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La participacion de los trabajadores en materia de Prevencion de Riesgos Laborales.

1. INTRODUCCION

El derecho de participacion legalmente reconocido a los trabajadores en diferentes aspectos relacionados con la organizacion general de la empresa, y en particular los relativos a la prevencion de riesgos laborales, presenta una estructura compleja al tiempo que alcanza distintos ambitos de actuacion (Cuadro 1).

Asi en lo tocante al funcionamiento interno de cada unidad de produccion (ambito participativo privado o interno), en el cual existe una dualidad representativa, habiendo de referirse, por un lado, la participacion directa e individualizada de cada trabajador, aplicable a empresas de reducidas dimensiones (de hasta 6 trabajadores) y, junto a aquella, la participacion indirecta colectiva y representativa, idonea para empresas de mayores dimensiones (cuando exceden de 10 trabajadores en plantilla).

Ambas posibilidades estan inscritas bajo un modelo participativo que bien podria ser definido o calificado como "procedimental", en tanto son los trabajadores destinatarios y estan a la vez legitimados para intervenir en la fase previa a la adopcion por el empresario de decisiones relacionadas con todos los aspectos inherentes al adecuado funcionamiento de la empresa (1), entre ellos, sin duda, la faceta preventiva, o cuantas medidas sean precisas en aras de ambientes de trabajo seguros y saludables. El objetivo ultimo no es otro sino lograr un ejercicio trasparente y eficaz del gobierno de la empresa en los aspectos relacionados con la seguridad y salud de los empleados. A un tiempo, el entorno participativo privado o interno a la entidad incluye a su vez un conjunto de derechos englobados en el mas generico de participacion, los cuales vienen a constituirse como elementos de indudable importancia y trascendencia para la efectiva integracion de los trabajadores en la dinamica preventiva de las empresas y cuya pretension es desarrollar y consolidar la tan deseada cultura de la prevencion. Paralelamente existe otro marco de actuacion, el publico, donde la participacion puede calificarse como de representativa o institucional, pues es llevada a cabo en diferentes organos administrativos y fundaciones sectoriales, siendo los responsables de su ejercicio los sindicatos mas representativos.

2. LA PARTICIPACION EN EL AMBITO PRIVADO E INTERNO A LA EMPRESA: LA TITULARIDAD JURIDICA DEL DERECHO DE PARTICIPACION EN MATERIA PREVENTIVA

Entre los cauces complementarios para materializar la integracion participativa de los operarios en las politicas preventivas de sus respectivas unidades de produccion, ha de hacerse necesariamente mencion a la "formacion" e "informacion", asi como a los de "consulta" y "propuestas".

Por otro lado, la titularidad juridica del derecho de participacion en el ambito privado e interno a la empresa en materia de prevencion de riesgos debe ser considerado bajo una doble dimension. Asi, y por un lado, cabe deducir la existencia de determinados derechos englobados genericamente en el termino "participacion", cuya titularidad es claramente subjetiva (2), concerniente a cada trabajador individualmente considerado, pero cuyo ejercicio va a precisar en ocasiones--y por ello va a adoptar--forma colectiva (3).

2.1. La titularidad juridica individual del derecho de participacion en materia preventiva

Bajo el punto de vista de la "concepcion individual del derecho", las de formacion e informacion son, sin lugar a dudas, algunas de las principales acciones en las cuales mejor queda reflejada la faceta individual de la participacion de todos los trabajadores (4).

Encontrar respaldo a la previa afirmacion resulta relativamente facil. Para ello baste recordar, sin ir mas lejos, como cada uno de los operarios y a titulo individual debe ser oportunamente formado e informado en materia preventiva, tal cual especifican los arts. 18 y 19 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (LPRL) de cara a un adecuado y a la vez seguro desenvolvimiento de sus funciones, y esto sean cuales sean las tareas a realizar y sea cual sea el sector productivo en el que se encuentre encuadrada la empresa.

Donde realmente mayores dificultades de ejecucion plantea la participacion individual es en relacion al derecho de "consulta" (art. 33 LPRL), puesto que aqui cambia sensiblemente la situacion con respecto a la que acaba de ser mencionada. En esta ocasion, el ejercicio del derecho de consulta podria complicarse sobremanera en caso de tratar de proceder a su realizacion personalizadamente (5), salvo en el supuesto concreto de aquellas entidades empresariales de pequenas dimensiones (6), donde presumiblemente el empresario se entiende--al menos a priori-mas accesible para los trabajadores. Bajo un supuesto contrario, esto es, el caso de empresas de mayores dimensiones, el derecho debera en realidad instrumentalizarse a traves de los representantes de los trabajadores (arts. 33.2 y 34.1 LPRL) (7).

2.2. La titularidad juridica representativa del derecho de participacion en materia preventiva

En segundo lugar, pero no por ello menos importante, estaria la dimension mas colectiva del derecho, al ser expresamente otorgada la autonomia colectiva a las instancias representativas de los trabajadores en el seno de la empresa (8). Dicha autonomia, a su vez, va a estar condicionada por las caracteristicas estructurales y el tamano de las empleadoras, lo cual viene a decir que se materializara segun corresponda en cada tipo de empresa (9), a traves de sus organos de representacion generales (10) (ya sean los representantes unitarios del personal--comite de empresa y delegados de personal--), o a traves de los representantes sindicales (delegados sindicales) (11) y, sobre todo, a traves de la representacion especializada, cuales son los delegados de prevencion (12) (art. 35 LPRL) y el comite de seguridad y salud (13) (art. 38 LPRL).

Y al igual que los trabajadores individualmente considerados, sus representantes tambien deben ser formados e informados convenientemente. El derecho de consulta reconocido en el art. 33 LPRL menciona expresamente como "en las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores las consultas a que se refiere el apartado anterior se llevaran a cabo con dichos representantes". De este modo se esta otorgando un mayor peso especifico al derecho de consulta con vistas a su ejercicio a traves de los representantes, convirtiendose de alguna manera dicho precepto en el nexo de union entre las dimensiones individual y colectiva.

2.3. La organizacion y ejecucion de la participacion de los representantes de los trabajadores en materia preventiva

Este nivel de participacion en la empresa debiera ser calificado como de "privada", "indirecta" (14), "colectiva" y "representativa". Tales apelativos resultan justificados en el sentido de no ser una participacion ejercida de forma directa y personal por cada trabajador (esto es, individual y directamente) con respecto a su correspondiente patrono, sino conjunta y colectivamente, de forma indirecta, a traves de los organos y estructuras de representacion con competencias sobre la materia (15).

