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La amputacion de las potestades normativas del Municipio en materia de Funcion Publica, por via legislativa y jurisprudencial en Venezuela.

Amputation of the regulatory powers of the Municipality on Public Service, by legislative and jurisprudential way in Venezuela

1. A Titulo de Introito

Ineditamente en Venezuela, en el ano 2002, con la accidentada (2) entrada en vigencia de la Ley del Estatuto de la Funcion Publica (3) se supedito a los Estados Federados y a los Municipios a someter sus particulares relaciones de empleo publico con sus propios servidores publicos, a las disposiciones y contenidos de esa exclusiva normativa federal funcionarial dimanada de la Asamblea Nacional, aun cuando de acuerdo al diseno constitucional, ese cuerpo legislativo es extrano a su propia estructura y a los organos de su elite territorial productores de leyes e instrumentos de rango legal.

Esa Ley del Estatuto de la Funcion Publica se redacto bajo una peculiar lectura de la norma constitucional, que sorpresivamente y sin antecedente historico dejo atras la practica legal que los Estados Federados y los Municipios,--segun el caso--dictasen sus propios instrumentos normativos a traves de sus Asambleas Legislativas y luego sus Consejos Legislativos, o de sus Camaras Municipales y los Concejos, para regular el ambito sustantivo, organico y competencial de sus relaciones de empleo publico desarrolladas en sus especificas esferas territoriales, con fundamento a su diferente naturaleza juridica y estirpe constitucional consagradas por el texto fundamental de 1961, que a su vez le otorgaba diversas potestades normativas, y que permitio la coexistencia y respeto de regulaciones diferenciadas entre las Leyes de Carrera Administrativa de 1970 y 1975 para regular las relaciones de empleo publico de la Administracion Federal y sus servidores publicos federales, y la presencia de Leyes Estaduales y Ordenanzas Municipales en materia de Carrera Administrativa que normaban otras relaciones de empleo publico Federadas o Locales, con servidores de esas entidades territoriales.

La irrupcion de esta novedosa regulacion centralizadora de la Ley del Estatuto de la Funcion Publica de 2002, inclusive fue diferente a los contenidos precedentes de los intentos normativos desarrollados con antelacion inmediata a su promulgacion, ya que las normas que le sirvieron de fundamento y que no llegaron a entrar en vigencia efectiva por las sucesivas sustituciones derogatorias no detentaban ni revestian ese caracter unificador, pues ni el Decreto Ley del Estatuto de la Funcion Publica de fecha 13 de noviembre de 2001 (4), dictado por el entonces Presidente de la Republica Hugo Chavez, bajo el espectro de la ley habilitante publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela No. 37.076 de fecha 13 de noviembre de 2000, ni la posterior singular Ley de Reforma Parcial del Estatuto de la Funcion Publica de fecha 12 de marzo de 2002, publicada en la gaceta oficial No. 37.402, aducian en manera alguna a su aplicacion vinculante para las Administraciones Pubicas Estaduales ni Municipales.

En franco contraste, resulto curiosa la actitud inercial y de indiferencia asumida por los 335 Municipios y 23 Estados Federados (5) frente a esas disposiciones centralizadoras de la Ley del Estatuto de la Funcion Publica de 2002, por cuanto ninguno de sus respectivos organos legislativos reivindico sus competencias normativas en materia de funcion publica, al jamas dictarse ningun instrumento juridico de rango legal, ni municipal ni estadual, que eventualmente pudiese plantear algun conflicto entre leyes; y lo que aun resulto mas paradojico, fue que algunos Sindicos Procuradores Municipales (6) inclusive intervinieron como terceros interesados en procesos judiciales posteriores para solicitar la nulidad de normas que expresamente reconocian poderes normativos a sus Municipios en esa especifica area. Solo a nivel doctrinario y academico se genero una acrisolada discusion para justificar o criticar, segun el caso (7), si efectivamente las disposiciones de la Ley del Estatuto de la Funcion Publica se acomodaban o colisionaban con los contenidos constitucionales de la Funcion Publica consagrados en la Seccion Tercera del Capitulo Primero del Titulo Cuarto sobre el Poder Publico en Venezuela.

