Printer Friendly

La delimitacion entre el principio <> y la presuncion de inocencia en el proceso penal espanol.

The distinction between the beginning <<in dubio pro reo>> and the presumption of innocence in Spanish criminal procedure

1. Un apunte introductorio en torno al principio <<pro reo>> y al funcionamiento procesal de la duda.

Tanto el diseno como la estructura del proceso penal acusatorio, concebido este en sus origenes como una creacion tecnica artificial (2) destinada a proteger a los individuos contra el abuso del poder estatal manifestado durante la vigencia del sistema inquisitivo, se articula en torno a una conjuncion de principios procesales, basilares en unos casos y accesorios o secundarios en otros.

La consideracion del proceso como instrumento necesario para el ejercicio de la funcion jurisdiccional explica que su diseno condense un reflejo de distintos valores ideologicos, culturales, politicos y normativos acordes a la realidad social y juridica de cada momento historico. Metaforicamente bien puede decirse que los principios del proceso se identifican con los elementos neuralgicos del sistema procesal, en tanto en cuanto constituyen las ideas que sirven de base o sustrato a determinados conjuntos de normas (3) hasta llegar a configurar un determinado modelo de enjuiciamiento.

Los ejemplos de ese caracter informador del proceso son variados y se manifiestan a traves de diversas facetas del mismo. Asi, desde la forma de configurar el ejercicio de la accion penal mediante su atribucion a una parte legitimada para ello, el reconocimiento del contradictorio para posibilitar el efectivo derecho de defensa del imputado, el modo de disenar la puesta en marcha de la actividad procesal con o sin necesidad de excitacion exterior, o la opcion estimada como la mas idonea para el acopio y la aportacion del material probatorio, constituyen, por citar tan solo algunos ejemplos, inequivocas muestras de actuaciones procesales que aparecen regidas por algunos de esos principios angulares del sistema.

A su vez, y aun cuando no se trata de un principio estructural propiamente dicho, en materia de la valoracion probatoria tambien entra en juego la aplicacion de un principio que trata de dar respuesta a uno de los problemas cruciales que pueden llegar a plantearse en el proceso. Me refiero al principio in dubio pro reo, de tan frecuente y significativa aplicacion en el ambito procesal penal, al radicar su punto de partida--tal y como descriptivamente refiere la alocucion latina que lo enuncia--en uno de los estados subjetivos mas perturbadores para la resolucion del juicio jurisdiccional, y que no es otro que la existencia de la duda planteada al tribunal en torno a la culpabilidad del acusado.

Considerada la duda como la <<indeterminacion del animo entre dos juicios o dos decisiones, o acerca de un hecho o noticia>> (4), y habida cuenta de que encontrarse en estado dubitativo es sinonimo de ausencia de certeza, la necesidad que tiene el juzgador de superar esa incomoda situacion de incertidumbre se convierte en uno de los principales objetivos del proceso (5). El dubium se erige entonces en elemento intrinseco del enjuiciamiento, de manera que ante dicha tesitura resulta obligado establecer una regla del juicio o un principio general que proporcione al juzgador la manera mas adecuada y conforme a Derecho para resolver aquel inquietante estado de incerteza (6).

Tengase en cuenta que el estado subjetivo en el que se encuentra inmerso el juez antes de emitir su fallo se ha equiparado ilustrativamente a una situacion de equilibrio entre el conjunto de pruebas de cargo y de descargo obrantes en la causa (7). De ahi que llegado el momento de la valoracion del acervo probatorio, aquella imaginaria armonia se quiebra desde el mismo instante en que la duda asalta la mente del juez, pasando de este modo a convertirse en un factor decisivo para decantar la balanza hacia la absolucion o la culpabilidad del acusado segun el criterio que se acoja respecto a un modo u otro de resolverla.

El Derecho historico ofrece ilustrativos ejemplos respecto a la resolucion de la duda tanto en uno como en otro sentido. Como opciones claramente alejadas de lo que en esencia significa el principio in dubio pro reo se encuentran soluciones tales como la aplicacion romana del non liquet, que permitia al iudex abstenerse de decidir ante la insuficiencia de elementos para emitir su juicio (8), o la poca benignidad que caracterizo a los juzgadores inquisitivos para resolver cualquier atisbo de duda debido a un sistema de probanzas y presunciones disenado para posibilitar la condena del reo solo con la concurrencia de meros indicios o sospechas de culpabilidad (9).

Identico reproche cabe hacer a la perversion que supuso la absolutio ab instantia, formula que como bien recuerda la Exposicion de Motivos de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal espanola (LECrim), suponia el culmen de <<escandalosos procesos>> que finalizaban dejando al procesado en una <<situacion incomoda y deshonrosa>> para el resto de su vida. En definitiva, todo un paradigma de inseguridad juridica, ya que para impedir la absolucion ante la inseguridad del resultado probatorio se consideraba preferible situar al acusado <<bajo la amenaza perenne de abrir de nuevo el procedimiento el dia en que por malquerencia se prestaba a declarar contra ellos cualquier vecino rencoroso y vengativo>> (E. de M. de la LECrim, apartado VII).

Aquella vieja praxis judicial, considerada <<abusiva y atentadora a los derechos del individuo>>, es un fiel reflejo de esa especie de arraigado sentimiento instintivo de las personas hacia la sospecha de la culpabilidad de los otros en detrimento de su inocencia. Situado psicologicamente ante la sombra de la duda parece como si el ser humano no hubiera sido educado para creer en la inocencia, pues aunque somos instruidos en mandatos como no matar, no lesionar o no robar, ante la comision de un ilicito penal la reaccion subjetiva que mas frecuentemente se produce es como si en realidad nos hubieran ensenado a pensar que todo sospechoso ha matado, ha lesionado, ha robado o ha perpetrado la accion delictiva que se le imputa (10), fruto del efecto estigmatizador que comporta toda imputacion penal.

