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La Suprema Corte de Justicia en Uruguay: entre instituciones formales e informales (1985-2018).

THE URUGUAYAN SUPREME COURT OF JUSTICE: BETWEEN FORMAL AND INFORMAL INSTITUTIONS (1985-2018)

INTRODUCCION

En las ultimas decadas, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha asumido un protagonismo inedito en el sistema politico uruguayo, al declarar inconstitucional un conjunto de leyes relevantes en el campo tributario, de la regulacion de los medios de comunicacion o de los derechos humanos. Estas sentencias plantearon un fuerte desafio a los poderes electos y llevaron en ocasiones a una confrontacion entre los distintos poderes del Estado.

El papel que ha ido adquiriendo la SCJ en ese pais pareciera alinearse con la expansion del poder de las cortes encargadas del control de la constitucionalidad de las leyes que, de acuerdo con distintos estudios, ha ocurrido en buena parte del mundo, y especialmente en los paises de America Latina (Brinks y Blass, 2017, 2018; Kapiszewski, Silverstein y Kagan, 2013; Rios-Figueroa, 2011).

No obstante, poco se conoce sobre los alcances del poder de la SCJ de Uruguay. Su papel politico no ha despertado, hasta ahora, el interes de la ciencia politica nacional, en buena medida porque la SCJ era considerada como un actor politico de escasa relevancia. El presente articulo comienza a cubrir este vacio, a traves del estudio de las instituciones formales e informales que pautan el funcionamiento de la SCJ de Uruguay en el periodo democratico postransicion (1985-2018), asi como del vinculo entre ambos tipos de instituciones.

?Cual es el alcance del poder formal de la Corte? ?Ha habido cambios en sus facultades formales? ?En que medida las instituciones informales que guian la integracion y el accionar de la Corte y del sistema politico frente a ella refuerzan o contrarrestan su poder formal?

Los principales resultados indican que la SCJ tiene un diseno institucional que le confiere una autonomia media, pero una autoridad baja para intervenir de forma decisiva sobre disputas politicas significativas. A su vez, durante la mayor parte del periodo considerado, el bajo nivel de poder formal de la Corte se ha visto reforzado por las instituciones informales que pautan la designacion de sus miembros y por el entendimiento que los jueces tienen sobre su papel en el sistema politico. Sin embargo, hay algunos indicios de cambio en las concepciones que los jueces de la Corte tienen sobre su rol profesional, que podrian estar generando un mayor activismo de este organismo.

El articulo se divide en cinco secciones. En la primera parte se presentan los conceptos clave que enmarcan el estudio del poder de las cortes superiores de justicia y de las instituciones informales mas relevantes. En la segunda parte se plantean la metodologia y fuentes utilizadas. En la tercera parte se analiza el alcance del poder formal de la SCJ y se la ubica en el contexto regional. En la cuarta parte se realiza una primera aproximacion al analisis de las instituciones informales y al funcionamiento de la SCJ en la practica. Finalmente, en la ultima seccion, se resumen los principales hallazgos y se plantean posibles lineas de investigacion futuras.

EL PODER DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA COMO OBJETO DE ESTUDIO. INSTITUCIONES FORMALES E INFORMALES

Poder formal y de facto

El control de constitucionalidad de las leyes a cargo de las cortes superiores de justicia es una de las facultades mas relevantes del poder judicial, que permite a los jueces garantizar que la legislacion guarde conformidad con lo que establece la constitucion. Al revisar la constitucionalidad de las leyes, las decisiones que adoptan dichas cortes tienen consecuencias politicas sobre el funcionamiento de la democracia, el relacionamiento entre poderes y el proceso de definicion de las politicas publicas (Huneeus, Couso y Sieder, 2010; Kapiszewski y Taylor, 2008). No obstante, el poder que tienen las Cortes para desarrollar esa funcion varia decisivamente en los paises de America Latina (Borges, Castagnola y Perez-Linan, 2012; Rios-Figueroa, 2011).

Para aproximarse a una caracterizacion de los alcances del poder de las cortes, una primera distincion conceptual es la que refiere al poder formal, de jure, y el poder efectivo, defacto, de la corte (Staton, 2010; Brinks y Blass, 2017). Esta distincion parte de la idea de que una corte puede tener formalmente amplias atribuciones para generar los resultados que prefiere, pero no lograrlo en la practica (Staton, 2010).

En la literatura se plantean diferentes criterios para caracterizar el poder formal y de facto (1). En lo que refiere al poder formal, en este articulo retomamos la conceptualizacion planteada por Brinks y Blass (2017, 2018), que utilizan las categorias corrientemente consideradas, pero realizan un aporte relevante a partir de la forma como organizan la estructura del concepto, su operacionalizacion y medicion.

Desde su perspectiva, una corte poderosa sera aquella que cuente con autonomia para decidir con base en sus preferencias--imparciales y distintas de un unico actor externo--, y disponga de autoridad para intervenir de forma decisiva sobre disputas politicas significativas a demanda de un conjunto amplio de actores.

Asi, estos autores desagregan el poder formal de la corte en terminos de tres dimensiones: i) autonomia ex ante, que refiere al grado en que la corte esta libre del control de un interes externo unilateral en el momento de la designacion de los jueces. Su operacionalizacion tiene en cuenta el pluralismo del proceso de designacion; ii) autonomia ex post, relativa a los mecanismos de destitucion de los jueces, y entendida como el grado en que una corte esta libre de presiones de un actor particular luego de que los jueces fueron designados. Su operacionalizacion considera el grado de aislamiento de los jueces una vez que estan en el cargo; y iii) autoridad, que refiere a la naturaleza y el ambito de accion de la corte, en lo que hace a su alcance jurisdiccional, accesibilidad y el caracter decisivo de sus resoluciones.

Instituciones informales

El funcionamiento de las cortes superiores de justicia no esta solo pautado por las reglas formales, sino que las instituciones informales suelen ser sumamente influyentes al condicionar la forma como las instituciones formales operan (Brinks, 2006; Helmke y Levitsky, 2006; Pozas-Loyo y Rios-Figueroa, 2018).

Segun Helmke y Levitsky (2006), las instituciones informales consisten en "reglas socialmente compartidas, usualmente no escritas, que son creadas, comunicadas e implementadas por fuera de los canales oficiales" (p. 3). Un elemento relevante de esta conceptualizacion es que las instituciones informales requieren la existencia de expectativas compartidas entre los actores involucrados, quienes deben creer que el incumplimiento de la regla informal acarreara algun tipo de sancion.

En el campo de los estudios de judicial politics, Kapiszewski (2012, p. 24) argumenta que el comportamiento de las cortes se encuentra pautado por un conjunto de reglas y practicas informales, que sin estar escritas en la ley o en la constitucion, orientan el comportamiento de los distintos actores involucrados (2).

Entre las reglas informales se destacan las practicas persistentes en el tiempo que se utilizan para la designacion de los jueces de la corte y el termino del mandato de los mismos. El analisis debe considerar en que medida las designaciones se ajustan a los procedimientos establecidos (o existen desvios en relacion con la normativa), asi como si existen lagunas o ambiguedades en la normativa que habiliten el desarrollo de practicas especificas.

