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La introduccion de la causa y la cesacion de la instancia en la instruccion dignitas connubii *.

SUMARIO

I * INTRODUCCION. II * DIFERENCIAS SISTEMATICAS ENTRE PRM, De Y CIC. 1. Diferencias sistematicas entre PrM y la DC. 2. Diferencias sistematicas entre DC y CIC. III * EL ESCRITO DE DEMANDA. 1. Requisitos y examen de la demanda. 2. Rechazo de la demanda. 3. El recurso contra la inadmision de la demanda. 4. Impugnacion del decreto que confirma el rechazo de la demanda. 5. La admision automatica. IV * CITACION Y NOTIFICACION DE LOS ACTOS JUDICIALES. 1. La primera citacion y su notificacion. 2. Lo que debe observarse en las citaciones y notificaciones. V * LA FORMULA DE LA DUDA. VI * LA NO COMPARECENCIA DE LAS PARTES. VII * LA CESACION DE LA INSTANCIA. 1. Paralizacion del proceso por fenomenos ajenos a la voluntad de las partes. A. La prosecucion <<post mortero>> de las causas de nulidad. B. Prosecucion de la causa de nulidad por cesacion del curador o procurador. C. Efectos comunes a las interrupciones. 2. Suspension del proceso por cuestiones que requieren previa resolucion. 3. La caducidad de la instancia. 4. La renuncia de la instancia. A. Concepto y requisitos de la renuncia al proceso. B. Efectos de la renuncia. C. La renuncia parcial de los actos procesales. 5. Suspension de la causa en caso de duda sobre la inconsumacion.

RESUMEN

El articulo describe las novedades que ha introducido la Instr. Dignitas connubii en primer lugar, en relacion con la demanda: requisitos que debe cumplir, su presentacion y admision o rechazo por parte del presidente del tribunal colegial.

Despues se estudia la normativa de la instruccion sobre la citacion del demandado y la notificacion de los actos procesales.

Cierra el articulo la explicacion de las diferentes crisis que se pueden presentar a lo largo de las causas de nulidad matrimonial: caducidad, renuncia, suspension por duda acerca de la inconsumacion, etc. y la trascendencia que tienen segun se hayan producido en primera o en segunda instancia.

Palabras claves: Dignitas connubii, Introduccion de la causa, Crisis de la instancia.

ABSTRACT

The paper describes the new features that are contained in the Instruction Dignitas connubii. Firstly in relation to the judicial petition: requirements that have to be fulfilled, its petition and admission or refusal by the president of the collegiate tribunal. Secondly, rules of the instruction about the respondent summons and the notification of the procedural acts are considered.

Finally, different crisis that may occur along the matrimonial nullity cases are explained: abatement, renunciation, suspension for doubt of non-consummated marriage, etc. and the importance they have according to their producing in the first or second instance.

Keywords: Dignitas connubii, Introduction of the trial, Crisis of the instance.

I. INTRODUCCION

La materia que me corresponde exponer en este Curso de Actualizacion sobre la Instr. Dignitas conubii, comprende los Titulos V y VI de la nueva norma.

Mi intencion es hacer una relacion descriptiva de esta tematica, con el fin de ofrecer una panoramica que abarque las variaciones producidas y, en la medida de lo posible, las fuentes que las hayan originado, si existen. Anadire, segun los casos, algun comentario a las cuestiones que, segun mi criterio, sean las mas oportunas, en especial si hay ya alguna linea doctrinal formada sobre ellas.

La tematica a estudiar, como ya se ha dicho, esta comprendida en dos titulos de la DC, el quinto y el sexto.

El Titulo V contiene las normas que regulan la <<Introduccion de la causa>> (aa. 114-142). Esta dividido en cuatro capitulos, denominados: el primero, <<Del escrito de demanda>> (aa. 114-126); el segundo, <<De la citacion y notificacion de los actos judiciales>> (aa. 126-134); y el tercero, <<De la formula de dudas>> (aa. 135-137); y el cuarto, <<De la no comparencia de las partes>> (aa. 138-142). En total, 29 articulos.

El Titulo VI (aa. 143-154), consta solo de dos capitulos. El primero se titula <<De la suspension, caducidad y renuncia de la instancia>>; y el segundo, <<De la suspension de la causa en caso de duda sobre la inconsumacion>>. En total, 12 articulos.

Las fuentes que he podido rastrear, partiendo del texto de los articulos, en mi opinion son: el CIC (esto no es ningun descubrimiento), la Provida Mater (PrM) (1), la Carta circular de la Congregacion de Sacramentos del 20.XII.1896 y las Normae del Tribunal de la Rota Romana (NTARR) (2).

EL CIC, como no podria ser de otra forma, es la fuente principalmente utilizada. De la PrM, hay vestigios en los aa. 116 [seccion] 2, 117, 118 [seccion] 2, 122, 126 [seccion] 4, 131 [seccion] 1,132 [seccion] 2; de la Carta circular en los aa. 153 [subseccion] 2 y 4, 154 [subseccion] 1 y 3; y, por ultimo, de las NTARR en el art. 134 [subseccion] 1 a 3.

Si nos preguntasemos si ha sido relevante y extenso, desde el punto de vista procesal, el trabajo realizado por la Comision encargada de elaborar esta Instr., nuestra repuesta es afirmativa; si, se ha hecho una profunda labor de revision y adaptacion de las normas que regulan la introduccion de las causas de nulidad matrimoniales y las crisis que pueden darse en dicho proceso. Para acreditar esta afirmacion basta comprobar que de los 41 articulos dedicados a esta materia solo dos, el 130 y el 137, son transcripcion exacta de canones codiciales, los 39 articulos restantes cambian, en mayor o menor medida, la redaccion del CIC o introducen normas nuevas.

II. DIFERENCIAS SISTEMATICAS ENTRE PrM, DC Y CIC

1. Diferencias sistematicas entre PrM y la DC

La PrM regulaba la introduccion de la causa en cuatro titulos, del V al VIII, a los que correspondian los aa. 55 a 92. Son un total de 38 articulos, 9 mas que la DC. La PrM no contaba, sin embargo, con una normativa particular sobre las crisis de la instancia, regulada ahora por la DC con 12 articulos. En consecuencia, la nueva instruccion ha abreviado la normativa sobre el tramite de la introduccion de la causa, y ha incorporado a su articulado la regulacion de las crisis procesales que no estaba presente en la PrM (3).

La diferencia entra ambas instrucciones se manifiesta tambien en varios aspectos de la sistematica:

1. mientras la PrM optaba por una division en varios titulos de la introduccion de la causa, sin subdivisiones interiores, 1a DC esquematiza mas, utilizando los recursos de la division en capitulos y, a veces, dentro de ellos, en numeros, como ocurre en el Capitulo II acerca de la citacion y notificacion de los actos judiciales al que haremos referencia mas adelante;

2. los Titulos V (<<Del escrito de demanda>>), VI (<<De la admision del escrito de demanda>>) y VIII (<<De la citacion, de la contestacion y de la contumacia>>) de la PrM sobre la demanda y su admision, se convierten en uno solo en la DC, el Titulo V, bajo la rubrica: <<De la introduccion de la causa>>, dividido en cuatro Capitulos que recogen y actualizan la materia tratada por los Titulos citados de la PrM;

3. por ultimo, el Titulo VII de la PrM sobre el <<Oficio de los jueces y ministros del tribunal despues de introducida legitimamente la causa por la aceptacion del escrito de demanda>>, desaparece como tal titulo y su tematica se reparte, actualizada, por los articulos correspondientes a los diferentes ministros del tribunal.

2. Diferencias sistematicas entre DC y CIC

Entre la DC y el CIC hay tambien algunos cambios de sistematica de interes, si tomamos como punto de referencia la regulacion codicial del proceso ordinario contencioso escrito.

En relacion con la introduccion de la causa, el mas significativo, desde ese punto de vista, es la inclusion de la contestacion a la demanda (que pasa a llamarse <<De la formula de dudas>>) y de la no comparecencia de las partes, dentro del unico titulo dedicado a la introduccion de la demanda. En el CIC, la contestacion de la demanda es, sin embargo, un titulo a se, y la no comparecencia de las partes esta incluida dentro de las causas incidentales.

La DC ha mejorado la sistematica de la regulacion sobre la citacion y la notificacion de los actos judiciales dividiendola en dos numeros, para que el relieve e importancia procesal que tiene la primera citacion y su notificacion, quede patente frente al resto de las notificaciones que el tribunal hace a lo largo del proceso por diferentes motivos y causas.

Tomado en consideracion ahora el Titulo VI de la DC, los cambios en relacion con la sistematica del CIC se centran en que, a diferencia de este, la DC divide la regulacion de la cesacion de la instancia en dos capitulos, el primero se reserva a las normas generales del instituto aplicadas a las causas matrimoniales, y el segundo se ocupa del caso peculiar de la suspension cuando, en la instruccion judicial, han surgido dudas muy probables de inconsumacion del matrimonio. La sistematica parece adecuada y coherente con esos institutos procesales.

Dos consideraciones nos sugiere lo hasta ahora expuesto, primera, el esfuerzo sistematico que se ha realizado en la DC para adaptar la regulacion codicial a las causas matrimoniales, mejorando con bastante acierto la sistematica que planteo en su tiempo la PrM; segunda, la DC ha sido mas explicita que el CIC en la regulacion de algunos institutos procesales, lo que se ha traducido en un moderado aumento de las normas, mas palpable en el caso de la introduccion de la demanda.

III. EL ESCRITO DE DEMANDA

1. Requisitos y examen de la demanda

La demanda esta regulada en los aa. 114-125 DC.

En su portico, la instruccion adapta el basilar c. 1501 a las causas matrimoniales, aunque conserva la esencialidad de la norma codicial, cuando ordena que <<E1 juez no puede juzgar causa alguna a no ser que haya una peticion de quien, segun los arts. 92-93, tiene el derecho de impugnar el matrimonio>>. Es doctrinalmente relevante esta prescripcion, y a ella aluden tanto el c. 1620, 4. CIC como su paralelo art. 270, 4. DC, para ampliar el termino de peticion con el adjetivo judicial, al tiempo que lo convierten en requisito de validez de la sentencia dictada en el proceso de nulidad matrimonial.

Seguidamente, en los aa. 115 a 117, se articula el medio mediante el cual se lleva esa peticion de nulidad matrimonial ante el tribunal eclesiastico, esto es, el escrito de demanda: <<Quien desea impugnar el matrimonio debe presentar un escrito al tribunal competente>>, ordena el art. 115 [seccion] 1. Si no puede presentar un escrito por estar impedido el actor, se admite la demanda oral, y en ese caso, la instruccion dispone que el Vicario judicial (el CIC no decia quien) mandara al notario que levante acta. Esta, aprobada por el demandante, sustituye al escrito del actor a todos los efectos juridicos.

La demanda debe cumplir los requisitos senalados en el art. 116, paralelo al c. 1504. No son requisitos de validez, sino de licitud, como sostenia la doctrina del CIC 17, <<ut suo scopo plenius satisfaciat>> (4).

El art. 116 presenta novedades en su estructura y en su contenido, aunque sustancialmente no hay ningun cambio, cabe sin embargo subrayar la concrecion de como el actor debe expresar el contenido de la demanda: en esta debe determinarse el objeto de la causa, formular la peticion de nulidad y proponer, no necesariamente con nombres tecnicos, el capitulo o capitulos de nulidad.

Como novedad, anade que a la demanda deben acompanar la certificacion autentica de la celebracion del matrimonio y, si lo requiere, el documento sobre el estado civil de las partes. Esta norma esta inspirada en el in fine del art. 60 PrM (5). Por ultimo, se prescribe que no puedan exigirse, para presentar la demanda, dictamenes periciales.

Los dos articulos siguientes 117 y 118 DC, en su mayor parte, provienen de los aa. 59 y 26 PrM respectivamente. El art. 117 hace un elenco de los documentos que deben acompanar a la demanda, dependiendo del tipo de pruebas que se propongan, sin que ello sea obstaculo para que en el curso del proceso se aporten ulteriores pruebas:
      <<Si se propone prueba documental, los documentos, cuando sea
   posible, deben entregarse con la demanda; si se propone prueba
   testifical, deben indicarse los nombres y domicilios de los
   testigos. Si se proponen otras pruebas, han de indicarse al menos
   de modo general los hechos o indicios de los que son deducibles.
   Nada impide, sin embargo, que en el curso del proceso se aporten
   ulteriores pruebas de cualquier tipo>>.