Desde otro punto de vista las raices mas hondas del principio pro reo han querido encontrase ya en alguna regla del Digesto (In poenalibus causis benignius interpretandum est, Ley 17, 155), y hasta en algun ejemplo aislado del derecho del medievo. Tal es el caso de aquel precepto de Las Partidas que le indica al juzgador que <<en los pleytos que claramente non pueden ser provados o que fueren dudosos ... mas santa cosa e mas derecha es quitar al ome de la pena que mereciese por yerro ...que darla al que non la mereciese>> (Septima Partida, titulo XXXI, ley 9). Pero como bien recuerda TOMAS Y VALIEN TE, al tratarse el enjuiciamiento inquisitivo de un sistema de prueba tasada, en puridad dicha norma no constituye mas que una mera directriz dirigida a mover al juez a la misericordia y a la piedad con preferencia al rigor, ya que hasta la fama de un buen juez solia verse reforzada con la aplicacion legal mas benigna (11), pero siempre sin olvidar que se incardinaba en un modelo de enjuiciamiento caracterizado por la dureza de sus metodos.

Sin embargo, por mucho que pretendan evocarse esos presuntos antecedentes remotos no sera hasta la renovacion filosofica y iusnaturalista del iluminismo cuando se afirme que la aplicacion del derecho penal debe exigir como necesario presupuesto de una sentencia de condena la certeza sobre la culpabilidad del acusado (12). En consecuencia, el principio <<in dubio pro reo>> funciona como una verdadera garantia en el sistema de libre valoracion de la prueba, actuando como elemento de moderacion (13) o <<factor de cobertura>> (14) ante la presencia de la incertidumbre para evitar la condena en caso de duda.

No obstante, resulta obligado realizar una advertencia previa respecto al funcionamiento de la duda, ya que el en el proceso penal puede variar en funcion del momento o de la etapa procesal en la que aquella se produzca, razon por la que puede aplicarse contra reo (o pro societate) tanto en la instruccion como en el periodo intermedio, o bien en sentido favorable al acusado (pro reo), cuando se manifiesta una vez practicadas las pruebas del plenario (15).

De la primera opcion da una clara muestra la LECrim cuando en su art. 640 limita el sobreseimiento libre de la causa <<a los autores, complices y encubridores que aparezcan indudablemente exentos de responsabilidad criminal>>, pues en caso de no producirse aquella exencion lo procedente es acordar la apertura del juicio oral para que sea este el escenario donde pueda despejarse el dubium.

Por el contrario, la segunda opcion es la que se corresponde con la acepcion mas genuina del principio in dubio pro reo, tal como fielmente refleja el art. 54.3 de la Ley Organica 5/1995, del Tribunal del Jurado, cuando al regular las minuciosas instrucciones dirigidas a los jurados establece que el MagistradoPresidente cuidara de informarles que "si tras la deliberacion no les hubiese sido posible resolver las dudas que tuvieran sobre la prueba deberan decidir en el sentido mas favorable al acusado". Tratandose en este ultimo caso de un enjuiciamiento por jueces legos dicha norma constituye un visible ejemplo de la plasmacion de aquella antigua maxima de Ulpiano por la que resulta preferible dejar impune el castigo de un culpable que condenar a un inocente (satius enim esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari, Digesto Ley 48, tit. 19, 5) y que compendia a su vez el fundamento mismo de la presuncion de inocencia (16).

Teniendo en cuenta estas premisas, la posible aplicacion antagonica de uno de los principios mas primarios de la justicia penal ha sido objeto de critica al considerarse que el obligado dilema en torno a la resolucion de la duda plantea el absurdo juridico de tener que decantarse resolviendo a favor o en contra del acusado, como si la imparticion de la justicia quedara reducida en ultimo termino a una mera cuestion de beneficios o favores (17).

Sin embargo, mas alla de cualquier tipo de disquisicion teorica o conceptual, la resolucion del problema del dubium viene inexorablemente ligada al acierto de la decision judicial, constituyendo dicho acierto uno de los factores que hacen que el proceso penal moderno no deba ser considerado unicamente como el instrumento mas drastico para la tutela de la convivencia en libertad, sino que hoy deba prevalecer su concepcion como el medio mas racional para una justa aplicacion del ius puniendi (18).

En consecuencia, la resolucion juridica de dubium no solo implica cualquier proscripcion de arbitrariedad o de discrecionalidad judicial, sino que necesariamente exige el establecimiento de un principio diafano en la materia. Asi lo declara la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 1999, cuando al establecer una sustancial diferencia con los principios informadores del proceso civil manifiesta que <<la situacion de duda o incertidumbre no debe quedar sometida al principio procesal de la carga de la prueba, irreconciliable con las estructuras del proceso penal, sino resolverse con sujecion al principio <<in dubio pro reo>> dado que el acusado no asume nunca la carga material de la prueba>> (Sentencias de 5 de mayo de 1999, [RJ 1999\4958] y de 10 de junio de 1990 [RJ 1990\252]).

2. Confusiones padecidas en torno a su alcance y significado

Una vez enaltecida la verdadera importancia del principio in dubio pro reo en la justicia penal, hasta que se produce posteriormente la consagracion normativa de la presuncion de inocencia, considero obligado advertir acerca de algunas imprecisiones o equivocos respecto a su verdadero alcance y significado, generadas la mayoria de las veces por via jurisprudencial, aun cuando es justo reconocer que tambien ha sido la propia jurisprudencia la que en otras ocasiones se ha afanado en trazar los perfiles distintivos de dicho principio con respecto a la presuncion de inocencia. Nada extrano por otra parte, ya que el principal motivo de confusion estriba en la intima conexion existente entre aquel derecho constitucional y el principio pro reo.

