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Normativa legal, recaudos eticos y practica arqueologica. Un estudio comparativo de Argentina y Chile.

LEGAL REGULATION, ETHICAL ISSUES AND ARCHAEOLOGICAL PRACTICE. A COMPARATIVE STUDY OF ARGENTINA AND CHILE

El Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indigenas en el Ambito Internacional

En la segunda mitad del siglo XX, cuando ya se habia consolidado en el mundo el proceso de descolonizacion y se hallaba vigente la Declaracion Universal de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas (ONU), se inicio un proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indigenas cuyo primer hito fue la adopcion, por parte de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), del Convenio 107 sobre Poblaciones Indigenas y Tribales en 1957. No obstante, esta lucha no se detuvo y unas decadas despues fue propuesto uno nuevo con el objetivo de enfatizar el aporte de los pueblos indigenas a la diversidad cultural de la humanidad. En este convenio, que lleva el No 169, se efectuo un amplio reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, aun quedaba un largo camino por recorrer para que los derechos de los pueblos indigenas adquirieran el estatus de derechos humanos. Algunos hitos importantes en ese sentido fueron la Declaracion sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a Minorias Nacionales o Etnicas, Religiosas y Linguisticas aprobada en 1992. A lo que se suma la decision de la Asamblea General de la ONU de declarar el periodo 1995-2004 como la Decada Internacional de los Pueblos Indigenas del Mundo con el objeto de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de estos pueblos. Como corolario de este proceso y despues de mas de diez anos de haberse adoptado un primer anteproyecto de declaracion por parte de la Subcomision de Prevencion de la Discriminacion y Proteccion de Minorias, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobo en 2007 la Declaracion sobre los derechos de los pueblos indigenas, otorgandole finalmente a estos el estatus de derechos humanos.

Patrimonio Cultural y Reclamos Indigenas

Los reclamos de agrupaciones indigenas sobre el patrimonio cultural, especialmente por los restos humanos de sus antepasados, tuvieron su origen en Estados Unidos en los anos setenta (1), en el marco de un fuerte movimiento por los derechos indigenas en ese pais (Deloria 1970, 1995; Echo-Hawk y Echo-Hawk 1994), paralelamente a lo cual los aborigenes australianos comenzaron a oponerse a la excavacion de tumbas en sus territorios (Hubert 1992:107-108). Estos reclamos generaron reacciones en el ambito academico, especialmente entre quienes se negaban a aceptarlos en nombre de la "ciencia" (Morell 1995; tambien Deloria 1992, 1999:72-73), aunque surgieron voces a favor de la necesidad de abrir el debate y reflexionar acerca de estas cuestiones en el seno de la comunidad cientifica (Webb 1987; Zimmerman 1987). Fruto de las discusiones entre investigadores y representantes indigenas iniciadas durante el primer Congreso organizado por el World Archaeological Congress (WAC) en Southampton, Reino Unido en 1986, se adopto el Acuerdo de Vermillion (WAC 1990) que marco un hito en la materia. Este acuerdo contiene los siguientes puntos:

1. Respeto por todos los restos humanos, cualquiera sea su origen, raza, religion, nacionalidad, costumbre y tradicion.

2. Respeto por los deseos del muerto en lo referente a la disposicion de su cuerpo, si ello es conocido o puede ser inferido, en la medida que sea posible, razonable y legal.

3. Respeto por los deseos de las comunidades locales y de los parientes o guardianes del muerto, en la medida que sea posible, razonable y legal.

4. Respeto por el valor de la investigacion cientifica de partes esqueletarias, momificadas y otros restos humanos (incluyendo hominidos fosiles) cuando se prueba que tal valor existe.

5. El acuerdo sobre la disposicion de restos fosiles, esqueletarios, momificados y otros restos debe ser alcanzado mediante una negociacion sobre la base del respeto mutuo por el interes legitimo de las comunidades por la adecuada disposicion de sus ancestros, asi como el interes legitimo de la ciencia y de la educacion.

6. El expreso reconocimiento de que el interes de los diversos grupos etnicos asi como el de la ciencia son legitimos y deben ser respetados permitira alcanzar y poner en practica acuerdos aceptables (en el futuro).

El activismo indigena impulso la sancion de novedosas normas legales relativas a la repatriacion de restos humanos y objetos sagrados en algunos paises anglosajones, especialmente en Estados Unidos donde se aprobo en 1990 la ley federal conocida como NAGPRA (Native American Graves Protection and Repatriation Act) (2). Esta norma tiene por objeto proteger las tumbas indigenas en tierras federales y tribales, otorgandole a los nativos americanos el control sobre el tratamiento de las tumbas aun no identificadas, al tiempo que prohibe la comercializacion de esqueletos indigenas. Asimismo exige el inventario y la repatriacion de los restos humanos que se encuentren en manos de instituciones que reciban fondos federales, asi como la devolucion de los objetos funerarios o sagrados robados o impropiamente adquiridos y otras propiedades comunales significativas que sean reclamadas por sus duenos tradicionales. Esta ley admite la repatriacion si se prueba la existencia de un descendiente en linea directa o demostrando que el bien era propiedad o estaba controlado por la tribu o por alguno de sus miembros. Uno de sus aspectos mas novedosos es la flexibilidad de la prueba de la filiacion cultural que puede basarse en "informacion geografica, de parentesco, biologica, arqueologica, antropologica, linguistica, folclorica, tradicion oral, historica, asi como toda otra informacion relevante u opinion experta" (Sec.7 a-4). Se admiten dos excepciones a la repatriacion. La primera consiste en la acreditacion, por parte de los museos, de su derecho de posesion sobre los objetos reclamados (e.g. adquiridos por cesion voluntaria). La segunda, se refiere a los items culturales que estan siendo objeto de estudios cientificos, debiendo hacerse efectiva su devolucion dentro de los noventa dias de haberse completado dichos estudios (Sec. 7 b).

Las consecuencias de la aplicacion de esta ley dieron lugar a encendidos debates en el ambito academico, en donde se evidencio la preocupacion de algunos investigadores que la consideraban un serio riesgo a la continuidad de sus estudios (Anyon y Thornton 2002; Bray 1996; Hurst 2000; Swidler et al. 1997).

Los reclamos indigenas han motivado ademas cambios en las politicas de algunos museos que decidieron, en algunos casos, retirar los restos humanos de sus exhibiciones y proveer informacion sobre sus colecciones (e.g. Museo de Pitt Rivers, Oxford) y, en otros, accedieron voluntariamente a su devolucion (e.g. Universidad de Cambridge en 1990; el National Museum of Natural History --NMNH--del Smithsonian que accedio a la repatriacion de Larsen Bay en 1991) (Endere 2000b).

Algunos codigos de etica profesionales comenzaron a considerar los restos humanos y objetos sagrados asociados como "materiales sensibles" que demandan una especial consideracion (e.g. Codigo de ICOM de 1986). Otras asociaciones han contemplado en sus codigos de etica el reconocimiento del legitimo interes de las comunidades indigenas respecto de los restos humanos de sus ancestros (e.g. Society of Professional Archaeologists Guidelines, 1987; American Association of Museums, Australian Archaeological Association Code, en 1991). Es particularmente interesante destacar que el Codigo de Deontologia del ICOM para Museos3, en su version revisada de 2004, contempla las siguientes recomendaciones:

2.5 Materiales culturales delicados Las colecciones de restos humanos u objetos con caracter sagrado solo se deben adquirir si se pueden conservar con seguridad y ser tratadas con respeto. Esto debe hacerse de conformidad con las normas profesionales y los intereses y creencias de las comunidades o grupos etnicos o religiosos de donde provienen, si es que se conocen.

3.7 Restos humanos y objetos con caracter sagrado

Las investigaciones sobre restos humanos y objetos con caracter sagrado se deben efectuar de conformidad a las normas profesionales, respetando los intereses y creencias de las comunidades y grupos etnicos o religiosos de los que proceden los objetos.

4.3 Exposicion de objetos delicados Los restos humanos y los objetos de caracter sagrado deben presentarse de conformidad con las normas profesionales y teniendo en cuenta, si se conocen, los intereses y creencias de las comunidades y grupos etnicos o religiosos de los que proceden. Deben presentarse con sumo tacto y respetando los sentimientos de dignidad humana de todos los pueblos.

