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Justicia de proximidad y gobierno politico-militar en la frontera. Equipamiento institucional del Valle de Uco (Mendoza) durante el proceso revolucionario (1810-1820).

Justice of proximity and politico-military government in the frontier. Institutional equipment of Valle de Uco (Mendoza) during the revolutionary process (1810-1820)

El abordaje de las fronteras en diversos espacios y periodos conforma una via de acceso privilegiada para reflexionar en torno de muy distintas cuestiones vinculadas con la configuracion del poder estatal. Pensar como este construyo su autoridad y como negocio su legitimidad parece adquirir una densidad distinta en ellas porque las distancias (no solo geograficas, sino tambien sociales y culturales) nutrieron alli de modo particular los procesos de constitucion de la dominacion, en tanto implicaron complejas relaciones de violencia tacita y explicita, de intercambio, interaccion etnica y mestizaje que atravesaron las formas de territorializacion y los tipos de practicas politicas especificos de esos espacios (Quijada, 2002; Ratto y Jong, 2014). (1)

La frontera (2) meridional de la jurisdiccion de Mendoza se fue conformando como tal desde comienzos del siglo XVII, cuando las modificaciones en las estrategias de colonizacion de la Corona espanola reubicaron la ciudad cuyana en el panorama imperial, y paso de ser considerada periferia a ser conceptualizada como zona clave, no solo frente a las parcialidades indigenas sino tambien ante las ambiciones inglesas y holandesas al otro lado de los Andes (Gascon, 2011: 67-99). La necesidad de garantizar caballadas y ganado vacuno para las tropas acantonadas en el sur del Reino de Chile por el contexto de guerra en la Araucania concentro la atencion en el fortalecimiento de los potreros del Valle de Uco y Jaurua, unos 100 kilometros al sur del casco urbano mendocino, en estancias que eran periodicamente atacadas por grupos de puelches y pehuenches. Para inicios del XVIII, las autoridades habian logrado estabilizar la dominacion sobre los primeros, y los instalaron en torno del rio Diamante a fin de que su asentamiento sirviese como franja de amortiguacion respecto de los segundos. La incorporacion de poblacion puelche chiquillan como mano de obra conchabada en las estancias surenas, evidenciada en censos y visitas episcopales de ese siglo, da cuenta del exito espanol en el proceso de pacificacion intentado desde la centuria anterior (Prieto, 1997-1998: 292293). Mas tarde, los esfuerzos conjuntos de la Junta de Poblaciones y del comandante Francisco Amigorena terminaron por fijar esta area de frontera entre el rio Tunuyan y el Diamante con la instalacion del Fuerte de San Carlos en 1770 y la fundacion de la villa en 1772 (Rustan, 2013: 89-93). Pero la opcion adoptada por el cabildo mendocino de seguir los dictados revolucionarios de la junta portena en junio de 1810 puso en juego la paz lograda con las parcialidades y exigiria, en la urgencia de la guerra, un disciplinamiento social inedito.

En el marco del paradigma jurisdiccional del poder politico del Antiguo Regimen (Hespanha, 1993: 6184; Garriga, 2004; Aguero, 2007), se entiende el rol fundamental que la funcion de justicia tuvo en los procesos de colonizacion. Y en este sentido, ya Charles Cutter ha puntualizado como el sistema judicial conformo el aparato por excelencia del Imperio espanol en America, en tanto no solo servia para resolver los conflictos interpersonales sino tambien para imponer los proyectos sociales y politicos de la Corona, siendo el canal por donde circulaba y se distribuia el poder (Cutter, 2007: 170). No obstante, a mediados del siglo XVIII comenzo a plantearse la necesidad de una justicia de proximidad que no solo garantizara una justicia distributiva que diese a cada cual lo que le correspondia segun su estado y calidad, sino que tambien desplegase tareas de policia para vigilar los comportamientos publicos, la movilidad de la poblacion y sus actividades economicas. En este marco, la proliferacion de alcaldes de barrio en las ciudades y de pedaneos o comisionados en las areas rurales, tanto en la Metropoli como en America, tuvo que ver con este impulso por intensificar la trama institucional para un mas continuo control sobre la poblacion (Marin, 2012), todo acompanado por la progresiva politizacion del concepto de "orden publico" (Godicheau, 2013).

Teniendo en cuenta lo anterior, trataremos de seguir el equipamiento de la frontera sur de Mendoza como proceso por el cual su territorio se transformo en espacio politico a partir de la aplicacion en el de una trama institucional determinada (Barriera, 2009: 45-46). Nos centraremos en la villa de San Carlos y el Valle de Uco durante el contexto revolucionario, que en Mendoza incluyo la formacion in situ de una formidable fuerza de guerra: el Ejercito de los Andes.

Este trabajo conforma un primer acercamiento a este espacio meridional de la jurisdiccion mendocina, sobre el cual no existen estudios especificos para la primera mitad del siglo XIX que aborden su configuracion territorial atendiendo a los diversos niveles de su ordenamiento politico-institucional y su dinamica, expresados no solo en normas sino, sobre todo, en practicas. (3) Buscamos reconstruir la trama de funcionarios, sus atribuciones y sus relaciones de jerarquia-subordinacion en tension con su vinculo de centro-periferia respecto de la sede central del poder en la ciudad de Mendoza, para observar como se desplegaba en este ambito la pluralidad jurisdiccional heredada de la colonia que debio ser puesta a punto durante la Revolucion. Pero, ademas, tratamos de ver como ello se articulo con el concepto de "gobierno politico y militar" implicado en las reformas borbonicas, analizando el modo en que impacto en la institucionalizacion de este territorio al convertir a los comandantes militares en actores centrales de este espacio periferico en el que el abastecimiento, los recursos humanos y la logistica dependieron del apoyo de su poblacion (Fradkin, 2009: 43-44). Finalmente, insertamos estas preocupaciones en el debate sobre la construccion del poder estatal y, sobre todo, de su legitimidad, para lo cual consideramos fundamental reflexionar en torno del problema de la "distancia", pues implica tener en cuenta las condiciones de configuracion de ese poder y las estrategias implementadas para ejercerlo (Barriera, 2013: 135).

A partir de ello, nuestra hipotesis es que la lejania del centro urbano y la cercania de las parcialidades indigenas convertian en un requisito de gobierno ineludible la negociacion constante de las autoridades surenas con su propia comunidad, y no solo para obtener hombres, caballos y reses, sino tambien para construir su autoridad y lograr obediencia. Creemos que en esa construccion cotidiana de su poder la citada cuestion de la proximidad (Barriera, 2012a; 2012b) conformo un elemento clave de gobernabilidad, en tanto la presencia fisica del juez parecia por si garantizar el orden, aun en un contexto material en el que los recursos resultaban minimos para asegurar su permanencia.

El periodo recortado tiene que ver con la imposicion del ritmo politico que genero la Revolucion y con el contexto especifico que brinda para pensar la legitimidad. El trabajo comienza, entonces, a mediados de 1810, cuando el cabildo de Mendoza opto por seguir el camino encabezado por Buenos Aires, y cierra en 1820, cuando la experiencia de esos anos llevo a la elite residente en la ciudad a replantear el tramado institucional sureno dada la peligrosa autonomia que, en su opinion, habian reflejado sus actores politicos, lo que claramente parecia vinculado tambien a la acumulacion de poder que habian alcanzado los jueces comandantes. Las reformas introducidas, asi, dieron cuenta de la conciencia que habia desarrollado la elite respecto de la emergencia de un centro de poder distinto del que residia en la ciudad y con el cual debia comenzar a contar al enfrascarse en sus luchas internas. (4)

El analisis se desarrollara en tres apartados. En el primero aportaremos datos para caracterizar estas tierras al inicio de la Revolucion. En el segundo focalizaremos la atencion en los dos funcionarios que eran designados para garantizar la proximidad gubernamental en la villa de San Carlos y el Valle de Uco, esto es, el comandante general de fronteras y el comandante del Fuerte; aqui, no solo definiremos sus atribuciones sino tambien las relaciones entre si y de ambos con las autoridades de la capital mendocina. Finalmente, atenderemos a la justicia de proximidad por excelencia, la justicia menor desempenada por decuriones y jueces comisionados, quienes "a ras del suelo" articulaban la mediacion entre el gobierno y la poblacion local en la vida cotidiana. Usaremos documentacion original conservada en el Archivo General de la Provincia de Mendoza (en adelante AGPM), (5) en diversas secciones del periodo independiente (Gobierno, Poder Ejecutivo y Legislativo, Judicial Civil, Sumarios Civil y Militar), y distintas compilaciones de fuentes editas.