Pero pese a los esfuerzos de la doctrina la delimitacion conceptual y objetiva de algunos principios procesales parece ser en algunos casos un terreno un tanto difuso. Tanto en el campo del proceso civil como en el del proceso penal se han padecido conocidas confusiones, que no solo alertan del riesgo de sobrevaloracion de algunos principios, sino tambien de su perdida identitaria al desdibujarse sus perfiles (tal es el caso de los principios dispositivo y de aportacion de parte, o de los principios acusatorio y de contradiccion) (19).

Como ya ha quedado dicho el verdadero valor de los principios procesales se encuentra precisamente en su caracter informador y estructural de la actividad procesal, hasta el punto de que algunos de ellos han llegado incluso a convertirse en normas legales. Tal es el caso de los que explicitamente proclama el art. 24 de la Constitucion Espanola de 1978 o de los que implicitamente han sido ubicados formando parte de ese mismo precepto por via jurisprudencial, de manera que han pasado a ostentar la doble naturaleza de principios del proceso y de derechos fundamentales. Por ello considero oportuno realizar ciertas matizaciones respecto a la interrelacion existente entre la presuncion de inocencia y el principio in dubio pro reo, aspecto en el que basicamente se manifiesta esa confusion antes apuntada respecto al alcance de uno y otro.

Al hilo de esta idea cabe recordar las palabras de SENTIS MELENDO en el sentido de que la tragedia de un principio se produce cuando este se positiviza, pasando de criterio de valor dogmatico e informador a convertirse en norma legal (20), y no precisamente porque dicha mutacion conlleve un reconocimiento de su autoridad o importancia, sino porque entonces se advierte el riesgo de la disminucion de su jerarquia, ya que puede ser discutido, limitado, modificado y hasta derogado. Pero en mi opinion, aun es mucho mayor el riesgo de que la conversion en norma de un determinado principio acabe por aglutinar o desdibujar a otro dejandolo vacio de contenido.

2. 1. Origen del problema y estado de la cuestion.

Es preciso situar el origen de la confusion entre los principios pro reo y de presuncion de inocencia a partir de la proclamacion de la Carta Magna de 1978 y de su exegesis jurisprudencial, ya que resulta claramente apreciable un antes y un despues respecto al alcance de los mismos.

Ademas de ser uno de los aspectos mas destacables del debido proceso que disena la Constitucion Espanola, el derecho a la presuncion de inocencia que ostenta todo imputado se convierte por sus consecuencias practicas en uno de los puntos de arranque del proceso penal moderno (21), y el principio in dubio pro reo, en directa conexion con aquel es <<un principio general de los que vertebran el sistema penal de cualquier sociedad democratica>> (Sentencia del Tribunal Supremo num. 1768/2001 de 5 de noviembre, [R. J. 2002/1979], Fundamento Juridico 2).

Mediante su reconocimiento normativo la presuncion de inocencia deja de ser un mero principio informador del proceso penal y pasa a adquirir su verdadera dimension de derecho fundamental directamente invocable ante los Tribunales, motivo por el que presenta un alcance muy superior al que hasta entonces habia venido mostrando el principio in dubio pro reo (22). Asi lo reco noce la Sentencia del Tribunal Constitucional 107/1983, de 29 de noviembre, cuando afirma que <<la presuncion de inocencia, que limitadamente venia siendo un mero principio teorico del Derecho en el ambito de la jurisdiccional criminal, a traves del axioma in dubio pro reo, relacionado con la valoracion benigna de las pruebas en caso de incertidumbre, pasa a convertirse en un amplio derecho fundamental>> [F. J. 2].

A grandes rasgos, mientras que la presuncion de inocencia posee esa doble vertiente de derecho y garantia que protege el acusado durante todas y cada una de las etapas del proceso penal, el in dubio pro reo es tan solo un principio de incuestionable importancia practica, pero que unicamente se proyecta sobre la actividad del plenario y llegado el momento subjetivo de la valoracion de la prueba, pues ahi reside su ambito y no en el terreno de la interpretacion normativa (23). No obstante, aunque del in dubio pro reo se ha dicho que presupone la previa existencia de la presuncion de inocencia, con la pretension de ampliar su espacio a la interpretacion se ha forzado su verdadera naturaleza, llegando a ser considerado un principio situado a medio camino entre el derecho procesal y el derecho penal sustantivo, pues aunque procesalmente se desenvuelve en el campo de la valoracion probatoria, tambien resulta de aplicacion cuando en la interpretacion de la norma penal el Tribunal tiene dudas sobre la concurrencia de todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo (24).

Ahora bien, mientras que el primero impide condenar sin una minima actividad probatoria que pueda considerarse de cargo y haya sido practicada con las debidas garantias procesales (Sentencia del Tribunal Constitucional 31/1981, de 28 de julio, [F. J. 3]), el segundo obliga a absolver, aun habiendose practicado prueba suficiente en el juicio, siempre que exista la duda en el juzgador en torno a la culpabilidad del acusado.

Aunque los aspectos sintetizados resultan los mas cristalinos, el equivoco parte en buena medida del nexo comun que tanto la presuncion de inocencia como el in dubio pro reo guardan con el principio favor rei.

El favor rei es un principio general que informa el proceso penal moderno pero que tiene un radio de accion mucho mayor que la inocencia del imputado, ya que puede ir mucho mas alla de esta pues en alguna de sus manifestaciones puede funcionar incluso partiendo de una culpabilidad indiciaria (25) (tal como sucede con el favor libertatis y su aplicacion en materia de medidas cautelares personales). Ese ideal de una aplicacion juridica mas benigna o menos lesiva para el imputado de ciertas instituciones propias del proceso penal es el que explica que tanto el in dubio pro reo como el derecho a la presuncion de inocencia se vinculen tradicionalmente en su genesis a ese principio general mas amplio que es el favor rei.

