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Laicidad del Estado y libertad religiosa: como armonizarlas: un problema concreto: las dificultades de un padre divorciado para educar a su hija en la fe judia. Una solucion sorprendente: el alegato juridico del ministro de la Suprema Corte Jose Ramon Cossio Diaz, capaz de conciliar el derecho a la libertad religiosa y el laicismo del Estado mexicano.

En este voto concurrente y al bife de lo planteado en un enfrentamiento familiar ante los tribunales, el ministro Jose Ramon Cossio Diaz aborda un tema cuya relevancia en el momento actual parece innegable: la necesidad de armonizar, por un lado, el principio de laicidad del Estado, que exige poderes publicos imparciales y agnosticos respecto de las distintas creencias de la ciudadania y, por otro, la libertad ideologica v religiosa de las personas, consagrada como derecho fundamental en la Constitucion. El voto muestra por lo demas que el regimen de libertades en un pais se define en los conflictos cotidianos tanto como en las grandes discusiones estructurales sobre diseno institucional.

I. Introduccion

Comparto con la sentencia fallada por la Sala el desacuerdo con la argumentacion desarrollada por el Tribunal Colegiado en torno al contenido de la libertad religiosa, el principio de laicidad del Estado y las responsabilidades de la jurisdiccion familiar en casos de conflictos de derechos. Sin embargo, deseo puntualizar, escribiendo este voto separado, por que razones exactas y para que efectos me parece que debia concederse el amparo.

El juicio que hoy hemos revisado fue interpuesto por una persona inconforme con el modo en que la Sala Familiar habia resuelto la controversia sobre regimen de convivencia con los menores que lo enfrentaba con su ex companera, titular de la custodia. En sus conceptos de violacion, el quejoso alegaba que la Sala Familiar no habia atendido a su solicitud de ampliacion del regimen de convivencia con su hija menor al efecto de poder, por un lado, llevarla a unas sesiones de fisioterapia y por otro --y este es el extremo que aqui nos interesa-- asistir y celebrar con ella las festividades y tradiciones propias de la religion judia. El quejoso subrayaba, entre otras cosas, que la Sala habia aplicado incorrectamente los articulos 4, 14 Y 16 de la Constitucion Federal y que habia emitido aplicar previsiones de la Convencion sobre los Derechos del Nino porque no habia garantizado los terminos y condiciones idoneos para que la menor pueda formarse un juicio propio acerca de la identidad y la practica religiosa judias, mas en un contexto, anadia, en el que la madre dio en un momento inicial el consentimiento para educar a la hija bajo los principios de esa religion.

El Tribunal Colegiado que conocio en primera instancia del juicio de amparo nego este ultimo con un razonamiento que se fundamentaba en un entendimiento muy particular del articulo 24 de la Constitucion Federal. Este entendimiento fue desarrollado claramente en su resolucion y ha sido el factor determinante para la procedencia del recurso de revision, en tanto constituye lo que en nuestro sistema juridico se conoce como una "interpretacion directa" de la Constitucion, esto es, un razonamiento explicito acerca del contenido normativo de una prevision constitucional. Dado que los agravios formulados en la etapa de recurso controvierten esa interpretacion, esta Corte debia pronunciarse acerca de su correccion o incorreccion.

II. El problema fundamental de la sentencia recurrida A mi juicio, es claro que muchas de las pretensiones elevadas por el quejoso en el contexto de este asunto carecen de fundamento. Por ejemplo, no le asiste la razon cuando senala que, en realidad, la Sala Familiar no se enfrentaba a un conflicto de derechos porque la unica religion que debe ser tomada en consideracion en el caso particular es la suya --la religion judia--. En algunos pasajes de los alegatos lo anterior se justifica senalando que tanto la tercera perjudicada como el mismo son judios; en otros lo que parece sugerirse es que, dado que las pretensiones actuales de la madre no tienen un contenido religioso, lo unico que hay que reglamentar en materia de libertad de creencias les atane exclusivamente a el y a la menor.

Sin embargo, me parece claramente incorrecto presentar este caso como una cuestion en la que el unico derecho constitucional relevante, al ser el unico de contenido religioso, es el del quejoso. Tan importante es el derecho a la libertad religiosa del quejoso como el derecho de la tercera perjudicada a tener creencias religiosas de signo distinto o a sostener creencias ateas o agnosticas y vivir de conformidad con ellas. Tambien es en un importante sentido erronea la afirmacion segun la cual el quejoso "tiene derecho" a llevar a su hija a las festividades y tradiciones de la religion judia, como parte de lo que le garantiza el ser titular de la patria potestad, aunque para entender el alcance de esta afirmacion es importante tener en cuenta que, en el ambito de la jurisdiccion constitucional, la expresion "tener derecho" tiene varios significados que es preciso diferenciar.