De este modo, y en virtud del tratamiento dado en la LPRL, cabe ver como en relacion con este modelo participativo en materia preventiva y de proteccion de la seguridad y salud laboral son planteadas varias alternativas posibles de cara a su ejercicio material. Cada una de ellas, a efectos practicos, viene aprioristicamente y con caracter mutuo a constituirse complementaria de las otras, si bien resulta apropiado plantear su analisis bajo dos aspectos bien diferenciados.

Asi, en un primer plano esta el caracter "organico" impregnando la actividad participativa, es decir, el preciso para su ejercicio, debiendo disponerse y contar con determinados organos de representacion para poder llevarla a efecto. Por su parte, y en segundo lugar, el aspecto mas "funcional" de la misma, relativo a las facultades y competencias a desempenar, asi como a los requisitos necesarios para su desempeno (16).

Evidentemente, el analisis propuesto se refiere a las entidades cuyas plantillas exceden en numero de los minimos previstos para la participacion directa (unidades de produccion con numero de trabajadores suficiente para elegir a sus representantes). Solo partiendo de esta premisa procede el examen de la estructura organica y funcional de los diferentes agentes con capacidad para ejercitar la participacion colectiva.

2.3.1. Estructura organica de la participacion representativa de los trabajadores en materia de prevencion de riesgos laborales

El reconocimiento del derecho de participacion representativa o colectiva no es algo innovador y/o derivado de la aprobacion de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (LPRL). Esto es, no supone una inclusion ex novo en la redaccion del art. 34 LPRL, pues ya era prevista y regulada en los arts. 4.1 y 6.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET), aunque bajo otros parametros.

Asi pues, la regulacion contenida en los art. 34 y ss. LPRL no ha supuesto la instauracion de nuevos canales de participacion, tratandose en realidad de un refuerzo de la representacion unitaria preexistente, atribuyendole competencias participativas mas amplias y especificas, acordes con una mejor defensa y proteccion de la seguridad y salud de los trabajadores.

La estructura participativa preventiva esta organicamente integrada o puede llevarse a cabo, por un lado, a traves de los organos de "representacion general" (esto es, la representacion unitaria--comite de empresa y delegados de personal--), asi como a traves de los representantes sindicales (pero no los sindicatos); por otro lado, via "representacion especializada" (delegados de prevencion y comite de seguridad y salud). Ahora bien, lo anterior suscita una eventual cuestion acerca de cual o cuales de entre los posibles organos de representacion referenciados debe desempenar en cada caso la labor participativa en materia preventiva dentro del tejido empresarial espanol.

En tal sentido, a priori podria resultar tentador decantarse simple y llanamente por la "especialidad". Ahora bien, analizados diferentes posicionamientos doctrinales y judiciales sobre esta particular cuestion, y al igual que respecto a otros muchos aspectos juridicos del ordenamiento interno espanol, se constata la no unanimidad de pareceres.

Asi, y en primer lugar, un sector doctrinal es partidario de considerar la complementariedad y la compatibilidad de ambas opciones de manera simultanea, no siendo en ningun momento la una excluyente de la otra (17). Esto es, en el supuesto de existir representantes de ambas modalidades (representacion general y representacion especializada), bien sea dentro de una misma empresa o un mismo centro de trabajo--nada infrecuente, por otra parte--, ambas unidades de representacion serian igualmente competentes de cara a la participacion en materia preventiva, pero con una particular peculiaridad en el caso de cada una de ellas, en el sentido de articular su actuacion de acuerdo con las respectivas normas legales de regulacion de sus funciones y competencias (ya sea en el ET, la Ley Organica de Libertad Sindical--LOLS--o la propia LPRL).

Otra parte de la doctrina iuslaboralista, aun sin negar la doble posibilidad representativa sobre la materia, opta por considerar la representacion general como "limitada" y "residual", descartando de este modo la hipotesis de utilizacion por parte del legislador de las expresiones de ambas modalidades representativas como sinonimas la una de la otra. Tal corriente de opinion prefiere decantarse por la mayor idoneidad de los representantes especializados (los delegados de prevencion y el Comite de Seguridad y Salud) (18), atribuyendoles la cualidad de representacion en relacion con la materia concreta de prevencion, pues, al menos a primera vista, son los mejores conocedores de las distintas situaciones por las cuales atraviesa cada empresa en cuestiones de seguridad y salud, asi como acerca de las posibles carencias existentes (19).

A la par, y no obstante lo anterior, tampoco carece de sentido y resulta coherente la argumentacion de quienes son partidarios de defender la "complicidad" de ambas estructuras participativas (20), pues en cualquier caso "es dificil de imaginar la instauracion" de representaciones especializadas al margen de las representaciones generales, habida cuenta de deber ser elegidos los delegados de prevencion por y entre los representantes del personal (esto es, los representantes unitarios y sindicales, segun indica el art. 34 LPRL) en el ambito de los organos de representacion previstos en las normas (art. 35 LPRL). Cabe apreciar como, de algun modo, el sistema de representacion especializada en realidad esta asentado sobre la base de la representacion general existente en cada caso (21).

Con todo, las concesiones dispositivas para la determinacion de la organizacion representativa mas idonea no acaban ahi, facultando ademas la propia LPRL a la negociacion colectiva para acordar, en su caso, la posibilidad de ejercer las competencias conferidas por ella misma a los delegados de prevencion "por organos especificos creados en el propio convenio o en los acuerdos citados" (art. 35.4 LPRL) (22), es decir, por medio de otros cauces distintos a los delegados de prevencion (23).

2.3.2. Estructuracion funcional de la participacion representativa de los trabajadores en materia de prevencion de riesgos laborales

Procede, pues, analizar las distintas competencias y facultades asignadas a cada una de las organizaciones representativas, tanto la general como la especializada.

En cuanto hace a la representacion general, conforme expresa el art. 34.2 LPRL, son las competencias y facultades legalmente asignadas en sus respectivas normas de procedencia, el ET y la LOLS, correspondiendo en cualquier caso a los representantes unitarios y representantes sindicales "la defensa de los intereses de los trabajadores en materia de prevencion de riesgos en el trabajo" (art. 34.2 LPRL), y "ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevencion de riesgos laborales" [art. 36.1.d)] durante el desarrollo del trabajo en la empresa, con las particularidades previstas en este orden por los arts.18 y 19.4 ET, entre las cuales han de destacarse significativamente los aspectos relacionados con la obligacion de formacion teorica y practica y la informacion, a las cuales esta sometido el empresario en el ambito de la seguridad e higiene en el entorno laboral.

