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Las discusiones sobre el patronato en Colombia en el siglo XIX.

Discussions of Patronage in Colombia in the 19th Century

As discussoes sobre o patronato na Colombia no seculo XIX

Introduccion

El tema del patronato republicano ha sido poco estudiado en la historia colombiana, como puede verse en los escasos trabajos sobre la tematica. Son escasas las investigaciones que lo abordan de manera directa, y otras tantas lo toman como una parte mas de las relaciones entre el Estado y la institucion eclesiastica del catolicismo (1); asi puede verse en los balances historiograficos existentes (2). Esto a pesar de que el patronato republicano fue fundamental para delinear las relaciones entre el Estado y la institucion eclesiastica, asi como para el papel que deberia desempenar esa institucion en los primeros anos de las nuevas naciones, confiriendo al naciente Estado mecanismos de regulacion y control tanto sobre la institucion como sobre sus integrantes. Ademas, al analizar las discusiones que se presentaron en 1824 por la posible aprobacion del patronato, se puede advertir que el tema no era de poca importancia, pues quienes creian tener algo que decir sobre la cuestion lo hicieron, como puede verse en las representaciones que circularon en la epoca.

En este articulo se quieren demostrar varios puntos con relacion al patronato. Primero, que la Republica aducia el derecho de ejercer el patronato como elemento inherente a la soberania, heredandolo, en cuanto a su ejercicio, de la Corona espanola, que habia perdido, desde la optica republicana, su derecho a ejercerlo con la Independencia. La Corona espanola invocaba este derecho desde las bulas de Alejandro VI de 1493 y 1501, en las que se otorgo a los reyes espanoles dominio sobre territorios descubiertos y por descubrir, siempre y cuando establecieran iglesias y las dotaran, para lo que les facilito el cobro de diezmos. Pero, en realidad, fue Julio II quien en 1508 otorgo el privilegio del patronato, consistente en erigir nuevas fundaciones eclesiasticas. En terminos practicos, el Rey se convirtio en un vicario general del Papa con poder para legislar en cuanto al regimen espiritual, la propagacion de la fe y el culto divino, y lo que es mas, este poder podria extenderse a las autoridades coloniales en America, por ejemplo, los virreyes (3).

Asi, en el caso especifico del Nuevo Reino de Granada, ademas de la consabida funcion de elegir y nombrar jerarcas, se observa como el regalismo fortalecio el privilegio del patronato. Como ejemplo esta el informe que el arzobispo virrey Antonio Caballero y Gongora remitio a su sucesor, Francisco Gil y Lemus, en 1789. Para el arzobispo y virrey las regalias del patronato eclesiastico le atribuian jurisdiccion al monarca en muchas materias eclesiasticas, sumado esto al "catolico celo de su Majestad" para que se miren "los negocios relativos a la religion y propagacion del Evangelio entre las naciones barbaras de estos dominios" (4). Esas regalias podian ser asumidas tambien por el virrey. Por esta razon, le solicitaba a su sucesor que interviniera para que varios obispados pasaran a ser sufraganeos del arzobispado de Santa Fe, es decir, los obispados de Panama, Quito y Cuenca, que dependian del arzobispado de Lima.

Caballero solicito que los obispados fueran sufraganeos del arzobispado de Bogota por dos motivos. Por un lado, para corregir la falta de uniformidad entre las jurisdicciones secular y eclesiastica. Aqui se debe indicar que en 1739 se creo el virreinato en Santa Fe, pasando Panama y Quito a ser administrados por aquel, y dejandolo de ser por el de Lima. Y por el otro, porque Caballero se quejaba de que la falta de sufraganeos no favorecia la realizacion de un concilio provincial, preguntandose: "?Cual seria el sentimiento de un Senor Virrey, si empenado en la gloriosa empresa de la general reforma de abusos en toda la extension de su mando, se le presenta el obstaculo de no hallarse en el Concilio los Obispos de Panama, Quito y Cuenca, ni alcanzar las facultades de este a tales provincias?". De esta forma, quedarian bajo la tutela de Santa Fe los obispados de Panama, Santa Marta, Cartagena, Popayan, Quito y Cuenca, lo que favoreceria el arreglo, "bajo unos mismos principios, general y uniformemente, la disciplina Eclesiastica del Reino; se extinguirian todos los abusos, y v. e. en una misma fecha libraria para todas partes sus providencias auxiliadoras para hacer obedecer las determinaciones del Concilio, supuesta su aprobacion" (5). Con este ejemplo se muestra como se acudia a la Corona o a sus representantes para que actuaran, entre otros aspectos, en materia de jurisdiccion eclesiastica.

Segundo, que la naciente republica defendio su derecho sobre el patronato como forma de controlar la institucion eclesiastica, a la que, no obstante, consideraba importante no solo por su historia colonial, sino por el papel que cumplio al defender y legitimar la Independencia. Ese control se podia manifestar cuando el Estado asumia la facultad de elegir y nombrar autoridades eclesiasticas. Asi, por ejemplo, el Congreso elegia y designaba arzobispos y obispos que luego eran presentados al Pontiice romano. Es diciente que los seleccionados debian prestar primero juramento ante las autoridades civiles que ante las eclesiasticas, entre ellas el Papa. Con el juramento se notaba tambien cierto recelo hacia los integrantes de la institucion eclesiastica, a quienes se les consideraba, en algunos casos, como posibles enemigos de la naciente republica, pero tambien se denotaba la necesidad de fortalecer un Estado en contravia de una institucion fuerte como la eclesiastica.

Tercero, que si bien la discusion sobre el patronato parece haberse dado solo en 1824 cuando la Republica lo asumio, la aplicacion del mismo genero continuos debates. Esto porque los temas algidos de las relaciones Estado-Iglesia fueron tocados por el patronato, por ejemplo: nombramientos eclesiasticos; injerencia en las comunidades religiosas; reduccion y redireccionamiento del diezmo; perdida o reduccion del fuero eclesiastico, entre otros. Con las reformas de mediados del siglo XIX el patronato paso a tener un papel importante en la forma en que el Estado confronto a los jerarcas y los conmino a cumplir sus disposiciones, so pena de ser castigados, como sucedio con el arzobispo de Bogota Manuel Jose Mosquera y otros jerarcas de la Iglesia en la Nueva Granada. Por ultimo, en un cuarto punto se considerara que si bien en 1853 el patronato desaparecio con la separacion de las potestades, en anos posteriores volvia recurrentemente la discusion sobre la necesidad de revivirlo o no.

Este articulo esta dividido en cuatro apartados. En el primero se realiza una aproximacion al tema del patronato republicano en diferentes regiones americanas. En el segundo se describen las discusiones que se generaron por la aprobacion del patronato republicano en 1824. En el tercero se hace alusion a las dificultades y tensiones presentadas por la aplicacion del patronato republicano aludiendo a la expulsion del arzobispo Mosquera y a las discusiones conducentes al fin del patronato y la propuesta de la separacion Estado-Iglesia. Y en el cuarto se expone como siguio discutiendose sobre el patronato a pesar de que este habia desaparecido en 1853, como sucedio en la Convencion Constituyente de 1863.

1. El patronato en las nacientes republicas americanas

Las discusiones por la pervivencia del patronato una vez consumada la Independencia fueron comunes en Latinoamerica. Segun Josep-Ignasi Saranyana, finalizada la Independencia hubo cinco ejes de debate sobre el problema religioso. El segundo de ellos aludia a la tradicion patronatista, en la que los lideres de la emancipacion argumentaron que el patronato no podia cuestionarse, sino que las republicas deberian asumirlo. Era un derecho derivado de la soberania. Asi, "esta pretension de los nuevos regimenes republicanos problematizo las designaciones episcopales y la provision de otros beneficios eclesiasticos, porque es evidente que sin concordatos, se corria el riesgo de abocar en un cierto episcopalismo, es decir, en una Iglesia sin Papa" (6).

