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La responsabilidad civil y penal de los titulares de oficios eclesiasticos segun el derecho estatal.

Resumen: El desempeno de los oficios eclesiasticos lleva consigo la asuncion de responsabilidades, no solo ante el derecho canonico, sino tambien en el orden civil. Historicamente, el clero ha conocido en el ordenamiento juridico espanol estatutos de responsabilidad especiales, hasta la equiparacion que ha traido la democracia. La responsabilidad penal de titulares de oficios eclesiasticos se ha convertido en una cuestion juridica de principal interes sobre todo a partir de la investigacion de los abusos cometidos por clerigos en numerosas diocesis del mundo. Enel presente trabajo se analiza esta situacion en Espana, ademas de su reflejo en nuestrajurisprudencia. Ademas, se describen los esfuerzos que desde la Iglesia catolica se han hecho en los ultimos anos para reforzar la cooperacion con el Estado, a fin de que los culpables de delitos en su ambito respondan tambien ante las autoridades civiles. Del mismo modo, se aborda la cuestion de la responsabilidad civil subsidiaria que corresponderia a la entidad eclesiastica incardinante.

Palabras clave: Oficio eclesiastico, Ente incardinante, Responsabilidad penal, Responsabilidad civil subsidiaria, Delito de abusos sexuales.

Abstract: Not only does the holding of ecclesiastical office entail certain responsibilities in light of canon law, but also in relation to civil law. Historically, in the Spanish legal system, the clergy enjoyed special status in that regard, until equality of status was introduced with the transition to democracy. The criminal responsibility of holders of ecclesiastical offices has become a legal issue of primary interest, especially because of the investigation into abuses committed by clerics in many dioceses around the world. This study explores the situation in Spain, and its reflection in the relevant jurisprudence. Moreover, it describes the efforts that the Catholic Church has made in recent years to strengthen cooperation with the State, so that clerics guilty of crimes are also made answerable to civil authorities. The question of the subsidiary civil liability of the ecclesiastical entity in which the offending office holder is incardinated is likewise addressed.

Keywords: Ecclesiastical Office, Incardinating Entity, Criminal Responsibility, Vicarous Civil Liability, Crime of Sexual Abuse.

The Civil and Criminal Responsa bility of the Holders of Ecclesiastical Offices According to State Law

1. INTRODUCCION

La responsabilidad de la Iglesia ante el ordenamiento civil es cuestion de candente actualidad. La indudable responsabilidad personal de quien infringe las normas del Estado deriva en una cuestion mas compleja cuando dicho individuo es titular de un oficio eclesiastico, que le hace asumir un cargo para un fin espiritual de la Iglesia (1) bajo la dependencia de un Obispo o Superior religioso. El oficio eclesiastico, sobre todo en el caso del clero, puede servir de instrumento, en una distorsion aberrante de su proposito, para la comision de delitos que dan lugar a una responsabilidad penal, pero tambien civil derivada del acto criminal. Ademas, esta ultima responsabilidad puede alcanzar, de forma subsidiaria, al ente incardinante del oficio eclesiastico, la entidad eclesiastica bajo cuya autoridad se ejerce y que tiene un deber de vigilancia sobre sus actos.

El objeto de las siguientes paginas lo constituyen estos dos aspectos de la responsabilidad ante el Estado, que veremos sobre todo protagonizados por sacerdotes y sus obispos. Con un afan de sintesis, comenzaremos por exponer de forma breve la evolucion historica que dicha responsabilidad ha tenido en el Derecho espanol, para examinar a continuacion la jurisprudencia mas reciente de nuestro pais al respecto. Despues, dada la incidencia que el escandalo de los abusos del clero ha tenido en esta cuestion, nos centraremos en aquellas medidas de orden canonico que se han adoptado para mejorar la colaboracion con las autoridades civiles, a fin de combatir los abusos.

2. EVOLUCION EN EL DERECHO PENAL HISTORICO ESPANOL

Un examen con perspectiva historica de la legislacion penal en el ordenamiento juridico espanol nos permite observar que se ha pasado de la consideracion del ministro de culto catolico como autoridad, a una regulacion en la que no descuella por recibir un tratamiento especifico ni en relacion con el resto de ciudadanos ni respecto de figuras religiosas consideradas equivalentes en otras confesiones (2). Fue la llegada al poder de las ideas liberales e igualitarias lo que hizo que a clerigos y religiosos se les aplicasen de forma progresiva las normas estatales comunes a todos los ciudadanos (3). No obstante, como a continuacion se expondra, el caracter confesional catolico del Estado ha tenido una honda repercusion en esta materia, y ha hecho que la evolucion fuera lenta.

Si partimos del inicio del periodo codificador (4), el Codigo Penal (en adelante CP) de 1822 equiparara a los ministros de culto con los funcionarios publicos, tipificandose por tanto sus actos antijuridicos dentro de las culpas o delitos publicos (art. 135 CP). Los preceptos que expresamente mencionan a los eclesiasticos oscilan entre aquellos que tratan de proteger al naciente Estado liberal de las criticas que figuras tan influyentes como los clerigos pueden dirigirles (arts. 210-213 y 323-324 CP), y aquellos en los que se pone de manifiesto el caracter oficial de la religion catolica, aunque esto se constate en que el Estado se arroga el deber de protegerla, incluso de los pronunciamientos de sus propios ministros contradictorios con su doctrina (art. 241 CP). El papel determinante de los sacerdotes como testigos cualificados del matrimonio les obligara tambien a responder penalmente en supuestos de bigamia (art. 548 CP) o de celebraciones clandestinas (art. 552 CP) en los que interviniesen a sabiendas. Y en particular hay que referirse a la expresa tipificacion de los abusos sexuales sobre menores cometidos por un ministro de religion en ejercicio de sus funciones, delito castigado en principio con duras penas (art. 672 CP). No obstante, el caracter catolico del Estado se refleja en que las penas aplicadas a los clerigos no podran ser, "por honor al sacerdocio", las de trabajos perpetuos ni de obras publicas, que en su caso -como ocurre en el tipo anteriorseran sustituidas por la deportacion del reo o por el servicio en hospitales o iglesias, respectivamente (art. 69 CP).

El CP de 1848 sigue una linea semejante pues parte de similares premisas, con mas atenuantes que agravantes por la condicion de clerigo a la hora de aplicar penas (arts. 38 o 145 CP), aunque se repiten preceptos concretos que castigan al ministro religioso por sus censuras a las disposiciones del Estado (art. 295 CP) o por su protagonismo en actos de rebeldia, sedicion o resistencia (arts. 168, 175 y 199 CP, respectivamente), muestra del temor del Estado a su influencia social. Tambien aparece el eclesiastico como posible autor del delito en relacion con la celebracion de matrimonios ilegales (arts. 385 y 393 CP) o el estupro (art. 356 CP).

El CP de 1870 se pergeno a la sombra de la Constitucion de 1869, y por ello, bajo el principio de libertad de cultos, se eliminaron las referencias particulares a la Iglesia catolica. Sin embargo, el establecimiento de la mera tolerancia para los cultos no catolicos desde 1876, supondra el regreso a la anterior consideracion subrayada hacia los ministros catolicos, sobre todo por via jurisprudencial. No sera hasta que se promulgue un nuevo CP, en 1928, cuando se borren las incongruencias entre el texto anterior y la Constitucion bajo la que se aplico durante la mayor parte de su vigencia, manteniendose la consideracion del clerigo catolico como autoridad y los ambitos habituales en los que sus actos podian encontrar encaje en tipos penales.

Pese a haberse aprobado en un contexto completamente distinto, de laicidad y libertad religiosa, el CP de 1932 continuara equiparando a los eclesiasticos con los funcionarios publicos por los delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos (art. 371 CP), e incluso se limitaran los efectos de la pena de reclusion y suspension, cuando recayeran sobre aquellos (art. 39 CP). Los ataques contra la forma de gobierno (art. 170 CP) o el estupro (art. 437 CP) seguiran apareciendo, con una referencia mas generica al "ministro de una religion" en el tipo de injurias, desacatos y desordenes publicos (art. 272 CP).

Bajo el regimen franquista se aprobara el CP de 1944, el cual, bajo el paraguas de la confesionalidad estatal, reforzara el caracter de autoridad de los eclesiasticos (arts. 240 y 244 CP) o su equiparacion a los funcionarios publicos en cuanto a la valoracion de su delitos (arts. 302 y 366 CP), con abundante jurisprudencia al respecto. El delito de estupro (art. 434 CP) menciona entre otras figuras al sacerdote. De nuevo, hasta la reforma de 1971, se recogera el delito del ministro eclesiastico de atacar la paz o la independencia del Estado, asi como sus leyes (art. 147 CP). Y el caracter confesional del Estado se refleja en el castigo por vestir habito eclesiastico, tanto por seglares como por clerigos o religiosos a quienes la Autoridad religiosa se lo hubiera prohibido (art. 324.2 CP).

Hay que hacer un inciso para recordar la consideracion y deferencias que en el orden procesal disfrutaban los clerigos, conforme a lo dispuesto en el ar ticulo XVI del Concordato de 19535 (5). El conocido como privilegio del fuero (6) contradecia el principio de igualdad ante la Administracion de justicia y concedia al clero catolico una posicion de ventaja respecto del resto de la ciudadania (7). Pero desde el Concilio Vaticano II, y conforme a la Constitucion Pastoral Gaudium et Spes, la Iglesia ha renunciado paulatinamente al privilegio del fuero en aquellos paises en que lo tenia reconocido (8), y Espana lo hizo, al morir Franco, en el Acuerdo entre el Estado espanol y la Santa Sede de 28 de julio de 1976 (9).

Se puede concluir de esta breve sintesis que nuestra codificacion penal historica ha destacado la figura de los ministros eclesiasticos incluso en los periodos en que no regia la confesionalidad del Estado. Y es una constante, que no cambia con el regimen politico o el gobierno en el poder, que existan tipos penales que manifiestan la desconfianza del Estado hacia las actuaciones del clero, por la influencia de este en la sociedad y su potencial capacidad de emplearla en contra del sistema. Desde esta perspectiva, se podria afirmar que las medidas especiales que el ordenamiento juridico contempla para el clero catolico, a menudo, lejos de constituir privilegios para los oficios eclesiasticos, los colocan en una posicion de responsabilidad acrecentada desde el punto de vista juridico, partiendo de la atribucion de un riesgo que se derivaria de las funciones propias de su ministerio.

Con la proclamacion de la Constitucion de 1978 y la instauracion del principio de igualdad se acelero la desaparicion de privilegios y peculiaridades del regimen juridico del clero catolico respecto del resto de ciudadanos (10). La tendencia a la igualdad se hizo mas intensa bajo la vigencia del articulo 14 de la Carta Magna, que venia a prohibir la discriminacion por motivos religiosos. Pero el CP de 1944 siguio en vigor, con una reforma en 1983, y no se puede hablar de un CP plenamente adaptado al nuevo marco constitucional hasta 1995 (11). De este modo, desapareceran las menciones especificas a los sacerdotes y religiosos, que se subsumen en la proteccion de la libertad religiosa y de conciencia. El ministro catolico dejara de considerarse autoridad a los efectos aqui contemplados y no se le compara con el funcionario publico. La unica equiparacion en la aplicacion de los tipos penales se hara respecto de los demas ministros de culto, pues los afectados por alguna disposicion en cuanto a su condicion religiosa seran los de cualquier confesion, sin que se distinga a los catolicos de los demas. Las menciones del sacerdote en el caso del estupro han desaparecido y ahora, en la regulacion de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, aparece la agravante generica de prevalimiento de una situacion de superioridad, que, como veremos en la jurisprudencia, se aplicara a los casos de abusos por parte de sacerdotes. Solamente se mantendran en el ambito procesal, conforme al articulo II.3 del Acuerdo entre el Estado espanol y la Santa Sede de 28 de julio de 1976, y reconocidas en los articulos 263, 417 y 707 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las exenciones asociadas al secreto ministerial, que no se cinen al sigilo sacramental y que se extenderan posteriormente a los ministros de culto de las demas confesiones con acuerdo (12).