No obstante, tal y como cabe apreciar con toda claridad, el contenido de la LPRL unicamente se limita a recordar las competencias asignadas por el legislador a los organos integrantes de esta modalidad representativa generica en lo referente a la materia de seguridad y salud laboral, apareciendo estas, a su vez, recogidas en sus respectivas normas de referencia; mas concretamente a traves de los arts. 64, 65 y 87 ET (24), recientemente modificados (a lo cual se hara referencia con posterioridad), y de los arts. 8.2 y 10.3.1 LOLS (25).

Tambien es imprescindible hacer alusion en este apartado a la participacion a traves de la representacion especializada, cuyos mecanismos de accion pueden concretarse en dos, cuales son los delegados de prevencion, figura nuclear sobre la cual se asienta el sistema de representacion especializada en materia preventiva (26) (arts. 35 a 37 LPRL), y el comite de seguridad y salud (arts. 38 y 39 LPRL).

Respecto de los delegados de prevencion, y al margen de las multiples peculiaridades propias de su eleccion (materia esta cuyo detalle no es objeto de las presentes paginas), debe recordarse la posibilidad de ser elegidos, conforme establece el art. 35.1 LPRL, por y de entre los representantes del personal, a la vez que estando, por otro lado, tambien reconocida la capacidad de la negociacion colectiva para establecer otro sistema de designacion (art. 35.5 LPRL), si bien y a la postre todo queda interrelacionado, pues con harta frecuencia los encargados de la negociacion son tambien los mismos representantes unitarios y sindicales antes aludidos. Todo ello amen de la ya avanzada y adicional posibilidad adicional consistente en el establecimiento de otro tipo de organos especificos por acuerdo en el propio convenio colectivo (parrafo segundo art. 35.5 LPRL) (27).

Pero lo realmente relevante y significativo en cuanto aqui atane, son las competencias y facultades a estos representantes asignadas, las cuales aparecen relacionadas en el art. 36 LPRL, incluyendo la adopcion de las medidas necesarias y mas idoneas para garantizar adecuadamente la seguridad y salud de los trabajadores. Entre ellas desempena evidentemente un papel destacado el apartado dedicado a la formacion, en relacion con la cual es preciso disenar un programa eficaz, debiendo participar activamente los delegados de prevencion en tanto parte directamente implicada, al disponer de informacion de primera mano acerca de las posibles carencias o deficiencias detectadas en los propios escenarios en los cuales son generadas.

En este sentido, el legislador ha venido realizando un importante esfuerzo por introducir la especializacion de un segmento de la representacion de los trabajadores a cuyos integrantes el empresario ha de formar convenientemente (28). Tal grado de instruccion es el requerido para poder atribuirles una serie de funciones, entre las cuales brilla con luz propia la faceta formativa de los operarios de cada empresa en particular, y ello entendido tanto en terminos de imparticion directa como de diseno de la misma.

Una vez establecidas las estrechas interrelaciones entre una y otra forma de representacion, surge un nuevo interrogante, concerniente a la determinacion en cuanto a la coincidencia o no de las competencias y facultades asignadas a los posibles organos de representacion (general y especializada). Sobre este particular, y si bien en un primer momento quiza todo apuntara hacia una coincidencia de funciones, al profundizar sobre tal extremo bien podria llegarse a otra posible apreciacion.

Asi pues y aun cuando el principio de especializacion funcional es el que actua como eje principal de la politica legislativa, informando el derecho de participacion de los trabajadores en materia de seguridad y salud laboral, bien puede afirmarse la circunstancia de de no haber sido llevado por la LPRL hasta sus ultimas consecuencias.

Por tal motivo, aunque ambos grupos representativos (generales y especializados) ostentan competencias sobre la materia de proteccion de la seguridad y salud laboral), las actuaciones de unos y otros atienden mas a un principio de "division", y no tanto a uno de "concurrencia" funcional (29).

Tal es asi, que en el transcurrir cotidiano de las empresas viene siendo habitual la reserva a traves de la negociacion colectiva de las funciones mas tipicamente "reivindicativas" en lo concerniente a las acciones preventivas a la representacion general en su faceta de actuacion publica (30), habida cuenta de ser los encargados de reivindicar y establecer las pautas de actuacion, concretando, entre otros extremos, el contenido, la duracion, el momento y el lugar para la imparticion de formacion, junto con otros muchos detalles. No obstante, esto no siempre se hace, siendo aun abultado el numero de convenios que se limitan unicamente a reproducir las exigencias establecidas en la norma (31).

De este modo, bien pudiera resultar factible la concurrencia funcional en algunos aspectos relacionados con la prevencion, tales como, por ejemplo, las funciones de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones preventivas de formacion para un adecuado manejo de los equipos de trabajo y de los equipos de proteccion--tanto los individuales como los colectivos--, asi como con vistas al adecuado manejo y manipulacion de las materias primas, entre otras muchas.

Por otro lado, estaria la asignacion de aquellas otras funciones cuya naturaleza es esencialmente "cooperativa" a los representantes especializados (delegados de prevencion y comite de seguridad y salud). En este sentido, y salvo la coincidencia material sobre una misma persona de ser delegado de personal con capacidad para negociar un convenio colectivo y ser a su vez delegado de prevencion (32), estos ultimos no tienen en si mismos capacidad negocial a nivel convencional, a traves de la cual en todo caso podria mejorarse el cuadro legal de competencias y facultades, que tienen el caracter de minimos.

Dada la situacion, cabe logico pensar como parte de las funciones y competencias "especializadas" la imparticion, incluso material, de la formacion y, por supuesto, de la informacion sobre la materia de seguridad y salud (33), reservando la capacidad negociadora para la representacion general, la unitaria y tambien la sindical, principalmente para establecer pautas relativas al contenido de la misma.