Asimismo, la modalidad de designacion de los jueces de la corte influye sobre otros de sus atributos informales, como el perfil profesional de sus miembros, la estabilidad de su integracion y su legitimidad a nivel de la comunidad legal, ciudadania y de las elites politicas (Kapiszewski, 2012). En conjunto, estos atributos configuran cortes que presentan diferentes perfiles: algunas mas profesionales, como la Corte "estatista" de Brasil, otras mas politizadas, como la de Argentina (Kapiszewski, 2012).

De forma complementaria, es importante considerar las concepciones que los jueces tienen sobre su rol profesional y el alcance de su intervencion en asuntos politicos, a fin de comprender su actuacion mas bien activa o pasiva (Couso y Hilbink, 2011; Hilbink, 2012, 2014) (3). Desde nuestra perspectiva, este aspecto puede constituirse en una institucion informal, en la medida en que se traduzca en una practica recurrente basada en incentivos, expectativas comunes, y en la posibilidad de que el apartamiento de esa pauta de comportamiento pueda acarrear una sancion.

En un extremo, los miembros de la corte pueden concebir su papel en el sistema politico como pasivo, y limitar asi el alcance de su intervencion en los asuntos politicos, mientras que, en el otro extremo, pueden tener una concepcion activa, que los aliente a ser asertivos en relacion con los asuntos que llegan a ser dirimidos en la corte.

La interaccion entre instituciones formales e informales

La importancia del analisis de las instituciones informales deriva del hecho de que estas pueden complementar o competir con el funcionamiento promovido por las instituciones formales (Helmke y Levitsky, 2006). En ese sentido, las instituciones informales pueden potenciar o disminuir el poder formal de la corte. Por una parte, las practicas institucionalizadas de designacion y remocion de los miembros de la corte influyen sobre sus niveles de autonomia, al incentivar su dependencia o independencia de los poderes electos. Por otra parte, la concepcion que los jueces tienen sobre su papel en el sistema politico puede reforzar o contrarrestar los niveles de autoridad que surgen del diseno formal.

En este sentido, nuestro argumento es que el bajo nivel de poder formal de la SCJ uruguaya se ha visto reforzado por las instituciones informales que pautan la designacion y el termino del mandato de los jueces, asi como por el entendimiento que los jueces tienen sobre su rol profesional. Eso implica que las instituciones formales y las practicas informales han tenido, durante la mayor parte del periodo de estudio, una relacion de complementariedad. Especificamente, las practicas informales de designacion de los magistrados de la Corte han permitido altos niveles de autonomia, pero al mismo tiempo han contribuido a generar una Corte integrada por jueces de carrera, que tienen un entendimiento predominantemente conservador sobre su rol en el sistema politico.

METODOLOGIA

El articulo plantea un estudio de caso descriptivo sobre los alcances del poder formal de la SCJ en Uruguay, las instituciones informales que pautan su funcionamiento y la vinculacion entre ambos.

Para testear el argumento de caracter descriptivo, en primer lugar se aplican los conceptos, los criterios y el esquema de codificacion planteados por Brinks y Blass (2018) a la normativa que define las facultades y la autonomia de la SCJ de Uruguay durante el periodo 1985-2018. Luego, se realiza una primera aproximacion al analisis de las instituciones informales de la SCJ y del sistema politico en relacion con ella para, finalmente, considerar las relaciones entre reglas formales e informales.

Mientras que el diseno institucional formal es facilmente reconocible a partir del estudio de las normas escritas, las instituciones informales son mas dificiles de aprehender. La tabla 1 resume la estrategia metodologica, al plantear la operacionalizacion de cada una de las dimensiones de analisis y las fuentes utilizadas.

Como se senalo, las instituciones informales que pautan la designacion y el termino del mandato de los jueces influyen en la estabilidad y el perfil profesional de la Corte. Estos aspectos seran analizados a partir de las fuentes y los indicadores que se presentan en la tabla 2.

EL PODER DE JURE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN URUGUAY

A partir del analisis de los atributos institucionales formales de la SCJ de Uruguay surge que este organismo cuenta con una autonomia media, pero con una autoridad limitada para influir sobre asuntos politicos decisivos.

La SCJ se destaca, ademas, por poseer un diseno institucional estable. En 1934 la Constitucion creo este organismo, le otorgo la facultad del control de constitucionalidad de las leyes y establecio sus principales caracteristicas, que terminaron de configurarse con la Constitucion de 1966 (Esteva Gallichio, 1997; Gros Espiell, 2012) (4). Desde entonces, el diseno institucional ha experimentado pocos cambios, con la excepcion del periodo autoritario, cuando los nuevos integrantes de la Corte fueron designados por un "Consejo de Estado", ya no de acuerdo con los dispositivos constitucionales y legales (Gros Espiell y Esteva Gallichio, 2008; Sarlo, 2010). Con la restauracion de la democracia, en 1985, se volvio a la institucionalidad anterior al golpe (Gros, 2012).

La estabilidad del diseno institucional de la SCJ en Uruguay contrasta con los frecuentes cambios institucionales y con el aumento del poder formal de las cortes en numerosos paises de la region durante la tercera ola de la democracia (Brinks y Blass, 2017, 2018; Kapiszewski, 2012; Rios-Figueroa, 2011).

Autonomia ex ante

El procedimiento de designacion de los miembros de la Corte, que se establecio en 1934, dispuso que sus cinco integrantes serian nominados por la Asamblea General con una mayoria especial de dos tercios de componentes (Gros Espiell, 2012). Por consiguiente, la designacion de los magistrados no esta sujeta al control de un unico actor politico, sino que requiere la realizacion de acuerdos politicos en el Parlamento entre diferentes partidos, y le da una participacion relevante a los partidos de oposicion a traves del requerimiento supermayoritario. Dicho procedimiento excluye tanto al Poder Ejecutivo de la designacion de los jueces como a actores extrapoliticos, como la Asociacion de Abogados u otras organizaciones sociales interesadas en la materia, que en otros paises suelen participar.

Con la Constitucion de 1966 se agrego un mecanismo subsidiario de designacion automatica, vigente en la actualidad, para intentar resolver las vacantes que con frecuencia se generaban a raiz de la dificultad de reunir las mayorias especiales requeridas para designar a los ministros. Este procedimiento se utiliza cuando pasados los 90 dias de producida la vacante, si en la Asamblea General no se alcanza la mayoria especial requerida, se designa automaticamente al miembro de los tribunales de apelaciones de mayor antiguedad.

En suma, la SCJ presenta un nivel de autonomia ex ante medio, que se encuentra apenas por encima de la media de los paises de la region (5).

Autonomia ex post

Una vez que los jueces de la SCJ estan en el cargo, disponen de un nivel de autonomia media.

El control de este organismo corresponde al Parlamento, con un requerimiento super-mayoritario para remover a los ministros. La destitucion procede en caso de violacion de la Constitucion u otros delitos graves, lo cual habilita a realizarles un juicio politico en el Parlamento. De este procedimiento participan dos actores colectivos--la Camara de Diputados plantea la denuncia y la Camara de Senadores juzga--y se requiere de dos tercios de votos de la Camara de Senadores para que un ministro de la Corte sea separado del cargo (arts. 93, 102 y 103 de la Constitucion). El Poder Ejecutivo no participa del control ex post.