3. LA RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL DEL CLERO EN LA JURISPRUDENCIA ESPANOLA

Se va a prestar atencion, en las lineas que siguen, a la concreta responsabilidad penal atribuida ante los tribunales espanoles a clerigos por delitos cometidos en el marco o al amparo de sus oficios eclesiasticos. Unida a ella iria la responsabilidad civil derivada de un ilicito penal, que conforme al articulo 1092 del Codigo Civil se rige por las disposiciones del Codigo Penal (CP), que a su vez establece que <<[t]oda persona criminalmente responsable de un delito lo es tambien civilmente si del hecho se derivaren danos o perjuicios>> (art. 116.1 CP). La responsabilidad civil subsidiaria por los danos y perjuicios derivados de una infraccion penal podria alcanzar al ente incardinante (13) del clerigo condenado a traves de una interpretacion extensiva del articulo 120.3 CP, que senala como responsables civiles, en defecto de que lo sean criminalmente, a << [1] as personas naturales o juridicas, en los casos de delitos cometidos en los establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de policia o las disposiciones de la autoridad que esten relacionados con el hecho punible cometido, de modo que este no se hubiera producido sin dicha infraccion>>. Otras posibilidades contempladas en este precepto parecen de mas remota aplicacion a la Iglesia (14), pues no hay que olvidar que nuestra jurisprudencia ha dictaminado que la relacion de los ministros religiosos con sus confesiones no es de caracter laboral (15).

Para conocer la valoracion jurisprudencial de los aspectos que nos interesan, procederemos a continuacion a realizar un analisis de las resoluciones judiciales dictadas en Espana durante las ultimas dos decadas, en las que se hayan decidido acusaciones o dictado condenas contra clerigos de la Iglesia catolica por delitos cometidos en el marco de su oficio. Por ello nos detendremos especialmente en aquellos casos en que se haya senalado el prevalimiento de la posicion ministerial como medio para cometer los crimenes, y senalaremos si ello ha tenido como consecuencia el que se condene como responsable civil subsidiario al ente incardinante del clerigo, asi como la argumentacion en que se han fundado los fallos.

La Sentencia de la Audiencia Provincial (SAP) de Jaen de 19 de novie?nbre de 200116, condeno a un sacerdote por los abusos sexuales cometidos contra un nino de menos de doce anos que actuaba como monaguillo en su parroquia. El prevalimiento, que en este caso es absorbido por el tipo penal de abuso sexual no consentido, es descrito por el tribunal senalando que la introduccion gradual del menor en la sexualidad de la relacion se alimento <<por la confianza, consideracion y respeto que, al igual que a su madre, le merecia el acusado por su autoridad moral y religiosa, incluso luego como profesor suyo [de religion], [que] fue aprovechada por el acusado para, generando una posicion de superioridad, dependencia y complicidad en el silencio de los hechos, satisfacer sus deseos sexuales en la forma narrada>>, asi como <<los datos referentes al trato recibido desde una posicion de sumision o subordinacion propia del prevalimiento y el aprovechamiento favorecido por la corta edad del menor, que surge de la gratitud y confianza ganada con el y sus padres desde su autoridad y posicion moral>>. Castigado el parroco a una pena de ocho anos de prision, en cuanto a la responsabilidad penal derivada del delito, se le condeno ademas a indemnizar a la victima con dos millones de pesetas en resarcimiento por el dano moral sufrido, sin referencia alguna al ente incardinante o a la jerarquia eclesiastica ni a posibles responsabilidades subsidiarias. El recurso de casacion presentado contra este fallo fue desestimado por la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 4 de marzo de 2004 (17).

Esto cambio en la SAP de Pontevedra de 26 de febrero de 2003 (18). En este caso fue condenado un sacerdote que se prevalio de su condicion de parroco y profesor de religion para abusar sexualmente de varios menores de edad, y el tribunal hace un amplio recordatorio de la doctrina jurisprudencial sobre el prevalimiento, conforme a la cual <<se basa en la existencia de una situacion objetiva de superioridad o ventaja del sujeto activo sobre el pasivo, ventaja que es utilizada por el primero para satisfacer sus deseos sexuales sobre el segundo>> (FJ 3). El ministerio fiscal y la acusacion particular solicitaron que se declarase la responsabilidad civil subsidiaria del Obispado de Tuy-Vigo, y el tribunal, que respondio afirmativamente, elaboro un complicado analisis de la vinculacion eclesiastica del acusado, en el que su relacion de dependencia vendria dada por su nombramiento por el Obispo de Tuy-Vigo, como parroco y profesor de religion, pero con un despliegue de los hechos en un contexto espacial dependiente de la Iglesia Catolica, fuese en la sacristia del templo o en la casa rectoral, o con motivo de un viaje religioso a Fatima financiado por la Iglesia. Todo ello conduce a condenar al acusado a indemnizar en diversas cantidades a las victimas, con una vaga declaracion de responsabilidad civil subsidiaria de la Iglesia catolica, despues aclarada como referida a la Diocesis de Tuy-Vigo (19).

De los diversos recursos de casacion presentados contra esta resolucion, y a los que dio respuesta la STS de 9 de febrero de 2004 (20), nos interesa el interpuesto por el Obispado, que fue desestimado, porque da ocasion para aclarar lo que no hizo la sentencia anterior, y es que la responsabilidad civil subsidiaria de la Diocesis derivo de la aplicacion del articulo 120.3 CP, y que la actividad pastoral de la Iglesia no resulta incardinable en el cuarto parrafo de este articulo. La responsabilidad que aqui se reconoce derivaria de la titularidad de los establecimientos donde se cometen los delitos o faltas, y los criterios en que se fundamenta serian los de la culpa in eligendo y la culpa in vigilando. No se considera relevante la personalidad juridica propia de la parroquia, <<sino la responsabilidad civil subsidiaria que corresponde, en su caso, al Obispado recurrente, por el hecho de la comision de los delitos en lugares de su titularidad y por infraccion de normas de control tanto de su esfera juridica, como de sus propios "dependientes o empleados", en la terminologia legal. [...] Lo trascendente sera, en su caso, que tal Obispado tenga dicha personalidad juridica, como aptitud para soportar un pronunciamiento civil condenatorio, una vez cumplidos los demas requisitos>>. Y se recuerda, con remision a la normativa canonica, que las facultades de control del Obispado son muy amplias sobre las parroquias que de el dependen, y que debio vigilar la actuacion del acusado, pues tiene personalidad juridica propia y le corresponde juzgar la idoneidad del sacerdote designado para el oficio de parroco, a quien ademas le es exigible una especial prudencia en el actuar (21) (FJ 17).

Esta interpretacion extensiva del precepto penal, aunque considerada abusiva por algunos autores (22), tendra pronto eco en las siguientes resoluciones. Pero antes de que se pronunciara el Alto Tribunal sobre la responsabili dad civil subsidiaria, se habia dictado la SAP de Madrid de 6 de mayo de 2003 (23), en la que se parte de unos hechos probados en que el acusado, sacerdote, abuso reiteradamente de una menor con la que convivio como huesped durante diez anos en el mismo domicilio, hasta que aquella alcanzo los trece anos de edad, y que para cometer estos hechos se valia del temor que inspiraba a la nina, a quien incluso amenazaba de muerte y golpeaba para doblegar su voluntad. Respecto de la condicion de sacerdote del acusado y su posible influencia como agravante en los hechos del caso, el Tribunal considerara, en general, la no concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal: <<Asi con respecto a la consignada en el no 8 del art. 10 (Abusar de superioridad o emplear medio que debilite la defensa) entiende el Tribunal que se encuentra ya incluida en el propio tipo penal por el que se condena al procesado al estimarse por este organo juzgador que el mismo se sirvio, como ya se ha hecho constar, de violencia e intimidacion para lograr sus fines, no pudiendo hablarse por ello de que obrase con el abuso de confianza del articulo 10.9 del Codigo Penal, tambien invocado por las acusaciones pues la victima no habia depositado en el acusado dicha confianza, sino que se veia sometida a una situacion de violencia e intimidacion que hace incompatible la aplicacion de la agravante>> (FJ 3). No obstante, por el conjunto de especiales circunstancias que se dan en el caso, entre las que menciona, ademas de la gravedad de los hechos, su reiteracion en el tiempo y la diferencia de edad respecto de la victima, la condicion del procesado y su relacion con la menor y su familia, entiende el Tribunal que debe imponerse la pena maxima, esto es, la de diez anos de prision mayor por un delito continuado de abusos sexuales. La principal diferencia con la STS de 2004 estriba en que, aunque se pidio que se citara como responsables civiles subsidiarios al Tribunal Eclesiastico de Madrid, Arzobispado y Arzobispo de Madrid, Obispado y Obispo de Alcala de Henares, en relacion con el abono de las costas del juicio y la indemnizacion a la victima que se fijo en la suma de 70.000 euros en concepto de danos morales, sin embargo, como ya hizo el previo Auto de 20 de enero de 2003, la peticion fue desestimada, y la cuestion no se volvio a plantear en la STS de 30 de junio de 2005 (24), que desestimo el recurso de casacion presentado (25).

No ocurre igual en la SAP de Madrid de 11 de octubre de 2006 (26), que es posterior a la interpretacion fijada por el Tribunal Supremo. El acusado en el caso, en el periodo de dempo comprendido entre los anos 1958 y 2001, ejercio su ministerio sacerdotal en una parroquia de Madrid en la que tuvo la condicion de Secretario de la Vicaria. Se consideran hechos probados que, desde tal situacion, entro en relacion de amistad con una familia, lo que le llevo a acudir a su vivienda con asiduidad para cuidar a los hijos, y ayudar con formacion religiosa y refuerzo en los deberes escolares del que por entonces tema entre 13 y 14 anos, al cual obligo a actos que el Tribunal considero que tendrian encaje en los caracteres de un delito continuado de abuso sexual. Se estimo que el consentimiento fue obtenido prevaliendose el responsable de una situacion de superioridad manifiesta que coartaba la libertad de la victima, destacandose el que el acusado fuera sacerdote y hubiese conformado el grupo de monaguillos de la parroquia del que formaba parte la victima, aunque se hizo descansar el prevalimiento que surge de la situacion de superioridad en la existencia de una fuerte amistad entre el autor y los familiares del ofendido y en la considerable diferencia de edad (FJ 2), sin que se apreciasen otras circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. El acusado fue condenado, como autor responsable de un delito continuado de abusos sexuales, a la pena de dos anos de prision, privacion del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, asi como al pago de la mitad de las costas procesales causadas. En concepto de responsabilidad civil, se fijo una indemnizacion de 30.000 euros por los danos materiales y morales provocados, que en su defecto deberia asumir, como responsable civil subsidiario, el Arzobispado de Madrid, de nuevo en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 120.3 CP. Senalo la Audiencia Provincial que, aunque su regulacion se encontrara en los codigos penales, la infraccion reglamentaria debia ser enjuiciada con criterios civiles y conforme a los extraidos de la dogmatica penal. Y concluyo de este modo la parte medular de su argumentacion a este respecto: <<Lo trascendente sera, en su caso, que el Obispado tenga dicha personalidad juridica como aptitud para soportar un pronunciamiento civil condenatorio, una vez cumplidos los demas requisitos, lo que sucede en el caso de autos, pues la actuacion del acusado debio ser vigilada por el Arzobispado de Madrid, de acuerdo con los tradicionales criterios empleados por nuestro mas alto Tribunal en materia de responsabilidad civil subsidiaria, que se fundamentan en la "culpa in eligendo" y en la "culpa in vigilando" como ejes sustanciales de dicha responsa bilidad civil. Todo ello de acuerdo con lo solicitado por el ministerio Fiscal, pues el acusado, como secretario de la Vicaria, dependia del Arzobispado, y llevo a efecto su conducta en las dependencias de dicha Vicaria>> (FJ 5).

