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La prohibicion de reforma peyorativa como principio y garantia constitucional.

Introduccion

En un pais democratico como Colombia es indispensable la proteccion de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los principios, entendidos como maximas universales de la razon admitidos por el derecho han jugado un papel importante en la proteccion de los mismos, pues desde antano han sido utilizados para suplir las lagunas o deficiencias de la ley, para interpretarla, integrarla, y dirigir la labor legislativa y judicial, teniendo como punto de partida el respeto por los derechos fundamentales de los asociados.

Igualmente, las formas procesales en nuestro ordenamiento juridico han sido de gran utilidad en la proteccion de los derechos, pues mediante su cumplimiento se obtiene la vigencia del debido proceso, y a traves de ellas se busca la lealtad en el debate, la igualdad en la defensa, y la rectitud en la decision. Sin embargo, las figuras procesales requieren impregnarse de los principios constitucionales para que no sean utilizadas en contra de los involucrados en el proceso; es decir, que no se usen de forma arbitraria, y que cumplan con la finalidad para la cual han sido consagradas. Esto, en razon de que en el ordenamiento juridico colombiano existen principios o normas rectoras que constituyen garantias judiciales, y cuya fuente es la Constitucion Politica y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, que gozan de un valor superior en nuestro ordenamiento por virtud del articulo 93 de la Constitucion Politica de 1991. De igual forma, dichos principios generales o normas rectoras han sido consagrados en el Codigo de Procedimiento Penal, en su titulo preliminar, con el fin de orientar a los interpretes y aplicadores de la normatividad penal procesal. Es asi como el articulo 26 de la Ley 906 del 2004 reconoce la prevalencia de las normas rectoras y su obligatoria aplicacion por encima de cualquier otra disposicion contenida en dicho Codigo, incluso como fundamento de interpretacion. Al respecto ha dicho la Corte constitucional que <<los principios constitucionales son la base axiologico-juridica sobre la cual se construye todo el sistema normativo>>(1992). (1)

Asi mismo, existen principios que aparecen en disposiciones posteriores; los cuales, a pesar de no estar incluidos en el titulo preliminar como normas rectoras, gozan de la prevalencia a la que anteriormente se hizo alusion. Entre los principios constitucionales incluidos en la normatividad procesal penal se encuentran la dignidad humana, la libertad, prelacion de los tratados internacionales, igualdad, imparcialidad, legalidad, presuncion de inocencia e indubio pro reo, non bis in idem, defensa, oralidad, actuacion procesal, lealtad, gratuidad, intimidad, contradiccion, inmediacion, publicidad, juez natural, doble instancia, reformatio in pejus, cosa juzgada, restablecimiento del derecho, entre otros.

Estos principios, en su mayoria hacen parte del denominado debido proceso que en su articulo 29 consagra la Constitucion Politica de 1991, pues tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales y administrativas se realicen con observacion de los derechos fundamentales que asisten a todos los ciudadanos colombianos.

La non reformatio in pejus es un principio consagrado en el articulo 31 de la Constitucion Politica de 1991, con calidad de garantia procesal, segun lo establecido en la Ley 906 del 2004, que conforma el debido proceso constitucional, pues garantiza el acceso a la justicia, a la doble instancia, y el respeto por las formas y procedimientos propios de cada juicio sin alterar los contenidos de las sentencias en perjuicio del apelante unico.

De ahi la importancia de estudiar la prohibicion de reforma peyorativa como principio constitucional, a efectos de determinar sus contenidos, limites, y alcances en la jurisprudencia y doctrina nacional e internacional. En este sentido, se intentara construir una definicion conceptual de la figura en estudio, a partir de una propuesta metodologica que busca combinar elementos de la simbiosis social, que estudia los fenomenos sociales como generadores y productores de sentido, con el analisis de ordenes de discurso y estrategias discursivas propuestas por Fairclough (2003). (2) Asi mismo, se utilizara la metodologia de linea jurisprudencial expuesta por Lopez (2006) con el proposito de reconstruir e interpretar la argumentacion de la Corte constitucional en materia de control constitucional de la politica criminal. (3) A continuacion se revisaran los antecedentes normativos en la legislacion colombiana. Seguidamente se analizara la jurisprudencia y sus diversos contrastes con otros principios, como el de legalidad de las penas, y el de debido proceso, aventurando unas conclusiones.

Concepto

El principio de non reformatio in peius es una garantia procesal y un principio constitucional que limita la capacidad decisoria del juez ad quem, pues le prohibe agravar la situacion del procesado que ha recurrido la sentencia o parte de ella como apelante unico. La vulneracion a este principio atentaria directamente contra el debido proceso, el derecho a interponer recursos impugnatorios, y la defensa misma. En consecuencia unicamente en los casos en que el apelante no sea unico, es decir, aquellos en que las partes hayan apelado la decision o un mismo aspecto de ella en sentidos opuestos, solicitando su modificacion en intereses contrapuestos. En este caso el ad quem podra agravar la decision de primera instancia como consecuencia del debate generado entre las partes al instaurar nuevas pretensiones contra el procesado o a su favor, las cuales no haya podido desvirtuar. Igualmente, como se vera mas adelante, no cabe la aplicacion de este principio para aquellas decisiones que, segun la ley, deban ser sometidas a consulta.

La reformatio in pejus es un error en el que incurren los funcionarios cuando agravan la pena en perjuicio del procesado, en su calidad de apelante unico, violando derechos y garantias como el principio de contradiccion, la defensa, y el debido proceso, entre otros; pues el procesado no goza de oportunidades procesales para conocer los argumentos del juzgador de segunda instancia y controvertirlos oportunamente. Con respecto a estas oportunidades la Corte constitucional ha considerado que <<deben ser generosas, dentro de un diseno que armonice el derecho de defensa con otros derechos e intereses de igual valor constitucional>>,4 entre los que se cuentan el derecho a interponer recursos impugnatorios o doble instancia, el cual integra el nucleo esencial del derecho al debido proceso penal y busca proteger el derecho del procesado a recurrir las decisiones judiciales contrarias a la justicia, sin el temor de que el juez de segunda instancia desmejore su situacion; y el principio de lealtad, por cuanto el operador judicial tomaria una decision a espaldas del procesado, en perjuicio de sus derechos y garantias procesales.

Para un mayor entendimiento del concepto de non reformatio in peius nos remitimos a la definicion dada por Pico I Junoy (1997), quien define a la reforma peyorativa como aquella que:

Consiste en la situacion que se produce cuando la posicion juridica de la parte procesal que interpone un recurso resulta empeorada exclusivamente como consecuencia de su recurso, es decir, sin que medie impugnacion directa o incidental de la contraparte y sin que el empeoramiento sea debido a poderes de la actuacion de oficio del organo jurisdiccional. Ello significa que los pronunciamientos de la sentencia de instancia que no hayan sido impugnados por ninguno de los litigantes quedan excluidos de toda posibilidad de revision por parte del organo jurisdiccional superior, al quedar delimitada la actividad decisoria de tal organo, tanto subjetiva como objetivamente, por lo ante el planteado (p.85).

De otra parte, Cancino (1995) define a la non reformatio in peius como <<un principio general del derecho procesal y una garantia constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso>> (p.319). El mismo autor afirma que este principio se deriva de la maxima tantum devoltum appelatum; (5) y que constituye un limite para las competencias del juez superior, de modo que la manifestacion de voluntad concreta del impugnante.

Constituye la frontera de la competencia del tribunal, porque se piensa que en materia de recursos, rige el principio acusatorio, (6) esto es, un principio analogo al que, en materia procesal civil se conoce con el nombre de dispositivo, como derivado de la autonomia de la voluntad (Cancino, 1995, p.320).

Segun este autor en el derecho penal colombiano opera el principio acusatorio formal y no material, pues en los casos en que se ha cometido un delito de accion publica es el Estado mismo el que esta obligado a perseguir penalmente al autor de los hechos.

Ahora bien, la prohibicion de reforma en perjuicio termina por garantizar la seguridad juridica, puesto que la parte de la sentencia sobre la cual ya ha fallado el juez de primera instancia, y que no fue objeto de recurso, se convierte en cosa juzgada para el funcionario de segunda instancia, por lo que ha de fallar unicamente en torno a las pretensiones de la parte impugnada por el procesado.

Asi, lo unico que podria esperar el recurrente al interponer el recurso seria la confirmacion del fallo de primera instancia o la decision favorable respecto de sus pretensiones.

De ahi que la non reformatio in peius, segun los doctrinantes citados, constituya una limitacion de las atribuciones del tribunal que decide el recurso, en tanto que el funcionario judicial debe detenerse a evaluar y a juzgar unicamente los puntos objeto del recurso interpuesto por el procesado como apelante unico; es decir, los puntos que el procesado ha decidido apelar de la decision constituyen los limites a los cuales se ha de atener el funcionario judicial. La misma postura es defendida por Monrey (2000), quien considera que la reforma peyorativa se produce cuando <<el Tribunal Superior no utiliza adecuadamente sus poderes sobre el proceso, en lugar de limitarse a resolver el recurso planteado, se extralimita y agrava la condicion del recurrente>> (p.479). Desde este punto de vista, la agravacion solo es aceptable si concurren otras partes apelantes al proceso.