Consumada la Independencia, se encuentran en diversos escenarios americanos discusiones por la forma como debian ser las relaciones Estado-Iglesia. En Mexico, por ejemplo, Jan Bazant muestra que las relaciones Estado-Iglesia fueron, quizas, lo mas volatil en el siglo XIX, desde la promulgacion de la Ley Lerdo en 1856 hasta el fin de la Republica Restaurada, en 1876 (7). Para Brian Connaughton la discusion por el patronato estuvo marcada por debates eclesiologicos, politicos y diplomaticos. En el debate politicoeclesiologico se mostraban argumentos historicos y canonicos para indicar que la Iglesia era republicana y federal. Igual que en otros lugares, se mostraba al patronato como fincado en la soberania, por lo que pasaba de la Monarquia a la Republica, aunque lo anterior dejara ver la ambiguedad del lenguaje, pues si bien se le otorgaba a la nacion el patronato, luego se le exigia al Papa un concordato para asegurarlo. Este autor demuestra como el debate sobre la organizacion eclesiastica, y por tanto sobre el patronato, iba a la par del debate sobre el poder politico y la organizacion estatal. De igual modo, la discusion por el patronato se daba de manera paralela a la decision de Leon XII de negar la independencia de las naciones americanas, por medio del breve Etsi iam diu, lo que significaba llevar esa discusion al plano diplomatico (8).

Mientras que para Argentina, Roberto Di Stefano indica como el poder revolucionario rioplatense decidio que habia heredado el derecho de patronato que poseian los reyes de Espana. Por ejemplo, la Asamblea del ano XIII libero las ordenes religiosas de la obediencia que debian a superiores residentes fuera de las Provincias Unidas. Con el paso de los anos, en tiempos de Rivadavia y Rosas, se advierte que el punto mas problematico de la cuestion eclesiastica fue el de la reivindicacion por parte de los gobiernos argentinos del derecho de patronato. Por ejemplo, podia presentarse el problema que dentro de una misma diocesis existieran varios gobiernos civiles que se abrogaran el derecho de asumirlo (9). Ahora bien, la discusion por el patronato tuvo dos grupos claros, el intransigente, opuesto a la medida, y el galicano. Lo curioso es que el primero estaba representado por laicos, y el segundo, en su gran mayoria, por sacerdotes (10). Lo anterior significa que eran los civiles quienes propendian a relacionarse con la Santa Sede, mientras que los clerigos buscaban, en algunos casos, separarse de cualquier tutelaje por parte del papado.

Un caso particular resulta ser el paraguayo. Segun Heyn Schupp, ningun otro pais de America Latina mostro la sumision de la Iglesia al Estado como Paraguay. El dictador Jose Gaspar Rodriguez de Francia (1814-1840) asumio todo el poder sobre la Iglesia, incluso mas que el que habia ejercido el regalismo borbonico. Su sucesor, Carlos Antonio Lopez, abrio paulatinamente el pais al mundo. Pensaba que la institucion eclesiastica subordinada podia ser importante en las reformas que se emprendiesen, lo que lo llevo a entablar relaciones con la Santa Sede en 1841: como resultado de la gestion, se permitio consagrar al primer obispo nacido en Paraguay y que el Gobierno lo presentara a Roma. No obstante, Lopez continuo con los derechos de patronato y exequator, y asumio una actitud regalista al solicitarle al clero absoluta lealtad a la administracion publica (11).

Por otro lado, en Chile y Peru la jerarquia de la institucion eclesiastica rechazaba las doctrinas regalistas desde finales de la decada de 1830. Lucrecia Enriquez muestra, para el caso chileno, como desde los primeros anos de vida independiente, incluso desde la Patria Vieja (1810-1814), es decir, la epoca de Jose Miguel Carrera, hasta lo que se denomina la Patria Nueva, la naciente republica se abrogo el ejercicio del patronato, quedando, incluso, en manos del Director Supremo Bernardo O'Higgins (12). Entretanto, Pilar Garcia Jordan divide en tres etapas la historia de las relaciones Estado-Iglesia en Peru en el siglo XIX. De manera especial, en la segunda etapa--llamada "Intentos de vertebracion del Peru como Estado moderno y resistencia eclesial, 1845-1879"--advierte que la necesidad de las elites de modernizar al pais en medio de la bonanza guanera las llevo a la abolicion de los fueros personales y corporativos, y a la desaparicion de cargas como diezmos, censos y capellanias (13). Como puede verse, a grandes rasgos, la Independencia trajo como consecuencia a las nacientes republicas abocarse a la discusion sobre las relaciones con la institucion eclesiastica, lo que significaba abordar el tema del patronato. En esta problematica Colombia no fue un caso excepcional.

2. La discusion y aprobacion del patronato republicano en 1824

Desde la Independencia, uno de los temas mas discutidos fue el del patronato. La idea de la nueva administracion, a la cabeza de Francisco de Paula Santander, era que la Republica lo asumiera en condiciones similares a como lo habia llevado la Corona por mas de tres siglos. Por su parte, la Santa Sede creia que no era conveniente continuar con el patronato inclinandose mejor por la relacion directa, sin intermediaciones, con las iglesias en las nacientes republicas, lo que genero, desde los primeros anos de vida independiente, serias discrepancias. Estas se incrementaron cuando, por ley de 1824, la republica de la Gran Colombia asumio el patronato. De esta forma, la Republica heredo las funciones que habia desempenado la Corona, entre ellas, nombramientos de eclesiasticos; ereccion, fundacion y administracion de divisiones eclesiasticas como diocesis; el manejo y arreglo de las rentas eclesiasticas; la vigilancia de las bulas expedidas por el pontifice, entre otras (14).

En esencia, en la discusion sobre el patronato se encuentran dos vertientes matizadas: una integrada por quienes defendian que la Republica lo asumiera, y la otra opuesta a esa perspectiva. Esas posiciones se mostraron en escenarios como el considerado natural para discutirlo, es decir, el Congreso. Pero ademas del Legislativo, se vislumbro otro espacio en donde se discutio el tema del patronato: el de la circulacion de impresos. Alli, tanto eclesiasticos como laicos esgrimieron argumentos que en ocasiones los enfrentaban, que circulaban en folletos y hojas sueltas. Algunos de estos documentos eran argumentos teologicos, eclesiologicos, historicos, politicos, y hasta de conveniencia economica. A continuacion se analizaran, entonces, las discusiones y los argumentos que condujeron a la aprobacion del patronato en 1824.

El Congreso fue el escenario natural en donde se discutio el patronato, pues alli deberia redactarse la propuesta que se convertiria en ley para ser firmada por la cabeza del Ejecutivo. Asi, varios representantes y senadores asumieron la bandera de proponer que la Republica asumiera el patronato. Por ejemplo, Francisco Javier Otero veia la necesidad de que este tema fuera conocido y debatido por la opinion nacional, como lo muestra el titulo de la obra que reune, junto con los de otros congresistas, sus argumentos sobre la tematica: Sobre el Patronato: Publicacion de los dictamenes de algunas personas de rango, de conocida literatura y fama, con el objetivo de que la opinion publica se ilustre en una materia que todavia no se ha dado suficientemente a la luz (15). Aunque para un autor anonimo era "bien extrano" que consumada la Independencia se discutiera "la anticuada cuestion del patronato eclesiastico propio de la potestad temporal", agregaba que no se entendia por que en el siglo XIX "se nos intente hacer retrogradar, no a la majestuosa simplicidad de los primeros tiempos felices del cristianismo, sino a la funesta y tenebrosa epoca del impostor, que forjo en Espana las falsas decretales, que llenaron de escandalo y de errores a la Iglesia", con el objetivo de "convertir otra vez el cayado apostolico en un cetro soberano, transformar a los pastores de la grey de Jesus en senores absolutos de los imperios, y substraerlos de la dominacion de las autoridades"16, en este caso las de la Republica.