Potreros, indigenas y estrategias de dominacion

Los Valles de Uco y Jaurua, ubicados al suroeste de la jurisdiccion mendocina en torno del rio Tunuyan y entroncados con la cordillera de Los Andes (Figura 1), fueron utilizados precozmente por los espanoles para la produccion ganadera, dada la fertilidad de pastos que permitio la instalacion de potreros al efecto (Prieto, 1997-1998: 41). Habitados a la llegada de aquellos por asentamientos huarpes y por estacionales bandas cazadoras-recolectoras de puelches y pehuenches, ofrecian diversos recursos de subsistencia para estos grupos, los cuales desarrollaron distintas estrategias adaptativas a medida que avanzo el dominio espanol. En este sentido, Prieto abona la hipotesis de que teniendo en cuenta las enormes distancias que las bandas nomadas debian recorrer para proveerse de alimentos, y que eran muy vulnerables a los anos de sequias que les exigian mayor movilidad, es viable vincular a dichas bandas con las incursiones predadoras en los asentamientos de huarpes e indigenas sedentarios tanto como en los de espanoles. De tal modo, se podrian explicar los "malones" no solo como luchas reivindicativas sino tambien como estrategia alternativa para la obtencion de recursos, la cual hacia de la guerra una modalidad viable (Prieto, 1997-1998: 73-74).

Como adelantamos, la jurisdiccion mendocina en general, y la zona surena hasta el rio Diamante en particular, se volvieron valiosas desde fines del siglo XVI y comienzos del XVII, cuando la Corona tuvo que enfrentar la amenaza conjunta de desembarcos ingleses y holandeses en el sur chileno, a la par de los problemas que la poblacion araucana no sometida traia como potencialmente colaboradora con ellos (Gascon, 2011: 41-45). La necesidad de acantonar fuerzas permanentes en Chile para enfrentar ambos peligros requirio de recursos logisticos para la alimentacion y vestido de un numero considerable de soldados; de alli que esta zona de potreros adquiriese un rol clave en los esfuerzos del gobierno chileno y del cabildo mendocino (Gascon, 2001). En este sentido, comenzaron a consolidarse estancias, entre las cuales resulto clave La Arboleda, que en 1632 fue cedida a los jesuitas (Vega, 1993: 34) y se convertiria en un nucleo productivo clave en la zona, (6) pues fortalecio el rol de la ciudad cuyana como lugar de transito obligado en los circuitos mercantiles que comunicaban el Litoral con Santiago de Chile, y en el que las citadas estancias se convirtieron en eslabon para el engorde del ganado comprado en Cordoba, Santa Fe y Buenos Aires, y vendido allende la cordillera al ser reabierto anualmente el paso luego de las nevadas invernales.

A la par de los establecimientos ganaderos, se fueron realizando esfuerzos para desplegar una red institucional eclesiastica que garantizara la evangelizacion; pero para 1754, un informe del doctrinero designado para el Valle de Uco anoticiaba al gobernador chileno que era imposible su residencia en la zona por la falta de recursos basicos y por carecer de iglesia y ornamentos. Sin embargo, una vez creado el Fuerte de San Carlos en 1770, se trasladaron alli la sede parroquial y su doctrinero, y unos anos despues se contaba con dos capillas mas en La Arboleda y San Francisco de la Carrera (Vega, 1993: 37).

El acta fundacional de la villa, fechada en octubre de 1772, daba cuenta de la designacion de una comision de "sujetos electos por el Cavildo y Regimiento de Mendoza para la determinacion y dictamen de la construccion", que aprobo el plano presentado y a los pocos dias dispuso el reparto de tierras (Vega, 1993: 45). No obstante, este intento no resulto exitoso, por lo que en 1788 se designo juez poblador de la villa a Juan Morel, y se le otorgaron atribuciones judiciales y de policia, ademas de militares como comandante interino del Fuerte, para volver a dar impulso a la fundacion (Sanjurjo, 2004: 31).

Esta politica de equipamiento institucional acompano una estrategia frente a los indigenas, que alterno la construccion de fortines e incursiones militares con parlamentos que fueron pautando terminos de acuerdo. (7) Respecto de lo primero, en 1774 se fundo el fortin de San Juan Nepomuceno y en 1805 el de San Rafael, mas al sur, que llevo al progresivo abandono de aquel. (Vega, 1993: 47-48). La politica de amistad, a su vez, ofrecio a los "indios amigos" alimentos, vestido y bienes suntuarios, e incluso, defensa ante el ataque de otras tribus, a cambio de su lealtad (Prieto, Dussel y Pelagatti, 2004: 86). Este acercamiento sostenido confluyo con un acrecentamiento de los enfrentamientos interetnicos y con la consolidacion de la dependencia indigena del intercambio mercantil con la poblacion blanca, por lo que, para las parcialidades de pastores con cierto grado de aculturacion, comenzaron a volverse mas favorables las relaciones pacificas con los espanoles (Pelagatti, 2006: 80; Roulet, 1999-2001). En ese marco, los esfuerzos conjuntos de Francisco Esquivel Aldao como comandante del Fuerte (entre 1776 y 1797) y Francisco Amigorena como comandante general de fronteras (entre 1778 y 1799) estabilizaron un espacio en el que la instalacion de poblacion indigena (8) se combino con la intensificacion de los intercambios comerciales con ella.

El empadronamiento realizado en el Valle de Uco y la villa de San Carlos en noviembre de 1810 por el mismo Juan Morel como juez de la villa, a pedido del teniente gobernador Jose Moldes, (9) daba cuenta de esa estabilizacion. Para entonces, el territorio contaba con 694 habitantes distribuidos en 125 unidas censales cuya organizacion y composicion evidenciaban la impronta de las relaciones socioetnicas de frontera. Asi, el tipo de estructura familiar predominante de grupos domesticos conyugales, (10) la presencia de grandes unidades productivas administradas por capataces al mando de peones sin familia en el lugar, la presencia de un grupo de soldados asentados, un mayor indice de masculinidad (177 / 100) y la recurrencia de apellidos indigenas de diversas parcialidades expresaban aquella impronta. La preeminencia de grupos etarios jovenes evidenciaba, ademas, una reciente residencia, mientras que el tipo de ocupacion mayoritaria, la de peon (60% de los ejercicios registrados), mostraba el predominio de la actividad ganadera, en tanto se puede suponer que el mayor porcentaje de esos peones trabajaba bajo las ordenes de la notable cantidad de capataces y criadores censados (15% de las ocupaciones), teniendo en cuenta que los labradores eran bastante menos (9%) y podian abastecerse de mano de obra familiar (AGPM, carp. 13, doc. 5). Sin embargo, ese padron tambien manifestaba otras dos cuestiones.

Por un lado, la tendencia a identificar el Valle de Uco con un espacio de definicion creciente vinculado con el territorio ubicado entre el rio Tunuyan y el Diamante, y el primero solo respecto de su curso occidental adyacente a la cordillera. En este sentido, el espacio que debio abarcar el juez Morel se distinguia bien del que habian tenido que cubrir otros dos comisionados, uno en las Barrancas y costas del rio Tunuyan hasta rodeo de El Retamo, y otro en el area ubicada "desde el Paraje de la Ramada hasta el Desaguadero, de una y otra vanda del Rio" (AGPM, carp. 13, doc. 2 y 3). De hecho, no esta de mas referir que a comienzos del siglo XVII la doctrina de Valle de Uco habia tenido su sede en Barrancas, lo que da cuenta del uso extensivo del termino Uco en esa temprana epoca para nombrar tambien a las tierras del norte, casi en el entorno del rio Mendoza (Vega, 1993: 35).

Por otro lado, sin embargo, esa tendencia tambien reflejaba que el termino Jaurua para designar el sector al sur del curso occidental del Tunuyan (Prieto, 1997-1998: 41) ya no era usado por las autoridades, y que este territorio quedaba incluido bajo el termino Valle de Uco, con el cual paso a nominarse todo el amplio espacio que rodeaba el tramo centro occidental del rio Tunuyan y se extendia hasta el Diamante (Figura 1). (11)

Sobre este espacio mas definido, diversas autoridades con distintas subordinaciones ejercieron una serie de atribuciones que fortalecieron el control gubernamental sobre el, lo que tambien implico, no obstante, implementar estrategias de negociacion especificas dadas las particularidades socioproductivas de este territorio en proceso de institucionalizacion.

Acumulacion de funciones para institucionalizar el espacio sureno

Ya dijimos que cuando en 1788 se tomo la decision de repoblar la villa de San Carlos y se designo como director de la obra a Juan Morel, se le otorgaron atribuciones como juez; con ellas podia oir demandas y dictar sentencias en casos por un monto mayor que los alcaldes de hermandad, pero tambien formar causas por delitos mayores hasta estado de sentencia que luego debia remitir al gobernador o los alcaldes ordinarios. Sin embargo, tambien marcamos que se le dieron responsabilidades de policia para el arreglo de la villa y la persecucion de vagos, y funciones militares, pues se lo designo capitan de milicias y comandante interino del Fuerte (Sanjurjo, 2004: 31). Esta acumulacion de funciones, no obstante, tuvo algunas discontinuidades, lo que genero subordinaciones diversas y con ello, fricciones en su ejercicio.

