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La propiedad de la tierra como un "haz de derechos". Una contribucion desde la campana bonaerense en un momento transicional (1800-1829).

A contribution about land property as a "bundle of rights" in Buenos Aires countryside during a time of transition (1800-1829)

Introduccion

A pesar de la vasta bibliografia producida desde diferentes corrientes, la mayoria de los estudios sobre la propiedad de la tierra posee una raigambre teorica relativamente homogenea, vinculada a una concepcion restringida de los derechos de propiedad. La propiedad es visualizada como una institucion que se deduce de las normativas escritas desde la dogmatica juridica, y se reduce a considerar la propiedad meramente como objeto. A la vez, contempla una relacion intrinseca entre crecimiento economico y seguridad juridica de la propiedad, y contrapone la forma feudal, imperfecta, limitada o precapitalista, a otra liberal, moderna, burguesa, perfecta, absoluta o capitalista (Avellaneda, 1864; Carcano, 1972; Coni, 1927; Oddone, 1956; Giberti, 1985; Azcuy Ameghino, 2002). En mayor o menor medida contribuyen a la sacralizacion de una forma de la propiedad, que deviene en la ahistorizacion de un concepto cargado de ideologia (Congost, 2007).

A partir de la renovacion historiografica argentina iniciada a fines de los '60, que se aboco al estudio de contabilidades de estancia y planteo la existencia de un mercado interno colonial impulsado por los "polos de arrastre" (Halperin Dongui, 1969, 1975; Assadourian, 1982; Garavaglia, 1983), varios investigadores ampliaron la base de los propietarios y de las unidades productivas con el uso de nuevas fuentes como diezmos, padrones y censos, y generaron el resquebrajamiento de la imagen polarizada del mundo agrario predominante (Garavaglia, 1987). Sin embargo, aun estaban permeados por una perspectiva de la propiedad restringida a la forma "titulo", por lo que solo se considera con derecho a la tierra a aquellos que en los censos son denominados como propietarios. Se considera como "transparente" un documento producido por los vecinos de cada distrito, es decir, sin que se ponga en entredicho por que unos aparecen como propietarios y otros no--con alguna excepcion que intuia otras concepciones de derechos de propiedad (Fradkin, 1995; Mayo, 2004)--Ademas, impulsaron una diferenciacion analitica entre el acceso a la tierra y la apropiacion privada/juridica, y entre las unidades de produccion y las "propiedades" rurales (Garavaglia, 1999; Fradkin, 2000).

Estos estudios brindaron la posibilidad de una microrregionalizacion de las investigaciones que aportaban piezas distritales al mosaico de la campana bonaerense. San Antonio de Areco, San Nicolas de los Arroyos, Monte, Ranchos, Chascomus, Dolores, Lobos, San Pedro, Azul, entre otros, fueron ejemplo de nuevas historias locales con una perspectiva renovada, en la que pequenos y medianos productores con un acceso a la tierra diverso eran parte de la expansion agropecuaria (Banzato, 2001). En este sentido, uno de ellos marco con particular enfasis como la antigua posesion comenzaba a ser marginada del mundo juridico de los derechos de propiedad (Banzato, 2000). Otros trabajos avanzaron sobre otras formas de apropiacion juridica de la tierra: la enfiteusis, las donaciones condicionadas y los boletos de premios (Infesta y Valencia, 1987; Infesta, 2003).

Mientras tanto, otros autores continuan fomentando una relacion axiomatica entre crecimiento economico y seguridad juridica (North, 1993; Amaral, 1998; Adelman, 1999; Brown, 2001). Observan el cambio en el derecho de propiedad en clave evolucionista y teleologica, que habria permitido el desarrollo economico a partir de una mayor eficacia institucional y una reduccion de costos de transaccion. En cierto modo, entroncan con la historiografia "estatalista". Esta vision supone que el Estado moderno liberal aplica una determinada doctrina juridica liberal, y defiende una propiedad "perfecta" o mas absoluta que otra anterior (Congost, 2007, p. 73).

Sin embargo, en los ultimos anos, a nivel internacional se produjo una oleada de investigaciones que ha revistado la problematica en el mundo colonial y en la transicion al orden moderno (Herzog, 2015; Congost, Gelman, Santos, 2017). Con la reivindicacion del encuentro entre la historia social y la historia del derecho (Clavero, 1974; Vilar, 1983; Palacio y Candioti, 2007) se caracterizo a la propiedad en forma relacional e historica (Thompson, 1995; Grossi, 1992; Bloch, 2002).

En el horizonte argentino, algunos estudios relativos a Buenos Aires comenzaron a interrogarse sobre la voz propiedad a partir de diversas fuentes, como los documentos del Departamento Topografico, los contratos de arrendamiento, la Contribucion Directa, los debates por el Codigo Rural de 1865 y los expedientes judiciales de tierras (Canedo, 1993; Fradkin, 1999; Gelman, 2005; Barcos, 2013; Ciliberto, 2013). Cultivaron una perspectiva que comprendio al problema en el marco de un orden juridico diferente o, al menos, en transicion.

En este articulo volveremos sobre la cuestion de la propiedad de la tierra en la campana de Buenos Aires, entre los anos de 1800 y 1830, en pos de analizar los discursos y las practicas de la propiedad para entrever los modos en que se llevaban a cabo al ras del suelo a partir del uso de los expedientes civiles. (1) Como senalaba Manuel Antonio de Castro, presidente de la Academia Teorico-Practica de Jurisprudencia y del maximo tribunal de justicia durante dos decadas tras la abolicion de la Real Audiencia, los litigios civiles eran aquellos en los que "el uno posee la cosa litigada, el otro intenta adquirirla, o recuperarla" (Castro, 1821).

Consideramos que existe una alteridad basada en tres elementos--una concepcion jurisdiccional, una composicion normativa pluralista y una configuracion jurisprudencial de la justicia (Tau Anzoategui 2000; Garriga, 2004)--que resulta necesarios captar. En este sentido, revistaremos la propiedad de la tierra para comprenderla como un haz de derechos (Congost, 2007), abandonando el significante de una propiedad por la frase conceptual "derechos de propiedad". Esto permite concebir a la propiedad en plural--ya que son muchas las acepciones del derecho--y de manera historica--porque todo nuevo derecho supone un proceso que, a su vez, anula, limita o modifica a otros derechos--. Criticaremos la deificacion conceptual de la propiedad para contribuir al estudio de lo que significaba ser propietario en dicho periodo, e inquirir sobre los argumentos y estrategias que los participes ponian en juego en cada conflicto.

El esquema de trabajo contempla primero delinear el marco conceptual historiografico, yseguidamente, presentar un analisis cuantitativo de los conflictos por la tierra del fondo del Tribunal Civil del Archivo General de la Nacion (AGN). A partir de alli, hacer una lectura cualitativa de una serie de juicios, en pos de realizar un "test de los propietarios practicos" (Congost, 2007, pp. 87-93), para comprender lo normativo a partir de la dinamica social.

1. La voz de derecho en la historia critica del derecho y la historia social y agraria de la propiedad

Ampliar la nocion de derecho es fundamental para comprender los multiples ordenes normativos de la cultura jurisdiccional y problematizar la propiedad. Segun la Real Academia Espanola, entre 1726 y 1852 se mantuvo vigente la siguiente definicion de derecho: "es el que dicta la naturaleza; es el ordenado por la Divinidad; es el definido por la Iglesia; es el que constituyeron las gentes; es el establecido por el Principe 'supremo legislador en sus dominios'; es el que ordena la ciudad o el pueblo para su gobierno privado; es el que introduce la costumbre" (Tau Anzoategui, 2000, p. 286). Asi, el derecho local era el resultado de "normas nacidas al amparo de un orden informal o espontaneo ... que atiende el principio de especialidad y como opuesto a un derecho general" (Pugliese, 2005, p. 225), y la costumbre funcionaba como un area de friccion --dotada de caracter juridico--, entre la practica y las disposiciones escritas (Fradkin, 1999).

El caracter desigual de la sociedad del antiguo regimen implica entender a la administracion de justicia en terminos plurales. No existia una justicia sino "varias justicias", ya que eran multiples las corporaciones, sin existir necesariamente una entidad normativa superior a la otra. Existian los "bandos" reales, la legislacion local, los derechos religiosos y la costumbre, la doctrina juridica, la practica forense, entre otras. Asi, es necesario prestar igual atencion a todas ellas--hasta la sancion del Codigo Civil (1869), la costumbre sera subordinada a la normativa escrita--.