La opinion expuesta en el parrafo anterior hacia ver que no deberia tratarse la discusion al darse por sentado que la Republica tenia derecho al patronato buscando evitar que los jerarcas de la Iglesia se convirtiesen--ademas de pastores de almas, que era su funcion natural--en conductores politicos de los individuos, preocupados mas por el poder material que por su labor pastoral y espiritual. Esta posicion mostraba a un sector radical que a lo largo del siglo XIX creyo conveniente que el Estado controlara y vigilara la institucion eclesiastica. Ahora bien, a la postre el debate por el patronato si se presento, ya que el tema debia ser asumido como relevante no solo para discutirlo sino para resolverlo. En ese sentido, Otero se hacia preguntas que creia importantes para dilucidar la situacion:

"?Los reyes de Espana necesitan de concesion para ejercer el patronato, o podrian hacerlo como una regalia inherente al gobierno supremo?; ?Si lo ejercitan en virtud de privilegio, se entendera concedido este al gobierno de la Republica por una epiqueya, y por las circunstancias?; ?Siendo una regalia de toda autoridad suprema e independiente, se podra ejercer con la misma extension que los reyes, o con que modificacion?; ?Si ni como privilegio, ni como regalia corresponde el privilegio del patronato al gobierno de la Republica quien debera proveer los beneficios, en que terminos y con que modificaciones?; ?A que autoridad corresponde declararlo mientras la silla apostolica determina?; ?Siendo unos ciudadanos los eclesiasticos y estando la iglesia dentro del estado cual sera su subordinacion al gobierno en cuanto a la provision de beneficios, y modo de desempenarlos?" (17).

Para resolverlas, indicaba que la Republica era soberana, independiente de Espana, y que el derecho de patronato no debia ser entendido como unicamente espiritual o temporal, existiendo varios tipos de patronato, el real y el personal, siendo el primero adherido en este caso al territorio, pasando con ella al que la posee, mientras que el segundo estaba adherido a la persona. Asi, deberia preguntarse el modo como pasaria el patronato de la Corona a la Republica (18). En este punto Otero resolvia la situacion de manera directa. Para el, la soberania determinaba el derecho de sucesion del patronato, y como aquella ya no recaia en el monarca, sino que estaba en manos de la Republica, ella habia heredado la sucesion legitima del patronato. Para este autor, la Republica estaba constituida ademas por pueblos que adoptaban el sistema de gobierno "que mas les agrade", por lo cual era urgente que el representante de la autoridad republicana ejerciera el derecho de patronato. En este sentido, y dirigiendose a Santander, presidente encargado, le indicaba que como la Republica habia reasumido la soberania, con ella estaba anexo el patronato (19). Lo paradojico de esta posicion que buscaba que el patronato pasara a la Republica es que prolongaba, en ese aspecto puntual, el regalismo pero no con la figura del monarca como poseedor del derecho, sino con las autoridades civiles de la Republica como depositarias del mismo.

El presbitero Andres Maria Rosillo, en la segunda parte del documento en donde tambien se publicaron los argumentos de Otero sobre el patronato, enfatizaba en dos verdades que "a ninguno pueden ocultarse". La una hacia referencia a que a la autoridad civil tocaba "indisputablemente la tutela, y proteccion de la iglesia y de la religion", funcion heredada de la Corona. La otra, a que el Estado procuraba el "buen orden en lo politico y moral, y el beneficio comun" de los individuos (20). Rosillo mostraba que la Republica debia usar el patronato para nombrar autoridades eclesiasticas, maxime cuando se habia obtenido la independencia de Espana, puesto que "la republica se ve como precisada a sostener y defender los derechos de su libertad e independencia, ni los obispos, y prebendados que nombre el soberano de Espana quieren venir a reconocer, y obedecer nuestro gobierno y leyes, ni el gobierno de Colombia entrara en admitir unos ministros extranos que le son muy sospechosos" (21). La idea de que el gobierno de la naciente republica no deberia recibir ministros extranjeros era recurrente, tanto asi que motivaba preguntas sobre la presencia de sacerdotes extranjeros: "?No la veriamos [a la Republica] en breve sometida nuevamente al antiguo yugo colonial, o agitada con terribles convulsiones?" (22).

Rosillo, de vieja data, defendia que el patronato pasara a la Republica. Pero esa defensa, segun el, le trajo problemas con la Inquisicion, a la que tuvo que enfrentarse en 1818 acusado de luteranismo. Lo que queria demostrar Rosillo era como los monarcas habian nombrado obispos a lo largo de la historia, tal era el caso de Valentiniano con san Ambrosio de Milan, Constantinopla con san Juan Crisostomo, Espana con san Isidoro de Sevilla e Inglaterra con san Anselmo. Por tanto, era logico que ese derecho pasara ahora a la Republica, maxime cuando la edificacion, la conservacion y el mantenimiento de las iglesias fundadas en America por los espanoles fueron sostenidos con la explotacion de los recursos y mano de obra americanos, por lo cual este continente era merecedor del patronato y el presidente debia nombrar los obispos y cuidar las iglesias. Asi las cosas, Rosillo concluia que tocaba al encargado del Ejecutivo ejercer por el derecho del patronato la presentacion de los ministros del culto (23). En realidad, Rosillo lo que hacia era defender y reforzar la unica forma de relacion Estado-Iglesia que conocia: el patronato.

Por su parte, el congresista Ignacio Herrera indicaba, defendiendo que el patronato deberia pasar a la Republica, que aquel no era concedido por la "silla apostolica" a una casa monarquica, sino que su intencion era favorecer al pueblo, que se veria beneficiado con el nombramiento de sus pastores. De igual forma, y explicando historicamente el problema, indicaba que "la Iglesia de un Estado sigue la suerte de sus pueblos", para mostrar como el patronato fue ejercido por los Austrias en Espana, pero trasladado a la casa Borbon en la guerra de sucesion. Reforzaba esta posicion al indicar como el papa Alejandro VII--para dirimir un conflicto entre la monarquia espanola y la casa Braganza portuguesa por el dominio de Portugal--consideraba que el patronato de las iglesias de Portugal era anexo al territorio, "y que el poseedor por cualquier titulo tenia el derecho de presentar [a los candidatos eclesiasticos], por el favor de los pueblos, que forman la grey" (24).

Para Herrera este caso era similar al que vivia la Gran Colombia, pues en el conflicto los Braganza eran tratados por los espanoles como "rebeldes" y "notados de herejia", pero a pesar de ello el Papa prefirio al duque de Braganza. De esta forma, se podia finiquitar que la Republica era duena del patronato y de su regalia. Para Herrera la autoridad temporal, cualquiera fuese su origen, deberia proteger igualmente el culto, por lo que tenia el derecho de presentar los ministros encargados de aquel (25). Si bien no se describen minuciosamente los debates ni los argumentos empleados en ellos, tanto defensores como contradictores del patronato recurrieron a la historia, indicando nuevamente que las discusiones deberian hacer alusion forzosa al pasado como referente de legitimidad.