La comandancia general de fronteras: multiples funciones para un amplio territorio

El comandante general de fronteras fue designado desde 1810 por los gobiernos centrales residentes en Buenos Aires, como hace suponer documentacion sobre ascensos y remociones acordes con el ejercicio de la maxima autoridad por aquellos en materia de guerra para las Provincias Unidas (Comision Nacional de Centenario, 1910: 325), tal como lo disponian la Real Ordenanza de Intendentes, el Estatuto de 1815 y el Reglamento Provisorio de 1817 (Sabsay, 1912: 279-280 y 308); no obstante, el comandante se hallaba subordinado en lo inmediato al comandante general de armas de su jurisdiccion (Beverina, 1935: 47 y 54; AGPM; carp. 233, doc.4; carp. 237, doc. 29), y desde fines de 1813, al gobernador intendente, (12) quien segun las coyunturas asumio o delego las funciones militares adjuntas a esa comandancia (13) (Comision Nacional de Centenario, 1910: 364; Instituto de Investigaciones Historicas y Disciplinas Auxiliares [IIHyDA], 1942: 59). Sin embargo, cuando la comandancia de armas fue ejercida diferenciadamente de la gobernacion intendencia, el comandante de frontera siguio estando supeditado en cuestiones de gobierno, policia y justicia a esta ultima. En este marco de subordinacion, solo dos hombres ejercieron como titulares este cargo en nuestro periodo: Manuel Corvalan, de 1811 hasta quiza 1812, y Jose de Susso, quien consolido el perfil del cargo de acuerdo con el concepto de gobierno politico y militar, y lo desempeno desde 1813 hasta comienzos de 1820, (14) en un ambito jurisdiccional que no se limitaba a la frontera sur de la jurisdiccion sino que tambien incluia el area de Corocorto hasta el Desaguadero.

Los comandantes generales de frontera tenian como funcion prioritaria el mando de las tropas y milicias acantonadas en los puntos fronterizos. Se ocupaban de su distribucion y provision, de la organizacion de partidas volantes para vigilar los espacios intermedios y el contacto con la poblacion indigena (Beverina, 1935: 54). Estas responsabilidades implicaban el conocimiento de las fuerzas y armas disponibles en San Carlos y Corocorto, e informarlo a la superioridad, ademas de la inspeccion de las ubicadas mas al sur, en San Rafael (15) (AGPM, carp. 235, doc. 33; carp. 237, doc. 11, doc. 29 y doc. 84), la propuesta de reemplazos en caso de vacantes o la notificacion de ausencias autorizadas de sus subordinados inmediatos en esas guarniciones (AGPM, carp. 235, doc. 6 y doc. 26; carp. 241, doc. 12), la obtencion de armas y bastimentos para sostenerlas (AGPM, carp. 235, doc. 8; carp. 237, doc. 2, doc. 11 ; carp. 241, doc. 3), el pago de los sueldos (AGPM, carp. 235, doc. 46), la captura y castigo de desertores (AGPM, carp. 235, doc. 3; carp. 237, doc. 11 y doc. 53; carp. 240, doc. 48; carp. 241, doc.3), el seguimiento y conservacion de las buenas relaciones con las tribus amigas (AGPM, carp. 235, doc. 14, doc. 40 y doc. 46; carp. 237, doc. 2) y el control de los movimientos en torno del rio Diamante y a traves de la cordillera, sobre todo por el paso del Portillo (AGPM, carp. 235, doc. 46; carp. 237, doc. 11 ; carp. 241, doc.7).

Las guarniciones contaban con fuerzas veteranas y milicias distribuidas entre el Valle de Uco y Corocorto. El informe elevado por de Susso al comandante de armas en abril de 1815 daba cuenta de la siguiente situacion: veteranas con 2 oficiales (comandante general de fronteras y comandante del Fuerte de San Carlos) y 48 hombres (1 sargento, 5 cabos, 1 tambor y 41 soldados); milicias en Valle de Uco, con 2 oficiales (un capitan y un teniente) y 63 hombres (2 sargentos, 3 cabos y 58 soldados), y de Corocorto, con 3 oficiales (1 capitan, 1 teniente y 1 subteniente) y 50 hombres (2 sargentos, 2 cabos y 46 soldados) (AGPM, carp. 237, doc. 29).

Pero el comandante general de fronteras tambien acumulaba atribuciones judiciales que implicaban no solo conducir sumarios (16) y elevarlos hasta el momento de sentencia, sino que tambien ejercia una jurisdiccion que le permitia delegarla en jueces de comision. En este sentido, si de Susso se calificaba en relacion con la villa de San Carlos como "Juez de ella" (AGPM, carp. 241, doc. 22) o como "su Juez politico" (AGPM, carp. 233, doc. 128b), tenia capacidad para ordenarle al comandante del Fuerte que procediera a la ejecucion del sumario indagatorio que debia averiguar sobre robos de ganado "a los hacendados del Sud". Asi, le solicitaba que esclareciese la conducta de Isabel Pereyra, vecina de la estancia de La Arboleda, acusada no solo de muertes reiteradas de vacunos en las inmediaciones de su residencia, sino tambien de que hubiese alimentado y aposentado desertores; agregando que "evacuadas las diligencias remitame Ud. la sumaria para proceder conforme a Justicia" (AGPM, carp. 443, doc. 30). Siguiendo los pasos previstos, el comandante concluyo la sumaria y de Susso la elevo al gobernador Luzuriaga, informando del arresto de la mujer en la carcel del Fuerte y la remision de otros reos a Mendoza, pasando la causa a la alcaldia de segundo voto para concluir su sustanciacion.

La intervencion judicial del comandante general de fronteras no era solo de oficio, sino que tambien actuaba "por comision" ordenada por el gobernador. Asi, en 1814 de Susso se hacia cargo de la orden del gobernador de entender en una demanda que contra el mismo comandante del Fuerte de San Carlos, Jose Leon Lemos, habia iniciado el ciudadano Agustin Videla (AGPM, carp. 235, doc. 13), mientras que al ano siguiente concretaba un sumario dispuesto por orden de San Martin para averiguar sobre la participacion que habia tenido el capataz de La Arboleda en la huida a Chile de dos religiosos contrarios a la causa, lo que realizado paso al gobernador para que fuese trasladado al asesor letrado (AGPM, carp. 442, doc. 16). En 1818 iniciaba un sumario indagatorio en "cumplimiento de la comision" que Luzuriaga le encomendo para tomar declaracion a un sospechoso de traicion a la causa de la libertad, y coloco la esquela que lo delataba como auto cabeza de proceso (AGPM, carp. 444, doc. 12).

Sin embargo, en casos de extrema gravedad, solo recibia las denuncias sobre los delitos cometidos, y remitia a los reos, con la noticia de su crimen, al gobernador. Tal fue el caso del robo de sepulturas pehuenches en 1818, suceso que podia generar una escalada de violencia que afectara las relaciones con los "indios amigos" y la estabilidad lograda en la frontera sur. En este sentido, de Susso dio cuenta en dos oficios consecutivos de las circunstancias del hurto y su descubrimiento, de los nombres de los principales acusados, de la reaccion inicial de los caciques y de la orden que habia dado para el apresamiento del mayor imputado y su remision a presencia del gobernador (AGPM , carp. 444, doc. 16).

Es claro que sus acciones judiciales, en general, se vinculaban con cuestiones que atanian a la logistica de la frontera en epoca de guerra: control de las opiniones, deteccion de opositores, desertores o posibles intentos conspirativos y todo comportamiento que en el espacio de su jurisdiccion afectara la marcha de la Revolucion y la buena relacion con la inmediata poblacion indigena. No obstante, tambien actuo en causas penales entre particulares, por injurias, por ejemplo, y si bien no podemos confirmar que haya recibido demandas verbales hasta un monto determinado sobre las que haya podido decidir (tal como lo hacia Juan Morel como juez poblador), no seria extrano que asi sucediese, pues de Susso cumplio varias de las funciones que desempenaba el citado director de la repoblacion de la villa de San Carlos, por lo que no se puede descartar este aspecto de su capacidad jurisdiccional.

En estas responsabilidades vinculadas con la administracion de justicia hay que agregar, ademas, el control que tenia sobre los presidarios que llegaban al sur cumpliendo las penas impuestas por las sentencias de los alcaldes ordinarios, pues el presidio del Fuerte de San Carlos conformaba un destino mas o menos regular en la punicion de la criminalidad mendocina. (H) No solo debia velar por el cumplimiento de los castigos, ocupando a los reos en tareas utiles, sino tambien proveerles su "racion", y podia trasladarlos a otros puntos en los que se necesitasen mano de obra y hombres para nutrir guarniciones, como San Rafael o Corocorto.