Si contemplamos que la costumbre se encontraba con el mismo caracter jerarquico que otras legislaciones, el armazon politico e institucional en que se desarrollaba plenamente era aquel de caracter plural, con su extension limitada al momento de la centralizacion politica (Tau Anzoategui, 2000). Esta situacion es pasible de ser observada en este periodo de transicion, cuando en Buenos Aires se demolia el orden colonial para construir un estado sobre las bases del liberalismo.

Esta galaxia del concepto de derecho, propia de una cultura jurisdiccional que daba sentido interno al antiguo regimen, permite reconsiderar algunos aportes recientes. Desde la historia de las ideas, Reguera observo a la propiedad como una mentalidad social que, durante el siglo XIX, expresaba una configuracion de valores en tres pilares que constituyen al orden liberal: el individuo, la propiedad y la libertad. Mas alla de los matices, la elite rioplatense mantuvo un ideal de "individualismo agrario propietario", y sacralizo la funcion de la "propiedad privada liberal" (2009).

En la misma clave, Zeberio estudio el proceso de codificacion, y senalo los mecanismos de invencion, homogenizacion y erradicacion de los derechos previamente establecidos. La sintesis del Codigo Civil fue una vision equilibrada "entre viejas y nuevas concepciones a los efectos de evitar una confrontacion con practicas sociales y economicas de larga existencia en el mundo colonial", es decir, la pervivencia de limitaciones a la sacralizacion de la propiedad como resultado de formas comunitarias relativas a la familia y a la herencia. De este modo, durante el siglo XIX "la exclusividad del dominio convive con formas ocultas de derechos comunitarios" (2005, p. 53).

Desde la historia agraria y por nombrar solo algunas autoras entre otros (Canedo, 1993; Banzato, 2000), Barcos estudio los ejidos de la campana a partir de la Guardia de Lujan. Observo una tension en las concepciones que atravesaban el abigarrado complejo normativo colonial e independiente, que daba lugar a una "dinamica propietaria" que nacia de la compra y venta cotidiana de chacras y quintas, mas que de la ley en sentido restringido (2013). Por su parte, Ciliberto se aboco a las antiguas tierras de los jesuitas en la Chacarita y considero que hacia la segunda mitad del XIX se "funda el derecho de propiedad (abstracto y absoluto) unicamente en las leyes del Estado". Previamente, el arriendo, la costumbre y los litigios judiciales generaron derechos, hecho que daba cuenta de un proceso de redefinicion de derechos que iban siendo transformados por la accion del Estado (2000, p. 58). En relacion con los partidos de Azul y Tapalque, Lanteri remarco que al menos hasta 1860 solo habia un 23% de tierras apropiadas mediante titulos, mientras que las restantes se ubicaban por fuera de la "propiedad privada plena" pero con derechos de propiedad (2011).

En sintesis, estos nuevos enfoques propiciaron una revalorizacion de las instituciones, del derecho y de la cultura juridica. De diversas maneras, criticaban la vision de la propiedad que trasladaba el criterio actual al pasado. Asi, brindaron historicidad a la deificacion de una concepcion de la propiedad; entendieron a los derechos de propiedad como una relacion que nacia tambien de las practicas agrarias, en las que la estructura socioeconomica y politica no es mero contexto.

2. Los litigios civiles y las disputas por los derechos de propiedad

Los expedientes civiles nos permiten ahondar en la trama social juridica de los sectores subalternos y de las concepciones del derecho de los administradores de justicia. Su lectura requiere un esfuerzo conceptual para desentranar el sentido de las voces juridicas y la representacion y la legitimidad que los actores tenian y brindaban tanto del espacio judicial como del resto de las instituciones. Tambien encierran ciertas distorsiones para la comprension de la dinamica social. Principalmente, tienen el riesgo de magnificar la conflictividad social y negar los consensos, o de incurrir en generalizaciones a partir del casuismo, o de perderse en el camino de la busqueda de la veracidad de los testimonios judiciales -cuestion que no tiene sentido, porque la falsedad de un testimonio debia aproximarse lo mas posible a la credibilidad en el contexto social en que se produce, ya que, de otra manera, perderia sentido (Mayo, Mallo y Barreneche, 1989)-. Entonces, si bien la fuente condiciona la posibilidad de encontrar una homogeneidad en los datos, hicimos un relevamiento cuantitativo de los juicios por la tierra en pos de visualizar el universo global de litigiosidad e interpretar las frecuencias encontradas. Luego, retomamos un enfoque cualitativo para estudiar patrones argumentativos relativos a la fundamentacion de los derechos de propiedad o, dicho de forma mas precisa, de las relaciones juridicas entre las personas y las cosas.

El conteo de litigios lo trabajamos rastreando en el catalogo principal del fondo judicial del Tribunal Civil que posee el AGN (2) los autos que denotaban una relacion tematica con la tierra desde 1800 hasta 1830 (3). El punto de arranque es por un problema metodologico: el fondo inicia alli. El de corte encuentra diversas motivaciones, parcialmente subjetivas. La principal es la llegada de Juan Manuel de Rosas al poder y el inicio de un periodo de estabilizacion de la campana.

Los conflictos fueron ordenados en ocho categorias que surgen de los autos de los procesos civiles: 1) tierras o terrenos (4); 2) reconocimiento o anulacion de titulos o escrituras; 3) establecimientos rurales, como fincas, chacras, quintas, etc.--resulta problematica hacienda, que no necesariamente refiere a un problema de tierras en sentido estricto sino al ganado y a la riqueza, aunque estos ultimos suelen ser caratulados como cobro de pesos-; 4) formas de acceso a la tierra como aparceria, alquileres y arrendamientos; 5) limites de la propiedad, a saber, deslinde, mensura y mojones; 6 y 7) aquellos que se definen en torno a la propiedad y la posesion; y 8) los desalojos. Los datos obtenidos se encuentran en el grafico 1.

Encontramos 689 conflictos sobre derechos de propiedad, muchos de los cuales podrian girar en torno a propiedades urbanas (cuartos, habitaciones, casas). A pesar de ello, hay categorias asociadas por antonomasia al ambito rural, como arrendamientos, aparceria, chacras, quintas, fincas, ranchos, estancia, hacienda, monte, deslinde, mojones, mensura, terrenos y tierras. Asi, unos 350 refieren a la campana, mientras que aquellos eminentemente urbanos son los alquileres (37). El resto de los 302 litigios pueden ser de una u otra esfera. Sin embargo, segun Fradkin y Robles (2002), se constatan 96 expedientes por desalojo que refieren al ambito rural entre 1810 y 1829. Asi, nos quedan unas 206 causas sin poder chequear, como muestra la tabla siguiente:

Dicho esto, los agrupamos segun tres intervalos para observar las frecuencias (tabla y grafico 2). Alli, encontramos que en primer lugar se destaca que en 1800-1809 hay unos 172 litigios, en 1810 -1819 se reducen a unos 138, y en 1820 -1829 crece a 379. Asi, tras el declive del 20%, la decada del 20 al 29 presenta un incremento notable de la conflictividad en varias categorias: casi mas de la mitad si lo comparamos al 1800-1809. La tendencia mas marcada es en los autos relativos a desalojos, terrenos y mensuras, seguidos por tierras, alquileres y arrendamientos.

?Como podemos leer esta tendencia de la litigiosidad? En rasgos generales, podemos mencionar una serie de variables interrelacionadas que presionan sobre los derechos de propiedad de la tierra, entre las que se encuentran, principalmente, los movimientos demograficos y las migraciones internas.