No obstante, algunos defensores del patronato esgrimian argumentos matizados en relacion con los expresados anteriormente. Indicaban, por ejemplo, que el Gobierno tenia el derecho de proteger, defender y vigilar la disciplina o policia exterior de la Iglesia, pero no lo tenia a "la absoluta inspeccion y la direccion que le atribute el primero de los fundamentos del proyecto de ley" (26). El mismo Santiago Perez, valiendose de argumentos historicos, indicaba que el patronato no era inherente a la soberania y que no se obtenia por sucesion ni por subrogacion. Lo anterior se explicaba porque cuando Fernando el Catolico recibio del papa Julio II en 1508 el patronato universal de las Indias, no se conocia aun la existencia de Mexico, el Peru, ni la Nueva Granada (27).

En resumen, los defensores de que el patronato pasara a la Republica indicaban que desde que el pais se declaro independiente deberia mantener la "seguridad, tranquilidad y buen orden de la sociedad que compone la republica, y de que depende su felicidad", para lo cual necesitaria tanto de religion como de un culto visible y ministros a los que la Republica deberia defender, asi como ellos deberian defenderla (28). A medida que se discutia sobre el patronato y si debia o no ser asumido por la Republica, se dejaban ver las opiniones de oposicion a que la Republica se hiciera cargo del mismo (29). Eclesiasticos bogotanos indicaban que la discusion sobre el patronato era "un negocio muy delicado, y peligroso", no solo por lo grave del tema, sino porque los argumentos de quienes defendian que el patronato pasara a la Republica eran frivolos y superficiales raciocinios (30).

Siguiendo con el argumento del Cabildo Metropolitano, se indicaba que si bien por medio de la bula del 28 de julio de 1508 el papa Julio II les otorgo el patronato a los reyes catolicos, esa prerrogativa no pasaba a la Republica, pues esa concesion habia sido un premio por la conquista y colonizacion de las Indias y por la lucha que habian sostenido contra los musulmanes: "[...] el fin del pontifice no era otro, que honrar y ensalzar aquellos soberanos, ilustrar a intento, y hacer resplandecer su Imperio, para excitar y promover su celo en la persecucion de la obra comenzada", refiriendose a la colonizacion de America. De esta forma, la concesion hecha a los reyes catolicos se extenderia a los que fuesen monarcas de Castilla y de Leon y no podia recaer en Colombia pues ella no peleo contra los moros "ni extirpo su secta, ni planto la cruz del Redentor en estos paises, y ni tiene bajo de su Imperio y dominio los Reinos de Castilla y de Leon" (31).

Tambien era criticado el argumento que defendia el derecho de sucesion del patronato desde las definiciones del patronato real y de persona, pues el primero era concedido a una iglesia o a un lugar, por lo que estaba inherente al suelo. Mientras que el patronato personal era otorgado a la persona, por lo que se podia vender y recaer en otro individuo, pero si estaba escrito--y alli la importancia del argumento--que se limitaba a los herederos, por mas que el territorio fuese comprado o adquirido por cualquier forma, el patronato se perdia. De tal manera, no se podia argumentar para defender el patronato republicano que este se heredaba por el territorio, como lo heredaron los Borbon de los Austria al perder estos el dominio sobre Espana a favor de los primeros. Por lo anterior, se concluia que el patronato de los reyes de Espana era "personalisimo, y que se limito a los reyes, Fernando, e Isabel, sus herederos, y sucesores en aquellos reinos", por lo que no podia transferirse a otras personas, asi America hubiese sido independizada por la "fuerza de armas", aspecto bien diferente de los "casos de venta, donacion y demas" (32).

Siguiendo con la idea anterior, quienes criticaban que la Republica heredara el patronato aducian que aquel, si bien paso de los Austrias a los Borbon y originalmente no habia sido entregado a estos, si les corria "indisputablemente por la sangre austriaca, por la sangre de Isabel, y Fernando, Reyes de Castilla, Leon, Aragon y Granada, que corre por sus venas" (33), refiriendose a los Borbon. Al argumento de que el caso colombiano era similar al de otros paises, por ejemplo Portugal, se le calificaba como "patrana", al ser Portugal una "antigua monarquia, civilizada, ordenada, a pesar de la invasion de Felipe II, [que] conserva hasta el dia de hoy la raza de sus primeros reyes" (34), refiriendose a los Borgona. En cuanto al argumento que esgrimian los defensores del patronato de que este se incorporaba a la soberania de America con su Independencia, se debia diferenciar, segun los detractores de la sucesion del patronato, que la soberania espanola era "tiranica" y "despotica", basada en una "usurpacion manifiesta", mientras que la soberania de la Republica no podia ser entendida bajo estos adjetivos, puesto que recaia en cabeza del vicepresidente, Santander, al cual se le otorgo por la voluntad popular, mientras que la espanola, recalcaban, era usurpada (35).

Al final, el patronato fue sancionado por ley de 28 de julio de 1824. Alli se indicaba, en el primer articulo, que el pais debia "continuar en el ejercicio del derecho de patronato que los reyes de Espana tuvieron en las iglesias metropolitanas, catedrales y parroquiales de esta parte de la America" (36). De igual forma, en el articulo segundo, que la Republica buscaria, en acuerdo con la Santa Sede, un concordato para asegurar la prerrogativa del patronato. Tambien, como se muestra en el articulo tercero, tanto el poder ejecutivo como el legislativo asumian el derecho de patronato y de tuicion. La tuicion seria bastante polemica anos mas tarde, cuando fue revivida por Tomas Cipriano de Mosquera. En el articulo noveno se indicaba que la alta Corte conoceria las causas de "infidelidad a la Republica de los arzobispos y obispos, de las en que se tratase de usurpacion por estos prelados, de las prerrogativas de la Nacion, de su soberania y del derecho de patronato, y generalmente de todas aquellas por las que los mismos prelados deben ser extranados y ocupadas sus temporalidades" (37), es decir, los bienes materiales que poseian o estaban bajo su cargo y administracion.

En el articulo 16 de la citada ley de 28 de julio de 1824, se indicaba que cualquiera elegido por el Congreso para ocupar una silla vacante antes de ser presentado a la Santa Sede debia prestar "el juramento de sostener y defender la Constitucion de la Republica, de no usurpar su soberania, derechos y prerrogativas, y de obedecer y cumplir las leyes, ordenes y disposiciones del Gobierno" (38). Y, por su parte, el articulo 39, con claro temor al extranjero, anotaba que los obispos y arzobispos debian ser exclusivamente nacidos en el pais (39). En estos articulos debe resaltarse que al asumir el patronato, la Republica buscaba asegurarse la fidelidad de los eclesiasticos, integrantes de la institucion que por su poder y fortaleza podian competirle al naciente y muy debil Estado; de alli la exigencia del juramento y el que se fuese natural y no foraneo.

3. Del patronato a la separacion Estado-Iglesia. Idas y venidas de la aplicacion del patronato

Desde la promulgacion del patronato republicano en 1824 hasta la separacion de las potestades en 1853 fueron varios los casos en los cuales la aplicacion de ese patronato genero discusiones y polemicas (40). A pesar de ello, pocas veces se indica que dichas polemicas tenian como telon de fondo el patronato. En la administracion liberal de Jose Hilario Lopez, el Congreso de la Republica de la Nueva Granada aprobo varias leyes que afectaban a la Iglesia catolica como institucion, entre las cuales estaban el desafuero eclesiastico, el nombramiento y presentacion de los curas por los cabildos parroquiales y la redencion por la mitad de su valor de los capitales a censo. Estas leyes eran consideradas por el arzobispo Manuel Jose Mosquera y por los obispos como contrarias a la disciplina de la institucion eclesiastica, razon por la cual protestaron contra ellas de manera energica, como puede verse en la correspondencia de Mosquera con los distintos jerarcas (41).