El Tribunal Supremo, mediante Auto de 7 de junio de 2007 (27), decidio no admitir el recurso de casacion que, por considerar insuficientemente motivada su condena como responsable civil subsidiario e indebidamente aplicado el articulo 120.3 CP, presento el Arzobispado de Madrid contra esta resolucion. A lo primero contestara el Alto Tribunal que las explicaciones, arriba reproducidas, fueron suficientes. Y en cuanto a lo segundo, estimara que no hubo infraccion de ley y que fue correcta la declaracion judicial pues: <<1) El Arzobispado de Madrid se constituye como una persona juridica. 2) El acusado era Secretario de la vicaria de una parroquia dependiente del Arzobispado. 3) Los tocamientos sobre el menor se sucedieron en la propia vicaria. 4) Se han infringido disposiciones de la autoridad que estan relacionadas con el hecho punible, ya que existen diversos canones del Codigo de Derecho Canonico [que] obligan a labores de vigilancia y control sobre los parrocos de la diocesis (canones 392, 515, 376, 386, o 523 que atribuye al Obispo diocesano la provision de parroco debiendo este tener las condiciones de persona idonea, canon 524). Concurren pues, todas las circunstancias que motivan la aplicacion del art. 120.3 del Codigo Penal al supuesto enjuiciado>>.

En otro caso, de gran repercusion mediatica porque implico a varios sacerdotes de la Archidiocesis de Granada que vivian en comunidad y porque las acusaciones de abusos sexuales contra ellos comenzaron a traves de una carta dirigida al Santo Padre, se siguio un periplo judicial que culmino con la STS de 24 abril de 2018 (28), cabiendo destacar de este proceso la apertura de expediente canonico y la comparecencia en el juicio como responsable civil subsidiario del Arzobispado de Granada, el cual habia denunciado ante la Fiscalia provincial de Granada los hechos que previamente se habian manifestado a las autoridades eclesiasticas. No solo esto, sino que la Congregacion para la Doctrina de la Fe autorizo al Arzobispo de Granada la entrega de copia del expediente canonico <<con el proposito de que la autoridad civil pueda aclarar los presuntos hechos delictivos>>, prueba cuya nulidad se pidio por estar bajo se creto pontificio. Antes, mediante Auto de 14 de febrero de 2015, se acordo por el juez instructor la prescripcion de los supuestos delitos de abuso sexual atribuidos a la mayoria de los imputados, aunque para uno de ellos el procedimiento supuso la perdida de su puesto como profesor de religion (29). Siguio la causa solamente contra el principal procesado, que resulto absuelto de abusos sexuales a menores por la SAP Granada de 11 de abril de 2017 (30), dado que la unica prueba directa del hecho enjuiciado la constituia la declaracion incriminatoria de la supuesta victima, y los hechos narrados, sin ningun tipo de corroboracion, fueron considerados inverosimiles.

Por su parte, en la SAP de Badajoz de 14 de noviembre de 2017 (31), la peticion de declaracion de responsabilidad civil del Obispado de Plasencia, junto con la del sacerdote condenado por un delito continuado de abusos sexuales sobre un menor de trece anos, resulto extemporanea al no haberse realizado en su momento procesal oportuno, por lo que no se condeno a quien no era parte de los autos. Pero lo mas llamativo del caso es que el Auto de 19 de junio de 2017 de la propia AP, que ya habia resuelto esta cuestion, sostuvo, junto a lo anterior, que <<una diocesis es un territorio donde se ejerce jurisdiccion eclesiastica por un prelado,--arzobispo u obispo-, no una de las personas juridicas a las que se refiere el articulo 120.3 del CP invocado por la parte>> (FJ 5). El otro aspecto singular de este caso radica en que la acusacion particular ejercitada por la Junta de Extremadura solicito la imposicion, entre otras penas, de <<inhabilitacion especial para el ejercicio de la profesion de sacerdote u oficio por tiempo de seis anos>>, peticion que merecio que el tribunal respondiera que no cabia imponer tal pena <<en cuanto el sacerdocio no es una profesion propiamente dicha, quedando reservadas esas inhabilitaciones a la Iglesia Catolica y en el ambito del derecho canonico>> (FJ 4).

Sin embargo, otros casos recientes ignoran lo que parecia una practica consolidada, pues en sus respectivos procesos el Ministerio Fiscal no solicitara la responsabilidad civil subsidiaria. Asi se observa en la SAP Toledo de 29 de septiembre de 2015 (32), en que se confirma la condena a un sacerdote parroco, que actuo con prevalimiento de su condicion, a sendas penas de un ano de prision e indemnizaciones de seis mil euros como autor responsable de dos delitos de abuso sexual. Y en la SAP Cordoba de 13 de junio de 2017 (33), que condeno a otro sacerdote parroco, como autor responsable de un delito continuado de abusos sexuales sobre menor de trece anos, a las penas de cinco anos y un dia de prision y a una indemnizacion de seis mil euros (34). En ninguna de estas sentencias se hace mencion al Obispado o a la Diocesis.

Pero no solo el clero protagoniza estos casos. Si consideramos a los catequistas como titulares de un oficio eclesiastico de caracter laical (35), tambien se han producido casos de atribucion de responsabilidad penal, aunque en los estudiados no se dictaron condenas. En la Sentencia del Juzgado de lo Penal num. 8 de Valencia, de 5 de marzo de 2012 (36), fue absuelto un catequista de acusaciones de abusos sexuales a menores, y la responsabilidad civil aneja que se le reclamaba no se dirigio de forma subsidiaria a la Parroquia en la que supuestamente se habian producido los hechos. En otro caso, cuyo recurso fue desestimado por la SAP de Barcelona de 23 de marzo de 2006", al condenado por un delito continuado de abusos sexuales se le imponia, entre otras, la pena de <<inhabilitacion especial para el ejercicio de la funcion de catequista o de cualquier otra actividad relacionada con menores en el plazo de seis anos>>, sin referencia tampoco en este caso a la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad eclesiastica. Sin duda, en este caso el tribunal es ignorante de que adopta una medida que invade la competencia eclesial, pues hubiera bastado con prohibirle el trabajo con menores en general. El cuanto a la responsabilidad civil, en estos casos no se menciona la subsidiaria de la entidad religiosa en la que ejercia el oficio, sin duda porque la vinculacion no es tan intensa y permanente como en el caso de clero, y el deber de vigilancia mucho mas restringido.

Podemos senalar, finalmente, otros casos en que los condenados han sido ministros de culto no catolicos, pero en los que la semejanza de las situaciones y de las respuestas subraya la posicion de la jurisprudencia ante estas situaciones. La Sentencia de la Sala de lo Penal del TS de 11 de noviembre de 2016 (38) desestimara el recurso de casacion presentado contra la SAP de Madrid, de 2 de marzo de 2016 (39), que habia condenado como autor de un delito continuado de abuso sexual sobre una menor y de un delito de acusacion y denuncia falsa sobre sus familiares a un pastor de una Iglesia Evangelica. Asimismo, se condeno al pastor a pagar a la perjudicada una indemnizacion de sesenta mil euros, senalando como responsable civil subsidiaria a la Iglesia Evangelica Apostolica del nombre de Jesus, haciendose cargo tambien ambos responsables de las costas del juicio. Segun los hechos probados, que el TS respeta en su Sentencia, el pastor aprovecho la ascendencia sobre la menor y su familia que le daba su condicion de pastor para iniciar una relacion intima y mantener relaciones sexuales con ella, considerando que la diferencia de edad y la condicion de pastor de la congregacion a la que pertenecian tanto la menor como su familia constituyeron los elementos de la situacion de prevalimiento. Igualmente se asumira la motivacion que hacia la sentencia recurrida en cuanto a la condena como responsable civil subsidiaria de la Iglesia Evangelica, conforme al articulo 120.3 CP, y que se apoyaba en que <<fue la condicion del acusado, como director espiritual de la comunidad, lo que le dio ascendencia sobre la perjudicada y su familia para crear las condiciones necesarias para conseguir realizar los abusos, a lo que se anade, en este caso, una clara infraccion de los deberes de vigilancia que le correspondian a esta institucion religiosa para proteger a los fieles, previniendo y evitando en particular los abusos a los ninos y a las ninas>> (40).

Cabe mencionar, para concluir este epigrafe, otros casos resueltos por los tribunales, alejados de la cuestion de los abusos, en los que se ha reclamado la responsabilidad penal de los propios obispos. Algunos de caracter peculiar, como la querella presentada por un canonigo contra el Arzobispo de Granada, de cuyas acusaciones fue absuelto (41). En otros, se han atribuido a algunos pas tores de la Iglesia, sin exito, expresiones y mensajes que se han querido leer como discurso del odio, aunque mas bien son reflejo de un desencuentro ideologico con las posiciones tradicionalmente sostenidas por la doctrina catolica y que son puestas a prueba en torno a cuestiones de alcance moral que hoy se postulan con extrema radicalidad. Sin entrar aqui en el detalle de estos casos, que ya hemos estudiado en otro lugar (42), cabe senalar que pueden abrir un nuevo frente de exigencias de responsabilidad a la Iglesia, si se intensifica la tendencia a recortar la libertad de expresion en cuanto pueda hacer referencia a grupos sociales o ideologicos concretos y a las conductas que promueven.

4. UN PUNTO DE INFLEXION (Y DE REFLEXION): LA RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL A LA LUZ DEL PROBLEMA DE LOS ABUSOS A MENORES

Sin ser un problema completamente nuevo, desde el pontificado de San Juan Pablo II, sobre todo, la salida a la luz publica de los abusos sexuales cometidos por clerigos a menores ha supuesto un enorme escandalo dentro de la Iglesia, con resonancia en el resto de la sociedad (43). Unido a la revelacion, especialmente en algunos paises, del encubrimiento de los hechos delictivos realizado por miembros de la jerarquia eclesial o la inaccion ante aquellos (44), se ha generado una corriente de descredito dentro y fuera de la Iglesia catolica, aprovechada por algunos para magnificar los errores cometidos. Se han apuntado diversas causas para llegar a la actual situacion (45), que sobre todo desde Benedicto XVI se ha tratado arduamente de corregir en los distintos frentes planteados. Pero aqui nos interesa en particular la colaboracion con las autoridades civiles, pues mientras que durante mucho tiempo la Iglesia ha ignorado en gran medida la dimension estatal de estos delitos (46), los estados han reforzado los medios y las actuaciones para atajarlos y castigarlos, y el hecho de que la Iglesia haya llegado tarde a esa colaboracion, despues de que a menudo la omitiera, ha supuesto que el Estado tomara iniciativas que en algunos casos cuesta compatibilizar con la realidad eclesial.

Expondremos a continuacion las principales disposiciones que, desde el punto de vista canonico, se han introducido en el ordenamiento y los procesos de la Iglesia, con especial referencia a aquellas que postulan la colaboracion con las autoridades civiles y recuerdan la responsabilidad del clero ante el Estado.

4.1. La nueva regulacion canonica frente a los abusos

El Codigo de Derecho Canonico (CIC), en su canon 1395 [seccion] 2 dispone que <<[e]l clerigo que cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento del Decalogo, cuando este delito haya sido cometido con violencia o amenazas, o publicamente o con un menor que no haya cumplido dieciseis anos de edad, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsion del estado clerical cuando el caso lo requiera>>. Pero las penas canonicas, incluso con un posible endurecimiento que pudiese llegar a la privacion de dignidad, oficio o cargo (47), no suplen la responsabilidad ante el Estado, dicen poco a la sociedad, e incluso pueden decepcionar a los fieles si son victimas, allegados a ellas o meros escandalizados por la situacion.

El Motu Proprio de San Juan Pablo II Sacramentorum sanctitatis tutela, sobre las normas acerca de los delitos mas graves reservados a la Congregacion para la Doctrina de la Fe (CDF), de 30 de abril de 2001 (48), junto con la modificacion introducida por Benedicto XVI mediante la Carta a los obispos de la Iglesia catolica y a los demas ordinarios y jerarcas interesados acerca de las modificaciones introducidas en la Carta apostolica en forma de Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, de 21 de mayo de 2010 (49), han constituido en estos ultimos anos las normas especificas mas relevantes en el ambito canonico para hacer frente a los casos de abusos. Con ellas, el abuso sexual de un menor de 18 anos cometido por un clerigo se anadio al elenco de los delicia graviora reservados a la CDF y se elevo a 20 anos la prescripcion para este delito a partir de la mayoria de edad de la victima, que la CDF puede incluso derogar para casos particulares. Se han senalado, sin embargo, carencias en estas disposiciones en lo que aqui nos interesa, pues no hacen referencia a la colaboracion de la autoridades eclesiasticas con las civiles (50), y solo lo hace la Guia para comprender los procedimientos fundamentales de la Congregacion para la Doctrina de la Fe mando se trata de las acusaciones de abusos sexuales, publicada por la Santa Sede el 24 de abril de 2010, la cual establece que <<[d]ebe seguirse siempre el derecho civil en materia de informacion de los delitos a las autoridades competentes>>, aunque esta afirmacion carezca del valor normativo que tienen los documentos anteriores (51).