Sea como fuere, al quejoso le asiste la razon en un punto central: el punto en el que denuncia que, al afirmar el Tribunal Colegiado que la autoridad jurisdiccional no puede determinar lo pertinente respecto del derecho a la libertad religiosa por impedirlo el principio de laicidad del Estado y que, en esa medida, no puede fijar un regimen de convivencia con el fin de que la menor asista a las celebraciones y festividades judias, su resolucion replica una vulneracion a los derechos constitucionales de la menor y los suyos propios, asi como a varias otras directrices contenidas en la Convencion sobre los Derechos del Nino --en particular, la contenida en su articulo 4, que obliga a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias para dar efectividad a los derechos que la misma reconoce--.

Desarrollemos con algo mas de detalle los senalamientos anteriores y, en especial, las razones por las cuales debe rechazarse una postura que afirma que el principio constitucional de laicidad del Estado impide a un juez civil otorgar relevancia (o siquiera analizar) las pretensiones de las partes que tengan que ver con la religion.

III. Derechos de los padres, derechos de los menores

Aunque el quejoso pone mucho enfasis en los derechos que la Constitucion y la Convencion sobre los Derechos del Nino otorgan a su hija menor, a mi entender lo que este caso exigia resolver es fundamentalmente un conflicto de derechos entre personas adultas. Los derechos de la menor existen y entre ellos esta genericamente el derecho a la libertad religiosa, pero lo que verdaderamente debia ser definido por la jurisdiccion familiar en este caso es el espacio de interseccion entre los derechos a la libertad ideologica y religiosa de los dos padres, para impedir la prolongacion de una situacion de indeterminacion y conflicto incompatible, ella si, con la plena garantia del derecho a la educacion y a la libertad de creencias de la menor. En mi opinion, por tanto, la apelacion a los "derechos de la menor" o al "interes superior de la menor" es solo un primer paso que, aun siendo el telon de fondo necesario para la decision del juez, no conduce por si mismo a la resolucion del problema juridico planteado.

En este caso, pues, lo que los derechos a la libertad ideologica y religiosa de la menor asi como su derecho a recibir una educacion adecuada exigen es precisamente que un tercero imparcial determine como deben acomodarse las pretensiones encontradas de los progenitores acerca del tipo de rutinas, practicas y creencias a que debe ser expuesta su hija menor. Solo si alguna de sus pretensiones respectivas fuera de raiz ilegitima estaria justificado excluirla del balance constitucional relevante. Pero no es el caso, puesto que los derechos a la libertad religiosa e ideologica de los padres incluyen la posibilidad de encaminar a sus hijos menores en la direccion que supuestamente puede llevarlos a sostener en algun momento creencias similares a las suyas. Como dejo dicho esta Primera Sala en el amparo en revision 1595/2006, la libertad de creencias y pensamiento tienen siempre una doble dimension: una dimension interna, que garantiza a los individuos plena libertad para sostener, revisar o rechazar las creencias que les parezca, pero tambien una dimension externa muy importante, que consiste en la capacidad de las personas de reflejar exteriormente de algun modo esas creencias, mediante la participacion en cierto tipo de actos y en general mediante el compromiso con un tipo de vida que estimen congruente con las mismas. La posibilidad de transmitir las propias creencias ideologicas y en su caso religiosas a los hijos es entonces una pretension legitima dentro del marco constitucional, y el hecho de que el quejoso no tenga la custodia de los menores no altera este hecho fundamental.

Sin embargo, y contra lo que se asume en los alegatos del quejoso, sus pretensiones al respecto estan muy lejos de ser absolutas o incondicionales. Lo que el mismo soslaya es que siempre hay que distinguir aquello a lo que se tiene derecho prima facie y aquello que finalmente resulta reclamable o exigible en un contexto concreto una vez ponderadas las pretensiones en sentido diverso que resulten relevantes en el caso. El quejoso nunca tendra la posibilidad de educar a su hija en los principios de la religion judia como si el fuera el unico y exclusivo decisor relevante sobre ese punto, porque lo cierto es que no lo es: la madre de la menor (quien, si en algun momento pudo haber abrazado la religion judia, parece haber cambiado de creencias, opcion que forma parte del ejercicio de su libertad ideologica y que esta perfectamente protegida por la Constitucion) tiene un derecho analogo a orientar a sus hijos hacia creencias y estilos de vida distintos y, ademas, un Estado liberal como el nuestro esta en todo caso obligado a desarrollar estructuras y politicas publicas que eviten que los ninos queden atrapados en una vision del mundo hermetica que les impida desarrollarse como seres autonomos y que los prive de las herramientas que han de permitirles, cuando sean adultos, definir libremente su plan de vida.