Donde realmente es detectada una significativa diferencia funcional entre ambas formas de representacion (general y especializada), esa esta estrechamente vinculada con el derecho y la correlativa obligacion de "consulta". Si bien es verdad el caracter no vinculante de las propuestas de unos u otros para la toma de decisiones del empresario en relacion con esta materia, y aunque es cierto que la modificacion producida a raiz de la nueva reorganizacion establecida a traves del punto 5 art. unico Ley 38/2007, de 16 de noviembre (el cual modifica el art. 64 ET como consecuencia de la transposicion al derecho interno espanol de la Directiva 2002/2004/CEE, de 11 de marzo de 2002, del Parlamento Europeo) contribuye sin duda a acortar distancias entre ambos tipos de representacion al haber variado el tratamiento dado al derecho de consulta con respecto a la representacion general, aun siguen existiendo diferencias apreciables.

Asi, y cuando la representacion general (representacion unitaria y sindical) elabora informes y propuestas de indole preventivo en base a las informaciones recibidas del empresario, y los presenta ante el mismo, tras la nueva redaccion del art. 64 ET, le es reconocido el derecho a reunirse con este (para quien resulta obligatorio) y a obtener del mismo "una respuesta justificada", asi como a contrastar los puntos de vista u opiniones de ambas partes con objeto, en su caso, de poder llegar a acuerdos (art. 64.6 ET). Esto supone un cambio respecto a la situacion anterior, pues hasta ese momento las propuestas planteadas podian ser desechadas sin mas.

Por su parte, y con respecto de la representacion especializada, "la decision negativa del empresario a la adopcion de las medidas propuestas por los delegados de prevencion", a tenor del contenido establecido en el art. 36.2.f) LPRL, habra de ser motivada.

Tal exigencia obliga al empresario, por un lado, a prestar atencion a las propuestas, y a no poder limitarse a desecharlas sin mas. Por otra parte, existe la posibilidad de una negativa a tenerlas en cuenta, la cual tan solo podra estar fundamentada en motivos de indole exclusivamente tecnica, bien sea demostrando la inexistencia de una real o previsible situacion de riesgo, o bien la inadecuacion de la medida propuesta a la situacion planteada o susceptible de plantearse y, en todo caso, dando lugar asimismo a interpretar como no validas a estos efectos cualesquiera motivaciones de caracter unicamente economico, productivo o de interes organizativo (34).

Otro de los aspectos funcionales que presenta alguna que otra diferencia en cuanto al tratamiento de unos u otros grupos representativos es el relativo al derecho de "informacion", por cuanto, y si bien todos lo tienen reconocido, el alcance y repercusion para unos y otros en materia preventiva difiere sensiblemente.

a) Respecto de la representacion general

El derecho de informacion reconocido a la representacion general presenta una doble perspectiva. Por un lado, esta el derecho de "informacion activa", reconocido a los representantes de los trabajadores al objeto de poder informar tanto al resto de los trabajadores--sus representados--como a la propia empresa, y a cuyos efectos deberan disponer de los instrumentos materiales necesarios para un correcto ejercicio del mismo, tablones de anuncios y medios informaticos adecuados para facilitar la labor.

En segundo lugar queda situada la "informacion pasiva", identificada con el contenido informativo facilitado por la empresa, y donde "los representantes de los trabajadores son meros receptores de los datos suministrados por la empresa" (35), y ello aun cuando pueda tratarse de datos concretos legalmente reconocidos, los cuales "no satisfacen integramente las necesidades de informacion que exige el pleno ejercicio de sus facultades de vigilancia y control".

Esta situacion ha sido objeto de modificacion en terminos de efectividad o nivel de exigencia, pues hasta la entrada en vigor de la Ley 38/2007 existia una escasa cobertura coercitiva para los supuestos de incumplimiento por parte del empresario de la obligacion de informacion, dando lugar hasta entonces unicamente a una infraccion administrativa, contemplada en el art. 7 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, LISOS (considerando tal incumplimiento como falta grave sancionable con una multa de cuantia entre 300 y 3.000 euros).

Como ocurriera con el derecho de consulta, las facetas informativa y consultiva reconocidas a los representantes de los trabajadores a traves del comite de empresa han sido objeto de reciente y nueva reorganizacion, mucho mas completa y esclarecedora, a traves del punto 5 art. unico de la mentada Ley 38/2007, de 16 de noviembre.

Lo mas destacable de la nueva redaccion del art. 64 ET es el expreso reconocimiento de la informacion como derecho basico de los trabajadores (36), en los siguientes terminos: "el comite de empresa tendra derecho a ser informado y consultado por el empresario sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, asi como sobre la situacion de la empresa y la evolucion del empleo en la misma ...". Queda asi automaticamente incluida la informacion sobre cuantos aspectos puedan afectar a la seguridad y a la salud de los trabajadores, asi como al respecto de las medidas preventivas y protectoras a adoptar.

Tambien es proporcionada una definicion en relacion al alcance y significado del termino "informacion", en este concreto contexto entendida como "la trasmision de datos por el empresario al comite de empresa, a fin de que este tenga conocimiento de una cuestion determinada y pueda proceder a su examen" (punto 5.1. art. unico Ley 38/2007 y art. 64.1 ET en su nueva redaccion) (37).

En el proceso informativo deben primar tanto por una como por otra de las partes implicadas--esto es, el empresario y el comite de empresa--el compromiso y la obligacion de regirse por un espiritu de cooperacion, dando de este modo adecuado cumplimiento a los reciprocos derechos y obligaciones sobre la materia, y a la vez debiendo respetar en todo momento tanto los intereses de la empresa como los de los trabajadores. Todo ello, no obstante, sin perjuicio de la posibilidad de remitir a la negociacion colectiva la definicion de las diferentes modalidades practicas de ejecucion de la accion de informacion (novena competencia del art. 64.7 ET).

El derecho de informacion queda estructurado conforme al contenido con diferentes frecuencias. En primer lugar, y con caracter trimestral, el empresario debe informar sobre diferentes aspectos, entre los cuales merece ser destacado el tocante a "los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los indices de siniestralidad, los estudios periodicos o especiales del ambito laboral y los mecanismos de prevencion que se utilicen" (punto 5.2. art. unico Ley 38/2007 y art. 64.2 ET). Esto amen de otros aspectos de igual importancia, pero no tan intimamente relacionados con la prevencion de riesgos.

Del mismo modo y caracter, el comite de empresa tiene derecho a ser informado trimestralmente sobre la situacion y estructura del empleo en la entidad, pero sobre todo acerca de "las decisiones de la empresa que pudieran provocar cambios relevantes en cuanto a la organizacion del trabajo y a los contratos de trabajo en la empresa", asi como sobre "las eventuales medidas preventivas, especialmente en caso de riesgo para el empleo" (punto 2.3. art. unico Ley 38/2007 y art. 64.5 ET).