Sin embargo, el verdadero punto de partida se encuentra en la STC 31/1981, de 28 de julio. Conviene recordar no obstante, que dicha resolucion fue la pionera de la que en la actualidad es una fecunda y homogenea doctrina jurisprudencial sobre la presuncion de inocencia. Ahora bien, a pesar de su indiscutible valor en algunos pasajes de la misma se encuentran conexiones poco clarificadoras, como la conversion del principio in dubio pro reo en la actual presuncion de inocencia por obra y gracia de su proclamacion como norma legal (26), o lo que dice el voto particular formulado a la misma cuando equipara la presuncion de inocencia con <<la formulacion latina del in dubio pro reo que ha estado presente en nuestro ordenamiento y en la propia jurisprudencia penal como principio general>> (27).

Llevada a sus ultimos extremos esa incorrecta identificacion entre presuncion de inocencia y pro reo entranaria el peligro de consecuencias practicas tales como permitir el acceso al amparo constitucional o a la casacion por la infraccion del principio pro reo, lo que es tanto como abrir la puerta de entrada al control de la duda manifestada por el juzgador de instancia, cuando la valoracion de la prueba es una facultad soberana que le pertenece. No obstante, la ubicacion del in dubio pro reo como componente de la presuncion de inocencia lleva a sostener que la infraccion del primero no careceria de relevancia constitucional (28). Es mas, en opinion de GONZALEZ-CUELLAR SERRANO, el pro reo debe entenderse comprendido en la presuncion de inocencia, aunque el desconocimiento de este clasico principio genera problemas para la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la funcion nomofilactica que como organo casacional tiene asignada y por sus limitaciones para la revision de la valoracion de la prueba, circunstancias que tambien se proyectan sobre el Tribunal Constitucional por el hecho de producirse lo que considera una infundada separacion conceptual entre ambos principios (29).

Otras resoluciones de nuestros Tribunales tambien plasman ese estado de confusionismo. Asi, mientras que el Auto del TC 21/1985, de 16 de enero afirma que <<el principio in dubio pro reo se acoge en el de presuncion de inocencia>> [F. J. 6], incardinando uno en el otro, el Auto del TS de 21 de enero de 2000 [R. J. 2000/439] eleva al principio in dubio pro reo a la categoria de <<norma sustantiva (implicita en la nocion de proceso con todas las garantias del art. 24 C.E.), que debe ser observada en aplicacion de la ley penal y que resulta vulnerada cuando los Jueces condenan al acusado a pesar de sus dudas, expresadas o implicitas en la fundamentacion de la sentencia>> [F. J. 1B].

Como facilmente se advierte, ambas resoluciones difieren hasta en la vinculacion normativa del pro reo, pues mientras que en un caso se le hace depender del derecho a la presuncion de inocencia, en el otro se le ubica formando parte de esa clausula mas amplia y generica del derecho a un proceso con todas las garantias (due process of law) proclamado a su vez en el art. 24. 2 de la Constitucion.

Entre la doctrina, aunque VAZQUEZ SOTELO habia advertido ya que tradicionalmente el principio in dubio pro reo ha sido confundido e identificado con la presuncion de inocencia (30), existen autores que sostienen que el primero (pro reo) no es mas que una derivacion del principio de inocencia conectada a su historica vinculacion con el sistema de libre conviccion judicial y la supresion del sistema de prueba tasada (31), llegando a ser considerado como un <<componente sustancial>> de este derecho (32), mientras que otros niegan de for ma expresa que forme parte del derecho a la presuncion de inocencia y reducen su espacio natural al ambito de la valoracion de la prueba33.

Tradicionalmente la jurisprudencia tambien ha venido senalando que su verdadero espacio natural es ese ultimo ambito, tal como muestra la STS num. 1313/2005 de 9 de noviembre, cuando afirma que "el principio <<in dubio pro reo>>, presuponiendo la previa existencia de la presuncion de inocencia, se desenvuelve en el campo de la estricta valoracion de las pruebas, es decir de la apreciacion de la eficacia demostrativa por el Tribunal a quien compete su valoracion en conciencia para formar su conviccion sobre la verdad de los hechos (art. 741 LECrim)>>.

Desde otro punto de vista, y mas recientemente, se ha propuesto reubicar el principio in dubio pro reo en la sede que propiamente habria de corresponderle y que no es otra que la significacion actual de la presuncion de inocencia, ofreciendo de este modo una adecuada respuesta al problema de la existencia de la duda a traves de la formula anglosajona que posibilita la condena "mas alla de toda duda razonable" (beyond any reasonable doubt) (34).

En Espana, actualmente las propuestas de lege ferenda avanzan por esta senda. El borrador de anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 22 de julio de 2011 (conocido como anteproyecto Caamano) acogia plenamente el criterio de la <<duda razonable>> como uno de los estandares de la prueba minima. Asi, a la par que en distintos pasajes de su extensa Exposicion de Motivos se aludia al <<deber de absolucion del tribunal en el caso de persistir una duda razonable>> (vid. los apartados XIII, LXXI y LXXIII), la redaccion del art. 32, relativo a la presuncion de inocencia, recogia literalmente en su num. 2 que >>Nadie podra ser condenado sino en virtud de pruebas de cargo validas y suficientes, que permitan al tribunal alcanzar, mas alla de toda duda razonable, la conviccion sobre la culpabilidad del acusado>>.