Las protestas continuas contra las reformas liberales de mediados del siglo XIX, y el hecho de que se invitara a los jerarcas de la Iglesia a no cumplirlas, hicieron que el arzobispo se granjeara enemistades en la administracion de Jose Hilario Lopez. Esto se vio reforzado cuando se nego a cumplir una de sus obligaciones como prelado: convocar a concurso para llenar los curatos vacantes en la arquidiocesis de Bogota (42). Para suplir esta supuesta negligencia, el vicario de la diocesis de Antioquia convoco en marzo de 1851 el mencionado concurso, a lo que el arzobispo Mosquera respondio prohibiendo obedecer el edicto convocatorio de este provisor. Como consecuencia de lo anterior el Congreso decidio enjuiciar al arzobispo Mosquera, no solo por violar, supuestamente, el Codigo Penal de 1837, sino porque desacataba el patronato que poseia la Republica (43). El prelado fue encontrado culpable, lo que le significo recibir como pena la expulsion del pais.

Pero mas que las posiciones de condena contra este jerarca, son mas dicientes las de aquellos que en el Congreso asumieron su defensa, considerando que la aplicacion de las leyes y el patronato violaban el limite de la disciplina interna y de la orbita espiritual de la institucion eclesiastica. Asi, pues, el senador Pablo Calderon manifesto que votaria negativamente contra el juicio a Mosquera, por cuanto las protestas que hizo el arzobispo no habian motivado el rechazo de los poderes ejecutivo y judicial, y ellos no las habian calificado como delito. Tambien anoto que el arzobispo habia protestado no como funcionario publico sino como jefe de la Iglesia en la Nueva Granada y, claro esta, como encargado de conservar su disciplina. Calderon advirtio entonces que si se acusaba al arzobispo debia hacerse lo mismo con los obispos y sus capitulos, ya que aquellos manifestaron adherirse a las protestas del arzobispo. Ademas, anoto que cualquier comunicacion publicada por el arzobispo estaba exenta de pena alguna, al haber pasado por la imprenta y circulado en diversos contextos (44), haciendo clara alusion a la libertad de imprenta existente.

El senador Severo Garcia tambien manifesto su oposicion a la acusacion, por diversos motivos. Primero, por incompetencia del Senado para conocer la acusacion, al ser un asunto puramente espiritual; segundo, si el provisor habia sido negligente para proveer los curatos y si el sufraganeo--es decir, el vicario de Antioquia--se abrogaba la facultad de concederlos el Senado, no podia ser competente para esta declaratoria; tercero, el Senado tampoco podia afirmar si existio o no negligencia del arzobispo; cuarto, la funcion de convocar a concurso y conferir la jurisdiccion a los parrocos era "pura y meramente espiritual" (45), lo que cuestionaria el argumento de quienes advertian que era obligacion estipulada por la ley convocar al concurso. Este tema es muy importante porque pone de manifiesto los limites cuando se legisla desde lo civil en materia religiosa (sobre todo en la definicion de la esfera espiritual).

Despues de la expulsion del arzobispo Mosquera fue inminente la separacion de las potestades, un proyecto que tenia larga data. Desde la Independencia esa separacion estuvo presente, sobre todo cuando se discutio el problema del patronato. Pero antes de aprobar la separacion se discutia cual seria el mejor camino para las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Por ejemplo, Florentino Gonzalez indico que era necesario escoger entre tres sistemas: el de la libertad, el del patronato y el del concordato. Los dos ultimos evitarian lo que segun Gonzalez realmente se buscaba: tener la supremacia del poder civil sobre el eclesiastico, de tal forma que solo se obtendria la union de los gobernantes con los clerigos al superponer, como supuestamente se habia visto hasta ese momento, el poder eclesiastico sobre el poder civil (46). Al parecer, Gonzalez no conocio de primera mano las discusiones sobre el patronato, puesto que habria notado que algunos defensores creian que si servia para subyugar a la institucion eclesiastica, que era el mismo objetivo de Gonzalez. Sentado esto, si Gonzalez y otros liberales de mediados del siglo XIX pensaban que el patronato era util para que el Estado se impusiera a la Iglesia, optar por la separacion entre las dos potestades mostro a esos liberales que era mas importante velar y defender derechos individuales--como la libertad de cultos--, que no serian totalmente aplicables si continuaba el patronato.

Jose Maria Obando, quien como presidente sanciono la ley de separacion del Estado y la Iglesia, no estaba muy convencido de tal medida como si lo estaba su antecesor, Jose Hilario Lopez, quien lo habia hecho saber al Congreso en 1852 y preguntado al clero del pais. Once dias antes de abandonar su cargo, el presidente Lopez envio otra comunicacion al Congreso de la Republica en donde resumia su gestion. Uno de los topicos en los que se centro fue el de las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Para el Presidente, la independencia de la institucion eclesiastica era indispensable, pues ademas de que la religion no era materia de gobierno, obedecia a un derecho individual que el pacto de asociacion debia reconocer. Por lo tanto, para Lopez era claro que la institucion no podia entrar en contacto con el poder civil, porque podia convertirse en "instrumento de opresion, haciendose servir a designios puramente politicos; o que ella misma se oprima con la fuerza que saque de ese Poder" (47).

No obstante, existian motivos muy concretos para la separacion, algunos de los cuales encarnaban la desobediencia de la jerarquia eclesiastica a las leyes civiles y la supuesta incitacion a la rebelion armada. A pesar de que el Senado y algunos tribunales de justicia habian castigado con destierro a unos jerarcas de la Iglesia (como paso con Mosquera), esto no era suiciente, segun Lopez, y la solucion deinitiva era dar "a Dios los que es de Dios, y al Cesar lo que es del Cesar". El Presidente creia que esta solucion debia darse, porque muchos eclesiasticos no cumplian con sus respectivas funciones pastorales. Por el contrario, estos sacerdotes, segun Lopez, eran los que deseaban instaurar un poder teocratico disfrazado de civil. Igualmente, senalaba la existencia de otros clerigos que si cumplian con su mision, pero no los suicientes como para no pensar en la separacion. Otra razon para la separacion de las potestades y, por lo tanto, para el in del patronato, segun Lopez, era la injerencia de Pio ix en la politica interna neogranadina. La intromision podia verse en el Consistorio del 27 de septiembre de 1852, en el que el Pontifice critico la legislacion del pais en materia religiosa--incluido el patronato--, y ademas evito reunirse con el representante de los negocios neogranadinos ante la Santa Sede (48).

En menos de dos meses la perspectiva de Obando habia cambiado en relacion con la institucion eclesiastica: el dia de su posesion como presidente del pais, el primero de abril de 1853, se compadecia al verla indefensa ante el reformismo liberal, pero ahora, a inales de mayo de 1853, no solo la veia como fanatica, sino como enemiga del republicanismo y de las leyes, representadas en la Constitucion. Resulta claro que este vaiven de Obando provocaria confusion entre los neogranadinos, pero a medida que pasaba el tiempo su discurso tambien se fue haciendo cada vez mas proclive a la separacion de las potestades. Lo paradojico es que comenzando junio Obando volvio a oponerse a la separacion de la ley de 15 de junio de 1853. En este documento se indicaba que ninguna autoridad civil podia intervenir en eleccion y presentacion de individuos para la provision de cargos eclesiasticos, con lo que se ponia in de manera legal al patronato, sin dejar de discutirse posteriormente.