Tambien desempenaba tareas de policia, organizando partidas para la persecucion y captura de vagos, salteadores, ladrones cuatreros y transeuntes sin licencia (AGPM, carp. 235, doc. 8, doc. 19 y doc. 30) y ocupandose del progreso de la villa y el Valle de Uco en general. Asi, tomo medidas para prohibir la introduccion de bebidas en ambos y solicito que no se franqueasen mas licencias de pulperia, considerando que las existentes garantizaban la provision del vecindario. En oficio al gobernador explicaba que muchos de los que podian "tomar el arado" no lo hacian y se ocupaban en traer aquellas en tanta abundancia que "causan estragos en la poblacion", cuando era claro que el "principal fundamento en que se apoya el aumento de esta miserable Poblacion es el hacer laboriosas las manos debiles y ociosas de sus havitantes" (AGPM, carp. 235, doc. 20). En la misma linea, y respondiendo a la consulta del gobierno acerca de los modos que veia necesarios para "el aumento de la Villa de San Carlos", aconsejaba estimular el comercio con los indios pero limitando su ejecucion a los vecinos, pues con esta medida tan "benefica como segura" creia que creceria la poblacion en poco tiempo, pues si bien la labranza permitia un "facil" y "util" beneficio, era muy costosa en ese lugar. Su conclusion era que el desorden se hallaba vinculado a la indigencia de ese vecindario y su ociosidad, pues "acarreando estas necesidades el desorden consecuente que no es posible solucionar si no se provee medios de ocupacion utiles (...) Hay que moverlos por medio de mano activa al trabajo" (AGPM, carp. 241, doc. 22).

La intervencion del comandante en el gobierno de este nucleo poblacional tambien implicaba otras acciones, desde la publicacion de bandos y organizacion de festejos patrios hasta la puesta en marcha del molino local (con todas las implicancias que ello tuvo y veremos mas adelante), tanto como las edificaciones que alli se levantaran (18) y la vigilancia de la vida religiosa local. Respecto de lo primero, no solo debia velar por que se publicasen los bandos entre los vecinos de la villa, sino tambien entre los "demas que existan en el Valle de Uco" y en los fuertes de la frontera (IIHyDA, 1950: 62, 66 y 83). En relacion con las celebraciones revolucionarias, de Susso fue quien dispuso en honor de la victoria de Chacabuco la iluminacion de la villa por tres dias, repiques de campanas, entonacion de canciones patrias e izamiento de la "bandera de la Nacion", y acordo con el cura una misa solemne en accion de gracias (AGPM, carp. 241, doc. 7). Con respecto a las necesidades religiosas de la poblacion, solicito el nombramiento del fraile Jose Martinez, acreditando sus "buenos servicios" (AGPM, carp. 237, doc. 84).

A la par de todas estas funciones tambien debio encargarse de cuestiones de hacienda, las cuales se incrementaron al avanzar la formacion del Ejercito de los Andes, y aun despues de su partida a Chile. Asi, debio remitir informes de las ganancias obtenidas por el molino de la villa y fue encargado por San Martin de la recaudacion de contribuciones, la distribucion y control sobre bienes confiscados a los opositores y la presion sobre los remisos al pago de canones extraordinarios (IIHyDA, 1950: 57, 93 y 168; AGPM, carp. 241, doc. 3).

Sin embargo, hay un ultimo elemento sobre el que conviene volver: el espacio sobre el cual ejercia todas estas funciones. En efecto, el desempeno del cargo requeria una permanente movilidad, no solo para su traslado entre las diversas guarniciones que debia inspeccionar, sino tambien hasta la ciudad de Mendoza para hacerse presente al gobernador cuando fuese necesario. Este desplazamiento quedaba bien reflejado en su correspondencia, firmada en varios de esos puntos; no obstante, cada traslado debia ser informado y justificado ante el gobernador (AGPM, carp. 241, doc. 12; carp. 442, doc. 16), mientras que la distancia que mediaba entre las guarniciones parecio dificultar el ejercicio y la transmision de ordenes; asi, en un oficio, de Susso remarcaba que todo el peso de la defensa de la frontera recaia sobre la guarnicion de San Carlos, mientras que la falta de coordinacion con la de Corocorto hacia que en las misiones de reconocimiento de rastros indigenas en el sur, las huellas de estos fueran confundidas con las de los hombres de aquella guarnicion que se habian arrimado sin avisar a esa zona en busca de animales para sostener su guardia (Castro, 1985: 14).

Mas alla de estos desplazamientos y los problemas que podian provocar las distancias, resulto clara la tendencia de de Susso a fijar su residencia en la villa misma de San Carlos (aun cuando su "casa" estaba en la ciudad), en tanto con la consolidacion de esta y el devenir de la guerra revolucionaria parecio que solo su proximidad fisica en la frontera y su presencia en el centro politico sureno podian garantizar el cumplimiento de sus funciones. No es casual, en este sentido, que el decurion Pedro Jose de Aguirre, informado a mediados de 1813 de nuevos nombramientos en las plazas de la frontera, lo recomendase especialmente, sosteniendo que era alli "fundamental" su persona, pues desde que estaba se sentian "los efectos de su celo en todo", la disciplina rigurosa en el Fuerte y los adelantamientos en los trabajos debido a la mano de obra de los presidiarios: todo era de "una armonia" ejemplar (AGPM, carp. 233, doc. 14). Sin embargo, es probable que esta estabilizacion de la residencia se vinculara con otras dos cuestiones: por una parte, con la fundacion de la villa de Corocorto en 1815, lo que hizo innecesaria ya la recurrente presencia del comandante de frontera alli, por cuanto la fijacion de un juez propio en ella permitio una mejor distribucion de tareas; y por otra, con la consolidacion de la unificacion del gobierno politico y militar por el comandante general de frontera, por medio de la eliminacion de la trama institucional surena de un juez politico residente en la villa de San Carlos, y la reunion de sus funciones en la misma comandancia, ello en consonancia con la ya citada tendencia borbonica consolidada por la Revolucion, marcada por Fradkin para el contexto rioplatense (2009: 43).

Respecto de la fundacion de la villa de Corocorto, si bien de Susso fue instruido en julio de 1815 para delinear la villa, repartir los terrenos y comenzar la construccion de la acequia principal (AGPM, carp. 1, doc. 5), y de hecho avanzo en estas labores (AGPM, carp. 237, doc. 45), para septiembre de ese ano era claro que no podia cumplir con ellas y con las multiples ocupaciones de San Carlos y el Valle, pues ello ocasionaba retraso en estas ultimas (AGPM, carp. 237, doc. 46). En ese marco, se designo un juez para Corocorto a fin de que siguiera con las edificaciones y la distribucion de tierras, del mismo modo que para desempenar tareas de policia (AGPM, carp. 237, doc. 53; IIHyDA, 1942: 541). Y si ya habia habido jueces comisionados en este ambito (IIHyDA, 1942: 175, 340 y 374), del mismo modo que en Las Lagunas (IIHyDA, 1942: 120) tendio a consolidarse la figura de un juez territorial para atender especificamente a las necesidades de la nueva villa (AGPM, carp. 1, doc. 5; carp. 493, doc. 10).

En este sentido, desde 1814, ano en que el juez Pedro Jose de Aguirre renuncio a su ejercicio como "juez politico" (AGPM, carp. 235, doc. 6), el mismo comandante general de fronteras asumio sus responsabilidades, y reunio en el centro politico del sur el maximo poder militar, judicial y de gobierno de ese territorio.

La acumulacion de funciones creaba un margen de poder considerable; sin embargo, la obediencia no se podia dar por descontada. En este sentido, de Susso debio negociar trabajosamente su autoridad, en tanto los hacendados del Valle de Uco discutieron su legitimidad con recurrencia. En este rechazo al comandante parecieron articularse dos cuestiones. Primero, la evidente: el peso de las cargas de la guerra revolucionaria que en el sur era representada por el, en tanto debia controlar la entrega y mantenimiento de caballadas y reses para el alimento de las tropas. En este sentido, algunos hacendados se quejaron ante San Martin por el desorden de estas en el uso de los recursos ganaderos. Un oficio del comandante, posiblemente en respuesta a otro de San Martin de marzo de 1815 (IIHyDA, 1942: 252), revela que ya habia habido problemas con las caballadas recogidas entre los vecinos por cuanto estos delataban destrozos cometidos por soldados y milicianos; ante sus reclamos, el sostenia que no podia castigar los desordenes que cometian sus subordinados porque en lugar de hacersele las denuncias a el, las dirigian ante el gobernador. (19) Sin embargo, creia que la culpa era de los mismos hacendados que entregaban malos animales, los cuales obligaban a la tropa a tener que proveerse de lo que encontraran a mano; de tal forma, si lo que daban "es malo forzosamente han de tener tales resultas". Y con respecto a los rumores que habian llegado hasta San Martin sobre que habia ordenado charquear sin autorizacion en la hacienda de El Manzano, administrada por Jose Pescara, no solo rechazaba la imputacion, calificandola de siniestra, sino que decia que se habia arreglado con lo poco que le habia pasado Pedro Jose Aguirre, que en ese momento estaba a cargo de las caballadas y el ganado del Estado (20) (AGPM, carp. 237, doc. 27).