En el mismo sentido, la Corte constitucional ha establecido en varias providencias, en referencia a la non reformatio in peius que: <<La prohibicion de la reformatio in peius limita el poder punitivo del Estado, garantiza la efectividad del derecho fundamental de defensa y favorece al condenado con la revision de la sentencia dentro del unico marco de las pretensiones solicitadas>> (C.C. 2001). (7) Hay quienes admiten la intervencion del juez de segunda instancia siempre que ello sea para ajustar las condenas al principio de legalidad, es decir que si en un fallo judicial se impone una pena arbitraria, exagerada, o que no se acoge al principio de legalidad, el ad quem debe intervenir para salvaguardar la legalidad de las penas. Esta posicion suena logica y es coherente con el principio de favorabilidad en la medida que intente tomar una postura mas benefica, lo que no puede admitirse en caso contrario, o sea cuando el juez de segunda instancia agrave las condiciones impuestas por el a quo. Fierro (2012) considera que los principios no son absolutos, y de presentarse una colision entre el principio de legalidad y la prohibicion de reforma en perjuicio, debera acudirse a la ponderacion como medio de superacion del conflicto (p.1252-3).

Esta colision de principios se presenta en los casos en que el juez a quo desborda los limites establecidos en las normas penales sustanciales, imponiendo una pena superior o inferior a la que prescribe la norma. En estos casos la pena impuesta debe ser corregida, sin importar que el apelante sea unico. Lo anterior se justifica en los preceptos constitucionales que reclaman de la rama judicial <<la efectividad de los valores superiores de la justicia material y de la seguridad juridica>> (Corte constitucional, 2003a, 2003b). Ademas, segun Fierro (2012), no es posible que el desconocimiento del juez a quo genere derechos, que beneficien directamente al enjuiciado, pues esto atenta contra los derechos de las victimas, promoviendo la injusticia y la impunidad, al paso que se atenta contra la seguridad juridica, la nocion de orden justo, la convivencia social y, en especial, contra la igualdad; pues esto conllevaria a un trato preferente de un procesado con respecto a otros que estan siendo enjuiciados por el mismo delito, cuyas penas serian superiores. (Fierro, 2012)' Esta afirmacion se sustenta en el razonamiento que antecede el proceso de ponderacion, mediante el cual se determina que:

(i) es adecuado sacrificar el principio que prohibe la reforma peyorativa porque su obligacion permite preservar la legalidad y con ello el derecho de las victimas y la sociedad a que se haga justicia; (ii) es necesario tal sacrificio porque no existe otro medio menos lesivo disponible para preservar la legalidad penal y la igualdad reclamada desde la Constitucion; y, (iii) se afecta el derecho de la no reformatio in pejus en el menor grado posible compatible con la mayor satisfaccion en el ejercicio de los derechos fundamentales de legalidad e igualdad en la aplicacion de la ley (proporcionalidad propiamente dicha) (p.1255)

De otra parte, la reformatio in peius se presenta como una <<divergencia de la expectativa de la parte impugnante mayor en la nueva decision que en la decision precedente>> (Carnelutti, 1999, p.451). De igual forma, establece que la prohibicion de reforma en peor constituye un limite a la libertad del juez, que le prohibe agravar la pena establecida por el juez de primera instancia, cuando la impugnacion es efectuada por el acusado o su defensor. A su vez, Rodriguez (2001) ejemplifica las situaciones que se pueden presentar en caso de no aplicar el principio de la non reformatio in peius, entre las que se cuentan: cuando el superior agrava la pena impuesta en cantidad o en calidad; cuando cambia el arresto por prision, o impone condena por otro delito por el que el apelante fue absuelto en primera instancia; por concurso o conexidad; quitando un subrogado penal, o una diminuente punitiva de caracter general o especifica.

Cabe precisar que la prohibicion de la reforma en peor es parte integrante del derecho al debido proceso (Art. 29 C.P), que asiste a los ciudadanos colombianos, entendiendose este ultimo como el conjunto de garantias que protegen al individuo sometido al proceso penal. Este conjunto de garantias le asegura al individuo una recta, pronta y cumplida administracion de justicia, asi como la libertad y seguridad juridica (Gavillan, 2014)' Por otra parte, es pertinente remitirse a la sentencia C-591 de 2005, mediante la cual se declaro exequible el inciso segundo del articulo 20 del Codigo de Procedimiento Penal actual. La Corte llevo a cabo un examen de los terminos empleados por la norma, que permiten entender a cabalidad su contenido. Dicho inciso prescribe lo siguiente: <<El superior no podra agravar la situacion del apelante unico>>. (8)

Con respecto al termino <<superior>>, la Corte afirma que este hace alusion a los respectivos superiores de los jueces de control de garantias y de conocimiento, es decir, los jueces penales del circuito para el primero, y la Sala Penal del respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial, y de la Corte Suprema de Justicia para el segundo. Esto teniendo en cuenta el nuevo sistema procesal acusatorio, que elimino las prerrogativas asignadas a la Fiscalia General de la Nacion como segunda instancia.

Ahora bien, el enunciado <<agravar la situacion del apelante unico>> suscita un analisis mayor por parte de la Corte, pues mientras que la Constitucion Politica en su articulo 31 hace referencia al incremento de la pena, este inciso se refiere a su situacion, por lo cual se entiende que la reformatio in peius se extiende a otras decisiones judiciales, diferentes a la recurrida, que sea adoptada por el juez de control de garantias durante una audiencia, a condicion de que sea apelable, (9) asi el apelante unico no sea el condenado.

Asi las cosas, la Corte constitucional insiste en que la prohibicion de reforma en perjuicio como principio constitucional y norma rectora esta limitada a las sentencias. Segun Solarte (1998) deben analizarse distintos factores atendiendo al caso concreto:

(i) cuando la providencia contiene varios aspectos (...) de contenido manifiestamente diferente que no ofrecen duda alguna sobre el aspecto que es materia de impugnacion, (ii) cuando se impugna una decision, por lo que ella determina, mas no la motivacion de la misma, puede entenderse entonces que los motivos del recurrente no pueden vincular o limitar al funcionario de segunda instancia, (iii) No se puede limitar el aspecto impugnado a los fines que persigue el impugnante, sino que debe extenderse a todos los actos que lo configuran y estan intimamente ligados con el, (iv) el juez de primera instancia examina la legalidad de la actuacion, y el de segunda instancia puede revisar todos los aspectos relacionados con la figura y su finalidad, (v) existen casos en que se debe examinar no solo lo impugnado sino todo el proceso (...), (vi) las decisiones no pueden ser incoherentes, ni ilogicas (...), (vii) cuando existe comunidad de prueba, varios afectados por una providencia que parte de la prueba impugnada, se aceptan los vicios probatorios respecto de la prueba no solo para el impugnante sino para todos los que se vieron afectados por esa providencia que quedo carente de fundamento, (viii) diferente es la situacion cuando la prueba es plural y de distinto origen (...), el vicio no se extiende a los no impugnantes (...), (ix) la ilegalidad y las circunstancias que constituyen fundamento de las nulidades, deben y pueden ser declaradas por el funcionario judicial en cualquier momento que las advierta, sin estar limitado por los motivos, fundamentos o aspectos materia de la impugnacion (p.109-111). (10)

A partir de las definiciones dadas es posible identificar dos posturas en lo que a la aplicacion de la non reformatio in peius respecta. La primera ve al principio como un absoluto; por tanto, sobrepasa el principio de legalidad e impide la correccion de los yerros del juez a quo en pro de la proteccion del derecho a la defensa y al debido proceso. Esta postura ha sido reiterada por la Corte constitucional, como se observara mas adelante. Por otra parte, estan aquellos que consideran que si bien la prohibicion de reforma en perjuicio constituye un limite a las prerrogativas del juez, en los casos en que se ve vulnerado el principio de legalidad de la pena el superior tiene plena capacidad para modificar la sentencia del juez a quo, estableciendo de esta forma un limite a la la non reformatio in peius.

Antecedentes legislativos

El principio de la non reformatio in peius se encuentra consagrado en el articulo 31, inciso 2[degrees] de la Constitucion Politica de Colombia. Sin embargo, antes de su consagracion con rango constitucional, le estaba permitido al funcionario judicial en segunda instancia fallar sin limitacion alguna. Esta facultad del juez ad quem se instauro en el Codigo de Procedimiento Penal de 1971, articulo 197; en el proyecto de Codigo de Procedimiento Penal de 1981, declarado inexequible; y en el Codigo de Procedimiento de 1987, articulo 538. Codificaciones en las que el procesado quedaba expuesto a que el juez de segunda instancia modificara en perjuicio suyo el fallo de primera instancia sin restriccion alguna. Asi, el principio de non reformatio in peius tiene fundamento en la Constitucion Politica de 1991, la cual establece lo siguiente:

Articulo 31. Toda sentencia judicial podra ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podra agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante unico.

A partir de su inclusion en la Constitucion Politica este principio se regulo tambien en el Codigo de Procedimiento Penal de 1991 (Decreto 2700) como norma rectora. (11) Sin embargo, en dicha codificacion existia una contradiccion, pues en su articulo 217 (12) se facultaba al superior para decidir sin limitacion sobre decisiones de primera instancia impugnadas o sometidas a consulta. De ahi que, mediante la Ley 81 de 1993 (13) se corrige dicha irregularidad y se faculta al superior para decidir sin limitaciones, unicamente sobre las decisiones sometidas a consulta, pero no sobre aquellas que han sido objeto de apelacion, pues en este caso, solo puede fallar sobre lo que se apele. De igual forma, se acoge dicho principio en el Codigo de Procedimiento Penal de 2000 (Ley 600).

Actualmente, el Codigo de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) establece que:

Articulo 20. Doble instancia. Las sentencias y los autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado, que afecten la practica de las pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas en este codigo, seran susceptibles del recurso de apelacion.

El superior no podra agravar la situacion del apelante unico. (14)

Asi mismo, en el Titulo VI, Capitulo IX, referente al recurso de la Casacion, (15) se prescribe:

Articulo 188. Principio de no agravacion. Cuando se trate de sentencia condenatoria no se podra agravar la pena impuesta, salvo que el fiscal, el Ministerio Publico, la victima o su representante, cuando tuviere interes, la hubieren demandado.

Por tanto, el principio de la non reformatio in peius no solo esta contenido en las disposiciones constitucionales, sino que tambien nuestro sistema procesal penal actual acoge dicho principio en varias de sus disposiciones. Esto con el fin de adecuarse al modelo de Estado Social y Democratico de Derecho, el cual propugna por la proteccion de los derechos y garantias constitucionales de los ciudadanos colombianos.

Requisitos de la non reformatio in peius derivados del articulo 31 constitucional y excepciones

Teniendo en cuenta el articulo 31 constitucional, se pueden destacar tres requisitos: En primer lugar, debe tratarse de una sentencia condenatoria; en segundo lugar, que se haya interpuesto recurso de apelacion (16) y; por ultimo, que se trate de un apelante unico. (17) Segun Rodriguez (2001) este ultimo requisito debe entenderse como
   La unidad en que vienen situados los sujetos procesales en
   desarrollo de la actuacion. Se trata de que los reclamantes esten
   en sintonia con las razones para impugnar y no haya ataque de otro
   sujeto procesal. Se debe mirar entonces, la ubicacion de los
   sujetos procesales en la confrontacion dialectica, como vienen
   ubicados en desarrollo de la actividad procesal y el mismo interes
   que les asiste (p.483).


En igual sentido, la Corte constitucional ha hecho referencia al concepto de <<apelante unico>>, afirmando que no se refiere exclusivamente al numero de personas que recurren la sentencia de condena, sino al hecho de que exista un unico interes o multiples intereses no confrontados. (18) Por otra parte, es importante recalcar que la non reformatio in peius no es un derecho absoluto que asiste a las partes, pues tiene dos claras excepciones. La primera de ellas es el grado jurisdiccional de consulta, el cual autoriza al funcionario judicial de segunda instancia a revisar la decision del juez a quo en su totalidad. Ello por cuanto el legislador ha permitido, en casos de alto impacto en la politica criminal y en la nacion, que el funcionario judicial tenga plena competencia para revisar la providencia, con independencia de si ha impugnado el fallo o no lo ha hecho.

Es importante recalcar que la consulta no es un recurso ni un medio de impugnacion para las partes, sino un medio de revision de la legalidad de la decision judicial de primera instancia o un grado de jurisdiccion. La consulta se cumple de oficio por el superior funcional de quien profiere la decision, pues opera por ministerio de la ley, es de caracter imperativo y se funda en el interes general. Por ello, el superior funcional se encuentra facultado para decidir sin limitacion alguna, permitiendo que se agrave la condena si el juez ad quem lo considera ajustado a derecho. En este sentido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (19) ha sostenido que el principio de la non reformatio in peius no tiene aplicacion contra el principio de legalidad, y que las sentencias no anticipadas proferidas por los jueces regionales siempre son consultables. Cabe tambien resaltar lo dicho por la Corte constitucional en lo referente al grado de consulta:
   La consulta es un grado de jurisdiccion que procede sin necesidad
   de solicitud por ninguna de las partes comprometidas en el proceso
   y, en ese sentido, es un mecanismo automatico que lleva al juez de
   nivel superior a establecer la legalidad de la decision adoptada
   por el inferior, generalmente con base en motivos de interes
   publico o con el objeto de proteger a la parte mas debil en la
   relacion juridica de que se trata. (20)


Como se afirmo anteriormente, en el Decreto No. 2700 de 1991, mediante el cual se pone en vigencia el Codigo de Procedimiento Penal de 1991, se consagro como norma rectora la non reformatio in peius, fruto de su inclusion en la Constitucion Politica de 1991. Mediante este decreto se faculto a los jueces de nivel superior para reformar las decisiones tomadas por los jueces de primera instancia cuando se haya recurrido a ellos a traves de un recurso de apelacion, o en caso de que la decision deba ser sometida a consulta. La contradiccion que anteriormente se expuso fue corregida por la Ley 81 de 1993, facultando a los jueces para inaplicar la prohibicion de reforma en peor unicamente en los casos en que los jueces avocan el conocimiento de decisiones que deben, atendiendo a los preceptos legales, ser sometidas a grado de consulta. Asi, mientras que la apelacion admite la aplicacion de este principio constitucional, el mismo no opera en la consulta. Adicionalmente, la Ley 81 de 1993 modifico el articulo 206 del Decreto 2700 de 1991 en lo referente a las providencias que han de considerarse consultables, estableciendo que:
   En los delitos de conocimiento de los Fiscales y Jueces regionales,
   son consultables cuando no se interponga recurso alguno, la
   providencia mediante la cual se ordena la cesacion de
   procedimiento, la preclusion de la investigacion, la providencia
   que ordena la devolucion a particulares de bienes del imputado o
   sindicado presuntamente provenientes de la ejecucion del hecho
   punible o que sea objeto material del mismo y las sentencias que no
   sean anticipadas.


Por su parte, la Ley 600 del 2000, mediante la cual se expidio el Codigo de Procedimiento Penal anterior, consagraba tambien como norma rectora la non reformatio in peius, y establecia en su articulo 204 que la consulta permitiria al superior decidir sin limitacion sobre la providencia. De igual forma, esta codificacion hace referencia a las decisiones que deben ser sometidas a consulta, como son
   Aquellas que traten de procesos en contra de la Administracion
   Publica, en los que la pena minima no sea inferior a cuatro (4)
   anos y en los delitos de narcotrafico, de testaferrato, de lavado
   de activos y de enriquecimiento ilicito de particulares, la
   preclusion de la instruccion, la cesacion de procedimiento y la
   sentencia absolutoria (...), siempre que no hayan sido objeto de
   apelacion (...). (21)


Cabe mencionar que esta norma fue declarada inexequible por la Corte constitucional mediante la sentencia C- 760 de 2001.

La Ley 906 de 2004 (actual codigo de procedimiento penal), corregida por el Decreto 2770 de 2004, si bien establece en sus articulos 20 y 188 el principio de la no reforma en perjuicio, que ha de ser aplicado por el juez de segunda instancia y tribunal de casacion a las decisiones que son objeto de apelacion, no hace referencia en ninguna disposicion a las decisiones que se someten a grado de consulta. Tampoco menciona cuales decisiones deberan ser consultadas por el superior. Sin embargo, en el ordenamiento colombiano encontramos casos como el del proceso de extincion de dominio, que se encontraba regulado en la ley 793 de 2002. En ella, el capitulo IV <<De la competencia y el procedimiento>>, articulo 13, numeral 10, establecia que: <<la sentencia de primera instancia que niegue la extincion de dominio y que no sea apelada, se sometera en todo caso al grado jurisdiccional de consulta>>. Dicha Ley fue derogada por la Ley 1708 de 2014, en cuyo articulo 72 se establece que <<la consulta permite al superior decidir sin limitacion sobre la providencia>>. Asi mismo, la Ley 190 de 1995 (estatuto anticorrupcion, derogado por la Ley 1474 de 2011), en su articulo 35, inciso 2[degrees], establecia que procede el grado jurisdiccional de consulta de la orden de entrega definitiva de bienes a particulares.

Para observar en la practica la aplicacion de la normatividad anteriormente analizada sobre la aplicacion del principio objeto de estudio, cuando se trata de una decision que debe ser sometida a consulta, es oportuno remitirse a la sentencia T- 755 de 1998 en que la Corte constitucional procedio a revisar una accion de tutela donde una persona habia sido condenada en primera instancia a 7 anos de prision y 12 salarios minimos legales mensuales de multa, mas las penas accesorias de rigor; y posteriormente, tras impugnar la sentencia en que se lo condeno, en su calidad de apelante unico, el juez ad quem decide confirmar la sentencia condenatoria aumentando las penas anteriormente mencionadas. Por ello el apelante solicita se revoque la sentencia de segunda instancia y se de cabida al art. 31 superior. Tanto el fallo de primera como el de segunda instancia consideran improcedente la tutela, pues se trataba de una decision que debia ser sometida a consulta, a la luz de la normatividad vigente en esa epoca.

La Corte en esta sentencia analizo la procedencia de la prohibicion de reforma en perjuicio del procesado frente al grado jurisdiccional de consulta, y establecio que:
   En la consulta el juez de segunda instancia actua por mandato de la
   ley, esto es oficiosamente, cuando efectua la revision de las
   providencias sometidas a este grado jurisdiccional, mientras que en
   la apelacion, la revision por parte del superior procede en virtud
   de la impugnacion propuesta por el sujeto procesal que se considere
   agraviado con la decision. (22)


De ahi que la Corte en esta sentencia analiza el articulo 127 del Codigo de Procedimiento Penal (Decreto 2700 de 1991, reformado por la ley 81 de 1993), vigente al momento de emitir la sentencia impugnada, en el cual se establecia que las sentencias emitidas por un juzgado regional en tramite ordinario estan sujetas al grado jurisdiccional de consulta, en la forma prevista por el articulo 206 del mismo. Luego no tenia cabida la prohibicion de la reformatio in peius, y el juez debia conocer in integrum el pronunciamiento recurrido. Por esta razon la Corte confirma la sentencia de primera instancia, pues se determino que no hubo vulneracion del derecho fundamental al debido proceso, y concretamente al principio de la favorabilidad y de la non reformatio in peius, dado que en el asunto sometido a estudio no operaba la prohibicion consagrada en el articulo 31 de la Constitucion.

Ahora bien, a partir del fallo queda claro que el grado jurisdiccional de consulta se convierte en una limitacion a la aplicacion de esta prohibicion, pues si bien cuenta con un tramite identico al de la apelacion, difieren en su naturaleza. Mientras que la consulta procede por ministerio de la ley, la apelacion requiere que sea interpuesta por una de las partes o por ambas. Es preciso afirmar que la apelacion no suple la consulta, y que ambas cuentan con objetivos distintos, pues mientras la consulta busca la revision de la legalidad de la decision del a quo, la apelacion resuelve sobre los aspectos que han sido objeto de impugnacion. Otra excepcion al principio de la non reformatio in peius se configura cuando las penas quebrantan el principio de legalidad; entendiendose violacion al principio de legalidad cuando los jueces desbordan los limites maximos y minimos establecidos para cada tipo penal.

En este punto es menester recordar que tanto el principio de la non reformatio in peius como el de legalidad tienen rango constitucional y hacen parte del debido proceso. El de legalidad implica que nullum crimen nulla poena; nullum mensura sine lege scripta, stricta, certa et praevia. (23) Asi, la prohibicion de reforma en perjuicio no puede subordinarse al principio de legalidad. Sin embargo, por hallarse ambos en un mismo plano de igualdad, en caso de que el ad quem asuma la revision de una sentencia impugnada por un apelante unico, en la cual los limites establecidos para el tipo penal que se le imputa sean desbordados, el principio de legalidad ha de ceder ante el principio de no reforma en peor.

Aun asi, la Corte constitucional ha afirmado que el principio de la prohibicion de la reformatio in peius prevalece sobre el de legalidad. Ni el principio de legalidad, ni ningun otro principio procesal, constituyen limite constitucional valido a la garantia prevista en el articulo 31 superior. (24)
   El principio de legalidad no puede ser interpretado de manera
   estrecha al punto que desconozca el sentido mismo que dio origen a
   su elaboracion, pues eete tiene como fin brindar certeza juridica
   en el derecho penal, respecto a la decision judicial que impone una
   pena o absuelve al procesado. (25)


Asi, el error cometido por el juez de primera instancia no puede recaer sobre el condenado, ya que la preservacion del principio de legalidad esta unicamente en manos de los organos del Estado, y el hecho de que se modifique la pena en perjuicio suyo atentaria contra los derechos del enjuiciado.

Desarrollo jurisprudencial

A continuacion se abordara el estudio de la jurisprudencia emitida desde la consagracion constitucional de la prohibicion de reforma en perjuicio, es decir desde 1991, tomando tanto la Sala de Casacion Penal de la Corte Suprema de Justicia como los fallos emitidos por la Corte constitucional, sin olvidar que hasta ahora hemos analizado las dos posturas existentes; esto es, la que da mayor prioridad a la prohibicion de reformatio in peius sobre el principio de legalidad de una parte y, por la otra, la que concibe al principio de legalidad como una excepcion a la prohibicion de reforma en perjuicio.

En este sentido, el principio de legalidad prescribe que no hay delito si no hay ley previa que lo declare como tal de forma expresa. Este principio tiene origen en la Carta Magna de 1215, y posteriormente fue contemplado en la Declaracion de los derechos del hombre y del ciudadano (1789) como una reaccion contra la arbitrariedad, el abuso del poder, y la inseguridad juridica. De ahi que fuera adoptado por la Constitucion de los Estados Unidos (1787); y actualmente se encuentra contenido en las constituciones de diversos paises, incluido Colombia, como una maxima necesaria para lograr y mantener un ordenamiento penal justo. De alli la necesidad de tipificar el delito de forma explicita, prohibiendose la aplicacion de analogias, y convirtiendolo en una norma escrita, estricta y previa. Pero no solo se estipula la descripcion del comportamiento prohibido, sino tambien el de la respectiva sancion que se ha de aplicar a quien infrinja la disposicion penal. Ello tiene como fin garantizar los derechos y libertades del individuo, evitar el arbitrio del Poder Ejecutivo y Judicial, afirmar la certeza y seguridad juridicas, y limitar la potestad de castigar del Estado. Por tanto, no solo abarca la legalidad de los delitos, sino tambien de las penas, de la ejecucion, del proceso, y la legalidad jurisdiccional.

La Corte constitucional ha dicho al respecto lo siguiente:
   En materia penal, el principio de legalidad se traduce en la
   necesidad imperiosa e insoslayable de que el legislador defina
   previamente el delito y la pena, el juez competente y las formas
   propias de cada juicio. Esa exigencia constitucional constituye,
   como lo ha senalado la jurisprudencia de la Corte una garantia de
   libertad y de seguridad para el ciudadano y correlativamente, un
   medio de limitacion del poder punitivo del Estado que ejerce a
   traves de los operadores judiciales. (26)


Ahora bien, la Corte constitucional en providencia de 1992, (27) tuvo la oportunidad de revisar dos acciones de tutela, las cuales fueron previamente acumuladas en un mismo expediente por virtud de la similitud de los hechos narrados y del problema juridico a decidir, pues en ambos casos se trataba de dos personas que habian apelado decisiones del Tribunal Disciplinario, (28) que agravaba la sancion que les habia sido impuesta por violacion al Estatuto del Ejercicio de la Abogacia (Decreto 196 de 1971). Dicho tribunal tuvo conocimiento en segunda instancia y en grado de consulta de las sanciones impuestas a los impugnantes. En este caso, la Corte se remite al articulo 31 de la Constitucion Politica, que impide al superior agravar la situacion del apelante unico, pues se da por entendido que este unicamente ha apelado la decision en lo desfavorable. Igualmente, establece dos requisitos para imponer el deber al juez de fallar en torno a los temas objeto de impugnacion: a) debe tratarse de un recurso de apelacion (o uno analogo o similar); y b) el apelante debe ser unico. A falta de alguna de estas exigencias, el superior queda en libertad para tomar la decision que considere ajustada a la ley.

Con fundamento en lo anterior la Corte confirmo la vulneracion de los derechos fundamentales de uno de los impugnantes, puesto que cumplio con los requisitos para que procediera la aplicacion de la no reformatio in pejus, en tanto que la pena impuesta en segunda instancia fue mucho mas grave que la determinada por el a quo. Sin embargo, respecto al otro tutelante, la Corte decidio confirmar la sentencia que agravaba la sancion impuesta, por haber conocido de dicho asunto en grado de consulta, (29) es decir que no hubo recurso de apelacion. De alli que el Tribunal estuviese en capacidad para agravar la sancion, pues el grado de consulta autoriza al superior para modificar la sentencia de primera instancia en su totalidad.

Posteriormente, en providencia del mismo ano, (30) la Corte constitucional concedio la tutela solicitada para dar proteccion al derecho de defensa y al debido proceso, pues la Corte Suprema de Justicia condeno a una persona por el delito de tentativa de estafa con una pena superior a la impuesta por el ad quem, quien absolvio al procesado en razon de la inexistencia de circunstancias muy bien dilucidadas que sirvieron de sustento (indicios) para la imputacion del delito por el a quo. Frente a la sentencia absolutoria, la parte civil interpuso recurso de casacion. Sin embargo, como se dijo previamente, la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casacion Penal) caso la sentencia absolutoria, e impuso una condena superior a la inicialmente prevista, razon por la cual el sentenciado hizo uso de la accion de tutela, invocando su derecho al debido proceso y al principio de non reformatio in peius; tutela que fue denegada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

Al respecto, la Corte constitucional afirmo que la sentencia emitida por la Sala de Casacion Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se agravaba la sancion al procesado, vulnero el derecho de defensa del mismo, puesto que agravo la sancion mediante la aplicacion de agravantes generales no contenidas en el auto de proceder (hoy resolucion de acusacion); pues al momento de dosificar la pena el hecho de no estar contenidas en la resolucion de acusacion le impide al juez fallar con base en ellas sino han sido contempladas previamente. Esto, en razon de que debe existir concordancia entre el auto de proceder (acusacion) y la sentencia, ya que su incongruencia conlleva la nulidad constitucional y legal de esta ultima, y constituye una causal de casacion. De modo que, aun cuando conozca de agravantes no contenidas en la resolucion de acusacion, debe el juez prescindir de ellas, segun lo ha establecido la Corte constitucional en su jurisprudencia, a efectos de no agravar la situacion del enjuiciado. La Corte constitucional considero que, para el caso en concreto, se vulnero el derecho a la defensa, pues la Corte Suprema de Justicia agravo la pena atendiendo a circunstancias de mayor punibilidad no contenidas en el auto de proceder.

De otra parte, la Corte constitucional define el alcance del principio de la non reformatio in peius otorgandole la calificacion de garantia del derecho procesal y constitucional, particularmente del regimen de los recursos, integrado al nucleo esencial del derecho al debido proceso. Se trata, entonces, de una garantia de legitimidad (Sotomayor, 2006). De alli que el superior no pueda agravar la pena impuesta al apelante unico, pues estaria tomando una decision extra-petita, atentatoria de los derechos a la defensa y al debido proceso, en razon de que el acusado no tuvo la posibilidad de controvertir las razones por las cuales el juez le impuso una pena mayor. Esto tambien constituye una garantia de imparcialidad, que le impide al juez intervenir en el proceso a favor o en detrimento de las partes, sea la Fiscalia o el acusado. Veamos:
   La interpretacion constitucional del articulo 31 de la Carta debe
   inspirarse en su finalidad garantista y en la primacia del derecho
   sustancial sobre meras consideraciones y acentos formalistas. En
   efecto, la expresion <<apelante unico>>, requisito necesario para
   limitar las facultades del juez de segunda instancia, no hace
   relacion exclusiva al numero de recurrentes de la sentencia
   condenatoria, sino a la naturaleza de sus pretensiones. (31)


De ahi la importancia de analizar las pretensiones esgrimidas por las partes, pues se entiende que hay apelante unico cuando quienes discrepan de la decision lo hacen en un mismo sentido sobre alguno o varios de los puntos de esta. La Corte constitucional termina afirmando que sus decisiones en materia de interpretacion del articulo 31 de la constitucion, contentivo de la prohibicion de reforma en perjuicio, deben ser acatadas por los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando actua como tribunal de instancia.