4. El patronato como opcion. La discusion en la Convencion de Rionegro de 1863

Finalizada la guerra civil de 1859-1862, que derroco a la administracion conservadora de Mariano Ospina Rodriguez, fue convocada una convencion constituyente para redactar una nueva Carta politica. Dicha asamblea se reunio en la poblacion de Rionegro (Antioquia) en febrero de 1863. En esa convencion se conformo una Comision de Negocios Eclesiasticos, integrada por Bernardo Herrera, Justo Arosemena y Salvador Camacho Roldan, la cual discutio la cuestion religiosa, que confrontaba a diversos sectores dentro de la Convencion. La gran disputa era la de continuar o no con las medidas que Mosquera implemento contra la institucion eclesiastica desde 1861, como la tuicion de cultos, la desamortizacion de bienes y la supresion de comunidades religiosas. Los temas a resolver por la Comision contenian puntos que dejaban ver la necesidad de discutir las medidas tomadas por la administracion de Mosquera contra la institucion eclesiastica. Por ejemplo, se ponia sobre el tapete tanto la necesidad o no de continuar con la tuicion y la desamortizacion decretadas en 1861 como de revisar la prision y el destierro a los que habia sido sometido el arzobispo bogotano Antonio Herran (49).

En la asamblea constituyente los antimosqueristas creian que no era posible continuar las medidas promulgadas por el Presidente, mientras que el caudillo caucano pensaba que eran necesarias, tanto asi que propuso un nuevo proyecto para continuar la tuicion. Esta confrontacion permite cuestionarse como deberian ser las relaciones entre el Estado y la Iglesia con una nueva Carta Magna. Se pensaba que la separacion Estado-Iglesia, la cual existia desde 1853, no era la solucion por la inmadurez politica del pais. Y en cuanto al patronato, que es el tema de este articulo, tampoco parecia ser aceptado en esta nueva coyuntura historica, mientras que la tuicion decretada en 1861 era criticada por la rigidez y exageracion de la medida. Esto lleva a pensar que ni la separacion ni el regalismo parecian ser las formulas mas indicadas, prefiriendose por muchos el jurisdiccionalismo.

Para los miembros de la Comision, el patronato no era la formula adecuada pues conduciria al concordato, y este implicaba un aspecto que no querian los liberales: que el Pontifice se involucrara en los asuntos internos del pais (50). Mas aun si se tiene en cuenta que el patronato era entendido como una alianza del Estado con el clero catolico, lo que implicaba que la soberania popular se perdia, asi el Gobierno ganase en influencia fisica al emplear a ese clero en beneficio de las politicas de la administracion publica. Asi las cosas, segun la Comision, el patronato era una posible arma de corrupcion "en manos de los gobiernos retrogrados y sin probidad, nula en las manos de los gobiernos liberales y honrados" (51). Ademas, desvirtuaba la busqueda de distancia entre el poder civil y el eclesiastico, ya que con su aplicacion el clero pasaba a ser pieza del pontificado en su supuesto afan por inmiscuirse en la administracion publica. Paradojicamente, el concordato, al que se le consideraba como resultado natural del patronato, fue la via que los regeneradores encontraron en 1887 para estabilizar las relaciones entre el Estado y la institucion eclesiastica.

Las criticas al patronato, hechas desde la Comision, estaban directamente relacionadas con las que se hacian a la institucion eclesiastica y al clero, aspecto en el que coincidian todos los sectores liberales. El patronato elevaba a los clerigos a un rango superior al de los demas seres humanos, con lo que se rompia el principio liberal de la igualdad entre los hombres. Pero el clero se habia acostumbrado a ser juzgado por jueces especiales de su misma confraternidad, con leyes tolerantes, "forjadas a proposito para mantenerlo en una condicion superior a los demas hombres", segun palabras de Camacho Roldan (52). De esta forma, los sacerdotes se rehusaban a igualarse con los demas ciudadanos ante las leyes civiles. Debe recordarse que anos atras el fuero eclesiastico habia sido revocado.

El patronato tambien se cuestionaba porque habia permitido que la institucion eclesiastica y el clero se enriquecieran al considerar como suyas propiedades que no habian sido adquiridas por medio del trabajo, y al tomar por tributarios a quienes pagaban diezmos y derechos de estola. Esa institucion seria la que usaria las armas cuando sus riquezas fuesen cuestionadas. El patronato tambien fomento que los frailes se acostumbraran al ocio y a vivir del regalo; por lo tanto, era muy dificil hacerles cumplir el principio de ganarse la vida con el trabajo. Ese clero seria el que protestaria cuando los hombres pensaran, creyeran y adoraran a Dios conforme a su propia conciencia (53). Los criticos, quienes en la Convencion de Rionegro se oponian al patronato, afirmaban que para la institucion eclesiastica las relaciones entre el Estado y la Iglesia no podian existir sino sobre las bases de los privilegios del clero. Pero un clero privilegiado era un contrasentido en la Republica, ademas de "un instrumento de conspiracion permanente contra las libertades publicas" (54). Con palabras de este estilo se criticaba al clero porque no se ajustaba a la obediencia de las leyes civiles y preferia su propio fuero para proteger las desigualdades de las cuales salia favorecido.

En la Comision de Negocios Eclesiasticos se tenia la idea de que la institucion eclesiastica no habia contribuido al desarrollo de las sociedades. Pero no solo los integrantes de esta Comision veian que los privilegios de la institucion eclesiastica y del clero afectaban el desarrollo del pais. Jose Maria Rojas Garrido--mosquerista participante en la Convencion de Rionegro--tambien criticaba con vehemencia tanto a la una como al otro. Rojas Garrido creia que a los clerigos no les importaba la religion, al considerarla una "supercheria productiva", que enganaba a la gente con sus ritos, la musica, los cantos solemnes, los trajes brillantes, las procesiones y ese "inmenso aparato teatral de las iglesias". Asi, afirmaba Rojas, los clerigos explotaban la condicion ignorante del hombre para quien la palabra de Dios era considerada como la verdad. Pero el clero no solo hacia dano con ensenanzas perniciosas, sino que perjudicaba a la sociedad al crear congregaciones fanaticas e inutiles que no le aportaban nada a la sociedad (55). Ademas, Rojas creia que sus integrantes no podrian ser considerados como ciudadanos. En ultimas, las ideas del politico liberal dejan ver que los mosqueristas continuaban con su tendencia anticlerical, y que, en esencia, la mayoria de los integrantes de la Convencion estaba dispuesta a seguir cuestionando y reduciendo el poder tanto de la institucion como del clero.

En tal sentido, parecia que la Convencion en general pensaba que el clero no era el mejor aliado para los desarrollos del liberalismo en el pais, entre ellos la soberania popular y la obediencia a las leyes civiles, pues creaba resistencia al poder legitimamente constituido. Las soluciones que se propusieron en diversos paises catolicos para confrontar ese peligro, y que la Comision de Negocios Eclesiasticos retomo para los Estados Unidos de Colombia, fueron las siguientes: el derecho de tuicion, la incapacidad de los clerigos para elegir y ser elegidos, y la prescindencia absoluta de la administracion publica en asuntos de religion (56). La Constitucion Politica de 1863 continuo con la separacion Estado-Iglesia, no retomo el patronato y dejo el concordato en el tintero hasta que fue aprobado en 1887.