Los cruces, no obstante, continuaron, pues un tiempo despues las quejas de los vecinos hacendados se redoblaron (AGPM, carp. 238, doc. 58). En efecto, segun estos, de Susso no solo ordenaba corridas por su cuenta, con lo que causaba desorden al alzar y dispersar el ganado, sino que muchas veces lo realizaba con el solo objeto de "hacer ostentacion de la maldad", en tanto mataba animales "sin aprovecharse de cosa alguna". Y lo peor era que tomaba las lecheras y los animales mansos, lo que afectaba la reproduccion de las haciendas. En opinion de aquellos, lo mas grave era que no solo disponia para la tropa de los vacunos de la hacienda de El Manzano, ya citada, sino que Pescara mismo le habia ofrecido llevar la carne necesaria hasta la guardia del Portillo y el comandante no habia aceptado, todo con el fin de quedar en libertad de hacer las corridas y matanzas que quisiese. Esta serie de denuncias, sin embargo, tenia un mismo hilo conductor: la falta de legitimidad del poder que ejercia de Susso en tanto no habia cimentado las relaciones necesarias para edificarla. En este sentido, sostenian que la base general del gobierno debia ser "esa mutua satisfaccion, entre el que manda, y el que obedece", relacion que no tenian con de Susso, porque "por mas que le aseguremos nuestros respetos, dobla sus empenos para nuestra razon", agregando que han callado con la conviccion de que, obligandole con su sumision, modificaria su actitud e ideas, "pero ya el mal es incurable, si no entre la mano la autoridad cortandole de raiz". Por todo ello, pedian que removiese al comandante pues otro con mejor acierto podria desempenarse en sus funciones politicas y militares.

Sin embargo, este oficio de los hacendados del sur daba cuenta de una segunda cuestion que se escudrinaba en el pedido de remocion. Al final del oficio afirmaban que serian fatales las consecuencias si seguian la via judicial para obtener el castigo por los abusos, dadas las circunstancias de la guerra pero tambien porque seria el "triste resultado de las enemistades entre las familias de un Pueblo Corto". Esto reflejaba que los hacendados querian mantener la administracion del territorio meridional entre los suyos, como la mejor garantia para la defensa de unos intereses que todos compartian por tener propiedades alli y residir temporal o permanentemente en ellas. De hecho, entre los firmantes de ese oficio estaban Jose Pescara y Pedro Jose de Aguirre, ambos hacendados que habian cumplido diversas funciones judiciales en el Valle, mientras que de Susso era un vecino de la ciudad, (21) cuyo unico vinculo con la zona habia sido su participacion en las milicias comandadas por Amigorena contra los indigenas. En resumen, les molestaba que alguien ajeno a su red de relaciones comerciales y familiares ejerciese un cargo con cuotas amplias de discrecionalidad, dada la acumulacion de funciones que desempenaba, cuestion que quedo bien explicitada en 1820 cuando la "unidad eficiente" sanmartiniana se vino abajo.

En efecto, en julio de ese ano se comunicaba que Don Pedro Jose de Aguirre habia sido aclamado juez de la villa y comandante de la guarnicion en una reunion convocada en el Fuerte (AGPM, carp. 749, doc. 89). Segun el oficio dirigido al cabildo gobernador por el teniente de la compania del Valle, Don Jose Troncoso, se habia llegado a esa decision porque, si bien durante la breve gestion del gobernador Pedro Jose Campos se habia iniciado una investigacion para que los vecinos de la villa y el Valle pudieran expresar "todos los justos resentimientos que teniamos" hacia de Susso, la indagacion fue ocultada, por lo cual habian esperado la ocasion "para reunirnos todos y sacudir el yugo". La oportunidad la dio la caida del gobernador, momento que aprovecharon para tomar la fortaleza y expulsar al comandante, y nombrar al coronel Aguirre como juez interino y comandante militar. En esa situacion, sin embargo, habia llegado Don Jose Leon Lemos a hacerse cargo de la comandancia del Fuerte, a quien recibieron por haber sido nombrado por el cabildo en ejercicio del ejecutivo, pero a quien tampoco querian. Deseaban por jefe a Aguirre porque ya habian "experimentado en otra ocasion que nos ha gobernado en cuyo tiempo conocimos el anhelo con el que propendia el adelantamiento de esta Villa", reclamando para el todas las funciones: juez de la Villa y comandancia de la guarnicion (cit. en Chaca, 1964: 138-139), recuerdo que referia a su gestion de 1813, como veremos al tratar de la justicia menor. Al final, los hacendados se salieron con la suya, pues el flamante gobernador Godoy Cruz confirmo a Aguirre en todos los cargos (Chaca, 1964: 140).

La comandancia del Fuerte de San Carlos: diversas funciones y subordinaciones

Entre 1812 y 1820 se desempeno como tal el capitan Jose Leon Lemos, quien demostro tener un concienzudo conocimiento del Valle, de los pasos cordilleranos y de las costumbres de los "indios amigos", recursos que fueron inestimables a medida que avanzo la guerra y el control de los movimientos de la frontera se convirtio en un elemento logistico fundamental. Del mismo modo que el comandante general de fronteras, debio ser nombrado por la maxima autoridad de las Provincias Unidas, tal como deja entrever su solicitud de promocion (AGPM, cap. 240, doc. 92). No obstante, la cadena de mando establecia su subordinacion inmediata a aquel, y en forma mediata al gobernador intendente. De todos modos, estas subordinaciones variaron segun las materias, pues si en hacienda, gobierno y justicia este ultimo era su superior, en cuestiones de guerra dependia de quien ejerciese la comandancia de armas.

Su funcion especifica era militar por cuanto tenia a su cargo la guarnicion del Fuerte de San Carlos: debia organizar partidas exploratorias para detectar rastros indigenas que indicaran un avance sobre las propiedades espanolas-criollas, informarse de cuantos movimientos se produjeran entre las parcialidades amigas, mantener un contacto asiduo que fortaleciera su confianza y su apoyo respecto de los grupos indomitos al sur del Diamante. Todas estas responsabilidades las pudo cumplir con exactitud por cuanto su familia poseia amplias propiedades en la zona y el mismo se calificaba como poblador de la villa, (22) pero tambien porque se habia desempenado entre 1810 y 1812 como comandante de otros cuerpos de blandengues en las fronteras de Cordoba y Santa Fe (AGPM, carp. 240, doc. 92). Si bien es claro que la sede de su comandancia se hallaba en el Fuerte, sus obligaciones le exigian, del mismo modo que al comandante de fronteras, una permanente movilidad, tal como se desprende de la correspondencia mantenida con este y con el gobernador, firmada en muy diversos lugares de las tierras del sur. En este sentido, no solo transitaba en todas direcciones el espacio fronterizo, sino que se adentraba en tierra de dominacion indigena para mantener activa la dinamica de negociacion, y jugo un rol clave, junto al fraile Inalican, en los parlamentos realizados durante estos anos.

Mas alla de sus estrictas funciones militares tambien actuaba como auxiliar de justicia, comisionado por el comandante general de frontera por si o en cumplimiento de orden superior. Respecto de lo primero, un ejemplo fue la citada sumaria que debio ejecutar para esclarecer las denuncias por robo contra Isabel Pereyra, residente de la estancia de La Arboleda. Lemos tomo las declaraciones en el recinto del Fuerte y, concluida, fue elevada por de Susso ante el gobernador (AGPM, carp. 443, doc. 30). En relacion con lo segundo, fue comisionado para el apresamiento de uno de los acusados del robo de sepulturas pehuenches a pedido de Luzuriaga, y desempeno en las acciones infrajudiciales (Mantecon Movellan, 2002) un papel fundamental, pues calmo los animos de los caciques, recogio informacion adicional y echo luz sobre los dichos contradictorios entre los reos y otros sospechosos (AGPM, carp. 444, doc. 16).

De hecho, una disposicion de San Martin de febrero de 1816 establecio que en ausencia del comandante general de fronteras por enfermedad u otro motivo, quedaban bajo su inmediata jurisdiccion durante la suplencia "todos los individuos de qualesquiera fuero o clase indistintamente que aviten en esa Frontera como estacionarios o transeuntes", en calidad de comandante militar y politico de la villa y del Fuerte de San Carlos. Con esta resolucion se esperaba obviar los disturbios que pudiera ocasionar la falta de la presencia de aquel en el centro politico sureno (cit. en Chaca, 1964: 536).

Las relaciones entre ambos comandantes no estuvieron exentas de fricciones, vinculadas con las diversas subordinaciones a las que el del Fuerte estaba sometido, pero tambien con la autonomia con la que podia actuar en cumplimiento de su labor. Asi, a mediados de enero de 1817, iniciada ya la marcha de las columnas simultaneas del Ejercito de los Andes, ya que una de ellas debia cruzar por El Portillo en la zona del Valle de Uco, una conducta demasiado independiente produjo un entredicho entre ambos. Lemos integraba la partida que debia resguardar ese paso y solicito con urgencia bastimentos a de Susso para sostener las tropas; incluso, el mismo Luzuriaga le ordeno a este auxiliarlo con papel, tabaco, yerba y vino (AGPM, carp. 241, doc. 3). El comandante general de fronteras aclaro que no tenia todos los renglones que se le solicitaban (AGPM, carp. 241, doc. 7), y llego a estallar en colera por la actitud de Lemos, sosteniendo que sabia que "la comandancia que de esta frontera me impera responsabilidad (...) (pero) siempre que no se tomen por mi las medidas y providencias de defensa"; habia casos en que no le cabia aquella, como era este, pues Lemos no le habia dado parte oficial de haberse retirado el enemigo y despues le pedia con insistencia que tomase las providencias para garantizar la seguridad de su partida.