Descritos los requisitos que debe cumplir la demanda, el art. 118, nuevo e inspirado, en su [seccion] 2, en el art. 26 PrM, determina las actuaciones que debe llevar a cabo el Vicario judicial una vez recibida la demanda, en orden a la constitucion del tribunal y al nombramiento de los jueces y defensor del vinculo, nombres que deben notificarse inmediatamente al actor.

A partir del art. 119 la DC comienza a regular los tramites procesales de examen, admision y rechazo de la demanda, en los que ha introducido algunas novedades normativas.

Compete al presidente del tribunal colegial admitir o rechazar por decreto la demanda. Para ello, en primer lugar, examinara su competencia y la capacidad legal del actor. Como novedad de interes, el [seccion] 2 senala la oportunidad de oir previamente al defensor del vinculo. Esta explicita referencia al defensor del vinculo sera una constante del articulado de la DC, intencionalidad que quiza sea una clave hermeneutica para interpretar cabalmente el c. 1433 y el art. 60 DC.

La doctrina, en relacion con el examen de la demanda, ha fijado su atencion sobre la legalidad de la llamada <<informacion extrajudicial>>, inquisitio previa o pre-trial-statement (6), nombres con los que se designa la actuacion procedimental realizada por el juez extrajudicialmente (7), fuera de las garantias que el proceso ofrece, con el fin de buscar los indicios necesarios que corroboren la viabilidad de la demanda.

Las opiniones acerca de la viabilidad de la inquisicion previa han sido muy variadas. Ahora, me parece que por primera vez, se prescribe en un texto normativo general cuando y en que limites cabe esa investigacion. Segun el art. 120 DC el presidente puede y debe, cuando el caso lo requiera, disponer que haya una investigacion previa sobre la competencia del tribunal y la capacidad legal del actor para actuar en juicio; sin embargo, solo puede disponer una investigacion previa sobre la sustancia de la causa en orden a admitir la demanda o rechazarla, si esta parece carecer de todo fundamento, e incluso solamente para valorar si cabe la posibilidad de que durante el proceso aparezca algun fundamento.

La doctrina, al menos parte de ella, habia ofrecido precisamente estas soluciones.

En efecto, el procedimiento informativo, si recae sobre la competencia del tribunal y la legitimacion del actor respectivamente, no so lo puede sino que debe practicarlo y recoger pruebas el juez o presidente del colegio; investigacion que no puede considerarse como extrajudicial (8).

El merito de la causa, por el contrario, no admite una previa investigacion para averiguar los hechos que el actor aduce (9). Se preve sin embargo una excepcion, que en el libelo no aparezca ningun posible fundamento. Entonces el juez puede hacer una limitada investigacion, pero solo <<ad videndum utrum pro petitione aliquod fundamentum emergere possit>> (10). Esta investigacion tiene algunas limitaciones: la primera se refiere a las pruebas, pues aunque por causa grave se admite recoger pruebas antes de la litis contestatio (c. 1529); ello se autoriza con el fin de asegurar una prueba que se teme no pueda ser practicada en su normal momento procesal, no como medio para admitir o rechazar la demanda, porque debe excluirse que el juez entre directamente en el merito de la causa; ni sobre los hechos ni sobre el derecho aducido puede ir el juez mas alla de la prescripcion del art. 122 DC. Como veremos mas adelante.

2. Rechazo de la demanda

Como ya hacia el CIC en el c. 1505 [seccion] 1, la DC da una lista taxativa de causas por las cuales el presidente del tribunal colegial puede rechazar la demanda, son las recogidas en el art. 121 [seccion] 1. Las variaciones que introduce la nueva norma son sobre todo de tipo explicativo, donde el CIC decia que se rechazara la demanda cuando el actor carezca de <<legitima persona standi in iudicio>>, el art. 121 [seccion] 1, 2. senala que el rechazo puede darse <<si la peticion ha sido presenta indudablemente por alguien que no tiene derecho a impugnar el matrimonio>>.

Hay sin embargo un anadido que no estaba en el c. 1505, en relacion con el decreto de rechazo de la demanda (art. 121 [seccion] 2). Procede de aplicar la norma del c. 1617, sobre los decretos judiciales y el requisito de expresar los motivos que los fundamentan, al decreto de inadmision, el cual, ordena la DC, <<debe expresar, al menos de modo sumario, los motivos del rechazo>>. Por esta via, la DC senala que estamos ante un decreto que no puede considerarse de mero tramite, aunque la remision al c. 1617 y la literalidad del art. 121 [seccion] 2 DC, desde mi punto de vista, no aclara la naturaleza procesal del decreto que rechaza la demanda (11).

Dentro de los posibles motivos para rechazar la demanda, el que mas problemas interpretativos y practicos puede plantear a los tribunales es el de falta de fundamento de la pretension. Por ello, parece oportuna la prescripcion del art. 122, inspirada en el art. 64 PrM (12): <<No hay fundamento para la admision de la demanda si el hecho en que se basa la impugnacion, aun siendo del todo verdadero, carece absolutamente de virtualidad para hacer nulo el matrimonio; o si, por mas que el hecho sea de aquellos que hacen nulo el matrimonio, es manifiesta la falsedad de lo que se afirma>> (13).

El libelo puede ser rechazado por falta de fumus boni iuris, cuando es infundado, no existe el derecho en que se ampara la peticion (14), o son falsos los hechos que se alegan. En el primer caso, falta la voluntad de la ley a favor del que la invoca; esa ley no existe para el supuesto que los hechos han delineado en el libelo. Parece, por tanto, inutil incluso una indagacion posterior en el proceso, para ver si surgen nuevos hechos que conformen el supuesto de la norma alegada. En el segundo caso, si existe esa voluntad de la ley, pero los hechos del supuesto se han revelado falsos; o, como senala la jurisprudencia, son contradictorios o incompatibles entre ellos, o estan desprovistos de fundamento in re (15).

Un decreto rotal pone en relacion la investigacion previa con el rechazo de la demanda por falta de fundamento, para senalar que el examen debe realizarse <<ex ipso libello>> (art. 121 [seccion] 1, 4. DC), una vez hecho, si el juez tiene dudas acerca del fundamento, la demanda debe ser admitida (16), porque las pruebas necesarias para resolver esas dudas son propiamente las que se practican durante el proceso, y no se admite recogerlas antes de la formula de dudas (art. 160 DC y c. 1529) si no es por causa grave; no esta permitida, por tanto, la practica de pruebas en la informacion previa.

Cuando el rechazo de la demanda se produce por defectos que es posible subsanar, estos deben ser indicados en el decreto, ordena como novedad el art. 123, y en el se debe invitar al actor a presentar un nuevo escrito correctamente redactado.

3. El recurso contra la inadmision de la demanda

Contra el rechazo del libelo, la parte conserva el derecho de recurrir (cfr. c. 1505 [seccion] 4), atendiendo a unas normas que dieron lugar a interpretaciones muy variadas, propiciadas por la redaccion del canon (17).

La DC ha introducido cambios en la redaccion, y puede decirse que el punto de mayor confusion, como era la determinacion del tribunal ad quem en relacion con el caracter expeditissime de la decision del recurso, queda ahora mas clarificado.

Segun la ley codicial, <<la parte puede interponer recurso motivado contra el rechazo del escrito ante el tribunal de apelacion, o ante el colegio si fue rechazado por el presidente; y la cuestion ha de decidirse con la mayor rapidez (expeditissime)>>. Esta es la version espanola del c. 1505 [seccion] 4, que ya contiene una cierta interpretacion del canon, pero sigue siendo valida para exponer las dificultades que se presentaron.

Algunos autores defendian que el decreto de rechazo podia provenir no solo del presidente del tribunal colegial, sino tambien del colegio porque no lo impedia la ley, y en ese caso, el tribunal ad quem debia ser el de apelacion (18). Este tribunal, para otros, tambien podria ser el competente para recibir el recurso cuando el rechazo provenia del presidente del colegio, porque la letra del canon no lo prohibia (19).

A ello se sumaban las opiniones que sostenian que solo la decision del tribunal de apelacion era expeditissime, y por ello inapelable (c. 1629,5.). En consecuencia, el decreto del colegio resolutorio del recurso por rechazo proveniente del presidente podia recurrirse una vez mas, pero al tribunal de apelacion (20).

El art. 124 [seccion] 1 no es ajeno a estas polemicas, y por ello modifica el texto del canon por este: <<La parte conserva siempre la facultad de interponer, en el plazo util de diez dias, recurso motivado contra el rechazo del escrito de demanda [hasta aqui es transcripcion del CIC]: ante el colegio, si el escrito fue rechazado por el presidente, o ante el tribunal de apelacion, en los demas casos; en ambos supuestos la cuestion sobre el rechazo ha de decidirse con la mayor rapidez posible (cfr. c. 1505 [seccion] 4)>>,

Queda aclarada la determinacion del tribunal ad quem y tambien que en todos los casos contemplados por la norma, la resolucion del recurso debe dictarse expeditissime. Y para que no haya duda alguna, el [seccion] 3 aclara: <<Si el recurso ha sido interpuesto ante el colegio, no puede proponerse nuevamente ante el tribunal de apelacion>>.

El cambio introducido por la DC hubiera sido totalmente satisfactorio, si ademas hubiera resuelto si es acorde con el art. 119 [seccion] 1 que el colegio rechace la demanda o es una decision reservada solo a su presidente.

Por ultimo, el [seccion] 2 ordena que admitida la demanda por el tribunal de apelacion, la causa debe ser juzgada por quien la rechazo.

4. Impugnacion del decreto que confirma el rechazo de la demanda

Contra el rechazo de la demanda sin que quepa ulterior recurso existen todavia algunos remedios juridicos para soslayar esta extrema situacion procedimental, pero en el numero de esos remedios y en su eficacia la doctrina no es concorde. La DC no ha querido referirse a este tema, a pesar de que existe suficiente jurisprudencia de la Rota Romana al respecto, como tendremos ocasion de comprobar. Quiza las soluciones jurisprudenciales no sean del todo satisfactorias doctrinalmente.

La cuestion, en sus planteamientos mas generales se presenta asi:

Todos los autores estan de acuerdo en que siempre se puede proponer nueva demanda ante el tribunal (21), este vendra obligado una vez mas a examinarla y a emitir decreto de admision o de rechazo, reiniciandose de nuevo el tramite desde sus primeros pasos procedimentales.

Hay coincidencia tambien sobre la viabilidad de la querella de nulidad contra el decreto que confirma el rechazo del libelo, siempre y cuando se acredite alguno de los supuestos contenidos en la normativa codicial (22) y ahora en la DC.

Se da, por el contrario, una clara division en aceptar la restitutio in integrum como un remedio posible contra la decision confirmatoria de la inadmision de la demanda. No hubo esa conformidad en la doctrina del CIC de 1917 (23) y tampoco existe en la doctrina actual (24).

El debate, despues del actual CIC, comenzo en 1986 con la publicacion de tres decretos de la Ruta Romana (25) y un articulo cientifico (26) que ponian de manifiesto el retorno de las antiguas discrepancias doctrinales acerca de esta tematica. A partir de aqui, se han ido manifestando las preferencias por una u otra opcion.

Algunos autores entienden que las decisiones rotales que han emitido un juicio favorable a la restitucion, han superado la dificultad que representa la regulacion de la restitutio in integrum en el CIC como un recurso extraordinario, prescrito solo contra las sentencias que han pasado a cosa juzgada y no contra los decretos (27), al considerar que el decreto definitivo de inadmision del libelo tiene el efecto practico de impedir el proceso, y como es inapelable, constituye por ello cosa juzgada; la cual, si es manifiestamente injusta a tenor del c. 1645, solo puede ser reparada por la restitutio in integrum (28).

Personalmente me ha parecido que esa solucion no es procesal ni sustancialmente la adecuada y sobre ello me he manifestado en diversas ocasiones (29), porque entiendo que no se puede emplear el recurso de restitucion contra una cuestion que ni es de fondo, ni es posible que pase a cosa juzgada a pesar de los malabarismos que ha hecho alguna jurisprudencia.

La DC, como he adelantado, nada resuelve al respecto.

5. La admision automatica

Este tipo de admision del libelo esta regulado en el c. 1506. La norma resuelve el problema que plantearia la negligencia del juez --o la del presidente del colegio judicial-- a la hora de aceptar o rechazar la demanda segun prescribe el c. 1505 [seccion] 1. Su paralelo en la DC es el art. 125, que contiene un cambio redaccional pequeno comparado con la norma codicial, pero de importancia procesal.

Los problemas doctrinales (30) y la ineficacia practica del c. 1710 CIC 17 (31) propiciaron el cambio del precepto, dando lugar a la admision ipso iure del escrito de demanda. Ordena el c. 1506 que, si pasado un mes desde que se presento la demanda, el juez no dicta decreto de admision o rechazo, la parte interesada puede instar a que el juez cumpla con su obligacion; si transcurridos diez dias el juez sigue guardando silencio, la demanda se considera admitida.

La doctrina acogio en general el precepto codicial como oportuno (32), aunque no faltaron autores que senalaron la problematica nueva que con ella se suscitaba (33). En efecto, la admision automatica introdujo algunas perplejidades:

a) Por la posicion sistematica del c. 1506 y las remisiones que, en los diferentes procesos, se hacen a las normas del contencioso ordinario (cc. 1670, 1691, 1693, 1710 y 1728), la admision ipso iure seria de aplicacion en toda clase de procesos. Villeggiante, sin embargo, sostiene que no se aplica a las causas matrimoniales (34). Entiende que el c. 1677 [seccion] 1 habla de <<aceptacion del libelo>>, que es algo diverso a la simple admision del c. 1506; pues la aceptacion implica un acto humano, un juicio, un decreto del juez (35).

En contra de esa postura se manifestaron otros autores (36), para los que el c. 1506 es aplicable a toda clase de procesos, incluidas las causas matrimoniales. No parece suficiente la indicacion del c. 1677 [seccion] 1, porque la admision ipso iure es un verdadero derecho de la parte (se diseno como medio para proteger el derecho de los fieles (37)).

La discusion queda definitivamente zanjada por el art. 125 DC que aplica a las causas matrimoniales el instituto de la admision automatica de la demanda.

b) Otra cuestion que planteo, venia propiciada por la posibilidad de entender el c. 1506 como una norma sanatoria, porque una demanda que no cumpliera los requisitos seria admitida automaticamente si el presidente del tribunal o el juez no la rechazaran en plazo.

Unanimemente la doctrina se manifestaba en contra de esa interpretacion (38), porque no puede ser admitida automaticamente una demanda si le faltan los requisitos esenciales (39) o de licitud, como, por ejemplo, ocurre cuando el escrito pidiendo la nulidad del matrimonio se presenta ante un tribunal sin competencia relativa (40).

La DC sale al paso de esta dificultad y opta por lo que la doctrina mayoritaria habia apuntado, para ello corrige del texto del canon en el siguiente tenor: <<se tendra por admitido el escrito de demanda, si se ha propuesto legitimamente>> (art. 125).

Procedimentalmente pienso que bastaria un decreto motivado que desactive el automatismo de la admision, razonando la falta de legitimidad de la demanda. Si seguimos la logica marcada por la regulacion de la admision ese decreto deberia ser recurrible porque es un decreto de inadmision.

c) Un tercer problema podia plantear el c. 1506, si el juez negligente persiste en su morosidad, una vez admitida la demanda a tenor de ese canon.

Ni el c. 1507 [seccion] 2 ni el actual art. 126 [seccion] 2 DC parecen eliminar, por lo que afecta a la citacion de las demas partes, los problemas de la inactividad del juez o del presidente del tribunal negligente (41). Como solucion, se ha propuesto el recurso a la autoridad competente que tenga la potestad sobre el tribunal que debe conocer de la causa (42).

IV. CITACION Y NOTIFICACION DE LOS ACTOS JUDICIALES

Es de elogiar, en general, que la DC supere la generalizacion que el CIC ofrece en esta materia, por medio de la distincion entre citacion y notificacion en general y en especial. En efecto, la primera novedad que introduce la DC con respecto al CIC, en relacion a este tema, es sistematica. El CIC bajo la misma rubrica agrupa unas normas sin ninguna division interna, por el contrario, DC divide el capitulo en dos numeros: 1. la primera citacion y su notificacion; 2. lo que debe observarse en las citaciones y notificaciones.

1. La primera citacion y su notificacion

El art. 126 adapta la normativa codicial a las causas de nulidad de matrimonio mediante la unificacion, en una sola norma, de los cc. 1507 y 1677 [seccion] 2. En esa linea van tambien los retoques de redaccion introducidos fundamentalmente en los tres [subseccion] del c. 1507. Todo ello con el fin de conjugar el rigor en estos tramites con su agilizacion.

La primera citacion se hace en el decreto del presidente que admite la demanda, acordando si el demandado debe responder por escrito o comparecer ante el tribunal. Esa comparecencia puede surgir tambien despues de contestar a la demanda, fijada por un nuevo decreto del presidente o ponente, en el que cita a las partes y al defensor del vinculo (art. 126 [seccion] 1). Esta referencia expresa al defensor del vinculo es nueva en la norma, y esta en la linea, como ya se ha dicho, de explicitar en las normas cuando debe intervenir. Si la parte demandada comparece de hecho ante el juez para tratar de la causa, no es necesaria su citacion; pero el actuario debe hacer constar en las actas que esa parte estaba presente en el juicio (art. 126 [seccion] 3).

A estas adaptaciones se le anade una novedad, contenida en el [seccion] 4 del art. 126: <<Si el matrimonio es impugnado por el promotor de justicia de acuerdo con el art. 92, n. 2, deben ser citados ambos conyuges>>. El articulo tiene un antecedente en el art. 75 PrM (43).

Parece oportuna la norma y su razon se halla en la relacion de causalidad que ambos conyuges tienen con los hechos imputados (44).

Explica de Diego-Lora, con una perspectiva mas general, que, en las acciones de nulidad de actos juridicos, planteada la accion por vulneracion de alguno de los condicionantes de la validez, esta afecta de igual manera a todos lo que lo otorgaron, por ello no es concebible que se de una declaracion judicial de nulidad sin que esten en el proceso todos sus otorgantes. Por consiguiente, quien no este como actor en el ejercicio de la accion de nulidad del matrimonio tendra que estar como demandado, pues la sentencia afectara igualmente a todos. Todos ellos estan legitimados tanto activa como pasivamente, dependiendo de la actitud que adopten, sea reclamando, sea siendo los sujetos pasivos de tal reclamacion (45).

En consecuencia, cuando el promotor de justicia impugna el matrimonio, en la condiciones establecidas por el CIC y la DC, necesariamente deberan ser citados ambos conyuges, para que adopten la posicion procesal que corresponda a los intereses que quieran defender. Estos fenomenos estan relacionados con las diversas formas del litisconsorcio activo o pasivo en los procesos de nulidad de matrimonio (46).

El art. 127 DC recoge, adapta e introduce novedades en relacion con los cc. 1508 [subseccion] 1 y 2 y 1677 [seccion] 1.

Las adaptaciones, como en otros casos, introducen referencias expresas a los cometidos del presidente o ponente y defensor del vinculo en los actos procesales que se regulan en estas normas.

Las novedades se concretan en:

-- El presidente o el ponente, junto a la notificacion del decreto de citacion, deben proponer oportunamente a las partes la formula de la duda o de las dudas tomadas de la demanda, para que respondan (art. 127 [seccion] 2).

-- Cuando por razones graves, a la notificacion de la citacion no acompane el escrito de demanda, ello se establecera en decreto motivado. En tal caso es necesario que se notifique a la parte demandada el objeto de la causa y la razon de la demanda aducida por el actor (art. 127 [seccion] 3).

-- Juntamente con el decreto de citacion deben notificarse a la parte demandada los nombres de los jueces y del defensor del vinculo (art. 127 [seccion] 4).

El c. 1511, que sancionaba con la nulidad de los actos del proceso cuando la citacion no fuese legitimamente notificada (salva la excepcion de la comparecencia de hecho del demandado), ha recibido una profunda revision de su texto.

El art. 128 incrementa los motivos de nulidad mediante la remision al art. 127 [seccion] 3 DC. En consecuencia, son nulos los actos del proceso: 1) cuando no se une a la citacion el escrito de demanda sin que lo establezca, por motivos graves, un decreto motivado del presidente o el ponente; 2) cuando supuesto dicho decreto, no se notifica a la parte demandada el objeto de la causa y la razon de la demanda aducida por el actor; y 3) cuando no se ha notificado legitmamente la citacion a la parte demanda.

El art. 128 anade que deben tenerse en cuenta ademas lo que prescriben los arts. 60, 126 [seccion] 3,131 y 270, nn. 4. y 7..

La disposicion del art. 128, tiene su antecedente en el c. 1508 [seccion] 2, aunque de la letra del canon no se desprende, de modo explicito, la nulidad de los actos del proceso cuando el juez no adjunta la demanda a la citacion. Fueron algunos autores los que propusieron esa interpretacion (47), no compartida por otros (48).

2. Lo que debe observarse en las citaciones y notificaciones

En esta segunda parte del capitulo, se han introducido algunas novedades que no estaban en el CIC y que se inspiran en diferentes fuentes normativas, como veremos seguidamente.

El art. 131 [seccion] 1, que tiene por fuentes el c. 1508 [seccion] 3 y el art. 77 PrM, recoge el principio de que las citaciones y notificaciones dirigidas al que carece de capacidad procesal, se realicen al curador. Ese mismo articulo, en el [seccion] 2 dispone que el procurador debe informar a su representante de las notificaciones y citaciones, norma que no se encontraba en el CIC. Que la DC haya descendido a estos detalles que parecen obvios, da una idea de la gran diversidad de situaciones que se da en la Iglesia, siendo necesario aclarar hasta las cuestiones, en principio, mas elementales como el cabal cumplimiento del mandato ad lites.

La DC acomete la resolucion del problema que suele plantearse a los tribunales, en orden a la citacion y sucesivas notificaciones, cuando no se conoce ni el paradero ni la direccion de alguna de las partes. El art. 132 [seccion] 1 DC establece las siguientes pautas a seguir: Siempre que, despues de una diligente investigacion, se ignore donde se encuentra la parte que debe ser citada o a la que debe notificarsele un acto, el juez puede proseguir con el procedimiento, pero debe constar en actas la cuidadosa investigacion llevada a cabo. Y anade: en estos casos, la ley particular puede establecer que la citacion o la notificacion se haga por medio de edictos.

Desaparecida su expresa referencia en el CIC, la DC recupera, por via de la legislacion particular, la notificacion por edictos (art. 132 [seccion] 2), en los casos en que se ignore donde se halla la parte (49). La citacion y notificacion por edictos esta tambien vigente en la Rota Romana (art. 59 NTARR) y en la Rota Espanola (art. 50 NTRE). Sin embargo, da notificacion por "edictos" --tanto si se realiza fijandola en la puerta de la sede del tribunal como si se hace por su publicacion en algun periodico y mas si este es oficial-- no pasa de ser pura e inutil ficcion y formalismo>> (50).

Hay una ampliacion del supuesto contemplado por el c. 1510, que sustituia la fictio iuris sancionada en el c. 1718 CIC 17, de tal forma que todo aquel que rehuse recibir no solo la citacion, sino tambien la notificacion de un acto judicial, o impida que le lleguen, ha de tenerse por legitimamente citado o informado de lo que habia que notificarle (art. 133 DC).

Por ultimo, la DC anade una nueva norma, el art. 134, que procede en sus tres primeros [subseccion] del art. 60 NTARR (51), en la que se determina que actos deben ser notificados, dependiendo de las posturas procesales que adopten las partes. En concreto:

[seccion] 1: si las partes comparecen en juicio se les notifican todos los actos que segun el derecho deben notificarse;

[seccion] 2: si se remitieran a la justicia del tribunal, se les debe notificar: el decreto que fija la formula de la duda, la nueva demanda que pudiera presentarse en el transcurso de la causa, el decreto de publicacion de las actas y todos los pronunciamientos del colegio;

[seccion] 3: si la parte ha sido declarada ausente: a) si se conoce donde se encuentra, se le notificaran la formula de las dudas y la sentencia definitiva; b) pero cuando de modo expreso rechazo cualquier notificacion, se le puede notificar la parte dispositiva de la sentencia (art. 258 [seccion] 3);

[seccion] 4: no se le hace ninguna notificacion de actos a la parte ausente a tenor del art. 132, porque se desconoce el lugar en que reside.

V. LA FORMULA DE LA DUDA

La DC regula la formulacion del dubium en los aa. 135-137. En ellos se hace un todo normativo empleando las normas codiciales referidas al proceso contencioso ordinario (cc. 1513 y 1514) y las del proceso de nulidad de matrimonio (c. 1677).

Segun el art. 135, la formula de las dudas tiene dos formas de determinarse: la primera, que es la comun, por decreto ex officio del presidente o del ponente, en el plazo de 25 dias desde que se notifico el decreto de citacion, teniendo en cuenta las alegaciones de las partes expuestas en la demanda o referidas oralmente en declaraciones al juez ([subseccion] 1 y 2); segunda, excepcional, tambien por decreto del presidente o del ponente, pero despues de la sesion solicitada por las partes o el defensor del vinculo (una vez mas se le incluye explicitamente) para establecer la formula de dudas ([seccion] 1). En ambos casos, la formula de la duda debe especificar por que capitulo o capitulos se impugna la validez del matrimonio (art. 136 [seccion] 3) y se notificara a las partes si no hubiesen manifestado ya su conformidad (art. 136 [seccion] 4).

La DC, en las causas matrimoniales, se inclina por la linea de la individuacion (52), igual que el hizo el CIC cuando rechazo que la formula de la duda quedara reducida a la exclusiva indicacion de la nulidad del matrimonio, sin especificacion concreta de capitulo alguno, dejando a la sola facultad del juez la determinacion del capitulo (53).

La especificacion del capitulo o capitulos concretos, como explica Stankiewicz, <<no solo previene una nueva introduccion de la causa por el mismo capitulo en primera instancia, sino que tambien determina la definicion de la doble sentencia conforme (cfr. c. 1641,1. (54)) en orden a la celebracion de nuevo matrimonio (c. 1684 [art. 301 DC]) y la solicitud de nueva proposicion de la causa (c. 1644 [aa. 290-294 DC])>> (55).

Como ya establecia el CIC (c. 1513 [seccion] 3), las partes pueden recurrir al colegio en el plazo de diez dias para que sea modificada la formula de la duda. La cuestion debe dirimirse por decreto del mismo colegio con la mayor rapidez posible (art. 136 [seccion] 4), es por tanto, inapelable.

Sigue presente la prohibicion general, bajo pena de nulidad, sobre el cambio de demanda, una vez definida la formula de la duda, con la excepcion ya conocida de mediar causa grave, que la modificacion se haga por nuevo decreto, a instancia de parte, y despues de oir y ponderar las razones de la otra parte y del defensor del vinculo (art. 136).

Las propuestas que solicitaron durante la redaccion del CIC que la formula de la duda quedara reducida a la sola indicacion de la nulidad del matrimonio, dejando a la competencia del juez la determinacion del capitulo, anadian, en relacion al cambio de capitulo, que el mismo juez pudiera llevarlo a efecto hasta el momento del decreto de conclusion de la causa (56). El CIC, sin embargo, como ya hemos dicho, prohibio el cambio de la formula de dudas ex officio.

La confirmacion por parte de la DC del procedimiento establecido ya por el CIC, es significativa, porque despues del CIC parte de la doctrina, apoyada en alguna sentencia rotal, sostiene que el cambio de la formula de dudas puede realizarse de oficio (57). Por el momento esa corriente de opinion no ha tenido reflejo normativo.

VI. LA NO COMPARECENCIA DE LAS PARTES

La DC dedica cinco articulos a la no comparecencia de las partes. Sigue la misma sistematica del CIC, que regula en primer lugar la no comparecencia del demandado y despues la del actor.

No hay grandes diferencias entre la regulacion del CIC y de la DC sobre la ausencia de la parte demandada. Como novedad, se subraya que la primera citacion debio hacerse debidamente (rite); se especifica, ademas, que el decreto de ausencia lo dictan el presidente o el ponente de la causa, despues de comprobar que se dan los requisitos exigidos por el art. 138, entre los cuales esta que debe constar, incluso mediante nueva citacion, que la primera citacion legitimamente hecha llego al demandado en tiempo util.

El [seccion] 2 del art. 138 aconseja: <<El presidente o el ponente deben procurar, no obstante, que el demandado no persista en su ausencia>>. Propiamente estamos ante una recomendacion, que hace recaer sobre el presidente del colegio o el ponente una carga a veces de dificil cumplimiento y, en ocasiones, de imposible observancia.

Sobre la comparecencia tardia del demandado en el juicio, la DC transcribe casi a la letra el c. 1593 [subseccion] 1 y 2, con la sola diferencia de explicitar el derecho que asiste al demandado a pedir la nulidad de la sentencia, si acredita que esta fue dictada contra una parte legitimamente ausente (art. 139 [seccion] 2).

La no comparecencia del actor es objeto, en la DC, de una adaptacion de la normativa codicial a las causas matrimoniales. El momento procesal que da lugar al procedimiento de ausencia es la incomparecencia del actor por si o por procurador, en el dia y hora fijados para concordar la formula de dudas. En ese caso, el presidente o ponente reiterara la citacion; si no obedece, la causa se declara desierta, hemos de suponer que por presunta renuncia de la instancia del actor, a no ser que el demandado o el promotor de justicia, a tenor del art. 92,2., insten la declaracion de nulidad del matrimonio.

El mismo olvido que tuvo el CIC en el c. 1524 [seccion] 3, que regulaba los requisitos de validez de la renuncia del actor, al no hacer mencion de la renuncia tacita del c. 1594,2. (58), se da en la DC en el art. 150 [seccion] 2, paralelo al c. 1524 [seccion] 3, al omitir la referencia al art. 140,2., donde se establece una presuncion de renuncia a la instancia del actor cuando despues de dos citaciones en forma, ni comparece al acto de litiscontestacion, ni aduce una causa justificativa de su ausencia.

La renuncia a la instancia es un acto bilateral, por tanto debe notificarse a la otra parte y ser aceptada, o al menos no impugnada, por esta (c. 1524 [seccion] 3 y el art. 150 [seccion] 2 DC). Para ello, el presidente o ponente senalara un plazo al demandado con el fin de que estudie la peticion y responda; si llegado al termino no hay respuesta, el juez puede interpretar ese silencio como aceptacion del desistimiento (59). El demandado, una vez constituida la relacion procesal con la citacion o su comparencia, tiene el mismo derecho que el actor a la sentencia, por eso es necesaria su aceptacion.

La declaracion de ausencia lleva consigo una limitacion de la normal comunicacion de los actos procesales a la parte afectada por esa declaracion, tal como dispone el art. 134 [seccion] 3 DC: <<A la parte que ha sido declara ausente del juicio, se le notificaran la formula de las dudas y la sentencia definitiva>>.

En las normas sobre la declaracion de ausencia de parte de la DC hay novedoso art. 142 que prescribe: <<han de observarse tambien, con las debidas adaptaciones, cuando se haya de declarar ausente a una parte durante el proceso>>.

Este art. 142 plantea dudas teoricas cuando la parte ausente es la demandada. En efecto, si esta acudio a la citacion y comparecio judicialmente, una actitud negligente posterior no deberia influir en ese acto como si no se hubiese producido, y recalificarlo mediante decreto como ausencia. La sobrevenida negligencia de la parte demandada puede entenderse como una tacita manifestacion de no afrontar las cargas del proceso que le favorecen padeciendo por ello las consecuencias desfavorables de su actitud, pero con esa actitud esta ejerciendo un derecho procesal que le habilita frente a la parte actora a adoptar las posturas legitimas que mas convengan a su pretension.

La norma debe tener, por tanto, otra justificacion. Posiblemente se refiera no a una actitud simplemente negligente de la parte demandada, sino a una postura que al tiempo que obstaculiza la marcha del proceso, exige la notificacion de todos los actos para utilizarla despues en perjuicio de la otra parte en los tribunales civiles. Para evitarlo la DC entiende que el juez puede declarar al demandado ausente. Pienso, sin embargo, que la finalidad de ese instituto procesal no esta delineada por el legislador para atajar casos de utilizacion espuria de los medios judiciales eclesiasticos, seria mas congruente utilizar una via sancionadora.

El art. 142, por el contrario, no plantea esas perplejidades cuando se refiere al actor, porque la norma parece ampliar la presuncion de renuncia a la instancia a todos los supuestos de incomparecencia del actor despues de doble citacion (art. 140,2. DC y c. 1594,2. CIC). Medida que esta en la linea de impedir que los procesos se alarguen indebidamente con detrimento de la justicia.

VII. La CESACION DE LA INSTANCIA

La DC distribuye esta materia entre los aa. 143-154, dividida en dos capitulos, de los que ya se informo al principio de la relacion. El primero da normas generales sobre la suspension, caducidad y renuncia a la instancia, mientras que el segundo se refiere al caso concreto de la suspension de la causa en caso de duda sobre la inconsumacion.

Los fenomenos de crisis procesales son eventos que impiden avanzar al proceso. Y se clasifican en crisis definitivas, porque extinguen el proceso mismo; y temporales, porque permiten la reanudacion del proceso, terminada la causa de su paralizacion.

Esta sistematica es fruto de la doctrina, ni el CIC ni la DC hacen esas distinciones, pero un examen de sus normas permite aceptar dicha clasificacion.

Dentro de las crisis temporales, se pueden distinguir tres clases:

La detencion. Es el fenomeno mas elemental y se identifica con la falta de impulso procesal que lleva a que el proceso se paralice o detenga.

La suspension. Tiene por causa un acto de parte que solicita directa o indirectamente paralizar el proceso. Normalmente son motivo de suspension las causas incidentales que sean prejudiciales (aa. 217-228 DC).

La interrupcion es la paralizacion del proceso producida por un fenomeno ajeno a la voluntad de las partes (la muerte, cambio de estado, cesacion del curador) que incide en la causa como un hecho procesal y altera, en cierta medida, los efectos de la relacion procesal (aa. 143-144 DC).

Entre las crisis definitivas cabe distinguir: la caducidad (cuando las partes no realizan ningun acto procesal en seis meses, sin que exista ningun impedimento); la renuncia de la instancia (por la que el actor desiste de proseguir el proceso); y la renuncia a la accion (que acontece cuando el actor renuncia al objeto litigioso y a las posibilidades futuras de reclamarlo. Este fenomeno no existe en las causas de nulidad de matrimonio).

1. Paralizacion del proceso por fenomenos ajenos a la voluntad de las partes

A. La prosecucion <<post mortem>> de las causas de nulidad

La primera crisis de la instancia que regula la DC es la producida por la muerte del conyuge, durante el proceso. El CIC, en la regulacion de la prosecucion de la causa post mortem (c. 1675 [seccion] 2), cambio el criterio del art. 222 PrM, remitiendo a la norma general del proceso ordinario (c. 1518). La DC sigue el criterio codicial y actualiza el texto del c. 1518 a las causas matrimoniales. Prescribe el art. 143:

<<Cuando un conyuge fallece durante el proceso:

1. si la causa aun no hubiera concluido, la instancia se suspende hasta que solicite su reanudacion el otro conyuge u otro interesado; en este caso, habra de probarse el legitimo interes (60);

2. si estuviera concluida la causa a tenor del art. 237, el juez debe proseguirla, citando al procurador o, si no lo hay, al heredero del difunto o a su sucesor (cfr. cc. 1518; 1675 [seccion] 2)>>.

La incorporacion al proceso del legitimo interesado, en el caso de interrupcion antes de estar concluida la causa, se llevara a cabo previo examen del interes en que sustenta su condicion. La DC, a diferencia de la PrM, no exige la existencia de <<graves razones>>, sino la acreditacion del legitimo interes para adquirir la condicion de parte, resolviendo de esta forma la controversia suscitada en el Derecho anterior (61). Tampoco preceptua la norma la necesidad de la prejudicialidad de la nulidad respecto a otra controversia, basta, como se ha dicho, con la prueba del interes (62).

La nueva parte, actor o demandado, adquiere su condicion de modo pleno en la relacion juridico-procesal, sin considerarse ligada a las pretensiones del difunto conyuge (63), que podra mantener si lo estima oportuno o cambiar. Tecnicamente hablando lo que se ha producido es una sustitucion en la legitimacion.

El promotor de justicia podra actuar en la prosecucion de la causa, si se dan los requisitos que legitiman su presencia (64) como parte actora por derecho propio y no en sustitucion de una de las partes (65).

Si el fallecimiento se produce despues de haberse dictado el decreto de conclusion de la causa, el presidente o ponente debera citar al procurador y, si no lo hay, al heredero del difunto o a su sucesor. <<La razon es que, hallandose la causa en tal estado, todo se encuentra dispuesto para dictar sentencia, y no es conveniente retardarla>> (66). Pueden, sin embargo, presentarse casos en los que no baste con la sola presencia del procurador, porque se pidan nuevas pruebas (art. 239 DC), o se vaya a realizar una ampliacion de la instruccion (art. 248 [seccion] 5 DC), supuestos que reclaman la citacion del heredero o sucesor.

En el caso de apelacion por parte del procurador, incluso si solo el es el citado (67), la prosecucion en el tribunal de instancia superior le corresponde a la nueva parte segun las reglas del art. 143 DC.

B. Prosecucion de la causa de nulidad por cesacion del curador o procurador

El art. 144 contempla tambien fenomenos parecidos de interrupcion, pero referidos al curador o procurador si se esta litigando por medio de alguno de ellos. Como estas figuras son necesarias para suplir la carencia de capacidad (aa. 97 y 101 [seccion] 2), si falta alguna de ellas por muerte o cesacion en el cargo, el proceso debe interrumpirse (la DC emplea el termino suspension) en tanto no se proceda al nombramiento de un nuevo curador o procurador. La interrupcion se lleva a efecto por un decreto del juez, en el que senalara un plazo conveniente para constituir nuevos representantes. Si agotado el plazo no se ha procedido a esos nombramientos, el presidente o ponente tiene facultad para designarlos ex officio, tanto en los casos de curadores (cc. 1478 [subseccion] 2-3 y 1479 CIC y art. 97 y 98 DC) como en los de procuradores (c. 1481 [seccion] 1 CIC y art. 101 [seccion] 2 DC).

C. Efectos comunes a las interrupciones

En todos los casos senalados, lo que paraliza el proceso es el fenomeno de hecho, pues si falta una de las partes con capacidad no puede proseguirse, ya que la nota de dualidad de partes es esencial al proceso.

El decreto del juez ordena de hecho la paralizacion desde el mismo momento en que se produjo el evento, por tanto, con efecto retroactivo, pues el decreto normalmente sera posterior al hecho de la muerte, cesacion, etc. El efecto ex tunc significa que los plazos que hubieren corrido se retrotraen al momento de produccion del hecho que paralizo el proceso; y, consecuentemente, la reanudacion de este, incorporada ya la nueva parte o su representante, se hace por decreto del juez, y los plazos vuelven a transcurrir como quedaron en el dia en que ocurrio el fenomeno de hecho paralizador del proceso.

2. Suspension del proceso por cuestiones que requieren previa resolucion

El CIC no tenia una norma en la que, de forma general, se regulara este fenomeno de crisis de la instancia; la DC sin embargo ha decidido introducirla, sin que hallemos un precedente de ello ni en el CIC de 1917 ni en la PrM.

Ordena el art. 145 [seccion] 1: <<La tramitacion de la causa principal se suspende tambien siempre que haya que resolver previamente una cuestion de la que dependa la prosecucion de la instancia o la misma resolucion de la causa principal>>.

En general, la causa de la suspension es un acto de parte que solicita directa o indirectamente paralizar el proceso. Las causas incidentales que sean prejudiciales son los motivos de suspension mas significativos (aa. 217-228 DC), y requieren una resolucion previa a la sentencia de la causa principal. Mas en concreto, los vicios de nulidad alegados antes de la litis contestatio como excepciones dilatorias (art. 77 [seccion] 2 DC) por parte del demandado, pueden dar lugar a la suspension del proceso.

Presentada la causa de suspension, el juez decidira sobre su admision o rechazo mediante decreto; si la admite (art. 222 DC), en el mismo decreto ordenara la suspension de la causa principal. Desde esa fecha, toda la actividad del proceso principal se paraliza (plazos, terminos, etc.) hasta la terminacion del incidente.

Para la reanudacion de la causa es preceptivo un nuevo decreto del juez, que no dictara hasta que no hubiera resolucion firme sobre la causa incidental que dio lugar a la suspension.

Mientras dura la suspension no cabe caducidad.

Dos casos concretos de suspension senala la DC en el art. 145 [seccion] 2: <<Esta suspension se produce mientras este pendiente la querella de nulidad contra la sentencia definitiva o, en una causa por el impedimento de vinculo, si se pone en duda a la vez la existencia del vinculo precedentes>>.

Mientras pende una querella de nulidad contra la sentencia definitiva, esta no puede recurrirse ni pasar a examen del tribunal de apelacion, porque se ha puesto en duda la validez de la resolucion terminativa de una instancia.

Segun el segundo supuesto, en el proceso principal de nulidad de matrimonio surge una cuestion prejudicial, concretada en la duda sobre la existencia del vinculo precedente, lo que obliga a una paralizacion de la causa hasta que se resuelva de forma firme dicha duda.

3. La caducidad de la instancia

La DC ha adaptado los canones sobre la caducidad a las causas de nulidad matrimonial. La regula en los aa. 146-149.

La caducidad tiene una razon de ser objetiva, que esta relacionada con la naturaleza del proceso. En efecto, los procesos no pueden estar detenidos indefinidamente, porque es incompatible con la esencia misma de la institucion. La falta de impulso, de actividad puede tener como consecuencia la extincion del proceso mismo. La caducidad, en definitiva, es lo contrario al proceso: este es actividad y nace del dinamismo procesal; la caducidad, por el contrario, nace de la pasividad prolongada en el tiempo.

La caducidad esta regulada por el art. 146 DC, donde se establece que la instancia caduca, si no existe ningun impedimento, cuando las partes no realizan ningun acto procesal en seis meses.

Las caracteristicas de este fenomeno procesal son, por lo tanto, las siguientes:

a) inactividad de las partes, por falta de impulso o por otros motivos; lo determinante es que no se hayan realizado actos procesales. Senala como novedad el art. 146 DC, que el tribunal no debe dejar de advertir a la parte sobre el acto que deberia realizar;

b) sin que un obstaculo ajeno a la voluntad de las partes se interponga e impida que actuen. Los obstaculos pueden ser variados (enfermedad, evento fortuito, etc.) y, en principio, debe valorarlos el presidente del tribunal o el ponente antes de decretar la caducidad. Si las partes disienten de la apreciacion judicial, tienen derecho a recurrir la decision judicial;

c) deben transcurrir seis meses de inactividad. El plazo es el mismo en todas las instancias. La ley particular puede establecer otros plazos, que no deberian ser menores a los seis meses, por ser este el plazo minimo prescrito por el legislador. El art. 65 NTARR, por ejemplo, eleva a un ano el plazo de caducidad en la Rota Romana;

c) la caducidad se produce ope legis; es decir, sobreviene cuando se cumplen los requisitos senalados la ley;

d) la caducidad debe apreciarla el juez ex officio, mediante decreto (art. 147 DC), en el momento en que sea consciente de que han transcurrido los seis meses (o el plazo ordenado por la ley particular) y el proceso ha estado detenido durante todo ese lapso de tiempo, sin impedimento alguno. El decreto del juez denuncia la caducidad y, por lo tanto, la extincion del proceso; no la produce, sino que la reconoce como ya originada.

Los efectos de la caducidad, son diversos si esta se produce en primera o en segunda instancia.

En primera instancia, son los siguientes:

a) por producirse ope legis afectan a todas las partes;

b) se extinguen las actas del proceso --es decir, los actos de procedimiento--, pero no las de la causa -- son los actos que pertenecen a la sustancia del litigio-- (art. 148 DC). Esta distincion proviene del c. 1472 [seccion] 1. Aunque el proceso se extinga, los actos de la causa pueden tener eficacia en <<una nueva instancia para la declaracion de nulidad del mismo matrimonio>> (art. 148 DC), siempre que sean trasladados al nuevo proceso; no hay necesidad de reiterarlos;

c) la caducidad no extingue el derecho de accion, afecta solo al derecho al proceso; por ello, las partes pueden proponer de nuevo la causa de nulidad (art. 152 DC). Si se decide introducir de nuevo la causa, se tendran en cuenta los criterios del art. 19 DC, que expresamente se refieren a este supuesto (68);

d) las costas del proceso caducado recaen en ambas partes, segun los gastos que haya realizado cada una, <<a no ser que --senala como novedad la instruccion-- el juez disponga otra cosa por causa justa>> (art. 149 DC).

La caducidad en la segunda o ulteriores instancias no esta regulada expresamente en las normas del Titulo VI de la DC. Los supuestos de una causa matrimonial en segunda instancia pueden ser variados, segun la resolucion que se halla dictado en primera instancia (pro vinculo o pro nullitate); lo revelante para el caso de la caducidad es si el procedimiento que se siguio fue el examen abreviado o el tramite ordinario.

En el primer caso, no es posible la caducidad, porque si el tribunal no puede confirmar sin demora la sentencia de nulidad en primera instancia, admitira la causa para que sea examinada con tramite ordinario en la nueva instancia (art. 265 [seccion] 1 DC).

En los supuestos de no confirmacion de la sentencia y de apelacion ordinaria, la caducidad puede producirse a tenor del art. 146 DC. Su efecto sera la extincion del proceso y de la instancia en curso, pero no se originara el efecto de cosa juzgada previsto en general por el c. 1641,3., porque <<das causas de nulidad de matrimonio nunca pasan a cosa juzgada>> (art. 289 [seccion] 1 DC).

La caducidad de la segunda instancia, tiene repercusiones tanto procesales como de fondo. Procesales: impide una nueva apelacion, pero habilita a las partes para pedir un nuevo examen de la causa, ante el tribunal superior, sin que sean necesarias <<las nuevas y graves pruebas o razones>> (art. 290 [seccion] 1 DC), porque estas se exigen solo cuando hay doble sentencia conforme (69), lo que no se verifica en este caso. De fondo: aquellos cuyo matrimonio fue declarado nulo en primera instancia (siempre que no sea un proceso documental) no pueden contraer nuevo matrimonio porque la caducidad extinguio el proceso y con el la posibilidad de la confirmacion en grado de apelacion exigida por el art. 301 [seccion] 1 DC.

4. La renuncia de la instancia

A. Concepto y requisitos de la renuncia al proceso

Por la renuncia de la instancia el actor desiste del proceso, pero no del derecho de accion. Puede renunciar en cualquier estado y grado del juicio (art. 150 [seccion] 1 DC).

La renuncia es el acto contrario a la iniciativa procesal. Por esta se impulsa el proceso; con la renuncia, por el contrario, no se quiere seguir adelante. Esta interrelacion entre la iniciativa y renuncia se pone especialmente de relieve por tener ambos el mismo autor: solo el actor puede renunciar a la instancia.

La renuncia esta sometida a una serie de requisitos de validez:

1. Notificacion a la otra parte, ser aceptada o al menos no impugnada por esta (art. 150 [seccion] 2). Esta nota de la bilateralidad esta en el c. 1524 [seccion] 3 CIC. Para llevar a cabo ese tramite en las causas de nulidad matrimonial, el presidente o el ponente daran un plazo al demandado con el fin de que estudie la peticion y responda; el juez puede interpretar el silencio como aceptacion de la renuncia (70).

2. La renuncia se hace por escrito, que firmara el actor o su procurador dotado de mandato especial (art. 150 [seccion] 2 DC). El CIC recogia estas exigencias en los cc. 1485 y 1524 [seccion] 3. Si el actor esta impedido para presentar el escrito, pienso que se puede trasladar aqui la disposicion del art. 115 [seccion] 2 DC sobre la demanda en forma oral, porque a la renuncia no se le deberian exigir mas requisitos que a la demanda. En esos casos, el presidente o ponente mandara al notario que levante acta, que debe ser aprobada por el actor, y sustituye al escrito de renuncia. El procurador necesita mandato especial porque la renuncia es un acto de disposicion para el cual no alcanza el poder normal para pleitear (art. 150 [seccion] 2 DC y c. 1485 CIC).

La DC contempla sin embargo un caso de renuncia tacita en el supuesto de ausencia del actor (art. 140,2. DC), como hemos tenido ocasion de exponer cuando estudiamos ese instituto procesal. La presuncion de renuncia se lleva a cabo cuando el actor, despues de dos citaciones en forma, ni comparece al acto de litiscontestacion, ni aduce una causa justificativa de su ausencia.

3. La renuncia ha de ser admitida por el presidente o por el ponente (art. 150 [seccion] 2 DC) mediante decreto. Antes de dictarlo, debera examinar los requisitos de validez y licitud que manda el legislador, y comprobar que no existe fraude procesal alguno. Ese decreto, en mi opinion, es de naturaleza decisoria, por lo tanto, debe ser motivado (art. 261 DC).

Es una novedad que se explicite --sin calificarlo de requisito de validez-- la necesidad de comunicar la renuncia al defensor del vinculo, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 197 (art. 150 DC).

B. Efectos de la renuncia

La renuncia de la instancia admitida por el juez extingue las actas del proceso, pero no las de la causa (art. 151 DC), y la causa puede ser de nuevo introducida atendiendo a las disposiciones del art. 19 (art. 152 DC).

El renunciante correra con los gastos que ya se hubieran realizado, a no ser que el juez, por justa causa, disponga otra cosa (art. 151 DC).

El apelante puede renunciar a la apelacion, con los efectos previstos en el art. 151 (art. 287 DC), es decir, los que acabamos de senalar.

?Pueden renunciar el defensor del vinculo o el promotor de justicia a la apelacion? Tal posibilidad estaba contemplada en el c. 1636 [seccion] 2 para las causas contenciosas en general, pero la DC no ha incluido ese [seccion] dentro del art. 287, donde se limita a decir que <<el apelante puede renunciar a la apelacion>>. ?Esta es una expresion general en la que se incluye tambien al ministerio publico, o la falta de la expresa referencia, en contra de la letra del c. 1363, hay que entenderla como una limitacion?

Si la renuncia de la causa de nulidad matrimonial se produce en el grado de apelacion, los efectos que se originan son los mismos que hemos expuesto al estudiar la caducidad en segunda instancia.

C. La renuncia parcial de los actos procesales

El concepto de renuncia del art. 150 [seccion] 1 DC contempla otra figura procesal que es la renuncia parcial de los actos procesales. Se dice parcial porque si el desistimiento abarcara todos los actos, seria en realidad una renuncia de la instancia.

Este tipo de renuncia opera sobre todo, pero no exclusivamente, en el periodo de instruccion de la causa. Para entender los limites de este instituto procesal, hay que tener en cuenta estos principios:

a) las actuaciones pedidas por las partes ya practicadas e incorporadas al proceso. De estas no cabe renunciar, porque han dejado de estar en el patrimonio disponible de las partes procesales: esas actuaciones se han incorporado al proceso por el llamado principio de adquisicion;

b) solo cabe renunciar de los actos solicitados por las partes pero no incorporados al proceso. Un caso concreto de desistimiento parcial de actos es el regulado en el art. 197 DC en relacion con los testigos. La norma establece que la parte que presento un testigo puede renunciar a su examen; pero la parte contraria o el defensor del vinculo pueden solicitar que, no obstante, el testigo sea oido;

c) los requisitos para que se admita el desistimiento parcial de actos son los mismos hasta ahora estudiados: peticion por escrito, capacidad suficiente del que lo solicita, aceptacion o no oposicion por la otra parte y admision por el presidente o ponente (art. 150 [seccion] 2);

d) la renuncia de esos actos debe comunicarse al defensor del vinculo (art. 150 [seccion] 2).

5. Suspension de la causa en caso de duda sobre la inconsumacion

El CIC trata este caso de suspension en el c. 1681. La DC ha ampliado esa regulacion, empleando como base la norma codicial y el desarrollo del procedimiento super rato que la Congregacion para los Sacramentos hizo mediante Carta circular de 20.XII. 1986.

El supuesto de hecho que se contempla es el siguiente: <<Si en la instruccion de la causa surge una duda muy probable sobre la consumacion del matrimonio, puede el tribunal, con el consentimiento de las partes y la peticion de ambas o de una de ellas, suspender la causa por decreto e iniciar el procedimiento sobre matrimonio rato y no consumado>> (art. 153 [seccion] 1 DC).

En el c. 1681, para la suspension del proceso en esos supuestos, se exigia el consentimiento de las partes, la DC concreta: se suspendera la causa con el consentimiento de las partes y la peticion de ambas o de una de ellas (art. 153 [seccion] 1). El anadido es logico, porque solo los conyuges, o uno de ellos aunque el otro se oponga, tienen derecho a pedir la gracia super rato (c. 1697), ellos son los oradores, que en estos casos coinciden con una o ambas partes procesales.

Si una de las partes se negara a dar el consentimiento, ordena el [seccion] 4 del art. 153, se le advertira de las consecuencias juridicas de su negativa.

En una reciente repuesta del Consejo Pontificio para los textos legislativos, ha establecido que: a) Aunque el consentimiento de la partes es necesario para la suspension del proceso de nulidad del matrimonio, no obstante, no se requiere para la validez del acto; b) el silencio de alguna de las partes se puede considerar como consentimiento; y c) a la parte demandada que, en el proceso de nulidad matrimonial, ha sido declarada ausente del juicio siempre se debe pedir el consentimiento para la suspension del proceso y la peticion de la dispensa del matrimonio rato (71).

La nota explicativa que acompana a la respuesta explica que, en el caso de la parte demandada declarada ausente, se debe proceder del siguiente modo: debe ser citada para que manifieste, dentro del plazo establecido, su consentimiento a la propuesta de suspension y su parecer en relacion a la duda sobre la inconsumacion y sobre la posibilidad de pedir la dispensa super rato (72).

Si la parte demandada no responde, el juez valorara el silencio como consentimiento tacito tanto a la suspension como a la peticion de la dispensa; dictara decreto de suspension de la causa, mandara el paso al procedimiento super rato y declarara ausente tambien en este a la parte demandada (73).

No se debe confundir suspension de la causa (tambien prevista por el legislador para otros supuestos, cfr. art. 145 DC) con la renuncia al proceso --estudiado en paginas anteriores--, acto sinalagmatico que precisa, para la validez, la aceptacion o al menos la no impugnacion por parte del demandado (c. 1524 [seccion] 3).

Obtenido el consentimiento y realizada la peticion de la dispensa, el tribunal lleva a cabo la instruccion para la dispensa del matrimonio rato (art. 153 [seccion] 2); una vez concluida, debe remitir las actas a la Sede Apostolica junto con la peticion de dispensa, las observaciones del defensor del vinculo y el voto del tribunal y del Obispo (art. 153 [seccion] 3). En el c. 1681 no se hace referencia a las observaciones del defensor del vinculo como hace la DC.

Acerca del voto del Obispo y del tribunal, el art. 154 DC, inspirado en los nn. 23b y 7 de la Carta circular de 20.XII.1986, especifica algunas cuestiones que no estaban en el CIC:

a) si el tribunal es interdiocesano el voto debe redactarlo el Obispo Moderador, con consulta al Obispo de la parte oradora al menos sobre la oportunidad de que se conceda la dispensa solicitada (art. 154 [seccion] 1 DC);

b) al redactar su voto el tribunal debe exponer el hecho de la in-consumacion y la justa causa de la dispensa (art. 154 [seccion] 2 DC);

c) el Obispo, con su firma, puede adherirse al voto del tribunal, asegurada la existencia de causa justa y proporcionada para la gracia de la dispensa y la ausencia de escandalo por parte de los fieles (art. 154 [seccion] 3 DC).

* Ponencia leida en el XXIV Curso de Actualizacion en Derecho Canonico, titulado <<La Instruccion Dignitas connubii sobre los procesos de nulidad matrimonial>>, Universidad de Navarra, Pamplona 24-26.X.2005.

(1). Cfr. SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, <<Instr. Provida Mater, 15.VIII.1936>>, en AAS, 28 (1936), pp. 313-361.

(2.) Cfr. TRIBUNAL ROTAE ROMANAE, <<Normae, 18.IV.1994,>> en AAS, 86 (1994), pp. 508-540.

(3.) La oportunidad de este capitulo, referido a las crisis procesales en las causas de nulidad de matrimonio, viene avalada por el numero de causas (7.250 en el ano 2002) que se ven afectadas por diversas clases de crisis de la instancia. Cfr. V. DE PAOLIS, Conferenza stampa di presentazione dell' Istruzione <<Dignitas connubii>> sulle norme da osservarsi nei Tribunali eccleciastica nelle cause matrimoniali (8.11.2005). Consultar en: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils.

(4.) M. LEGA-V. BARTOCCETTI, Commentarius in Audacia ecclesiastica iuxta Codicem Iuris Canonici, II, Romae 1050, p. 516.

(5.) Art. 60 PrM: <<Libello addantur mandatum procuratoris (si non fuerit iam traditum), commissio advocati ad instar mandati procuratorii et exemplar authenticum celebrati matrimonii integre transcriptum>>.

(6.) Cfr. R. RODRIGUEZ-OCANA, <<Comentario al c. 1505>>, en A. MARZOA-J. MIRASR. RODRIGUEZ-OCANA (dirs.), Comentario exegetico al Codigo de Derecho Canonico, 3.a ed., Pamplona 2002, IV/2, p. 1201 (en adelante ComExe, seguido del volumen y pagina); M. WEGAN, <<"Reiectio libelli" und "ius defensionis" der klagenden Partei>>, en K. LUDICKE-H. MUSSlNGHOFF-H. SCHWENDENWEIN (hrsg.), Iustus Iudex. Festgabe fur Paul Wesemann zum 75. Geburtstag von seinen Freunden und Schulern, Essen 1990, pp. 613-617; A. STANKIEWICZ, <<De libelli reiectione eiusque impugnatione in causis matrimonialibus>>, en Quaderni studio rotale, 2 (1987), pp. 76-77.

(7.) Cfr. T. MUNIZ, Procedimientos eclesiasticos, III, 2.a ed., Sevilla 1926, p. 95.

(8.) Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, <<De periodo initiali seu introductoria processus in causis nullitatis matrimonii>>, en Periodica, 85 (1996), p. 102.

(9.) Cfr. A. STANKIEWICZ, <<De libelli reiectione ...>>, pp. 76-77; Z. GROCHOLEWSKI, <<De periodo initiali ...>>, p. 103; G. SHEEHY, <<Introducing a case of nullity of marriage. The New Code and the Practice of Local Tribunals>>, en Z. GROCHOLEWSKI-V. CARCEL (cur.), Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani, Citta del Vaticano 1984, pp. 345 y 347.

(10.) Z. GROCHOLEWSKI, <<De periodo initiali ...>>, p. 104.

(11.) Sobre de la problematica de los decretos judiciales, su impugnacion, naturaleza, etc.: cfr. E. MAZZACANE, La delibazione preventiva del libello nel processo canonico, Napoli 1954; P. PELLEGRINO, I provvedimenti interlocutori nella teoria canonistica delle impugnazioni, Padova 1969; A. VITALE, <<Osservazioni sulla impugnabilita dei decreti in diritto canonico>>, en Il diritto ecclesiastico, 73/1 (1962), pp. 227-235. Sobre la naturaleza del decreto de rechazo de la demanda cfr. mi trabajo <<El caracter denegatorio del decreto de inadmision de la demanda>>, en Ius canonicum, 37 (1997), pp. 505-528.