Sin embargo, en fecha 8 junio de 2005, sorpresiva y contradictoriamente en plena vigencia de la Ley del Estatuto de la Funcion Publica, el propio Parlamento Federal dicto la Ley Organica del Poder Publico Municipal publicada en la Gaceta Oficial No. 38.204, con una serie de normas que visiblemente establecian la posibilidad competencial que los Municipios dictasen sus propias regulaciones legales en materia funcionarial. Esto se recogia en los preceptos 56 letra h, 95 numeral 12, y 78 de la aludida Ley Organica del Poder Publico Municipal, al prever como ley posterior a la ley estatutaria funcionarial centralizadora de 2002, y en virtud de su caracter organico, que dentro de las competencias propias y descentralizadas de los Municipios, estos podrian regular--a traves de la produccion de sus propias Ordenanzas--no solo la organizacion y funcionamiento de la Administracion Publica Municipal sino concretamente "dictar su propio Estatuto de la Funcion Publica Municipal, normando el ingreso por concurso, ascenso por evaluacion de meritos, seguridad social, traslado, estabilidad, regimen disciplinario y demas situaciones administrativas", asi como "los requerimientos de formacion profesional, los planes de capacitacion y carrera de los funcionarios al servicio de la Administracion Publica Municipal, de acuerdo con lo establecido en la Constitucion en la Republica Bolivariana de Venezuela y las leyes", al igual "que ejercer su autoridad en materia del sistema de administracion de recursos humanos atendiendo a los procedimientos establecidos en la respectiva Ordenanza que rija la materia".

Frente a estos cenidos contenidos normativos, a solo siete dias de su promulgacion, en fecha 15 de junio de 2005, nuestro amigo y companero del Instituto de Derecho Publico, el abogado y profesor Jesus Caballero Ortiz presento ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, demanda de nulidad parcial por razones de inconstitucionalidad de los articulos 56 letra h, 95 cardinal 12, y 78 de la Ley Organica del Poder Publico Municipal de 2005 conjuntamente con una pretension cautelar innominada iter procesal--mientras durara el proceso de juzgamiento- para que se suspendiera los efectos de esas normas impugnadas, lo que motivo a que dicha Sala, en fecha 14 de octubre de 2005, al declararse competente para conocer de la accion propuesta, acordase la procedencia de esa tutela cautelar requerida mediante decision No. 3.082 ordenando la suspension de los efectos e inaplicacion de las normas sometidas a examen judicial.

Luego de siete anos y medio de conocimiento de la causa, en fecha 29 de enero de 2013, la Sala Constitucional constituida en Sala Accidental bajo ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, dimano el fallo de fondo del expediente No. 05-1315, que resolvio la demanda de nulidad parcial por razones de inconstitucionalidad declarandola con lugar y anulando los articulos 56 letra h, 95 cardinal 12, y 78, de la Ley Organica del Poder Publico Municipal que se publico en la Gaceta Oficial No 38.204 de 8 de junio de 2005, reiterados en las reformas parciales de la Ley Organica del Poder Publico Municipal publicadas en las Gacetas Oficiales Extraordinarios No 5.800 y No. 6.015 de 10 de abril de 2006 y de 28 de diciembre de 2010, respectivamente.

El analisis detallado de las posiciones doctrinales que justifican o critican la prevalecencia de la Ley del Estatuto de la Funcion Publica como norma de sujecion de los Municipios, asi como la evaluacion de la actividad y las razones esgrimidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para la suspension cautelar del acto general y de la ulterior declaratoria de nulidad de los articulos que patentizaban las potestades normativas del Municipio, es el objeto de desarrollo del presente opusculo juridico con ocasion del merecido homenaje a nuestro dilecto amigo el profesor Fortunato Gonzalez Cruz, quien conduciendo al Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales CIEPROL ha dedicado gran parte de su extensa y dilatada carrera academica y profesional, al estudio, difusion y defensa del Municipio, en sus diversas actividades, publicaciones y responsabilidades asumidas, no solo por erigirse como uno de los municipalistas mas connotados en Venezuela y reconocido internacionalmente sino tambien por ser el primer alcalde elegido popularmente en Merida, asi como por su ejemplificante Presidencia de la Asociacion Venezolana de Derecho Constitucional, al igual que otros innumerables desempenos publicos de gran relieve.

2. La posicion Doctrinal que justifica a la Ley del Estatuto de la Funcion Publica como Estatuto General aplicable a la Federacion, a los Estados Federados y a los Municipios.