Esta grave deficiencia se trataria de cubrir con la Carta Circular de la CDF --Subsidio para las Conferencias Episcopales en la preparacion de Lineas guia para tratar los casos de abuso sexual de menores por parte del clero, de 3 de mayo de 2011 (52). Este documento comienza recordando que entre las responsabilidades de los obispos ante los eventuales casos de abuso sexual a menores no solo se encuentra la aplicacion del derecho canonico en la materia, pues <<al mismo tiempo, se deberan tener en cuenta las disposiciones de las leyes civiles>>. De este modo, en el rango temporal de los procedimientos arbitrados, la atencion al ordenamiento juridico estatal debe activarse de forma simultanea a la aplicacion de las normas eclesiales (53); y esto no es una posibilidad a sopesar, sino una obligacion.

?Existe plena conciencia de que la responsabilidad de los religiosos y sacerdotes no es solo moral y ante Dios, sino penal y civil ante el Estado? En esta Carta Circular, al referirse a la formacion de futuros clerigos, se indica que en ella <<debe asegurarse que los candidatos aprecien y conozcan la disciplina de la Iglesia sobre el tema>> (Le); pero no se hace la misma observacion respecto a su responsabilidad como ciudadanos del mundo, advertencia que no estaria de mas por cuanto se refiere a un ambito en el que pueden arrostrarla por razon del oficio que ejerzan. La responsabilidad penal, ya consciente, funcionaria, ademas, como un recordatorio que puede reforzar el rechazo hacia determinados comportamientos. Esta precaucion si se preve, sin embargo, con los ya sacerdotes: <<Los presbiteros deben ser advertidos del dano causado por un sacerdote a una victima de abuso sexual, de su responsabilidad ante la normativa canonica y la civil y de los posibles indicios para reconocer posibles abusos sexuales de menores cometidos por cualquier persona>> (I.d.l).

La responsabilidad de los obispos, como se indicaba al principio del documento, se manifiesta aqui en su doble vertiente: <<Al recibir las denuncias de posibles casos de abuso sexual de menores, los Obispos deberan asegurar que sean tratados segun la disciplina canonica y civil, respetando los derechos de todas las partes>> (I.d.2). Un epigrafe especifico (Le) se dedica a la colaboracion con la autoridad civil, y parte de la premisa mas basica e insoslayable: <<El abuso sexual de menores no es solo un delito canonico, sino tambien un crimen perseguido por la autoridad civil>>. A continuacion se advierte que hay diferencias, segun los paises, en las relaciones con las autoridades civiles, sin que eso deba constituir un obstaculo para la cooperacion segun las competencias de cada cual. Sobre todo se deben tener en cuenta las disposiciones civiles a la hora de remitir los delitos a las autoridades competentes en dicho orden, sin perjuicio de lo pertinente en el foro interno o sacramental, aunque no solamente se deba actuar asi cuando los implicados sean clerigos, sino siempre que los abusos se atribuyan a un cooperante de la estructura eclesiastica, sea laico o religioso.

De particular interes nos parece que, en las indicaciones a los ordinarios sobre el modo de proceder (III), se desarrolle la prevision de que las conferencias episcopales preparen unas Lineas Guia con el fin de <<ofrecer orientaciones a los Obispos diocesanos y a los Superiores Mayores en caso de que reciban la noticia de presuntos abusos sexuales de menores cometidos por clerigos presentes en el territorio de su jurisdiccion>> (54). A continuacion se establece que para la fijacion del <<concepto de abuso sexual de menores>>, ademas de atenerse a la normativa eclesial y la jurisprudencia de la CDF, se tendran en cuenta las leyes civiles del Estado (a), y se anade de forma clara que las Lineas Guia tambien deberian atender a la legislacion del Estado en que se encuentre la Conferencia Episcopal, <<en particular en lo que se refiere a la eventual obligacion de dar aviso a las autoridades civiles>> (g).

Por tanto, se anticipa en este documento que la necesaria cooperacion con las autoridades civiles y el sometimiento al ordenamiento juridico estatal y a sus procedimientos van a ser ineludibles, y que asi se debe reflejar en el territorio de cada Conferencia Episcopal, cuando esta fije la praxis que debe ayudar a armonizar la actuacion que se deriva de la responsabilidad primera de los obispos para la prevencion, deteccion y denuncia de posibles casos de abusos a menores. Para comprobar que se ha hecho esta traduccion, voy a examinar en este mismo epigrafe el caso espanol, ya que se pidio a todas las conferencias episcopales, por parte del Cardenal Levada, que enviasen un ejemplar completo de las Lineas Guia a la CDF antes de la conclusion del mes de mayo de 2012 (55).

4.2. Los Protocolos de actuacion en Espana

Los trabajos en esta direccion impulsados en Espana han dado la impresion de ir mas despacio o tener menos desarrollo que en otros paises, quiza porque los obispos espanoles se han visto menos urgidos por escandalos de las dimensiones vistas fuera. Lo cierto es que la Conferencia Episcopal Espanola (CEE) cuenta con dos documentos que marcan su proceder: Un Protocolo de actuacion de la Iglesia en Espana para tratar los casos de los delitos mas graves cometidos contra la moral por parte de clerigos (56), y un Protocolo de actuacion segun la legislacion del Estado (57). Ambos se aprobaron el 22 de julio de 2010, aunque solo gozaron de difusion publica a partir del 26 de febrero de 2015, cuando fueron presentados por el Secretario General de la CEE (58). Pese a que su fecha de aprobacion sea anterior, se presume que su funcion seria equivalente a la de las Lineas Guia que debian ser aprobadas por los obispos conforme a la Carta Circular de la CDF de 2011, y en este sentido, el segundo Protocolo afirma recoger <<una serie de criterios orientadores [...] que pretenden ayudar a los Sres. Obispos, clerigos, religiosos e Instituciones eclesiasticas, sobre la forma de proceder en los casos que se puedan presentar respeto de clerigos, religiosos o por otras personas que trabajan en la pastoral de la Iglesia Catolica y que impliquen agresiones o abusos sexuales a menores, o posesion de pornografia infantil, entre otros supuestos>>, y todo ello teniendo en cuenta la legislacion espanola y la concordada, asi como la jurisprudencia y la doctrina cientifica <<recogidas en las paginas precedentes>>; aunque dichas paginas, que formaran parte del documento elaborado por el Servicio Juridico de la Secretaria General de la CEE, no acompanan al Protocolo ni estan publicadas.

En cuanto a su contenido, el Protocolo de actuacion segun la legislacion del Estado comienza planteando tres posibles situaciones o supuestos, a lo que siguen unas Consideraciones generales, para acabar abordando a su luz, en detalle, cada uno de los supuestos inicialmente planteados. Estos supuestos tienen en comun el conocimiento por parte de la Autoridad eclesiastica de presuntos delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos por un sacerdote diocesano o religioso. En el primer supuesto, el conocimiento se habria obtenido por rumores o una denuncia privada, sin que aun le conste a las autoridades civiles. En la segunda situacion, se informa a la Autoridad ecle siastica de hechos que ya han sido denunciados ante las autoridades civiles y que son conocidos por la opinion publica. En el tercer y ultimo supuesto, el conocimiento proviene de una confidencia hecha por el propio sacerdote o religioso.

Las consideraciones generales instan a las Autoridades eclesiasticas, en primer lugar, a no dejarse arrastrar por el nerviosismo del escandalo publico y a obrar con prudencia juridica (n. 1), respetando tanto el principio de presuncion de inocencia como el secreto ministerial <<que es inherente a las relaciones entre el Obispo y los sacerdotes o religiosos que colaboran con el, asi como entre los sacerdotes y los fieles>> (n. 2). Al exponer las formas en que se puede traducir la responsabilidad penal por un delito sexual, explica que <<la posicion del Superior jerarquico determina la posibilidad de la comision por omision, cuando la omision de la actuacion debida del Superior ha favorecido la causacion del resultado penalmente tipico, es decir, cuando el hecho pudo haber sido evitado si se hubiera actuado diligentemente>> (n. 3), y reconociendo que existe una esfera de la vida y comportamientos de los clerigos que para los obispos y las instituciones eclesiasticas no son controlables, la responsabilidad juridica de estos <<debe ser delimitada en funcion de lo que con certeza y de manera efectiva se habria podido hacer para evitar el delito>> (n. 4). La prohibicion de que un clerigo trate con menores, ante una situacion de riesgo, debera documentarse adecuadamente, y se considera que <<no habria lugar a declarar la responsabilidad civil subsidiaria de la Iglesia>> por la actuacion de un clerigo que realiza su labor pastoral en nombre de ella, siempre que los hechos delictuosos se hayan realizado al margen de su funcion clerical o religiosa propia (n. 5), lo que supone negar cualquier automatismo en la atribucion de responsabilidad institucional cuando un clerigo cometa un delito sexual. Se enumeran seguidamente distintas medidas en el tratamiento de estos casos frente a la sociedad y en la relacion con las victimas (nn. 6-9), para concluir esta parte abordando la cuestion de la prescripcion de los delitos, que no impedira la aplicacion de las medidas canonicas y pastorales procedentes (n. 10).

Se exponen a continuacion los procedimientos a seguir en cada uno de los tres supuestos enumerados al principio, que podemos resumir asi:

--Agresion o abuso sexual denunciado a la Autoridad eclesiastica sin previo conocimiento de las autoridades civiles: Cabe destacar que, una vez oido el denunciado, la Autoridad eclesiastica consultara a un abogado para valorar la existencia de indicios racionales de la comision de un hecho delic Ovo, y, si los hubiere, se invitara a los denunciantes a presentar la denuncia por si mismos ante la autoridad civil competente (n. 1.4) (59), teniendo en cuenta que, si la victima es mayor de edad, solo ella puede denunciar un delito sexual (n. 1.5). Si, por el contrario, se tienen dudas razonables acerca de los hechos denunciados, la Autoridad eclesiastica archivara las actuaciones, recordando a los denunciantes que pueden ejercitar las acciones que estimen pertinentes asumiendo la responsabilidad que corresponda (n. 1.6). El proceder sera el mismo, pero la cautela mayor, si se trata de meros rumores o testimonios indirectos (n. 1.7). Se menciona, sin embargo, que la Autoridad eclesiastica puede asumir la iniciativa de la denuncia ante las autoridades civiles, cuando no sea realizada por los representantes legales del menor, o de forma simultanea a estos.

--Agresion o abuso sexual denunciado directamente a la Policia o a la Autoridad judicial-. Con asistencia letrada, la Autoridad eclesiastica prestara la colaboracion requerida a las autoridades civiles, respetando la presuncion de inocencia mientras no haya sentencia condenatoria y atendiendo a la situacion procesal del acusado.