La poblacion rural en Buenos Aires tuvo un crecimiento muy acelerado entre 1744 y 1836: poco mas de 6.000 personas en 1744, en 1778 el doble; en 1815 desplegaba mas de 41.000 individuos censados, y en 1836 alcanza las 91.000 personas. Por su parte, la ciudad presenta rasgos similares: 12.044 habitantes en 1740-1750, 45.000 en 1810, y 55.416 hacia 1820 (Garavaglia, 1999). De modo que en un lapso muy reducido crece exponencialmente el mundo rural y se invierte la relacion poblacional entre la ciudad y la campana. Este ritmo no puede ser explicado tan solo por el crecimiento natural, en especial en la campana. La afluencia poblacional de las migraciones internas mostraba que Buenos Aires crecia a expensas de otros espacios regionales como el Tucuman y Cuyo (Mateo y Moreno, 1997). Asimismo, esto sugiere la posibilidad de encontrar practicas propietarias "ajenas" al espacio bonaerense, como puede ser el "descubrimiento" de la minga en las relaciones laborales de la campana (Garavaglia, 1999). Ademas, si el avance fronterizo se produjo de forma tardia a la crecida poblacional, la utilizacion y la presion sobre las tierras de antigua colonizacion cobraron mayor intensidad por el aumento en la densidad poblacional (Barral, Fradkin, Luna, Peicoff, Robles, 2007).

Este punto tiene relacion con el debate sobre la "oferta ilimitada de tierras". Mientras algunos negaban lo "ilimitado", otros postulaban una frontera abierta a la colonizacion que funcionaba como valvula de presion de la conflictividad. Sin embargo, si bien idealmente la posibilidad de avanzar sobre la frontera era valida, las tierras de fronteras tenian otras particularidades. Los precios de los arriendos, por ejemplo, variaban con relacion a las distancias entre las unidades productivas y el mercado y, efectivamente, existia una posibilidad real de robos y ataques indigenas (Birocco, 1992; Fradkin, 1997). Por ello, no es casual que este haya sido el argumento que mas utilizaban los denunciantes de tierras para justificar una moderada composicion. Se apelaba a la representacion simbolica que el espacio colonial tenia sobre las tierras no colonizadas, y la apropiacion tras la denuncia y mensura de tierras implicaba convertir el "monte realengo" en "espacio colonial ... legible y susceptible de mercantilizar" (Munoz Arbelaez, 2011, p. 213). En consecuencia, no podemos pasar por alto la concepcion que el imaginario social del periodo tenia sobre esas mismas tierras.

En segunda instancia, tenemos que valorar la redireccion de la economia del Rio de la Plata ante la crisis del orden colonial. La elite paso de estar sustentada principalmente por la exportacion de metales preciosos del Alto Peru a basarse en la exportacion de bienes agropecuarios (Rosal y Schmit, 2004, p. 161). La ganaderia bonaerense encontro un contexto excepcional que permitio la existencia de altas tasas de ganancia con un bajo nivel de capital (Infesta, 2003, pp. 115-120). Asi, durante la primera mitad del siglo XIX, los cueros no proporcionaron menos del 60% de las exportaciones, mientras que el 40% eran productos derivados de la ganaderia: el sebo y el tasajo (Halperin Donghi, 1969, p. 25).

Otra variable fue la intensificacion del conflicto entre la produccion ganadera y el destrozo de los sembradios. Dicho conflicto atravesara todo el siglo XIX como ha mostrado Fernanda Barcos respecto delas tierras ejidales (2013). La problematica es de antigua data y se percibe en todas las sociedades preindustriales que aun no poseian un uso eficaz y extensivo de los cercos.

Esto deviene de la valorizacion del ganado y de la tierra como un factor que presiona sobre el interes por los derechos de propiedad. Los estudios de Garavaglia sobre los precios han demostrado que se mantienen estancados en los inicios de 1800; tienen un lento pero constante ritmo de crecimiento desde la decada del 10, y una tendencia mas marcada a crecer hacia el 20 (2004, pp. 92-93). Al mismo tiempo, se constatan cambios en la medicion de los campos, dado que las mensuras graficas se usan con mas frecuencia desde 1790, y en 1824 se crea la primera autoridad topografica. Respecto al ganado vacuno, los precios tendieron al alza durante la segunda mitad de la decada revolucionaria. El ritmo se incremento formidablemente hacia 1820 y encontro relacion con el movimiento de cabezas de ganado para el abasto anual (Garavaglia, 1999, p. 218 y 2004, p. 118).

Por otro lado, la variabilidad en la circulacion de metalico y del papel moneda, sumada a las implicancias economicas y politicas que la Revolucion tuvo para la elite comercial--que basaba su predominio en la posicion privilegiada de la ciudad como intermediaria de la relacion con la metropoli--, llevo a un proceso de reordenamiento productivo. En consecuencia, parte de sus capitales se volcaron hacia la diversificacion de sus inversiones (Halperin Donghi, 2005, p. 114).

Finalmente, un factor politico es la revolucion y la guerra. Esa situacion ayuda a entender el desplome de la estructura estatal y la priorizacion de los factores politico-militares mas que las instancias de ordenamiento judicial, al menos durante la decada revolucionaria. En este sentido, la evolucion cuantitativa de los juicios del fondo civil entre 1800 y 1823 muestra un promedio cercano a la centena anual, pero que a partir de 1823 supera los dos centenares, y desde 1828 hasta tres (Barral, Fradkin, Luna, Peicoff, Robles, 2007, p. 61). Esto significa que, a pesar de las crisis politicas de 1820 o 1827-29, la reforma judicial de 1821 podria ser un punto de inflexion en las posibilidades de acceso a la justicia. Sin embargo, una lectura que pondera la relacion entre crecimiento demografico y los procesos por desalojo arroja una vision mas pesimista sobre esta cuestion (Gelman, 2016).

3. Corriendo el velo a los "derechos de propiedad": estrategias judiciales

3.1. Los conflictos antes de la decada revolucionaria

El primer caso corresponde a un proceso iniciado en 1800 y finalizado en 1802. Transcurre en el paraje de San Pedro, partido de Arrecifes, al norte de la campana bonaerense--una region propicia para cereales como ganaderia--, que en 1744 contaba con 435 habitantes y hacia 1812 unas 1.690, es decir, se cuadriplica la poblacion en el mismo espacio (Di Stefano, 1991). Las partes son don Fernando de Alvandea e Ignacio Arce y finaliza con la sentencia de desalojo (5). El eje del conflicto pareceria ser que refiere a lo que una serie de testigos expresaron al presenciar "la recogida del ganado de Arce", que tenia una poblacion "situada en una lonja de tierras que estan como realengas sobre la barranca del Rio Parana" a medio cuarto de legua de los terrenos adquiridos por don Fernando.

El demandante obtuvo derechos a los terrenos a traves de un boleto de compra y venta. Era una venta resultado de una sucesion, en la que los oferentes eran don Salvador y Adrian Benavides. Este boleto de octubre de 1799, que funcionaria como prueba en el expediente, expresaba que el vendedor "desde hoy en adelante y para siempre me desapodero, desisto y aparto de la accion, propiedad, posesion, titulo, voz, recurso y de otro cualquier derecho que sobre dichas tierras me pertenezca y pueda pertenecer". Asimismo, se comprometia al "saneamiento de esta venta y tierras (...) para que disponga de ellas a libre voluntad sin dependencia alguna", para lo cual quedaba a disposicion para testificar en caso de pleito judicial, tomando voz y defensa hasta dejarlas "en quieta posesion".

Si bien estas dos formulas nota biliares estan presentes en los boletos, la alteridad del orden jurisdiccional lleva a indagar los variados derechos que habia sobre la tierra. El "haz de derechos" era tan amplio que el desprendimiento se extiende a cualquier otro derecho que relacione al vendedor con la parcela. Asimismo, libera a las tierras de dependencias e insinua el peso de la palabra del testigo como garantia para la "quieta posesion", como si el "boleto" por si solo no bastase.

Inmediatamente, una segunda venta de tierras denota una particularidad: se agrega en un boleto ajeno una transaccion realizada en otra ocasion y el comprador no se opone. Si bien es conocida la compra y venta informal como practica habitual, destacamos que se espero la ocasion para constatarlo por escrito y que puede plantearse un acceso diferencial a formas de validacion y obtencion de derechos segun las condiciones sociales, economicas, etnorraciales y politicas que se poseen.

El conflicto comienza dos meses despues del ultimo boleto, cuando Fernando de Alvandea denuncia que en sus tierras se encuentra Ignacio Arce (sin don), y solicita el desalojo y el pago de arrendamientos adeudados. Apela a una exigencia que el Gremio de Hacendados realizaba desde hacia tiempo: para titularse hacendado y mantener ganado en pie se debia tener una suerte de estancia. El alcalde de hermandad, testigo de una de las transacciones, notifico al acusado que "respondio que estaba pronto a mudar su hacienda de dicho terreno pero que para ello necesitaba el plazo de dos meses". Asi, la primera estrategia fue pedir tiempo y aceptar la denuncia.