A dia de hoy, el borrador del denominado Codigo Procesal Penal presentado por el Ministerio de Justicia el 25 de febrero de 2013 concreta ya la ligazon existente entre ambos principios, a los cuales se refiere de manera conjunta tanto en su preambulo como en su articulado. De este modo, aunque aun en fase embrionaria y bajo sugerente el titulo <<Derecho a la presuncion de inocencia e in dubio pro reo>> la proyectada norma afirma literalmente que <<Toda persona debe ser considerada y tratada como inocente hasta que sea condenada en sentencia firme debidamente motivada, dictada por el Tribunal competente, en un proceso con todas las garantias en el que haya quedado probada su culpabilidad mas alla de cualquier duda razonable>> (art. 6. 1), disponiendo a su vez que <<Cualquier duda razonable sobre los hechos debatidos que sean plenamente relevantes debe resolverse a favor del encausado>> (art. 6. 4). Como puede apreciarse, resulta ilustrativo que el precepto aborde su tratamiento conjunto, pero en modo alguno indisoluble, subrayando asi los aspectos esenciales de uno y otro.

Pero aun con el logico interes que siempre despierta una reforma procesal de esta envergadura, tampoco esta opcion es una cuestion novedosa. La jurisprudencia constitucional habia acudido ya al ahora denominado estandar de la <<duda razonable>>, al establecer que <<la presuncion de inocencia, en su vertiente de regla de juicio [... ] opera, en el ambito de la jurisdiccion ordinaria, como el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida mas alla de toda duda razonable>> (SSTC 81/1998, de 2 de abril [F. J. 3], 189/1998, de 28 de septiembre [F. J. 3] y 220/1989, de 16 de noviembre [F. J. 3]), evidenciando esa evolucion por la que el derecho a la presuncion de inocencia ha terminado por apropiarse de la esencia misma del principio pro reo.

3. Las diferencias existentes entre el principio in dubio pro reo y el principio y derecho a la presuncion de inocencia.

En el ambito de la valoracion probatoria la doctrina constitucional traza una esencial y nitida distincion entre ambos principios, al senalar que el derecho a la presuncion de inocencia <<desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reunen las garantias procesales>>, mientras que el principio jurisprudencial in dubio pro reo, <<pertenece al momento de la valoracion o apreciacion probatoria>> (STC 44/1989, de 20 de febrero [F. J. 2], de forma que "solo entra en juego cuando existe una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal, aunque se haya practicado una prueba valida con cumplimiento de las correspondientes garantias procesales" (STC 16/2000, de 31 de enero, [F. J. 4]).

Esta diferencia fundamental supone que asi como el principio pro reo se aplica en funcion de un criterio subjetivo como es la existencia de una duda, la presuncion de inocencia parte de un criterio objetivo, pues en cuanto verdad interinamente afirmada exige una prueba valida y suficiente que la desplace o enerve para que el Tribunal pueda fundar la condena (35). En consecuencia, el principio pro reo, en cuanto perteneciente al convencimiento subjetivo del juzgador <<ademas de no estar dotado de la misma proteccion>>, no puede en ningun momento ser valorado por el Tribunal Constitucional cuando el tribunal de instancia no ha tenido duda alguna sobre el caracter incriminatorio de las pruebas practicadas (SSTC 16/2000, de 31 de enero, [F. J. 4] y 25/1988, de 23 de febrero, [F. J. 2]).

La presuncion de inocencia se caracteriza o define por la conjuncion de las siguientes notas (36): a) al igual que sucede con el principio pro reo es un criterio informador del ordenamiento procesal penal como manifestacion concreta del favor rei; b) debido a su regulacion expresa en el art. 24. 2 de la C.E. es asimismo un criterio normativo de aplicacion directa, vinculante para los tribunales; c) es una garantia del debido proceso de ley y un derecho fundamental del ciudadano invocable ante el Tribunal Constitucional mediante la demanda de amparo; d) supone un desplazamiento de la carga de la prueba hacia las acusaciones personadas; y e) desde el punto de vista tecnico no es una genuina presuncion, ni tan siquiera iuris tantum, sino que opera como una verdad interina y provisional que protege a todo imputado hasta que eventualmente pueda llegar a producirse la minima actividad probatoria de cargo capaz de desvirtuarla, siempre que esta se haya realizado con todas las garantias procesales, posibilitando solo entonces la conviccion de la certeza juridica de la culpabilidad.

En cambio, el in dubio pro reo es una regla convertida en principio informador por la jurisprudencia, que opera por la existencia de la duda que embarga al Tribunal ante cualquier hecho relevante para la condena, de forma que su fundamento ultimo es la preferencia por la absolucion de un culpable al riesgo de condenar a un inocente dada la incertidumbre juridica37.

Aunque puede afirmarse que la presuncion de inocencia incorpora hoy en su contenido la maxima tradicional del in dubio pro reo, este principio solo se aplica ante aquel estado dubitativo que impide al juzgador formar su libre convencimiento o "intima conviccion" (art. 741 LECrim), mientras que la presuncion de inocencia consiste en algo mas: consiste en la necesidad de que la condena se funde en autenticas pruebas licitas y de cargo aportadas por la acusacion (38).

Las pruebas, como ya estableciera la STC 55/1982, de 26 de julio, constituyen el soporte sobre el que ha de formarse la intima conviccion del juzgador, de ahi la <<comprometida funcion de fijar los hechos probados a los que se anuda, en su caso, la calificacion legal y los efectos inherentes a la misma>> [F. J. 2]. Es por ello que, tal como recuerda la jurisprudencia, el modelo de valoracion probatoria que dimana del sistema procesal de la Constitucion implica que para que se de una sentencia de condena es preciso que se produzca un proceso de analisis del conjunto de las pruebas en el que es necesario deslindar dos fases perfectamente diferenciadas: <<[I.sup.a]) Una primera de caracter objetivo que podria calificarse de constatacion de existencia o no de verdaderas pruebas, fase en la que a su vez habria que diferenciar dos operaciones distintas: a) precisar si en la realizacion de las diligencias probatorias se han adoptado y observado las garantias procesales basicas; y b) precisar si ademas, tales diligencias probatorias suponen o aportan objetivamente elementos incriminatorios o de cargo.