Cuando las creencias que orientan el provecto de vida de los padres no son coincidentes, los menores quedaran necesariamente sujetos a la influencia de varias visiones del mundo, V ello no solo no es por si mismo contrario a su interes superior, sino que puede ser visto como algo que lo favorece. Lo que en cualquier caso exige la proteccion del interes superior de los menores es que cuando sus progenitores se enzarcen en agrias disputas acerca de cuestiones que les afectan exista un modo de resolverlas que permita conservar o restaurar las condiciones necesarias para su adecuado desarrollo como personas.

[ILUSTRACION OMITIR]

IV. La neutralidad religiosa del Estado De modo que lo que debia hacer la Sala Familiar en el asunto que hemos votado el dia de hoy era concretar como iban a compatibilizarse las pretensiones encontradas de los padres respecto del concretisimo problema que habia motivado el juicio --la fijacion del regimen de visitas V convivencia en favor del progenitor que no goza de la custodia sobre los menores--. Y ello no se conseguia desde luego poniendo entre parentesis el tema religioso, absteniendose de tomarlo en consideracion al momento de resolver, como afirma el Tribunal Colegiado.

El Tribunal Colegiado entiende de modo radicalmente incorrecto lo que significa la laicidad o la neutralidad religiosa del Estado en el marco de una democracia liberal. Mantener que la neutralidad estatal frente a las variadas creencias de los ciudadanos exige al Estado no actuar o no pronunciarse es olvidar que, en una gran cantidad de ocasiones, esa abstencion no hace sino convalidar un estado de cosas profundamente asimetrico desde el punto de vista de los derechos y libertades de las partes. El amplio debate de los pasados veinte anos sobre el tema del pluralismo cultural ha hecho patente que la neutralidad estatal frente a las diferentes culturas y creencias de los ciudadanos (neutralidad que parece venir exigida por la voluntad de distribuir equitativamente las condiciones de ejercicio de la autonomia individual) ha sido a lo largo de la historia una rara excepcion. Incluso en los Estados no confesionales que proclaman el laicismo como uno de sus pilares sustentantes --es el caso de Mexico-- la preeminencia historica de una religion determinada es patente en muchas de las dimensiones que articulan socialmente la existencia de los individuos: el calendario y la seleccion de los dias de descanso, los requisitos de apariencia V atuendo aplicables en algunos contextos, la definicion del curriculum basico de las escuelas, el reparto de subvenciones y apoyos publicos, la seleccion de los simbolos estatales.

El caso de autos nos brinda ilustraciones muy claras de lo anterior. En su contexto, los juzgadores civiles se pronunciaron por ejemplo acerca de un regimen de convivencia vacacional que establece expresamente como deberan los ninos pasar la Navidad V la Semana Santa, periodos que son significativos desde la perspectiva de las religiones cristianas, pero no para la judia. Por el contrario, no hicieron pronunciamiento alguno respecto del modo en que el padre podria pasar al menos algunas de las fiestas significativas del calendario judio con su hija. A mi juicio, que las vacaciones incluidas oficialmente en el calendario escolar establecido por la Secretaria de Educacion Publica coincidan con la Navidad V la Semana Santa, en vez de confirmar que los jueces no han hecho sino decidir imparcialmente acerca de una cuestion que no afecta a la familia en litigio diferentemente que a las demas, lo que hace es subrayar hasta que punto es necesario que el juez se es fuerce por suavizar las dificultades adicionales enfrentadas por quienes no forman parte de la tradicion sobre la que reposa la norma.

Los juzgadores civiles no tienen en su mano cambiar los dias o periodos de vacaciones de los ninos conforme a un calendario escolar oficial no imparcial desde la perspectiva religiosa, porque ello tendria efectos inasumiblemente nocivos para la adecuada insercion social v educativa de los ninos. Pero a la hora de determinar como se organizara la convivencia durante esos dias V periodos, y a la hora de determinar como se fijaran las visitas Y convivencias en los restantes, si tienen el deber de procurar no sacrificar innecesariamente ninguno de los derechos en juego: el derecho del padre a exponer a la menor a los principios Y practicas propios de la religion judia y el derecho de la madre a exponerla a principios v practicas de signo distinto.