(12.) Sobre la falta de fundamento de la demanda en la jurisprudencia y en la doctrina cfr. J. TORRE, Processus matrimonialis, 3.a ed., Neapoli 1956, pp. 177, 178 y 202-207; L. DEL AMO, La demanda judicial en las causas matrimoniales, Pamplona 1977, pp. 57-59; I. GORDON, Novus processus nullitatis matrimonii. Iter cum adnotationibus, Romae 1983, pp. 15-16; G. SHEEHY, <<Introducing a case ...>>, pp. 344-346; A. STANKIEWICZ, <<De libelli reiectione ...>>, pp. 75-76; L. MATTIOLI, <<La fase introduttoria del processo e la non comparsa della parte convenuta>>, en P.A. BONNET-C. GULLO (eds.), Il processo matrimoniale canonico, nuova edizione aggiornata e ampliata, Citta del Vaticano 1994, p. 484; M. WEGAN, <<Reiectio libelli ...>>, pp. 621-630; M. HILBERT, <<L'introduzione della causa>>, en Forum, 3 (1992/1), pp. 53-54; Z. GROCHOLEWSKI, <<,De periodo initiali ...>> , pp. 101-102; L. CHIAPPETTA, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria, Roma 1990, pp. 485-486; K. LUDICKE, <<Comentario al c. 1505>>, en K. LUDICKE (dir.), Munsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, V, Munster 1989 (en adelante CIC Munster); J. J. GARCIA FAILDE, Nuevo Derecho procesal canonico. Estudio sistematico-analitico comparado, 3.a ed., Salamanca 1995, pp. 65-66; M. J. ARROBA, Diritto processuale canonico, 2.a ed., Roma 1994, pp. 292-293 y 295-296; IDEM, <<Comentario al c. 1505>>, en A. BENLLOCH POVEDA (ed.), Codigo de Derecho Canonico, 4.a ed., Valencia 1993 (en adelante CIC Valencia); P. V. PINTO, I processi nel codice di diritto canonico. Commento sistematico al Lib. VII, Citta del Vaticano 1993, pp. 234-236; F. J. RAMOS, I tribunali ecclesiastici: costituzione, organizzazione, norme processuali, Roma 1998, p. 272; S. PANIZO, Temas procesales y nulidad matrimonial, Madrid 1999, pp. 357-358; G. SHEEHY, <<Comentario al c. 1505>>, en CANON LAW SOCIETY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND (ed.), The canon law letter and spirit: a practical guide to the Code of Canon Law, London 1996, p. 864.

(13.) Ponen ejemplos de falta de fundamento A. STANKIEWICZ, <<De libelli reiectione ...>>, pp. 75-76; L. MATTIOLI, <<La fase introduttoria ...>>, p. 484; M. HILBERT, L'introduzione della causa ..., pp. 53-54; Z. GROCHOLEWSKI, <<De periodo initiali ...>>, pp. 101-102; y M. WEGAN, <<Reiectio libelli ...>>, pp. 627-628, entre otros.

(14.) <<No consiste solo en una inadecuada expresion en la demanda (iura novit curia)>>, M. J. ARROBA, <<Comentario al c. 1505>>, en CIC Valencia.

(15.) <<Ob defectum vero in facto rarissimi reiciuntur libelli, nisi crassa scateant falsitate, vel contradictoria asserant, vel evidenter destituantur fundamento in re>>, c. AGUSTONI, <<decr., 9.II.1977>>, en c. BRUNO, <<decr., 23.V.1986>>, en Quaderni studio rotale, 2 (1987), p. 102. Cfr. P. MONETA, La giustizia nella Chiesa, Bologna 1993, p. 97.

(16.) Cfr. c. BRUNO, <<decr., 23.V.1986 ...>>, p. 103.

(17.) Cfr. R. RODRIGUEZ-OCANA, La demanda judicial canonica, Pamplona 2002, pp. 279-339.

(18.) Cfr. J. L. ACEBAL, <<Comentarios al c. 1504>>, en L. DE ECHEVERRIA-J. L. ACEBAL (dirs.), Codigo de Derecho Canonico, 5.a ed., Madrid 1985, p. 742 (en adelante CIC Salamanca).

(19.) Cfr. M. P. HILBERT, <<L'introduzione della causa ...>>, pp. 56-62; Z. GROCHOLEWSKI, <<De periodo initiali ...>>, pp. 110-111; J. M. PINERO, La Ley de la Iglesia, II, Madrid 1986, p. 500; <<decreto c. PINTO, 23.III.1987, n. 1>>, en Quaderni studio rotale, 2 (1987), p. 107; P. CHURCHIL, The admission and rejection of the libellus in the canonical tradition and specially according to the Code of canon law, Roma 1993, pp. 202-205.

(20.) Cfr. C. ZAGGIA, <<Iter processuale di una causa matrimoniale secondo el nuovo codice di diritto canonico>>, en Z. GROCHOLEWSKI-M. F. POMPEDDA-C. ZAGGIA, Il matrimonio nel nuovo Codice di diritto canonico: annotazioni di diritto sostanziale e processuale, Padova 1984, p. 210; A. STANKIEWICZ, <<De libelli reiectione ...>>, pp. 79-81; K. LUDICKE, <<Comentario al c. 1505>>, en CIC Munster; S. VILLEGGIANTE, <<Le questioni incidentali>>, en P. A. BONNET-C. GULLO (eds.), Il processo matrimoniale canonico, nuova edizione aggiornata e ampliata, Citta del Vaticano 1994, pp. 640-641; M. HILBERT, <<L'introduzione della causa ...>>, pp. 57-61 y J. J. GARCIA FAILDE, Nuevo Derecho procesal canonico, 3.a ed., Salamanca 1995, pp. 67-69.

(21.) Cfr. A. STANKIEWICZ, <<De libelli reiectione ...>>, pp. 78-79; L. MATTIOLI, <<La fase introduttoria ...>>, p. 485; Z. GROCHOLEWSKI, <<De periodo initiali ...>>, p. 107; M. HILBERT, <<L'introduzione della causa ...>> , pp. 55-56.

(22.) Cfr. A. STANKIEWICZ, <<De libelli reiectione ...>> , p. 81; L. MATTIOLI, <<La fase introduttoria ...>>, p. 486; Z. GROCHOLEWSKI, <<De periodo initiali ...>>, p. 61; F. J. RAMOS, I tribunali ecclesiastici ..., p. 274; R. RODRIGUEZ-OCANA, <<La tutela del derecho al proceso en las causas de nulidad matrimonial>>, en Ius Ecclesiae, 11 (1999), p. 61.

(23.) La jurisprudencia y la doctrina (esta con diferentes acentos) contrarias a la admision de la restitutio in integrum era la siguiente: c. FELICI, <<sent., 3.XII.1949>>, en RRTD, 49 (1949), pp. 530-536; c. ROGERS, <<sent., 19.VII.1965>>, en RRTD, 57 (1965), pp. 584-593; del STSA: c. STAFFA, <<sent., 11.VII.1971>>, en Ius canonicum, 14 (1974), pp. 387-389; F. ROBERTI, De processibus, I, Romae 1926, p. 432; F. X. WERNZ-P. VIDAL, Ius canonicum, VI, Romae 1927, p. 339; F. M. CAPPELLO, Summa iuris canonici, III, 4.a ed., Romae 1955, p. 215; S. SIPOS, Enchiridion iuris canonici, 6.a ed., Romae 1954, p. 741; J. M. PINNA, Praxis iudicialis canonica, 2.a ed., Romae 1966, p. 25; E. MONTERO, El matrimonio y las camas matrimoniales, 7.a ed., Madrid 1965, p. 518; E. F. REGATILLO, Institutiones iuris canonici, II, 4.a ed., Santander 1951, p. 292; G. COCCHI, Commentarium in Codicem iuris canonici, IV, Taurinorum Augustae 1930, pp. 191-192; E. MAZZACANE, La <<litis contestatio>> nel processo civile canonico, Napoli 1954, p. 38; P. PELLEGRINO, I provvedimenti interlocutori nella teoria canonistica delle impugnazioni, Padova 1969, pp. 85-86.

Admitian, por el contrario, la restitutio in integrum: T. MUNIZ, Procedimientos eclesiasticos, III, 2.a ed., Sevilla 1926, p. 92; M. LEGA-V. BARTOCCETTI, Commentarius in iudicia ..., II, p. 519; M. CONTE A CORONATA, Institutiones iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum, III, Taurini 1933, p. 146; H. JONE, Commentarium in codicem iuris canonici, III, Paderbom 1955, p. 119; F. DELLA ROCCA, Instituciones de Derecho procesal canonico, Buenos Aires 1950, p. 193; R. NAZ, <<Libelle>>, en R. NAZ (dir.), Dictionnaire de Droit Canonique, VI, Paris 1957, col. 424; M. MORENO, Derecho procesal canonico, I, 2.a ed., Barcelona 1975, p. 192; J. BERGER, Rejection of the introductory libellus in matrimonial causes, Rome 1964, p. 81.

(24.) Contrarios a que se admita en estos casos la restitucion como remedio juridico: c. STANKIEWICZ, <<decr., 10.X.1985>>, en Quaderni studio rotale, 2 (1987), pp. 91-97; A. STANKIEWICZ, De libelli reiectione ..., pp. 81-84; L. E. CUERVO, <<Algunas reformas en el derecho procesal del nuevo Codigos>>, en Universitas canonica, 3 (1983), p. 25; F. RAMOS, I tribunali ..., p. 274; R. RODRIGUEZ-OCANA, <<La tutela del derecho ...>>, pp. 59-68.

A favor: c. BRUNO, <<decr., 23.V.1986>>, en Quaderni studio rotale, 2 (1987), pp. 99-105; c. PINTO, <<decr., 23.III.1987>>, en Quaderni studio rotale, 2 (1987), pp. 107-109; c. MASALA, <<decr. 15.XII.1987>>, en TRIBUNAL ROMANAE ROTAE, Decreta selecta inter ea quae anno ... prodierunt cura eiusdem Apostolici Tribunal edita, 5 (1998), pp. 123-124 (en adelante Decreta con indicacion del volumen y ano); c. RAGNI, <<decr., 12.XII.1989>>, en Decreta, 7 (2000), pp. 192-196; tambien en L. NELI, The role of the judge in the introduction of cases declaring nullity of marriage, Romae 1994, pp. 23-24; M. J. ARROBA, Diritto processuale ...,

p. 297; J. J. GARCIA FAILDE, Nuevo Derecho procesal ..., (3.a ed., 1995), p. 68, nota 34; L. MATTIOLI, <<La fase introduttoria ...>>, pp. 486-487; P. V. PINTO, I processi ..., p. 237, nota 337; M. HILBERT, <<L'introduzione della causa ...>>, pp. 62-63; Z. GROCHOLEWSKI, <<De periodo initiali ...>>, pp. 111-113; J. LLOBELL, <<L'introduzione della causa. Questioni sulla scelta della procedura giudiziaria nelle cause di nullita del matrimonio, sui titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla constestazione della lite>>, en GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (cur.), I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale, XXIV Incontro di studio, Ponte di Legno (Brescia) 30 giugno--4 luglio 1997, Milano 1998, pp. 67-71.

(25.) Cfr. c. STANKIEWICZ, <<decr., 10.X.1985>>, en Quaderni studio rotale, 2 (1987), pp. 91-97 (publicado despues en Decreta, 3 [1997], pp. 213-218); c. BRUNO, <<decr., 23.V.1986>>, en Quaderni studio rotale, 2 (1987), pp. 99-105 (publicado tambien en Decreta, 4 [1998], pp. 72-78) y c. PINTO, <<decr., 23.III.1987>>, en Quaderni studio rotale, 2 (1987), pp. 107-109 (publicado mas tarde en Decreta, 5 [1998], pp. 50-51).

(26.) Cfr. A. STANKIEWICZ, <<De libelli reiectione ...>>, pp. 73-89.

(27.) No son escasas las decisiones que sostienen que la restitutio solo se da contra sentencias definitivas o interlocutorias con fuerza definitiva: cfr. c. FLORCZAK, <<sent., 24.VII.1923>>, en ROMANAE ROTAE TRIBUNAL, Decisiones seu sententiae, XV, Citta del Vaticano 1923, p. 183 (en adelante RRTD, con indicacion del volumen y del ano); y las citadas ya c. FELICI, <<sent., 3.XII.1949>>, en RRTD, 41 (1949), pp. 530-533; c. ROGERS, ,(sent., 19.VII.1965>>, en RRTD, 57 (1965), pp. 584-585 y c. STAFFA, <<sent., 11.VII.1971>>, en Ius canonicum, 14 (1974), pp. 387-389.

(28.) Cfr. c. BRUNO, <<decr., 23.V.1986 ...>>, p. 101; L. MATTIOLI, <<La fase introduttoria ...>>, pp. 486-487 y F. J. RAMOS, I tribunali ecclesiastici ..., p. 274.

(29.) Cfr. <<Comentario al c. 1505>>, en A. MARZOA-J. MIRAS-R. RODRIGUEZ-OCANA (dirs.), Comentario exegetico al Codigo de Derecho Canonico, IV/2, Pamplona 2002, pp. 1207-1209; <<El recurso contra el decreto de inadmision de la demanda>>, en Ius canonicum, 37 (1998), pp. 483-521; La demanda judicial canonica, Pamplona 2002, pp. 313-339.