En lo que refiere al mandato de los jueces de la Corte, la literatura considera que cuanto mas extenso sea, mayor autonomia tendra el juez. A su vez, mandatos cortos no renovables disminuyen moderadamente la autonomia, mientras que mandatos cortos renovables la coartan, ya que puede llevar a que los jueces sean solicitos ante los politicos que los podrian volver a designar. Por esa razon, cuanto menor sea la edad obligatoria de retiro de los jueces, menor sera la autonomia de los miembros de la Corte (Brinks y Blass, 2017).

En el caso de Uruguay, los jueces de la SCJ tienen mandatos de extension media (10 anos), pero renovables luego de 5 anos de finalizacion del mandato anterior. Ademas, por disposicion constitucional, los jueces deben retirarse a los 70 anos de edad. En conjunto, estos elementos dan lugar a un nivel de autonomia medio.

El numero de jueces que integra la SCJ esta definido en la Constitucion (art. 234) y no puede ser modificado por una ley. Ello impide que el Gobierno manipule el numero de jueces que integran la Corte para crear una composicion que este en linea con sus preferencias.

En relacion con el salario de los jueces, cuando este es establecido en la Constitucion, se encuentra mas protegido de manipulaciones politicas que cuando es fijado por ley. En el caso de Uruguay, la Constitucion dispone que el Poder Legislativo establece el salario de los miembros de la SCJ (art. 238). No obstante, el salario equivale al de los ministros del Poder Ejecutivo (Ley 15.750, art. 85), lo cual le otorga cierta "proteccion" a las remuneraciones de los jueces, que de esa forma quedan vinculadas a las del Poder Ejecutivo. Estos elementos conducen a que en este aspecto el nivel de autonomia sea calificado como medio.

No obstante, el talon de Aquiles de la autonomia de la SCJ es la asignacion presupuestal, que corre por cuenta del Poder Ejecutivo con la aprobacion del Poder Legislativo. Segun dispone la Constitucion (art. 239), a la SCJ le compete elaborar el presupuesto del Poder Judicial y enviarlo al Poder Ejecutivo. A partir de alli "el Poder Ejecutivo podra modificar los proyectos originarios y sometera estos y las modificaciones al Poder Legislativo" (art. 220), con lo que los poderes electos tienen la ultima palabra en la asignacion presupuestal del Poder Judicial (6).

En suma, la SCJ tiene una autonomia ex post media, fuertemente restringida por la falta de independencia presupuestal (7).

Autoridad de la Suprema Corte de Justicia

La SCJ de Uruguay cuenta con baja autoridad para influir sobre asuntos politicos decisivos. Su ambito de accion es restringido, ya que, en primer termino, si bien la Constitucion reconoce un conjunto amplio de derechos (8), la SCJ no tiene atribuciones para actuar en casos en que estos se vean amenazados o lesionados. La proteccion de los derechos fundamentales se produce a traves de la accion de amparo, de los recursos de habeas corpus y de habeas data, que son presentados y resueltos ante los juzgados especializados de primera instancia, cuyas apelaciones son consideradas por los respectivos tribunales de apelacion, sin llegar a la SCJ (Losing, 2002).

En segundo lugar, el instrumento del que dispone la SCJ para el control de constitucionalidad de las leyes y los decretos de los gobiernos departamentales que tengan fuerza de ley en su jurisdiccion tiene alcance restringido (9). El control de constitucionalidad se realiza de forma concentrada en la SCJ, sin que haya otros tribunales que tengan facultad en la materia. La declaracion de inconstitucionalidad de una ley tiene solo efectos interpartes, lo cual genera su inaplicabilidad para el caso concreto, sin tener efectos directos sobre su vigencia (10). A diferencia de otras cortes a nivel regional, la SCJ uruguaya solo puede revisar la constitucionalidad de las leyes en el caso concreto (no en abstracto) y a posteriori (vease Rios-Figueroa, 2011).

Ademas, el acceso al instrumento legal que permite el control de constitucionalidad de las leyes es restringido. Solo la "parte interesada" o el juez o tribunal que entienda en el asunto pueden reclamar la inconstitucionalidad de una ley. La presentacion de una solicitud de declaracion de inconstitucionalidad no esta, por tanto, disponible para cualquier ciudadano o persona juridica, sino para aquellos que se vean afectados por la ley que se quiere impugnar. Ello supone que pueden existir leyes que, siendo inconstitucionales, no sean consideradas por la SCJ en la medida en que no haya alguna parte afectada por ellas.

En conjunto, estos atributos restringen fuertemente la autoridad de la SCJ de Uruguay, que, como se aprecia en la figura 1.b, se encuentra por debajo del promedio regional en dicho indicador.

El poder de jure de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay en la comparacion regional

La combinacion de distintos niveles de autonomia y de autoridad da lugar a cortes con distintos niveles de poder formal (Brinks y Blass, 2018). En cotejo con los paises de America Latina la SCJ de Uruguay tiene niveles de autonomia formal medios (apenas por encima del promedio regional) y de autoridad muy bajos e inferiores a la media de los paises de la region (11). Esa configuracion hace esperar que la SCJ tiene un papel restringido en la politica, y se concentra en garantizar el cumplimiento de las reglas de juego basicas ("Corte arbitro procedimental", figura 1, cuadrante 2).

En cambio, las cortes que carecen de autonomia y de autoridad son politicamente irrelevantes ("Corte lateral", cuadrante 1). En el otro extremo, una corte autonoma y con amplia autoridad tiene la posibilidad de influir sobre el proceso politico y, en ocasiones, desafiar a los poderes electos ("Fuerte jugadora en las politicas publica", cuadrante 4). Finalmente, una corte con una amplia autoridad y baja autonomia es politicamente influyente, pero mantiene una posicion deferente con las preferencias del poder ejecutivo ("Corte aliada del regimen", cuadrante 3).

Finalmente, la comparacion regional permite destacar la estabilidad del diseno institucional, y, por consiguiente, del poder de jure, de la SCJ de Uruguay (12). En contraste, en la mayor parte de los paises de la region las cortes han aumentado sus niveles de autoridad --y especialmente de autonomia--, durante la tercera ola de la democracia (Brinks y Blass, 2018, fig. 2.4) (Vease figura 1a y b).

LAS INSTITUCIONES INFORMALES DE LA SCJ

El analisis del diseno institucional formal mostro que la SCJ de Uruguay tiene una autonomia media, pero escasa autoridad para influir en asuntos politicamente relevantes. ?De que forma las reglas formales operan en la practica? ?Las instituciones informales afectan los niveles efectivos de autoridad y autonomia de este organismo?

La designacion de los jueces y sus efectos sobre el caracter de la SCJ

La principal institucion informal es la que guia la designacion de los jueces que integran la SCJ. Dicha practica, que ha predominado durante el periodo democratico postransicion, implica que la Asamblea General considera la lista de los ministros del Tribunal de Apelaciones mas antiguos, para entre ellos elegir quien llenara la vacante de la SCJ. Este procedimiento no es una exigencia formal, pues para ser miembro de la Corte solo se requiere contar con 40 anos de edad, tener la ciudadania natural o legal con diez anos de ejercicio y veinticinco de residencia en el pais, y ser abogado con diez anos de antiguedad o haber ejercido con esa calidad la Judicatura o el Ministerio Publico o Fiscal por ocho anos (Constitucion, art. 235). Sin embargo, sistematicamente el Congreso ha optado por designar como miembros de la SCJ casi exclusivamente a jueces que cuentan con una extensa carrera judicial.