Sintomaticamente, en el mismo momento se iniciaba una sumaria ordenada por Luzuriaga contra de Susso debido a sospechas de acciones contra la causa al haber permitido la fuga a Chile del espanol Nicolas de Chopitea, conocido opositor residente en el Valle de Uco y cuya estancia habia sido confiscada (AGPM, carp. 444, doc. 2). En una de las declaraciones, un soldado de la compania de blandengues de San Carlos dijo no saber nada sobre la huida y la complicidad del comandante; incluso, dijo no creer que fuera opositor. Sin embargo, sostuvo que habia oido a sus companeros que el ano anterior, cuando estaba Lemos en la guardia de Las Pomas, hizo llamar a de Susso para que avanzaran contra los enemigos que se acercaban al Portillo, pero que este nunca habia ido en su auxilio.

Este testimonio daba cuenta de que era publica la voz que atribuia tensiones en las relaciones entre ambos comandantes, y que el del Fuerte tenia sus propios apoyos locales fue claramente expuesto por el de fronteras ante el mismo gobernador cuando se entero de la sumaria que, en su contra, se habia iniciado en enero, y en setiembre todavia continuaba. En oficio a Luzuriaga, le informaba que se habia enterado de la "informacion secreta que se hizo para probar contra mi conducta patriotica hechos que la acriminan", pero el sabia bien desde su ingreso a la comandancia, y aun "antes de pisar la frontera", la codicia existente "para avatirme", la cual "hoy se ha formalizado". Eran los hombres que el habia reprendido por sus vicios quienes habian testimoniado en su contra, y otros que habian sido sobornados por sus enemigos; no obstante, y pese a todas sus deposiciones, tenia "Documentos irrefragables de autoridad, y Justicia, como lo acreditare a Ud.". Sostenia que "sin detrimento de mi honor, son muchos los sacrificios que he padecido para que me callera ahora una imputacion tan atroz", por lo que esperaba conseguir "no indulto, sino Justicia" (AGPM, carp. 241, doc. 27). No nombraba a Lemos, pero si las tensiones generadas en su jurisdiccion a partir del ejercicio de su cargo, tanto con el comandante del Fuerte como con los hacendados del lugar, algo que ya habiamos referido en el apartado anterior.

Respecto de los problemas con Lemos, hay que agregar que meses antes del inicio de la citada investigacion por traicion a la causa, en agosto de 1816, habian tenido otro entredicho, esa vez por los beneficios del molino de la villa. De Susso, en representacion del gobierno, habia firmado un contrato en mayo de ese ano para ponerlo en marcha, estipulando una graduacion de pagos que el molinero beneficiario debia cubrir ante el comandante del Fuerte (AGPM, carp. 233, doc. 128b). Un oficio de San Martin de comienzos de agosto aclaraba al comandante general de fronteras que los $50 de arrendamiento debian ser destinados a la composicion de los potreros de la villa, tarea que habia quedado bajo la direccion de Lemos (IIHyDA, 1950: 192). Obedeciendo la orden, este ultimo habia concluido el tapeado requerido e informado al gobernador, quejandose de que el molinero solo hubiese satisfecho una parte del pago, la cual no alcanzaba a cubrir los gastos ocasionados por la edificacion; para solucionar esto, sin embargo, Lemos propuso que teniendo en cuenta que aquel era solo "un transeunte", se otorgase el arriendo a un vecino que ofreciese los $10 faltantes del pago, pues "algun producto da el Molino debe ser a beneficio del Estado o de qualquiera de los vecinos de este infeliz lugar". Pocos dias despues de este oficio, de Susso se dirigio al gobernador para rebatir los argumentos del comandante del Fuerte, sosteniendo que la orden que disponia destinar la ganancia del molino a las obras locales no contradecia sino que confirmaba el contrato firmado; en este sentido, el beneficiario habia cumplido con los plazos de pago previstos en el y no correspondia exigirle adelantos, pero ademas, agregaba que la esposa del beneficiario era natural de la villa, por lo cual no habia razon para negarle la prerrogativa del oficio. La carta cerraba afirmando que el gobierno habia sido "siniestramente informado" cuando se le dijo que el molino era pertenencia del Estado, ya que "habia declarado ser de la villa de San Carlos" por informacion que se tomo para esclarecer este punto, y el habia considerado la medida de San Martin como "provisional con respecto a las sircunstancias". Asi las cosas, el problema termino un mes despues cuando el gobernador Luzuriaga dio la razon al comandante de fronteras, al reconocer los plazos con los cuales el molinero debia pagar segun contrato y considerando que Lemos habia "interpretado abusivamente la declaratoria"; no obstante, le pidio a de Susso que le remitiese los antecedentes que le permitian calificar el molino como pertenencia de la villa (AGPM, carp. 233, doc. 128b).

De todos modos, estas fricciones no implicaban que de Susso no reconociese el manejo que Lemos tenia de la dinamica y de las costumbres de las parcialidades indigenas y la relacion directa que con los principales caciques habia logrado consolidar. En este registro, en el oficio que informaba a Luzuriaga sobre el citado robo de las tumbas pehuenches, aclaraba que el "unico que puede allanar alli" la situacion, por su amistad con el cacique, era Lemos. Opinion que fue atendida por el gobernador, quien mantuvo correspondencia directa con este respecto de su gestion para aplacar la furia de los indigenas por medio de diversos recursos, desde regalos hasta oficios que aseguraran el castigo de los culpables (AGPM, carp. 444, doc. 16). En estos ultimos, en tanto "Capitan de indios amigos", Lemos aparecia como el brazo de la justicia del gobernador, en tanto le relataba como los caciques, "asiendose cargo que en la prudencia y conosida justificasion de Ud. encontrarian la justicia que imploraban", habian quedado satisfechos por "la Justisia que Ud. ha servido egequtar con los inicuos que robaron".

Pero al igual que le ocurrio a de Susso, no todos los habitantes de la villa y el Fuerte acataban sus ordenes sin discusion. Asi, a fines de 1819 solicitaba al gobierno que separara de este lugar a don Prudencio Lascano, quien habia dicho que los comandantes que gobernaban la villa eran ineptos, "uno por picaro, y el otro por pillo", sembrando "la semilla de la discordia propio del caracter de todo contrario a la causa" (AGPM, carp. 242, doc. 93). Sin embargo, este pedido era posterior al reclamo de Lascano, y seguramente motivado por la denuncia de este, quien en oficio a de Susso relato como Lemos lo habia obligado a recogerse en el Fuerte con prohibicion de salir hasta la villa, cuando el ya habia demostrado suficientemente su adhesion a la causa patriota. Esta situacion mostraba nuevamente las fricciones jurisdiccionales que creaban problemas a la hora de sostener la legitimidad de las decisiones, por cuanto Lascano remarco que Lemos ejercia "accidentalmente la jurisdiccion de Vd.", y que habia cumplido la orden aun cuando no la "dicto la superioridad". Indagando en el asunto, de Susso pidio informe de lo sucedido a Lemos y este le contesto que habia actuado siguiendo la orden del gobernador. En antecedente de esto, de Susso remitio la denuncia del morador a la "Superioridad", en tanto considero que su comandancia no lo facultaba para entender en su pedido de ser puesto en goce de su libertad (AGPM, carp. 493, doc. 11).

Jueces menores: decuriones y comisionados

Si bien tanto el comandante general de fronteras como el del Fuerte mantenian un estrecho y cotidiano contacto con la poblacion sobre la cual desempenaban su funcion, lo que le permitia a esta acercarse para denunciar conflictos o delitos y buscar justicia, pero a la vez facilitaba tambien la tarea de mantenimiento de su control, los jueces de proximidad por excelencia eran los que ejercian la justicia de minima cuantia, tanto los decuriones como los comisionados. Ambos eran elegidos entre los vecinos del lugar en donde ejercian su jurisdiccion y esta "proximidad" era lo que, en principio, se creia que garantizaba el buen desempeno de una funcion que dependia de un certero conocimiento de los miembros de la comunidad, de sus relaciones y de las costumbres que regulaban sus comportamientos.

El decurionato se hallaba recortado sobre las alcaldias de barrio y hermandad, pues como ellas ejercia una justicia de poco monto, desempenaba tareas como auxiliar de justicia y tambien de policia. El nombre republicano-romano, aplicado indistintamente a los jueces menores para el recinto urbano o el espacio rural, comenzo a usarse en la jurisdiccion de Mendoza en algun momento entre fines de 1810 y comienzos de 1811 (Molina, 2008b: 275), y tendria largo uso para nominar a estas autoridades del mas bajo escalon de la jerarquia judicial, que nunca terminaria de despegarse de la causa de policia durante la mayor parte del siglo XIX (Molina, 2010b). Si los decuriones mendocinos tuvieron alguna especificidad para el periodo en estudio en comparacion con la justicia menor desempenada en otras jurisdicciones rioplatenses, ella estuvo dada por tres aspectos. Por un lado, su aplicacion uniforme al espacio urbano y rural, cuando en el resto de las ciudades rioplatenses se utilizaba la alcaldia de barrio para el primero y la pedanea para el segundo (Pena, 1974; Romano, 2004; Tio Vallejo, 2001: 116-152; Diaz Couselo, 2002; Barriera, 2012b). Por otro lado, la creciente acumulacion de responsabilidades producida al ritmo del proceso revolucionario, sobre todo cuando Mendoza se convirtio en potencial frente patriota al caer en manos realistas los principales centros chilenos a mediados de 1814, lo que abria las posibilidades de invasion en los meses de primavera y verano, y en sede para la formacion del Ejercito de los Andes. Finalmente, la conflictividad creada por el fuero militar debido al enrolamiento masivo en las fuerzas de linea o milicianas que dificulto el ejercicio de sus funciones (Molina, 2008b: 285-294).