En decisiones posteriores, como la sentencia T-575 de 1993, la Corte afirmo que la Constitucion Politica de 1991, al incluir la non reformatio in peius, estipulo una situacion de favorabilidad para el individuo condenado, en la medida en que se prohibe aumentar su sancion en segunda instancia. La Corte afirma que si las normas legales favorables o permisivas, posteriores a la emision del fallo se aplican con preferencia frente a las normas restrictivas, lo mismo sucedera con las normas constitucionales que crean con posterioridad una situacion de favorabilidad para el reo. Mediante este fallo se hace visible la conexidad que puede llegar a tener la prohibicion en perjuicio con el principio non bis in idem, derivado del articulo 29 de la Constitucion Politica, en el cual se estatuye el derecho al debido proceso. En algunos casos donde el juez de segunda instancia aumenta la pena por haber sido erroneamente dosificada por el juez de primera instancia, la Corte considera que se esta ante una violacion del derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Luego en esta hipotesis tampoco se puede agravar la pena. Esta es una posicion reiterada por la Corte constitucional en diversas sentencias, entre las cuales se encuentra la sentencia T-741 de 2000.

En el ano de 1994, la Corte constitucional en Sala de Revision, asumio el conocimiento de una sentencia violatoria de la prohibicion de reforma en perjuicio, emitida con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitucion Politica actual, en la cual la sentencia de segunda instancia imponia una pena ostensiblemente superior a la determinada en el primer fallo. Alli la Corte, debido a la violacion de la prohibicion, invalido la sentencia que incrementaba la pena, y afirmo que el principio de favorabilidad ha de reinar en el derecho penal por expreso mandato del articulo 29 constitucional, tal y como lo sostuvo en la sentencia T-575 de 1993. (32) En sentencia SU-327 de 1995, la Corte constitucional reviso una sentencia de tutela contra sentencia judicial por violacion de no reforma en perjuicio. En esta ocasion se trataba de dos personas que fueron condenadas por los punibles de homicidio y hurto calificado, y que se encontraban en circunstancias de agravacion punitiva. Ambos impugnaron dicha sentencia con el objetivo de anularla u obtener una pena menor en sus calidades de apelantes unicos, pero tras la impugnacion recibieron una condena mayor. La Sala Penal del Tribunal Superior, decidio que la sentencia objeto de apelacion debia ser anulada debido a que no hubo congruencia entre la sentencia condenatoria y la resolucion de acusacion. Ademas, a la hora de imponer la pena el juez debia aplicar una ley distinta a la aplicada (con limites minimos y maximos de pena diferentes), por lo que la Sala Penal del Tribunal considero que la decision atento directamente contra el principio de legalidad de la pena. Sin embargo, los procesados entablaron una accion de tutela en contra de la sentencia, buscando la proteccion de sus derechos de defensa, y de debido proceso, y solicitando la revision del juicio que se les adelanto.

La Corte constitucional concedio el amparo con base en los siguientes argumentos: el Articulo 217 (modificado por el art. 34 de la Ley 81 de 1993) prescribe que:
   La consulta permite al superior decidir sin limitacion sobre la
   providencia o la parte pertinente de ella; la apelacion le permite
   revisar unicamente los aspectos impugnados. Cuando se trate de
   sentencia condenatoria no se podra en caso alguno agravar la pena
   impuesta, salvo que el fiscal o el agente del Ministerio publico o
   la parte civil cuando tuviere interes para ello, la hubieren
   recurrido.


Por tanto, si el juez ad quem adquiere competencia unicamente en razon del recurso interpuesto, solo estara facultado para resolver lo que se alega en el recurso. De otra parte, la Corte expuso que el juez de segundo grado no puede agravar la pena justificandose en el hecho de haber encontrado alguna irregularidad en la aplicacion de la misma. Es mediante esta sentencia unificadora (SU-327 de 1995) que la Corte constitucional sienta una postura definitiva, impidiendo que se altere la condicion del apelante unico, so pretexto de corregir las violaciones al principio de legalidad de la pena; pues la interpretacion de la norma hecha por el juez es una regla que solo podra ser corregida por el superior cuando las partes asi lo aleguen en los respectivos recursos.

Unicamente cabe la posibilidad de que el funcionario judicial se pronuncie o modifique en su totalidad la sentencia objeto de impugnacion cuando dicha decision haya sido recurrida por la parte acusatoria, el Ministerio Publico, o la parte civil; pues el Estado ha puesto en manos de la Fiscalia General de la Nacion la <<carga de la prueba>> y la responsabilidad de representar durante la etapa del juicio el interes de la comunidad en castigar al delincuente. De esa tarea se encargan el Fiscal y el Ministerio Publico. (33) Este ultimo, por considerarse como representante de la sociedad, tiene dentro de sus funciones la de buscar la preservacion del orden juridico, y velar para que las decisiones judiciales se armonicen con el principio de legalidad. En caso de que ninguno de los agentes procesales que faculta la Ley para impugnar la sentencia a favor del Estado lo haga, se entiende que se encuentran conformes con respecto a la decision del juez de conocimiento.

Actualmente la Corte constitucional mantiene la postura expuesta lineas arriba y expresada en las sentencias: T-413 de 1992, T-474 de 1992, C-055 de 1993, T-237 de 1993, T-555 de 1996, T-740 de 1999, SU-598 de 1995, entre otras.

En providencia de 1997, (34) nuevamente la Corte reitera lo establecido en las sentencias T-474 de 1992 y SU-327 de 1995 en lo que se refiere a la definicion y alcance del principio objeto de analisis. Adicionalmente, la Corte establece que el ad quem podra corregir el yerro cometido por el a quo al imponer la pena, si al realizar dicha correccion se favorece al condenado. Sin embargo, no se podra corregir el yerro de la sentencia si dicha correccion agrava la situacion del sentenciado, tal como se establece en la sentencia T-178 de 1998. En esta ultima sentencia, el juez de primera instancia habia disminuido la pena en una proporcion no autorizada por la normatividad penal, razon por la cual el juez ad quem aumento lo disminuido. Por esta razon el condenado tutelo la decision del superior, con el fin de que se le reconociera el derecho al debido proceso y se aplicara el articulo 31 de la Constitucion. La Corte constitucional reitero lo establecido en la sentencia SU-327 de 1995, y afirmo que si cuando el apelante es unico el ad quem no puedeia corregir los errores aritmeticos del a quo, pues se infiere la conformidad de la Fiscalia y del Ministerio Publico, cuando no apelan la sentencia, con respecto a la pena impuesta.

Prosiguiendo con la linea de tiempo, en la sentencia de unificacion SU-1553 de 2000 se evidencia el debate al interior de la Corte constitucional y de la doctrina en lo que respecta a la aplicacion de la non reformatio in peius por encima del principio de legalidad de las penas. Segun se plantea en dicha sentencia, la prohibicion de reforma en perjuicio se deriva del principio de legalidad que impone la autolimitacion y exclusion de la arbitrariedad del juez. Por ello, un sector de la doctrina y de la Rama judicial, consideran que en caso de que el juez a quo profiera una sentencia atentatoria de la legalidad basica, el juez ad quem podra modificarla, aunque con ello empeore la situacion del apelante unico. Esta posicion se evidencia en el Salvamento de voto del Magistrado Fabio Moron Diaz, quien ya habia salvado su voto en la sentencia SU-327 de 1995. Sin embargo, la sentencia SU-1553 de 2000 establece el parecer de la Sala Plena de la Corte constitucional, y en esta se reitera que el principio de legalidad no puede interpretarse de forma estrecha, pues ha sido consagrado con el fin de brindar certeza juridica al derecho, la que se adquiere a traves de la sentencia. Asi, si el superior modifica la sentencia de primera instancia, agravando la pena impuesta al condenado, se atenta contra la certeza juridica que el principio de legalidad busca garantizar. En igual sentido, la Corte aduce que el condenado no puede, ni debe soportar la carga del error del juez, ya que no esta obligado a apelar una decision para garantizar el principio de legalidad. A traves de la sentencia SU- 1553 de 2000 se establece que el desconocimiento del articulo 31 constitucional por parte de los jueces, y las interpretaciones que se alejen de dicho principio, constituyen una via de hecho, lo cual es susceptible de correccion por medio de la accion de tutela. (35)

A partir del analisis previo de algunas de las sentencias emitidas por la Corte constitucional es posible evidenciar que la postura de la Corte no ha variado, desde 1992, con respecto a la aplicacion del principio de non reformatio inpeius, y de su prevalencia sobre el principio de legalidad en muchos de los casos que ante ella se han presentado. La unica excepcion a dicho principio lo constituye el sometimiento a grado de consulta, caso en el cual no procede la aplicacion de la prohibicion en perjuicio del procesado, ya que el juez superior no tiene ningun tipo de limitacion cuando de esas decisiones se trata, contrario a lo que sucede con aquellas que no deben ser sometidas a grado de consulta, y que han sido impugnadas por un apelante unico. En este ultimo caso el juez se encuentra limitado para fallar sobre aspectos diferentes a los contemplados en la apelacion. La tension valorativa sobre la prevalencia de dicha garantia constitucional sobre el principio de legalidad tambien ha sido discutida en las sentencias T-1186 de 2003, T-291 de 2006. En dichas sentencias se otorga nuevamente prevalencia al principio de non reformatio in peius.