Posteriormente, el demandante se dirige al alcalde de primer voto y menciona la presencia de mas arrendatarios que no le pagan arriendo, a pesar que la demanda habiasido solo contra una persona. En la nueva notificacion que recibio el demandado "dijo que obedecia, pero que tambien tenia que deducir en el juzgado ... [porque] el terreno donde vive esta por realengo". La segunda maniobra para alegar su derecho al terreno, entonces, se realiza bajo una formula juridica que "obedece" pero deduce "en el juzgado". Para redoblar el embate, el demandante se revela como capitan de milicias--al inicio se presentaba como un vecino que exigia el desalojo--. Ahora, "suplica y ruega" el desalojo y el arrendamiento en el termino de tres dias.

El nuevo escrito no pudo ser entregado por el alcalde de santa hermandad porque Ignacio Arce no estaba en las tierras. Al enterarse de su regreso decide buscarlo por su casa que quedaba a dos leguas y media de distancia, para llevarlo preso y lo asegura con grillos en la casa del alcalde. Esa misma tarde, la esposa Petronila Chaparro, acompanada de don Thomas Taybo--vecino que figuraba en el boleto y cunado de Salvador Benavides--, presento una misiva que expresa una tercera estrategia. Firmada por el "Juez Comisionado de la Real Audiencia del Distrito", indicaba que
   Ignacio de Arce ha satisfecho al Depositario D. Mateo Cruz los
   veinte y seis pesos (...) el arrendamiento del terreno que ocupa,
   correspondiente a la testamentaria del finado D. Juan Tomas
   Venavides y a los trece anos que esta establecido en el, al
   respecto de dos pesos en cada un ano.


El fallecido era un "labrador pobre" que vivia en tierras del sargento Alonso Zerrato, heredadas a traves de Andres Ximenez de Fuentes, quien las obtuvo en merced en 1594. Segun Di Stefano, Zerrato no tenia ganado y cobraba arriendo a los ocupantes (1991).

Sin embargo, la antigua posesion y la denuncia de violencia serian los ultimos alegatos para resistir el desalojo. Reivindica una poblacion treintanal "en unos terrenos realengos, que estan linderos con los del finado Don Juan Thomas de Benavidez", y que "propuso a varios vecinos pobres, que estaban poblados en los dichos realengos, haria una presentacion de todos para conseguir la propiedad". Asimismo, denunciaba la relacion entre alcaldes y demandantes, al plantear que estaba "coligado con el mismo Alvandea", quien amenazaba con "que le ha de quemar los ranchos haciendose dueno absoluto". Esta situacion habria conseguido que "un hijo suyo [de Ignacio Arce] abandone sus ranchos, montes, y ganados mayores y menores por buscar el Patrocinio y amparo (...) contra el poder del citado Alvandea, que en fuerza de ser hombre rico quiere avasallarlos".

El alegato entroncaba con una cultura juridica que reconocia a la pacifica ocupacion como fuente de derecho. En este sentido, don Pedro Andres Garcia afirmaba, al referirse a estos labradores que poblaban la campana, que "la falta de propiedad, aunque una posesion inmemorial se la haya dado, hace que anden errantes, porque se aparecio un propietario por una reciente denuncia, que o los desaloja o hace feudales" (Gelman, 1997, p. 150). Sin embargo, tambien podemos pensar que, ante el fallecimiento de don Juan Thomas Benavidez, a quien podria haber pagado arriendo, Ignacio Arce este jugando, en alianza con otros productores, sus cartas para hacerse con la propiedad de los terrenos que ocupaba.

Pero la referencia a la violencia no seria solo de la parte demandada. La sentencia demoraria en ser efectiva. Asi, Fernando Alvandea insistia en el desalojo y, tras "haberle reconvenido" a Ignacio Arce, denuncia que "arranco el cuchillo que a no ser la mediacion de otros desde luego se habrian palpado las consecuencias".

En este sentido, no parecen exageradas las expresiones de Esteban Echeverria en El Matadero, cuando narraba una rina por el derecho a las "sobras"
   por un lado dos muchachos se adiestraban en el manejo del cuchillo
   (...) por otro cuatro, ya adolescentes, ventilaban a cuchilladas el
   derecho a una tripa gorda y un mondongo (...) Simulacro en pequeno
   (...) del modo barbaro con que se ventilan en nuestro pais (...)
   los derechos individuales y sociales (1965, pp. 85-86).


Esta afirmacion tiene un correlato en la reiterada prohibicion de portacion de cuchillos y la observancia de los jueces de paz (6).

Veamos otro conflicto, esta vez en una zona periurbana que trascurre en tierras del convento San Francisco en la Chacarita, donde habia hornos de ladrillos y tejas, un obraje textil y una atahona (Fradkin, 1992). Es iniciado en marzo de 1803 por don Manuel Ferreyra, sindico del convento, contra don Manuel Garcia, y exige el desalojo de la quinta arrendada (7).

Aqui, encontramos cuatro particularidades. Primero, el arrendamiento no se hace por una renta. Las condiciones refieren al mantenimiento de los frutales y de los linderos con un cerco tupido. Segundo, el arrendatario inicia en paralelo otro proceso contra los religiosos por "actitudes temerarias y violentas". Tercero, aparece la figura del defensor de pobres. Finalmente, el sindico apelara a sus fueros religiosos.

La contrata formal fue expedida en febrero de 1802. Era una quinta "para que disfrutare de su terreno durante el termino de tres anos con la calidad y condicion de que haria renovar el cerco en toda ella poniendo tuna o pita (...), y en que todos los anos haria plantar una cuadra de arboles duraznos". La importancia dada a los frutales radica en el valor que tenian y al proceso de deterioro que tuvo la hacienda tras la expulsion de los jesuitas: hacia 1767 poseia 760 frutales pero en 1779, solo 150. Ademas, la condicion de plantar "durazneros por ano" se habian establecido en las temporalidades a un arrendatario anterior (Fradkin, 1992, pp. 72-74).

El problema surge al finalizar el primer ano de contrato. La denuncia indica que
   descuidando a todo lo que le era [gravoso] y util al Convento,
   extendio sus personales utilidades a mas de lo que se le habia
   permitido, y no solo sembro toda la quinta, en donde segun noticias
   ha cogido mas de doscientas fanegas en trigo, sino que tambien
   recogio la lena (...) que el Convento necesitaba para la quema del
   material, y vendiendola saco a ella muchos pesos.


Ante la notificacion, don Manuel Garcia alega que se habia presentado con antelacion a la denuncia del sindico, ante las presiones que sufria por los religiosos. Advierte que no posee el contrato porque esta en otro expediente; solicita que se unan las causas, y apela a la costumbre, consistente en no ser desalojado hasta la cosecha. Por otro lado, destaca que "en la contrata se expresa que el Convento no habia de tener mas accion ni [derechos] a dicho terreno en el espacio de los tres anos". Por ende, "no deberia tener otra accion (...) que a compelerme a verificarlas y cumplirlas", esperando que "sea justicia" y evitando "proceder de malicia".

Posteriormente, un "paisano" muestra su apoyo al arrendatario, y luego lo hace el defensor general de pobres "en proteccion de Manuel Garcia [sin don] pobre desvalido" e "infeliz". Esta figura judicial solia estar acompanada de asesores letrados. En este caso actuo como defensor don Juan Antonio Zelaya, que estaba suscripto a la Gazeta Mercantil como comerciante y no natural de Buenos Aires (7/6/1810). Este instrumento asumia la representacion de las personas "pobres"--en tanto estado--, en pos de una correcta administracion de justicia (Rebagliati, 2009).

El defensor senala que la accion del convento solo habilitaba "a compeler al usufructuario a que verifique y cumpla las condiciones". Remarca el estado deplorable en que estaba la quinta, que forzo a que el arrendatario solo se abocase a "zampearlos" para que esten a disposicion: "cuando entro en ellos se hallaban descubiertos, con camino hasta de carretas y hechos un potrero". Recien tras once meses comenzaba a tener "esperanzas de tomar algun fruto de sus fatigas".