Estos decuriones eran designados por el cabildo en forma anual, aunque con la consolidacion del estado de guerra el gobernador no solo paso a tener a su cargo la aprobacion final del listado de designados, sino tambien su subordinacion en materia de policia. Respecto de lo primero, San Martin fue estricto en la inmediata presentacion de los anualmente elegidos y dejo bien claro que sin su confirmacion no existia designacion efectiva, puesto que no se trataba de una mera opinion sobre los candidatos sino una decision vinculante. Asi, el retraso en el envio de la nomina a comienzos de 1816 le dio ocasion de recordarselo a los cabildantes, pues decia que no podia impartir ordenes pues ignoraba los sujetos sobre los que habian depositado el cargo hacia ya dos meses, siendo que "sus facultades son quimericas no habiendo recibido la sancion del nombramiento por este Gobierno" (IIHyDA, 1950: 100).

La cuestion respecto de la subordinacion diversificada de estos jueces derivaba de que, en materia de justicia y policia, debian obediencia inmediata a los alcaldes ordinarios y al gobernador, respectivamente. A raiz de la consulta del regidor juez de policia del cabildo de San Juan a San Martin sobre los limites de su jurisdiccion y la subordinacion a el de alcaldes de barrio y pedaneos en la materia que representaba, este dispuso, luego de haber consultado al asesor general, que "reuniendose la autoridad en el Teniente Gobernador el conocimiento de las 4 Causas, es indudable que a este corresponde el del ramo de policia, y que los Jueces de el aunque facultados y con jurisdiccion son dependientes de aquel". Pero fue mas alla aun cuando agrego que en cuestiones de justicia los mismos alcaldes ordinarios estaban subordinados a el, por cuanto recibia las apelaciones de sus sentencias. Asi, consideraba que "debe conferirse a la Sociedad unos brazos auxiliares de los Gobiernos que aunque con extensa jurisdiccion esten cenidos al discernimiento del Superior o Primer Gefe de aquella", y a continuacion agregaba: "Seria muy funesto si en una asociacion y cerca de un mismo objeto se multiplicasen las jurisdicciones iguales y reunidas: es preciso hayar su escala para que oyendo a los agraviados se contenga la arbitrariedad" (IIHyDA, 1950: 28-29).

Respecto de la zona del Valle de Uco, conocemos el nombre de su decurion para 1813 y comienzos de 1814: el ya referido Pedro Jose de Aguirre. (23) Dentro de la demarcacion vigente a comienzos de 1814, su jurisdiccion correspondia al cuartel 37 (Acevedo, 1973: 20), cuya sede central se hallaba en la villa de San Carlos. En este sentido, en el oficio que dirigia al teniente de gobernador, elogiando la gestion del comandante de Susso, se autocalificaba como "juez" de la villa; y viceversa, vimos tambien que este se refirio en alguna ocasion al "mando politico que por lo respectivo a esta Villa de San Carlos obtenia Don Pedro Jose de Aguirre" (AGPM, carp. 235, doc. 6).

Sin embargo, la proximidad que su oficio exigia podia verse afectada por dos razones. Por una parte, por la amplitud del espacio que abarcaba su jurisdiccion, y ello a pesar de su progresiva diferenciacion de otras areas, pues su cuartel abarcaba el territorio sureno hasta los limites de los cuarteles 36 (Retamo) y 35 (Barriales) (ver Figura 2), aunque parecia extenderse hasta el mismo Diamante.

Pero por otra parte, Aguirre no era vecino de la villa sino que residia en la ciudad, y cuando se hallaba en el Valle solia hacerlo para atender su hacienda, viviendo en ella, la cual se hallaba lo suficientemente lejos de la villa de San Carlos como para que, durante su gestion, tuviera que ausentarse de 3 a 4 dias a la semana para atender sus negocios personales; sin embargo, tambien basaba su argumento en que no habia alojamiento en la villa para el. Sabedor de la necesidad de su presencia regular en esta para cumplir con las obligaciones de su oficio, solicitaba en agosto de 1813 que se lo reemplazase por un sujeto que el mismo proponia, pues tenia "buenos antecedentes" que asegurarian con su residencia alli, "el buen orden y mejor arreglo", en cuanto sus continuos traslados ocasionaban "desordenes" (AGPM, carp. 233, doc.15). De hecho, estas idas a su hacienda le habian impedido informar a de Susso sobre el estado de la villa al hacerse cargo este del "mando politico", tal como lo justifico ante al gobernador, afirmando que no podia dar cuenta de la situacion local por hallarse Aguirre en su chacra, recogiendo la cosecha de trigo (AGPM, carp. 235, doc. 6).

Por lo dicho con anterioridad, es claro que al menos hasta enero de 1814 el decurionato de Aguirre sobre el Valle de Uco implicaba su ejercicio no solo sobre el espacio rural de este, sino tambien sobre la villa misma que conformaba su centro politico como principal nucleo poblacional y sede de la autoridad jurisdiccional. Ello esta confirmado no solo por las referencias nominales sino porque a comienzos de ese mes aquel se dirigia al gobernador dando cuenta de una situacion escandalosa ocurrida en misa cuando el cura maltrato a uno de los fieles, injuriandolo ante todo el vecindario. En ese oficio, informaba sobre la "incomodidad en la Iglesia" para que "si encontrase Justicia" iniciase una informacion, pues el no se habia dispuesto a hacerlo por parecerle que no tenia "la suficiente jurisdiccion segun el caracter de ambos sujetos" (AGPM, carp. 233, doc. 21). Sin embargo, a pesar de esta actuacion, un mes despues se daban las citadas palabras de Jose de Susso haciendose cargo de la villa como su "Juez politico" en lugar de Aguirre, y ello cuando el listado de decuriones que en setiembre el cabildo elevo a San Martin, registraba a este a cargo del cuartel 37 correspondiente al Valle de Uco.

Las fuentes parecen indicar, no obstante y como adelantamos en el apartado anterior, que desde 1814 el comandante general de fronteras reunio las funciones de gobierno, justicia y guerra en la villa, mientras que los posteriores decuriones del Valle, que sabemos se siguieron designando, ejercieron sus funciones fuera del marco de la villa o en ella pero subordinados al comandante. En este sentido, por ejemplo, en 1816 de Susso oficiaba al gobernador informando que el decurion Martin Allende no estaba en San Carlos y no podia transmitirle su orden (AGPM, carp. 240, doc. 16), y no es un dato menor que este hombre hubiera sido precisamente el candidato propuesto por Aguirre para reemplazarlo como decurion al proponer su renuncia (AGPM, carp. 233, doc. 15). Pero incluso el mismo Aguirre informaba al gobernador en 1819 el registro de los varones disponibles para las milicias, reproduciendo la proclama que les habia leido para incitar su patriotismo (AGPM, carp. 241, doc. 92), mientras que unos meses antes habia dado cuenta de las diligencias tomadas para apresar a un reo (APM, carp. 241, doc. 63), ambas obligaciones que atanian a los decuriones, lo cual puede dar cuenta de que pudo volver a ejercer como decurion en el Valle o quiza como un juez comisionado tal como los que detallaremos mas adelante.

De todos modos, mientras lo fue en la villa, Aguirre habia desempenado labores que no solo hacian a sus funciones judiciales sino tambien al gobierno, tramitando para que permaneciesen para aquella los alfalfares y las propiedades del finado juez Juan Morel, y solicitando licencia para reactivar el molino local, pues decia que era un problema que los vecinos debieran bajar hasta la ciudad para moler sus granos (AGPM, carp. 233, doc. 13 y 16). Ademas, habia pedido el envio de presidarios para que se ocupasen en obras publicas, y logrado la remision de 40 europeos prisioneros; y mas tarde, que se lo autorizase a exigir el franqueo de unos 20 o 25 azadones a los habitantes del lugar "exhortando a su patriotismo" (AGPM, carp. 233, doc. 17).