Como ya advertimos en el prefacio de este opusculo, la Ley del Estatuto de la Funcion Publica de 2002 trajo como innovacion su cobertura e imperatividad--aun cuando fuere ley nacional--a las Administraciones Estaduales y Municipales, esto ha sido justificado doctrinalmente por el profesor Jesus Caballero Ortiz (8), al afirmar la existencia de una reserva constitucional a la ley nacional del regimen de la funcion publica con prescindencia del nivel territorial donde el funcionario preste sus servicios.

Esta aseveracion--de acuerdo al criterio del referido autor--se sustenta en la diferencia del tratamiento constitucional que sobre la materia se observa entre la redaccion del precepto 122 de la Constitucion de la Republica de Venezuela de 1961 y la configuracion del texto del articulo 144 de la Constitucion actualmente vigente de la Republica Bolivariana de Venezuela de 1999. La primera hacia alusion a que, la ley estableceria la Carrera Administrativa mediante las normas de ingreso, ascenso, traslado, suspension, retiro de los empleados de la Administracion Publica Nacional, con lo cual, la ley nacional unicamente podia regular tales actividades con respecto a esa singular Administracion Publica Federal, en virtud que bajo la vigencia de ese mandato constitucional, existian "tres niveles de regulacion de acuerdo a la categoria de la entidad territorial que se tratase pero, ademas, a nivel de una misma categoria existia una multiplicidad de textos normativos sobre Carrera Administrativa de acuerdo al numero de estados y municipios que existiesen." (9)

Mientras que en la Constitucion vigente de 1999, se "preve que 'la ley establecera el Estatuto de la Funcion Publica ... de los funcionarios de la Administracion Publica' utilizando este termino, 'Administracion Publica', sin ningun otro calificativo, por lo que debe entenderse que el Constituyente reservo a la ley nacional las situaciones previstas en el articulo 144 respecto a los funcionarios de la Administracion Publica, sea esta nacional, estatal o municipal. Al cambio en los terminos Administracion Publica Nacional por Administracion Publica a secas debe darsele algun sentido, de acuerdo a elementales reglas de interpretacion y, al seguirse dicha linea de razonamiento, en Venezuela opero la 'nacionalizacion' del sistema de la funcion publica" (10)

Asi pues, esta posicion doctrinaria defiende la homogenizacion y unificacion (11) normativa del tratamiento funcionarial a los efectos de uniformar en un sistema unico lo que respecta al ingreso, traslado, suspension y retiro, ademas de los requisitos para el ejercicio de cargos publicos, categorias de funcionarios publicos, sus derechos, prohibiciones e incompatibilidades, el sistema de administracion de personal, y el contencioso administrativo funcionarial, independientemente en que administracion de acuerdo al ambito politico territorial opere dichas relaciones de empleo publico, solo permitiendose escasamente ciertas moderaciones y liberalidades normativas por via de contrataciones colectivas en temas residuales distintos a los enunciados.

3. La posicion doctrinal que asume como eventualmente inconstitucional, la centralizacion normativa impuesta por la Ley del Estatuto de la Funcion Publica a los Estados Federados y a los Municipios

En frontal contraposicion nos colocamos otro sector doctrinal, que aseveramos que la configuracion de la centralizacion normativa impuesta por la Ley del Estatuto de la Funcion Publica a los Estados Federados y a los Municipios, tiene eventuales ribetes de inconstitucionalidad.

En primer lugar, consideramos que nuestra Constitucion crea a las diversas entidades territoriales dentro de un estado complejo (12), "que presenta una estructura desconcentrada del poder en el espacio territorial, montada sobre unidades vertebradas sistematicamente en funcion del diseno concreto ... de Estado Federal .. pero que de manera comun se aparta del principio de subordinacion y jerarquia como vinculo funcional de la unidades politico territoriales, con lo cual, estas se perfilan como verdaderos centros autonomos de generacion y ejercicio del poder publico [esto se] fundamenta en la representatividad genuina del poder que cada uno de ellos ostenta, y en la delimitacion precisa de sus campos de accion y de responsabilidad ..." (13)

Por ello, a estas entidades territoriales se les otorga personalidad juridica, titularidad de competencia material y de facultades de ejercicio funcionales, patrimonio propio, y autarquia normativa dentro del volumen de materias que les han sido asignadas constitucionalmente, lo cual le permitiria auto regularse con plena autonomia a traves de sus propias estructuras constitucionales de parlamentos propios y dotados de procedimientos para dimanar instrumentos normativos por ser verdaderos centros de decision politica y administrativa, salvo que, por excepcion y de manera expresa, el propio texto constitucional restringiese una materia a reserva explicita de un organo y voluntad legislativa de un parlamento en especial para su regulacion, lo cual traeria como secuela, que si no existiese esa norma explicita en la estructura fundamental no podria entenderse supeditada la autonomia normativa para legislar en las materias particulares de sus competencias y atribuciones constitucionales, en consecuencia cualquier intento para centralizar contenidos o materias sin fundamento en la propia Constitucion, seria inexorablemente violatorio del ordenamiento juridico fundamental.