Tambien, y con caracter al menos anual, el empresario ha de proceder a informar acerca de las medidas adoptadas a fin de lograr una efectiva igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo sobre este particular datos concernientes a la proporcion de mujeres y hombres en los diferentes niveles profesionales de la organizacion, debiendo ser incluidas entre dichas medidas las relativas a aspectos relacionados con la seguridad y la salud (punto 5.3. art. unico Ley 38/2007 y art. 64.3 ET), pues no en vano en determinadas situaciones han de adoptarse medidas idoneas para salvaguardar la salud de la madre y su hijo durante los periodos de gestacion y lactancia.

Ademas son reconocidas al comite de empresa a traves del punto 7 art. unico Ley 38/2007 y el art. 64.7.a) 2 ET determinadas competencias, entre otras las de "vigilancia y control de las condiciones de seguridad y salud en el desarrollo del trabajo en la empresa, con las particularidades previstas" en este orden de cosas en el art. 19 del propio ET.

Al margen de todo lo anterior, es especificado expresamente con respecto a la accion informativa debida por el empresario al comite de empresa, el deber de ser esta facilitada "sin perjuicio de lo establecido especificamente en cada caso, en un momento, de una manera y con un contenido apropiados", permitiendo asi a los correspondientes representantes de los trabajadores poder proceder a su examen de forma adecuada y comprensible y, en su caso, elaborar la oportuna consulta y el correspondiente informe (punto 5.6. art. unico Ley 38/2007 y art. 64.6 ET).

b) Respecto de la representacion especializada

Entre las competencias y facultades asignadas a los delegados de prevencion se encuentra la de recibir informacion, apareciendo recogida en dos puntos del articulado de la LPRL, art. 36.2.c) d), poniendo de manifiesto:
   [por un lado, su derecho a] ser informados por el empresario sobre
   los danos producidos en la salud de los trabajadores una vez que
   aquel hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse,
   aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para
   conocer las circunstancias de los mismos; [por otro, a] recibir del
   empresario las informaciones obtenidas por este procedentes de las
   personas u organos encargados de las actividades de proteccion y
   prevencion en la empresa, asi como de los organismos competentes
   para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de
   lo dispuesto en el art. 40 de esta Ley en materia de colaboracion
   con la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social.


Como puede apreciarse, el contenido de la informacion a que tienen derecho una y otra clase de representacion (general y especifica) no deberia en esencia diferir sustancialmente, mas aun cuando el objetivo ultimo a lograr es alcanzar lugares de trabajo mas seguros y saludables.

Analizando, no obstante, jurisprudencia sobre el particular, cabe constatar como en la practica si existe una diferencia en el tratamiento de unos y otros representantes, tal y como queda patente en STSJ Madrid (Rec. 3867/2006), segun la cual los delegados sindicales de una empresa piden el acceso a la misma informacion y documentacion en materia preventiva que el comite de seguridad y salud, siendo desestimada su peticion.

El argumento justificativo de tal decision, infiere como motivo:
   que en ninguno de los apartados del extenso art. 64 del ET se
   recoge de modo concreto o al menos de manera generica el derecho
   postulado por los delegados sindicales actuantes, por lo que su
   pretension no aparece legalmente fundada. Para que lo estuviera,
   hubiera sido necesario haber alegado y probado que la empresa
   hubiera negado a los delegados sindicales actuantes la misma
   informacion y documentacion que facilita al comite de empresa,
   cuestion que ni siquiera ha sido suscitada en la instancia.


En otras palabras, de alguna manera si se estan equiparando los derechos de informacion de los representantes unitarios entre si, pero no los considera comparables con el del comite de seguridad y salud, cosa que si se hizo en primera instancia.

3. LA PARTICIPACION REPRESENTATIVA EN EL AMBITO PUBLICO O INSTITUCIONAL

La participacion representativa institucional se encuadra en un ambito publico de actuacion, pues en ella quedan implicados como sujetos afectos tanto las organizaciones empresariales y sindicales mas representativas como la propia Administracion (38), pudiendo ser identificada en diferentes escenarios.

Esta modalidad representativa viene de algun modo a reforzar el papel de la autonomia colectiva en general, y en materia de prevencion de riesgos laborales en particular (39). Ello se constata cuando en la propia exposicion de motivos de la LPRL le es atribuida a la negociacion colectiva, al margen de su actuacion en los correspondientes entornos profesionales, la facultad de actuar como instrumento de participacion de los trabajadores "en ambitos de actuacion distintos a los propios centros de trabajo" (40). En concreto, a dicha capacidad representativa es reconocida "la necesaria participacion en dicha actuacion (politica preventiva) de empresarios y trabajadores, a traves de sus organizaciones representativas". En tal sentido, llegando a lograr una autentica cultura de la prevencion.

Asi pues, y en primer lugar, es otorgada a la funcion institucional (41) de los agentes sociales la consideracion de "necesaria" para el adecuado desarrollo de la politica en materia de prevencion de riesgos laborales llevada a cabo por parte de las Administraciones Publicas en los diferentes niveles territoriales a considerar, ya sea en el ambito nacional o autonomico, asi como en otros supuestos de ambito inferior (42).

Dicho reconocimiento queda reflejado en la participacion institucional, en los diferentes organismos administrativos creados al efecto por la propia LPRL para un adecuado desarrollo de las politicas de prevencion de riesgos y de promocion de la seguridad y salud en los entornos profesionales. Es decir, la faceta publica de la participacion comporta la colaboracion para la elaboracion de las oportunas politicas preventivas, las cuales van a ser llevadas a cabo a traves de las organizaciones empresariales y sindicales mas representativas (art. 5.1.b LPRL).

De este modo, por ejemplo, los agentes sociales y, por tanto, los representantes de los trabajadores, deben formar parte de la Comision Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, organo colegiado regulado en el art. 13.1 LPRL, cuya finalidad no es otra sino la de realizar una labor de asesoramiento a las Administraciones Publicas en las cuestiones relativas a la formulacion de las politicas de prevencion (43). Segun indica el art. 13.2 LPRL, en su composicion esta integrada por un representante de cada comunidad autonoma, asi como un numero igual de representantes de la Administracion General del Estado, y paritariamente respecto a los citados, representantes en numero correspondiente de las organizaciones empresariales y sindicales mas representativas.

De entre las muchas atribuciones conferidas por la Ley a citada Comision cabe senalar, entre otras, conocer "las actuaciones que desarrollen las Administraciones Publicas competentes en materia de promocion de la prevencion de riesgos laborales, de asesoramiento tecnico y de vigilancia y control" conforme a las previsiones establecidas en los arts. 7 a 11 LPRL. Asimismo "podra informar y formular propuestas en relacion con dichas actuaciones, especificamente sobre otras cuestiones" (44).

En lo tocante a la toma de decisiones es de destacar que los correspondientes acuerdos habran de adoptarse por mayoria (art.13.4 LPRL), con la particularidad de otorgar un trato preferente a los agentes sociales, al reconocer a sus representantes dos votos por la parte patronal y dos por parte de los trabajadores, frente a un unico voto por parte de cada una de las Administraciones Publicas presentes.

Tambien esta prevista la presencia de los representantes de los trabajadores como parte integrante de la Fundacion adscrita a la Comision Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo sus Estatutos aprobados por esta (disposicion adicional quinta LPRL), cuya finalidad "sera promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequenas empresas, a traves de acciones de informacion, asistencia tecnica, formacion y promocion del cumplimiento de la normativa de prevencion de riesgos".

En este mismo orden de cosas, tambien habra una participacion institucional en las fundaciones de ambito sectorial, constituidas por empresarios y trabajadores, contandose entre sus fines la promocion de actividades destinadas a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, entre las cuales estara la promocion y mejora de la formacion e informacion sobre la materia, dada su gran repercusion en la reduccion de los indices de siniestralidad, de algunos sectores de actividad en particular (45).

En cuanto hace al ambito autonomico de actuacion, la participacion es contemplada en la disposicion adicional duodecima LPRL, con el siguiente tenor: "en las comunidades autonomas, la participacion institucional, en cuanto a su estructura y organizacion, se llevara a cabo de acuerdo con las competencias que las mismas tengan en materia de seguridad y salud laboral".

Junto a todo lo anterior, y en segundo lugar, cabe hacer mencion a la preceptiva pero no vinculante consulta previa a la elaboracion por parte del Gobierno de los reglamentos de desarrollo de la Ley. De acuerdo con el art. 6 LPRL, "el Gobierno, a traves de las correspondientes normas reglamentarias y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales mas representativas, regulara las materias ...", debiendo estas ademas ser revisadas periodicamente, asi como habiendo de incluirse necesariamente entre ellas, y entre otras muchas, la consulta acerca de "la exigencia de un adiestramiento o formacion previa o la elaboracion de un plan en el que se contengan las medidas preventivas a adoptar" [art. 6.1.c) LPRL] (46).

Un tercer escenario de actuacion es el relacionado con la faceta de control y el correspondiente seguimiento de la gestion y el funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, como garantia del buen hacer de estas (art. 32.1 LPRL).

Finalmente, y aun cuando con un caracter mas restringido, al afectar unicamente a las organizaciones sindicales mas representativas, quedan situadas aquellas otras competencias relativas a las oportunas consultas para la presentacion de determinadas propuestas concernientes a la elaboracion y organizacion de las actividades preventivas, formativas e informativas en determinados ambitos profesionales (47).

Tales competencias encuentran amparo en la disposicion adicional octava LPRL, la cual atribuye la obligacion a cada Departamento Ministerial de consulta previa con las organizaciones sindicales mas representativas antes de elevar al Consejo de Ministros una propuesta de acuerdo, en la cual sea establecido un plan de trabajo adecuado para la organizacion de la actividad preventiva en el correspondiente departamento, asi como en los centros, organismos y establecimientos de todo tipo dependientes del mismo.

4. A MODO DE RESUMEN Y CONCLUSION

Como conclusion de lo expuesto, dos son las posibles formas de ejercitar la participacion en materia preventiva en las empresas o, dicho de otro modo, existe una doble via para canalizar el ejercicio del derecho de participacion en materia de seguridad y salud laboral en las entidades empresariales (art. 33 LPRL): la individual y la colectiva.

Evidentemente, y a efectos practicos, cabe deducir la intima union entre ambas formas de representacion, "general" y "especializada", con dificiles visos de separacion desde un punto de vista organico. Su nexo de union radica en la autonomia colectiva, responsable ultima de la eleccion de la representacion especializada, pues aun cuando no se opte por la designacion de los delegados de prevencion de entre los representantes unitarios o sindicales, a la postre estos si son quienes van tener la ultima palabra al respecto por la facultad a ellos conferida a traves de la negociacion colectiva, artifice ultimo en la realidad para su designacion, al ser parte en la negociacion.

La estructura funcional de la participacion presenta un reparto tacito de funciones, asignandose en terminos generales la faceta mas reivindicativa a la representacion general y la mas cooperativa para la representacion especializada.

Ademas, y como consecuencia de la transposicion de la norma europea al ordenamiento interno espanol por medio de la Ley 38/2007 de 16 de noviembre, los derechos de informacion y consulta de la representacion general, integrados en otro mas amplio cual es el de participacion, se han visto reforzados.

Recibido: Noviembre 2008

Aceptado: Septiembre 2009

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Maria Purificacion Garcia Miguelez

mpgarm@unileon.es

Universidad de Leon

Fac. de Ciencias del Trabajo

Campus de Vegazana, s/n

24071 Leon (Espana)

(1) Vease Sala Franco (2007: 197) o Lopez Gandia y Blasco Lahoz (2002: 171-172).

(2) Tal y como indica, entre otros, Valdes Dal-Re (1997: 73).

(3) Por el contrario, Montoya Melgar y Piza Granados (1996: 246).

(4) Como indica Gomez Etxebarria (2007: 87), dentro de esta vision individual debe ser tambien integrado el trabajador autonomo, en tanto titular de tales derechos (informacion, consulta y participacion).

(5) En este sentido, y entre otros, Fernandez Marcos (1997: 196). Obviamente, el empresario no puede consultar con todos y cada uno de los trabajadores las decisiones a adoptar en materia de prevencion -y, mas en concreto, en cuanto concierne a los aspectos formativos-, decantandose ademas por la representacion especifica sobre la materia (los delegados de prevencion y el comite de seguridad y salud).

(6) Entre otros, Narocki Flaminman (1997: 171), Martinez Giron (1999: 841), Cruz Villalon (2003: 35) y Tascon Lopez (2008: 126 y ss.).

(7) A este respecto, vease Cabeza Pereiro (1998: 239-249).

(8) Garrido Perez (1999: 213-224).

(9) Agra Viforcos (2005: 23-24). Tambien, Garrido Perez (1997: 36).

(10) Melendez Morillo-Velarde (2004b: 111). Tambien, Samper Juan (2006: 212-218).

(11) Ahora bien, quedando los sindicatos (como tales) expresamente excluidos del colectivo de sujetos con derecho a ser consultados e informados. Asi es corroborado en diferentes sentencias, como la del Tribunal Supremo (STS) de 6 de mayo de 1998 (RJ 4099), o la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (STSJ Madrid) de 7 de febrero de 2005 (Rce. 197/2005).

(12) Teniendo estos una serie de competencias -por una parte genericas- en terminos de participacion, asi como de consulta, de vigilancia y control, e informativas. Vease, en este sentido, Purcalla Bonilla (1998: 163-164).

(13) Asi parece entenderlo, entre otros, Fernandez Marcos (1995: 827; 2006: 189). En el mismo sentido, Valdes Dal-Re (1997: 73).

(14) "Por realizarse intramuros de la correspondiente relacion privada" (Garcia Murcia 2007: 41).

(15) Vease, en este sentido y entre otros, Aguilera Izquierdo (2000: 1240). Tambien, Rodriguez-Sanudo Gutierrez (1979: 417), De la Villa Gil (1980: 20) y Rodriguez Hidalgo y Alvarez Cuesta (2004: 17).

(16) Entendido este en relacion al ejercicio, por parte de los diferentes organos de representacion (general o especializada), de determinadas funciones o cometidos de muy diversa naturaleza, entre los cuales pueden contarse los de indole formativa (Valdes Dal-Re 1997: 85).

(17) En tal sentido, Sala Franco (2007: 199-200) lo justifica en torno al "y" copulativo utilizado por el legislador en la redaccion de la norma, lo cual y segun este autor, viene a significar claramente que en el caso de existir representacion generica y especializada de los trabajadores dentro de una determinada empresa o centro de trabajo, ambas representaciones seran competentes en materia de prevencion.

(18) Vease, en este sentido, Pena Obiol (1997: 465-474).

(19) Entre otros, Valdes Dal-Re (1997: 86-87) y Quesada Segura (1997b: 50).

(20) Sobre los supuestos de concurrencia y superposicion de organos representativos--soportes estructurales de la autonomia colectiva-, en funcion de las dimensiones de la empresa o del centro de trabajo, ver Purcalla Bonilla (1997: 369).

(21) Permitiendo una pluralidad organizativa (Gete Castrillo 1997: 389). Cabe, no obstante, hacer mencion a las conclusiones a este respecto de la V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. Al hacer referencia a la forma de organizar la prevencion y, mas en concreto, el modo de instrumentalizar la participacion con referencia a los delegados de prevencion y comites de empresa, los datos obtenidos en 2003 indican que "en un 547% de los centros de trabajo de seis o mas trabajadores hay algun delegado de prevencion de riesgos laborales. Este dato significa un incremento de doce puntos respecto a 1999 y de veintiseis respecto a 1997. Pese a este crecimiento continuado, se trata de una figura que aun esta ausente en el 44% de los centros. Como ya ocurriera en 1997 y 1999, el incremento actual se ha producido, fundamentalmente, en los centros de trabajo con menor plantilla; por otra parte, sigue siendo mas frecuente la presencia del delegado de prevencion en los centros de mas de 50 trabajadores".

Por sectores de actividad economica, la presencia de delegados de prevencion es, de forma similar a como ocurria en ediciones previas de la Encuesta, mas frecuente en las ramas de industria (65%) que en las de servicios (477%). Destacan por su mayor frecuencia, y entre las primeras, los epigrafes de "otras industrias" (70%) y "metal" (695%). Respecto a 1999, en todas las ramas de actividad, y aunque en mayor o menor medida, han ido incrementandose los porcentajes de centros con delegado de prevencion.

En este mismo orden de cosas, conforme a la escala establecida por la LPRL--la cual fija el numero de delegados de prevencion en funcion del numero de trabajadores--, y segun los responsables de las empresa, el 865% de los centros de trabajo en los cuales ha sido nombrado delegado de prevencion, tienen como minimo el numero de estos exigido por la Ley. No hay diferencias estadisticamente significativas con respecto a la frecuencia obtenida en 1999. Respecto a su formacion, la mayor parte de los encuestados afirman que los delegados de prevencion de su centro han recibido formacion sobre seguridad y salud en el trabajo desde su designacion, bien sea todos o algunos de ellos. En este sentido, los resultados de 2003 muestran un incremento estadisticamente significativo respecto a 1999, pasando de un 88% a un 94%.

Podria resultar interesante contrastar todas estas conclusiones con las obtenidas a partir de los resultados de la VI y ultima Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, segun la cual, y en relacion con la opinion de los trabajadores acerca de la organizacion de la prevencion (pues, a diferencia de lo ocurrido en la edicion previa, en la cual eran entrevistados trabajadores y responsables de las empresas, en esta ultima son considerados por separado los puntos de vista de uno y otro colectivos), tan solo el 55% de estos manifiesta haber sido designado delegado de prevencion en su centro de trabajo. En las empresas de mayor tamano ese porcentaje alcanza el 85%, siendo mas frecuente la respuesta positiva de los trabajadores del sector industrial y, dentro de este, de los de las ramas de quimica y metal. Por su parte, el comite de seguridad y salud estaria constituido en la mayor parte de los centros de trabajo de mas de 50 empleados. El 30% de los entrevistados no sabia de que recursos preventivos disponia su empresa, siendo el mas frecuentemente senalado entre quienes respondieron afirmativamente el servicio de prevencion ajeno, seguido por el servicio propio (este ultimo, logicamente, mas frecuente cuanto mayor es el tamano de la organizacion).

(22) Segun Quesada Segura (1997a: 360), serian normas instrumentales, es decir, de un tipo de medidas previstas por la Ley las cuales permiten a la negociacion colectiva articular de manera diferente los instrumentos de participacion de los trabajadores respecto de las cuestiones relacionadas con la proteccion de la seguridad y salud de estos en sus respectivas empresas. De alguna manera, la pretension no es otra sino la de evitar la destruccion de aquellas experiencias positivas de regulacion convencional avanzadas y, sobre todo, de las adaptadas a las necesidades de los sectores productivos a los cuales se dirigen, habiendo demostrado su utilidad, por cuanto pudieran llegar a perderse como consecuencia de ser sustituidas por otras reglas mas rigidas planteadas en la norma legal, hecho este el cual queda salvaguardado por la Disposicion Transitoria de la propia LPRL.