[2.sup.a]) Una segunda fase de caracter predominante subjetivo, para la que habria que reservar <<strictu sensu" la denominacion usual de "valoracion del resultado o contenido integral de la prueba>>, ponderado en conciencia los diversos elementos probatorios, con base a los cuales se forma libremente la conciencia del Tribunal".

Mientras que en la primera fase opera la presuncion de inocencia, en la segunda lo hace el principio <<in dubio pro reo>>, de forma que la presuncion de inocencia se desenvuelve en el marco de la carga probatoria y el principio <<in dubio pro reo>> lo hace en el campo de la estricta valoracion probatoria. <<La importancia de esta distincion es fundamental en la practica, dado que al juzgador de instancia compete realizar en toda su extension el integro proceso de analisis de las diligencias probatorias practicadas comprensivo, por tanto, de las dos fases indicadas>> (SSTS num. 1313/2005, de 9 de noviembre [F. J. 6] y num. 936/2006, de IO de octubre [F. J. I], entre otras).

3.1. La diversidad de su tratamiento jurisprudencial.

Con lo hasta ahora expuesto, y aunque la esencia del pro reo trate de conectarse con la mayor amplitud que hoy presenta la presuncion de inocencia, lo cier to es que son principios con muy distinto alcance y significacion. Lo advertia ya la STC 44/1989, de 20 de febrero, al senalar que "el que ahora el principio pro reo pueda tener un mas solido fundamento constitucional no permite que pueda confundirse [...] con el derecho constitucional a la presuncion de inocencia".

Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo aunque en ocasiones ha subrayado las diferencias existentes entre ambos tambien ha puesto de relieve sus puntos en comun. Asi, <<la significacion del principio in dubio pro reo en conexion con la presuncion de inocencia equivale a una norma de interpretacion dirigida al sentenciador que debe tener en cuenta al ponderar todo el material probatorio y tiene naturaleza procesal>> (39). Sentada esta premisa, establece ya desde la STS de 27 de abril de 1998 [R. J. 1998/3817], que el principio pro reo no es en realidad un criterio orientativo en la valoracion de la prueba <<sino que envuelve un mandato: el no afirmar hecho alguno que pueda dar lugar a un pronunciamiento de culpabilidad si se abrigan dudas sobre su certeza, mediante la apreciacion racional de una prueba en sentido incriminatorio constitucionalmente cierta y celebrada en condiciones de oralidad, publicidad, contradiccion e inmediacion>> (40).

Ahora bien, aunque la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Seccion [5.sup.a]) de 3 de diciembre de 2009 ilustra de manera pormenorizada acerca de las principales diferencias existentes, afirmando que el in dubio pro reo no es mas que <<un mecanismo estrictamente procesal o garantista sobre la forma o metodo legal de practicarse la prueba>>, es decir, <<un mero resorte logistico del juez o tribunal sentenciador que duda entre varias pruebas o sobre la verdadera intensidad de las que sean de cargo>> (41), lo cierto es que este principio hoy parece haber adquirido definitivamente otra dimension.

El paradigma de esa nueva linea interpretativa es la STS num. 968/2009, de 21 de octubre, al afirmar que "aunque durante algun tiempo la jurisprudencia ha mantenido que el principio in dubio pro reo no era un derecho alegable al considerar que no tenia engarce con ningun derecho fundamental, y que en realidad se trataba de un principio interpretativo y que por tanto no tenia acceso a la casacion, sin embargo, en la actualidad tal posicion se encuentra abandonada. Hoy dia la jurisprudencia reconoce que el principio in dubio pro reo forma parte del derecho a la presuncion de inocencia y es atendible en casacion>>, aunque reconduce su justificacion practica a <<aquellos casos en los que el Tribunal haya planteado o reconocido la existencia de dudas en la valoracion de la prueba sobre los hechos y los haya resuelto en contra del acusado>> [F. J. 2] (42).

4. Breve epilogo

La humanizacion del proceso acusatorio y del derecho de penar trajo aparejada la aplicacion de la regla o maxima in dubio pro reo hasta convertirlo en uno de los principios vertebradores del sistema de justicia penal, desarrollando toda su vigencia en el campo de la prueba al actuar como criterio de orientacion judicial en la actividad valorativa de la misma.

Con posterioridad, el punto de inflexion que supuso la proclamacion constitucional del derecho a la presuncion de inocencia produjo ciertas confusiones o imprecisiones tanto en la doctrina como en la jurisprudencia en torno al alcance de dichos principios. Principios que en realidad tienen un diverso significado a pesar de su nexo comun en el terreno probatorio y en cuanto manifestaciones del favor rei, pero que en sus ultimas consecuencias, y desde un punto de vista conceptual, son de tan dificil mixtura como el agua y el aceite. Sin embargo, hoy el pro reo parece haber sido objeto de alguno de los presagios que anunciara SENTIS MELENDO respecto a la conversion de ciertos principios en preceptos legales, al haber sido fagocitado por la amplitud y mayor cobertura del derecho a la presuncion de inocencia. Asi lo demuestran no solo las ultimas lineas jurisprudenciales, sino tambien las recientes propuestas de lege ferenda que acogen el nuevo estandar de la "duda razonable" como uno de los pilares del derecho fundamental.

DOI 10.7770/RCHDYCP-V4N3-ART649

RECEPCION: 31/10/2013 * ACEPTACION: 06/12/2013

Referencias

ARMENTA DEU, Teresa. Lecciones de Derecho procesal Penal. Sexta Edicion. Madrid, Espana: Marcial Pons, 2012. 361 p.

BACIGALUPO, Enrique. Presuncion de inocencia, in dubio pro reo y recurso de casacion. En Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, tomo XLI, Enero--Abril 1988. Barcelona, Espana: BOE, 1988. p. 372-375.