En este sentido, es oportuno resaltar que en materia de Funcion Publica los propios contenidos constitucionales consagrados en la Seccion Tercera del Capitulo Primero del Titulo Cuarto sobre el Poder Publico en Venezuela, ofrecen un tratamiento diferenciado cuando quieren dar prevalecencia y reservar una materia en particular a un instrumento en especifico y a una voluntad federal. Tal es el caso de lo dispuesto en el articulo 147 de la Constitucion, que por una parte, explicitamente remite al tipo normativo especial de "Ley Organica",--previsto en el articulo 203 eiusdem, reservando en exclusiva su configuracion a la voluntad de la Asamblea Nacional--lo concerniente a la regulacion de limites razonables a los emolumentos que devenguen los funcionarios publicos municipales, estaduales y nacionales, suprimiendo el poder normativo de otras elites territoriales como Estados y Municipios en esa singular materia; y por otra parte, enarbola la salvedad que una "Ley Nacional" regulase el regimen de las jubilaciones y pensiones de los funcionarios publicos nacionales, estaduales y municipales, con lo cual ni los Estados ni los Municipios detentarian competencia para normar ese ambito sustancial.

De acuerdo a nuestro parecer, si el articulo 144 de la Constitucion hace alusion expresa a que una "ley" establecera el Estatuto de la Funcion Publica mediante las normas de ingreso, ascenso, traslado, suspension, retiro de los funcionarios de la Administracion Publica, no podria ser entendido como una reserva legislativa material a favor del Legislador Federal, pues no se alude explicitamente a la voz o vocablo "ley nacional" sino a especificamente a la locucion "ley" a secas. Por ende, pretender dar igual tratamiento a lo que no detenta la misma redaccion constitucional como "ley" y "ley nacional", resulta contradictorio e irracional desde las reglas de interpretacion juridica, pues donde distingue el legislador, el interprete no puede unificar o igualar, ya que por alguna razon la propia Constitucion da diferente tratamiento linguistico y no coloco en la redaccion del 144 la relegacion expresa "nacional". No es casual que la misma seccion del mismo Titulo y Capitulo Constitucional haga expreso tratamiento diferenciado para reservar en exclusiva a un particular instrumento normativo "organico" o "nacional" algun aspecto material cuando realmente queria consagrar a un unico legislador constitucionalmente competente y excluyente de otro.

En ilacion de lo expuesto de acuerdo a nuestra vision, cuando el Constituyente de 1999 alude en el precepto 144 al vocablo 'ley' quiere decir al instrumento legislativo de rango legal pertinente que provenga del organo funcional y territorialmente competente, indistintamente provenga de la Asamblea Nacional, de los Consejos Legislativos o de los Concejos Municipales,--segun el caso--que cree el Estatuto Funcionarial correspondiente a la regulacion de la relacion de empleo publico que en particular se trate, en la especifica orbita politico territorial Federal, Federada o Local--por consiguiente en estricto apego al diseno constitucional existiria vocacion y potestad normativa independiente para auto regular cada estamento en particular, y lo unica restriccion constitucional existente es que sea regulado mediante una normativa o instrumento de rango legal. Ya que cuando se aduce a la Administracion Publica, no se esta especificando estrictamente a la Administracion Federal sino a la Administracion Publica de manera generica, indistintamente sea la Federal, Estadual o Municipal, en consecuencia, lo que se deduciria del mandato del 144 es que existe una reserva legal para crear los estatutos funcionariales correspondientes a las materias especificamente de ingreso, ascenso, traslado, suspension y retiro, quedando al arbitrio y ejercicio soberano de cada Parlamento competente, establecer las particularidades pertinentes en cada orbita politico territorial.

4. Las razones esgrimidas por la Sala Constitucional para proceder a la suspension cautelar de las normas de la Ley Organica del Poder Publico Municipal

Ahora bien, en fecha 14 de octubre de 2005, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dimano un pronunciamiento interlocutorio a traves del cual declaro la suspension provisional de los efectos de los articulos 56 letra h, 95 cardinal 12, y 78 de la Ley Organica del Poder Publico Municipal en su caracter de acto normativo general dictado en fecha 8 de junio de 2005, dando prevalecencia a una ley anterior como era la Ley del Estatuto de la Funcion Publica, aunque las normas impugnada y suspendidas fueran de una ley posterior y organica.

Para ello se apoyo en los poderes cautelares del juez constitucional para dictar las medidas necesarias para asegurar la eficiencia de la sentencia definitiva que eventualmente se dictase en el proceso de nulidad del acto de naturaleza legislativa impugnado, y al evaluar el primer requisito de procedencia de dicha medida cautelar en relacion a la presuncion de buen derecho "fumus bonis iuris" asevero de manera simplista "que ciertamente, el mero contraste del texto de los articulos 144 y 147 de la Constitucion de 1999 respecto de las normas de la Ley Organica del Poder Publico Municipal objeto de la pretension de nulidad, hace afirmar a esta Sala, de manera presuntiva y sin que ello merme el analisis de constitucionalidad que debera realizarse durante el debate judicial, la existencia de una dicotomia normativa que sustenta suficientemente la presuncion de buen derecho".

Y afirmar que "la sola lectura de estas normas constitucionales llevan a considerar, en esta fase previa al debate, que el Constituyente de 1999 opto por la disposicion de la existencia de un Estatuto de la Funcion Publica que regira los aspectos principales del regimen aplicable a los funcionarios de la Administracion Publica, sin distincion alguna respecto del ambito de la organizacion administrativa a la que estos pertenezcan, esto es, sea nacional, estadal o municipal. Precisamente, con fundamento en esa interpretacion, se dicto la Ley del Estatuto de la Funcion Publica (reimpresa en Gaceta Oficial no. 37.522, de 6 de septiembre de 2002), cuyo articulo 1. dispone que "La presente Ley regira las relaciones de empleo publico entre los funcionarios y funcionarias publicos y las administraciones publicas nacionales, estadales y municipales ...".

En consecuencia, considera la Sala que, por cuanto podria haber dicotomia entre la regulacion de las normas fundamentales senaladas y las normas legales que se impugnaron, se cumple con el requisito de la presuncion del derecho reclamado en este caso. Asi se decide"

Con esta categorica asercion la Sala allano el fondo de la pretension anulatoria, pues adelanto nitidamente su posicion en la preponderancia de lo que a su lectura, consagra lo dispuesto en el 144 Constitucional en relacion a la existencia de un Estatuto Unico Funcionarial y a la primacia excluyente de la Ley del Estatuto de la Funcion Publica, vaciando con tal medida cautelar el contenido del futuro pronunciamiento que sobre la sentencia definitiva sobre la constitudonalidad de la Ley Organica del Poder Publico impugnada hubiere de recaer, lo cual se evidencio diafanamente de su exposicion al analizar la procedencia del requisito del peligro en la tardanza o mora "pelicurum in mora", al manifestar que si se expidieran "multiples estatutos funcionariales a traves de ordenanzas municipales existirian, de forma paralela, dos regimenes juridicos--el nacional y el municipal--aplicables, en principio, a los mismos empleados de la Administracion municipal, lo que implicaria una importante inseguridad juridica no solo en la resolucion de los procesos judiciales funcionariales que puedan plantearse ante los tribunales contencioso administrativo competentes, sino incluso en el correcto desenvolvimiento de las relaciones funcionariales entre las Administraciones locales y sus funcionarios, e incluso, las erogaciones que pudieran realizarse de forma indebida si en la definitiva llegara a concluirse en la inconstitucionalidad de las normas que se impugnaron."

De esta manera exigua, la Sala Constitucional se inclino abiertamente a certificar que de permitirse la aplicacion de los contenidos de la Ley Organica del Poder Publico Municipal,--la cual era organica en el ambito municipal y ley posterior a la Ley del Estatuto de la Funcion Publica-, se estaria generando una inseguridad juridica que impactaria sobre el ordenamiento juridico, y al ponderar los intereses generales en juego, decidio soslayar la competencia normativa del Municipio y de los Concejos Municipales respecto del Estatuto Funcionarial Municipal de los empleados locales, al considerar mas favorecedora la suspension de los efectos del instrumento impugnado, impidiendo su ejercicio y congelando asi la probabilidad de dictar Ordenanzas en materia de Funcion Publica Municipal, que permitieran la operatividad de esa potestad normativa por los Concejos Municipales.

No obstante, la Sala Constitucional tambien hubiera perfectamente podido optar por no acordar la suspension de los efectos de la Ley Organica del Poder Publico Municipal, al eventualmente evaluar que dicho instrumento legal fue una ley posterior a la Ley del Estatuto de la Funcion Publica y procedente de la misma Asamblea Nacional que actuo con el mismo caracter de legislador Federal frente a las dos leyes, pudiendo abandonar la idea de una reserva legal federal y reconociendo la autonomia normativa de la elite politico territorial municipal, sin embargo, esta no fue el via asumida por la Sala.

5. La declaratoria de nulidad de las Potestades Normativas del Municipio en materia de Funcion Publica Municipal

De la argumentacion explanada por la Sala en la sentencia interlocutoria que declaro la suspension de los efectos de las normas impugnadas, se avizoraba y era presumible el sentido y rumbo que la sentencia de fondo sobre la nulidad parcial de la Ley Organica del Poder Publico Municipal tomaria al momento de ser dictada. No obstante, antes de llegar ese momento procesal dentro del juicio de nulidad, en fecha 26 de abril de 2011, la Sala Constitucional tuvo la ocasion de pronunciarse en otro juicio donde se impugnaba el articulo 24 de la Constitucion del Estado Zulia, que establecia que la probabilidad que su Consejo Legislativo del Estado dictara la legislacion para regular el regimen de la Funcion Publica Estadual. En ese caso, la Sala proclamo la nulidad de dicho precepto sosteniendo que de acuerdo a su juicio, era palmaria la intencion del Constituyente de excluir el Estatuto General de la Funcion Publica de la autonomia de los entes descentralizados politico territoriales, ya que esa materia estaria sometida al principio de reserva legal nacional, y en la practica dicho articulo 24 era una invasion al ambito de competencias del Poder Legislativo Nacional, incurriendo asi el Legislador Regional de acuerdo a su vision era "una evidente usurpacion de funciones", vicio que conllevaria a la nulidad absoluta de tal norma de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 138 de la Constitucion.

Este pronunciamiento allano parcialmente el punto de vista de dicha Sala, en lo que posteriormente fue el fallo de fondo de la nulidad parcial de la Ley Organica del Poder Publico Municipal, en fecha 29 de enero de 2012, en el que se cito instrumentalmente a la referida sentencia No. 587 del caso citado Carlos Baralt Moran y otros vs Constitucion del Estado Zulia, pero tambien a la sentencia No. 3072, de fecha 4 de noviembre de 2003 caso Fiscal General de la Republica, que se referia singularmente a declaratorias de nulidad por la invasion de la competencia normativa reservada a la Federacion de regular la materia de jubilaciones y pensiones, sin embargo, la Sala en este caso lo hizo extensivo a toda la materia general de la Funcion Publica, sin explanar mayor argumento que la simple violacion de la reserva legal del Poder Nacional--segun su parecer--consagrado en los preceptos 144 y 147 de la Constitucion.

Con esta reiteracion la Sala hizo publico el obituario de la desaparicion de las potestades autonomicas normativas del Municipio en materia funcionarial, favoreciendo un estamento centralizador dictado desde el organo legislativo federal.

6. Notas al final

(1) Profesor Carlos Luis Carrillo Artiles. Profesor de Derecho Administrativo Universidad Central de Venezuela. Miembro del Instituto de Derecho Publico UCV. www.carrilloartiles.tv

(2) Al respecto ver nuestra posicion en: CARRILLO ARTILES, CARLOS LUIS. "La Reorbitacion de los deberes y derechos de los funcionarios publicos en la Ley del Estatuto de la Funcion Publica en Venezuela." El regimen juridico de la Funcion Publica en Venezuela. Volumen I. Fundacion Estudios de Derecho Administrativo. Caracas, 2003 paginas 57 a 90

(3) Esta Ley del Estatuto de la Funcion Publica fue promulgada en fecha 11 de julio de 2002 y fue publicada en la Gaceta Oficial No. 37.482, sin embargo, dicha Ley fue reimpresa por error material del ente emisor, en fecha 6 de septiembre de 2002, y vuelta a publicar con algunos cambios en la Gaceta Oficial No. 37.522