Para ser neutral en materia religiosa, un Estado liberal V democratico debe abstenerse de respaldar o promover desde sus instituciones, directa o indirectamente, credos religiosos particulares. Pero dado que el principio de laicidad del Estado convive en nuestra Constitucion Federal con el derecho a la libertad religiosa de los ciudadanos, estos deben ver respetado por las autoridades su derecho a ejercerla y deben poder vivir en un contexto legal donde las condiciones para su ejercicio no sean radicalmente desiguales. Y cuando se producen conflictos en el ejercicio de sus respectivas libertades individuales, el deber de las instituciones estatales es resolverlos de modo imparcial, como ocurre en cualquier otro caso, en desarrollo de la funcion estatal ordinaria de administrar justicia.

Sostener, como sostuvo el Tribunal Colegiado en la sentencia revisada, que la Sala familiar actuo correctamente "al negarse a pronunciarse en algun sentido" sobre la solicitud del quejoso de que se estableciera un regimen de convivencia con el unico y exclusivo proposito de obligar a la madre a permitir que la menor asista a las festividades y celebraciones judias, porque los organos estatales deben abstenerse de hacer pronunciamiento alguno acerca de como debe ejercerse esta garantia, salvo que constituya delito o falta penados por la ley, es no darse cuenta de que significa en realidad "abstenerse". Es no darse cuenta de que lo que la Constitucion exige fundamentalmente es imparcialidad, no inaccion, y que el principio de separacion entre las Iglesias y el Estado consagrado en el articulo 130 de la Constitucion Federal no exime en muchos casos a los organos estatales del deber de regular en distintos niveles (legislacion, reglamentacion, aplicacion judicial) cuestiones que se relacionan con la vida religiosa de las personas.

Sostener, en definitiva, que ni la Sala Familiar ni el Colegiado mismo pueden intervenir para determinar lo procedente acerca de las pretensiones del actor para no provocar una restriccion a la libertad de pensamiento, conciencia y religion de la menor que les esta proscrita es incompatible con la idea misma de administrar justicia civil.

V. Los alcances de b concesion del amparo

Me gustaria acabar precisando que hemos concedido el amparo para un efecto muy concreto: para el efecto de que la Sala Familiar celebre una audiencia a la que deben asistir los dos progenitores y tras la cual debe determinar nuevamente cual debe ser el regimen de visitas y vacaciones con la menor del que podra disfrutar el progenitor que no tiene la custodia (el quejoso) a la luz de lo dicho por esta Corte acerca de la necesidad de considerar las derivaciones de las libertades ideologica y religiosa de ambos progenitores.

No se trata, por tanto, de una obligacion de resultado sino de procedimiento, relativa, claro esta, a la fijacion del regimen de visitas y vacaciones de que disfrutara el progenitor que no goza de la custodia. La Suprema Corte no impone al juez de lo familiar que adopte uno u otro regimen; lo que le impone es que fije ese regimen tras considerar y ponderar explicitamente las diferentes creencias y planes de vida de los progenitores--planes de vida y derechos desde cuya perspectiva la eleccion de unos dias o de otros no es indiferente-- y que justifique la decision que adopte. La concesion del amparo ha sido necesaria porque el estandar normativo a la luz del cual se fijo ese regimen se construye sobre un entendimiento erroneo de las responsabilidades estatales y de los derechos constitucionales de las personas.

Como apunta la resolucion redactada por la ministra ponente, y a menos que el juzgador lo considere estrictamente necesario, a esta audiencia no es necesario que asista la menor. Al fin y al cabo el objetivo central del juicio no es descubrir lo que ella autonomamente ha decidido respecto de la dimension ideologica y religiosa de su vida, puesto que en su caso las condiciones para el ejercicio de la autonomia todavia estan en construccion. En estos casos, lo esencial es no comprometer los derechos de los ninos a poder, de mayores, y con independencia de las influencias que inevitablemente recibiran de sus padres, de la escuela y en general del medio social en que su vida discurra, confirmar un cierto tipo de lealtad religiosa o rechazarla por completo.

Voto concurrente formulado por el ministro Cossio Diaz en el amparo directo en revision 502/2007, fallado por la Primera Sala de la Suprema Corte el 28 de noviembre de 2007. El autor agradece a Francisca Pou Gimenez su ayuda en el analisis del caso y la redaccion de este documento.
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Author:Cossio Diaz, Jose Ramon
Publication:Letras Libres
Date:Apr 1, 2008
Words:3367
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