Conclusiones

Al aproximarse al tema del patronato republicano en lo que hoy es Colombia se observa que casi todo esta por investigarse. Lo poco existente cae, en la mayoria de los casos, en generalizaciones que replican las explicaciones elaboradas por los historiadores decimononicos. Se sabe poco o nada de los debates suscitados en 1824 y sobre como fue aplicado el patronato hasta su desaparicion, lo que resulta paradojico teniendo en cuenta que el patronato delineo las relaciones Estado-Iglesia en los primeros anos de vida independiente. La importancia del patronato puede verse, por ejemplo, en aspectos algidos como la Guerra de los Supremos, cuando Jose Maria Obando, comandante rebelde y autoproclamado Jefe Supremo, asumio el derecho de patronato.

Al hablar de la aplicacion del patronato es importante que ademas se reflexione en la forma como fue asumido en las provincias, y no tanto en los circulos del poder en Bogota. Se piensa generalmente que el derecho y aplicacion del patronato fueron exclusividad del Presidente o del Congreso de la Republica, pero en realidad este asunto resulta aun mas complejo de lo que se cree. Ademas de estos dos poderes que podian asumirlo individualmente o en conjunto, tambien eran depositarios del derecho de patronato los intendentes y los gobernadores, lo que invita a cuestionarse sobre su aplicacion y las minucias y los conflictos que pudo generar en las distintas regiones. Este elemento, vinculado directamente con las relaciones Estado-Iglesia en los aspectos puntuales y practicos, es un escenario abierto a la investigacion.

Siguiendo con lo anterior, con este articulo se quiere llamar la atencion sobre los caminos de investigacion que el tema del patronato republicano abre y que no se limitan a su aplicacion hasta la separacion Estado-Iglesia en 1853, sino que se pueden proyectar hasta la Regeneracion y la forma como se llego al Concordato. De tal forma que preguntarse por el patronato tambien lleva a investigar sobre la manera como el Estado se relaciono con la Iglesia en Colombia desde la Independencia.

doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit52.2014.05

Articulo recibido: 11 de julio de 2013

Aprobado: 07 de octubre de 2013

Modificado: 21 de octubre de 2013

Bibliografia

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* Parte de la informacion empleada en este articulo se obtuvo gracias al proyecto Religion, Iglesia e Independencia. Del quiebre del orden colonial a la supresion del patronato y la separacion de las potestades, apoyado por la Vicerrectoria de Investigacion de la Universidad Nacional de Colombia, en 2009.

(1) Resalta la tesis de Russ Tobias Davidson, "The patronato in Colombia, 1800-1853. Reform and anti-reform in the archidiocese of Santa Fe de Bogota" (Tesis de Doctorado en Historia, Vanderbilt University, 1978) [Microfilm en la University Microfilms International, Ann Arbor (Estados Unidos), 1983]. Textos como la tesis de Mary Candelo abordan en espacios amplios el tema del patronato: "Iglesia-Estado en Colombia y Ecuador 1830-1860" (Tesis de Maestria en Historia Andina, Universidad Andina Simon Bolivar, 1999), 33 y ss. Libros de historia general de Colombia aluden al patronato de manera tangencial como un acontecimiento mas.

(2) La revision de algunos balances puede ilustrar como el tema del patronato republicano esta casi sin explorar. Pueden verse: Jose David Cortes, "Balance bibliografico sobre la historia de la Iglesia catolica en Colombia, 1945-1995", Historia Critica 12 (1996): 17-28; Grupo de Investigacion Religion, Cultura y Sociedad, Historiografia sobre religion, cultura y sociedad en Colombia producida entre 1995y el 2000 (Medellin: Universidad Nacional de Colombia/Universidad de Antioquia/Universidad Pontificia Bolivariana/Universidad Luis Amigo, 2001); Ricardo Arias, "La historiografia de la Iglesia catolica en Colombia", en Balancey desafios de la historia de Colombia al inicio del siglo XXI, comps. Diana Bonnett y Adriana Maya (Bogota: Universidad de los Andes, 2003), 155-162; William Plata, "Entre ciencias sociales y teologia: historiografia de la Iglesia catolica en Colombia y America Latina", Franciscanum 52: 153 (2010): 159206; Jose David Cortes, "Balance historiografico sobre las relaciones Estado-Iglesia en Colombia desde la Independencia hasta finales del siglo XIX", Historiay Sociedad 18 (2010): 163-190.

(3) Juan Antonio Eguren, S. J., Derecho concordatario colombiano (Bogota: Libreria Stella, 1974), 167 y ss.

(4) Antonio Caballero y Gongora, "Relacion del estado del Nuevo Reino de Granada, que hace el Arzobispo Obispo de Cordoba a su sucesor el Excelentisimo Senor Don Francisco Gil y Lemus. Ano de 1789", Anales de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia 2: 10 (1869): 263.

(5) Antonio Caballero y Gongora, "Relacion del estado", 266-267.

(6) Josep-Ignasi Saranyana, "Debates teologicos latinoamericanos en los comienzos de la era republicana (18101830)", Anuario de Historia de la Iglesia 17 (2008): 234.

(7) Jan Bazant, Alienation of Church Wealth in Mexico: Social and Economic Aspects of the Liberal Revolution, 1856-1875 (Cambridge: Cambridge University Press, 1971).

(8) Brian Connuaghton, "Republica federal y patronato: el ascenso y descalabro de un proyecto", Estudios de Historia Modernay Contemporanea de Mexico 39 (2010): 6-20.

(9) Roberto Di Stefano, "De la cristiandad colonial a la Iglesia argentina. Perspectivas de investigacion en historia religiosa de los siglos XVIII y XIX", Andes 11 (2000): 1-29, consultado el 21 de octubre de 2013, <http://www.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=20018b10-7a06-11e1-80aa-ed15e3c494af>.

(10) Roberto Di Stefano, El pulpito y la plaza. Clero, sociedady politica de la monarquia catolica a la republica rosista (Buenos Aires: Siglo xxi, 2004), 232-237.

(11) Carlos Antonio Heyn Schupp, Iglesia y Estado en el Paraguay durante el gobierno de Carlos Antonio Lopez, 1841-1862 (Asuncion: Biblioteca de Estudios Paraguayos, 1987).

(12) Lucrecia Enriquez, "El patronato en Chile de Carrera a O'Higgins (1812-1824)", Hispania Sacra LX: 122 (2008): 507-529.

(13) Pilar Garcia Jordan, Iglesiay poder en el Peru contemporaneo, 1821-1919 (Cusco: Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolome de las Casas, 1991), 15-16 y 97.

(14) "Ley de 28 de julio de 1824 Que declara que toca a la Republica el ejercicio del derecho de patronato, tal como lo ejercieron los reyes de Espana", en Cuerpo de leyes de la Republica de Colombia que comprende todas las leyes, decretos y resoluciones dictados por sus congresos desde el de 1821 hasta el ultimo de 1827 (Caracas: Imprenta de Valentin Espinal, 1840), 237-246.

(15) En este texto publicaron sus dictamenes sobre el patronato Francisco Javier Otero, Andres Maria Rosillo, Juan Jose Osio e Ignacio de Herrera, Sobre el Patronato: Publicacion de los dictamenes de algunas personas de rango, de conocida literatura y fama, con el objetivo de que la opinion publica se ilustre en una materia que todavia no se ha dado suficientemente a la luz (Bogota: Imprenta de la Republica por N. Lora, 1823).

(16) Opinion politico canonica sobre la cuestion del patronato eclesiastico (Bogota: Imprenta de la Republica por N. Lora, 1824), 1.

(17) "Dictamen de Francisco Javier Otero", en Sobre el Patronato, 2.

(18) "Dictamen de Francisco Javier Otero", 3.