(4) Esto inclusive es reconocido expresamente por la sentencia de la Sala Constitucional que declaro la nulidad parcial de la Ley Organica del Poder Publico Municipal de fecha 29 de enero de 2012, objeto de estudio posterior en este trabajo

(5) Solo el Consejo Legislativo del Estado Zulia, al dictar su Constitucion del Estado en fecha 5 de agosto de 2003 publicada en la Gaceta Oficial del Estado Zulia bajo el No. 772 extraordinario del 13 de agosto de 2003, establecio en su art. 24 que el Consejo Legislativo del Estado dictaria la legislacion para regular el regimen de la funcion publica estadal, sin embargo, nunca llego a producirse tal normativa pues dicho precepto fue objeto de una accion de nulidad por inconstitucionalidad ejercida conjuntamente con una solicitud de amparo constitucional ejercida en fecha 2 de octubre de 2003 ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual fue declarada con lugar, bajo ponencia de la magistrada Luis Estela Morales, en fecha 26 de abril de 2011, sentencia 597 en el expediente 03-2594.

(6) Ejemplo de ello es la intervencion del Sindico Procurador Municipal del

Municipio Libertador del Distrito Capital, ciudadano Juan Pablo Torres Delgado, quien en fecha 02 de agosto de 2006, solicito su adhesion a la accion de nulidad presentada contra normas de la Ley Organica de Poder Publico Municipal de fecha 8 de junio de 2005 requiriendo que esa accion fuese declarada parcialmente con lugar.

(7) Emergieron dos posiciones doctrinarias, una liderada por el profesor Jesus Caballero Ortiz, quien justificaba la uniformidad de la materia estatutaria funcionarial y la operatividad de la Ley del Estatuto de la Funcion Publica como unica ley aplicable a la Administracion Federal y a la de los Estados y Municipios, postura que fue avalada en otra publicacion por la profesora Daniela Urosa Maggi, y compartida en conferencias por el profesor Jose Gregorio Silva; mientras que en contraposicion nos distanciabamos de esa vision doctrinal, otra vertiente de profesores que consideramos que en realidad esa Ley Estatutaria Federal, podria eventualmente ser inconstitucional al cercenar y desconocer las competencias y autonomia de los enunciados Estados y Municipios, sus poderes normativos y la interpretacion de una serie de preceptos constitucionales.

(8) CABALLERO ORTIZ, JESUS. "Bases Constitucionales del Derecho de la funcion Publica." Revista de Derecho Constitucional No. 5. Editorial Sherwood. Caracas. 2001. Pags. 21 a 46. Al igual que, CABALLERO ORTIZ, JESUS. "El nuevo Estatuto de la Funcion Publica y su aplicacion a los Estados y Municipios". Revista de Derecho del Tribunal Supremo de Justicia. Caracas. 2003. Pgs. 319 a 334.

(9) CABALLERO ORTIZ, JESUS. "El nuevo Estatuto de la Funcion Publica y su aplicacion a los Estados y Municipios". Obra Citada. Pag.323.

(10) Idem.

(11) En identico sentido, se suscribe UROSA MAGGI, DANIELA. "Regimen estatutario del funcionario publico en la Constitucion de 1999". En "El

Regimen juridico de la Funcion Publica en Venezuela" Libro homenaje a Hildegard de Sanso. Fundacion Estudios de Derecho Administrativo. FUNEDA. Caracas. 2003. Pag.

(12) Al respecto ver nuestra posicion: Carrillo Artiles, Carlos Luis. "El particular Estado Federal Venezolano y la Descentralizacion Administrativa en Venezuela" Gaceta Juridica No. 3. Universidad de Santander UDES. Julio --diciembre 2008. Bucaramanga Colombia. 2008

(13) RODRIGUEZ GARCIA, ARMANDO. "Las nuevas bases constitucionales de la estructura politico territorial en Venezuela". Revista de Derecho Administrativo. Editorial Sherwood. Caracas. 2000. Pag. 172

Carrillo Artiles, Carlos Luis * (1)

Recibido: 18/10/2014 / Aceptado: 24/11/2014
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Author:Carrillo Artiles, Carlos Luis
Publication:Revista Provincia
Article Type:Ensayo
Date:Jan 1, 2015
Words:5301
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