--Cuando la autoridad eclesiastica tiene conocimiento de un hecho que puede ser delito contra la libertad o indemnidad sexual a traves de una confidencia del sacerdote o religioso presuntamente responsable (secreto ministerial'): Llegados a este punto en que toda la responsabilidad parece sostenerse en las manos de la Autoridad eclesiastica, el Protocolo es claro y rotundo: <<Con caracter general, los representantes de las distintas Instituciones u Organos eclesiasticos tienen el deber de denunciar todos los delitos de que tengan conocimiento, incluidos los cometidos por quienes actuan a su cargo o bajo su direccion. Es esta una obligacion puramente gubernativa. [...] Se trata de cumplir una obligacion legal, la de informar a la Justicia por el bien de la victima e, indirectamente, por el de la Iglesia y el de toda la sociedad>> (n. 3.1). Pese a ello, se afirma, con no menos rotundidad, que <<no existe encubrimiento ni infraccion penal alguna>> si no se denuncia un delito cuando se ha tenido conocimiento de el en ejercicio de las funciones del ministerio sacerdotal o religioso, es decir, en el marco del llamado secreto ministerial, y se recuerda que tampoco habria obli gacion de declarar como testigo en procesos civiles ni penales respecto de hechos conocidos en el referido marco ministerial, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento juridico espanol (n. 3.2) (60). Sin embargo, el propio Protocolo advierte de que en las disposiciones en vigor no se prohibe declarar o testificar, sino que solo se establece una exencion, que ademas excede los limites del secreto de confesion, todo ello en respeto de las libertades religiosa y de conciencia del ministro de culto y de quien se acerco a el en el marco de confianza de su ministerio (n. 3.3) (61). La CEE se cine aqui, por tanto, al concepto mas amplio del secreto ministerial como garantia en estos casos, sin referencia--salvo una aclaratoriaal sigilo sacramental, aspecto verdaderamente grave y vinculante para los sacerdotes, sin duda porque el reconocimiento de este aspecto en el ordenamiento juridico espanol se ha diluido dentro del primer concepto, a diferencia de lo que se encuentra en otros sistemas legales. Mas aun, el siguiente punto considera una excepcion o limite a lo anterior el que se tenga conocimiento de la comision, actual o proxima, de hechos con los caracteres de un delito contra libertad sexual, pues en tal caso, la Autoridad eclesiastica o el clerigo tendran la obligacion de denunciar, <<sin que sea un obstaculo el haber tenido noticia de ello con motivo o con ocasion de la direccion espiritual o confidencia del propio interesado>>, porque si no se impide la comision de un delito asi conocido, aunque suponga la ruptura de la confidencialidad, podria llegar a apreciarse el tipo penal relativo a la omision de los deberes de impedir delitos o de promover su persecucion (62) (n. 3.4).

Hay diocesis que han desarrollado sus propios protocolos, adaptando los de la CEE, sobre todo en aquellas donde se han registrado casos de abusos. Asi ocurre en la de Astorga, donde se dan dieciseis recomendaciones en su Protocolo de prevencion y actuacion frente a abusos sexuales de ?nenores y en donde, ademas de requerir el certificado de delitos sexuales a toda persona que trabaje con menores, esta debe firmar que declara conocer la doctrina de la Iglesia opuesta a los abusos sexuales, que esta a dispuesta a cumplirla y a respetar el protocolo diocesano (63). Dicho Protocolo ha servido de base, por ejemplo, al elaborado en la diocesis de Sigiienza-Guadalajara, de 23 de abril de 2018, donde se explican brevemente los delitos contra la indemnidad y libertad sexual del Codigo Penal, y en el que se cita la Ley 26/2015 de 28 de julio, de modificacion del sistema de proteccion a la infancia y a la adolescencia (64), que constituye, junto a las previsiones del Codigo Civil en esta materia, el principal marco regulador de los derechos de los menores de edad. Esta Ley establece, como aqui se recuerda, el deber y la obligacion que tienen todas las personas que tuvieran noticias de un hecho que pudiera ser delito contra la libertad e indemnidad sexual o de trata o explotacion de menores, de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal (art. 13.4). Como consecuencia de sus disposiciones, este Protocolo diocesano, al explicar la dimension externa de la comunicacion del abuso, indica que corresponde al Obispo la notificacion de dicha informacion a los servicios especializados (Institucion de proteccion de menores) y al Ministerio Fiscal, sin que sea necesario tener certeza de que el menor esta siendo abusado, pues <<[l]a responsabilidad de valorar, verificar o confirmar el abuso no corresponde al comunicante, sino a los servicios especializados>> (65).

La Ley 26/2015 sera sin duda tenida muy en cuenta en la revision de sus protocolos anunciada por la CEE (66), pues afecta al marco de colaboracion con la Iglesia sobre todo en cuanto a las repercusiones de la notificacion o comunicacion (67). La revision de Lineas Guia, protocolos y procedimientos no se detiene, porque las indicaciones de la Santa Sede para mejorarlos han proseguido en los ultimos anos, y hay que insistir en que en esta evolucion se ha puesto un firme acento en la colaboracion con las autoridades civiles (68), en particular en la obligacion de comunicar los casos de abusos a menores que se conozcan.

Asi, desde la Comision Pontificia para la Proteccion de los Menores se ha dirigido a las Conferencias Episcopales y a las Congregaciones Religiosas un modelo de Directivas que ayuden a desarrollar e implementar politicas y procedimientos para la proteccion contra el abuso sexual, para responder a los abusos en la Iglesia y para demostrar integridad en este trabajo. Se parte de los trabajos ya desarrollados en las Lineas Guia y se espera ayudar a las Iglesias locales a establecer y mantener una serie de Directivas locales para la proteccion eficaz de los menores y adultos vulnerables, a las que se adhieran todas las diocesis de un territorio (69). En el modelo de 2016 de estas directivas (70), que seguramente sera el seguido por la CEE, podemos destacar las siguientes ideas que deben plasmarse en ellas:

--En la formacion de los futuros clerigos debe darseles a conocer sus propias responsabilidades en relacion con el abuso sexual, tanto en el derecho civil como en el canonico.

--Se deben definir politicas y procedimientos para responder a las denuncias y revelaciones de abuso en la Iglesia, que incluiran, entre otros aspectos, una declaracion clara sobre el cumplimiento de los requisitos de las autoridades civiles y eclesiasticas. Y cuando el territorio al que se apliquen las directivas incluya mas de un pais, se indicara de forma expresa que la Iglesia cumplira con la autoridad pertinente.

--Se insiste en la necesidad de que haya una declaracion explicita sobre la remision de conductas delictivas a la policia o a la autoridad competente.

--Se arbitraran procedimientos para investigar las denuncias que, por distintos motivos, no proceda remitir a la policia o no vayan a ser enjuiciadas civilmente (71).

--Igualmente quedara claro en ellas que no es voluntad de la Iglesia el ocultar las denuncias o comprar el silencio de las victimas, y que no se buscaran acuerdos que obliguen a las partes a la confidencialidad, salvo que tal sea la voluntad de aquellas y asi se haga constar en el texto del acuerdo.

Durante el pontificado del Papa Francisco se ha subrayado la necesidad de que la Iglesia y su clero asuman sus responsabilidades tambien en el orden civil y tengan la mayor disposicion a colaborar con las autoridades estatales. El ejemplo ultimo lo encontramos en el Encuentro <<La proteccion de los menores en la Iglesia>>, celebrado en la Ciudad del Vaticano en febrero de 2019, al que el Papa ha convocado a los presidentes de las conferencias episcopales y superiores de ordenes religiosas de todo el mundo, para tratar el problema de los abu sos. Las intervenciones en el Encuentro (72) han recordado, entre otros aspectos, que en estas graves cuestiones debe respetarse la competencia de las autoridades civiles (73), porque la Iglesia, aunque no es un agente del Estado, reconoce la autoridad legitima de la ley civil y debe cooperar con las autoridades civiles para hacer justicia a las victimas y al propio orden civil (74). Tendra que superarse asi una tendencia clericalista que a veces ha considerado la intervencion de dichas autoridades como una intromision indebida en los asuntos de la Iglesia, y hasta una persecucion contra la fe (75). Con posterioridad a este Encuentro, con fecha de 26 de marzo de 2019, se han publicado tres documentos para regular la denuncia de casos abusos ante la justicia vaticana: una Carta apostolica en forma de <<Motu Proprio>> del Sumo Pontifice Francisco sobre la proteccion de los menores y de las personas vulnerables, la Ley N. CCXCVTI sobre la proteccion de los menores y de las personas vulnerables del Estado de la Ciudad del Vaticano, y unas Lineas guia para la proteccion de los menores y de las personas vulnerables para el Vicariato de la Ciudad del Vaticano (76).

Por ultimo, con fecha de 7 de mayo de 2019, se ha dado la Carta Apostolica en forma Motu proprio Vos estis lux mundi, estableciendo medidas canonicas concretas para que la Iglesia combata los abusos. Sin embargo, a la cuestion aqui estudiada solo se dedica su ultima disposicion (Art. 19--Cumplimiento de las leyes estatales), que es muy sucinta: <<Estas normas se aplican sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos en cada lugar por las leyes estatales, en particular las relativas a eventuales obligaciones de informacion a las autoridades civiles competentes>>.

4.3. La responsabilidad civil subsidiaria de las entidades eclesiasticas

Al margen de la responsabilidad directamente penal de los titulares de oficios eclesiasticos, el otro aspecto vinculado a los abusos que ha crecido con el escandalo ha sido el de la reclamacion de responsabilidad civil subsidiaria a la Iglesia por los delitos cometidos. Hasta tal punto que el Consejo Pontificio para los Textos Legislativos (CPTL), con fecha de 12 de abril de 2004 publico la Nota Explicativa Elementos para configurar el ambito de responsabilidad canonica del obispo diocesano respecto de los presbiteros incardinados en su diocesis y que ejercen en ella su ministerio (77). En esa Nota se explica la naturaleza de la relacion de subordinacion entre el presbitero y el obispo diocesano, que surge de la ordenacion y la incardinacion, y no puede compararse con la subordinacion que en la sociedad civil existe en la relacion entre empleador y empleado, pues no se apoya solamente en el deber de obediencia requerido. En el caso del presbitero diocesano, la subordinacion se limita al ejercicio del ministerio que realiza en comunion jerarquica con su obispo, sin que se pueda afirmar que trabaja para el y sin que ello le impida gozar de una iniciativa legitima y de una justa autonomia, tanto en el ejercicio del ministerio como en su vida personal y privada. Por tanto, el Obispo no seria juridicamente responsable de los actos delictivos de sus sacerdotes. No obstante, desde una perspectiva juridica canonica, tiene un deber de vigilancia y cuidado sobre deberes generales del estado clerical y del ministerio de los sacerdotes, pero no un deber de supervision ni de control absoluto e indiscriminado sobre toda la vida de estos (78). La responsabilidad del Obispo diocesano se daria en cuanto a su deber de supervision, pero solo si el obispo se hubiera desinteresado en implementar la asistencia necesaria requerida por las normas canonicas, o si, consciente de actos incluso criminales cometidos por el presbitero, no hubiese adoptado los recursos pastorales apropiados. No se contempla en el ordenamiento canonico la responsabilidad objetiva (79), que se haria recaer sobre el Obispo por ser el superior del delincuente. Y en relacion con el caso especifico del delito de pedofilia [i/V] cometido por un presbitero incardinado en una diocesis, considera el CPTL que el Obispo no tiene responsabilidad legal que proceda de la relacion de subordinacion canonica existente entre ellos, por lo que la accion penal y sus consecuencias, incluso la posible compensacion por danos, se deben atribuir al presbitero que cometio el delito y no al Obispo o a la diocesis cuya representacion legal ostenta este.

Pero descartar la responsabilidad del ente incardinante es complejo (80), y estas consideraciones explicativas no impedirian, sin embargo, en el orden civil, senalar una responsabilidad civil por culpa in vigilando o in eligendo, como hemos visto en los casos de prevalimiento por la condicion clerical, en que los danos provocados por el titular del oficio los ha cometido en el ejercicio de su ministerio y apoyado en su posicion eclesiastica (81), aunque se podria plantear tambien si procede de la concesion de un oficio a persona no idonea, dentro de la responsabilidad por actos administrativos (82). En los casos de responsabilidad civil subsidiaria el obligado sera el ente incardinante, con independencia de la persona que este al frente del mismo (83). Cuestion distinta es que el Obispo o Superior haya omitido las debidas actuaciones una vez conocidos los hechos o haya tratado de ocultarlas, pues su responsabilidad ya no seria unicamente de orden civil.

5. CONCLUSIONES

El estatuto juridico especial de los clerigos en los ordenamientos civiles ha dado paso al regimen comun propio del principio de igualdad, aunque todavia, como herencia de otros tiempos, en algunos paises y supuestos se tomen en consideracion las peculiaridades de su condicion con reflejo en disposiciones especificas (84). Algo que tambien puede suceder por situaciones nuevas, como las que esta propiciando el escandalo de los abusos.