(23) En este sentido, vease ampliamente Valdes Dal-Re (1997: 93-94), argumentando como, a traves de la redaccion hecha del art. 35 LPRL no solo esta autorizandose a la negociacion colectiva a crear y/o cambiar la forma de designar a los representantes especialistas, o incluso a proceder a la eleccion de otros organos distintos de representacion, sino ademas otorgandosele la facultad de cambiar tanto el cuerpo de electores (art. 35.4) como el colectivo de elegibles (art. 35.2), sin incorporar en tal caso la norma legal (la LPRL) en su articulado restricciones de ningun tipo. De este modo, delegado de prevencion podra ser un trabajador no representante, o un representante no unitario, o cualquier otro posible tipo de combinacion pactada en un convenio colectivo.

(24) Art. 64.4.d) ET, en materia de consulta (incluida la emision de informes); art. 64.8 ET, en materia de informacion; arts.64.9 y 65.1 ET, en materia de vigilancia y control, asi como para el ejercicio de acciones ante la empresa y los tribunales competentes; y art. 87.1 ET, en materia de negociacion colectiva, es decir, sobre representacion y participacion institucional y a la vez publica.

(25) Art. 8.2 LOLS, en cuanto a la participacion institucional a traves de la negociacion colectiva; art. 10.3.1 LOLS, en cuanto a la informacion a la cual tienen derecho sobre aspectos concretos del funcionamiento de cada entidad productiva, es decir, en cuanto a conocer con caracter trimestral datos estadisticos sobre absentismo, accidentes, etc.

(26) Duran Lopez, Tudela Cambronero y Valdeolivas Garcia (2008: 263).

(27) Considerada, entre otros, por Valdes Dal-Re (1997: 93). Tambien, por Sala Franco (2007: 201-206).

(28) Sobre los medios y cualificacion adecuados, vease Moreno Caliz (2005: 405).

(29) Valdes Dal-Re (1997: 96).

(30) Pero no siendo, en todo caso, algo ni vedado ni incompatible para la representacion especializada (Quesada Segura 1997b: 50).

(31) Debiera, no obstante, tomarse en consideracion el reparto de competencias entre convenios de distintos ambitos, en relacion a las posibles materias negociables. Vease, en este sentido, Melendez Morillo-Velarde (2004a: 128-129).

(32) No siendo, por tanto, incompatible realizar la funcion cooperativa con otra mas reivindicativa de los delegados de prevencion, "en cuanto que, en definitiva, son a la par representacion especializada y general" (Quesada Segura 1997b: 50).

(33) Respecto a las facultades informativas de los delegados de prevencion, vease Purcalla Bonilla (1998: 165).

(34) Vease, en este sentido, Quesada Segura (1997b: 59). La autora va mas alla en su analisis, tratando de establecer las posibles soluciones ante negativas del empresario injustificadas o no suficientemente motivadas, llegando a la conclusion de, ademas de las correspondientes acciones administrativas o de otro tipo susceptibles de ser ejercidas por parte los representantes legales de los trabajadores, en caso de dar lugar a efectos adversos para la salud de los operarios implicados, estos podrian incluso recurrir a la via de la Inspeccion de Trabajo, y ello en virtud de la prevision contenida en el art. 40.1 LPRL, cuyo tenor determina la posibilidad de exigir responsabilidades "si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y salud en el trabajo".

(35) Samper Juan (2006: 257).

(36) Sempere Navarro (2008: 12).

(37) Anticipandose a la Ley y analizando las implicaciones de la norma europea sobre la materia (Palomeque Lopez 2006: 59 y ss.).

(38) Quesada Segura (1997a: 365-366).

(39) Gete Castrillo (1997: 376 y ss.).

(40) En cuanto al establecimiento de la diferencia entre las funciones de la negociacion colectiva en los ambitos privados y publicos, ver Casas Baamonde (1997: 165).

(41) "Representacion ex lege que normalmente adquiere una dimension institucional o cuasi publica" (Garcia Murcia 2007: 40-41).

(42) Gonzalez-Posada Martinez (1997: 33-34).

(43) Rodriguez-Sanudo Gutierrez (1996: 256).

(44) Tales como criterios y programas generales de actuacion, proyectos de disposiciones de caracter general, coordinacion de las actuaciones desarrolladas por las Administraciones Publicas competentes en materia laboral, y coordinacion entre las Administraciones Publicas competentes en materia laboral, sanitaria y de industria (art. 13.3 LPRL).

(45) Asi pues (Alvarez Montero 2001: 246 y ss.), la participacion a traves de los comites de seguridad y salud (arts. 38 y 39 LPRL) constituye una clara manifestacion de la participacion equilibrada reclamada por la norma europea (art. 12 Directiva Marco).

(46) De acuerdo con Rodriguez-Sanudo Gutierrez (1996: 256), cabe deducir para la participacion, cuando esta es ejercida en ambitos o niveles superiores al de la empresa y del centro de trabajo, la no utilizacion de un mecanismo representativo ad hoc o especifico, sino el recurso a otros mas generales, cuales son los sindicatos.

(47) Quesada Segura (1997a: 367).
Cuadro 1: Estructura de la participacion de los trabajadores en la
empresa en materia de prevencion de riesgos laborales

A. Participacion en el ambito privado o interno a la empresa:

A.1. Participacion directa e individualizada
(en empresas de seis o menos trabajadores, ejercida directamente
por los trabajadores)

A.2. Participacion indirecta, colectiva y representativa
(en empresas de mas de 10 trabajadores)

* Representacion general:

--Representantes unitarios: Delegados de personal y Comite
                            de empresa
--Representacion sindical: Delegados sindicales

* Representacion especializada:

--Delegados de prevencion
--Comite de seguridad y salud

B. Participacion en el ambito publico:

B.1. Participacion representativa e institucional
(a traves de los sindicatos mas representativos)

Fuente: Elaboracion propia.
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Author:Garcia Miguelez, Maria Purificacion
Publication:Pecunia
Date:Jun 1, 2009
Words:10667
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