Luego refiere a la clausula que esta generando conflicto: plantar media cuadra de duraznos por ano. Destaca que la susodicha no decia que debia hacerlo desde el primer ano, "sino que al fin de los tres anos habia de dar plantados, a lo menos a razon de media cuadra por cada uno". Por ello, antes que nada invirtio y aseguro "los cercos con las zanjas plantando como ha hecho casi toda ella con tunas y pita". Incluso, el convento dio "su propio consentimiento (...) por el mal ano respecto a la extraordinaria seca". Efectivamente, entre julio y diciembre de 1802 se produjo una sequia de gran magnitud, que genero un temor a la perdida de cosechas y al desabastecimiento de carnes por la muerte, flacura y huida del ganado, a todo lo cual debia sumarse el ataque de langostas y plagas que afectaba a las hortalizas (Garavaglia, 1999, pp. 31-32). Esto repercutio en la variacion de precios del trigo, cuya fanega se triplico entre 1802 y 1803 (Johnson, 2013, pp. 246 y 262).

El orden de los argumentos no es azaroso. La falta del arrendatario esta precedida por una descripcion del desastroso estado de la campana y por el consentimiento del padre guardian para que labore primero en el deslinde. Luego avanza sobre las falencias del contrato, ya que solo tenia la accion de vigilar para que cumpliera las condiciones, mas no la "facultad de despojar". De modo que finaliza cambiando la caratula:
   no se puede dejar de conocer la arbitrariedad, injusticia y exceso
   con que dicho Padre (...) pretende despojar (...) queriendo obligar
   a Garcia a que la desalojase, y que le entregase la contrata para
   romperla habiendo este dia dado orden (...) para que con los
   criados (...) por fuerza echandole el rancho al suelo.


Ante el embate, el sindico rechaza las "injustas y temerarias" acusaciones. Imputa a Garcia que "se ha excedido tambien a recoger toda la lena (...) para quemar los ladrillos, en que ha sacado no poca utilidad". Esto le permite solicitar la cancelacion del contrato, ya que "no puede olvidarse por un momento que el contrato desde su origen es insubsistente y tan esencialmente nulo", porque el convento, impedido por sus estatutos, no puede recibir utilidad o ganancia alguna.

En parte, resulta ser un arrendamiento que buscaba asegurar los derechos y los limites de la propiedad incrementando los frutales sin que hubiera una renta de por medio. La contrata tiene, tal vez, un halo de caridad, ya que permite al arrendatario asentarse para subsistir, sin que obtenga utilidad. En este sentido, para revocar el contrato niega la humildad del arrendatario al indicar que no tiene familia y que posee una sementera que produce una renta mas que regular. Por ello, ataca al defensor de pobres por actuar con un arrendatario "acomodado".

El arrendatario recoge el argumento relativo a los estatutos y cuestiona la "mendicidad" de los franciscanos buscando socavar los derechos de propiedad de la corporacion eclesiastica:
   notara que ella no solamente versa en la referida comunidad de
   observantes con respecto a no poder contratar, labrar tierras,
   vender frutos, ni pactar en terminos que aun remotamente pueda
   tener (...) rentas, sino que tambien esta incapacidad es absoluta e
   imposibilita a la comunidad de tener toda propiedad y dominio.


Por ello acusa de "malicia" al sindico, "que (...) conforme a las constituciones canonicas que reglan la materia, y a lo que diariamente se practica por dicho Sindico (...) es (...) de malicia el pretexto que se quiere tomar para arguir de nula mi contrata". Evidentemente, la defensa fue exitosa porque la sentencia declaro "por subsistente el contrato de arrendamiento".

Es interesante destacar que hay una fortaleza de los arrendatarios de la Chacarita en el tiempo. Hacia 1836, cuando Rosas decidio vender dichas tierras, se halla la solicitud de propiedad de la viuda de Julian Tapia, antiguo "arrendatario eventual" que en 1783 pagaba cinco fanegas por ano (Fradkin, 1997, p. 91). Argumentaba ser "viuda desvalida y pobre, con siete hijos", de los cuales algunos "han servido a la Santa Causa de la Federacion". Agregaba que la chacra fue poblada por los padres de su marido, quien auxilio con ganado a la "Restauracion" (Del Pino, 1971, p. 39). En este sentido, Ciliberto destaco que la venta fue a arrendatarios que estaban en el lugar hacia 15 y hasta 50 anos, y a labradores que prestaron "servicios al pais" o que tuviesen "expresiones federales" (2013). Esta conjuncion de argumentos politicos, de una economia moral segun la diferencia entre disfrute y utilidad sumada a nociones ligadas a diversas tradiciones del derecho, sugiere la continuidad de un "haz de derechos" hacia 1836.

3.2. Un conflicto en la Revolucion: "que no todo es lo mismo"

La pugna por los derechos a partir de un arrendamiento se destaca con mayor ahinco en el proximo expediente. En los meses febriles de mayo de 1810, en las quintas periurbanas que tenia el Colegio de San Carlos, se produjo un juicio por que tuvo sentencia de desalojo del arrendatario don Felipe Encina, que apelo ante la Real Audiencia (8). El conflicto se inicio luego del fallecimiento de don Felix Tadeo Encina, padre del arrendatario. Felipe dijo haber heredado dos parcelas arrendadas al Colegio. Una la labraba, y otra no. En esta ultima el administrador del colegio don Pedro Fernandez coloco a don Felipe Flores y a don Francisco alias "el Gallego" Martinez.

Felipe Encina invoco al estatus de "pobre infeliz cargado de familia" para solicitar un defensor de pobres, y senalo que "el arrendatario que no lo es por tiempo no puede ser expelido del uso de la cosa arrendada pagando exactamente el arriendo". Al ser "arrendado sin termino", no resulta forzoso pensar que quien resistia al desalojo no entendia que poseia una locatio -que no generaba presuncion de propiedad-, sino que practicamente referia a una enfiteusis feudal. En su defensa, traslucia una concepcion de dominio dividido: el util y el directo. Quien tenia el primero debia pagar a perpetuidad un canon que estaria reconociendo el derecho del segundo (9).

Incluso juega con los argumentos al "prescindir por un momento de este derecho incontrastable que me concede la ley", para atacar al presbitero en tanto autoridad: "?Que titulo tiene en la Chacarita (...)? Hasta ahora nadie lo ha tenido por dueno ni por administrador, sino tan solamente por un mero mayordomo o encargado para recoger los arriendos". Por ello, exige la restitucion del terreno y una reparacion por "el lucro que se me priva". A esto, el administrador respondio que su padre trato con el en el arriendo por "los derechos de propiedad que representa". Luego, con eleccion precisa de las palabras, condeno la "ocupacion que ha hecho de unos terrenos de labranza pertenecientes al mismo colegio ... los ha ocupado pero no los posee, que todo no es lo mismo".

Aparentemente, el presbitero aguardaba los tramites de la testamentaria para tratar nuevamente el arriendo, pero advirtio que el hijo habia traido a su familia desde Lujan, y se tomo la "libertad de partir la segunda suerte en tres porciones", de las cuales dos subarrendamientos tenian vacas lecheras que destrozaban los montes. El contrapunto busco ser resuelto extrajudicialmente, pero dijo haber recibido una agresiva respuesta que ponia en entredicho la propiedad: "que saliese del terreno, porque alli no habia mas dueno que el". Por este motivo coloco dos labradores que sirviesen para reconocer "por dueno al colegio". Por su parte, Felipe Encina amenazo con arar el lote, lo que demuestra que la puja por los derechos no se realizaba solo en la administracion de la justicia, sino tambien de facto.

Nuevamente, el artilugio juridico era transformar el juicio de desalojo en uno por despojo, cuestion de la que da cuenta el presbitero: "Encina se quiere hacer fuerte en los terrenos ... la posesion que alega, y el despojo que me imputa". Pero entonces sugiere que tal vez sea porque "ha oido decir que en los predios urbanos cuando se arriendan sin tiempo limitado se considera perpetua la locacion". En este sentido, plantea que "las reglas fundamentales" de la "locacion rustica" eran diferentes a las urbanas, dado que en la primera se comprende la cosecha como el termino legal aunque el "mutuo silencio de las partes se introduzca la tacita reconduccion". Segun el demandante, "dice una ley de partida; y hablando de la tacita reconduccion de una heredad, establece, que se entiende arrendada por aquel ano(...) Esta maxima ratificada mas y mas por las ultimas disposiciones de la nueva recopilacion". Asi, las siete partidas como la recopilacion castellana son invocadas. Pero el arrendatario tambien remitia a la "ley", solo que sin detallar en este caso.