BELDA, Enrique. Sobre el derecho a la presuncion de inocencia. En Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, numero 3, 1999. Navarra, Espana: Editorial Aranzadi, 1999. p. 2709-2732.

BERZOSA, Maria Victoria. Principios del proceso. En Justicia: revista de Derecho Procesal, numero 3, 1992. Barcelona, Espana: J.M. Bosch, 1992. p. 553-620.

CAMEMRN, Francesco. Nuevas reflexiones acerca del juicio juridico. En Cuestiones sobre el proceso penal. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Juri-dicas Europa--America (E.J.E.A.), 1961.

CUERDA, Antonio. Bastantes falacias, algunas verdades y ciertas dudas sobre el derecho a la presuncion de inocencia desde la perspectiva constitucional. En Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, numero 3, 1999. Navarra, Espana: Editorial Aranzadi, 1999. p. 2681-2708.

FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razon. Teoria del garantismo penal. Primera Edicion. Madrid, Espana: Ed. Trotta, 1989. 989 p.

GOLDSCHMIDT, James. Problemas juridicos y politicos del proceso penal: Conferencias dadas en la Universidad de Madrid en los meses de Diciembre de 1934 y Enero, Febrero y Marzo de 1935. Primera Edicion. Barcelona, Espana: Bosch Casa Editorial, 1935. 128 p.

GOMEZ, Emilio. Ficciones y conceptos formales en el Derecho. Tercera Edicion. Navarra, Espana: Thomson--Civitas, 2008. 58 p.

GONZALEZ-CUELLAR, Nicolas. La prueba de los delitos contra el medio ambiente. En Diario La Ley, ano XXVI, numero 6328, de 28 de septiembre de 2005.

GUTIERREZ DE CABIEDES, Eduardo. El principio pro reo en el Derecho y en el proceso penal. En Estudios de Derecho Procesal. Navarra, Espana: Ediciones de la Universidad de Navarra, 1974.

LOPEZ, Juan Jose y RODRIGUEZ, Ignacio. El proceso penal como sistema de garantias (IV). La presuncion de inocencia como elemento estructurador del proceso acusatorio. En Diario La Ley, numero 8121, 8 de julio de 2013. Espana: Wolters Kluwer, 2013.

LUZON, Jose Maria. La presuncion de inocencia ante la casacion. En Poder Judicial, numero 12, 1988. Madrid, Espana: Consejo General del Poder Judicial, 1988. p. 147-168.

MARTINEZ, Jose Maria. El principio in dubio pro reo. Primera Edicion. Espana: Reus, 1956. 28 p.

MONTERO, Juan, Et Al. Derecho Jurisdiccional I. Parte General. Segunda Edicion. Barcelona, Espana: Bosch, 1989. 788 p.

MONTERO, Juan. Principios del proceso penal. Una explicacion basada en la razon. Primera Edicion. Valencia, Espana: Tirant lo Blanch, 1997. 191 p.

MONTERO, Juan, Et Al. Derecho Jurisdiccional I. Parte General. Decimosexta Edicion. Barcelona, Espana: Bosch, 2008. 509 p.

MUNOZ, Francisco. Algunos de los principios y teorias de derecho sustantivo de las que se sirve el Tribunal Supremo en la aplicacion de la norma penal. En Revista Aranzadi Doctrinal, numero 9, 2013. Navarra, Espana: Editorial Aranzadi, 2013. p. 11-20.

MUNOZ, Lluis. Sobre las equivocas derivaciones del principio <<in dubio pro reo>>. En Revista Juridica de Catalunya, numero 1, 2009. Barcelona, Espana: Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, 2009. p. 233-234.

NIEVA, Jordi. La duda en el proceso penal. Primera Edicion. Espana: Marcial Pons, 2013. 178 p.

ORTEGO, Francisco. Constitucion y proceso penal. En CasTELLA i ANdREu, Josep (ed.) La Constitucion y el ordenamiento juridico: 25 anos de incidencia de la Constitucion espanola de 1978 en las diferentes disciplinas judiciales. Primera Edicion. Barcelona, Espana: Atelier, 2005. p. 385 - 404.

Ortego, Francisco. El juicio de acusacion. Primera Edicion. Barcelona, Espana: Atelier, 2007. 314 p.

Ortego, Francisco. Cambios en la doctrina jurisprudencial sobre el principio acusatorio. En Iuris. Actualidad y practica del Derecho, numero 118, julio--agosto 2007. Espana: Wolters Kluwer, 2007. p. 55-59.

RUSCONI, Maximiliano. Principio de inocencia e in dubio pro reo. En Jueces para la Democracia, numero 33, 1998. Espana: Fundacion Antonio Carretero, 1998. p. 44-68.

SENTIS, Santiago. In dubio pro reo. Primera Edicion. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Juridicas Europa America, 1971. 219 p.

TOMAS Y VALIENTE, Francisco. In dubio pro reo, libre apreciacion de la prueba y presuncion de inocencia. En Revista Espanola de Derecho Constitucional, numero 20, mayo--agosto, 1987. Espana: Centro de Estudios Politicos Constitucionales, 1987. p. 9-34.

VAZQUEZ, Jose. Presuncion de inocencia del imputado e intima conviccion del Tribunal. Barcelona, Espana: Ed. Bosch, 1984. 592 p.

VINAPALOS, Gustavo. Los origenes doctrinales del principio non liquet. En La Ley: Revista Juridica espanola de doctrina, jurisprudencia y bibliografia, numero 1, 1981. Espana, 1981. p. 981-984.

FRANCISCO ORTEGO PEREZ (1) Universidad de Barcelona

(1.) Academico. Profesor titular de Derecho Procesal, Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona. Barcelona, Espana. Correo: fortego@ub.edu.