La crisis en torno a los abusos sexuales perpetrados por algunos sacerdotes, y encubiertos en ciertos casos por miembros de la jerarquia eclesiastica, ha llevado a construir un enfoque diferente respecto de la responsabilidad penal de los ministros, pero esta vez desde el punto de vista de la propia Iglesia, porque, como se ha dicho, <<era el momento de tomar conciencia de que esas conductas eran tambien delitos ante la ley estatal respectiva>> (85), lo que conllevaba el reconocer una responsabilidad en dicho ambito, con todo lo que implica.

Su Santidad Benedicto XVI ya senalo en su Carta a los catolicos de Irlanda que <<hubo una tendencia, motivada por buenas intenciones, pero equivocada, a evitar los enfoques penales de las situaciones canonicamente irregulares>> (n. 4) (86). Sea porque se prefirio seguir planteamientos pastorales (87) o por otros motivos, lo cierto es que si en los casos de abusos se han esquivado durante decadas las soluciones penales propias del ambito canonico (88), la esfera civil ha sido aun mas ajena a lo que sucedia en la mayoria de los casos, hasta que se produjo el desbordamiento de la situacion. De ahi el llamamiento que se hace, en la misma Carta, a los obispos: <<Ademas de aplicar plenamente las normas del derecho canonico concernientes a los casos de abusos de ninos, seguid cooperando con las autoridades civiles en el ambito de su competencia>> (n. 11). En este sentido, se alzan voces que consideran que el derecho canonico no ha estado a la altura de las circunstancias y que la presion del derecho estatal ha sido decisiva89.

El reproche a la Iglesia por las soluciones activadas frente a los abusos, no se basa exclusivamente en que hayan sido escasas, torpes o directamente nulas (90), pues tambien alcanza a aquellos supuestos mas recientes en que se ha aplicado todo el rigor canonico en tiempo y forma. Y es que la indignacion, por situaciones en su mayor parte del pasado, lleva a despreciar los procedimientos y sanciones propios de la Iglesia, cuyas penas son de orden espiritual (91), y a exigirle medidas que solo estan al alcance del Estado (92). Es una demanda que, sin embargo, no carece de razones porque, desde una adecuada colaboracion con las eclesiasticas, las autoridades civiles pueden y deben actuar cuando sea preciso, ya que los medios para obtener una reparacion en los tribunales civiles son mas amplios y mayores (93), y el resultado, desde un punto de vista social, mas satisfactorio. Esta posicion no significa, en ningun caso, que la Iglesia ceda al Estado todos los casos en que se ventile la responsabilidad penal de sus clerigos, pues la culpabilidad tiene otros aspectos en el ambito del derecho canonico (94), ni tampoco que se confundan los ambitos estatal y canonico, en sus fines o en sus procedimientos (95), que no tienen por que ser coincidentes (96) ni excluyentes (97).

Hay que recordar la admonicion de Mgr. A. J. Leonard, en su declaracion de 27 de abril de 2010, para que el propio candidato rechace la ordenacion si ha cometido abusos: <<No os dejeis jamas ordenar diacono, sacerdote u obispo con un pasado gravemente penalizable. Vosotros podeis--y lo sereis en cualquier caso--ser un diacono, un sacerdote o un obispo pecador, pero no po deis ser un ministro penalizable, incluso si os habeis convertido desde entonces>> (98). Hay que hacer extensiva esta reflexion, si es que no lo considero asi su autor, a la responsabilidad penal ante el Estado, por la dureza de las condenas que se pueden padecer en ese ambito y por el escandalo que hacen repercutir en la Iglesia, en sus fieles y en sus pastores, afectando a su propia mision, y tambien, aunque no sea lo mas importante, por el impacto economico (99).

Puede ser el momento de replantear a fondo la cuestion de la responsabilidad penal del clero ante las autoridades estatales, no solo como una exigencia del poder temporal, sino de la misma Iglesia, para contener la hemorragia actual con un tratamiento severo pero necesario, y prevenir al mismo tiempo futuras heridas (100). La sensacion de impunidad que ha podido darse en supuestos como el descrito en el informe de Pensilvania deberia desaparecer con la instauracion de una conciencia de responsabilidad, tanto ante Dios y su Iglesia, como ante la sociedad y el Estado, por ser todos ciudadanos en su ambito.

El dano a la Iglesia y a su mision procede en parte del deterioro de su imagen publica, aunque no ha sido unicamente el resultado de unos hechos deplorables que no se pueden negar101, pues se ha debido tambien a su sobredimension mediatica. Por ello, es necesario que los culpables reparen ante la sociedad, y no solo conforme a las normas del Derecho canonico, el dolor provocado (102). Porque la Iglesia esta en el mundo, y en un pais concreto en cada caso, y en el desarrolla su tarea, y a la sociedad entre que se encuentra debe rendir cuenta de sus actos cuando son reprochables. A cada cual lo suyo, porque esto es lo justo.

Bibliografia

ALBERCA DE CASTRO, J. A., Regimen juridico del ministro de culto en Espana y Erancia: estudio sistematico y textos normativos, Comares, Granada 1999.

ASTIGUETA, D., La sancion: ?Justicia o misericordia?, en C. PENA GARCIA (ed.), Retos del Derecho Canonico en la sociedad actual, Dykinson, Madrid 2012, 25-53.

AZNAR GIL, E, El delito contra el sexto mandamiento del Decalogo cometido por un clerigo con un menor de edad, Revista Espanola de Derecho Canonico 70 (2013)481-511.

BERTOMEU FARNOS, J., Las normas substanciales de los delitos reservados a la Congregacion para la Doctrina de la Fe y la lucha contra los abusos sexuales de menores cometidos por clerigos, en M. Gas i alxendri (coord.), Nuevos desafios del derecho canonico a cien anos de la primera codificacion (1917-2017), Tirant lo Blanch, Valencia 2018, 137-170.

DELGADO DEL RIO, G., La respuesta al abuso sexual del clero: una carrera de obstaculos, Anuario de derecho eclesiastico del Estado 33 (2017) 45-89.

DONZE, C., Breaking the Seal of Confession: Examining the Constitutionality of the Clergy-Penitent Privilege in Mandatory Reporting Law, Louisiana Law Review 78 (2018) 267-310.

FERRER ORTIZ, J., La responsabilidad civil de las diocesis por los actos de sus clerigos, Ius Canonicum 45 (2005) 557-608.

GONZALEZ, M., Los Ministros de Culto en el ordenamiento juridico espanol, Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, Madrid 2003.

MOTILLA, A., Ministros y lugares de culto, en I. C. IBAN--L. PRIETO SANCHIS A. MOTILLA, Manual de Derecho Eclesiastico, Trotta, Madrid 2004, 189-211.

--, <<Privilegio del fuero>>, en J. OTADUY--A. VIANA--J. SEDANO (coords.), Diccionario General de Derecho Canonico, vol. VI, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2012, 478-483.

NAVARRO, L., L incardinazione nei movimenti ecclesiali? Problemi e prospettive, Fidelium Iura 15 (2005) 63-96.

NUNEZ, G., Procesos penales especiales. Los delieta graviora, Ius Canonicum 53 (2013) 573-620.

OLMOS ORTEGA, M. E., Laicos y oficios eclesiasticos, Revista Espanola de Derecho Canonico 58 (2001) 557-575.

PALOMINO, R., Derecho a la intimidad y religion. La proteccion juridica del secreto religioso, Comares, Granada 1999.

PREE, H., <<Responsabilidad de la administracion eclesiastica>>, enj. OTADUY-A. VLANA-J. SEDANO (coords.), Diccionario General de Derecho Canonico, vol. vi, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2012, 983-991.

RODRIGUEZ TORRENTE, J., Proceso penal canonico y colaboracion con la justicia estatal en los delitos de abusos sexuales, en L. RUANO ESPINA--C. GUZMAN PEREZ (eds.), Reforma de los procesos de nulidad y otras novedades legislativas de Derecho Canonico y Eclesiastico del Estado, Dykinson, Madrid 2017, 26-66.

SANCHEZ GOMEZ, M. A., Lineas procesales de las causas para juzgar algunos delitos gravisimos cometidos por clerigos, en C. PENA GARCIA (ed.), Retos del Derecho Canonico en la sociedad actual, Dykinson, Madrid 2012, 71-90.

TORFS, R., Los abusos a ninos cometidos por sacerdotes: la interaccion del derecho estatal y el derecho canonico, Concilium: Revista internacional de teologia 306 (2004) 139-150.

USTINOV, H. A. VON, Comentario a las lineas-guia de actuacion o protocolo de la Conferencia Episcopal Argentina, Anuario Argentino de Derecho Canonico 31 (2015) 35-44.

Angel Lopez-Sidro Lopez

Profesor Titular de Derecho Eclesiastico del Estado

Universidad de Jaen. Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas. Jaen

orcid 0000-0003-1918-3479

alsidro@ujaen.es

RECIBIDO: 4 DE ABRIL DE 2019 / ACEPTADO: 14 DE MAYO DE 2019

DOI 10.15581/016.117.011

(1) Cfr. canon 145 [seccion] 1 CIC.

(2) Cfr. M. GONZALEZ, Los Ministros de Culto en el ordenamiento juridico espanol, Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, Madrid 2003, 37.

(3) Cfr. A. MOTILLA, Ministros y lugares de culto, en I. C. IBAN--L. PRIETO SANCHIS--A. MOTILLA, Manual de Derecho Eclesiastico, Trotta, Madrid 2004, 200.

(4) La exposicion que sigue, en forma de sintetica panoramica historica, atiende especialmente al trabajo de M. GONZALEZ, Los Ministros de Culto ..., cit., 38 ss.

(5) Concordato 1953: Articulo XVI: <<1. Los Prelados de quienes habla el parrafo 2 del canon 120 del Codigo de Derecho Canonico no podran ser emplazados ante un juez laico sin que se haya obtenido previamente la necesaria licencia de la Santa Sede. [...] 4. La Santa Sede consiente en que las causas criminales contra los clerigos o religiosos por los demas delitos, previstos por las leyes penales del Estado, sean juzgadas por los Tribunales del Estado. Sin embargo, la Autoridad judicial, antes de proceder, debera solicitar, sin perjuicio de las medidas precautorias del caso, y con la debida reserva, el consentimiento del Ordinario del lugar en que se instruye el proceso. [...]>>.

(6) El privilegio del fuero habia sido derogado por Decreto-Ley de 6 de diciembre de 1868 de Unificacion de Fueros: <<Cuando el privilegio del fuero a favor de clerigos y religiosos se habia extinguido en practicamente todos los Estados modernos, el Concordato espanol de 1953 lo revivio, si no en todo, si sustancialmente en los procesos penales>> (A. MOTILLA, <<Privilegio del fuero>>, enj. OTADUY-A. VLANA-J. SEDANO [coords.], Diccionario General de Derecho Canonico, vol. vi, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor [Navarra] 2012, 481).

(7) CFR. J. A. ALBERCA DE CASTRO, Regimen juridico del ministro de culto en Espana y Francia: estudio sistematico y textos normativos, Comares, Granada 1999, 76-77.

(8) <<Ciertamente, las realidades temporales y las realidades sobrenaturales estan estrechamente unidas entre si, y la misma Iglesia se sirve de medios temporales en cuanto su propia mision lo exige. No pone, sin embargo, su esperanza en privilegios dados por el poder civil; mas aun, renunciara al ejercicio de ciertos derechos legitimamente adquiridos tan pronto como conste que su uso puede empanar la pureza de su testimonio o las nuevas condiciones de vida exijan otra disposicion>> (Gaudium et Spes, 76).

(9) Instrumento de Ratificacion de Espana al Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Espanol, hecho en la Ciudad del Vaticano el 28 de julio de 1976 (BOE num. 230, de 24 de septiembre de 1976).

(10) Cfr. J. A. ALBERCA DE CASTRO, Regimen juridico del ministro de culto ..., cit, 33.

(11) Aprobado por Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre, del Codigo Penal (BOE num. 281 de 24 de Noviembre de 1995) y que ha conocido sucesivas reformas.

(12) Cfr. R. PALOMINO, Derecho a la intimidad y religion. La proteccion juridica del secreto religioso, Comares, Granada 1999, 170 ss.

(13) <<Con l'incardinazione si concretizza la parte del Popolo di Dio al cui servizio si trova il chierico>> (L. NAVARRO, L'incardinazione nei movimenti ecclesiali? Problemi e prospettive, Fidelium Iura 15 [2005] 64-65).

(14) Cfr. J. FERRER ORTIZ, La responsabilidad civil de las diocesis por los actos de sus clerigos, Ius Canonicum 45 (2005) 585-587. En la STS de 6 de octubre de 2011 (ree. num. 765/2011), se desestima el recurso de casacion y se confirma la condena de la Parroquia Sant Albert Magne como responsable civil subsidiaria sobre la base del 120.4 CP, aunque en este caso el culpable de los delitos a que da lugar dicha responsabilidad era un cocinero contratado por la entidad religiosa.

(15) Cfr. Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2004 (ree. num. 192/1999), FJ 4.

(16) Sumario num. 1/2001.

(17) Recurso de casacion num. 3642/2001.

(18) Sumario num. 5/2001.

(19) Cfr. J. FERRER ORTIZ, La responsabilidad civil de las diocesis ..., cit., 591-592.

(20) Recurso de casacion num. 444/2003.

(21) La respuesta es distinta a la dada en la STS de 11 de marzo de 2002 (recurso de casacion num. 3736/2000), que atribuyo la responsabilidad civil a la parroquia por tener personalidad juridica propia e independiente del Arzobispado de Barcelona; pero la situacion tambien lo es: en este caso anterior, el condenado, director de un centro parroquial de tiempo libre, no ejercia un oficio eclesiastico, y los argumentos ultimos del Tribunal Supremo por consiguiente no son aplicables.

(22) Cfr. J. FERRER ORTIZ, La responsabilidad civil de las diocesis ..., cit., 593.

(23) Sumario num. 13/2001.

(24) Recurso de casacion num. 1866/2003.

(25) Tampoco en la SAP de Cordoba de 3 de febrero de 2004 (recurso de apelacion num. 174/2003), un poco anterior, por tanto, a la del Supremo, se hizo referencia alguna a la responsabilidad civil subsidiaria.

(26) Procedimiento abreviado num. 27/2006.

(27) Recurso de casacion num. 89/2007.

(28) Recurso de casacion para la unificacion de doctrina 538/2016. El acusador, que habia sido condenado en costas de la instancia, es ahora absuelto por considerar el Alto Tribunal que la calificacion que se hizo de la imputacion de <<inverosimil>> no es equivalente a que fuera falsa o fruto de la mala fe.

(29) Cfr. la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia con sede en Granada, de 31 de marzo de 2016 (recurso num. 255/16).

(30) Recurso de apelacion 127/2015.

(31) Recurso de apelacion 11/2015.

(32) Ante el recurso de casacion formulado contra esta resolucion, la STS de 3 de abril de 2018 (recurso num. 1749/2017) lo estima parcialmente reduciendo la indemnizacion civil a tres mil euros, manteniendo el resto de pronunciamientos.

(33) Procedimiento Abreviado 1576/2016.

(34) El posterior recurso de casacion presentado contra esta Sentencia por resuelto por la STS de 3 de abril de 2018 (recurso de casacion num. 1749/2017), reduciendo unicamente la indemnizacion civil.

(35) <<Una modalidad habitual del laico de colaboracion en el ministerio de la palabra se produce a traves del oficio de catequistas, a tenor del canon 776 del Codigo latino y 624.3 del Codigo oriental>> (M. E. OLMOS Ortega, Laicos y oficios eclesiasticos, Revista Espanola de Derecho Canonico 8 [2001] 572).

(36) Sumario num. 2/2014.

(37) Rollo de apelacion penal numero 32/06.

(38) Recurso de casacion num. 789/2016.

(39) Sumario 1605/2014.

(40) En el caso resuelto por la SAP de Asturias de 4 de mayo de 2016 (recurso num. 2/2014), tambien protagonizado por un pastor evangelico que es condenado por abusos en los que existio prevalimiento, no hay responsabilidad civil subsidiaria para su Iglesia, probablemente porque no tenia entidad suficiente (el propio pastor era mecanico de profesion). Similar es el caso de la SAP de Valencia de 25 de noviembre de 2010 (sumario num. 66/2009), aunque aqui no se ofrecen datos que ayuden a explicar la exclusion de la responsabilidad eclesial.

(41) El Arzobispo de Granada, que en primera instancia habia sido condenado como responsable de un delito de coacciones y de una falta de injurias, en relacion con el conflicto generado con un canonigo por el intento de publicar un libro sobre la catedral, apelara aquel fallo. La SAP Granada de 18 de abril de 2008 (recurso de apelacion 45/2008) considerara prescrita la falta de injurias, como tambien lo estarian el delito de calumnia y el de injurias subsidiariamente imputados (FJ 3), pese a haber apreciado que <<[a]firmar, sin el apoyo de datos contundentes, que se ha producido por el afectado una apropiacion reiterada de bienes de la Iglesia y que se ha obstaculizado su ministerio extorsionandola dolosa y alevosamente, siendo la persona concernida sacerdote, lesiona su honor y buen nombre en su comunidad, y pone gravemente en entredicho su reputacion en el seno de dicha comunidad a que pertenece el querellante>> (FJ 5). Estimara finalmente que no existieron coacciones al considerar que <<la decision de detener la publicacion de la obra estaba al alcance del acusado, y la orden impartida a su subordinado jerarquico, coordinador de aquella, no puede integrar el requisito de ausencia de legitimacion para imponer al querellante esa conducta>> (FJ 4). Por tanto, procede a la revocacion de la sentencia recurrida y a la absolucion del Arzobispo de Granada de los cargos referidos.

(42) Vid. A. LOPEZ-SLDRO LOPEZ, La libertad de expresion de la jerarquia eclesiastica y el discurso del odio, Revista General de Derecho Canonico y Derecho Eclesiastico del Estado 42 (2016).

(43) <<Ciertamente no se trata de un ambito nuevo, ni de problemas que antes no existieran ni de una legislacion recientemente aparecida. Mas bien se ha verificado un fenomeno singular: la Iglesia ha sido "forzada" a afrontar dichos casos debido a una consciencia cada vez mayor de los fieles de tener derecho a exigir la intervencion de la autoridad>> (D. ASTIGUETA, La sancion: ?Justicia o misericordia?, en C. Pena Garcia [ed.], Retos del Derecho Canonico en la sociedad actual, Dykinson, Madrid 2012, 30).

(44) <<La historia ha demostrado que tanto escandalo y dano han causado las faltas de presencia de la autoridad ante el tema de los delitos como los delitos mismos>> (ibid, 51).

(45) Se han senalado, entre otras, la no aplicacion de la legislacion canonica vigente o la deficiente seleccion de los candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa, asi como la difusion del hedonismo materialista de nuestro tiempo (cfr. F. Aznar Gil, El delito contra el sexto mandamiento del Decalogo cometido por un clerigo con un menor de edad, Revista Espanola de Derecho Canonico 70 [2013] 484 ss.).

(46) Cfr. J. rodriguez Torrente, Proceso penal canonico y colaboracion con la justicia estatal en los delitos de abusos sexuales, en L. RUANO ESPINA--C. GUZMAN PEREZ (eds.), Reforma de los procesos de utilidad y otras novedades legislativas de Derecho Canonico y Eclesiastico del Estado, Dykinson, Madrid 2017,25.

(47) CFR. F. AZNAR GIL, El delito contra el sexto mandamiento del Decalogo ..., cit, 491.

(48) AAS 93 (2001) 737-739.

(49) AAS 102 (2010)431.

(50) Cfr. J. RODRIGUEZ TORRENTE, Proceso penal canonico y colaboracion ..., cit, 28. A este respecto, el P. Lombardi tuvo que senalar <<que en la praxis propuesta por la Congregacion para la Doctrina de la Fe es necesario adecuarse desde el primer momento a las disposiciones de ley vigentes en los diversos paises y no a lo largo del procedimiento canonico o sucesivamente>> (F. LOMBARDI, El significado de la publicacion de las nuevas ".Normas sobre los delitos mas graves ". Nota del padre Federico Lombardi, 21 de mayo de 2010. Disponible en http://www.vatican.va/resources/resources_lombardi-nota-norme_sp.html).

(51) CFR. F. AZNAR GIL, El delito contra el sexto mandamiento del Decalogo ..., cit, 498.

(52) AAS 103 (2011)406-412.

(53) <<[E]so se debe hacer desde el primer momento y no despues de haber instruido la causa en el ambito eclesiastico>> (M. A. SANCHEZ GOMEZ, Lineas procesales de las causas para juzgar algunos delitos gravisimos cometidos por clerigos, en C. PENA GARCIA [ed.], Retos del Derecho Canonico en la sociedad actual, Dykinson, Madrid 2012, 89).

(54) No son normas legales ni reglamentarias, y mas podrian considerarse un protocolo de actuacion o un manual de procedimiento (cfr. H. A. VON USTINOV, Comentario a las lineas-guia de actuacion o protocolo de la Conferencia Episcopal Argentina, Anuario Argentino de Derecho Canonico 21 [2015] 39).

(55) Cfr. Carta del Cardenal Williavi Levada para la presentacion de la ciradar a las conferencias episcopales sobre las lineas guia para los casos de abusos sexuales de menores por parte del clero, de 3 de mayo de 2011 (disponible en http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20110503 _levada-abuso-minori_sp.html).

(56) Modificado a tenor de las nuevas Normas de la Santa Sede, y aprobado por la Junta Episcopal de Asuntos Juridicos en su reunion 267, de 22 de julio de 2010 (disponible en http://www.conferenciaepiscopal.es/ wp-content/uploads/2015/02/Imagenes_2015_Protocolo_Canonico.pdf).

(57) Disponible en http://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2015/02/Imagenes_2015_Protocolo_Civil.pdf.

(58) Cfr. "Gil Tamayo explica las reglas de los obispos espanoles cuando se denuncian abusos: son de 2010", en Religion en libertad, 26-11-2015 (disponible en https://www.religionenlibertad.com/espana/40824/gil -tamayo-explica-las-reglas-de-los-obispos-espanoles-cuando-se.html).

(59) <<No parece conveniente que los Ordinarios denuncien a los propios sacerdotes; en cambio, es mas oportuno orientar a las victimas a que lo hagan ellas, sugiriendoselo>> (G. NUNEZ, Procesos penales especiales. Los delicia graviora, Ius Canonicum 53 [2013] 605).

(60) En el siguiente numero se mencionan las disposiciones legales que aluden a esta cuestion: Art. II.3 del Acuerdo entre el Estado espanol y la Santa Sede de 28 julio 1976: <<En ningun caso las autoridades eclesiasticas, clerigos o religiosos podran ser requeridos por los jueces u otras autoridades para dar informacion sobre personas o materias de que hayan tenido conocimiento por razon de su ministerio>>. Art. 263 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) dispone que la obligacion de denunciar un delito <<[tjampoco comprendera a los eclesiasticos y ministros de cultos disidentes respecto de las noticias que se les hubieren revelado en el ejercicio de las funciones de su ministerio>>. Art. 417 LECr: <<No podran ser obligados a declarar como testigos: / Io Los eclesiasticos y ministros de los cultos disidentes, sobre los hechos que les fueren revelados en el ejercicio de las funciones de su ministerio. [...]>>. Tambien se menciona el articulo 371 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Testigos con deber de guardar secreto-, <<1. Cuando, por su estado o profesion, el testigo tenga el deber de guardar secreto respecto de hechos por los que se le interrogue, lo manifestara razonadamente y el tribunal, considerando el fundamento de la negativa a declarar, resolvera, mediante providencia, lo que proceda en Derecho. Si el testigo quedare liberado de responder, se hara constar asi en el acta. [...]>>.