(30.) Cfr. M. LmA-V. BARTOCCETTI, Commentarius in iudicia ..., II, pp. 521-524; J. L. ACEBAL, <<Comentario al c. 1506>>, en CIC Salamanca.

(31.) Cfr. I. GORDON, Novus processus ..., p. 16; M. HILBERT, <<L'introduzione della causa ...>>, p. 64; J. J. GARCIA FAILDE, Nuevo Derecho procesal ..., p. 69.

(32.) Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, <<De periodo initiali ...>>, pp. 114-116; M. HILBERT, <<L'introduzione della causa ...>>, pp. 64-66; M. J. ARROBA, Diritto processuale..., p. 298; J. M. PINERO, La ley..., II, p. 500; E V. PINTO, I processi ..., p. 238; S. PANIZO, Temas procesales ..., p. 357; K. LUDICKE, <<Comentario al c. 1506>>, en CIC Munster; A. STANKIEWICZ, <<Comentario al c. 1506>>, en P. V. PINTO (dir.), Commento al Codice di Diritto Canonico, Roma 1985; I. GORDON, Novus processus ..., p. 16; J. L. ACEBAL, <<Comentario al c. 1506>>, en CIC Salamanca; G. SHEEHY, <<Comentario al c. 1506>>, en CANON LAW SOCIETY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND (ed.), The canon law letter and spirit: a practical guide to the Code of Canon Law, London 1996, p. 865.

(33.) Cfr. S. VILLECGIANTE, <<Ammissione del libello e concordanza del dubbio>>, en Ephemerides iuris canonici, 34 (1978), pp. 303-305; L. MATTIOLI, <<La fase introduttoria ...>>, p. 482; J. J. GARCA FAILDE, Nuevo Derecho procesal ..., p. 69; F. J. RAMOS, I tribunali ecclesiastici ..., p. 275; M. J. ARROBA, <<Comentario al c. 1506>>, en CIC Valencia; L. CHIAPPETTA, Il matrimonio nella ..., p. 489, nota 29.

(34.) Cfr. S. VILLEGGIANTE, <<Ammissione del libello ...>>, pp. 303-305; IDEM, <<Il principio del contradittorio nella fase di costituzione del processo ordinario per la dichiarazione di nullita del matrimonio>>, en Z. GROCHOLEWSKI-V. CARCEL (cur.), Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani, Citta del Vaticano 1984, pp. 354-355, nota 9. Tambien L. MATIIOLI, <<La fase introduttoria ...>>, p. 482.

(35.) Cfr. ibidem; L. MATTIOLI, <<La fase introduttoria ...>>, p. 482.

(36.) Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, <<De periodo initiali ...>>, p. 115; K. LUDICKE, <<Comentario al c. 1506>>, en CIC Munster; P. V. PINTO, I processi ..., p. 239, nota 338.

(37.) <<Ius fidelis protegit>>: Relatio 1981 risposta alle osservazioni al c. 1458 dello schema 1980: C. ZAGGIA, <<Iter processuale ...>>, p. 209, nota 8.

(38.) Cfr. Z. GROCHOLEWSKi, <<De periodo initiali ...>>, pp. 115-116; M. HILBERT, <<L'introduzione della causa ...>>, pp. 65-66; L. MATHOLI, <<La fase introduttoria ...>>, p. 482; J. J. GARCIA FAILDE, Nuevo Derecho procesal ..., p. 69; F. J. RAMOS, I tribunali ecclesiastici ..., p. 275; L. CHIAPPETTA, Il matrimonio nella ..., p. 489, nota 29; M. J. ARROBA, <<Comentario al c. 1506>>, en CIC Valencia.

(39.) Z. GROCHOLEWSKI, <<De periodo initiali ...>>, pp. 115-116. Hilbert hace una relacion de casos en los que no se debe admitir el libelo automaticamente: <<a) quando el giudice o il tribunale e incompetente di un'incompetenza assoluta (...); b) quando il libello non nomina la parte convenuta, quando almeno si tratta di giudizio contentioso (...); c) quando manca el petitum, il quid (...); d) quando manca la firma dell'attore (...); e) quando l'attore non ha capacita di agire giuridicamente in causa>>, M. HILBERT, <<L'introduzione della causa ...>>, p. 65.

(40.) <<Attento quod actor non habet ius ad pertractationem propriae causae apud forum incompetens (en relative quidem) quodque normae de compententia servandae sunt, viso quoque c. 1457, inclinor ad dicendum etiam tunc non haberi admissionem libelli ipso iure. Non videtur enim c. 1506 illegitimitates sanare velle>>, Z. GROCHOLEWSKI, <<De periodo initiali ...>>, p. 116.

(41.) Cfr. C. DE DIEGO-LORA, <<Comentario al c. 1506>>, en INSTITUTO MARTIN DE AZPILCUETA (ed.), Codigo de Derecho Canonico, edicion bilingue y anotada, 6a. ed., Pamplona 2001 (en adelante CIC Pamplona).

(42.) C. DE DIEGO-LORA, <<Comentario al c. 1506>>, en CIC Pamplona; J. J. GARCIA FAILDE, Nuevo Derecho procesal ..., p. 69.

(43.) <<Si causa instituatur agente ex officio promotore iustitiae, ambo coniuges citandi sunt>>: art. 75 PrM.

(44.) Cfr. C. DE DIEGO-LORA-R. RODRIGUEZ-OCANA, Lecciones de Derecho procesal canonico. Parte General, Pamplona 2003, p. 127.

(45.) Cfr. ibidem, p. 128.

(46.) Sobre el litisconsorcio activo cfr. el acabado trabajo de C. M. MORAN BUSTOS, El derecho a impugnar el matrimonio. El litisconsorcio activo de los conyuges, Salamanca 1998.

(47.) Cfr. S. VILLEGGIANTE, dl principio del contradittorio ...>>, pp. 359-359; L. MATTIOLI, <<La fase introduttoria ...>> , pp. 487-488.

(48.) Cfr. E J. RAMOS, I tribunali ecclesiastici ..., p. 283.

(49.) La PrM prescribia la citacion por edictos en el art. 83 sin hacer ninguna referencia a ley particular, indicaba cual era el procedimiento edictal, y expresamente ordenaba que esta forma de citacion tuviera lugar despues de realizada, sin resultados, la diligente investigacion.

(50.) J. Ma. IGLESIAS ALTUNA, Procesos matrimoniales canonicos, Madrid 1991, p. 161.

(51.) Para un comentario del art. 60 NTARR, cfr. C. GULLO-R. POLOMBI, <<La procedura presso il Tribunale della Rota Roma>>, en P. A. BONNET-C. GULLO, Le <<Normae>> del Tribunale della Rota Romana, Citta del Vaticano 1997, pp. 180-182.

(52.) Sobre las teorias de la sustanciacion e individualizacion en relacion con la demanda, cfr. V. FAIREN, La transformacion de la demanda en el proceso civil, Santiago de Compostela 1949, pp. 21 y ss.; cfr. M. CABREROS-S. ALONSO, Comentario al Codigo de Derecho Canonico. Con el texto legal latino y castellano, III, Madrid 1964, pp. 450-452; M. J. ARROBA, Diritto processuale ..., p. 286; P. V. PINTO, I processi ..., p. 229, nota 322; F. J. RAMOS, I tribunali ecclesiastici ..., pp. 265-266; S. PANIZO, Temas procesales ..., pp. 348-350; R. RODRIGUEZ-OCANA, <<Comentario al c. 1504>>, en ComExe, IV/2, pp. 1194-1196.

(53.) Cfr. Communicationes, 11 (1979), p. 261.

(54.) Ver la relacion de J. Llobell, en este mismo volumen, para el tema de la conformidad de las sentencias a tenor del art. 291 DC.

(55.) A. STANKIEWICZ, <<Comentario al c. 1677>>, en ComExe, IV/2, p. 1887.

(56.) Cfr. Communicationes, 11 (1979), p. 261.

(57.) <<La dottrina, alla stregua della giurisprudenza rotale ritiene che suddetto provvedimento previo puo essere adottato ex officio perche rientra nelle attivita previste dal can. 1452. Invero, il richiamo al can. 1452 potrebbe destare qualche perplessia giacche il can. 1514 prevede che ii nuovo decreto sia "ad instantiam partis". Ma una tale istanza non ha ii valore di libello di domanda, essendo gia stata introdotta la causa; questa modifica della litis contestatio non e una nuova petizione al giudice (se lo fosse non sarebbe possibile agire ex officio in applicazione dell'assioma "nemo iudex sine actore" sancito dal can. 1501), ma mera riformulazione del nomen iuris attribuito dal giudice alle richieste delle parti. Una tale facolta rientra infatti nelle previsioni del can. 1452 (collato cum can. 1677 [subseccion] 3 e 4) per le cause pubbliche, quali sono quelle matrimoniali>>, J. LLOBELL, <<L'introduzione della causa ...>> , pp. 75-76.

(58.) Cfr. C. DE DIEGO-LORA-R. RODRIGUEZ-OCANA, Lecciones de Derecho procesal ..., p. 404.

(59.) Cfr. V. PALESTRO, <<L'istanza della lite>>, en P.A. BONNET-C. GULLO (eds.), Il processo matrimoniale canonico, nuova edizione aggiornata e ampliata, Citta del Vaticano 1994, p. 561. Hay, sin embargo, una hipotesis donde el CIC no exige la aceptacion del demandado, por haberse declarado el reo ausente en el proceso penal; el supuesto lo contempla el c. 1724 [seccion] 2, para que el promotor de justicia desista del proceso. Cfr. C. DE DIEGO-LORA-R. RODRIGUEZ-OCANA, Lecciones de Derecho procesal ..., p. 404.

(60.) En cursiva el cambio de redaccion introducido por la DC.

(61.) Cfr. R. RODRIGUEZ-OCANA, <<La legitimacion originaria y sucesiva en los procesos de nulidad matrimonial>>, en Ius canonicum, 27 (1987), p. 195.

(62.) Cfr. S. BERLINGO, <<Il processo>>, en Diritto matrimoniale canonico, Milano 1989, p. 237.

(63.) Cfr. R. RODRIGUEZ-OCANA, <<La legitimacion originaria ...>>, pp. 195-196.

(64.) Cfr. Communicationes, 11 (1979), p. 259.

(65.) Cfr. G. M. USAI, <<L'impugnazione del matrimonio dopo la morte di uno od entrambi i coniugi (can. 1675)>>, en Quaderni studio rotale, 3 (1989), p. 49.

(66.) L. MADERO, <<Comentario al c. 1518>>, en CIC Pamplona.

(67.) Cfr. J. Ma. IGLESIAS ALTUNA, Procesos matrimoniales canonicos ..., p. 139, nota 85.

(68.) Art. 19 [seccion] 1. Si, una vez concluida la instancia por caducidad o por renuncia, alguien desea introducirla de nuevo o proseguirla, puede acudir a cualquier tribunal que sea competente en el momento de su reanudacion.

[seccion] 2. Si la caducidad, la renuncia, o el abandono han tenido lugar ante la Rota Romana, la causa puede volver a plantearse unicamente ante la Rota, tanto si en su momento fue encomendada a este Tribunal Apostolico, como si fue llevada a el por apelacion. Cfr. CPI, <<Resp., 17.V.1986>>, en AAS, 78 (1986), p. 1324 y art. 70 NTARR.

(69.) Cfr. STSA, <<Declaratio de foro competenti in causa nullitatis matrimonii, post sententiam negativam in prima instantia latam, 3.VI.1989>>, en AAS, 81 (1989), pp. 988-990, n. 4. Tambien en Ius Ecclesiae, 2 (1990), pp. 343-345; el n. 4 corresponde a la 344.

(70.) Cfr. V. PALESTRO, <<L'istanza della lite ...>> , p. 561.

(71.) Cfr. CONSEJO PONTIFICIO PARA LOS TEXTOS LEGISLATIVOS, <<Resp., 2.III.2005>>, en Communicationes, 37 (2005), pp. 107 y 112.

(72.) Cfr. Communicationes, 37 (2005), p. 111.

(73.) Cfr. ibidem.
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Title Annotation:La Instruccion Dignitas connubii sobre los procesos de nulidad matrimonial
Author:Rodriguez-Ocana, Rafael
Publication:Ius Canonicum
Date:Jan 1, 2006
Words:16632
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