Al analizar la practica de designacion de los jueces de la Corte se observa que en la mayor parte de los casos el sistema politico llego a un acuerdo politico (17 nominaciones, 63 %), en siete ocasiones se opto por la designacion automatica del ministro mas antiguo del Tribunal de Apelaciones (26 %), y en cuatro oportunidades se voto al ministro mas antiguo pero adelantando la designacion para poder llenar la vacante antes del plazo de 90 dias (14 %) (figura 2) (13).

A su vez, los poderes electos nunca han modificado la integracion de la Corte de forma irregular. La totalidad de los jueces de la SCJ han finalizado su mandato por alguno de los motivos previstos en la Constitucion--edad de retiro o diez anos en el cargo--. Tampoco ha habido experiencias de juicio politico para destituir a los integrantes de ese organismo ni intentos de modificar el tamano de la Corte (14).

Como senalamos, la institucion informal que guia la designacion de los jueces condiciona el caracter de la Corte al determinar el perfil profesional de sus miembros y su estabilidad.

En lo que se refiere al perfil profesional, a lo largo de la historia todos sus miembros han provenido, salvo dos excepciones, de la carrera judicial (Gros, 2012). Por consiguiente, el control de constitucionalidad de las leyes esta en manos de jueces entrenados en la interpretacion de la ley mas que en el juicio de constitucionalidad de la misma (Burstin, Delgado, Gomez, Rodriguez y Sarlo, 2009, pp. 130-131).

Esta dinamica politica de designacion de los jueces ha dado lugar a una SCJ estable. Durante el periodo democratico reciente, los miembros de la Corte han permanecido en su cargo, en promedio, durante 6,5 anos. No obstante, el tiempo de duracion de los mandatos ha variado: de los 23 jueces de la SCJ que han finalizado su mandato, un 57 % tuvo mandatos extensos (de entre 7 y 10 anos), un 22 % mandatos medios (entre 4 y 6 anos) y un 22 % mandatos muy breves (entre 1 y 3 anos) (figura 3) (15). La regla de retiro de los magistrados a los 70 anos de edad, junto a la practica de que los integrantes de la SCJ sean escogidos entre los jueces de los tribunales de apelaciones, y, en algunas ocasiones, entre los mas antiguos, lleva a que desde 1985 solo cinco magistrados hayan completado los 10 anos de mandato previstos como el tiempo maximo (23 % del total). Del resto, 16 jueces (73 %) han concluido su mandato por llegar a la edad de retiro obligatoria, y uno fallecio.

Por consiguiente, la institucion informal que guia la designacion y destitucion de los jueces refuerza: i) los niveles de autonomia medios que surgen del diseno formal, al garantizar que los jueces no esten sujetos al control de un unico actor externo; y ii) el caracter restringido de la autoridad de la Corte, al consagrar una Corte integrada por jueces de carrera.

La concepcion de los jueces sobre su rol en el sistema politico

En la SCJ ha predominado, durante la mayor parte del periodo democratico postransicion, una creencia y expectativa compartida en relacion con que este organismo debe tener un papel pasivo dentro el sistema politico. Tanto los estudios juridicos como el analisis de un conjunto de sentencias emitidas por la SCJ indican que usualmente este organismo ha cumplido una funcion de legitimacion del sistema politico, antes que una funcion de "control" del mismo, a partir de la "presuncion de constitucionalidad" de las leyes (Burstin et al., 2009; Risso, 2014, 2016; Sarlo, 2005, 2010; Sarlo y Trujillo, 2007).

Los miembros de la Corte indican con frecuencia la importancia de preservar la separacion de poderes y evitar "el deslice hacia el llamado 'Gobierno de los Jueces'":

Es que [...] no debe olvidarse que el Poder Judicial administra la justicia, no gobierna al pais ni dicta Leyes [...]. Este principio basico de la division e independencia [de los Poderes del Estado] alcanza a los jueces constitucionales que deben actuar en una funcion estrictamente reglada a derecho y resolver por razones y determinaciones puramente juridicas [...]. De no ser asi, se arriesga que el Poder Judicial se deslice hacia el llamado "Gobierno de los Jueces", lo que constituye una arbitrariedad grave, que se consuma invocando una pretendida interpretacion de la Ley, por mas digna y honesta que pueda ser la inspiracion que anima al magistrado (discordia extendida por el Dr. Daniel Gutierrez, en sentencia 43/2008; sentencias 95/2008, 155/2008, 4632/2011 y 620/2012 de la Corte) (Sentencia 2/2018)

Se reclama tambien que prevalezca un "criterio de prudencia, autolimitacion y mesura a la hora de decidir la compatibilidad entre una norma legal y las reglas y principios constitucionales a los que debe someterse", evitando "el peligro de que el decisor judicial incursione en cuestiones de naturaleza politica ajenas a sus cometidos funcionales" (Sentencia 528/2016).

Usualmente, la Corte ha presumido la constitucionalidad de las leyes, y el criterio predominante ha sido que estas seran declaradas inconstitucionales unicamente cuando su condicion de tal sea evidente e irrefutable:

Toda Ley goza de la presuncion de regularidad constitucional mientras no se pruebe lo contrario (Sentencias 212/65, 64/97, 29/80, 235/85, 266/86, 184/87, 152/91, 86/93, entre otras), posicion que comparte distinguida doctrina. En este sentido, el Prof. Vescovi ha afirmado que: "[...] la constitucionalidad de la Ley es el principio y la ilegitimidad la excepcion. Y como excepcion, limitada y de interpretacion estricta. Por eso es a quien invoca dicha situacion anormal que corresponde la carga de probar, y de 'modo irrefragable', que existe incompatibilidad entre la norma constitucional y la legal. Se trataria de una 'presuncion de legitimidad' (El proceso de inconstitucionalidad de la Ley, pp. 130 y ss.)". La incompatibilidad, pues, debe ser manifiesta, ya que como certeramente expresa W. Willoughby (The Constitutional Law of the United States, t. I, pp. 26) "[...] un acto de un cuerpo legislativo coordinado no debe ser declarado inconstitucional si, mediante una interpretacion razonable de la Constitucion o de la misma Ley, ambos pueden ser armonizados" (Sentencia 744/1994)

En general, los miembros de la SCJ han entendido que una ley debe ser declarada inconstitucional cuando "admite una sola, unica y clara interpretacion, y esta, por lo privativa, viola las normas de la Carta" (Sentencia 558/2013).

Este tipo de practicas de la SCJ han contribuido a limitar el alcance del control constitucional de las leyes, en relacion con el ya restrictivo diseno institucional formal. Muchas de las practicas informales, que estan presentes de forma persistente, han reforzado el caracter restrictivo de la SCJ en buena parte del periodo democratico postransicion.

Aun cuando es la vision predominante, en un conjunto de sentencias recientes un juez discorde ha cuestionado la nocion de "presuncion de constitucionalidad", afirmando que:

... en el estadio actual de interpretacion del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Constitucional, es inapropiado hacer referencias a que las Leyes se presumen constitucionales. Esta afirmacion lleva a una contradiccion insalvable con la aplicacion del bloque constitucionalidad y contra los conceptos actuales de interpretacion: interpretar la norma de rango superior a partir de la norma de rango inferior, en invocacion de una supuesta presuncion de constitucionalidad de la Ley, de creacion pretoriana preterita y que no tiene fundamento en el texto de la Carta. Es la concrecion de la perimida concepcion de la autosuficiencia de la Ley y de su supremacia practica sobre las normas de rango superior. El interprete de la Constitucion debe realizar un analisis desde los principios, valores y normas constitucionales, aplicando el bloque de constitucionalidad buscando su armonizacion a partir de los principios pro homine y de especialidad (Sentencia 435/2016).

En linea con ello, el analisis de la evolucion de numero de sentencias que declaran la inconstitucionalidad de las leyes y, entre estas, de las sentencias divididas--sin votacion unanime--, muestra que existen algunos indicios de cambio en esta practica informal institucionalizada (Sarlo, 2008; Risso, 2014).

La figura 3 presenta el universo de sentencias de la SCJ que declaran la inconstitucionalidad de leyes entre 1990 y 2017 (851) y del subgrupo de sentencias en las que el dictamen muestra una votacion no unanime (dividida) de sus miembros (638) (16).

La figura 3 muestra que en los ultimos diez anos se produjo un aumento tanto de las sentencias de la SCJ que declaran la inconstitucionalidad de alguna ley como de aquellas que son dictaminadas en forma dividida. El aumento de las declaraciones de inconstitucionalidad permite apreciar un cambio en el accionar de la SCJ, que podria ser indicativo de la alteracion de su vision restrictiva sobre su rol en el sistema politico. Asimismo, el fuerte aumento en las sentencias divididas puede ser interpretado como un indicio de cambio en la practica informal de la SCJ, en el sentido de que, como senalamos, esta implicaba que solo se declaraban inconstitucionales aquellas normas cuya inconstitucionalidad fuera evidente e irrefutable. Ello conllevaba que dificilmente la SCJ adoptara decisiones que no contaran con la anuencia de todos sus miembros. El aumento del numero de sentencias divididas muestra que en los ultimos diez anos la SCJ paso a declarar inconstitucionales normas cuya inconstitucionalidad no es evidente para todos los jueces que la integran.

Tambien es importante destacar que las leyes que han sido cuestionadas en este ultimo periodo corresponden a politicas publicas centrales del gobierno del Frente Amplio y han tenido gran visibilidad publica. Entre estas cabe destacar algunas leyes que decretan impuestos, regulan los medios de comunicacion o establecen la caducidad de la pretension punitiva del Estado en casos de violacion de derechos humanos durante la dictadura civico-militar (17).

En suma, existen indicios de cambio en el entendimiento que los jueces tienen sobre su rol profesional, desde un perfil pasivo a uno mas activo, que deberan ser comprobados a partir de estudios que profundicen en el analisis del conjunto de sentencias de la SCJ. De ser asi, esta institucion informal ya no resultaria complementaria con las reglas formales que pautan los niveles de autoridad de la SCJ, sino que estarian contrarrestando sus efectos, y aumentando el poder de facto de la Corte.

CONCLUSIONES

El presente articulo mostro la importancia de analizar las instituciones judiciales formales junto a las instituciones informales que modelan y restringen el comportamiento politico de las cortes superiores de justicia.

Se constato que, formalmente, la SCJ de Uruguay cuenta con una autonomia media pero baja autoridad para decidir sobre asuntos politicos relevantes. A diferencia de los paises de la region, el diseno institucional formal de la Corte, y buena parte de las practicas de los poderes electos hacia ese organismo, no se han modificado por decadas. Los sucesivos gobiernos no han transformado las reglas que rigen la SCJ: mantuvieron sin variaciones el tamano de la Corte, reemplazaron a los jueces solo cuando las vacantes ocurrian naturalmente, y siguieron la practica informal de designar a los jueces del Tribunal de Apelaciones, que cuentan con una extensa experiencia en la carrera judicial. En ese sentido, no ha habido intentos de manipulacion politica de la Corte. La institucion informal que guia la designacion y destitucion de sus miembros se ha mantenido estable. Todo esto confirma que la SCJ goza en la practica de una autonomia considerable.

Por otro lado, presenta fuertes limitaciones en el plano de su autoridad formal. Dichas limitaciones han sido potenciadas en la practica por el entendimiento que los jueces tienen sobre el rol profesional, que tradicionalmente ha establecido una vision restrictiva sobre su papel en el sistema politico. El perfil profesional de los miembros de la Corte, que ha sido integrada predominantemente por jueces que tienen una extensa carrera en el Poder Judicial, contribuye a configurar el caracter restrictivo de este actor. No obstante, aparecen algunos indicios de cambios en la concepcion del rol profesional de los jueces, que podrian estar ambientando un mayor protagonismo de la Corte en el escenario politico.

En suma, el analisis mostro que las instituciones informales reforzaron los niveles de autonomia de la SCJ, pero limitaron durante buena parte del periodo los niveles de autoridad que surgen del diseno institucional formal, aunque este ultimo aspecto pareciera estar cambiando.

De esa forma, el articulo contribuyo a responder preguntas fundamentalmente descriptivas, como un primer paso necesario para despues desarrollar modelos explicativos sobre las decisiones de la Corte y su interaccion con los poderes electos. Queda planteado un conjunto de asuntos por indagar, que refieren a los procesos que llevan a la formacion, persistencia y transformacion de las instituciones informales. Conjuntamente, otra interrogante refiere a si ha habido un cambio significativo en la forma como la SCJ realiza el control de constitucionalidad de las leyes, y cual ha sido la influencia de las instituciones informales en ese proceso.

DOI: https://doi.org/10.18601/16578651.n24.03

REFERENCIAS

Antia, F. y Vairo, D. (2019). Politica y justicia en Uruguay: el poder de la Suprema Corte de Justicia (1990-2018). Revista Uruguaya de Ciencia Politica, 28(2).

Basabe-Serrano, S. (2015). Informal institutions and judicial independence in paraguay, 1954-2011: Judicial independence in Paraguay. Law & Policy, 37(4), 350-378. https://doi.org/10.1111/ lapo.12038

Blengio Valdes, M. (2010). Codigo de derechos humanos. Montevideo: Konrad-Adenauer Stiftung.

Borges, O. L., Castagnola, A. y Perez-Linan, A. (2012). Diseno constitucional y estabilidad judicial en America Latina, 1900-2009. Politica y Gobierno, XIX(1), 3-40.

Brinks, D. M. (2006). The rule of (non)law: Prosecuting police killings in Brazil and Argentina. En G. Helmke y S. Levitsky (eds.), Informal institutions and Democracy: Lessons from Latin America (pp. 201-226). Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Brinks, D. M. y Blass, A. (2017). Rethinking judicial empowerment: The new foundations of constitutional justice. International Journal of Constitutional Law, 15(2), 296-331. https:// doi.org/10.1093/icon/mox045

Brinks, D. M. y Blass, A. (2018a). The DNA of Constitutional Justice in Latin America: Politics, Governance, and Judicial Design. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316823538

Burstin, D., Delgado, S., Gomez Leiza, J., Rodriguez Carrau, G. y Sarlo, O. (2009). La constitucion uruguaya ?rigida o flexible? Un estudio de teoria constitucional contemporanea aplicada al caso uruguayo. Montevideo: Facultad de Derecho.

Correa Freitas, R. (2002). La inconstitucionalidad de los actos legislativos en el Uruguay. Justicia Constitucional, 6, 33-66.

Couso, J. y Hilbink, L. (2011). From quietism to incipient activism. En G. Helmke y J. Rios-Figueroa (eds.), Courts in Latin America (pp. 99-127). Cambridge: Cambridge University Press. https:// doi.org/10.1017/CBO9780511976520.005

El Espectador (2008). CAP evalua acciones legales contra Rodriguez Caorsi. Recuperado de http://www. espectador.com/politica/118204/cap-evaluaacciones-legales-contra-rodriguez-caorsi

Esteva Gallichio, E. (1997). La jurisdiccion constitucional en Uruguay. En E. Garcia Belaunde y F. Fernandez Segado (eds.), La jurisdiccion constitucional en Iberoamerica. Madrid: Dykinson.

Gargarella, R. (2011). La justicia frente al gobierno. Sobre el caracter contramayoritario del poder judicial. Quito: Corte Constitucional para el Periodo de Transicion.

Gros Espiell, H. (2012). El estatuto juridico del juez constitucional. Uruguay. En Estatuto juridico del juez constitucional en America Latina y Europa. Libro homenaje al doctro Jorge Carpizo. Ciudad de Mexico: Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM.

Gros Espiell, H. y Esteva Gallichio, E. G. (2008). La evolucion politico-constitucional de Uruguay entre 1975 y 2005. Estudios Constitucionales, 6(2), 399-433.

Helmke, G. y Levitsky, S. (2006). Introduction. En G. Helmke y S. Levitsky (eds.), Informal institutions and democracy: Lessons from Latin America (pp. 1-32). Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Hilbink, L. (2012). The Origins of positive judicial independence. World Politics, 64(04), 587-621. https://doi.org/10.1017/S0043887112000160

Hilbink, L. (2014). Jueces y politica en democracia y dictadura: lecciones desde Chile. Mexico DF: FLACSO.

Huneeus, A., Couso, J. y Sieder, R. (2010). Cultures of legality: Judicialization and Political activism in contemporary Latin America. En J. Couso, A. Huneeus y R. Sieder (eds.), Cultures of Legality (pp. 3-22). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/ cBo9780511730269.001

Ingram, M. C. (2015). Judicial Power in Latin America. Latin American Research Review, 50(1), 250-260. https://doi.org/10.1353/lar.2015.0011

Kapiszewski, D. (2012). High courts and economic governance in Argentina and Brazil. Cambridge: Cambridge University Press.

Kapiszewski, D., Silverstein, G. y Kagan, R. A. (eds.) (2013). Consequential Courts: Judicial Roles in global Perspective. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press.

Kapiszewski, D. y Taylor, M. M. (2008). Doing courts justice? Studying judicial politics in Latin America. Perspectives on Politics, 6(04), 741. https:// doi.org/10.1017/S1537592708081899

Llanos, M., Tibi Weber, C., Heyl, C. y Stroh, A. (2016). Informal interference in the judiciary in new democracies: A comparison of six African and Latin American cases. Democratization, 23(7), 1236-1253. https://doi.org/10.1080/1351034 7.2015.1081170

Losing, N. (2002). La justicia constitucional en Paraguay y Uruguay. En Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Edicion 2002 (pp. 109-136). Montevideo: Konrad-Adenauer-Stiftung.

Pozas-Loyo, A. y Rios-Figueroa, J. (2018). Anatomy of an informal institution: The 'Gentlemen's Pact' and judicial selection in Mexico, 1917-1994. International Political Science Review, 39(5), 647-661. https://doi.org/10.1177/0192512118773414

Rios-Figueroa, J. (2011). Institutions for Constitutional Justice in Latin America. En G. Helmke y J. Rios-Figueroa (eds.), Courts in Latin America (pp. 27-54). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/ CBO9780511976520.002

Risso Ferrand, M. (2014). El "juez constitucional" en el Uruguay. Revista de Derecho Publico, 23(45), 79-102.

Risso Ferrand, M. (2016). Primeras reflexiones generales sobre las sentencias de inconstitucionalidad referidas a la ley de medios. Revista de Derecho, 12(13), 141-187.

Sarlo, O. (2005). El sistema judicial uruguayo en la restauracion democratica (1984-2004). En G. Caetano y H. Achugar (eds.), 20 anos de democracia. Montevideo: Taurus.

Sarlo, O. (2008). Sistema judicial y sistema politico: el dificultoso camino hacia la adecuacion. En Encrucijada 2009: Gobierno, actores y politicas en el Uruguay (pp. 63-77). Montevideo: Fin de Siglo.

Sarlo, O. (2010). El sistema judicial uruguayo: un ensayo de interpretacion historica y politica. Trabajo preparado como apoyo para el taller organizado por el CIEJ para el dia 30 de julio de 2010.

Sarlo, O. y Trujillo, H. (2007). Sistema judicial y judicializacion en Uruguay. Espacio abierto, 227, 12-26.

Segal, J. A. y Spaeth, H. J. (2002). The Supreme Court and the Attitudinal Model Revisited. Cambridge: Cambridge University Press.

Staton, J. K. (2010). Judicial power and strategic communication in Mexico. Cambridge UK; New York: Cambridge University Press.

Staton, J. K. y Moore, W. H. (2011). Judicial power in domestic and international politics. International Organization, 65(03), 553-587. https://doi. org/10.1017/S0020818311000130

Florencia Antia, Doctora en Ciencia Politica, Instituto de Estudos Sociais e Politicos (IESP-UERJ). Docente-investigadora del Instituto de Ciencia Politica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la Republica. Montevideo, (Uruguay). [florencia.antia@cienciassociales.edu.uy], [https://orcid.org/0000-0001-5421-8476].

Daniela Vairo, Doctora en Ciencia Politica, Instituto de Estudos Sociais e Politicos (IESP-UERJ). Docente-investigadora del Instituto de Ciencia Politica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la Republica. Montevideo, (Uruguay). [daniela.vairo@cienciassociales.edu.uy], [https://orcid.org/0000-0003-4426-6460].

Recibido: 20 de agosto de 2018 / Modificado: 30 de noviembre de 2018 / Aceptado: 3 de diciembre de 2018

(1) A pesar de los avances en la conceptualizacion del poder formal, la literatura es menos clara a la hora de plantear propuestas para analizar el poder de facto de estos actores. Algunas propuestas se encuentran en: Ingram (2015), Kapiszewski (2012), Staton (2010), Staton y Moore (2011).

(2) En este articulo no se tienen en cuenta las interferencias informales que el Poder Ejecutivo o Legislativo pueden realizar en relacion con la Corte, en la forma de cooptacion, corrupcion, clientelismo, entre otras. Para estudios que enfocan ese aspecto en otros paises, vease Basabe-Serrano (2015); Llanos, Tibi, Heyl y Stroh (2016); Pozas-Loyo y Rios-Figueroa (2018).

(3) Cabe diferenciar este argumento del actitudinal, que atribuye el comportamiento de los jueces a sus preferencias en materia de los asuntos especificos (por ejemplo, Segal y Spaeth, 2002), mas que a la percepcion de su rol profesional.

(4) Los antecedentes se remontan a la Constitucion de 1830, que dispuso la existencia de una Alta Corte de Justicia, pero no tenia la facultad del control de constitucionalidad de las leyes. La creacion de la Corte debiera ser definida por ley, lo cual ocurrio varias decadas despues, en 1907, cuando la Ley 3.246 creo la Alta Corte de Justicia y dispuso que se integraria por cinco miembros designados por la Asamblea General (Correa Freitas, 2002; Gros Espiell, 2012).

(5) Siguiendo los criterios de Brinks y Blass (2017, p. 324), la autonomia ex ante de las cortes en los paises de la region, en promedio, es 0,48, mientras que en Uruguay, segun nuestra estimacion, es 0,50. Este indice varia entre 0 y 1. Cuanto mas proximo a 1, mayor sera la autonomia (para consultar los detalles de construccion del indice, vease Brinks y Blass, 2017).

(6) La dimension de asignacion presupuestal no es considerada por Brinks y Blass (2017), pero decidimos incluirla en el analisis por su importancia para determinar tanto la autonomia de jure como defacto de la SCJ. En el caso de Uruguay, el Poder Judicial ha reclamado insistentemente por su autonomia financiera. Incluso, en 1999 se convoco un plebiscito para llevar a cabo una reforma constitucional que buscaba aumentar su autonomia presupuestal, a propuesta de la Asociacion de Funcionarios Judiciales del Uruguay y el Colegio de Abogados del Uruguay, que no obtuvo la mayoria necesaria para ser aprobada.

(7) Siguiendo los criterios de Brinks y Blass (2017, p. 324), que no consideran el aspecto presupuestal, la autonomia ex post de las cortes en los paises de la region corresponde, en promedio, a 0,558, mientras que en Uruguay, segun nuestra estimacion, es algo mayor (0,625).

(8) Ademas de contemplar derechos civiles, politicos, economicos, sociales y culturales, el articulo 72 de la Constitucion establece que la enumeracion explicita de derechos "no excluye a los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno". Por esa via, se protegen los derechos reconocidos en tratados internacionales, que adquieren estatus constitucional (Blengio, 2010, p. 32).

(9) Las caracteristicas de dicho instrumento son definidas en la Constitucion, los articulos 256-261, la Ley 13.747 reglamentaria del control de constitucionalidad de las leyes, y el Codigo General del Proceso, articulos 508-523.

(10) No obstante, las sentencias de la SCJ pueden tener efectos "indirectos" posteriores sobre las politicas publicas, a traves de dos mecanismos: el primero refiere a que las definiciones de la SCJ suelen sentar jurisprudencia en la materia; el segundo alude al hecho de que si se presentan numerosas acciones de inconstitucionalidad sobre una determinada ley que obtienen sentencias favorables de la SCJ, el Gobierno puede modificar posteriormente la ley cuestionada para evitar que se planteen situaciones de asimetria entre ciudadanos amparados por distinta normativa.

(11) En la comparacion regional se utilizan estrictamente los criterios planteados por Brinks y Blass (2017, 2018), lo cual excluye el alcance de la autonomia presupuestal.

(12) En el caso de Uruguay, el leve aumento de la autoridad que se observa al comparar la ubicacion en la figura 1a y b surge de las reformas constitucionales aprobadas en 1996 y 2004, cuando se reconocieron la proteccion del medio ambiente y el acceso al agua como derechos humanos, reservandose la gestion de los servicios de agua a figuras publico-estatales (Constitucion, art. 47).

(13) En particular, los acuerdos politicos se produjeron durante la primera administracion de J. M Sanguinetti, la de L. A. Lacalle, las dos de T. Vazquez y la de J. Mujica. En cambio, en el segundo gobierno de Sanguinetti y en el gobierno de J. Batlle no hubo acuerdos politicos para nominar a los miembros de la SCJ. Cabe senalar que la realizacion de acuerdos politicos no guarda relacion con el caracter mayoritario o minoritario de los gobiernos.

(14) En los ultimos anos, algunos legisladores han amenazado con llevar adelante un juicio politico a los miembros de la Corte, aunque las amenazas no se concretaron. Por ejemplo, ante la sentencia de la SCJ en 2007, que declaraba inconstitucional el IRFP a los jubilados y pensionistas, y su filtracion a la prensa, el senador oficialista, Eleuterio Fernandez Huidobro, manejo publicamente la posibilidad de hacerle juicio politico al ministro de la SCJ, Hipolito Rodriguez Caorsi (El Espectador, 2008). En 2011, cuando la Corte declaro inconstitucional dos articulos de la ley interpretativa de la Ley de Caducidad de la Pretension Punitiva del Estado, el Movimiento de Participacion Popular (MPP), que es la principal fraccion del partido de gobierno, Frente Amplio, manifesto su intencion de hacerle un juicio politico a la Corte, extremo que no se concreto.

(15) Se excluyen del analisis los cinco ministros que actualmente estan desarrollando su mandato, ya que este no ha concluido.

(16) La informacion proviene de la Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial. Disponible en: http://bjn. poderjudicial.gub.uy/

(17) Antia y Vairo (2019) encuentran que en los ultimos anos la SCJ se ha vuelto mas activa, ya sea por el aumento de la demanda proveniente de la sociedad como por las respuestas de la Corte, cuyas sentencias desafian, en mayor medida que antes, las decisiones de los poderes electos.

Leyenda: FIGURA 1. PODER FORMAL DE LAS CORTES ENCARGADAS DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES DE AMERICA LATINA

Leyenda: FIGURA 3. DECLARACIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD TOTAL Y CON VOTACION DIVIDIDA (1990-2017)
TABLA 1. ESTRATEGIA METODOLOGICA PARA EL ANALISIS DE LAS
INSTITUCIONES FORMALES E INFORMALES DE LA CORTE

Caracter de la      Referente a:           Indicadores
  institucion

Formal            Reglas que          --Numero de actores
                  definen la          involucrados en la
                  designacion de      nominacion
                  los jueces:
                  pluralismo          --Reglas
                  formal              supermayoritarias
                  (autonomia ex
                  ante)               --Participacion de
                                      actores
                                      extrapoliticos

                  Reglas que          --Periodo del
                  definen el          mandato de los
                  aislamiento         jueces
                  formal de los
                  jueces de           --Mecanismos para la
                  manipulaciones      destitucion de
                  politicas por       jueces
                  parte de un
                  unico actor         --Estatus de la
                  externo             norma que define el
                  (autonomia ex       numero de jueces
                  post)
                                      --Estatus de la
                                      norma que define el
                                      salario de los
                                      jueces

                                      --Influencia del PJ
                                      en la definicion
                                      presupuestal

                  Reglas que          --Alcance
                  definen la          jurisdiccional:
                  naturaleza y el     amplitud de los
                  ambito de           derechos y poderes
                  accion de la        encargados a
                  Corte               proteccion de la
                  (autoridad)         Corte

                                      --Accesibilidad:
                                      quienes pueden
                                      presentar
                                      solicitudes de
                                      declaracion de
                                      inconstitucionalidad
                                      ante la SCJ y
                                      efectos de los
                                      mismos

                                      --Caracter decisivo
                                      de las resoluciones
                                      de la SCJ

Informal          Procedimiento       --Criterios
                  de designacion      utilizados para la
                  de los miembros     designacion de los
                  de la SCJ y         jueces de la SCJ
                  finalizacion de
                  su mandato

                  Entendimiento       --Numero de
                  de los jueces       sentencias que
                  de la SCJ sobre     declaran la
                  su rol en el        inconstitucionalidad
                  sistema             de las leyes
                  politico
                                      --Proporcion de
                                      sentencias divididas

                                      --Argumentacion en
                                      sentencias
                                      especificas

Caracter de la      Referente a:              Fuente
  institucion

Formal            Reglas que          Constitucion Leyes
                  definen la          especificas
                  designacion de
                  los jueces:
                  pluralismo
                  formal
                  (autonomia ex
                  ante)

                  Reglas que          Constitucion Leyes
                  definen el          especificas
                  aislamiento
                  formal de los
                  jueces de
                  manipulaciones
                  politicas por
                  parte de un
                  unico actor
                  externo
                  (autonomia ex
                  post)

                  Reglas que          Constitucion Leyes
                  definen la          especificas
                  naturaleza y el
                  ambito de
                  accion de la
                  Corte
                  (autoridad)

Informal          Procedimiento       Actas de la Asamblea
                  de designacion      General
                  de los miembros
                  de la SCJ y         Relevamiento de
                  finalizacion de     prensa
                  su mandato

                  Entendimiento       Base de datos sobre
                  de los jueces       sentencias de in-
                  de la SCJ sobre     constitucionalidad
                  su rol en el        de la Corte
                  sistema
                  politico

Fuente: elaboracion propia a partir de Brinks y Blass (2018);
Hilbink (2014); Kapiszewski (2012).

TABLA 2. OPERACIONALIZACION DE OTROS ATRIBUTOS INFORMALES DE LA CORTE

Atributos                  Indicadores             Fuentes
informales de la
SCJ

Estabilidad            Tiempo del mandato     Actas de la
                       de los jueces de       Asamblea General
                       la Corte

Perfil profesional     Trayectoria            Web del Poder
                       profesional de los     Judicial Prensa
                       jueces

Fuente: elaboracion propia a partir de Kapiszewski (2012).

TABLA 3. AUTONOMIA EX ANTE MEDIA

     Dimension           Caracteristicas en
                              Uruguay

Mecanismos para la     Asamblea General:
designacion de         unico actor
jueces                 colectivo

                       Requerimiento
                       supermayoritario:
                       dos tercios del
                       total de sus
                       componentes

                       Sin participacion de
                       actores
                       extrapoliticos

                       Autonomia media

Fuente: elaboracion propia con base en las categorias de
Brinks y Blass (2017, 2018) y los documentos citados en el
cuerpo del texto.

TABLA 4. AUTONOMIA EX POST MEDIA

    Dimension de           Caracteristicas en Uruguay
      analisis

Extension del          --Mandatos de 10 anos,
mandato                renovables luego de 5 anos de
                       finalizacion del mandato
                       anterior

                       --Deben retirarse a los 70
                       anos

                       Autonomia media

Mecanismos para la     --La destitucion de los jueces
destitucion de los     de la SCJ procede en caso de
jueces                 violacion de la Constitucion u
                       otros delitos graves.
                       Participan dos actores
                       colectivos (la Camara de
                       Diputados denuncia y la de
                       Senadores juzga) y se requiere
                       de dos tercios de votos de la
                       Camara de Senadores para que
                       un juez de la Corte sea
                       separado del cargo (art. 93,
                       102 y 103 de la Constitucion)

                       Autonomia alta

Estatus de la norma    --La Constitucion establece
que define el numero   que la SCJ estara integrada
de jueces: legal o     por cinco jueces (art. 234)
constitucional
                       Autonomia alta

Estatus de la norma    --Salario establecido en una
que define el          ley (Ley 15.750, art. 85), no
salario de los         en la Constitucion, pero
jueces: legal o        equivalente al de los
constitucional         ministros del Poder Ejecutivo

                       Autonomia media

Autonomia en la        El Poder Judicial plantea una
asignacion presu-      propuesta de dotacion
puestal                presupuestal, que puede ser
                       modificada por el Poder
                       Ejecutivo y debe ser aprobada
                       por el Poder Legislativo

                       Autonomia baja

Fuente: elaboracion propia con base en las categorias de
Brinks y Blass (2017, 2018) y las normas citadas en el texto.

TABLA 5. NATURALEZA Y AMBITO DE ACCION DE LA SCJ: AUTORIDAD BAJA

      Dimension de analisis             Caracteristicas en Uruguay

Alcance jurisdiccional:             --Amplio numero de derechos
amplitud de los derechos y          reconocidos en la
poderes encargados para la          Constitucion, pero protegidos
proteccion de la Corte              por otros instrumentos legales

                                    --No tiene competencias para
                                    supervisar las elecciones

                                    --Carece de poderes para
                                    entablar un juicio politico al
                                    presidente de la Republica

                                    Autoridad media-baja

Accesibilidad:                      --Pueden presentar acciones de
                                    inconstitucionalidad
--quienes pueden presentar          directamente ante la SCJ
solicitudes de declaracion de       personas fisicas o juridicas
inconstitucionalidad de leyes       que vean lesionados su interes
ante la SCJ                         directo, personal y legitimo
                                    (via de accion)
--circunstancias
habilitantes                        --Puede presentar excepciones
                                    de inconstitucionalidad quien
                                    vea lesionado su interes
                                    directo, personal y legitimo
                                    ante cualquier procedimiento
                                    judicial. El planteo se
                                    realiza en el Tribunal ante el
                                    cual se tramita el
                                    procedimiento judicial, quien
                                    lo eleva a la SCJ (via de
                                    excepcion)

                                    --El juez o tribunal ante el
                                    que se tramita un
                                    procedimiento judicial
                                    solicita de oficio a la SCJ
                                    que se pronuncie sobre la
                                    constitucionalidad de una ley
                                    que podria aplicar a un caso
                                    especifico (de oficio)

                                    Autoridad baja

Caracter decisivo de las            --Efecto inter-partes, con lo
resoluciones de la SCJ              que las leyes declaradas
                                    inconstitucionales lo son solo
--Efectos de la accion de la        para el caso particular
Corte: inter-partes o erga-
omnes                               --Control de
                                    constitucionalidad de las
--Control de                        leyes concreto
constitucionalidad concreto o
abstracto                           --La SCJ puede dictar
                                    sentencias con mayoria simple
--Requerimientos
supermayoritarios para              Autoridad baja
declarar una ley
inconstitucional disminuyen la
autoridad de la Corte

Fuente: elaboracion propia con base en las categorias de Brinks y
Blass (2017, 2018) y los documentos citados en el cuerpo del texto.

FIGURA 2. MECANISMOS UTILIZADOS PARA LA DESIGNACION
DE LOS MIEMBROS DE LA SCJ (1985-2018)

               Acuerdo    Designacion      Adelanta designacion
               politico    automatica    del ministro mas antiguo

Sanguinetti       5           1
(1985-1990)

Lacalle           5
(1990-1995)

Sanguinetti                   1
(1995-2000)

Batlle                        2                      3
(2000-2005)

Vasquez           3                                  1
(2005-2010)

Mujica            2
(2010-2015)

Vasquez           2           3
(2015-2018)

Total            17           7                      4

Fuente: elaboracion propia a partir de las actas de la Asamblea
General, anos correspondientes.

Nota: Tabla derivada de grafico de barra.
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Author:Antia, Florencia; Vairo, Daniela
Publication:Observatorio de Politicas, Ejecucion y Resultados de la Administracion Publica (OPERA)
Article Type:Ensayo
Date:Jan 1, 2019
Words:9703
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