Continuemos con la argumentacion del presbitero que alumbra la dinamica propietaria del periodo al referirse a la condicion diferencial que habia entre cada uno de los lotes: "supongamos (...) que los arrendamientos de heredades fuesen perpetuos, y no se fijasen a terminos: supongamos tambien que la segunda suerte se la hubiese dado (...) con la misma perpetuidad, y que apareciese un documento que lo acreditase". En este caso estaba en juego la propiedad:
   ?Se podria saber nunca el golpe, que se daba al dominio y propiedad
   particular? ?Quien no ve que estos contratos degeneraban entonces y
   eran convertidos en verdaderas enfiteusis, que disimuladamente se
   defraudaba al propietario ... y que una vez alquilada una cosa
   salia para siempre del poder de su dueno y se hacia en realidad
   enajenada?


Con nuevos argumentos, el presbitero hace hincapie en una "justicia natural" y en el principio de propiedad, que seria anterior a la costumbre y a la separacion de las tierras de sementeras de las ganaderas, y servia para denunciar al arrendatario de perjudicial y danino:
   ?Como pudo Encina creer que le permitiese ningun Juez la
   permanencia de ganados trashumantes en tierras de labor y pan
   llevar, ni que le amparase en la [no se entiende una palabra] que
   esta haciendo a todos los propietarios y vecinos? Un principio de
   justicia natural [no se entiende una palabra] anterior a toda ley,
   y a toda costumbre ... clama contra estas violaciones de la
   propiedad.


Seguidamente, haber dividido la suerte inculta en tres porciones seria otro ataque a la propiedad: "un extrano sub-arrendatario contra la voluntad del dueno, es una disminucion, es una verdadera ofensa de sus duenos".

Finalmente, el presbitero se opuso a que "Encina litigue en calidad de pobre", senalando una concepcion de la pobreza como una condicion en la que el individuo no tiene posibilidad de sostenerse por sus manos: "trabajando se remedian estos males". Sin embargo, el 22 de junio de 1810, el defensor de pobres Tomas Manuel Anchorena intercede en pos de "la restitucion de una suerte de terreno, de que hallandose en posesion en clase de arrendador, le despojo de propia autoridad, colocando otros arrendatarios".

La serie de testigos en el litigio fue presentada por el presbitero. Respondian un cuestionario formulado por su persona, donde aseveraban que estaba en entredicho los derechos de propiedad. Los dos nuevos arrendatarios afirmaban que el presbitero "le arrendo como dueno", y que fueron amenazados por Felipe Encina: "que aquel terreno no se lo tocase nadie porque era suyo". Asimismo, se preocuparon por negar la denuncia del demandando relativa a que no iba a quedar ni un criollo en las tierras del Colegio. Si entendemos que nos encontramos en un contexto revolucionario--a un mes del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810--, la polarizacion y exacerbacion en las formas politicas podrian estar jugando como condicionantes en la administracion de justicia (Perez, 2010). Finalmente, como testigos hay dos familiares del demandado--su tio Felipe Flores, uno de los nuevos arrendatarios, y su hermano Juan Encina--, que declararon a favor del colegio. Aunque sea complejo comprobar, es posible plantear la existencia de un conflicto familiar que no podia solucionarse, y que aparece en la esfera de lo judicial.

La sentencia indicaba que los derechos estaban en manos del Real Colegio. Aclaraba la riesgosa interpretacion del "arrendamiento sin termino", afirmando que el demandado era un "mero inquilino". Por ello, en la apelacion a la Real Audiencia, don Felipe cambio su estrategia y solicito la restitucion del lote ya no como poseedor, sino como inquilino, denunciando un despojo.

3.3. La justicia letrada y el titulo de propiedad: los Almeyra y la renta

En diciembre de 1821 la instancia judicial cambio abruptamente con la supresion de los Cabildos, que derivo en la instalacion de una fugaz experiencia de justicia letrada de primera instancia en la campana hasta fines de 1824. Anteriormente, la decada revolucionaria reemplazo a la Real Audiencia por la Camara de Apelaciones (Corva, 2014). En este sentido, el litigio que trabajamos es la apelacion ante la Camara iniciada en junio de 1824, que proviene de una sentencia del juez de paz del partido de Navarro y de la justicia letrada en 1821. Los autos eran por desalojo y pago de arrendamientos; la demanda fue iniciada por Juan Agustin Almeyra contra Gregorio Reynoso. El demandante era un letrado, con una familia con inversiones en tierras de frontera, inserto en las redes de poder local y en las mas altas esferas del antiguo poder colonial, y con lazos comerciales extensivos al Brasil. En este conflicto se encuentra envuelto su hijo, Juan Pedro, que actua coordinadamente en la causa (10). Por su parte, el demandado tenia 40 anos, no sabia firmar ni leer, tenia una familia con siete hijos, y los doce testigos hablaron de su buena conducta y honradez a pesar de reconocer que tomaba ganado ajeno. Se deduce que su economia mejoraba y, a causa de ello, fue demandado por arrendamiento. Su ascenso podria comprenderse en el ciclo de vida campesino (Mayo, 2004).

Segun explica el demandante, don Gregorio llego a las tierras como "arrimante" a solicitud de un arrendatario suyo, don Mariano Rocha, para que pueda sembrar "una o dos fanegas de trigo". Si bien "la costumbre del pais" indicaba que debia pagar por el area sembrada, se le permitio establecerse sin renta. Sin embargo, observaron que sembro entre diez y veinte fanegas, "cuya cobranza era indisimulable", y que "con el cultivo de mis tierras se habia puesto en prosperidad" (11).

Almeyra tuvo una sentencia favorable del juez de paz que "ordeno el pago con arreglo a la costumbre", pero la primera instancia a cargo de Miguel de Villegas resolvio en septiembre de 1824 reducir "el cargo a menos de la cuarta parte, ordenando que Reynoso exista con su ganando por el presente ano". Este primer indicio muestra un contexto en el que los jueces de paz comenzaban a tener influencia y ser parte de las redes locales de poder (Banzato y Valencia, 2005). De hecho, el juez de paz que hizo la primera sentencia fue Mariano Rocha (12), y en 1828 nombrarian juez de paz de Navarro a Juan Pedro Almeyra.

En noviembre del mismo ano, el juez de primera instancia del 2 departamento de campana explico que don Gregorio Reynoso acudio a su persona, "expresando que hacia [uso] del recurso de apelacion" porque "se le mandaba a pagar la. semilla, sin haber Don Juan Pedro Almeyra querido manifestar los titulos de propiedad y dominio". Por ello reclamo que lo hiciesen, cuestion que llevo adelante Juan Almeyra, y senalo que poseia las tierras desde 1795 recordando los peligros que paso por ser frontera con el indio: "por esa consideracion el Soberano Congreso declaro. legitima propiedad a los pobladores en mi especie para que se les librara un titulo no en gracia y merced, sino en registrada justicia". Asi, tras leerlos en voz alta, sentencio que el demandado debia pagar arriendos "correspondientes a dos anos contados desde la fecha de la expedicion de los titulos de propiedad", y agrego que debia devolver fanegas mal cobradas por tres anos porque "le ha cobrado antes de ser dueno de los terrenos".

Estos criterios diferentes entre una familia, gran propietaria de tierras y estanciera, como los Almeyra y el juez de paz lego contra el letrado no se reduce solo a como debia distribuirse la renta que generaba el labrador, sino tambien a dos concepciones contrarias a la propiedad. Los Almeyra exigian arriendo por 16 anos, presentando como argumento la Real Instruccion de 1754, que reivindicaba que el mayor acto que otorgaba derechos de propiedad sobre la tierra era la denuncia y la consideracion de "primer poblador". Por ello, el demandante recordaba que "en el ano 1795 ordeno el Virrey a mi pedimento el lanzamiento de otros intrusos lo cual no es efecto de mera posesion sino un reconocimiento expreso de la propiedad que me da mi titulo". Pero para 1820 encontramos una creciente valoracion de los papeles propiamente dichos de los "titulos". Asi, la instancia de apelacion letrada sentencio que solo debia arriendo desde el 9 de marzo de 1822, desde la expedicion del titulo.