(61) Curiosamente, el ultimo parrafo de este Protocolo reproduce, casi literalmente, lo mencionado en este punto: <<El reconocimiento al clerigo o religioso del derecho a no declarar debe interpretarse como una manifestacion de respeto a la libertad de conciencia, tanto del ministro de culto, como de la persona que confio su secreto en ejercicio de la libertad religiosa>> (n. 3.5).

(62) Articulo 450 del Codigo Penal: <<1. El que, pudiendo hacerlo con su intervencion inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comision de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual, sera castigado con la pena de prision de seis meses a dos anos si el delito fuera contra la vida, y la de multa de seis a veinticuatro meses en los demas casos, salvo que al delito no impedido le correspondiera igual o menor pena, en cuyo caso se impondra la pena inferior en grado a la de aquel. / 2. En las mismas penas incurrira quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la autoridad o a sus agentes para que impidan un delito de los previstos en el apartado anterior y de cuya proxima o actual comision tenga noticia>>.

(63) Cfr. <<El obispo de Astorga: "No encubri ningun caso de abuso sexual">>, en ABC, 18-X-2018.

(64) BOE num. 180, de 29 de julio de 2015.

(65) Protocolo de prevencion y actuacion frente a abusos sexuales de menores, de la Diocesis de SiguenzaGuadalajara (disponible en https://www.siguenza-guadalajara.org/images/publicaciones/protocolo-abusos-p.pdf).

(66) <<Esta nueva normativa, que sustituira a los protocolos actuales, se adecuara de manera mas perfecta al "Modelo de Directivas" redactado por la Comision Pontificia para la Proteccion de Menores con fin de ayudar a las Conferencias Episcopales y a las Congregaciones religiosas a desarrollar e implementar politicas y procedimientos para la proteccion de menores y adultos vulnerables contra el abuso sexual, para responder a los abusos en la Iglesia y para demostrar integridad en este trabajo. Estas Directivas se basan en la labor ya emprendida por muchas Conferencias y en la orientacion de la Carta Circular de la Congregacion para la Doctrina de la Fe del 3 de mayo de 2011>> ("La CEE pone en marcha una Comision de trabajo sobre la actuacion en delitos a menores", informacion disponible en el sitio web de la propia CEE: http://www.conferenciaepiscopal.es/ la-cee-pone-marcha-una-comision-trabajo-la-actuacion-delitos-menores/).

(67) <<La promulgacion de la ley 26/2015 es un buen momento para iniciar un cambio de conciencia en la Iglesia, donde dejemos de creer que no nos compete civilmente seguir las leyes y ser conscientes de que si nos compromete y pudieramos ser condenados civil y penalmente>> (J. RODRIGUEZ TORRENTE, Proceso penal canonico y colaboracion ..., cit, 47).

(68) Cfr. G. NUNEZ, Procesos penales especiales ..., cit, 603.

(69) Cfr. Comunicado de prensa de la Comision Pontificia para la Proteccion de los Menores de 9 de septiembre de 2018 (disponible en http://www.protectionofminors.va/content/niteladeiminori/es/sezione-news/ pagina-comunicati_stampa/ps-2018-09-09esp.html).

(70) Disponible en el sitio web de la Comision Pontificia para la Proteccion de los Menores: http://www.protectionofininors.va/content/tuteladeiminori/es/sezione-le_risorse/pagina-modello_per_linee_guida.html.

(71) Por ejemplo, en cuanto a la prescripcion civil de algunos casos, hay que recordar las palabras del Cardenal O'Malley: <<In molte legislazioni civili la legge sulla prescrizione impedisce che le autorita civili intraprendano un'azione, fosse anche un'indagine preliminare, quando e riportato un precedente caso di abuso sessuale. Questa procedura sulla prescrizione resta in vigore anche oggi in molti paesi e stati. In tali circostanze non e accettabile che le autorita ecclesiastiche sostengano che se le autorita civili sono state informate ma non possono agire, la Chiesa non e obbligata a rispondere. Se lo stato e incapace di agire, la Chiesa deve investigare e risolvere il caso di abuso attraverso le sue proprie norme e procedure, rimuovendo i colpevoli e prendendosi cura delle vittime quando l'abuso e stato commesso>> (Intervencion del Cardenal Sean O'Malley en el Consistorio de 12 de febrero de 2015. Disponible en http://www.vatican.va/resources/resources_ card-omalley-concistoro-20150212_it.html).

(72) Los textos que se citan del Encuentro <<La proteccion de los menores en la Iglesia>> (Vaticano, 21-24 de febrero de 2019) estan disponibles, en distintos idiomas, en http://www.vatican.va/resources/index_sp.htm.

(73) Cfr. 2a ponencia del dia 21 de febrero de 2019, por S.E. Mons. Charles Jude Scicluna.

(74) Cfr. Ia ponencia del dia 22 de febrero de 2019, por el Sr. Card. Oswald Gracias.

(75) Cfr. 3a ponencia del dia 21 de febrero de 2019, por el Sr. Card. Ruben Salazar Gomez.

(76) Textos disponibles en http://www.vatican.va/resources/index_sp.htm.

(77) Communicationes 36 (2004) 33-38.

(78) <<[E]s irreal que todo obispo sepa, a todas horas, que hace cada uno de los sacerdotes y como sera su devenir madurativo o psicologico>> (J. rodriguez Torrente, Proceso penal canonico y colaboracion..., cit., 55).

(79) Responsabilidad objetiva es la responsabilidad sin culpa, aquella que la ley basa en la imputabilidad del dano (cfr. H. Pree, <<Responsabilidad de la administracion eclesiastica>>, en J. Otaduy --A. vlana--J. Sedano [coords.], Diccionario General de Derecho Canonico, vol. vi, Universidad de Navarra, Aranzadi, Pamplona 2012, 985).

(80) Cfr. J. FERRER ORTIZ, La responsabilidad civil de las diocesis ..., cit, 569.

(81) Cfr. ibid., 570 y 577.

(82) Cfr. H. PREE, Responsabilidad de la administracion eclesiastica, cit, 989-990.

(83) Cfr. J. FERRER ORTIZ, La responsabilidad civil de las diocesis ..., cit, 572.

(84) Cfr. ibid., 578.

(85) G. DELGADO DEL RIO, La respuesta al abuso sexual del clero: una carrera de obstaculos, Anuario de derecho eclesiastico del Estado 33 (2017) 51.

(86) Al dirigirse a los obispos, en particular, es tajante: <<No se puede negar que algunos de vosotros y de vuestros predecesores habeis fallado, a veces gravemente, a la hora de aplicar las normas, codificadas desde hace largo tiempo, del derecho canonico sobre los delitos de abusos de ninos>> (n. 11). Y es muy claro el llamamiento a la responsabilidad en esta Carta cuando se dirige a los sacerdotes y religiosos que han abusado de ninos: <<Os exhorto a examinar vuestra conciencia, a asumir la responsabilidad de los pecados que habeis cometido y a expresar con humildad vuestro pesar. El arrepentimiento sincero abre la puerta al perdon de Dios y a la gracia de la verdadera enmienda. Debeis tratar de expiar personalmente vuestras acciones ofreciendo oraciones y penitencias por aquellos a quienes habeis ofendido. El sacrificio redentor de Cristo tiene el poder de perdonar incluso el mas grave de los pecados y de sacar el bien incluso del mas terrible de los males. Al mismo tiempo, la justicia de Dios nos pide dar cuenta de nuestras acciones sin ocultar nada. Admitid abiertamente vuestra culpa, someteos a las exigencias de la justicia, pero no desespereis de la misericordia de Dios>> (n. 7).

(87) Las sanciones penales quedaban asi como un "ultimo recurso" (cfr. R. TORFS, Los abusos a ninos cometidos por sacerdotes ..., cit., 480). Sostiene este autor que la no aplicacion de las normas penales <<forma parte de una solida tradicion eclesiastica>>, en la que no se ha producido una evolucion en tanto que <<[1]a ley secular, especialmente desde que la sociedad de los Estados democraticos occidentales se volvio mucho mas estricta de lo que solia ser en los anos setenta o principios de los ochenta del siglo pasado, reacciona mas energicamente que en el pasado ante la conducta ilegal, reaccion que conlleva la introduccion de procedimientos penales ya en una fase inicial>> (idem).

(88) Cfr. F. AZNAR GIL, El delito contra el sexto mandamiento del Decalogo..., cit, 485-486.

(89) Considera Torfs que en el asunto de los abusos a menores, <<el derecho canonico como tal, en cuanto disciplina aislada, fue incapaz de ofrecer respuestas satisfactorias al problema. Se vio muy necesitado de la ayuda indirecta del derecho estatal y tambien de la opinion publica>> (R. torfs, Los abusos a ninos cometidos por sacerdotes ..., cit, 476).

(90) <<States can point to the Catholic Church's disastrous history of addressing issues of child abuse "in-house". Church attempts at self-policing child abuse without the knowledge or aid of law enforcement often exacerbate and perpetuate abuse>> (C. DONZE, Breaking the Seal of Confession: Examining the Constitutionality of the Clergy-Penitent Privilege in Mandatory Reporting Law, Louisiana Law Review 78 [2018] 291).

(91) Cfr. J. FERRER ORTIZ, La responsabilidad civil de las diocesis ..., cit, 568.

(92) <<Ayudara tambien la conciencia de que tales castigos son siempre insuficientes, pues operan en el ambito de la vida espiritual y de la conciencia. De hecho, la tarea de la Iglesia contra el crimen nunca sera equiparable a la del Estado, si no quiere ofuscar su mision>> (J. BERTOMEU FARNOS, Las normas substanciales de los delitos reservados a la Congregacion para la Doctrina de la Fe y la lucha contra los abusos sexuales de menores cometidos por clerigos, en M. GAS I ALXENDRI [coord.], Nuevos desafios del derecho canonico a cien anos de la primera codificacion [1917-2017], Tirant lo Blanch, Valencia 2018, 142).

(93) Cfr. J. RODRIGUEZ TORRENTE, Proceso penal canonico y colaboracion ..., cit, 32-33.

(94) Cfr R. TORFS, Los abusos a ninos cometidos por sacerdotes ..., cit, 485.

(95) Cfr. D. ASTIGUETA, La sancion: ?Justicia o misericordia?, cit, 31.

(96) Como bien se dice en las Lineas Guia de la Conferencia Episcopal de Chile <<[s]e debe tener presente [que la hipotetica] absolucion en un proceso judicial civil no significa que el Ordinario no deba valorar todas las informaciones a su disposicion y las eventuales medidas administrativas a adoptar en relacion al acusado. Los delitos canonicos no corresponden a los delitos civiles y el Ordinario podria tener otros motivos para intervenir con medidas administrativas y tambien con medidas penales, si fuera el caso>> (n. 94).

(97) <<Lo que es cada vez mas claro es que las legislaciones seran mas protectoras de los menores o de los abusados con violencia y no dejaran intervenir a otras instancias o foros cuando tengan la competencia. Por lo que es necesario una clara propuesta de intervencion a tenor de las leyes de cada pais adaptandolas para colaborar con las legislaciones vigentes>> (J. RODRIGUEZ TORRENTE, Proceso penal canonico y colaboracion ..., cit, 56).

(98) Citado por F. Aznar Gil, El delito contra el sexto mandamiento del Decalogo ..., cit, 505.

(99) Cfr. D. Astigueta, La sancion: ?Justicia o misericordia?, cit, 30.

(100) Habra que impulsar, tambien, planes de prevencion penal para las entidades eclesiasticas como medida de proteccion frente a la derivacion de responsabilidades a partir de estos delitos (cfr. M. RIERA CUNILL, La parroquia y su responsabilidad penal, cit, 180-183).

(101) <<El escandalo se origina por la negativa a colaborar con la autoridad estatal en la persecucion, investigacion y castigo de gste delito>> (G. Delgado del Rio, La respuesta al abuso sexual del clero..., cit, 58).

(102) Cfr. J. RODRIGUEZ TORRENTE, Proceso penal canonico y colaboracion..., cit, 32.
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Title Annotation:ESTUDIOS: LAS RELACIONES DE SERVICIO SEGUN EL DERECHO CANONICO Y ESTATAL
Author:Lopez-Sidro Lopez, Angel
Publication:Ius Canonicum
Date:Jun 1, 2019
Words:17405
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