismo en la Argentina neoliberal: La construccion social de la "inseguridad" durante los anos noventa: "combate a la delincuencia", "tolerancia cero" y "mano dura" en ARTIGOS, Revista de Sociologia e Politica, V. 21, No. 48, [pp. 143-160], Dec. 2013.

(29) Cf Op. cit. 1. SOLORZANO PENA, Maria Amelia y CONTRERAS ACEVEDO, Ramiro.

(30) CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. El ABC de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El que, como, cuando, donde y por que de la Corte Interamericana. p. 2. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/abccorte/abc/files/assets/basic-html/page2.html

(31) LLOPIS, Carmen (Coord.); BUESO, Carmen; CHAMORRO, Maria y GARCIA, Alvaro. Recursos para una educacion global. ?Es posible otro modo?, Narcea, S.A. de Ediciones. Espana: 2003, p. 56.

(32) PAOLANTONIO, Martin. Antecedentes y evolucion del constitucionalismo. Constitucionalismo liberal y constitucionalismo social en Lecciones y Ensayos, Numero 47, Enero-Diciembre, Ano 1987, [pp. 195-216] p. 201.

(33) Ibid, p. 216

(34) MELENDEZ, Florentin. Los derechos economicos, sociales y culturales en el Sistema Interamericano de proteccion a los derechos humanos en Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IV Curso Interamericano de Sociedad Civil y Derechos Humanos: derechos economicos sociales y culturales un debate urgente. San Jose, 2005, [pp. 375-392] p. 375.

(35) GARCIA RAMIREZ, Sergio, Tres textos precursores en el constitucionalismo social, Boletin Mexicano de Derecho Comparado, num. 2-3, Mexico, 1969, p. 472.

(36) Op. Cit. 30. PAOLANTONIO, Martin. p. 216.

(37) NOGUEIRA ALCALA, Humberto, Los derechos economicos, sociales y culturales como derechos fundamentales efectivos en el constitucionalismo democratico latinoamericano, Estudios constitucionales, 2009, vol. 7, n.2.

(38) Op. cit. 29. LLOPIS, Carmen (Coord.); BUESO, Carmen; CHAMORRO, Maria y GARCIA, Alvaro.

(39) YRIGOYEN FAJARDO, Raquel Z. El horizonte del constitucionalismo pluralista: del multiculturalismo a la descolonizacion, en RODRIGUEZ GARAVITO, Cesar (Coord.). El derecho en America Latina. Un mapa para el pensamiento juridico del siglo XXI. Buenos Aires, Siglo XXI, 2011, p. 142.

(40) FERRAJOLI, Luigi. El papel de la funcion judicial en el Estado de derecho, en ATIENZA, Manuel y FERRAJOLI, Luigi. Jurisdiccion y argumentacion en el Estado constitucional de derecho. Primera reimpresion, Mexico: UNAM, 2011. [pp. 87- 95], p. 92

(41) ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Secretaria de Gobernacion. Diario oficial de la Federacion. 5 de mayo de 2013.

(42) DELUCCHI, Maria Laura. Algunas consideraciones en torno a los principios. Anales de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales; ano 7, no. 40. [pp. 597-607] p. 600.

(43) ALEXY, Robert, Sistema juridico, principios juridicos y razon practica en Doxa : Cuadernos de Filosofia del Derecho, num. 5 (1988), citado en Idem.

(44) PEREZ JARABA, Maria Dolores. Los derechos fundamentales como normas juridicas materiales en la teoria de Robert Alexy. Cuadernos electronicos de filosofia del derecho. n.24 (2011), [pp. 184-222] p. 215-218.

(45) ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan. Sobre principios y reglas, en Doxa. Cuadernos de Filosofia del Derecho. Num. 10, 1991, [pp. 101-120] p. 109.

(46) DWORKIN, Ronald Myles. Los derechos en serio. Barcelona, Ariel, 1984. Trad. Marta Guastavino. p. 158

(47) DILTHEY, Wilhelm. Teoria de las concepciones del mundo, Madrid 1974, Revista de Occidente, p. 49

(48) ARELLANO GAULT, David y BLANCO, Felipe. Politicas Publicas y Democracia. Instituto Federal Electoral. Primera edicion, Mexico, 2013, p. 7.

(49) VALADES, Diego. La no aplicacion de las normas y el Estado de derecho, en Boletin Mexicano de Derecho Comparado. Numero 103, Enero-Abril 2002, Nueva Serie Ano XXXV, Mexico, UNAM. [PP. 219-291] p. 226.

(50) RODRIGUEZ, Gabriela; PUPPO, Alberto; GAMA, Raymundo y CERDIO, Jorge. Interpretacion conforme. suprema Corte de Justicia de la Nacion [SCJN], Oficina en Mexico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [OACNUDH] y Comision de Derechos Humanos del Distrito Federal [CDHDF]. Primera edicion, Mexico, 2013.

(51) ABASCAL CARRANZA, Salvador. Derechos humanos, seguridad y justicia, en PENALOZA, Pedro Jose y GARZA SALINAS, Mario A. (Coord.) Los desafios de la seguridad publica en Mexico Serie: Doctrina juridica, Num. 120. Mexico, IIJ-UNAM. 2002. [19-29] p. 19

(52) Op. Cit. 38. FERRAJOLI, Luigi. p. 94

(53) Op. Cit. 49. ABASCAL CARRANZA, Salvador. p. 26-29

(54) Cf. BOURDIEU, Pierre. La opinion publica, no existe. Conferencia impartida en Noroit (Arras) en enero de 1972 y publicada en Les temps modernes, no. 318, enero de 1973, pp. 1292-1309.

(55) Hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 que llevaron a la desaparicion forzada de 43 estudiantes de la normal rural Raul Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero. Cf GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES [GIEI] Informe Ayotzinapa. Investigacion y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. Mexico, 2015.

(56) Mexico ante la CIDH: realidad negada. La Jornada. Editorial. 3 de marzo de 2016

(57) Acontecimientos del 30 de junio de 2014 que llevaron al asesinato de 22 civiles por parte del ejercito mexicano. Cf CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTIN PRO JUAREZ [CENTRO PRODH] Tlatlaya a un ano: La orden fue abatir. Primera edicion, Mexico, 2015.

(58) CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION. Diputados presentan informe final sobre caso Tlatlaya. Boletin N.. 5471. 2015.

(59) Cf PF tuvo uso excesivo de la fuerza en Apatzingan: CNDH. El Economista. 25 de noviembre de 2015.

(60) Cf Balacera en Tanhuato, un caso lejos de resolverse. El Economista. 6 de abril de 2016.

(61) Cf DE LA BARREDA SOLORZANO, Luis. La sociedad mexicana y los derechos humanos. Encuesta Nacional de los Derechos Humanos, Discriminacion y Grupos Vulnerables. Mexico. UNAM.

(62) No hay suficiente respeto a derechos humanos, segun 70% de mexicanos La Jornada. Sociedad y justicia. (11 de noviembre de 2015).

(63) Op. cit. 3. COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS [CIDH] Y ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS [OEA], p. 231.

(64) Cf. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Observaciones del Estado Mexicano al Proyecto de informe sobre la situacion de derechos humanos en Mexico. Informe del Estado mexicano en respuesta a la nota del 24 de noviembre de 2015 de la Comision Interamericana de Derechos Humanos. 15 de diciembre de 2015.

(65) CENTRO DE REFLEXION Y ACCION LABORAL DE FOMENTO CULTURAL Y EDUCATIVO AC. [CEREAL] Informe sobre la situacion del derecho a la libertad sindical en Mexico. Audiencia tematica en el marco del 119. periodo ordinario de sesiones de la Comision Interamericana de Derechos Humanos. 3 de Marzo de 2004.

(66) La Comision de Expertos en Aplicacion de Convenios y Recomendaciones [CEACR] de la Organizacion Internacional del Trabajo [OIT] ha formulado observaciones respecto de la necesidad de adecuar la legislacion laboral mexicana a las obligaciones del convenio 87 sobre libertad sindical.

(67) El Gobierno Mexicano deliberadamente omitio senalar que segun los estatutos internos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia [SNTIEGI], la directiva sindical no puede ser electa en Convencion Extraordinaria. Estos estatutos se encuentran registrados ante el Poder Ejecutivo Federal.

(68) Acontecimientos relativos a la inhumacion de manera irregular a al menos 149 personas en dos fosas clandestinas en Tetelcingo, Cuautla por la Fiscalia General del Estado de Morelos (FGE), por lo que la Comision de Derechos Humanos del Estado de Morelos [CDHEM] exigio a los gobiernos estatal y federal excavar, encontrar, recuperar y realizar pruebas de ADN a todos los restos humanos para lograr su plena identificacion. Cf. MORELOS CRUZ, Rubicela. Fosas de la FGE-Morelos, crimen de lesa humanidad: ombudsman. La Jornada. Estados. 13 de noviembre de 2015.

(69) La Conferencia de Chapultepec; b) La Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; c) La convencion Americana sobre Derechos Humanos; d) La Comision Interamericana de Derechos Humanos; y e) La Corte Interamericana de Derechos Humanos.

(70) Cf. REY CANTOR, E. y REY ANAYA, A. Medidas provisionales y medidas cautelares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 1996. Primera Edicion. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, p. 2.

(71) El Consejo de Derechos Humanos de la ONU; Los Organos de los Tratados (Comites de la ONU), como es el caso del Comite de Derechos Humanos (CCPR) (con competencia sobre violaciones de derechos civiles y politicos reconocidos en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Politicos (PIDCP) y el Comite de Derechos Economicos, Sociales y Culturales (CESCR); la Corte Penal Internacional Corte (CPI); la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comision Interamericana de Derechos Humanos; la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Comision Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o "Tribunal de Estrasburgo", el Tribunal de Justicia de la Union Europea (TJUE) o "Tribunal de Luxemburgo" y la Comision Europea, entre otros.

(72) Cfr. MARTIN-ORTIZ, Iris. La norma obligatoria e inderogable de reconocer y garantizar los derechos humanos es exigible al poder constituyente, en Revista Estudios Socio Juridicos, 2010, 12,(1), [pp. 305-336]

(73) Ibid. p. 332
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Author:Pena, Maria Amelia Solorzano; Acevedo, Ramiro Contreras
Publication:Quaestio Iuris
Date:Nov 1, 2017
Words:14797
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