Asimismo, el arrimado tenia conciencia de la relacion que existia entre el juez de paz y los Almeyra, porque cuando exigio que se le mostraran los titulos, Juan Pedro Almeyra se "resistio por su caracter naturalmente caprichoso y dominante, y ni el Juez [de Paz] quiso ordenarle su exhibicion (...) ya por la amistad con Almeyra y mucho mas por el temor que le tiene". El problema no era casual ni individual. Si bien la forma judicial muestra solo un demandado, la problematica era colectiva. Segun Reynoso, "mas de treinta pobladores habian sostenido con el un (...) dilatado pleito por muchos anos acerca de la propiedad de ella".

Las concepciones del orden social son explicitadas por Juan Almeyra, quien buscaba crear lazos de subordinacion y sujecion imbuidos de una patina de paternalismo:
   que siempre he mirado por mezquino y miserable el arrendamiento que
   se paga en trigos y dinero gloriandome de haber visto prosperar a
   muchos pobres con la gracia de no haberles cobrado un solo centavo
   (...) el mismo Reynoso es un testimonio irrefragable de esta
   equidad con que he mirado generalmente a cuantos se me han
   sometido.


La dependencia podia traducirse en el uso de una fuerza de trabajo, mas aun con los arrimados, y en el acceso a una renta o en el reconocimiento de la propiedad. Pero en este caso, la situacion no salio como deseaba. Almeyra tenia en claro que existia una lucha por los derechos de propiedad al explicitar que don Gregorio queria "disputarme el Senorio de aquellos terrenos", y que "los arrendamientos no son anexos exclusivamente a la propiedad porque son y pertenecen a la posesion". Aqui es evidente que el arriendo pretendia restringir la independencia relativa de los paisanos y establecer un vinculo de deuda y dependencia con un "nuevo propietario" (Garavaglia, 1999, p. 341).

Mas sintomatico aun resulta que la misma situacion se encuentre con los Almeyra en Lujan. En otro litigio judicial aparece otra treintena de familias a las que pretendian someter con el mismo modus operandi. En 1812, Pascual Toro afirmaba que don Almeyra "pretende con un figurado derecho cual es el de denuncia, desalojarme de la poblacion en que me hallo queriendome estrechar auxiliado por el Comandante del Fortin" (Azcuy Ameghino, 2002, p. 184). Estas denuncias estan en sintonia con las memorias de don Pedro Andres Garcia, quien da cuenta de los "nuevos" propietarios que querian desalojar a los labradores de la campana (Gelman, 1997).

Pero Juan Agustin insiste en su embate para argumentar que la renta que le debia era de mas anos. Primero, define la relacion con Gregorio como "clase de arrendero" mas que "arrimado". Segundo, que la tierra no la tenia por "justicia", sino en "titulo de merced como a primer poblador de las tierras". Tercero, apela al artilugio juridico de "injusticia notoria" para demandar la constitucion de una comision especial. Sin embargo, no se da lugar a la misma y la sentencia por desalojo se hace efectiva tras recoger la ultima cosecha. Practicamente, un espejo de un mundo que estaba transformandose entre las costumbres y las nuevas concepciones de la propiedad.

4. A modo de conclusion

Nuestra investigacion consistio en analizar a ras del suelo los discursos y practicas de los derechos de propiedad a inicios del siglo XIX. Propusimos reflexionar en torno al ser "propietario" en la campana de Buenos Aires, visualizando los argumentos con que los participes alegaban sus derechos a traves de una fuente que ha sido estudiada para analizar las formas de la resistencia campesina (Fradkin, Robles, 2002), pero tambien para observar los cambios que se estaban produciendo en la relacion entre las personas y las cosas, en particular la tierra.

En el antiguo regimen, Garriga considera que "el factor dinamico no era la ley [en sentido restringido] sino el conflicto, que impulsaba la construccion de las pretensiones o intereses facticos como derechos ... para producir enunciados normativos validos" (2012, p. 97). Por ello adoptamos una metodologia que contempla que el derecho en esta sociedad en transicion no surgia solo desde una orbita gubernamental, sino tambien a partir de las propias dinamicas sociales.

Asi, iniciamos con una revision critica de la historiografia sobre la propiedad de la tierra y observamos las nuevas contribuciones de la historia agraria y de la historia critica del derecho. Buscamos la alteridad de una epoca de transicion que devenia de lo tradicional a lo moderno. Por nombrar un ejercicio de critica conceptual, los riesgos del anacronismo pueden verse en el analisis de la distribucion de la propiedad a partir de los censos que realizaban los vecinos como miembros de la notabilidad local, que no exigia documentacion que convalidara los derechos sobre las tierras, dado que ya conocia por publica voz y fama quienes eran los propietarios. Por ende, surgiria una tension teorica y metodologica si concebimos que fueran "propietarios" solo aquellos que tenian "titulos", pues, deberia haber una comparacion entre quienes figuran como "propietarios" en el censo y quienes lo hacen en los protocolos notariales. En su defecto, si la propiedad era un "haz de derechos" en el marco de la cultura jurisdiccional, es posible interpretar que la informacion proporcionada por los censistas era parcialmente certera, dado que al signar a unos como "propietarios" y a otros como "no propietarios", construian derechos para unos y los desconocian para otros. Por esto, creemos que la propiedad no estaba solo acreditada por un "titulo", a pesar de que los tiempos estaban cambiando.

En la primera parte vimos la existencia de un creciente interes por la tierra, hecho sobre el que las demandas de desalojo funcionarian como evidencia. Algunas variables que lo explicarian son el crecimiento acelerado de la poblacion, las diferentes concepciones de propiedad de los migrantes, la atlantizacion de la economia, la accesibilidad y volatilidad del metalico como del papel moneda, la demanda de trigo de la ciudad y el aumento de las exportaciones ganaderas--que ponian en tension el uso de la tierra--, y la guerra y la reorganizacion institucional que caracterizo al periodo. La economia y la produccion estaban en expansion. En este sentido, coincidimos con Gelman en que la lucha por la propiedad no obturo las condiciones para el crecimiento pero si era relativa a la distribucion de la renta agraria (2005).

En dicho contexto, los derechos de propiedad vinculados a la ocupacion fueron puestos en duda frente a un proceso de homogenizacion y centralizacion legislativa que tendia hacia una compilacion/codificacion que fortalecia a una elite local (Anzoategui, 2008). De hecho, la tension entre concepciones estaba presente en las lecciones de derecho civil que dictaba Pedro Somellera en la Universidad de Buenos Aires: "dos posiciones convivian(...) desde los principios del derecho natural se consideraba el derecho del ocupante de tierras por encima de aquel que poseyera los titulos. Otros(...) planteaban el problema desde la falacia del argumento de la posesion como principio fundante de la propiedad" (Zeberio, 2009, p. 42).

En el segundo tramo pudimos alumbrar estos matices. Cada argumento de las partes mostraba la existencia de un universo posible. Las exposiciones tenian como finalidad el desalojo del terreno o la resistencia, que implicaba mantener al menos la posesion, si es que la posesion era algo menor en terminos juridicos a la propiedad. En cierto modo, las estrategias para consolidar los derechos apelaban a diferentes ordenes normativos. Vimos demanda de tiempo hasta la proxima cosecha, la poblacion en tierras realengas, el pago de arrendamientos a un propietario anterior, la manifestacion de antigua posesion o condicion de pobreza o de hacendado, el uso de los fueros personales y de las corporaciones--como el militar y el eclesiastico--, las redes de poder y las relaciones que funcionaban para reconocer derechos a otros, la demostracion de animadversion de los demandantes ("malicia" o "actitudes temerarias") o criterios politicos como la revolucion de 1810, las recopilaciones y los valores asociados a una "economia moral" basada en el "bien comun" y la tension que generaba entre "disfrute" y "utilidad", en la que la peticion al ideal de la reposicion de lo "justo" era una constante. La puja por los autos es un rasgo a destacar, al encontrarse que en dos casos se haya intentado cambiar la causa de "desalojo" en "despojo", lo que implicaba otro tratamiento procesal. Asi, las partes construian una "cultura judicial" que se ponia en juego en el proceso, y que constituia una especie de "recetario" de accion promovido por la costumbre, los presupuestos economicos y morales, las leyes escritas del derecho local y real e, incluso, algunas ideas que podemos referir a la economia politica.