Corresponde ahora analizar lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia como organo de cierre de la jurisdiccion ordinaria. En este sentido encontramos que en sentencia del 14 de Junio de 1995, con la ponencia del magistrado Jorge Enrique Valencia, la Corte Suprema de Justicia resolvio un recurso de casacion en el que se alegaba la vulneracion del articulo 31 constitucional por parte el juez ad quem. En un caso que incluia a varios acusados, primera instancia el juez decidio absolver a algunos de estos. Posteriormente quienes habian sido condenados impugnaron la providencia, y como resultado de ello los que en principio habian sido absueltos terminaron condenados en segunda instancia. En esta oportunidad la Corte Suprema de Justicia se refiere a la prohibicion de la reformatio in pejus como una
   Garantia que favorece al procesado, pero que tiene un hondo
   contenido sustancial en la medida que protege al imputado frente a
   los desmanes que se presenten en la aplicacion de la normatividad
   sustancial, como es toda la que tiene que ver con la punibilidad.
   (36)


La Corte se refiere en este caso al principio en cuestion un limite al poder punitivo del Estado, que se invoca cuando es unicamente el condenado el inconforme con la decision, ante lo cual el juez ad quem no se encuentra facultado para modificar en perjuicio del condenado la sentencia del a quo, sino solamente en lo que respecta al motivo de apelacion.

Similar situacion se presenta en providencia del 18 de octubre de 1995, con ponencia de Edgar Saavedra Rojas. En este caos la Sala de Casacion Penal de la Corte Suprema de Justicia da solucion al recurso de casacion interpuesto por una persona que es absuelta en primera instancia, y condenada en segunda instancia como complice de su hermano en la comision del delito de homicidio. Este ultimo impugno la sentencia de primera instancia tras ser condenado, y la impugnacion termino afectando a su hermano. La demanda estaba edificada sobre un supuesto transito legislativo, pues segun el accionante, si bien la sentencia condenatoria ya se encontraba ejecutoriada antes de la creacion de la prohibicion de reforma en perjuicio que configuran la Constitucion Politica de 1991 y el Codigo de Procedimiento Penal de 1991, era posible aplicar dicha prohibicion de forma retroactiva, dando lugar a la aplicacion de la favorabilidad.

Con respecto a la prohibicion en perjuicio del procesado, el accionante cito algunas providencias mediante las cuales se delimita la aplicacion de la misma, pues en una de ellas es aceptada la vigencia de la prohibicion de la reformatio in pejus para el momento en que se examina la legalidad del fallo. (37) Adicionalmente, la Corte ha extendido esa prohibicion tambien para los casos en q--ue se produce la sustitucion de una sentencia absolutoria por una condenatoria. (38)

Ahora bien, si la Corte Suprema de Justicia ha reconocido la aplicacion de la prohibicion de reforma en peor para casos anteriores a la entrada en vigencia de la Constitucion de 1991, para el caso objeto de la sentencia analizada niega la aplicacion de la misma, en razon a que si bien se cumplen los requisitos para la aplicacion de dicha prohibicion, no se configuran los presupuestos para darle retroactividad a los preceptos del procedimiento penal actual, dado que la sentencia condenatoria impugnada ya estaba ejecutoriada.

En 1996, la Sala de Casacion Penal de la Corte Suprema de Justicia reconoce el derecho del condenado a que no le sea agravada la pena impuesta en primera instancia cuando se ha recurrido la sentencia condenatoria. En providencia del 20 de Noviembre de 1996, con ponencia de Ricardo Calvete Rangel, la Corte Suprema resolvio un recurso de casacion al que se acudio con el fin de que se reconociera la vulneracion del articulo 31 constitucional, pues el juez ad quem si bien redujo el total de la pena, incremento el quantum impuesto por el concurso de delitos cometidos. La Corte Suprema considero que el incremento no era procedente, pues la tasacion realizada por el juez a quo era ajustada a la legalidad. El mismo ano, la Corte amparo el derecho al debido proceso de los recurrentes, dando aplicacion a la prohibicion de reformatio in peius, en providencia del 5 de Noviembre, con ponencia de Fernando Arboleda Ripoll, con el fin de mantener la pena fijada por el juez a quo en relacion con el ilicito cometido; pues aunque para el momento en que el juez ad quem resolvio la apelacion inicial no se encontraba vigente la Constitucion Politica de 1991, ni el Codigo de Procedimiento Penal de 1991, por tratarse de normas favorables al procesado, no se discute su aplicacion inmediata. En esta ocasion la Corte reitero que
   La prohibicion de la reformatio in peius tiene operancia cuando la
   revision de la sentencia depende exclusivamente de la voluntad del
   procesado o su defensor, de manera que el superior no puede revisar
   el fallo de no mediar dicha impugnacion. (39)


La Corte Suprema de Justicia en sus providencias ha determinado que en los casos en que la pena establecida en primera instancia no se ajuste a la legalidad, es posible omitir la aplicacion de la prohibicion de la reforma en perjuicio en pro del principio de legalidad, pues corresponde al juez ad quem corregir el error cometido por el juez de primera instancia. Mediante providencia del 13 de marzo de 1997, con ponencia de Jorge Anibal Gomez Gallego, esta Corporacion establecio que aun cuando se haya presentado un incremento de la pena impuesta tras la impugnacion, no se agrava la pena en sentido estricto, sino que se ajusta la tasacion punitiva a la ley. En esta ocasion, la Sala reitero que
   Cuando el juez a quo vulnera el principio de legalidad de las penas
   al imponer una de ellas por debajo del limite minimo o por encima
   del maximo que establece la norma aplicable, la segunda instancia
   puede hacer la tasacion punitiva en correspondencia exacta con el
   ordenamiento positivo. (40)


Adicionalmente, la Corte establecio que si bien ambos principios cuentan con el mismo rango constitucional, la non reformatio in peius debe propender porque la pena impuesta por el juez a quo sea legal, de lo contrario el juez de segunda instancia estara facultado para dosificar la pena ajustandola a los preceptos legales.

En el mismo ano (1997) la Corte establecio que la prohibicion de reformatio in peius no solo se aplica cuando el juez ad quem incrementa la pena impuesta en primera instancia, sino tambien <<cuando la dosificacion punitiva efectuada dentro de los limites legales sea muy benigna, se absuelva por una conducta, se elimine una circunstancia de agravacion punitiva o se reconoce una atenuante especifica>>, (41) pues en este caso, el ad quem debe redosificar la pena y aplicar la que corresponde atendiendo a las modificaciones propuestas. Asi mismo, la decision del juez superior que interpone una medida no contemplada en la sentencia de primera instancia resulta violatoria del principio de non reformatio in peius. (42)

Con respecto a las exigencias para la procedencia del articulo 31 constitucional, la Corte Suprema ha establecido que, adicionalmente a la condicion de apelante unico, el fallo de primera instancia debe haber sido efectivamente apelado para que esta figura proceda. En el mismo sentido se exige que la sentencia objeto de apelacion sea condenatoria, y el funcionario superior ha de ser competente para decidir sobre la apelacion. Atendiendo al primer requisito mencionado cabe tener en cuenta que el apelante unico no significa exclusivamente la apelacion por parte del condenado, sino que tambien se predica esta caracteristica cuando varias personas apelan en torno a un mismo interes u objetivo. Es menester recordar que en los casos en que el apelante no sea unico, es decir, que haya apelado el Ministerio Publico, la Fiscalia o la parte civil, el juez es competente para modificar el fallo en su integridad, como se evidencia en la sentencia del 27 de julio de 2007, con ponencia del magistrado Javier Zapata Ortiz. En esta providencia, la Corte establecio que la apelacion de la parte civil
   No se orienta unica y exclusivamente en la busqueda de una
   reparacion economica con ocasion de los danos ocasionados con el
   hecho punible, sino tambien se encamina a hacer efectivos sus
   derechos a la verdad (...), y a que no se genere impunidad
   realizando la justicia.


Igual planteamiento se produce en providencia del 5 de diciembre de 2007 (M.P Julio Enrique Socha Salamanca); y en sentencia del 1 de julio de 2009 (M.P Julio Enrique Socha S).

Asi, la Corte Suprema en sus providencias decidio no casar las sentencias objeto de apelacion. La razon de dicha decision fue que las modificaciones efectuadas por el juez ad quem se llevaron a cabo dentro del tramite de un grado jurisdiccional de consulta; es decir, que el fallo de primera instancia no fue apelado sino que su consulta se efectuo por ministerio de la ley. Por consiguiente el superior no tenia limitacion alguna para modificarlo. (43) En otras palabras, la Corte Suprema partio del supuesto de que la Consulta autoriza al superior para modificar la totalidad de la sentencia, en procura de lograr la legalidad y el efectivo cumplimiento de los fines del Estado en busca de un orden justo. (44)

Mediante providencia del 28 de octubre de 1999, con ponencia del magistrado Yesid Ramirez Bastidas, se expuso la figura de la consulta como aquella que se apoya en el interes general, de caracter imperativo, y cuya competencia es plena e ilimitada. Bajo la legislacion anterior se entendia que la consulta era subsidiaria de la apelacion, en razon de que el articulo 206 del Codigo de Procedimiento Penal establecia que las decisiones eran consultables cuando contra ellas no se hubiere interpuesto recurso de apelacion. Ademas, es importante recordar que antes de la Constitucion Politica de 1991 no se prohibia a los jueces fallar sin limitacion alguna. (45) En providencia del 18 de octubre de 2000, con ponencia de Alvaro Orlando Perez Pinzon, se suscito un enfrentamiento entre el principio de prohibicion de la reformatio in peius y el principio de favorabilidad. Esta situacion se resolvio por medio de la ponderacion de los principios en mencion. En este caso se opto por la primacia del derecho mas proximo a la dignidad del ser humano, es decir, el principio de favorabilidad, debido a su intima relacion con la libertad de la persona.