(19) "Dictamen de Francisco Javier Otero", 12.

(20) "Dictamen de Andres Maria Rosillo", en Sobre el Patronato, 16.

(21) "Dictamen de Andres Maria Rosillo", 19.

(22) Opinion politico canonica, 10.

(23) "Dictamen de Andres Maria Rosillo", 21-27.

(24) "Dictamen de Ignacio Herrera", en Sobre el Patronato, 48-49.

(25) "Dictamen de Ignacio Herrera", 48-50.

(26) Santiago Perez Valencia y Arroyo, Voto pronunciado en la camara del senado, en la sesion de 12 de abril de 1824, sobre el derecho de patronato, correspondiente al gobierno en la Yglesia de Colombia (Bogota: Imprenta de Jayme Cowie, 1824), 3.

(27) Santiago Perez Valencia y Arroyo, Voto pronunciado en la camara, 13.

(28) Opinion politico canonica, 21-24.

(29) Es de anotar que, en cuanto a los sacerdotes del pais, no era homogenea la posicion sobre el patronato. Un grupo deseaba que continuara, mientras que otro pensaba que no era conveniente. Aqui el asunto radica en que esa division podia ser interpretada como una via para el cisma. Al respecto, ver: Ivonne Vera Prada, "Religion, imaginarios nacionales y ritualizacion como forma de legitimacion del orden publico postindependentista en Colombia, 1821-1826", Documento CESO 67 (2004): 23 y ss.

(30) Capitulo Metropolitano, Arquidiocesis de Bogota, Venganza de la justicia por la manifestacion de la verdad, en orden al patronato de la Iglesia que se atribuye a la Suprema potestad de Colombia, en representation que tenia dispuesta el M.v.s.D.y Cabildo de esta Capitalpara el Senadoy ofrecida en otra que se dio a la misma Corporacion (Bogota: Imprenta de Espinosa por Valentin Molano, 1824), 3-6.

(31) Capitulo Metropolitano, Arquidiocesis de Bogota, Venganza de la justicia, 73.

(32) Capitulo Metropolitano, Arquidiocesis de Bogota, Venganza de la justicia, 77.

(33) Capitulo Metropolitano, Arquidiocesis de Bogota, Venganza de lajusticia, 82.

(34) Capitulo Metropolitano, Arquidiocesis de Bogota, Venganza de lajusticia, 85-86.

(35) Capitulo Metropolitano, Arquidiocesis de Bogota, Venganza de lajusticia, 88 y ss.

(36) "Ley de 28 de julio de 1824", 238.

(37) "Ley de 28 de julio de 1824", 241-242.

(38) "Ley de 28 de julio de 1824", 243.

(39) "Ley de 28 de julio de 1824", 246.

(40) Por ejemplo, en 1840 se aprobo una ley que exigia el pase del Gobierno para divulgar documentos pontificios, y en 1841 se encarga a los jefes de policia para que vigilaran que los eclesiasticos no introdujeran novedades en la disciplina exterior de la Iglesia. Fernan Gonzalez, Poderes enfrentados. Iglesia y Estado en Colombia (Bogota: cinep, 1997), 146.

(41) Jose Maria Arboleda, Vida del Illmo. SenorManuelJoseMosquera. Arzobispo de Santa Fe de Bogota, vol. II (Bogota: abc/ Biblioteca de Autores Colombianos, 1956).

(42) En el articulo 26 de la ley de patronato de 1824 se indicaba que para la provision de curatos y de sacristias se "guardaran las formalidades que prescribe el articulo 18 sesion 24 del concilio de Trento, y para ello se abrira concurso a los beneficios vacantes cada seis meses a lo mas". Si los prelados no convocaban al concurso, se le avisaria al metropolitano, "y si este fuese el omiso, al sufraganeo mas inmediato, para que conforme a los canones suplan la negligencia", lo que explicaria que el provisor de la diocesis de Antioquia se hubiese abrogado ese derecho de convocar concurso por la negativa del arzobispo a hacerlo. "Ley de 28 de julio de 1824", 244.

(43) Se indicaba que el arzobispo habia violado varios articulos del Codigo Penal de 1837. Consultar: Codigo Penal de la Nueva Granada. Expedido por el Congreso en sus sesiones de 1837, impreso por orden del Poder Ejecutivo (Bogota: Impreso por J. A. Cualla, 1837), 131 y ss.

(44) "Sesion del Senado, en el dia 24 de mayo de 1852. Declarese haber lugar al seguimiento de causa contra el arzobispo", en Antologia del Ilustrisimo Senor Manuel Jose Mosquera arzobispo de Bogotay escritos sobre el mismo (Bogota: Sucre Limitada, 1954), 540-541.

(45) "Sesion del Senado", 544.

(46) Florentino Gonzalez, ElNeogranadino, 18 de marzo, 1853, citado en Jorge Villegas, Colombia. Enfrentamiento IglesiaEstado, 1819-1887 (Medellin: Universidad de Antioquia, 1977), 40-41.

(47) "Mensaje del Presidente de la Republica al Congreso Constitucional de la Nueva Granada (Conclusion)", La Democracia, Cartagena, 27 de marzo, 1853, s/p.

(48) "Mensaje del Presidente de la Republica", s/p.

(49) Salvador Camacho Roldan, "Leyes de tuicion. Informe de las comisiones reunidas de negocios eclesiasticos en la Convencion de Rionegro (1863)", en Escritos varios (Bogota: Incunables, 1983), 2-4.

(50) El articulo segundo del patronato de 1824 indicaba que el resultado deberia ser el concordato: "Es un deber de la Republica de Colombia y de su gobierno sostener este derecho, y reclamar de la Silla Apostolica que en nada se varie ni innove; y el Poder Ejecutivo bajo este principio celebrara con Su Santidad un concordato que asegure para siempre e irrevocablemente esta prerrogativa de la Republica, y evite en adelante quejas y reclamaciones". "Ley de 28 de julio de 1824", 238.

(51) "Informe de las comisiones reunidas de negocios eclesiasticos. Rionegro, 1 de abril de 1863", Anales de la Convencion 1: 16 (1863): 97-98 [Imprenta del Gobierno, por J. Orjuela en Rionegro]; y Salvador Camacho Roldan, "Leyes de tuicion", 28-29.

(52) Salvador Camacho Roldan, "Leyes de tuicion", 16.

(53) Salvador Camacho Roldan, "Leyes de tuicion", 16-17.

(54) "Informe de las comisiones reunidas", 96; y Salvador Camacho Roldan, "Leyes de tuicion", 20.

(55) Aquileo Parra, Memorias (1825-1875) (Bogota: Incunables, 1982), 365.

(56) "Informe de las comisiones reunidas", 96.

Jose David Cortes Guerrero

Profesor asociado del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogota. Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagogica Nacional (Colombia), magister en Historia por la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogota, maestro y doctor en Historia por el Colegio de Mexico. Miembro del grupo Estudios Sociales de la Religion (Categoria Reconocido en Colciencias). Es editor del libro El Bicentenario de la Independencia. Legados y realizaciones a doscientos anos (Bogota: Universidad Nacional de ColombiaSede Bogota, 2013); y autor de "Los sermones en la Independencia colombiana. De la defensa del monarca espanol a la defensa de la republica", en Independencia. Historia diversa, ed. Bernardo Tovar Zambrano (Bogota: Universidad Nacional de Colombia, 2012), 151-182. jdcortesg@unal.edu.co
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Title Annotation:Dossier
Author:Cortes Guerrero, Jose David
Publication:Revista Historia Critica
Date:Jan 1, 2014
Words:11856
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