(2.) Segun la clasica definicion Goldschmidt (1935) p. 7, 23 y 28.

(3.) MONTERO (1989) p. 476 y Montero (2008) p. 328; Berzosa (1992) p. 554; BoRThwick (2005) p. 143.

(4.) Diccionario de la Lengua Espanola (Real Academia Espanola), Vigesima Segunda edicion, tomo I, 2001, pag. 854.

(5.) CARNEIUTTI (1961) p. 65.

(6.) En identico sentido Nieva (2013) P. 13 y 56. La toma de la decision siempre viene acompanada del problema del dubium, por lo que solo cuando este se resuelve puede adoptarse correctamente aquella.

(7.) SENTIS (1971) p. 25-26.

(8.) VILLAPALOS (1981) Tomo I p. 981.

(9.) TOMAS Y VALIENTE (1987) p. 12.

(10.) NIEVA (2013) p. 16.

(11.) TOMAS Y VALIENTE (1987) p. 12.

(12.) RUSCONI (1998) p. 44.

(13.) MARTINEZ (1956) p. 330.

(14.) GOMEZ (2008) p. 43.

(15.) ORTEGO (2007) p. 263.

(16.) FERRAJOLI (1989) p. 604.

(17.) SENTIS (1971) p. 19.

(18.) En identico sentido, Montero (1997) p. 13. Por su parte, Gutierrez de Cabiedes lo considera un principio universalmente admitido desde antiguo que funciona como un factor de moderacion del derecho de penar, gracias a un sentido humanitario del mismo. Gutierrez (1974) p. 463.

(19.) En el ambito procesal penal sirven como paradigma de esas imprecisiones comentadas las ultimas interpretaciones jurisprudenciales acerca de su principio cardinal, al haber ensalzado y ampliado de tal manera el principio acusatorio que se ha terminado por desfigurar sus mas claros contornos, llegando a confundirlo artificialmente con el principio de contradiccion y el derecho de defensa. Sobre dicha confusion vid. Mohtero (1997) p. 12 y 148; Montero (2008) p. 24; Armenta (2012) p. 42 y 108; ORTEgo (2007) p. 59.

(20.) SENTIS (1971) p. 19-20.

(11.) VAZQUEZ (1984) p. 241 y ss.

(22.) ORTEGO (2005) p. 397.

(23.) Tesis defendida por MUNOZ SABATE (2009) p. 233-234 y que apuntase ya en su dia MARTINEZ (1956) p. 333. Vid. asimismo, Munoz Cuesta (2013) p. 2.

(24.) MUNOZ CUESTA (2013) p. 2.

(25.) VAZQUEZ (1984) p. 280-281.

(26.) <<Una vez consagrada constitucionalmente la presuncion de inocencia, ha dejado de ser un principio general del Derecho que ha de informar la actividad judicial (<<in dubio pro reo>>) para convertirse en un derecho fundamental, que vincula a todos los poderes publicos y que es de aplicacion inmediata>> (STC 31/1981, [F .J. 2]).

(27.) Voto particular formulado por el magistrado Angel Escudero del Corral.

(28.) Asi lo manifiesta el penalista y Letrado del Tribunal Constitucional CUERDA RIEZU, A. R., <<Bastantes falacias, algunas verdades y ciertas dudas sobre el derecho a la presuncion de inocencia desde la perspectiva constitucional>>, Cuerda (1999) p.

16 y 17.

(29.) GONZALEZ-CUELLAR. La prueba de los delitos contra el medio ambiente. La Ley, diario num. 6328, de 28 de septiembre de 2005.

(30.) VAZQUEZ (1984) p. 280.

(31.) RUSCONI (1998) p. 45.

(32.) BACIGALUPO (1988) p. 365. Belda (1999) p. 2709 y ss.; GONZALEZ-CUELLAR La prueba de los delitos contra el medio ambiente, ob. cit.

(33.) MONTERO (1997) p. 155.

(34.) NIEVA (2013) p. 49.

(35.) Cfr. VAZQUEZ (1984) p. 287; Ortego (2005) p. 401.

(36.) Vid. por todos VAZQUEZ (1984) p. 280. Cfr. Luzon (1988) p. 148-149.

(37.) MARTINEZ (1956) p. 330 y ss.

(38.) LOPEZ Y RODRIGUEZ (2013) p. 2-3.

(39.) Vid. STS num. 919/2007 de 20 de noviembre, [R. J. 2007/7432], F. J. 6 y la STS num. 968/2009 de 21 de octubre, [R. J. 2009/5750], F. J. 2.

(40.) Vid. tambien las SSTS num. 919/2007 de 20 de noviembre, [R. J. 2007/7432], F. J. 6 y la num. 968/2009 de 21 de octubre, [R. J. 2009/5750], F. J. 2.

(41.) SAP de Barcelona num. 922/2009 de 3 de diciembre, (Seccion 5a), [ARP 20i0/4i2].

(42.) En el mismo sentido las SSS 677/2006 de 22 de junio [R. J. 2006/5180], 584/2005 de 9 de mayo, [R. J. 2005/4684], 1061/2004 de 28 de septiembre, [R. J. 2004/5784], 836/2004 de 5 de julio, [R. J. 2004/ 4658], 479/2003 de 31 de abril, [R. J. 2003/4070] y 2295/2001 de 4 de diciembre, [R. J. 2002/1134].
COPYRIGHT 2013 Universidad Catolica de Temuco
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Ortego Perez, Francisco
Publication:Revista Chilena de Derecho y Ciencia Politica
Date:Dec 1, 2013
Words:7973
Previous Article:El equivoco de la produccion. Una lectura politica desde la apropiacion.
Next Article:Los vinculos de la estandarizacion y la innovacion en Colombia: un estudio introductorio.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters