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LA GARANTIA SOCIAL Y LA AUTOEJECUCION DEL DERECHO AL TRABAJO: RECUPERACION DE FABRICAS Y OCUPACION DE TIERRAS EN LA ESPANA POST-CRISIS (2007-2017).

1. INTRODUCCION

A lo largo del siglo XX existen, en Espana, dos momentos en los que la recuperacion y autogestion de empresas y tierras juegan un papel trascendente:

El primero fue las colectivizaciones surgidas en el marco de la Guerra Civil de 1936-1939. Frente al lema del gobierno republicano de "Primero ganar la guerra", los anarquistas defendian "La Revolucion y la Guerra son inseparables", lo que les llevo a desarrollar un proceso de colectivizacion agraria e industrial en medio de la guerra. Los principales episodios de colectivizacion se produjeron en Aragon, en lo que se refiere al campo, y en Catalunya, en lo urbano (1).

El segundo es durante la segunda mitad de los setenta inicios de los ochenta, en la transicion del franquismo al actual regimen constitucional, momento donde se producen distintos episodios la recuperacion de empresas entre las que se hicieron famosas los casos de la empresa Numax, la imprenta Gramagraf o la empresa Mol Matric, en Barcelona (2).

Ahora bien, el presente trabajo no se centrara en el analisis historico de estas experiencias anteriores sino que se detendra en la coyuntura actual. En concreto, veremos como a partir de la crisis de 2007-2008 y, a raiz de ella, se producen en Espana distintos episodios y formas de recuperacion ciudadana de espacios de trabajo, mediante la recuperacion de fabricas y mediante la ocupacion de tierras para trabajarlas.

Un estudio de los casos nos permite afirmar que mientras en los casos de recuperacion de fabricas nos encontramos ante formas de autoejecucion legal del derecho al trabajo, en el caso de la ocupacion de tierras estamos ante formas de autoejecucion con desobediencia del derecho al trabajo.

Se trata de dos formas no solo con consecuencias distintas sobre el sistema socio-economico, sino tambien de formas que llevan asociados debates distintos. Despues de analizar varias experiencias de ambas formas de recuperacion ciudadana de espacios de trabajo, nos detendremos en las consecuencias y debates asociados a la segunda de las formas citadas: la ocupacion de tierras.

2. LAS FORMAS DE RECUPERACION CIUDADANA DE LOS ESPACIOS DE TRABAJOS EN LA ESPANA POST-CRISIS

La situacion de desempleo y precariedad a la que la crisis economica de 2007-2008 arrastro a amplias capas de la poblacion espanola que no detenta capital ni medios de produccion, al menos no suficientes como para depender de si mismos para vivir, llevo a la aparicion de episodios de autoejecucion del derecho al trabajo y reapropiacion colectiva de espacios de trabajo en quiebra, abandonados o ociosos. Los espacios recuperados han sido fabricas y tierras agricolas. La logica de reapropiacion que se ha seguido en ambos espacios ha sido distinta. Mientras en el caso de las fabricas se dan formas de autoejecucion legal del derecho al trabajo, en el caso de las tierras se han dado formas de autoejecucion por desobediencia de las mismas.

2.1. Formas de autoejecucion legal del derecho al trabajo: la recuperacion de fabricas en Espana

Muchas veces, cuando se habla de fabricas recuperadas se piensa en la experiencia argentina, especialmente a raiz de la famosa crisis del corralito argentino, a finales de diciembre de 2001, momento en que se expande este fenomeno. Segun el informe Las empresas recuperadas por los trabajadores en los comienzos del gobierno de Mauricio Macri elaborado por el Programa Facultad Abierta del Centro de Documentacion de Empresas Recuperadas de la Universidad de Buenos Aires (3), en marzo de 2016, existian en la Argentina 367 empresas recuperadas, que ocupaban a 15.948 trabajadores y trabajadoras. Las empresas recuperadas surgidas con posterioridad al cierre del anterior informe del mismo Centro en diciembre de 2013, fueron un total de 43, que surge de la diferencia entre la cantidad actual y la cifra de 2013, a la que tambien restamos 6 empresas recuperadas que no lograron consolidarse en este periodo y 7 empresas anteriores a 2013 que no habian sido consignadas en el ultimo relevamiento (4).

Lo que caracteriza el modelo argentino de recuperacion fabricas es que se trata, en varios casos, de empresas que han conseguido reiniciar la produccion forzando la legalidad y que, ademas, han conseguido que las autoridades expropien a los antiguos duenos para entregar la empresa a los trabajadores.

Un ejemplo es el del hotel Bauen, ubicado a la centrica Avenida Callao de Buenos Aires. Este hotel se declaro en quiebra en diciembre de 2001 dejando cerca de 100 trabajadores en la calle. En marzo de 2003, 20 extrabajadores decidieron ocupar el hotel y volverlo a activar, contando en la actualidad con una plantilla de 130 personas. Denunciados por el dueno del Hotel, en julio de 2014 recibieron la ultima de las multiples ordenes judiciales de desalojo que, como las anteriores, desobedecieron. Finalmente, el 26 de noviembre de 2015 el Congreso de diputados argentino, con el voto de la mayoria Kirchneristas aprobo la expropiacion de la empresa recuperada y entrego la propiedad del hotel a la cooperativa de trabajadores (5).

Sin embargo, en el caso espanol no se dan casos de trabajadores que opten por la recuperacion de la fabrica por la via de la ocupacion y la desobediencia legal. Lo unico que se han dado son casos de huelga por ocupacion del lugar de trabajo, pero con el objetivo de evitar el cierre de la fabrica por parte del empresario, no con la intencion de apropiarsela y reconvertirla en cooperativa por la via de facto.

Un ejemplo de ello fue el caso de los trabajadores de la empresa T-Solar de Ourense en 2013, una fabrica de paneles solares que se mantuvo ocupada por varios trabajadores durante 129 dias para evitar un despido colectivo que afectaba a 170 personas. No obstante, estos abandonaron la huelga por ocupacion despues de que el Juzgado de Primera Instancia Numero 1 de Ourense ordeno el desalojo.

Tras la denuncia de la empresa, cuyo accionista mayoritario era el grupo Isolux, por ocupacion ilegal a 20 personas (17 extrabajadores, dos sindicalistas y Tereixa Paz, diputada del BNG) que habian ocupado la fabrica, la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia Numero 1 de Ourense emitio sentencia argumentando que, en este caso, la ocupacion de las instalaciones "no esta amparada por el ejercicio de los derechos de reunion, negociacion colectiva ni de accion sindical" y ordeno su desalojo (6).

A excepcion de este caso, la recuperacion y cooperativizacion de fabricas en Espana se ha producido, durante les anos recientes, no por la via de la ocupacion y la desobediencia sino por otros mecanismos. Basicamente, han existido tres formas diferentes:

El primer supuesto ha sido mediante la capitalizacion del paro o de las indemnizaciones de los trabajadores despedidos, que deciden comprar la empresa. Acogiendose a la posibilidad prevista en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestacion por desempleo en su modalidad de pago unico por el valor actual de su importe, como medida de fomento del empleo (7), son diversos los casos de trabajadores que, ante una situacion de crisis, quiebra de la empresa o jubilacion sin descendencia que continue el negocio, han comprado la empresa, reconvirtiendola en cooperativa, para evitar su cierre y poder continuar trabajando. El caso de Murcia es paradigmatico, ya que es la region de Europa con mas empresas mercantiles reconvertidas en cooperativas de trabajo, con 30 reconversiones en los entre 2012 y 2025, segun datos de la Confederacion Espanola de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA) (8). Ejemplo de ello es la cooperativa fabricante de sistemas de descanso murciana Mula Confort, creada en 2014 por 17 trabajadores dos anos despues del cierre de Colchon Comodon.

El segundo supuesto la conforman aquellos casos donde la plantilla pacta con el propietario la transformacion de la empresa en una cooperativa para evitar el cierre. Este fue el caso, por ejemplo, de Cuin Factory, en Vilanova i la Geltru (Barcelona), donde el mismo dueno se convirtio en uno mas de los miembros de la cooperativa, cobrando el mismo sueldo que todos los demas. La Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, ha venido a recoger y unificar el regimen juridico de las llamadas modificaciones estructurales, entendidas como aquellas alteraciones de la sociedad que van mas alla de las simples modificaciones estatutarias para afectar a la estructura patrimonial o personal de la sociedad y que, por tanto, incluyen la transformacion, la fusion, la escision y la cesion global de activo y pasivo. El articulo 4 recoge los diferentes supuestos de transformacion de empresas y concretamente el punto 4 senala que "Una sociedad cooperativa podra transformarse en sociedad mercantil, y una sociedad mercantil inscrita en sociedad cooperativa" (9).

Y, el tercer supuesto hace referencia a casos donde los trabajadores victimas de despidos mediante un Expediente de Regulacion de Empleo (ERE) crean una nueva entidad y se quedan parte de los clientes o ususarios. Este es el caso de Musicop, una cooperativa creada por los 35 trabajadores despedidos de la Escuela de musica dependiente del ayuntamiento de Mataro (Barcelona). O el caso de los trabajadores del periodico Publico, que dejo de editarse en papel el 23 de febrero de 2012 y dejo el 85% de sus trabajadores en la calle. Fueron esos mismos trabajadores los que, con el apoyo de cientos de los lectores del periodico, constituyeron la cooperativa Mas Publico, tratando de comprar la cabecera. Tras perder la subasta contra los antiguos duenos de Publico, que recompraron su propio periodico por 500.000 euros, aquel grupo inicial decidio seguir adelante con su propio proyecto editorial y constituirse legalmente, de acuerdo con la Ley 27/1999, como una cooperativa integral que actualmente edita el periodico mensual La Marea.

2.2. Formas de autoejecucion por desobediencia del derecho al trabajo: la ocupacion de tierras

El segundo tipo de experiencias de recuperacion de los espacios de trabajo por los trabajadores son la ocupacion de tierras en Andalucia. Podemos referirnos a varios ejemplos.

El 4 de marzo de 2012, distintas familias en situacion de desempleo afiliadas al SAT ocuparon en Palma del Rio, municipio de Cordoba, unas tierras de 400 hectareas propiedad del gobierno autonomico en la Finca Somonte, y la empiezan a trabajar. Despues de ser desalojados el 2 de junio de 2016, el Sindicato volvio a re-ocupar las tierras. Hoy estas familias viven de la produccion de trigo, avena, habas, girasol y colza que siembran en estas tierras. Tras esta reocupacion el Juzgado de Primera Instancia e Instruccion numero 3 de Posadas (Cordoba) dicto un auto donde se investiga a 15 personas por presunto delito leve de usurpacion inmobiliaria y delito de desobediencia grave a la autoridad. Entre los investigados estan Diego Canamero, diputado de Unidos Podemos en las Cortes Generales y Maria del Carmen Garcia, diputada de Podemos en el Parlamento andaluz. La prerrogativa de fuero especial de la que disponen estos ha hecho que el Juzgado de Primera Instancia e Instruccion numero 3 de Posadas haya acordado remitir al Tribunal Supremo (TS) la parte de la causa que afecta al primero y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucia la que afecta a la segunda (10).

De manera parecida, en Almeria, en mayo de 2013, 130 trabajadores de origen marroqui ocuparon unas tierras de invernadero en plena produccion en la finca del empresario Simon Sabio, donde trabajaban tras el abandono y huida del empresario, sujeto desde hacia un ano a un proceso concursal totalmente desconocido por parte de los jornaleros.

Organizados con el SAT, los trabajadores han presentado denuncias en los juzgados de lo social denunciando irregularidades de distinto tipo como la falta de aviso de la iniciacion del concurso a los trabajadores, la presion para la firma de nominas y finiquitos irregulares o la interposicion de una empresa ficticia del yerno del empresario a la que se pasaron todos los contratos durante los ultimos meses antes del despido. Ademas, los trabajadores decidieron no aceptar el despido y, junto a miembros del SAT, crearon la asociacion "Jornaler@s de Almeria sin patron" que gestiona el mantenimiento de las 16 hectareas que permanecen dentro del concurso, donde se siembran hortalizas para la supervivencia de las familias afectadas (11).

Estos acontecimientos, junto a la ocupacion por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de mas de 15 bloques de viviendas vacias en manos de entidades financieras fruto de ejecuciones hipotecarias, reubicando en estas a unas 2.500 personas sin techo, o los asaltos por parte del SAT en Andalucia o del Campamento Dignidad en Extremadura, en grandes superficies comerciales Carrefour para reapropiarse de alimentos y material escolar que son repartidos entre familias sin recursos, han hecho resurgir el debate sobre la autoejecutibilidad ciudadana de derechos ?existe un derecho de los ciudadanos a autoejecutar derechos cuando ni el Estado ni el Derecho oficial no les asegura las condiciones minimas de subsistencia y trabajo?

Intentaremos responder a esta pregunta, deteniendonos en las consecuencias y debates teorico-practicos que existen a su alrededor.

2.3. Diferencias entre ambas formas de recuperacion ciudadana de los espacios de trabajo

Las dos formas de recuperacion ciudadana de los espacios de trabajo descritas como propias de la experiencia espanola de 2007 a 2017: la recuperacion de fabricas o autoejecucion legal del derecho al trabajo y la ocupacion de tierras o autoejecucion por desobediencia del derecho al trabajo; se diferencian entre ellas, primero por las consecuencias en la organizacion y conformacion social y segundo, por los debates politico-juridicos que llevan asociados cada una de ellas.

En cuanto a las consecuencias en la organizacion y conformacion social, la diferencia entre ambos modelos es que si bien en los dos se produce una desmercantilizacion de la relacion de trabajo al desaparecer la situacion del trabajador que vende su fuerza de trabajo al capitalista, solo en el segundo modelo se produce, a la vez, una desmercantilizacion del espacio de trabajo.

Para entender a que me refiero con la afirmacion anterior hay que diferencias primero entre la concepcion sociologica de la propiedad (CSP), donde la propiedad es una relacion social, y la concepcion juridica de la propiedad (CJP), donde la propiedad pasa a ser una relacion juridica (12).

En cuanto a la CSP, desde la observacion empirica podemos decir que uno es propietario cuando detenta un bien a cuyo acceso estan excluidos los demas. Ser propietario desde un punto de vista sociologico significa simplemente: detentar y excluir. Aqui el adquiriente, cuando adquiere la cosa y se la apropia, crea su propia propiedad. Este era el elemento que determinaba la propiedad antiguamente.

Por otro lado, en cuanto a la CJP, aunque el Codigo Civil diga que la propiedad es poseer una cosa, en realidad, el reconocimiento juridico de la calidad de propietario tiene por objeto permitir el intercambio. Ser propietario significa, no detentar sino portar la posibilidad de cambio. La propiedad en sentido juridico prohibe las conductas que impiden el intercambio mercantil del bien. Esta es, actualmente, la concepcion imperante de la propiedad. Hoy, la propiedad no es una relacion social, uno puede detentar, de hecho, un bien e impedir que los otros accedan a el pero no ser su propietario. Sino que es una relacion juridica, el propietario real sera aquel que, independientemente de si detenta y usa el bien o no, tiene un papel con eficacia juridica que le otorga la facultad de poder vender el bien y de acudir al juez para recibir el apoyo de la violencia organizada del Estado si alguien quiere impedir que pueda venderlo.

El capitalismo no es nada mas que un sistema de relaciones sociales donde la CJP se impone sobre la CSP.

Podemos decir que el primer modelo descrito (autoejecucion legal del derecho al trabajo) es un modelo de desmercantilizacion o contrahegemonia parcial y el segundo (autoejecucion por desobediencia del derecho al trabajo) integral, porque si bien el primer modelo de recuperacion popular del centro de trabajo implica la existencia de formas de organizacion economica distintas a la capitalista tradicional (cooperativas, asociaciones de pequenos productores, etc.), todas estas se dan en el interior de un espacio ubicado todavia dentro de la CJP, esencia del sistema capitalista.

Por el contrario, el segundo modelo de recuperacion popular del derecho al trabajo, no solo implica formas de organizacion economica cooperativas distintas a la capitalista sino tambien una reconversion de espacios donde regia la CJP a espacios nuevos donde rige la CSP. En consecuencia, desde el punto de vista juridico, es una propiedad no susceptible de transferencia mercantil solo condicion de supervivencia-reproduccion de su detentador. Una vez desaparecida la necesidad de uso de su detentador, la simple entrega fisica de la cosa para el goce de otro, serviria como justificacion de la legitimidad de su posesion. De ahi que afirme que no solo se rompe con la explotacion capitalista sino tambien con la propiedad capitalista, adquiriendo este segundo modelo un potencia transformador mucho mayor.

La segunda diferencia entre ambas formas de recuperacion ciudadana de los espacios de trabajo es la de los distintos debates politico-juridicos que llevan asociados cada una de ellas. Creemos interesante detenernos a continuacion, en los debates, criticas y problemas asociados a la forma de autoejecutibilidad por desobediencia de derechos.

3. LOS DEBATES SOBRE LA AUTOEJECUTIBILIDAD POR DESOBEDIENCIA DE DERECHOS: ?ES POSIBLE UNA GARANTIA SOCIAL DE LOS DERECHOS?

3.1. ?No hay dinero para la igualdad?

El liberalismo siempre ha entendido la politica como el instrumento del Estado para regular lo social. Desde el primer liberal moderno, Hobbes, los individuos aceptan el Estado para garantizar su proteccion en la sociedad. En el liberalismo, el Estado es el sujeto dela politica y la sociedad su objeto.

Partir de esta concepcion hace que los ciudadanos creamos que cuando el Estado se encuentra en quiebra economica, cuando no tiene dinero para implementar politicas publicas, debamos aceptar ciertas situaciones de desigualdad como inevitables, al menos hasta que llegue la recuperacion economica estatal. Sin embargo, frente a este discursos, parte de los movimientos sociales empiezan a formularse preguntas acerca de si estas limitaciones son reales o ficticias, ?realmente no hay dinero para generar igualdad?

Como han senalado algunos, la falta de recursos no es mas que un engano que es efectivo debido a la estructuracion del sistema de relaciones sociales que ha creado el derecho moderno. Esta idea ha sido desarrollada por Oscar Correas (13).

El Derecho moderno otorga derechos o facultades a los ciudadanos, les da permiso para acudir al Estado o a un funcionario publico (jueces, etc.) cuando se le vulnera un derecho y establece la obligacion de este funcionario de convertir en eficaz el derecho o la directriz de politica publica demandada. Las relaciones entre individuos quedan, entonces, mediadas por el Estado. Esta es una de las notas definitorias del Derecho moderno.

Como senala Correas, en el mundo romano, el ciudadano se dirigia al pretor para que este dijera si la accion que iba a cumplir, contaba con el apoyo de la Civitas. El pretor le "daba accion" y el ciudadano realizaba por si mismo la tarea de dirigirse a su deudor y cobrar la deuda, o recobrar la cosa. En la modernidad, el ciudadano tiene prohibido dirigirse directamente a su deudor, esto es interpretado de manera negativa como "tomarse la justicia por su mano". Debe ser siempre un funcionario publico el que producira las acciones necesarias para satisfacer las demandas del primero (14).

En consecuencia, el derecho moderno, al convertir al individuo en "ciudadano", expropia a los individuos de su relacion directa con el resto de miembros de la sociedad civil (15). La unica manera que el ciudadano tiene para hacer efectivo un derecho y propiciar una situacion de igualacion es acudiendo al Estado o funcionario autorizado para que resuelva el problema.

Los sectores populares no tienen ninguna oportunidad de dirigirse directamente a sus enemigos de clase en el seno de la sociedad civil. Lo moderno del derecho moderno consiste en haber organizado la mediatizacion de los integrantes de la sociedad civil, a traves de una ficcion que llamamos Estado. El Estado no existe como entidad, este no es mas que la voz de sus funcionarios. Los ciudadanos han sido expropiados de cualquier otra forma de hablar y relacionarse entre ellos que no sea a traves de un tercero, el Estado. Ello tiene consecuencias importantes.

Una es la desaparicion de la responsabilidad de la clase dominante tras la mediacion del derecho. Como el individuo precario y explotado, devenido ciudadano, se ve obligado a dirigirse a funcionarios estatales para reclamar sus aspiraciones o derechos, queda oculto el sujeto central de esta dramatica situacion: la clase dominante. Los detentadores de la mayor parte de la riqueza no aparecen en escena. El discurso del derecho permite su ocultamiento. El Estado siempre se les parece como responsable inmediato. Este actua como muro entre las clases, como mediacion entre companeros y enemigos de sociedad civil. El discurso del derecho moderno permite el ocultamiento del capitalista y por tanto, del enemigo y culpable de la miseria de la mayoria, lo que queda patente por ejemplo, en la concepcion y diferenciacion de la huelga como el simple ejercicio de un derecho (huelga laboral) y no como una accion politica contra el enemigo de clase (huelga politica) (16).

Otra es la destruccion de las formas comunitarias mediante las cuales los individuos o grupos sociales se relacionan entre si y, por tanto, se elimina toda posible relacion conflictiva directa entre clases o grupos que pongan en peligro las propiedades de los mas favorecidos. Cualquier conducta subversiva de accion directa que no pase por la mediacion "racional" del Estado es antijuridica y prohibida (17).

En resumen, fijemonos en la paradoja. Al no entender otra forma de relacionarnos entre nosotros que no sea mediante la intermediacion del Estado, hace que en momentos dificiles para la igualdad, dirijamos la mirada hacia arriba, hacia al Estado, y al ver que este se encuentra realmente en quiebra economica y no puede hacer gasto publico, lleguemos incluso a aceptar que no toca otra que "apretarse el cinturon", "recortar lo minimo posible" y "esperar que lleguen mejores tiempos" para la economia.

Ahora bien, que pasa si en lugar de dirigir la mirada hacia arriba y no entender otra forma de relacion social que la intermediada por el Estado, mirasemos hacia nuestro lado, hacia los sectores acomodados en el seno de la sociedad civil (grandes empresarios, presidentes de bancos, miembros de consejos de administracion, etc.) y entendieramos la posibilidad de relacionarnos con ellos directamente, sin la intermediacion del Estado. ?Continua entonces, siendo cierta la idea de que no hay dinero ni posibilidades de generar igualdad?

Pues bien, a partir de este razonamiento es que, a raiz de la crisis de 2007-2008, se pone encima la mesa la idea de la autoejecutibilidad de derechos. Esta idea significaria que cuando ni las instituciones ni el Derecho oficial no cubren, por la razon que sea, las necesidades basicas de subsistencia y de una vida digna de un individuo o grupo de personas, desde el marco de la sociedad civil o de su cotidianidad, estas personas, organizadas y apoyadas en la accion de organizaciones comunitarias o movimientos sociales, deben tener capacidad para auto-instituir "nuevos" derechos (no siempre reconocidos por la legislacion estatal) que les permitan cubrir sus necesidades y materializarlas de manera directa sin la intermediacion del Estado, generando asi por cuenta propia formas de interrelacion directas en el seno de la sociedad civil sin mediacion del Estado, capaces de generar situaciones de mayor igualdad.

Los fundamentos de esta idea podemos encontrarlos:

En primer lugar, en el derecho a la resistencia contra los gobiernos que no sean consecuentes con el respecto de los derechos basicos, planteado ya en los inicios del constitucionalismo por el propio John Locke (18) como reaccion a los escritos de Robert Filmer, defensor de una concepcion "patriarcalista" del poder; por Thomas Jefferson en la Declaracion de Independencia norteamericana de 1776; o, por el articulo 2 de la Declaracion de Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional francesa en 1789.

En segundo lugar, en la idea de la desobediencia como forma de ejercicio de derechos fundamentales, planteada por Ralf Dreier (19).

Y, en tercer lugar, en la idea de una interpretacion y aplicacion de la Constitucion no monopolizada por las instancias estatales y los operadores juridicos (magistrados, jueces, abogados, etc.), sino entendida como una funcion donde es posible la participacion ciudadana. Esta ha sido una idea recuperada en los ultimos anos por los autores agrupados alrededor de la llamada corriente del "constitucionalismo popular": Larry Kramer, Akhil Amar, Jack Balkin, Sanford Levinson, Richard Parker o Mark Tushnet (20).

Partiendo de estos fundamentos, la autoejecutabilidad otorga "el derecho a desobedecer el derecho para hacer efectivos los derechos". Esta tiene un primer antecedente en la Constitucion francesa de 1793 con lo que, en el texto constitucional, se llamo la "garantia social". El art. 23 de la constitucion jacobina establecia "la garantia social consiste en la accion de todos para asegurar a cada uno el goce y conservacion de sus derechos. Esta garantia se apoya en la soberania nacional". Conjuntamente con las "garantias institucionales" como tecnicas de proteccion de los derechos encomendadas a organos institucionales, la constitucion de 1793 reconocia una "garantia social" como tecnica de tutela de los derechos confiada a los propios destinatarios de los mismos, es decir, a los ciudadanos, individual o colectivamente (21).

En consecuencia, podemos decir que:

La causa que activaria esta posibilidad seria una situacion de lo que algunos autores han llamado "alienacion legal", es decir, cuando el caracter injusto e ineficaz del derecho oficial o estatal hace que, en lugar de garantizar la libertad y el bienestar para la gente, este pase a trabajar en contra de los intereses populares (22).

Ello permite que de la organizacion popular emerjan nuevos derechos que otorgan la facultad para los desposeidos de poder imponer directamente y sin la intermediacion del Estado, obligaciones a los propietarios de grandes fortunas, tierras o propiedades de tener que contribuir con sus recursos al bienestar de los primeros.

Los "nuevos" derechos instituidos popularmente son derechos innominados en tanto no aparecen explicitamente reconocidos en la legislacion estatal positiva pero se derivan de principios como la dignidad o de otros derechos fundamentales si reconocidos como la vida o la igualdad. Aunque como senala Wolkmer, estos llamados nuevos derechos (vivienda, tierra, alimentos, cultura, territorio no destruido, etc.) no siempre sean enteramente nuevos, en realidad, a veces, lo "nuevo" es el modo de obtencion de los mismos (23), que ya no pasa por las vias tradicionales estatales legislativa y judicial, sino por la via de la autorganizacion y la materializacion popular (autoejecutabilidad o autojusticiabilidad).

Esta facultad implicaria una descentralizacion de la soberania, dejando de ser el Estado el nucleo exclusivo y absoluto de la soberania. El Estado continua siendo una instancia habilitada para organizar politicamente la sociedad y prestar derechos y servicios a los ciudadanos, pero ahora ya no es la unica instancia generadora de igualdad.

El derecho ya no emergeria solo de la institucionalidad oficial sino tambien de las diversas formas del accionar popular, dando lugar por tanto, a una situacion de pluralismo juridico (24).

Algunos de los autores que mas recientemente han teorizado el pluralismo juridico en el sentido que aqui le estamos dando, como la emergencia desde el accionar comunitario de nuevas practicas juridicas autonomas emancipatorias, son, entre otros, Jesus Antonio de la Torre Rangel, Oscar Correas, Peter Fitzpatrick, Antonio Carlos Wolkmer, Boaventura de Sousa Santos, etc.

Ahora bien, estas practicas de autoejecucion por desobediencia de derechos no estan exentas de debates y problemas.

3.2. Problemas, criticas y soluciones a la autoejecucion por desobediencia de derechos

Las experiencias practicas de autoejecutibilidad por desobediencia de derechos no estan reconocidas ni protegidas en el constitucionalismo comparado actual y somos conscientes de que no se trata de hechos ausentes de problemas ni de posibles criticas. La relacion de estas formas de colectivismo autonomista con el constitucionalismo tradicional ha sido siempre conflictiva. La existencia de movimientos sociales que se relacionan directamente con sus enemigos de clase en la sociedad civil y redistribuyen riqueza, sin la intermediacion del Estado, lleva:

En primer lugar, a una perdida de centralidad o declive del poder regulador del Estado (desestatalizacion de la regulacion social).

Y, en segundo lugar, a la desorganizacion del Derecho oficial estatal al tener que coexistir con un Derecho popular no oficial dictado por multiples legisladores facticos.

Este proceso de vaciamiento de las propias estructuras juridicas estatales conlleva, a la postre, un vaciamiento del propio orden constitucional tradicional que queda desprovisto de fuerza normativa para regular las complejas y conflictivas interacciones sociales.

Precisamente por esto, diversos autores han planteado objeciones a la posibilidad de que pueda reconocerse algo parecido a esta forma de nuevos derechos espontaneos y populares autoejecutados, argumentando que ello podria conducir a situaciones de parasitismo por parte de algunos ciudadanos o a un estado de anarquia donde cada grupo imponga por la fuerza y al margen de la ley sus aspiraciones.

Uno de ellos fue el filosofo del derecho brasileno Miguel Reale quien senalo: "ciertas funciones no pueden ser ejercidas por individuos o

por asociaciones particulares sin que implique un grave peligro para el orden social y sin que pueda provocar el aniquilamiento del propio Estado. Hay funciones que son inherentes a la soberania estatal y que no pueden ser objeto de delegacion: las funciones esenciales de defensa del territorio, de seguridad interna, de legislacion y jurisdiccion" (25). En el mismo sentido, Norberto Bobbio, refiriendose a las situaciones de pluralismo con existencia de sujetos no estatales emisores de normatividad, senala que ello podria servir a una ideologia revolucionaria que contribuya a la "progresiva liberacion de los individuos y de los grupos oprimidos por el poder", pero tambien a una ideologia reaccionaria interpretada como "episodio de disgregacion o de sustitucion del Estado y, por lo tanto, como sintoma de una inminente e incomparable anarquia" (26).

No obstante, no hay motivo para tal alarma. La existencia de una pluralidad de centros (estatales y no estatales) de creacion de derechos, esto es de distintas facultades y obligaciones que puedan aplicarse a situaciones identicas, en el interior de un mismo territorio estatal no es algo nuevo ni inusual. Existian ya antes de la modernidad muchas sociedades con pluralidad de sistemas juridicos en coexistencia en su interior, el imperio romano es un ejemplo de ello. Pero incluso en la actualidad, son varias las constituciones que reconocen la coexistencia, dentro del pais y conjuntamente con la justicia ordinaria estatal, de otros sistemas de produccion de normas y enjuiciamiento no estatales como es el caso de la justicia indigena. Constituciones como la de Colombia (art. 246), Peru (art. 149), Venezuela (art. 260), Bolivia (arts. 178.I y 190) o Ecuador (art. 57.10), reconocen a los indigenas la posibilidad de implementar sus sistemas juridicos sin la intermediacion del Estado, limitando la posibilidad de este ultimo de poder intervenir en ellos, y sin que ello conduzca a un estado anarquico.

Ademas, la manera de garantizar la existencia de esta pluralidad de formas, estatales y populares, de creacion y justiciabilidad de derechos sin que se cree tal peligro de anarquia, es delimitando claramente: 1. Quienes son los sujetos; 2. Cuales las "necesidades" o "carencias"; y, 3. Cuales las condiciones; que legitimarian para la activacion y practica de la autoejecucion por desobediencia de derechos.

En cuanto a los sujetos, ?Quien estaria legitimado para llevar a cabo la autoejecutibilidad de derechos?

Se trataria de los sin derechos. ?Pero quien se incluye dentro de esta categoria? Existen aqui multiples opiniones. Roberto Gargarella plantea que el criterio para determinar quien esta legitimado para llevar a cabo este tipo de actos de desobediencia deberia encontrarse en la definicion internacional, propuesta por el PNUD, de "situacion de extrema pobreza". Segun el autor, aquellas personas que se encuentran en situacion de marginacion severa y carencia de derechos basicos son las que sufren una situacion de alienacion legal legitimadora de la desobediencia (27). Esta concepcion plantea varios problemas.

Uno es la jerarquizacion de derechos. El autor coincide con la famosa teoria de la jerarquia de necesidades elaborada por A. Maslow o M. Max-Neef, segun la cual debe fijarse una diferencia entre determinados "bienes" y "capacidades" que, desde un punto de vista "primario" o "existencial", serian mas importantes y su violacion mas grave que la de otros, por eso se admitiria en este caso, pero no en el resto, la desobediencia y autoejecutibilidad del derecho. Ello contradice abiertamente el principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos. De acuerdo con esta concepcion, ante la negativa del Estado marroqui o espanol de permitir al pueblo saharaui o catalan, a pesar de existir una voluntad mayoritaria en ellos, ejercer el derecho democratico a la autodeterminacion, estos no podrian autoejecutar su derecho y convocar un referendum unilateral desobedeciendo al Estado, puesto que parte de los potenciales votantes no viven en situacion de marginalidad absoluta. No parece aceptable que la vulneracion de partes de las dimensiones formal o material de la igualdad se considere mas importante o grave que vulneraciones de las otras dimensiones de la igualdad, estando mas legitimadas moralmente la defensa de unas sobre las otras.

Otro es la exclusion injustificada de los no marginados en la lucha por la defensa de los derechos. La posicion de Gargarella es cuestionada por otros autores como Fernando Aguiar o Joshua Cohen, que plantean el siguiente supuesto y pregunta: si un grupo de personas que se encuentran en situacion de carencia extrema tiene derecho a la desobediencia y autoejecutibilidad de sus derechos, otras personas no necesariamente excluidas pueden considerar que tienen la obligacion moral de respaldar esta accion si el Estado no hace nada para aliviar la situacion de quienes no tienen cubiertas sus necesidades ?Podria una persona integrada legalmente tratar de cambiar, por medios ilegales, el orden legal que excluye a otros? ?Se puede desobedecer el derecho en solidaridad con otras personas? Ante ello responden que cuando un gobierno dicta normas injustas e ineficaces, lo hace en nombre de todos y empleando recursos que son de todos. Bajo estas condiciones, limitar el derecho de desobediencia a los marginados obliga a los otros a convertirse en complices de las violaciones gubernamentales. Quedariamos aqui enfrentados a un conflicto politico entre los pobres, que tienen el derecho a desobedecer el derecho, y el resto de la poblacion cuya obligacion de obedecer permanece intacta (28).

Por tanto, deberiamos ampliar la legitimidad para activar la facultad de autoejecutibilidad a todos aquellos sujetos, organizaciones comunitarias o populares y movimientos sociales que reivindiquen necesidades y derechos basicos, en el ambito formal, material, cultural, de relaciones con la naturaleza, etc.

Otro elemento importante vinculado con el anterior, es determinar cuales son aquellas necesidades que legitiman la activacion popular de la autoejecucion.

Aunque intentar definir que son necesidades y cuales son "necesarias" o "no necesarias" es algo complejo, pues estas son siempre infinitas en los hombres y su necesidad puede variar en funcion de las sociedades y de las situaciones personales de los sujeto, no hay duda que es necesario intentar delimitar que tipo de carencias justificarian la autoejecucion de derechos.

Con este objetivo partiremos de la diferenciacion planteada por muchos autores, aunque de manera distinta (Adam Smith, Marx, etc.), entre lo que podemos llamar por un lado, necesidades cuantitativas e ilimitadas, y por otro, necesidades cualitativas y limitadas por la dignidad y desarrollo del individuo.

Las primeras son las necesidades que aparecen bajo la forma de demanda, que emergen en el mercado y que se caracterizan por su caracter cuantitativo e ilimitado.

Es conocido que una de las caracteristicas de la mercancia en el sistema capitalista es que su objetivo no es la satisfaccion de necesidades sino la creacion de necesidades. La relacion medio-fin se invierte en tanto que el objeto de consumo ya no aparece como un fin para satisfacer necesidades sino como un medio para la revalorizacion del capital. El consumo adquiere una naturaleza no ya cualitativa sino cuantitativa, la mera posesion.

Las necesidades dirigidas a la posesion de bienes pueden aumentar infinitamente dado que la posesion es diferente del uso y del goce inmediato. No puedo poseer de tal forma que llegue al punto de no desear poseer aun mas. Las necesidades adquieren aqui, por tanto: a) un caracter cuantitativo. Quiero tener mas incluso cuando las cualidades concretas de los objetos no satisfacen inmediatamente ningun tipo de necesidad; y, b) ilimitado. Ninguna otra necesidad pone limite a su crecimiento. Estas necesidades no estan limitadas ni gobernadas por la necesidad de garantizar una idea moral de desarrollo y dignidad del individuo.

Por el contrario, las segundas constituyen aquellas necesidades que, en una epoca determinada, se consideran por los usos y costumbres y por la idea moral de dignidad vigente, como jerarquicamente prioritarias. Estas van evolucionando y transformandose en las sociedades y en el tiempo, el concepto de dignidad no es supra-historico ni atemporal, pero se caracterizan siempre por su caracter: a) cualitativo. Se presentan en una relacion directa y cualitativa con el desarrollo y autorrealizacion de una persona; y, b) limitado. Cuando cesa el dominio de las cosas sobre los hombres, cuando las relaciones interhumanas no aparecen ya como relaciones entre cosas, entonces toda necesidad es limitada y gobernada por la simple necesidad de desarrollo del individuo, restringiendose a lo simplemente necesario para el logro de tal objetivo.

Les necesidades legitimadoras para la activacion de la autoejecucion deberian ser solo, evidentemente, las segundas.

Muchas veces, estas segundas necesidades se han entendido como meramente materiales. Cuando se piensa en tales necesidades cualitativas y limitadas hay una tendencia natural en enfatizar la lectura economicista de esta categoria priorizandose las necesidades sociales o materiales (dimension material de la igualdad), sin embargo el bienestar y calidad de vida obliga a considerar tambien otras variables culturales, politicas, filosoficas o biologicas de las necesidades.

Autores como el citado Carlos Antonio Wolkmer, han llegado a concretar aun mas estas segundas necesidades estableciendo, incluso, una clasificacion de las mismas y de los nuevos derechos innominados autoejecutables que se derivarian de ellas. Estos serian: el derecho a satisfacer las necesidades existenciales (alimentacion, salud, agua, aire, seguridad, etc.); derecho a satisfacer las necesidades materiales (derecho a la tierra--derecho de posesion, derecho de los sin tierra-, derecho a la habitacion y a la vivienda--derecho al suelo urbano, derecho de los sin techo-, derecho al trabajo, al salario, al trasporte, a guarderias infantiles, etc.); derecho a satisfacer las necesidades sociopoliticas (derecho a la participacion, derecho de reunion, de asociacion, de sindicalizacion, de desplazamiento, etc.); derecho a satisfacer las necesidades culturales (derecho a la educacion, derecho a la diferencia cultural, derecho al ocio, etc.); derecho a satisfacer las necesidades difusas (derecho a la preservacion ecologica o de la naturaleza, etc.); derecho de los pueblos, de las minorias y de las diferencias etnicas (derechos de las naciones, de la mujer, de los negros, de los indigenas, de los ninos y de la gente mayor) (29).

Y, finalmente, vistas las necesidades, finalmente, es indispensable tambien, fijar las condiciones que legitimarian la autoejecucion. Estas condiciones pueden hacer referencia tanto al momento de autoejecutibilidad del derecho como al momento posterior de ejercicio del mismo.

En el momento de autoejecutibilidad del derecho, las condiciones para hacerla legitima podrian ser: a) el deber de obedecer deberes morales basicos de respeto y reciprocidad; b) debe existir un vinculo entre las acciones que se realizan y las desventajas que se sufren; y, c) que la autoejecutibilidad de un derecho no pueda vulnerar otros derechos o intereses que son considerados mas importantes en el interior de la comunidad. La autoejecutibilidad de un derecho no puede implicar violaciones de derechos mas graves que aquellas que se pretenden remediar. En el caso de tratarse de derechos con igual estatus, la afectacion causada por el ejercicio de uno, no debe ser mas grave que aquella que se pretenda remediar.

Para el momento posterior de ejercicio del derecho podrian establecerse otras condiciones, por ejemplo, que la propiedad adquirida mediante autoejecutibilidad de un derecho solo pueda ser mantenida en usufructo mientras se desarrollen en ella actividades para cubrir necesidades, y en caso de que se haya adquirido mediante una accion de varias personas, la propiedad deba cooperativizarse no pudiendo existir explotacion del hombre por el hombre.

En consecuencia, si la activacion de la autoejecucion de derechos se llevase a cabo cumpliendo estos tres requisitos o presupuestos habilitantes aqui senalados: tipo de sujetos, tipo de necesidades o carencias y condiciones; su activacion podria considerarse legitima y valida sin necesidad de caer en la anarquia y el caos.

4. CONCLUSIONES

Hasta aqui hemos intentado aportar una descripcion de las formas de recuperacion popular del derecho al trabajo que se han dado en Espana desde el inicio de la crisis de 2007-2008 que llevo a una situacion de desempleo y precariedad a amplias capas de la poblacion. De lo expuesto podemos sacar las siguientes conclusiones:

--Se han dado en la Espana post-crisis, dos grandes formas de recuperacion ciudadana de los espacios de trabajo: la recuperacion de fabricas o autoejecucion legal del derecho al trabajo y la ocupacion de tierras o autoejecucion por desobediencia del derecho al trabajo.

--Ambos modelos de diferencian entre ellos, primero por las consecuencias en la organizacion y conformacion social. Si bien en los dos se produce una desmercantilizacion de la relacion de trabajo al desaparecer la situacion del trabajador que vende su fuerza de trabajo al capitalista, solo en el segundo modelo se produce, a la vez, una desmercantilizacion del espacio de trabajo, reconvirtiendo la propiedad de su forma juridica a su forma sociologica y adquiriendo, por tanto, un mayor potencial transformador.

--En segundo lugar, ambos modelos se diferencian tambien por los debates politico-juridicos que llevan asociados cada una de ellos.

--Respecto al debate sobre la autoejecutibilidad por desobediencia de derechos, si bien existen distintos fundamentos teorico-juridicos y politicos que permiten construir una fundamentacion de la existencia de un "derecho a desobedecer el derecho para hacer efectivos los derechos", se trata de un planteamiento no ausente de problemas ni criticas.

--Si bien las principales criticas a este planteamiento se basan en los peligros de parasitismo social, violacion de derechos y anarquia que implicaria el reconocimiento juridico de esta practica de autoejecucion por desobediencia de derechos, la clara delimitacion juridica de: 1. Quienes son los sujetos; 2. Cuales las "necesidades" o "carencias"; y, 3. Cuales las condiciones, que legitimarian para la activacion de tal practica, permitirian compatibilizar el reconocimiento de tal garantia social de los derechos con el respeto de las libertades basicas de toda sociedad democratica.

http://dx.doi.org/10.5209/NOMA.56078

Albert Noguera Fernandez

Universidad de Valencia

(1) Sobre las colectivizaciones durante la guerra civil espanola, vid. R. Badenes, Las Colectivizaciones en Espana durante la guerra civil, Universitat de Barcelona, Facultat de Filosofia i lletres, Barcelona, 1972; J. Casanova, et. Al. El Sueno igualitario: campesinado y colectivizaciones en la Espana republicana, 1936-1939, Institucion Fernando el Catolico, Zaragoza, 1988; A. Souchy, Colectivizaciones: la obra constructiva de la revolucion espanola: ensayos, documentos, reportajes, C.N.T. de Espana en el Exilio, Toulouse, 1973; P. Pages, El sueno igualitario entre los campesinos de Huesca : colectivizaciones agrarias en la Guerra Civil (1936-1938), Sarinena, Huesca, 2013; A. Bosch, Colectivizaciones en el Pais Valenciano durante la Guerra Civil (1936-1939), Universidad de Valencia, Facultad de Geografia e Historia, Valencia, 1982.

(2) De todas las recuperaciones producidas en esta epoca, las mas conocidas son, seguramente, el caso de la empresa Numax, una fabrica de electrodomesticos de Barcelona recuperada y autogestionada por los trabajadores como respuesta a su intento de cierre irregular por parte de los duenos, cuya existencia quedo plasmada en dos documentos del director de cine Joaquim Jorda, pagados con las ultimas 600.000 pesetas de la caja de resistencia de la asamblea de trabajadores de la fabrica. El caso de la imprenta Gramagraf, ocupada hace 25 anos en Barcelona y que, en la actualidad, todavia existe como parte del grupo editorial cooperativo Cultura 03. Y, el caso de la empresa Mol Matric, una fabrica metalurgica surgida tambien en Barcelona cuando en 1980, los trabajadores de Talleres Ala despues de varios meses sin cobrar la nomina y con la amenaza de cierre, deciden atrincherarse en la fabrica, quedarse con la maquinaria y ponerse a trabajar. Esta empresa se mantiene todavia hoy habiendo superado diversas crisis a traves de haber siempre capitalizado el 90% de sus beneficios o de estrategias como el sistema de banco de horas (cuando no tenian encargos se iban a casa y continuaban cobrando la nomina, pero cuando llega el trabajo, no hay horarios).

(3) Programa Facultad Abierta, Las empresas recuperadas por los trabajadores en los comienzos del gobierno de Mauricio Macri, Secretaria de Extension Universitaria (Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Buenos Aires), Buenos Aires, 2016.

(4) Existe una amplia bibliografia sobre el proceso de recuperacion de fabricas en la Argentina de las ultimas decadas, entre ella, vid.: L. Melina Deledicque, M. Feliz y J. Moser, "Recuperacion de empresas por sus trabajadores y autogestion obrera. Un estudio de caso de una empresa en argentina", CIRIEC-Espana, Revista de Economia Publica, Social y Cooperativa, numero 051, 2005, pp. 51-76; M.A. Briner y A. Cusmano, Las empresas recuperadas en la Ciudad de Buenos Aires, Secretaria de desarrollo Economico (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), Buenos Aires, 2003; E. Carpintero y M. Hernandez (comps.), Produciendo realidad. Las empresas comunitarias. Topia, Buenos Aires, 2002; E. Lucita, "Fabricas ocupadas y gestion obrera en Argentina. Ocupar, resistir, producir", Cuadernos del Sur, num. 34, Buenos Aires, 2002; E. Magnani, El cambio silencioso. Empresas y fabricas recuperadas por los trabajadores en la Argentina, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2003; R.C. Meyer y J.E. Pons, La gestion en las empresas recuperadas, Cuaderno de Trabajo, num, 42, Departamento de Cooperativismo (Centro Cultural de la Cooperacion), 2003; H. Palomino, "El movimiento de trabajadores de empresas recuperadas", Sociedad, Num. 20/21, Revista de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Buenos Aires, 2003; V. Pichetti y M. Xiques, "Ocupacion de fabricas y construccion politica", 6[degrees] Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, ASET, Buenos Aires, 2003.

(5) Sobre este caso, vid. C. Romaguera y C. Pou, "!Que se vaya el patron! 3 ejemplos de empresas recuperadas en Argentina", El salmon a contracorriente, 9 de diciembre de 2015.

(6) La sentencia justifico el desalojo a partir de varios argumentos. En primer lugar, senalo que la actuacion de los encerrados no podia enmarcarse dentro de la Ley Organica de Libertad Sindical pues "no consta que se realizase por los afiliados de un sindicato en su condicion de tales sino, al parecer, por miembros de una comision negociadora, trabajadores afectados por el ERE e incluso politicos y simpatizantes con la causa". Ademas, en segundo lugar, segun la sentencia se trata de una medida de protesta al cierre de la planta "impidiendo su desmantelamiento y como de medida de presion ante los administradores concursales y operadores sociopoliticos" para consensuar una solucion que viabilice el mantenimiento de la planta "por lo que, mas que una reunion en sentido estricto, sin duda garantizada por la Ley Organica de Libertad Sindical, es una forma de manifestacion con ocupacion permanente de varias dependencias de la nave". Asimismo, se establece que el derecho de reunion sindical "debe ejercitarse dentro de unos limites temporales razonables". "Y aqui se esta ante una ocupacion permanente que ya dura varias semanas". Ante todo ello, a pesar de que la juez "no duda" de que la accion de los demandados tiene una "significacion sindical" y puede calificarse como medida de lucha colectiva en defensa de los puestos de trabajo y de los intereses economicos de la ciudad, senala, al mismo tiempo, que "no es el ejercicio de una facultad protegida por el derecho de libertad sindical, de reunion y negociacion colectiva" (Sobre ello, vid. "Los empleados de T-Solar deberan dejar las instalaciones", El Faro de Vigo, 13 de setiembre de 2013).

(7) En la actualidad, la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promocion del trabajo autonomo y de la Economia Social, mantiene la regulacion del Real Decreto 1044/1985 en lo referente a la capitalizacion del paro. El art. 34.1 de la Ley 31/2015, senala que en aplicacion de lo dispuesto en el apartado 3 del articulo 228 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se mantendra lo previsto en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se establece el abono de la prestacion por desempleo en su modalidad de pago unico, incluidas las modificaciones incorporadas por normas posteriores.

(8) Datos citados en: "Crisis: Trabajadores que compran sus empresas", 20 minutos, 27 de marzo de 2015.

(9) Los requisitos y formalidades para proceder a la transformacion de una sociedad mercantil a una cooperativa se regulan en la Ley 27/1999 de cooperativas. Estos requisitos se encuentran expresamente senalados en su articulo 69, el cual se dedica integramente a regular la transformacion, indicando que "cualquier asociacion o sociedad que no tenga caracter cooperativo y las agrupaciones de interes economico podran transformarse en una sociedad cooperativa siempre que, en su caso, se cumplan los requisitos de la legislacion sectorial y que los respectivos miembros de aquellas puedan asumir la posicion de cooperadores en relacion con el objeto social previsto para la entidad resultante de la transformacion" (COCETA, De empresa en crisis a empresa cooperativa. Guia para la trasnformacion de empresas mercantiles en cooperativas de trabajo, COCETA: http://www.emprende.coop/documentos/guia-transformacion-empresas.pdf)

(10) "La ocupacion de la finca de Somonte (Cordoba) llega al Tribunal Supremo por Diego Canamero (Unidos Podemos)", La Vanguardia, 12 de octubre de 2016.

(11) Sobre este caso, vid. "Jornaleros inmigrantes mantiene la ocupacion del invernadero de Simon Sabio en pleno corazon del poniente de Almeria", Tercera informacion, 18 de septiembre de 2013.

(12) La diferencia entre CSP y CJP ha sido planteada por: O. Correas, Introduccion a la critica del derecho moderno, Fontamara, Mexico, 2013, pp. 100-104.

(13) O. Correas, Acerca de los Derechos Humanos. Apuntes para un ensayo, Ediciones Coyocacan, Mexico, 2003.

(14) Ibid., p. 30.

(15) Ibid., 30.

(16) Ibid., p. 39.

(17) Ibid., p. 32.

(18) J. Locke, Dos tratados sobre el gobierno y otros escritos, Biblioteca nueva, Madrid, 2015.

(19) R. Dreier, "Widerstandsrecht im Rechtsstaat", en Festschrift H.U. Scupin, Berlin, 1983.

(20) De estos, ver especialmente: L.D. Kramer, People themselves. Popular constitutionalism and judicial review, Oxford University Press, Oxford, 2004; y, M. Tushnet, Taking the Constitution away from the Courts, Princeton University Press, Princeton NJ, 2000.

(21) Autores como Ferrajoli (Garantismo. Una discusion sobre derecho y democracia, Trotta, Madrid, 2006, p. 944) o G. Pisarello (Los derechos sociales y sus garantias, Trotta, Madrid, 2007, p. 123) han recuperado, posteriormente, este concepto de "garantia social".

(22) R. Gargarella, El derecho a resistir el derecho, Mino y Davila, Buens Aires, 2005, p. 22.

(23) C.A. Wolkmer, Pluralismo juridico. Fundamentos de una nueva cultura del derecho, MAD, Sevilla, 2006, p. 144.

(24) Las teorias del pluralismo juridico aparecen en las primeras decadas del siglo XX como reaccion al positivismo normativista que reducia los problemas generales del Derecho a la norma juridica estatal considerada como un todo en si misma y no, como la parte de un todo mas complejo que la comprende. Los primeros en llamar la atencion sobre la realidad de una "institucion" Derecho con problemas y efectos propios, fueron los teoricos de la institucion, entre los cuales destaco el italiano Santi Romano con El ordenamiento juridico (1917). Dejo de lado a Durkheim que en su tratamiento sistematico del Derecho, aunque no dentro de la ciencia juridica sino de la sociologia general, ya habia expresado esta idea en el Annee Sociologique de 1901-1902.

Uno de los meritos a reconocer, dice Bobbio (Teoria General del Derecho, Debate, Madrid, 1993, pp. 20-21), a la teoria institucionalista, es haber ampliado el horizonte de lo juridico mas alla de las fronteras del Estado, haciendo del Derecho un fenomeno social y considerando el fenomeno de la organizacion como criterio fundamental para distinguir una sociedad juridica de una no juridica. Esta teoria rompio el circulo cerrado de la teoria estatista del Derecho, que consideraba Derecho solamente lo estatal. A partir de ahi, se han desarrollado las teorias del pluralismo juridico que establecen que un sistema juridico es tan solo, en realidad, la construccion socio-psicologica de una red de relaciones constituidas por dos elementos formales: normatividad y fuerza. Con la cual, mas que un territorio-Estado, lo necesario para la formacion de un espacio juridico es la existencia de un grupo de hombres ligados entre si. Los maximos representantes de esta fueron Eugene Ehrlich, Leon Petrazycki y su alumno Georges Gurvitch. Ehrlich habla de un Lebendes Recht o Kantorowicz y Fuchs de un Freies Recht (lo que en ambos casos podriamos traducir como derecho libre o vivo) para referirse a aquel derecho que surge y se manifiesta en los comportamientos humano, no en proposiciones de la autoridad. Ya posteriormente, y dentro de la concepcion del pluralismo juridico, surge tambien la denominada teoria de las instituciones y los sistemas, creada por Niklas Luhmann con su obra Rechtssoziologie (1972) y Helmut Schelsky con Jahrbuch fur Rechtssoziologie und Rechtstheorie (1970), en las que fruto de combinar la teoria institucionalista con la teoria de los sistemas sociales, definen la sociedad como una red de relaciones sociales, tendida entre todos los individuos, las instituciones, grupos y organizaciones sociales dentro de los cuales, las normas juridicas son concebidas como elementos y partes constitutivas de las respectivas expectativas de comportamiento que en su interior y a traves de los medios de Derecho, se dan y que establecen la convivencia humana.

(25) M. Reale, Teoria do direito e do estado, Saraiva, Sao Paulo, 1984, p. 263.

(26) N. Bobbio, Contribucion a la teoria del derecho, Fernando Torres, Valencia, 1980, pp. 164, 264-265.

(27) R. Gargarella, El derecho a resistir el derecho, Cit. pp. 34-35.

(28) J. Cohen, "?Sufrir en silencio?", en R. Gargarella, El derecho a resistir el derecho, Cit., p. 86.

(29) Esta es una clasificacion establecida por C.A. Wolkmer (Pluralismo juridico. Fundamentos de una nueva cultura del derecho, Cit., p. 150), a partir de las contribuciones de P. Demo (Participacao e conquista, Cortez/Autores Associados, Sao Paulo, 1988, p. 63), P.M. Jacques ("Una concepcion metodologica del uso alternativo del derecho", El Otro Derecho, num.1, Bogota, 1988, pp. 23-24) y I. Lesbaupin (As classes populares e os direitos humanos, Vozes, Petropolis, 1984, pp. 95-158).
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Author:Noguera Fernandez, Albert
Publication:Nomadas
Article Type:Ensayo
Date:Dec 1, 2017
Words:9899
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