Derechos Humanos Versus Derecho a la Investigacion Cientifica

Se ha discutido ampliamente el valor juridico de una declaracion de derechos humanos de la ONU en tanto norma de derecho positivo internacional. En primer lugar, es necesario aclarar que una declaracion no posee el estatus juridico de una convencion internacional que, al ser ratificada por ley del Estado pasa a formar parte de su derecho interno y, a su vez al depositarse el instrumento de ratificacion en el organismo internacional correspondiente, el pais se obliga a cumplirla a nivel internacional al constituirse en Estado parte de la Convencion. Por el contrario, las declaraciones aprobadas mediante una resolucion de la Asamblea General de la ONU solo pueden tener el caracter de recomendaciones y no constituyen normas de caracter vinculante. No obstante, la opinion dominante en la doctrina afirma el caracter obligatorio de las Declaraciones de Derechos Humanos en forma indirecta, basandose en que los derechos reconocidos en ellas representan "principios generales del derecho de las naciones civilizadas". Cabe destacar que estos principios constituyen una de las cinco fuentes de derecho internacional reconocidas por el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (art. 38.1) para ser aplicadas por ese tribunal. Por otra parte, las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, ademas de su valor juridico, tienen importancia moral y politica que los Estados no pueden desconocer. Todas estas consideraciones sirven de base para evaluar el impacto de algunas disposiciones contenidas en la Declaracion de 2007 relativas a sitios y colecciones arqueologicas, transcritas a continuacion:
   Los pueblos indigenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus
   tradiciones culturales y costumbres. Esto incluye el derecho de
   mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones de su cultura
   pasadas, presentes y futuras, tales como sitios arqueologicos e
   historicos, artefactos, disenos, ceremonias, tecnologias, artes
   visuales y dramaticas y literatura. Los Estados garantizaran este
   derecho a traves de mecanismos efectivos, los cuales pueden
   incluir la restitucion, desarrollada conjuntamente con los pueblos
   indigenas, con respecto a su propiedad cultural, intelectual,
   religiosa y espiritual tomada sin su consentimiento libre, previo
   e informado o en violacion a sus leyes, tradiciones y costumbres
   (art. 11).

   Los pueblos indigenas tienen derecho a manifestar, practicar,
   desarrollar y ensenar sus tradiciones espirituales y religiosas,
   costumbres y ceremonias; el derecho a mantener, proteger y tener
   acceso privado a sus sitios religiosos y culturales; el derecho a
   usar y controlar sus objetos ceremoniales y el derecho a la
   repatriacion de sus restos humanos.

   Los Estados deberan garantizar el acceso a y/o la repatriacion de
   objetos ceremoniales y restos humanos que se encuentren en su poder
   a traves de mecanismos justos, transparentes y efectivos
   desarrollados en conjunto con los pueblos indigenas involucrados
   (art. 12).

   Los pueblos indigenas tienen derecho a mantener, controlar,
   proteger y desarrollar su patrimonio cultural, conocimiento
   tradicional y expresiones culturales tradicionales (...).
   Tambien tienen derecho a mantener, controlar, proteger y
   desarrollar su propiedad intelectual sobre su patrimonio cultural,
   conocimiento tradicional y expresiones culturales tradicionales.
   Los Estados deben tomar medidas efectivas para reconocer y proteger
   el ejercicio de esos derechos (art. 31).


La Situacion Juridica de los Pueblos Indigenas en Argentina

La primera Carta Magna de Argentina fue aprobada en 1853. Para entonces, los pueblos indigenas que habitaban en el noroeste y el centro del pais ya habian sido sometidos, fruto del proceso colonial. Sin embargo, aquellos ubicados en Pampa y Patagonia, tanto como en las areas selvaticas del Gran Chaco se hallaban en libertad y ocupaban territorios no controlados por el gobierno nacional y que eran considerados estrategicos para consolidar su territorio y acceder a los recursos naturales que aquellos explotaban. Es por ello que la Constitucion de 1853 se ocupaba de este segundo grupo, autorizando al Congreso "a asegurar la seguridad de las fronteras", "mantener relaciones pacificas con los indios" y "promover su conversion al catolicismo" (art. 67 inc. 15). Consecuentemente con ese objetivo en 1879 el gobierno emprendio una guerra contra los indigenas de Pampa y Patagonia, conocida como "la Conquista del Desierto". Luego de concluida, su estatus juridico cambio sustancialmente, ellos dejaron de ser pueblos "barbaros" que debian ser sometidos (art. 1 Ley 752/1875) para ser considerados como "incapaces de derecho" y objeto de asistencia permanente por parte del Estado (e.g. Decreto de 1899 de Defensa Legal de los Aborigenes; Leyes 1311/1883 y 1744/1885). Su confinamiento en reservas y reducciones tenia el proposito de escolarizarlos e inculcarles habitos de trabajo productivo. Esta politica de "colonizacion y domesticacion" (Carrasco 2002) se mantuvo invariable por decadas. Durante los tres gobiernos radicales (1916 y 1930) se reconocia desde el discurso oficial la necesidad de efectuar una reparacion historica y cultural con los pueblos indigenas garantizandoles el acceso igualitario a las garantias constitucionales. Sin embargo, seguia imperando la politica de tutela sobre estas comunidades por lo que su unico resultado fue la creacion de una Comision Honoraria de Reducciones de Indios. Hacia 1946 se produjo un cambio hacia la "integracion sociocultural" de los indigenas al ser incorporados al padron electoral y otorgarles los documentos para votar en las elecciones que llevo al gobierno a Juan D. Peron (1946-1955) (Carrasco 2000, 2002). Se creo la Direccion de Proteccion del Aborigen y el Instituto Etnico Nacional, se modificaron las clausulas relativas a "los indios" en la reforma constitucional de 1949 y se ratifico el Convenio 50 de la OIT. Sin embargo, estas politicas de integracion se vieron truncadas con el golpe de Estado de 1955 (Slavsky 1992, 1997). En la decada de los sesenta se comenzo a desarrollar una politica de corte indigenista. La ratificacion del Convenio 107 de la OIT mediante la Ley 14.932/59 y la creacion de un Consejo de Asuntos Indigenas en 1961, sumado al primer censo indigena de 1966 fueron sus principales hitos. Los cambios mas significativos, sin embargo, se producirian luego del retorno de la democracia en la decada de 1980. En efecto, la Ley 23.302/85 sobre "politica indigena y apoyo a las comunidades indigenas" reconoce el estatus legal de las comunidades indigenas (4) y declara:
   ...de interes nacional la atencion y apoyo a los aborigenes y a
   las comunidades existentes en el pais, y a su defensa y desarrollo
   para su plena participacion en el proceso socioeconomico y
   cultural de la Nacion, respetando sus propios valores y modalidades
   (art. 1).


Esta norma creo, ademas, el Instituto Nacional de Asuntos Indigenas (INAI) como una entidad descentralizada que debe llevar un Registro de Comunidades Indigenas --a las que se les otorga personeria juridica-- y elaborar planes de adjudicacion y explotacion de tierras, de educacion y de salud. Se preve la participacion de estas comunidades en la implementacion de la ley a traves del envio de representantes a un Consejo de Coordinacion de caracter consultivo (Dec. 155/89 arts. 7 i y 10).

En 1992 Argentina ratifico por Ley 24.071 el Convenio 169 de la OIT aunque el instrumento de ratificacion se deposito recien en el 2000, ano en el cual adquirio jerarquia constitucional en virtud del art. 31 de la CN. Este convenio no solo coincide con el criterio de autorreconocimiento etnico adoptado por la Ley 23.302 como base para la definicion de los pueblos indigenas, sino que establece que los gobiernos deben "asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participacion de los pueblos interesados, una accion coordinada y sistematica con miras a proteger los derechos (sociales, economicos y culturales) de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad" (art. 2.1, tambien 2.b). Asimismo se dispone que "deberan protegerse los valores y practicas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos (...)" (art. 6).

Finalmente la Constitucion Nacional reformada en 1994, en su art. 75 inc. 17, reconoce "la preexistencia etnica y cultural de los pueblos indigenas argentinos", garantizando --concurrentemente con las provincias-- "el respeto a su identidad y asegurando su participacion en la gestion referida a sus recursos naturales y a los demas intereses que los afecten". Este ultimo parrafo ha sido interpretado como una admision implicita al derecho de participar en la gestion del patrimonio cultural de sus antepasados (Endere 2000a:56).

Como se observa existe un reconocimiento significativo a los pueblos indigenas en las normas de mayor jerarquia de Argentina. Sin embargo, esos derechos no siempre son contemplados en la legislacion derivada --nacional o provincial-- y mucho menor aun es su grado de observancia en la practica.

Reclamos indigenas sobre el patrimonio cultural en Argentina

El reconocimiento legal de las comunidades indigenas de Argentina en las ultimas decadas cambio considerablemente las perspectivas de los reclamos sobre restos humanos que formaban parte de colecciones de museos. El caso paradigmatico lo constituye el Museo de La Plata que alberga una coleccion de esqueletos y craneos, fundamentalmente tehuelches y araucanos que perecieron o fueron tomados prisioneros durante la "Conquista del Desierto" (Podgorny y Politis 1992; Quijada 1998). Estos esqueletos, sobre todo los restos de caciques de conocida trayectoria historica, han sido reclamados por diferentes grupos y descendientes desde los anos setenta. Sus reclamos fueron denegados porque los restos integraban colecciones arqueologicas consideradas como bienes del dominio publico del Estado, en virtud de lo dispuesto en el art. 2340 inc. 9 del Codigo Civil. En otros casos, el rechazo se fundo en la imposibilidad de probar legalmente el parentesco por consanguinidad (Endere 2000b, 2002). Dadas las circunstancias, la restitucion solo seria posible si se dictara una ley que los desafectara del dominio publico. En 1991 se dicto la primera Ley de Repatriacion (23.940/91) que ordeno la restitucion del cacique tehuelche Inakayal a su lugar de origen, en Tecka, Chubut, donde fue enterrado en un mausoleo en 1994 despues de recibir honores militares y rituales indigenas. Una nueva restitucion se produjo gracias a la Ley 25.276/2001 que ordeno la devolucion de los restos del jefe Ranquel Mariano Rosas (Panghitruz Guor) a la comunidad ranquelina o Rankulche que habita en la provincia de La Pampa (Endere y Curtoni 2006), hecho que sin duda marco un hito en el resurgimiento de esta comunidad y en la "representacion del Rankulche como entidad etnica en vias de regreso" (Lazzari 2003, 2010).

Finalmente la Ley 25.517/01 intento generar un cambio sustancial en la materia, al establecer que los museos deben poner a disposicion de "los pueblos indigenas o comunidades de pertenencia que los reclamen" los restos humanos de aborigenes que formen parte de sus colecciones (art. 1). Asimismo exige que "para realizarse todo emprendimiento cientifico que tenga por objeto a las comunidades aborigenes, incluyendo su patrimonio historico y cultural, debera contarse con el expreso consentimiento de la comunidad interesada" (art. 3). Esta norma, sin embargo, no establece los requisitos que deben cumplir las comunidades para efectuar sus reclamos, el criterio que deben seguir los museos para hacer lugar a los mismos, ni la forma de dirimir los eventuales conflictos. Esta norma requiere la adhesion de las provincias para que sea aplicable en sus territorios. Por ello, la provincia de Rio Negro sanciono en el 2001 la Ley 3.468 que adhiere a la Ley 25.517 y establece que la comunidad que realice el reclamo debera estar reconocida en su jurisdiccion de origen o contar con aval de organismo oficial que certifique su existencia, subsanando de este modo la cuestion de definir que se entiende por "comunidad de pertenencia".

Pasaron varios anos sin que esta ley fuera reglamentada, durante ese periodo se sanciono en el 2003 la Ley Nacional 25.743 de Proteccion del Patrimonio Arqueologico y Paleontologico. Esta norma distribuye competencias entre el Estado nacional y las provincias y establece que la autoridad de aplicacion a nivel nacional es el Instituto Nacional de Antropologia y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), al tiempo que crea el Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueologicos. Sin embargo, no menciona a las comunidades indigenas ni establece ninguna diferenciacion entre los sitios arqueologicos ubicados en tierras indigenas y los que se encuentran en propiedad privada. Esta ley fue criticada por diferentes agrupaciones indigenas que alegaron su inconstitucionalidad, aunque no se han efectuado presentaciones judiciales al respecto. La Ley 23.743 fue sancionada despues de un erratico proceso legislativo y su sancion genero no pocas polemicas en algunos investigadores y asociaciones profesionales que reclamaron la falta de participacion en su elaboracion.

En mayo de 2010 y como resultado de una multitudinaria marcha de los pueblos originarios a la Plaza de Mayo, el gobierno anuncio algunas medidas, entre ellas la reglamentacion de la Ley 25.517 mediante el Decreto 701 que establece que el Instituto Nacional de Asuntos Indigenas (INAI) "sera el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones dispuestas por la Ley 25.517". El INAI esta facultado para "efectuar relevamientos tendientes a identificar los restos mortales de aborigenes que formen parte de museos y/o colecciones publicas o privadas y propiciar su restitucion", coordinando sus acciones con los organismos competentes en la materia, en especial con el Instituto Nacional de Antropologia y Pensamiento Latinoamericano". Asimismo podra "recabar informes y emitir opinion sobre los emprendimientos cientificos que tengan por objeto a las comunidades aborigenes, contemplados en el articulo 3[grados] de la Ley 25.517". Cabe destacar que este decreto autoriza a los organismos de investigacion que tuvieran en su posesion restos mortales reclamados, a solicitar una prorroga de hasta de 12 meses para concretar su devolucion.

Estandares de etica profesional

La posibilidad de constituir un colegio profesional de arqueologos con control de la matricula ha sido largamente debatida en Argentina, aunque los resultados no han sido demasiado alentadores. Ello se debe a que la competencia para crear colegios profesionales es provincial, por lo que debe crearse uno por provincia (5). De modo que si un profesional trabaja en mas de una provincia, cuestion bastante usual, deberian matricularse en cada una de ellas, aumentando los costos del ejercicio profesional. Es por ello que en 1999 se creo una asociacion civil de integracion voluntaria denominada AAPRA (Asociacion de Arqueologos Profesionales de la Republica Argentina).

En la ultima decada se ha avanzado, aunque de manera menos organica, en la discusion de temas relacionados con los derechos indigenas en diferentes reuniones de especialistas. Un ejemplo de ello lo constituye la mesa redonda efectuada en la Universidad de Salta en 1999, con el objeto de discutir las implicaciones eticas del hallazgo de momias en el Volcan Llullaillaco (6). Entre las recomendaciones adoptadas en dicha reunion se enfatizo la necesidad de que la legislacion y las autoridades politicas tengan en cuenta los derechos e intereses de las comunidades locales y de los pueblos indigenas a participar en el manejo del patrimonio cultural (ap.1. d). Tambien se senalo la necesidad de "promover la adopcion de reglas de conducta profesional donde se contemplen los aspectos eticos de los arqueologos frente a los hallazgos y al destino posterior de las colecciones (...), los derechos de las comunidades locales y pueblos indigenas a participar en la toma de decisiones en la gestion del patrimonio", asi como de "reconocer el aporte que la arqueologia puede hacer al conocimiento del pasado y en particular del patrimonio cultural indigena" (ap. 2. b), (CEPIHA 1999).

En mayo de 2005 se firmo la "Declaracion de Rio Cuarto" en el marco del Primer Foro ArqueologosPueblos Originarios realizado en la ciudad de Rio Cuarto, Cordoba y convocado por mandato del Plenario del XV Congreso Nacional de Arqueologia Argentina. Las recomendaciones de esta declaracion versan sobre los siguientes aspectos:

(a) la no exhibicion de restos humanos que se encuentren en museos, asi como la necesidad de sensibilizar al publico acerca de las razones que fundamentan dicha decision;

(b) el respeto por la sacralidad ancestral de los restos humanos y sitios indigenas, y la necesidad de adecuar las tecnicas y procedimientos arqueologicos para hacerlos compatibles con dicho respeto;

(c) la colaboracion mutua para lograr la restitucion de restos humanos indigenas que esten alojados en colecciones publicas y/o privadas, asi como la modificacion de la actual ley de patrimonio arqueologico;

(d) la necesidad de que los arqueologos valoren responsablemente las consecuencias sociales y politicas de la investigacion arqueologica, en relacion a los derechos de las comunidades indigenas y

(e) Contar con el acuerdo previo de las comunidades indigenas para la realizacion de investigaciones arqueologicas y de extremar los recaudos para que estas cuenten con la informacion relevante para la toma de decisiones.

Esta declaracion si bien no recibio en su momento muchas adhesiones, genero un impacto mas bien doctrinario tanto en investigadores como en representantes indigenas (ver Canuhe 2005; Perez Gollan 2005).

En el 2007 la Asociacion de Antropologia Biologica Argentina (AABA) aprobo una Declaracion en relacion con la Etica del Estudio de Restos Humanos. Este codigo fue adoptado por los miembros de la asociacion en defensa de sus derechos frente a los reclamos de las comunidades indigenas. Si bien reconocen "la lucha secular de los pueblos originarios" sostienen que "el estudio cientifico de los restos biologicos humanos es de interes para toda la humanidad" (art. 2) y afirman el derecho de la AABA a participar en toda discusion referida a la gestion y manejo del patrimonio biocultural, incluidos los restos humanos (art. 4). No obstante, reconocen que "es deseable facilitar la restitucion de restos de identidad conocida a las comunidades de pertenencia que los reclamen --siendo materia de discusion la restitucion de los otros restos--, asi como atender a los reclamos de no exhibicion publica de restos humanos en museos (arts. 5 y 6). Finalmente promueve la formacion y actuacion de una comision ad hoc destinada a la redaccion de un Codigo de Etica y la fijacion de criterios basicos para posibilitar un dialogo con los diferentes actores sociales involucrados y asesorar a los cuerpos legislativos que lo requieran (art. 4). Sin embargo, esta declaracion --a diferencia de la Vermillion y de la de Rio Cuarto-- fue elaborada y aprobada sin la participacion de representantes indigenas.

En septiembre de 2009 la AAPRA aprobo un Codigo de Etica Profesional destinado a sus asociados. En el mismo se establece que:

Art. 4. Es deber de los arqueologos no solo respetar sino hacer respetar y difundir todas las leyes y disposiciones legales nacionales y provinciales y las recomendaciones internacionales relacionadas con el patrimonio arqueologico.

Art. 14. Los restos humanos deben ser tratados con particular respeto, atendiendo a criterios consensuados entre los distintos actores sociales interesados.

Art. 15. Se debera promover una interaccion positiva con las comunidades locales directamente ligadas al area de investigacion, independientemente de su origen etnico, respetando sus preocupaciones, costumbres, credos y valores, en la medida en que esto no implique incurrir en actos ilegales ni contradecir este codigo o los derechos fundamentales de cualquier ser humano.

Art. 16. Los resultados de las investigaciones arqueologicas se deben

dar a conocer publicamente en un lapso razonable y en la mayor cantidad posible de ambitos.

Como puede observarse, este codigo aunque sin mencionarlo expresamente tiene en cuenta las comunidades indigenas aun cuando sus disposiciones son bastante limitadas, en particular en relacion a la cuestion de los restos humanos.

En general todos estos principios y declaraciones parecen operar como meras expresiones de deseos que no tienen demasiadas implicancias en la practica profesional. Es por ello que quizas haya resultado mas operativa la clausula sobre recaudos eticos basada en la Ley 25.517 que ha incluido el Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnologicas (CONICET) entre los requisitos para acceder al financiamiento de proyectos o para la aprobacion de planes de trabajo. Cabe destacar que el CONICET creo en 2005 el Comite de Etica como un organo interdisciplinario de asesoramiento sobre aspectos eticos y bioeticos vinculados al desarrollo de actividades cientificas en dicho organismo. Este Comite produjo dos documentos que fueron adoptados por el CONICET: "Principios eticos para el comportamiento del investigador cientifico y tecnologico" (Res 540/2006) y "Lineamientos para el comportamiento etico en las Ciencias Sociales y Humanidades" (Res 2857/2006). Entre dichos principios se contempla la obligacion de obtener el consentimiento libre e informado de los participantes en proyectos cientificos, de respetar los restos humanos involucrados en las investigaciones y de no participar en trabajos que puedan afectar los derechos humanos reconocidos por los convenios internacionales y la Constitucion Nacional. En ese marco se incluyo en los Informes de Investigador o pedidos de subsidios de CONICET un acapite relativo a "Aspectos eticos" en donde el investigador debe responder de manera afirmativa o negativa respecto de: a) si la propuesta o plan de trabajo debe ser analizado desde el punto de vista etico y b) si comprende "Estudios de comunidades aborigenes (ver Ley 25.517)".

El reconocimiento que los derechos indigenas han tenido en el ambito legal y en los codigos de etica profesionales parecen haber generado un impacto desigual entre los investigadores, cuyas actitudes podrian resumirse en cuatro tipos basicos: los que se niegan y resisten (aunque cada vez menos abiertamente), los que aceptan pero no cambian sus metodologias de trabajo, los que tienen un discurso claramente reivindicativo e intentan aplicarlo en sus practicas profesionales y los que adoptan una militancia activa en beneficio de los indigenas (ver Verdesio 2010:133). En esta ultima categoria podria ubicarse la actividad del Grupo Universitario de Investigacion en Antropologia Social (GUIAS) que denuncio publicamente en 2006 que aun se encontraban en el Museo de La Plata el cuero cabelludo y el cerebro de Inakayal (7) (ya que hallaron restos identificados con los numeros de inventario otorgado en su oportunidad). Este grupo identifico ademas restos de 35 personas que se encontraban en las colecciones del Museo de La Plata, lo cual permitio que, una vez comprobada su identidad por antropologos biologos, se generaran nuevos pedidos de restitucion y se concretara la devolucion de "Damiana" y otro individuo a la comunidad Ache de Paraguay en el 2010 (Pepe et al. 2008, tambien Ametrano 2010).

Otro caso para destacar son las investigaciones desarrolladas por un equipo franco-argentino en el Museo de Quai Branly, Paris, con el objeto de desclasificar en sus depositos los restos oseos de "gigantes patagones" exhumados por el conde Henry de La Vaulx en la Patagonia entre 1896 y 1897. Como senala Vezub, esta investigacion pone de manifiesto una "epistemologia colonial" --comun en los museos de la epoca-- de fragmentar partes del cuerpo y la documentacion correspondiente en diferentes colecciones, por lo que "desclasificar" consiste en reconectar "restos, objetos, imagenes y textos de escasa visibilidad, la identificacion de quienes y de donde provienen, las referencias geograficas de las sepulturas, la individualizacion de las osamentas y los ajuares funerarios". En suma, "conectar a los restos con su historia, invirtiendo el trabajo de campo (...) y concebir al museo como el terreno arqueologico para desandar una historia y una historiografia" (Vezub 2009:3-4).

Cabe mencionarse tambien investigaciones antropologicas que analizan conflictos entre comunidades indigenas e instituciones academicas en el marco de procesos de re-emergencia etnica, en los cuales los restos humanos ocupan un capitulo importante en la lista de reclamos. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Huarpe de la provincia de San Juan que desafiando a los arqueologos regionales que afirman su inautenticidad biologica, historica y cultural, piden la restitucion de restos humanos al Instituto de Investigaciones Arqueologicas y Museo de la Universidad de San Juan, en especial de la Momia de Los Morillos (Escolar 2007; Jofre et al. 2010).

Finalmente, no puede dejar de destacarse que varios museos nacionales de Argentina han decidido retirar de exhibicion las momias u otros restos humanos, siendo el Museo Etnografico de la Universidad de Buenos Aires el cual asumio un rol de liderazgo en la materia. Este museo, ademas, devolvio voluntariamente en el 2004 una cabeza momificada de un guerrero maori que formaba parte de sus colecciones desde 1910, entregandola al Museo Nacional Te Papa de Nueva Zelanda hasta que se determine su procedencia a fin de entregarla a los descendientes.

El Caso de los Pueblos Indigenas y el Patrimonio en Chile

Desde su creacion en 1810 hasta principios de la decada de los noventa, el Estado chileno tuvo una politica de negacion etnica, integracion y asimilacion de las poblaciones indigenas que habitaban el territorio nacional. Ya en tiempos de O'Higgins se identifica la idea de su asimilacion etnica-juridica-politica, tal como se evidencia en el decreto de 3 de junio de 1818, en el cual al cambiar la denominacion "espanol" por la de "chileno", se plantea que no "debe hacerse diferencia alguna (de los indios), sino denominarlos chilenos" (Gonzalez 2005:80). El periodo comprendido entre 1882 y 1924 fue especialmente critico para los pueblos originarios y el mantenimiento de su cultura, siendo las "reducciones" en el sur el mecanismo elegido para la fragmentacion de las comunidades mapuches. Durante la primera mitad del siglo XX, el tema indigena empezo paulatinamente a articularse en las politicas publicas y sociales sobre pobreza, regularizacion de titulos de dominio o en la promocion de agencias que cautelaran los derechos indigenas. En este contexto, en 1930 se creo la Ley 4.802 a traves de la cual cinco Juzgados de Indios "procederian de oficio a dividir las comunidades indigenas que tengan titulo de merced" y, hacia 1953 se creo la Direccion de Asuntos Indigenas, con lo cual se asumio el denominado "indigenismo estatal" al igual que en otros paises latinoamericanos.

En 1972 durante el gobierno de la Unidad Popular se aprobo la primera Ley Indigena (17.729) del pais, la cual reconocio la existencia de comunidades culturalmente diferenciadas, asumiendo una deuda historica con estos pueblos y entregando algunas luces sobre su participacion politica. Sin embargo, pese a que estas medidas lograron darle cierta visibilidad a las organizaciones indigenas especialmente mapuches, el proceso que impulso fue abruptamente detenido y contrarrestado con el golpe militar de 1973 (Bolados 2010). Durante la dictadura la situacion indigena se retrotrajo a la nocion de la propiedad privada y se forjo una nueva institucionalidad.

El Decreto Ley 2.568 de 1978 sobre division de las reservas rezaba que "dejaran de considerarse tierras indigenas e indigenas sus duenos y adjudicatarios". Su tremendo impacto llevo a su reforma por el Decreto Ley 2.750 de 1979, modificacion radical donde el Estado benefactor se deshacia y emergia el mercado como el orientador de las asignaciones de agua y la configuracion de la propiedad (Gonzalez 2005:85). Las consecuencias de estas normativas en el mundo indigena fueron devastadoras, llegandose a considerar dichos Decretos como la "legislacion etnocida del regimen militar" (Aylwin 1989).

En 1989 se inicia un proceso de cambio en la relacion del Estado con los pueblos indigenas en Chile cuando este tema es abordado por la Concertacion de Partidos por la Democracia. En este contexto surge el acuerdo de Nueva Imperial, con Patricio Aylwin como candidato presidencial, quien se compromete a la creacion de una Comision Especial de Pueblos Indigenas (CEPI) con la participacion de representantes de dichas colectividades. Esta comision tenia la tarea de proponer el reconocimiento constitucional de los pueblos indigenas y de promover una legislacion que favorezca su desarrollo. De este modo, se elaboro una propuesta de ley que fue aprobada por unanimidad por el Congreso de la Republica, promulgandose asi la Ley Indigena 19.253 en 1993. En ella se reconoce como principales etnias indigenas de Chile a las Mapuche, Aimara, Rapa Nui o Pascuenses, Atacamenos, Quechuas, Collas, Kawashkar o Alacalufe y Yamana o Yagan.

En esta ley, especificamente en el Titulo IV, De la Cultura y Educacion Indigena, Parrafo 1[grados], Del Reconocimiento, Respeto y Proteccion de las Culturas Indigenas, los articulos 28 y 29 se refieren al patrimonio cultural y arqueologico en los siguientes terminos:

Art. 28.- El reconocimiento, respeto y proteccion de las culturas e idiomas indigenas contemplara: f) La promocion de las expresiones artisticas y culturales y la proteccion del patrimonio arquitectonico, arqueologico, cultural e historico indigena.

Art. 29.- Con el objeto de proteger el patrimonio historico de las culturas indigenas y los bienes culturales del pais, se requerira informe previo de la Corporacion para:

a) La venta, exportacion o cualquier otra forma de enajenacion al extranjero del patrimonio arqueologico, cultural o historico de los indigenas de Chile. b) La salida del territorio nacional de piezas, documentos y objetos de valor historico con el proposito de ser exhibidos en el extranjero. c) La excavacion de cementerios historicos indigenas con fines cientificos la que se cenira al procedimiento establecido en la Ley 17.288 y su reglamento, previo consentimiento de la comunidad involucrada..."

La promulgacion de esta ley conllevo la creacion de la Corporacion Nacional de Desarrollo Indigena (CONADI), como una institucion estatal especializada en atender las problematicas de estas poblaciones. Su mision es promover, coordinar y ejecutar la accion del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indigenas, especialmente en lo economico, social y cultural, ademas de impulsar su participacion en la vida nacional. Una de sus funciones es "velar por la preservacion y la difusion del patrimonio arqueologico, historico y cultural de las etnias" (art. 39), coincidiendo asi con las atribuciones del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), organismo encargado del registro, proteccion, conservacion y difusion del patrimonio nacional desde 1925. Si bien inicialmente las acciones de estas instituciones no estaban coordinadas a la hora de ejecutar los proyectos patrimoniales desarrollados en territorios indigenas (Ayala 2008 y 2009), esto cambia en 2001 con la apertura del Area de Patrimonio Cultural de los Pueblos Indigenas en el CMN, lo cual se justifico en los siguientes terminos:
   ...se ha hecho necesario ampliar la mirada e incluir el legado
   vivo e intangible de los pueblos originarios en el patrimonio
   cultural de caracter monumental de la nacion, debido a que el
   Estado ha avanzado en la comprension en el marco de los derechos
   culturales patrimoniales de nuestros pueblos, como elementos
   positivos que enriquecen el acervo cultural de la nacion (sitio
   web: www.monumentos.cl).


Si bien la apertura de esta area en el Consejo ha sido un paso importante hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos indigenas sobre su patrimonio, la Ley de Monumentos Nacionales 17.288 no ha sufrido ningun cambio en este sentido. En efecto, a pesar de que esta institucion afirma reconocer el vinculo de las poblaciones originarias con el patrimonio arqueologico, en la Ley de Monumentos Nacionales los indigenas siguen siendo tratados como cualquier ciudadano chileno, ya que no reconoce las particularidades y derechos culturales de estas poblaciones. Asimismo, esta ley resguarda el control y propiedad estatal del patrimonio arqueologico:

...por el solo ministerio de la ley son Monumentos Arqueologicos de propiedad del Estado los lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropo-arqueologicas que existen sobre o bajo la superficie del territorio nacional. (Titulo V, art. 21).

A lo que se suma el art.1 que explicita que tambien son Monumentos Nacionales:
   ...los enterratorios o cementerios u otros restos de los
   aborigenes, las piezas u objetos antropo-arqueologicos,
   paleontologicos o de formacion natural, que existan bajo o sobre
   la superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina
   de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservacion interesa a la
   historia, al arte o a la ciencia.


Segun ello, al igual que los objetos arqueologicos, los restos humanos encontrados en sitios de este tipo son Monumentos Nacionales de propiedad estatal. En consecuencia, para el CMN las comunidades indigenas tienen derecho a reclamar los restos humanos como antepasados, al igual que todos los chilenos, siendo una cuestion aparte que puedan acceder legalmente a ellos, ya que es solo de competencia del Estado (Ayala 2008).

En este contexto, hasta la fecha los proyectos y demandas patrimoniales de las poblaciones indigenas han sido abordados por el CMN con acuerdos o convenios circunscritos a casos especificos, los que si bien sirven de referentes en el tratamiento de estas materias no constituyen una postura oficial al respecto ni conforman una norma de tipo general. Junto con esto, segun las particularidades del caso, el CMN plantea "sugerencias" al accionar cientifico frente a la tematica indigena, siendo una de ellas la de "informar" a las comunidades sobre la realizacion de una investigacion, en el entendido de que esto no se trata de una obligacion y de que la "autorizacion" propiamente dicha le corresponde exclusivamente al Estado.

Es de esperar que la reciente puesta en vigor en Chile del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indigenas y tribales, el 15 de septiembre de 2009, despues de permanecer dieciocho anos en el Congreso Nacional, promueva cambios sustanciales en la legislacion patrimonial vigente. Sin embargo, los intentos del Estado por cancelar internamente los derechos de los pueblos indigenas reconocidos a nivel internacional --tratando de adicionar una "Declaracion Interpretativa" de este convenio y promulgando un "Reglamento de Consulta y de Participacion de los Pueblos Indigenas de Chile" que lo vulnera-- nos llevan a pensar que las transformaciones requeridas no se realizaran en un corto plazo. A ello se suma un contexto disciplinario en el cual la tematica indigena es marginal en relacion, por ejemplo, a los proyectos de impacto ambiental.

Reclamos indigenas sobre el patrimonio cultural en Chile

Los cambios producidos por la politica multicultural implementada en Chile, asi como las consecuentes innovaciones legales e institucionales desarrolladas desde principios de los anos noventa, generaron un contexto propicio para los reclamos indigenas vinculados con el patrimonio cultural y la arqueologia. Asi como en el sur del pais lideres mapuches expresaron sus criticas en el Congreso Nacional de Arqueologia realizado en Temuco en 1993, en el norte dirigentes atacamenos manifestaron sus cuestionamientos al Museo Arqueologico de San Pedro de Atacama y a la practica arqueologica local, en reuniones organizadas tanto por miembros de esta etnia como por profesionales de la disciplina (Ayala 2008, 2009).

Uno de los casos mas paradigmaticos en este sentido es el de la etnia atacamena, no solo por ser uno de los mas visibles e investigados, sino por corresponder a la primera agrupacion que planteo una serie de demandas patrimoniales ante el Estado y los arqueologos. Una sintesis de sus reivindicaciones permite afirmar que estas no solo se refieren a su oposicion a la excavacion de cementerios arqueologicos y exhibicion de cuerpos humanos, sino tambien a demandas de entrega de informacion, de solicitud de permiso comunitario para investigar, de participacion en el quehacer disciplinario, de administracion de los sitios y el museo local y de propiedad de los vestigios arqueologicos (Ayala 2007, 2008). Si bien no se cuenta con una sistematizacion de las demandas patrimoniales de otras agrupaciones etnicas de Chile, reclamos relacionados con los restos humanos indigenas (8) tambien han sido planteados por mapuches (Paillalef 2008) y pascuenses (Seelenfreund 2008).

En cuanto al tratamiento juridico relacionado con los restos oseos indigenas en Chile, concordamos con Gonzalez (2008:151) en que "...existe todavia un largo camino que recorrer en esta materia, dado que la legislacion existente es vaga, incompleta y confusa". En efecto, en relacion al reclamo etnico de no excavar cementerios, la Ley Indigena establece que solo la excavacion de cementerios indigenas historicos requiere la autorizacion de las comunidades e informe previo de la CONADI al CMN (art. 29, Letra c). Sin embargo, tal como lo plantea esta autora (2001:183-184), ni este cuerpo legal ni la Ley de Monumentos Nacionales 17.288 definen un criterio para discernir cuando estamos frente a un cementerio historico que requiera para su excavacion el consentimiento de la comunidad indigena afectada y cuando ante un cementerio de exclusiva competencia del CMN. El punto de discriminacion estaria en el uso actual, por lo que un cementerio cuya data no exceda del periodo republicano y que no tenga un uso contemporaneo, cae dentro del ambito de la Ley 17.288, considerandose Monumento Arqueologico, de propiedad del Estado, por el solo ministerio de la ley. En tanto, los restos humanos indigenas presentes en cementerios posteriores al periodo republicano que cuenten o no con un uso actual caen dentro del ambito de competencia del Servicio Nacional de Salud y su exhumacion debe cenirse a las normas pertinentes del Codigo Sanitario y el Reglamento General de Cementerios. Siguiendo este argumento, la excavacion de cementerios historicos indigenas con fines cientificos requerira informe previo de la CONADI y autorizacion de la comunidad indigena involucrada cuando sean posteriores al periodo republicano y exista una vinculacion evidente con la comunidad de que se trate. Esto, sin perjuicio de la competencia general del Servicio Nacional de Salud (Gonzalez 2001:185).

A esto podria sumarse un criterio de diferenciacion mas amplio entre cementerios prehispanicos e historicos, quedando en este caso solo los primeros exentos de consentimiento comunitario. Pese a la ambiguedad legislativa queda claro que para el Estado chileno existen cementerios indigenas que pueden excavarse sin la autorizacion de la comunidad involucrada y que requieren solamente del permiso del CMN. Si bien es cierto que la excavacion de cementerios historicos puede afectar mas directamente a estas poblaciones que la exhumacion de cuerpos prehispanicos, tambien lo es que el Estado desconoce el vinculo establecido por los indigenas con estos restos humanos como antepasados, al no solicitar legalmente su autorizacion para las excavaciones arqueologicas.

En relacion a la demanda de no exhibir cuerpos humanos en los museos, no existe en Chile un criterio legal que apoye o refute esta reivindicacion indigena. Sin embargo, esta ha sido manifestada por los atacamenos en diversos encuentros y foros locales, asi como en documentos presentados a distintas instituciones, alcanzando su mayor formalidad con la publicacion del Informe Final de la Comision de Trabajo sobre el Pueblo Atacameno de la Mesa de Verdad Historica y Nuevo Trato del 2003, en el cual se plantea una demanda sobre reconocimiento, respeto y fomento de la cultura atacamena: "h) Legislar a favor del cuidado, proteccion y exhibicion del material cultural en los museos, prohibiendo la exhibicion de cuerpos".

Dicho informe se constituyo en el soporte definitivo para que el Museo Arqueologico de San Pedro de Atacama decidiera retirar los cuerpos humanos de su exhibicion permanente, considerando tambien para ello los principios eticos del codigo de Deontologia del ICOM. Para dar forma a esta decision y con la finalidad de delinear, discutir y acordar el proceso mediante el cual esta se materializaria, en 2006 se constituyo la "Mesa de Trabajo para el retiro de los cuerpos y restos humanos arqueologicos de exhibicion". Esta instancia fue convocada por el Museo y conformada por representantes del Consejo de Pueblos Atacamenos, miembros de algunas comunidades indigenas, funcionarios atacamenos de la institucion y profesionales del museo. Se reunieron intermitentemente durante 10 meses para tratar de consensuar una nueva propuesta museografica y programar las fechas y procedimientos adecuados para el proceso de retiro. La remocion de los cuerpos humanos se concreto en mayo del 2007, la cual fue seguida de una ceremonia oficiada por miembros de la comunidad atacamena dirigida a sus antepasados, al tiempo que todos los restos humanos de la exhibicion se limpiaron y dispusieron en un deposito exclusivamente construido para el efecto, considerando para ello conceptos como dignidad, intimidad y descanso (Sepulveda et al. 2008; Sepulveda y Ayala 2009).

En esta mesa de trabajo se concluyo que el retiro de los cuerpos humanos es un "primer paso" a favor del respeto de las demandas patrimoniales atacamenas. Sin embargo, al igual que en otras instancias de discusion se reitero la solicitud de reentierro de los restos humanos depositados en este Museo, a pesar de que aun es un tema en discusion al interior de la propia comunidad. Desde su perspectiva academica y museologica los profesionales de esta institucion defienden la idea de que el patrimonio arqueologico y bioantropologico debe estar al servicio de la investigacion y difusion, resguardado por principios generales de conservacion. Por ello, no consideran el reentierro como una opcion por el momento, aunque ocasionalmente mencionan otras posibilidades que podrian dar respuesta a las distintas visiones involucradas.

Sobre este tema cabe mencionar que Chile no tiene una ley referente a la reinhumacion, sin embargo, actualmente el CMN cuenta con un "Instructivo orientador para el reentierro de restos humanos provenientes de contextos arqueologicos, a peticion de comunidades y organizaciones". De acuerdo a este documento, en su version de diciembre de 2009, se debe reenterrar especificamente:
   Por solicitud de comunidades indigenas (reconocidas por la Ley
   Indigena, con vinculacion comprobable (cultural y geografica) con
   los restos arqueologicos en cuestion), solicitud que debera
   contemplar la aplicacion del Convenio 169 de la OIT, en particular
   los procesos de participacion, cooperacion y consulta que el
   dispone. Por solicitud de una organizacion nacional, regional o
   local (indigena, cientifica, etc.), que fundamente legal (Ley
   Indigena u otra) y cientificamente la necesidad de reentierro de
   determinados restos bioantropologicos.


Salvaguardando las colecciones museologicas existentes en el pais, este instructivo plantea que los criterios considerados para evaluar los casos de reentierro "se refieren a hallazgos arqueologicos nuevos y no a las colecciones actualmente en deposito en los museos".

Con anterioridad a la elaboracion de este documento el CMN autorizo el cambio de lugar de entierro de cuerpos sepultados en iglesias de Chiloe que son Monumentos Historicos (Ayala 2008). Asimismo, como parte del primer proceso de repatriacion realizado en Chile, autorizo el reentierro de restos humanos prehispanicos en

Arica y Chiu Chiu. Su realizacion estuvo sujeta a un convenio firmado entre el National Museum of the American Indian (NMAI) y CMN, asi como en base a un acuerdo entre esta ultima institucion y las comunidades involucradas. En este contexto, el CMN se comprometio a respaldar y facilitar el retorno de restos humanos a las comunidades indigenas a las que esten "culturalmente afiliadas" (Gonzalez 2008).

A diferencia de lo ocurrido en otros paises donde son las organizaciones indigenas las que inician este proceso, en este caso fue el NMAI del Smithsonian el que planteo la posibilidad de repatriar restos humanos provenientes del norte de Chile. A traves de su departamento de repatriacion, dicha institucion se contacto con el CMN, la CONADI y representantes de las etnias aymara y atacamena para coordinar reuniones y visitas, sobre todo considerando las diferencias legislativas entre Estados Unidos y Chile. Posteriormente, siguiendo las exigencias de la Ley NAGPRA, dichas agrupaciones indigenas presentaron la solicitud de repatriacion correspondiente al NMAI. Despues de casi dos anos de conversaciones, en 2007 se llevo a cabo la repatriacion desde Estados Unidos de restos momificados originarios de Atacama y Arica, proceso en el cual participaron la comunidad atacamena de Chiu Chiu y la comunidad aymara Pacha Aru, ya que se asumio su vinculo cultural con dichos restos oseos. En ambos casos el reentierro se realizo en asociacion a sitios arqueologicos.

Estandares de etica profesional

Desde 1963 la instancia que agrupa a la mayoria de los arqueologos en Chile es la Sociedad Chilena de Arqueologia (SCHA), la cual funciona como el organo de representacion oficial de estos profesionales (9). El codigo de etica de la SCHA fue elaborado a mediados de los anos noventa, fundamentalmente debido a la necesidad de normar los estudios de impacto ambiental que comenzaban a perfilarse como una de las actividades mas relevantes en el quehacer arqueologico del pais. Si bien en esos momentos la tematica indigena tenia una alta visibilidad a nivel nacional e internacional, este codigo se refiere de manera general a estas poblaciones y no aborda sus demandas patrimoniales en particular. No obstante, cuenta con puntos que tocan directa o indirectamente esta problematica. En este sentido, uno de sus objetivos plantea:

2.2 Velar por el respeto a la legislacion vigente, especialmente en lo que concierne al campo de la arqueologia y antropologia chilena (Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales y Ley Indigena; y a los recientes o nuevos reglamentos referidos a los estudios de impacto ambiental (Ley 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente).

Asimismo, en el acapite de Compromisos de los Arqueologos, en el punto 3.1 con el o los Objetos de Estudio, menciona: "3.11 Referirse con el mayor respeto al mencionar las comunidades indigenas tanto preteritas como actuales cuyos vestigios han sido o son objeto de nuestros estudios". En el punto 3.2 Con la Sociedad en General afirma:

3.2.1. Propiciar y mantener una interrelacion fluida con la sociedad en general y determinadas comunidades en particular, respetando los diversos grupos etnicos que la componen y sus particulares formas de expresion cultural.

3.2.2. Reconocer y comunicar la importancia de estudiar, conservar y difundir la herencia cultural indigena, asi como respetar sus restos patrimoniales, tal como lo prescribe la legislacion vigente.

3.2.3. Solicitar el consentimiento o comunicar personalmente, en forma previa a la ejecucion de los estudios y con la certificacion de una copia de los correspondientes permisos otorgados por el Consejo de Monumentos Nacionales, a cada particular, comunidad local o comunidad indigena, en cuyos terrenos se efectuaran las investigaciones.

3.2.4. Procurar poner a disposicion del publico en general, en forma veraz y responsable y como un aporte al conocimiento del pasado, a la cultura y a la ciencia, la informacion resultante del quehacer arqueologico. En el caso de las comunidades etnicas en particular, comunidades locales y propietarios individuales, se debera entregar en cada caso una copia o un resumen de la informacion obtenida de las investigaciones realizadas en sus territorios o propiedades.

Pese a la existencia de estos principios eticos no todos los miembros de esta sociedad parecen estar al tanto de los mismos y cumplir con sus planteamientos, siendo un ejemplo en este sentido la negacion de algunos arqueologos a solicitar permiso comunitario para investigar, ya que desde su perspectiva es suficiente con la autorizacion del CMN. Junto con esto, sigue siendo una practica poco comun entregar la informacion recopilada a las comunidades indigenas, asi como la participacion de sus miembros en los proyectos arqueologicos. Por otro lado, a pesar de no existir un pronunciamiento oficial de esta sociedad acerca del tratamiento de los cuerpos humanos, al menos en el norte del pais se observa una tendencia a dejar de excavar cementerios arqueologicos y retirar los cuerpos humanos de las exhibiciones. Siendo diferente la posicion de los arqueologos frente a temas mas controvertidos como el reentierro, la repatriacion y la propiedad del patrimonio arqueologico, ya que en general su postura es contraria o se cierra a esta posibilidad (Ayala 2008).

Si bien no se cuenta con discusiones, acuerdos o declaraciones a nivel gremial, se han realizado avances puntuales sobre los reclamos y criticas indigenas en reuniones como la "Jornada de Reflexion sobre patrimonio Arqueologico Indigena en Chile y Propuestas de Gestion" (1996), el "Encuentro de Reflexion sobre Patrimonio Cultural, Comunidades Indigenas y Arqueologia" (2001), las diferentes versiones de "Dialogos en la Puna" y el "Simposio Pueblos Originarios y Arqueologia" del 51 Congreso Internacional de Americanistas (2005). Sin embargo, seria optimista decir que se trata de una problematica destacada en la arqueologia chilena, ya que estas instancias de discusion han tenido un alcance mas bien local o regional. Asimismo, esta tematica ha sido escasamente abordada en los congresos nacionales, a excepcion del realizado en Valdivia en 2005 donde se efectuo un Foro de Discusion con miembros de las comunidades mapuches.

Por otra parte, el ano 2007 la Comision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica (CONICYT) realizo un taller de discusion referido a la bioetica en las investigaciones de Ciencias Sociales. En esta ocasion, desde la arqueologia se abordo la relacion entre los estudios arqueologicos y antropologicos en Rapa Nui y la comunidad (Seelenfreund 2008) y se presento una reflexion sobre el tratamiento juridico de los restos oseos indigenas en Chile (Gonzalez 2008). Ese mismo ano, el comite de etica de CONICYT solicito por primera vez la aprobacion de la comunidad indigena a un proyecto de investigacion que estudiaria restos oseos del Museo de San Pedro de Atacama. Ante ello el investigador responsable apelo a levantar esta exigencia argumentando que: dicha institucion ya autorizo los analisis; estos ultimos no causarian dano al material; el proyecto contribuiria a la contextualizacion de la coleccion de craneos del museo y ayudaria a su puesta en valor; y no se trabajaria con individuos vivos de la comunidad (10). La respuesta del mencionado comite refleja el contexto que se vive en Chile al respecto:

...se suspende el requerimiento de autorizacion de la comunidad indigena local para el estudio de los restos oseos contemplados en el desarrollo de su investigacion, ya que todavia este criterio no se ha instalado en el pais. Asimismo, el Comite concuerda en el hecho de considerar que el tema del estudio de restos oseos de comunidades indigenas se encuentra en desarrollo en el pais, sin que exista informacion suficiente sobre las normas eticas a aplicar, asi como tambien ocurre en otras areas de las Ciencias Sociales" (CONICYT, 04 de Enero de 2008).

Comparando Ambos Casos

Como se puede observar, en ambos paises el retorno a gobiernos democraticos fue el marco politico en el cual se genero una normativa favorable al reconocimiento de los derechos de los pueblos indigenas, siguiendo una tendencia comun a toda Latinoamerica (Barie 2003). Si bien en la actualidad ambos paises ratificaron el Convenio 169 de la OIT, en Argentina esto se llevo a cabo a principios de los anos 90 --aunque entro en vigor el 2000--, a diferencia de Chile que lo hizo recien el ano 2008. En este contexto, la participacion indigena se ha ido afianzando en el caso argentino mientras que en el chileno las repercusiones de su adhesion al Convenio aun se hacen esperar en la legislacion indigena y patrimonial vigente.

Las agrupaciones indigenas de ambos paises plantearon reclamos y demandas patrimoniales vinculadas con los restos oseos, la entrega de informacion, el permiso comunitario, la repatriacion y el reentierro. Sin embargo, solo Argentina cuenta con una ley que regula estos temas, mientras que Chile ha optado por resolver cuestiones puntuales mediante acuerdos y convenios especificos sin sancionar ninguna norma general, a excepcion de lo dispuesto sobre la necesidad de consentimiento comunitario para la excavacion de cementerios historicos indigenas.

Una coincidencia se registra en la legislacion de patrimonio, ya que en ambos casos se ignora la cuestion del patrimonio cultural indigena y, por ende, se abstiene de aplicar los principios generales de reconocimiento, respeto y participacion que surgen de la legislacion indigena, privando a las comunidades de derechos y garantias de rango constitucional. En el caso argentino se trata de una legislacion sancionada el ano 2003 y en el chileno de una ley que data de 1970 y que no sufrio modificaciones con la promulgacion de la Ley Indigena. El desconocimiento de los derechos patrimoniales de los pueblos indigenas en estos cuerpos legales evidencia un posicionamiento frente a una disputa subyacente sobre el control y la propiedad de los sitios y contextos arqueologicos, que gran parte del mundo academico y cientifico de ambos paises no parece estar dispuesta a ceder. Estas omisiones ponen en evidencia ademas que en las leyes patrimoniales han tenido una mayor influencia los arqueologos -ya sea corporativamente a traves de sus organizaciones profesionales o de los organos de aplicacion que ellos controlan-, a diferencia de las leyes indigenas que surgen como consecuencia de negociaciones con los representantes de estos pueblos o por iniciativa de otros organismos del Estado vinculados con la problematica etnica. Otra cuestion a considerar es que Argentina, a diferencia de Chile, tiene un sistema federal de gobierno por lo que es necesario que las provincias adhieran a las Leyes Nacionales 25.743 y 25.517 para que sean aplicables en sus jurisdicciones. Pocas provincias han dictado las leyes de adhesion correspondientes, aunque en la practica las autoridades provinciales suelen fundamentar sus acciones en dichas normas.

Respecto a los estandares eticos, Chile ha sido precursor en la elaboracion de principios eticos por parte de la Sociedad Chilena de Arqueologia, aunque en ellos se trata de manera muy general y marginal la problematica indigena. En ambos paises se han realizado reuniones y encuentros de discusion sobre estos temas, sin embargo, a diferencia del caso argentino que cuenta con un pronunciamiento conjunto de arqueologos y representantes indigenas de alcance nacional en la Declaracion de Rio Cuarto, las repercusiones de estas instancias en el caso chileno han sido solo de caracter local o regional. El cariz que ha ido tomando la cuestion de los restos humanos en Argentina quizas explique las diferencias con lo acontecido con Chile. Las recientes iniciativas de la AABA (2007) y la AAPRA (2010) de dictar sus respectivos principios de etica denotan la preocupacion por el tema y la necesidad de fijar un posicionamiento al respecto. No obstante lo limitado de su contenido y el tiempo que llevo su aprobacion, particularmente en el caso de la AAPRA, demuestra la dificultad para alcanzar consensos entre sus asociados.

Por otra parte, mientras en Argentina el CONICET solicita como recaudo etico que el propio investigador indique si sus investigaciones estan alcanzadas por el art. 3 de la Ley 25.517 (es decir, requieren del consentimiento previo de las comunidades indigenas), su homologa en Chile, CONICYT, plantea que este es un tema que se encuentra en desarrollo y que en el pais no existe informacion suficiente sobre las normas eticas a aplicar para el estudio de restos oseos indigenas.

Respecto de los museos y su actitud frente a los pedidos de restitucion y/o no exhibicion de restos humanos, no hay una posicion homogenea en ninguno de los dos paises. En el caso de Argentina el Museo Etnografico adopto una politica activa de no exhibicion y efectuo una restitucion voluntaria a Nueva Zelandia sin que mediara pedido alguno. Por el contrario, el Museo de La Plata ha sido el destinatario de la mayoria de los reclamos y durante algunos anos fue uno de los principales bastiones de la resistencia --aunque hubo fuertes disensos entre sus investigadores--. Finalmente accedio a retirar los restos humanos de la exhibicion en 2004 y recientemente se concreto la restitucion de "Damiana" al Paraguay, sin que se contara con una ley especial al respecto. En el caso chileno, despues de una historia de conflictos con las comunidades atacamenas, el Museo Arqueologico de San Pedro de Atacama decidio retirar los restos humanos de su exhibicion en 2007, lo que no conllevo una apertura al dialogo sobre la devolucion y/o reentierro de los mismos. Asimismo, la renovacion de la exhibicion del museo de la Corporacion Cultural y de Turismo de Calama evidencia su posicionamiento activo frente a esta demanda atacamena. Si bien en otros museos del pais esta tematica ha sido o esta siendo discutida entre sus profesionales, hasta la fecha no se cuenta con mas ejemplos de instituciones que consideren la no exhibicion de restos indigenas dentro de sus politicas.

Propuesta de Recaudos Eticos en Arqueologia

Sin pretensiones de desarrollar principios que deben ser el fruto de un proceso conjunto de participacion, discusion y consenso en la comunidad arqueologica de los paises involucrados en este articulo, se senalaran a continuacion algunas cuestiones que merecen ser objeto de especiales cuidados por los arqueologos, en base a lo establecido en la legislacion vigente y a los avances logrados en estas materias en estos y otros paises.

En primer lugar, la necesidad de contar con el consentimiento previo informado de las comunidades indigenas cuando se quiera investigar en tierras comunales o en sitios que se vinculen a las mismas. Cabe destacar que "consentimiento previo informado" significa que la comunidad conto con toda la informacion necesaria y suficiente para comprender la naturaleza de los estudios que se pretende realizar y los posibles beneficios o perjuicios que los mismos generan a la comunidad a fin de que esta pueda tomar una decision. En este sentido, es importante puntualizar que mas alla de las modalidades utilizadas para formalizarlo, es necesario considerar que este consentimiento implica un proceso dinamico que debe continuarse mediante el dialogo y la negociacion permanente entre las partes (ver Codigo de Etica de la American Anthropological Association 2009).

En segundo lugar, se debe respetar el derecho de participacion de las comunidades, permitiendoles el acceso al sitio, informandoles sobre los procedimientos de excavacion y estudio, proporcionandoles informacion acerca de los resultados de la investigacion de un modo comprensible. Asimismo, se sugiere apoyar e impulsar su participacion en los proyectos de investigacion, desde el planteamiento del problema de estudio, el trabajo en terreno y laboratorio y la interpretacion de la informacion obtenida.

En tercer lugar, se recomienda identificar posibles conflictos de intereses y trabajar en su prevencion a traves del dialogo horizontal y la negociacion con las comunidades a fin de llegar a decisiones consensuadas.

En relacion a los restos humanos, se recomienda tener en cuenta las creencias de los pueblos indigenas al respecto, darles un trato respetuoso durante el proceso de excavacion, traslado, estudio, posterior deposito y eventual exhibicion (11). Asimismo, se recomienda tener especial cuidado en hacer constar los restos humanos en los inventarios que se entregan a las autoridades gubernamentales de diferentes jurisdicciones (especialmente en Argentina) durante las etapas del trabajo de campo y de laboratorio.

Finalmente, se sugiere actuar con diligencia y respeto frente a las peticiones efectuadas por comunidades indigenas y dejar constancia de los recaudos eticos observados durante la investigacion en las publicaciones resultantes.

Comentarios Finales

Como senalan Alegria, Ganger y Polanco, existe cierta correspondencia entre la practica que niega a los indigenas en el presente y el futuro con la negacion de su pasado, caracterizada por la arbitrariedad de rechazar su condicion de humanos reduciendolos a meros seres biologicos (Alegria et al. 2009:10).

El reconocimiento de los derechos indigenas en la practica arqueologica y antropologica presupone en ultima instancia un quiebre epistemologico. Implica desandar un camino de decadas de exclusividad sobre el "objeto de estudio" y de una actuacion profesional destinada a una audiencia selecta, sin tener que rendir cuentas sino a los propios pares. Devolver a los restos depositados en museos o centros de investigacion su condicion de humanos, implica no solo unir las partes fragmentadas de los cuerpos y asociarlos a sus archivos, sino tambien hacer publico lo que estaba destinado a ser informacion reservada a los cientificos (Vezub 2009) y renunciar a los "derechos de propiedad" por una simple "tenencia temporaria" de los mismos.

Parecen apropiadas al caso las reflexiones de Orin Starn (1994) acerca del rol de los antropologos cuando senala que "las disonancias y paradojas de nuestros pasado colonial y nuestro presente poscolonial pueden ser negociadas solo a traves de una permanente hermeneutica de reflexion y compromiso (Orin Starn 1994:25-26). En este sentido, senala Verdesio (2010:135) "se necesitan arqueologos capaces de poner en duda el discurso que afirma que sus investigaciones, que sus manipulaciones de esqueletos humanos, pueden tener un resultado beneficioso para los indigenas".

En los ultimos anos se ha percibido un cambio de actitud entre los arqueologos a favor de respetar las creencias ancestrales y de dar participacion a las comunidades indigenas, aunque aun son pocos los investigadores que ofrecen abiertamente y de motu proprio oportunidades de participacion a las comunidades con las cuales interactuan. Sin embargo, no puede desconocerse que los principios reconocidos en la Declaracion de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indigenas han generado un notable impacto a nivel internacional. Tampoco puede subestimarse su trascendencia en nuestros paises, dada la jerarquia que se da a las convenciones sobre derechos humanos en sus respectivas legislaciones y la importancia que la proteccion de estos derechos tiene en las politicas gubernamentales.

Los arqueologos debemos ser conscientes que los tiempos y las normativas estan cambiando rapida y sustancialmente, y que es imperioso modificar nuestras actitudes y practicas a fin de evitar incurrir en infracciones legales o conductas antieticas. En este sentido, puede afirmarse que a nuestra generacion le corresponde asumir dos importantes desafios. El primero consiste en promover un cambio paradigmatico en la manera de concebir la tarea profesional, dejando atras los resabios coloniales que caracterizaron la disciplina y adoptando un rol mas activo y significativo en la solucion de los problemas de nuestras sociedades en el presente. El segundo, es el de formar a los jovenes profesionales y estudiantes para actuar en este nuevo escenario politico y social, donde el patrimonio cultural es objeto de reclamos y las decisiones respecto del mismo no quedan solo libradas al criterio del profesional actuante.

Agradecimientos: A los evaluadores anonimos por sus valiosos comentarios. Estas investigaciones fueron en parte financiadas por la ANPCyT (PICT 01563/07), MECESUP y CONICYT.

Referencias Citadas

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Notas

(1) Diversas organizaciones que defendian los derechos civiles de los pueblos indigenas trabajaron de manera conjunta en pos de la repatriacion de los restos humanos indigenas dando origen al denominado "reburial issue" (e.g. American Indians Against Desecration, National Congress of American Indians y Native American Rights Fund).

(2) Han sido de significativa importancia tambien la Declaracion Conjunta sobre Repatriacion de Restos Humanos firmada por los Primeros Ministros de Reino Unido y Australia en 2003 y la ley de Reino Unido conocida como Human Tissue Act 2004.

(3) Argentina adhirio al Codigo de Deontologia de ICOM mediante Resolucion 1011/05 de la Secretaria de Cultura de la Presidencia de la Nacion.

(4) El art. 2 de la Ley 23.302 establece que "se entendera como comunidades indigenas a los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la epoca de la conquista o colonizacion e indigenas o indios a los miembros de dicha comunidad".

(5) En el 2010 se creo en Tucuman el Colegio de Profesionales en Arqueologia de dicha provincia (Ley 8.337).

(6) Este hallazgo fue objeto de reclamos de diferentes agrupaciones indigenas. Cuando se hizo publico el espectacular hallazgo de las tres momias incaicas en el santuario de altura, la Asociacion Kolla Los Airampos denuncio penalmente la violacion de los derechos de la comunidad por tratarse de un sitio sagrado ancestral (Causa 523/99 Juzgado Federal, Primera Instancia Penal 2, Salta). Posteriormente diferentes agrupaciones indigenas se opusieron a su exhibicion en el Museo creado a tal fin de la ciudad de Salta (Endere 2005; Politis 2001). Si bien ninguno de los dos reclamos fue exitoso, el debate que este caso origino entre los investigadores motivo la realizacion de importantes reuniones y la adopcion de recomendaciones. En 2005 se produjo un entredicho entre las autoridades del Museo de Salta y la Direccion de Patrimonio y Museos de la Nacion que abogaba por la aplicacion de los principios del Codigo Deontologico del ICOM.

(7) Un caso que presenta similitudes sorprendentes con el caso de Inakayal es el de Ishi, no solo porque ambos vivieron en los museos antes de pasar a formar parte de sus colecciones, sino por las vicisitudes de su restitucion. Inakayal vivio sus ultimos anos en el Museo de La Plata gracias a gestiones de su director Francisco P. Moreno, quien lo saco de la carcel donde habia sido injustamente enviado (Endere 2002; Podgorny y Politis 1992;). Ishi, considerado el ultimo Yahi, encontrado en 1911, vivio en el Museo de Antropologia de la Universidad de California bajo la proteccion de Alfred Kroeber hasta su muerte (Kroeber 1961). Si bien las cenizas de Ishi fueron llevadas al Cementerio de Olivert en San Francisco nunca se supo el destino de su cerebro por lo que el Butte County Native American Cultural Committee lanzo una campana en 1997 para reclamar su repatriacion para enterrar los restos completos de Ishi en tierras ancestrales. Luego de una ardua investigacion en la que participaron antropologos se pudo determinar que el cerebro, se encontraba en el NMNH del Smithsonian que efectuo finalmente su devolucion (Rockafellar y Starn 1999).

(8) Durante el siglo XIX en Chile, al igual que en la Argentina, se acumularon, clasificaron y exhibieron restos humanos (Pavez Ojeda 2008) en museos e instituciones patrimoniales que albergan hoy una cantidad de craneos procedentes de Chile y Peru, asi como esqueletos y momias (Alegria et al. 2009).

(9) Cabe mencionar que a finales del 2009 se constituyo el Colegio de Arqueologos de Chile, siendo uno de sus objetivos el de redactar un codigo de etica.

(10) Carta enviada por M. Hubbe, responsable del Proyecto FONDECYT 11070091.

(11) Ver Guidance for the care of Human Remains in Museum, publicadas por el Department of Culture, Media and Sport de Reino Unido en 2005. Sitio web: http://www.culture. gov.uk/reference_library/publications/3720.aspx.

Maria Luz Endere [1] y Patricia Ayala [2]

[1] CONICET-PATRIMONIA-INCUAPA, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Avda. del Valle 5737-Olavarria, Argentina. mendere@soc.unicen.edu.ar

[2] Instituto de Investigaciones Arqueologicas y Museo R. P. Gustavo Le Paige s. j., Universidad Catolica del Norte. Calle Gustavo Le Paige 380, San Pedro de Atacama, Chile. payala_rocabado@hotmail.com

Recibido: abril 2010. Aceptado: septiembre 2011.
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Author:Endere, Maria Luz; Ayala, Patricia
Publication:Revista Chungara. Revista de Antropologia Chilena
Date:Jan 1, 2012
Words:14805
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