En sentencia de 10 de mayo de 2001, con ponencia del Magistrado Edgar Lombana Trujillo, la Corte Suprema de Justicia adujo, respecto del cargo por violacion al principio de non reformatio in peius propuesto por el demandante, que no se presento vulneracion alguna, puesto que segun esta Corporacion:
   No podia el superior funcional pasar por alto los desaciertos en el
   calculo de la pena vertidos en la sentencia de primera instancia,
   so pretexto de la prohibicion de la no reformatio in pejus, pues
   esta veda juridica no tiene cabida cuando el A-quo haya ignorado el
   principio de legalidad de los delitos y de las penas, y de contera
   el debido proceso.


Como se puede apreciar la Corte Suprema aplica un criterio diferente al de la Corte constitucional a proposito del principio de la prohibicion de reforma en perjuicio. La primera da prioridad al principio mientras que la segunda opta por el principio de legalidad, generando confusiones en los operadores judiciales por tratarse de dos organos de cierre de jurisprudencia. Sin embargo, dado que la Corte constitucional debe dar el sentido de los derechos fundamentales, y por mandato del constituyente primario es guardiana de la constitucion, debemos acoger sus pronunciamientos en detrimento del criterio de la Corte suprema. No se trata solo de una prevalencia basada en el argumento de autoridad, sino tambien en principios fundamentales del derecho penal como la favorabilidad, la dignidad humana, el principio pro homine, entre otros.

Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia, contraviniendo lo establecido por la Corte constitucional sobre el tema, continua con su postura a favor del principio de legalidad, situacion que se observa en el siguiente conjunto de sentencias: del 29 de Julio de 1992 (M.P Didimo Paez Velandia); del 11 de noviembre de 1992 (M.P Juan Manuel Torres Fresneda); del 25 de Junio de 1993 (Edgar Saavedra Rojas); del 9 de agosto de 1993 (M.P Juan Manuel Torres Fresneda); del 6 de Octubre de 1994 (M.P Ricardo Calvete Rangel); del 28 de octubre de 1997 (M.P Carlos E. Mejia Escobar); del 20 de mayo de 1998 (M.P Carlos E. Mejia Escobar); del 1[degrees] de diciembre de 1999 (M.PJorge Cordoba Poveda); del 20 de septiembre de 2000 (M.P Edgar Lombana Trujillo); del 23 de Julio de 2001 (M.P Nilson Pinilla Pinilla); del 2 de mayo de 2002 (M.P Jorge E. Cordoba Poveda); del 23 de enero de 2003 (M.P Yesid Ramirez Bastidas); del 10 de marzo de 2004 (M.P Alfredo Gomez Quintero); del 20 de abril de 2005, con ponencia de Alfredo Gomez Quintero; y la sentencia del 19 de mayo de 2010, con ponencia del magistrado Julio Enrique Socha Salamanca; entre otras.

Pero esta posicion de la Corte Suprema no ha sido pacifica, es asi como encontramos providencias en anos similares con posiciones distintas, en las que incluso se manifiesta que el principio de non reformatio in peius no es absoluto, y que el principio de legalidad cuenta con mecanismos de garantia, como los medios de impugnacion y sujetos procesales a traves de los cuales se puede evitar la vulneracion del mismo. Ademas, es menester referirse a la importancia que guarda la tendencia acusatoria del sistema penal colombiano a partir de la Ley 600 de 2000, debido a que dicha tendencia trae como consecuencia la separacion de las funciones de acusacion y de juzgamiento, radicando la primera de ellas en la Fiscalia, que ha de funcionar como representante de los intereses del Estado. De modo que, segun la Corte, no es logico agravar la situacion del condenado que ha recurrido la sentencia condenatoria como unico apelante, pues ese no es el objetivo ni el proposito de los medios de impugnacion en general. (46) Igual postura se reitera en providencia del 26 de enero de 2006, con ponencia de Alvaro Orlando Perez Pinzon; sentencia del 9 de febrero de 2006 , con ponencia de MARINA PULIDO DE BARON; del 14 de diciembre de 2010, con ponencia de Alfredo Gomez Quintero; del 2 de septiembre de 2008, con ponencia de Alfredo Gomez Quintero; del 8 de noviembre de 2011, con ponencia de Augusto J. Ibanez Guzman; del 24 de julio de 2013, con ponencia de Fernando Alberto Castro Caballero; y en la sentencia del 20 de noviembre de 2014, con ponencia de Gustavo Enrique Malo Fernandez, en las que se da plena aplicacion a la non reformatio in peius.

De otra parte, se hace necesario referenciar la ampliacion de la aplicacion de la prohibicion de reforma en perjuicio, citada por la Corte Suprema de Justicia mediante providencia del 14 de diciembre de 2010, con ponencia de Julio Enrique Socha Salamanca, y en sentencia del 14 de mayo de 2014, con ponencia de Maria Del Rosario Gonzalez Munoz. Con anterioridad a la Ley 906 de 2004, mediante las cuales la aplicacion de la no reformatio in pejus solo procedia para las sentencias condenatorias en presencia de un apelante unico. Pero ahora la prohibicion aplica tanto para las sentencias condenatorias como para los autos interlocutorios, debido a que en ella se plantea que <<el superior jerarquico no podra agravar la situacion del apelante unico>>, entendiendose que la prohibicion procede no solo contra las sentencias condenatorias sino sobre toda actuacion jurisdiccional que agrave la situacion del condenado. Este planteamiento se expone en la sentencia C-591 de 2005 (reiterada en el fallo C-799 del mismo ano), mediante la cual es establece que: <<la prohibicion de reforma peyorativa no solo puede predicarse de las sentencias, sino que es extensible a los autos susceptibles del recurso de apelacion>>. Luego es valido afirmar que las Cortes Suprema de Justicia y Constitucional, finalmente se han puesto de acuerdo, despues de muchos anos de enfrentamientos entre posiciones de una y otra corporacion, en torno a la aplicacion del principio de la prohibicion de reforma en perjuicio.

Conclusion

A modo de consideraciones finales podemos advertir que la prohibicion de reforma en perjuicio ha sido acogida por el ordenamiento juridico colombiano con rango constitucional desde el ano 1991, como principio sustancial y garantia procesal que asiste a todo enjuiciado. La non reformatio in peius constituye una limitacion al juez superior para modificar la sentencia de primera instancia agravando la pena o imponiendo una a quien habia sido absuelto en primera instancia. Esto con el fin de garantizar el debido proceso del condenado, su derecho a la defensa, a la seguridad juridica, a la dignidad humana, y a la libertad.

Para la procedencia de la prohibicion de reformatio in peius debe tratarse de una sentencia o un auto interlocutorio, modificatorio de la situacion del enjuiciado en detrimento de su condicion anterior. Adicionalmente se exige que se trate de un apelante unico, es decir, que se impugne un mismo interes por uno o varias personas. De ahi que si el Ministerio Publico, la parte civil, o la Fiscalia recurren la sentencia, se hace inoperante la prohibicion de reformatio in peius, y le asiste al juez superior la facultad de decidir no solo con respecto al objeto de impugnacion del enjuiciado, sino tambien sobre la decision de primera instancia en su totalidad, con el fin de ajustarla a la legalidad.

Igual facultad asiste al ad quem en los casos que la ley senala expresamente que deben ser sometidos a consulta, pues no se trata de un recurso de apelacion, el cual requiere de la accion de las partes para que proceda la revision, sino que opera por ministerio de la ley en los casos que esta senale. Esto se debe al hecho de que el grado jurisdiccional de consulta es de caracter imperativo y se funda en el interes general. Pues lo que se busca a traves de ella es la revision de la legalidad de las decisiones en procura del interes publico.

Si bien ambas Cortes reconocen la necesaria aplicacion del principio de non reformatio in peius como garante del debido proceso del sentenciado, se han cuestionado en torno a su prevalencia sobre el principio de legalidad de las penas. A partir de dicho cuestionamiento se identifican dos posturas contrarias: por una parte, aquella que otorga prevalencia a la prohibicion de reformatio in peius en razon de su constitucionalidad y su caracter de garantia de los derechos fundamentales del condenado, entre los que se encuentran el debido proceso, el derecho a la contradiccion, a la defensa, y a la seguridad juridica. Esta postura ha sido adoptada por la Corte constitucional y por distintos doctrinantes, quienes apoyan su aplicacion en todos los casos en los cuales la pena impuesta en la sentencia condenatoria de primera instancia, que ha llegado al juez superior en virtud de la apelacion de un recurrente unico, no puede ser agravada. De igual forma la Corte constitucional fundamenta la prevalencia de dicho principio teniendo en cuenta el sistema penal acusatorio que rige actualmente en nuestro pais, debido a que la aplicacion de la prohibicion de reforma en perjuicio refuerza dicho sistema al escindir las funciones que corresponden a la Fiscalia y al juez, de modo que faculta al primero para investigar, y al segundo para juzgar. La reformatio in peius atentaria contra dicha escision, toda vez que en muchos de los casos el juez ad quem o juez superior condena por delitos no contenidos en la resolucion de acusacion.