Las diversas jerarquias entre las partes quedaban de manifiesto en la forma en la que se producian los conflictos. Por ello, una accion obligada para pensar la propiedad es la busqueda de indicios que revelen la posicion de los implicados. Asi, no resulta casual que don Manuel Garcia, practicamente un empresario agrario, fuese quien resistio el desalojo.

Como decia Fradkin, las nuevas concepciones buscaron "despojar al derecho de propiedad de sus imperativos sociales y morales" (1999). Las Instrucciones a los mayordomos de estancias de Juan Manuel de Rosas expresaban este embate. Si proteger los bienes comunes y garantizar el abasto era una funcion primordial de los Cabildos en la consecucion del "buen gobierno" y de la "quietud publica", la erradicacion de los mismos cambiaria los parametros de juego. De hecho, hacia mayo de 1810 surgieron "loas a las leyes positivas, de ataques al arbitrio judicial y de nuevos imperativos" (Candioti, 2011, p. 289), que anticipabanel cambio radical de 1821 que podria estar dado por el caracter letrado que asumia la justicia.

La nueva configuracion del orden ponia en riesgo la autonomia campesina. Las concepciones liberales de la propiedad, asociadas al axioma del crecimiento, confrontaron con el arraigo de practicas que eran parte de un marco normativo de antigua tradicion. La busqueda de estabilidad de un regimen politico redundo en instituciones que, en parte, recayeron en elites locales que no necesariamente estaban en sintonia con las concepciones que motorizo la Circular a losjueces de paz de campana de 1825 (13). Asi, si bien se enarbolaba la prioridad de la sacralizacion de la propiedad, la reconstruccion de un orden politico que tendiese a eliminar los rasgos facciosos y la formacion una elite "homogenea" termino predominando (Miguez, 2003; Gelman, 2016). Sin lugar a dudas, estas aseveracionesrequieren de una mayor exploracion documental--comandancias de frontera, archivo del Cabildo, juzgados de paz, comisarias de campana, protocolos notariales, Escribania Mayor de Gobierno, tesis de jurisprudencia, manuales de doctrina juridica o de practica forense, entre otras--, como una mayor extension temporal, pero consideramos que la via adoptada es un camino por recorrer para capturar una nocion de la propiedad que rompa el corse del marco normativo.

https://doi.org/10.24215/15155994e083

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Notas

(1) Este articulo es resultado de una tesis de licenciatura (Poczynok, 2016)

(2) AGN (s/f), Catalogo del Archivo de Tribunales: Civil, 1800-1863 (Vols., 1-3). Mecanografiado no publicado. Este catalogo se constituye cuando ingresan una tanda de expedientes judiciales en la sede actual del AGN tras el decreto no 5314 del presidente de facto Pedro. E. Aramburu, que pretendia destruir estos documentos si nadie los reclamaba. Existen otras series que no utilizamos: Tribunales: Civil, expedientes sin letra [1710-1809] y Tribunales: Civil, alfabetico [1608-1800].

(3) Tales son los significantes como desalojo, tierras, terreno, arrendamiento, aparceria, alquileres, mensura, deslinde, posesion, propiedad, chacra, finca, quinta, estancia, hacienda, rancho, titulos y escritura. La forma en que se presenta en el catalogo es la siguiente: "Suarez Micaela con Median Bernardo sobre desalojo". En los casos en que en los autos se superponen las categorias--"Ibanez Agustin con Erezcano Jose sobre deslinde de un terreno"--, fue consignado en el mas especifico.

(4) En principio, agrupamos estos dos terminos en una sola categoria dado que solo con una lectura global profunda de dichos procesos podriamos aseverar la diferenciacion analitica entre una y otra

(5) AGN, TC, Leg. "A", No 1. Todas las citas pertenecen a este legajo

(6) En noviembre de 1821, una Ley determinaba la prohibicion absoluta de "cargar cuchillo, punal, daga y toda arma corta". En enero de 1830 se publicaba el "Decreto imponiendo penas a los individuos que hagan mal uso de las armas", donde se afirmaba que el motivo de dicha legislacion era "aumentar las mejores garantias a la seguridad de los habitantes de esta Capital y su campana" (ROPBA, varios tomos). En sus informes de campana, el juez de paz de San Isidro declaraba en 1843 que velaba por la prohibicion de portacion (AGN, SX, 21-6-5). 0].

(7) AGN, TC, Leg. "C", No 4. Todas las citas que refieran al expediente corresponden a este legajo.

(8) AGN, TC, Leg. "E", No 3. Todas las citas corresponden a este legajo

(9) Segun Fabian Campagne, la institucion resultaba una ficcion juridica entre el dominium y la locatio. El dominium era "la propiedad privada absoluta sobre las cosas materiales, el derecho en virtud del cual un objeto se encuentra sometido a la voluntad y accion de una persona(...) lo que cotidianamente denominados propiedad, se describe tecnicamente con el nombre de dominio", y la locatio era "la cesion temporaria del usufructo, del derecho de uso de una cosa" (2005, pp. 19-20)

10 Otro hijo de Juan Agustin, Mariano, tambien es poseedor de tierras en Navarro (Azcuy Ameghino, 2002, p. 182). Asimismo, hay varios juicios civiles de la familia en el fondo judicial.

(11) AGN, TC, Leg. "A", No 17. Todas las citas fueron extraidas de este legajo.

(12) Capitan de Milicias, era hijo de don Francisco Rocha, antiguo regidor del Cabildo de Lujan desde 1810 hasta 1815 (Marquiegui, 1990, p. 25)

(13) La Circular planteaba la existencia de una "sociedad que se esta organizando" en el "vacio de los campos y de la poblacion", donde los vecinos debian transformarse en portavoces de la civilizacion acompanados de los "funcionarios publicos", los jueces de paz. Ahondaba en la persecucion de los "perjudiciales" negando la condicion de labradores a aquellos que poseian solo una "choza". Asi, debian quedar en la campana solo aquellos en "calidad de propietarios" o de arrendamiento escrito. En Manual para los Jueces de Paz de Campana, Imprenta de la Independencia, Buenos Aires, 1829.

Cristian Miguel Poczynok

Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", Universidad de Buenos Aires, Argentina cristianpoczynok@gmail.com

Recibido: 3 de Octubre 2017--Aceptado: 17 de Mayo 2018--Publicado: 15 de Agosto 2018

Leyenda: Grafico 1. Expedientes civiles relativos a los derechos de propiedad de la tierra

Leyenda: Grafico 2. Frecuencia de los litigios
Tabla 1. Expedientes clasificados por zonas: urbano, rural y variables

                  URBANO   RURAL   VARIABLES

ALQUILERES          37
APARCERIA                    1
ARRENDAMIENTOS              40
CHACRA                       3
ESTANCIA                     8
FINCA                        8
HACIENDA                     4
MONTE                        1
QUINTA                       3
RANCHOS                      3
ESCRITURAS                            20
TITULOS                                4
DESALOJO                    96        135
DESLINDE                    25
MENSURA                     61
MOJONES                      1
POSESION                              25
PROPIEDAD                             22
TERRENOS                    151
TIERRAS                     41
TOTALES             37      446       206

Fuente Archivo General de la Nacion, Tribunal Civil

Tabla 2. Frecuencia de los expedientes judiciales clasificados

                     1800-1809   1810-1819   1820-1929   TOTAL

1  ALQUILERES            7           9          21        37
1  APARCERIA                         1                     1
1  ARRENDAMIENTOS       11           8          21        40     78
2  CHACRA                                        3         3
2  ESTANCIA              2           1           5         8
2  FINCA                 2           3           3         8
2  HACIENDA                          2           2         4
2  MONTE                 1                                 1
2  QUINTA                1                       2         3
2  RANCHOS                                       3         3     30
3  ESCRITURAS            2           5          13        20
3  TITULOS               4                                 4     24
4  DESALOJO             58          48          125       231    231
5  DESLINDE              6           9          10        25
5  MENSURA              15           7          39        61
5  MOJONES               1                                 1     87
6  POSESION             10           4          11        25     25
7  PROPIEDAD             2           5          15        22     22
8  TERRENOS             36          26          89        151
8  TIERRAS              14          10          17        41     192
                        172         138         379       689

Fuente: Archivo General de la Nacion, Tribunal Civil.
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Article Details
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Author:Poczynok, Cristian Miguel
Publication:Mundo agrario: Revista de estudios rurales
Date:Aug 1, 2018
Words:13574
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