La otra postura se fundamenta en la primacia del principio de legalidad de las penas, pues aunque la impugnacion de la sentencia a fin de garantizar la legalidad de la decision corresponde al Ministerio publico o a la fiscalia, el juez superior no puede pasar por alto la ilegalidad de la misma, tomada en primera instancia. En otras palabras, los yerros que atentan contra la legalidad de las penas no pueden pasarse por alto por el hecho de existir un apelante unico, pues la legalidad esta por encima del interes particular del enjuiciado, y es deber del juez garantizarla. La Corte Suprema de Justicia sostuvo esta posicion durante largo tiempo, y fue solo hasta el ano 2005, cuando se armonizaron criterios con la Corte constitucional. Desde entonces ambas Cortes comparten los argumentos esgrimidos por esta ultima sobre la prevalencia del principio de non reformatio in peius. La coexistencia de los principios mencionados, a fin de que no se sacrifique ninguna de las garantias citadas, se asienta en la proteccion de otros principios y derechos fundamentales. Asi pues, el estado actual del arte que registran las decisiones de ambas cortes es la preponderancia absoluta de la prohibicion de reformatio in peius sobre la legalidad de las penas.

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(1) Corte constitucional. Sala Primera de Revision. Sentencia T-406 de 1992. M.P Ciro Angarita Ciron.

(2) Al respecto pueden consultarse tambien Veron (1987), Bruner (1991). Berger y Luckmann (1978). Berger y Luckmann (1997). Son estos, entre otros autores, los que abordan el problema del sentido y los significados como herramienta de investigacion y analisis de contenido documental.

(3) Al respecto vease: Lopez ((2006, p.139-265).

(4) Corte constitucional Sala Plena. Sentencia C-040 de 2002. M.P Eduardo Montealegre Lynett., entre otras.

(5) En virtud de la cual solo se conoce en apelacion de aquello que se apela.

(6) Consiste en que los funcionarios judiciales deben abocarse a los problemas juridicos puestos a su disposicion y no extenderse mas alla del caso que se les presenta.

(7) Corte constitucional. Sala Octava de Revision de Tutelas. Sentencia T-1223 de 2001. M.P Alvaro Tafur Galvis.

(8) Codigo de Procedimiento Penal. Articulo 20

(9) Ley 906 de 2004. Articulo 176. <<Recursos ordinarios. Son recursos ordinarios la reposicion y la apelacion. Salvo la sentencia la reposicion procede para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia>>.

(10) SOLARTE, Carmen E. Lecciones de Procedimiento Penal- Tendencia Acusatoria,.1- Ed. Bogota: Temis S.A. 1998. P 109-111.

(11) Decreto 2700 de 1991. Articulo 17. <<Reformatio in peius. El superior no podra agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante unico>>.

(12) Decreto 2700 de 1991. Articulo 217. <<El recurso de apelacion y la consulta permiten al superior decidir sin limitacion alguna sobre la providencia impugnada o consultada (...)>>.

(13) Ley 81 de 1993. Articulo 217. <<COMPETENCIA DEL SUPERIOR. La consulta permite al superior decidir sin limitacion sobre la providencia o la parte pertinente de ella; la apelacion le permite revisar unicamente los aspectos impugnados. Cuando se trate de sentencia condenatoria no se podra en caso alguno agravar la pena impuesta, salvo que el fiscal o el Agente del Ministerio Publico o la parte civil cuando tuviere interes para ello, la hubieren recurrido>>.

(14) Colombia. Congreso de la Republica.. Ley 906 (1, septiembre, 2004). Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Penal. Diario Oficial. Bogota, D.C., 2004. No. 45658. Articulo 20.

(15) El recurso de casacion se interpone ante el Tribunal Supremo contra fallos definitivos, en los cuales se suponen infringidas leyes, o quebrantada alguna garantia esencial del procedimiento. Pretende la efectividad del derecho material, el respeto de las garantias de los intervinientes, la reparacion de los agravios inferidos a estos, y la unificacion de la jurisprudencia. (Art. 180 C.PP).

(16) La Apelacion es un recurso ordinario por el que unas actuaciones judiciales se remiten a un organo superior con la posibilidad de practicar nuevas pruebas para que revoque la resolucion dictada por otro inferior. (Articulo 179 C.PP)

(17) Corte constitucional. Sala Plena. Sentencia C-583 de 1997. M.P Carlos Gaviria Diaz.

(18) Corte constitucional. Sala Plena. Sentencia C-583 de 1997. M.P Carlos Gaviria Diaz.

(19) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacion Penal. Sentencia de fecha 10 de Mayo de 2001. M.P Edgar Lombana Trujillo.Proceso NO 14605.

(20) Corte constitucional. Sala Plena. Sentencia C-055 de 1993. M.P Jose Gregorio Hernandez Galindo

(21) Colombia. Congreso de la Republica.. Ley 600 (24, julio, 2000). Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Penal. Diario Oficial. Bogota, D.C., 2000. No. 44097. Articulo 203.

(22) Corte constitucional de Colombia. Sentencia T- 755 de 1998. MP Dr. Antonio Barrera Carbonell.

(23.) Ningun delito, ninguna pena, ninguna medida de seguridad se pueden aplicar sin ley previa, estricta, escrita, cierta y previa. En: FERNANDEZ CARRASQUILLA, Juan. Derecho penal fundamental. Tomo I. 2- ed. Bogota: Editorial Temis. 1998, p. 83.

(24) Corte constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-1722 de 2000. M.P Jaime Charry Rivas.

(25) GAVILLAN. Reformatio in pejus. Recuento Jurisprudencial. 2006. Disponible desde Internet en: <gavillan5.blogspot.com> [Citado el 22 de Agosto de 2014]

(26) Corte constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-1722 de 2000. M.P Jaime Charry Rivas.

(27) Corte constitucional. Sala Primera de Revision de Tutelas. Sentencia T-413 de 1992. M.P Ciro Angarita Baron.

(28) El Tribunal Disciplinario ceso sus funciones por mandato de la constitucion Politica de 1991, en la cual sus funciones fueron transferidas al Consejo Superior de la Judicatura.

(29) La consulta tiene lugar cuando el legislador dispone que la sentencia sea necesaria y oficiosamente revisada por el superior, sin lo cual no se ejecutoria. No se trata de ningun recurso, puesto que nadie lo interpone y no rige el principio de la <<reformatio in pejus>> para la competencia del superior y el alcance de su decision (sentencia T-413 de 1992)

(30) Corte constitucional. Sala Segunda de Revision. Sentencia T-474/92. M.P Eduardo Cifuentes Munoz y Alejandro Martinez Caballero.

Corte constitucional. Sala Segunda de Revision. Sentencia T-474/92. M.P Eduardo Cifuentes Munoz y Alejandro Martinez Caballero.

(32) Corte constitucional. Sala Sexta de Revision de Tutelas. Sentencia T-289 de 1994- M.P Hernando Herrera Vergara.

(33) Corte constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-1722 de 2000. M.P Jaime Charry Rivas.

(34) Corte constitucional. Sala Tercera de Revision de Tutelas. Sentencia T-113 de 1997. M.P Eduardo Cifuentes Munoz.

(35) Corte constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-1722 de 2000. M.P. Jaime Charry Rivas

(36) CSJ. Sentencia del 14 de Junio de 1995 con la ponencia del magistrado Jorge Enrique Valencia,

(37) Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 24 de septiembre de 1992. M.P Dr. Carreno Luengas.

(38) Corte Suprema de Justicia. Sentencias del 9 de abril de 1992 (M.P. Dr. Paez Velandia) y del 12 de agosto de 1992 (M.P.Dr. Duque Ruiz)

(39) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacion Penal. Sentencia del 5 de Noviembre de 1996. M.P Fernando Arboleda Ripoll.

(40) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacion Penal. Sentencia del 13 de Marzo de 1997. M.P Jorge Anibal Gomez Gallego.

(41) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacion Penal. Sentencia del 6 de Junio de 1997. M.P Carlos E. Mejia Escobar.

(42) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacion Penal. Sentencia del 26 de Junio de 1998. M.P Carlos E. Mejia Escobar.

(43) Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 26 de mayo de 1998, con ponencia de Carlos E. Mejia Escobar y Sentencia del 23 de mayo de 2001. M.P Carlos Augusto Galvez Argote

(44) Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 28 de octubre de 1999. M.P. Yesid Ramirez Bastidas.

(45) Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 29 de Octubre de 2002. M.PYesid Ramirez Bastidas. Posicion reiterada en providencia del 26 de Noviembre de 2013. M.P Edgar Lombana Trujillo.

(46) Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 18 de mayo de 2005, M.P Alfredo Gomez Quintero

Yecid Echeverry Enciso *

Universidad Icesi (Cali, Colombia)

echeverryyesid@hotmail.com

Laura Valentina Onate Delgado**

Universidad Icesi (Cali, Colombia)

laura.onate@correo.icesi.edu.co

Articulo de investigacion: recibido 29/07/2016 y aprobado 17/11/2016

* Es docente tiempo completo de la Universidad Icesi. Abogado de la Universidad San Buenaventura, Sociologo y Magister en Filosofia de la Universidad del Valle y es candidato a Doctor en Derecho por la Universidad Catolica de Argentina.

** Es estudiante del programa de derecho de la Universidad Icesi. Miembros del grupo de investigacion Precedente.

*** El presente ensayo es resultado de investigacion del proyecto titulado El control constitucional y la politica criminal en los estados de excepcion: Colombia 1991-2000, adscrito a la linea de investigacion Dogmatica penal y criminologia. Grupo Precedente, Universidad Icesi.
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Author:Echeverry Enciso, Yecid; Onate Delgado, Laura Valentina
Publication:Revista Precedente
Date:Jul 1, 2016
Words:16338
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