Es probable tambien que este decurion haya tenido intervencion en expedientes iniciados por tenencias de tierras, sobre todo cuando estas pertenecian al "patrimonio nacional" o eran tierras del "Estado", tal como refleja la orden del fiscal designado por San Martin en una solicitud de apropiacion en la costa del Tunuyan, hasta donde debia arrimarse el juez con un perito para deslindar el terreno e informar sobre su calidad de pastos y agua (AGPM, carp. 233, doc. 79); o la solicitud de los autos seguidos por Don Antonio Suarez sobre la propiedad de los terrenos de Las Aguadas que estaban en disputa (AGPM, carp. 241, doc. 77). En este sentido, tambien el comandante de fronteras, por asuncion de la jurisdiccion que antes habia ejercido el decurion, tuvo a su cargo comisiones similares en relacion con juicios por tierras; asi, en 1816, debio mediar en un conflicto entre el cacique Pitonan y Don Antonio Hermida por terrenos de los que el primero decia que "desde tiempo inmemorial se halla en posesion" (IIHyDA, 1950: 69-70).

A esta pluralidad jurisdiccional sobre la villa y el Valle hay que agregar los jueces comisionados, los cuales incluso eran designados para espacios que ya contaban con decuriones. (24) Sabemos que desde 1815 actuo como juez comisionado en el Valle de Uco, Don Francisco de Obredor (AGPM, carp. 237, doc. 2; carp. 442, doc. 16), y a su muerte en 1817, el mismo de Susso recomendo que fuera reemplazado por su hijo Andres (AGPM, carp. 241, doc. 22). Como Aguirre, Obredor era un viejo residente de la zona: en el empadronamiento de 1810 habia sido registrado como criador junto a su esposa e hijos (AGPM, carp. 13, doc. 5); de hecho, al recomendar de Susso a su hijo Andres para reemplazarlo, apoyaba su opinion en su "hombria de bien, situacion en que recide, y posibilidad de desempenarlo" (AGPM, carp. 241, doc. 22). De hecho, fue durante el ejercicio de su cargo que se produjo el proceso a Isabel Pereyra, quien, acusada de robo de animales y auxilio a desertores, denuncio sus abusos por actuar como juez y parte tomando las declaraciones y denunciandose como damnificado (AGPM, carp. 443, doc. 30). Las referencias sobre su capacidad jurisdiccional parecen aludir, a pesar de la diferencia nominativa, a la figura del decurion; es decir, a un juez encargado de causas de minimo monto, de recibir denuncias y vigilar a la poblacion en una jurisdiccion determinada, tal como denota la citada causa en la que Obredor "recibia" las declaraciones. De hecho, en un sumario informativo para averiguar la participacion del capataz de La Arboleda en la huida de dos religiosos acusados de opositores, fue oficiado como "juez comisionado de aquel partido" (AGPM, carp. 442, doc. 16). En este sentido, como refiere Barriera respecto de la consolidacion de los jueces comisionados en Santa Fe, pareciera que estas nuevas figuras con ese viejo nombre ya no referian a ni se vinculaban tanto con un asunto en particular motivo del nombramiento, sino con una unidad territorial que daba contenido a su cargo (Barriera, 2012b: 12). (25)

En efecto, algunos nombramientos dispuestos por San Martin dan cuenta de que decuriones y jueces comisionados desempenaban funciones similares como auxiliares de justicia y policia, incluso en los mismos espacios, y que se distinguian solo por el origen de su nominacion, por cuanto si los primeros eran de designacion capitular, los segundos lo eran de gobierno. Con ello, es probable que aquel buscase asegurarse su inmediata y exclusiva dependencia, la que en el caso del Valle de Uco implicaba la intermediacion del comandante general de frontera que, hemos visto, le estaba directamente subordinado aun en las materias judiciales. En este sentido, en noviembre de 1815 nombraba al ya citado Jose Pescara (26) como comisionado, sirviendole como despacho formal la misma nota de comunicacion "para que rebestido de todas las facultades inherentes a este empleo, y con Subordinacion inmediata al Comandante General de Frontera cele sobre aquel Vecindario, reparando los desordenes, y desavenencias domesticas, y persiguiendo hasta la Captura a los ociosos, vagos, perturbadores del orden y toda clase de delinquentes" (IIHyDA, 1942: 646). El nombramiento precisaba la subordinacion del comisionado al comandante de fronteras, precision que no fue incluida en las designaciones para otros espacios de la jurisdiccion mendocina (IIHyDA, 1942: 684), lo que da cuenta de la intencion de San Martin de definir bien las cadenas de mando en un ambito lejano y muy estrategico desde el punto de vista de los pasos cordilleranos y la movilidad de poblacion indigena y migrante hacia y desde Chile.

Consideraciones finales

Las paginas anteriores han intentado un acercamiento al espacio meridional de la campana mendocina durante el periodo revolucionario, para deslindar los diversos funcionarios que tuvieron a su cargo el mantenimiento del orden comunitario pero tambien la vigilancia y el estimulo de la poblacion con vista al desarrollo productivo de la zona en un creciente contexto de guerra. La trama de relaciones establecidas entre comandante general de fronteras, comandante del Fuerte de San Carlos, decuriones y jueces comisionados del Valle de Uco, y su vinculacion con un espacio determinado, dan cuenta de que, para los primeros lustros del siglo XIX, el mismo habia adquirido unicidad y esta comenzaba a ser conceptualizada como tal en la percepcion politica de la elite local. En este sentido, si es claro que Valle de Uco habia designado durante el periodo colonial una amplia y poco precisa zona surena en torno de las nacientes del rio Tunuyan, pero que podia integrar hasta las tierras cercanas al rio Mendoza al norte y el Diamante al sur, ya para los anos de la gestion sanmartiniana referia a un territorio mas especifico que la trama institucional contribuia a definir. Asi, ya se distinguia de otros que decadas antes podria haber integrado, pues su nominacion como cuartel 37 lo diferenciaba bien de los cuarteles 36 (Retamo) y 35 (Barriales) que parcelaban el resto del tramo del Tunuyan por medio de sendos cuadros para la delimitacion jurisdiccional del decurionato. Incluso, desde 1815 fue claro el desprendimiento del area en torno de Corocorto, la cual paso a referir a otro ambito jurisdiccional, cuya institucionalizacion se considero fundamental para mejorar el control sobre el trafico hacia y desde el Desaguadero.

Esa trama relacional reflejaba, ademas, la consolidacion de su vinculacion con un centro politico definido, la villa de San Carlos, sede cada vez mas regular del comandante general de fronteras, cuyas funciones, si bien remitian a la acumulacion que se habia considerado necesaria reunir en el juez poblador para el exito de su obra en 1788, revelaban tambien el fortalecimiento de la percepcion politica de aquella como una base de poder que permitia optimizar la vigilancia y la produccion del territorio sureno. Era una clara expresion de la consolidacion de la nocion de ascendencia borbonica de "gobierno politico militar", en un contexto de guerra y en una zona estrategica por su cercania a las parcialidades indigenas y por su acceso directo a pasos cordilleranos clave.

En este sentido, la exigencia de la residencia del decurion y el juez comisionado en el mismo Valle, y del comandante general de fronteras como jefes politicos en la villa, y las solicitudes expresas de permiso y autorizacion para traslados o ausencias temporarias, reflejan como la proximidad se convirtio en un elemento ineludible para el cumplimiento de las responsabilidades que los cargos implicaban. Ella garantizaba el conocimiento detallado del movimiento de la poblacion indigena aledana, del comportamiento y la opinion de los moradores y vecinos, de los recursos de estos para el pago de canones crecientes exigidos por las finanzas de guerra, de los delitos cometidos, de los derechos esgrimidos para la posesion de las tierras y de las calidades de estas. Esta presencia fisica, asi, paso a considerarse un eslabon fundamental para garantizar el orden comunitario, sobre todo donde habia mas concentracion de poblacion; esto es, en la villa misma.

Sin embargo, la cuestion de la proximidad no se vinculaba solo con esta creciente definicion de este territorio como unidad politico-administrativa, sino con la construccion de la autoridad y la legitimidad de los funcionarios que ejercieron su oficio en ella a partir de diversas trayectorias personales, las cuales les brindaban tambien diversos recursos de gobernabilidad. Asi, si Aguirre podia contar para el desempeno exitoso de sus responsabilidades con el capital social que le daba su larga residencia en una zona en donde tenia propiedades y habia estrechado vinculos con otros hacendados del lugar, para de Susso, vecino de la ciudad que solo esgrimia el prestigio de su carrera militar, la situacion no fue igual, y debio lidiar con la resistencia, la desobediencia y los rumores que afectaron su honor. Lemos, como el primero, anclaba sus funciones en un certero conocimiento del lugar, de sus habitantes y sus costumbres, tanto de blancos como de indigenas, ello conectado con su larga experiencia militar y con algun conocimiento del terreno que podria tener por las propiedades familiares que en el su parentela poseia; de hecho, el titulo de "Capitan de indios amigos" era un reconocimiento a ese concienzudo manejo de las fragiles relaciones interetnicas.

Incluso, el modo en que se soluciono la crisis de comienzos de 1820 que desintegro el orden sanmartiniano tambien en el sur mendocino refleja bien esa diversidad de capitales sociales y la legitimidad que cada uno de ellos habia logrado construir, pues si de Susso fue depuesto y expulsado del Fuerte y la villa, Lemos al menos fue tolerado, al ser enviado por el cabildo gobernador, mientras que Aguirre fue proclamado como juez politico y comandante de la guarnicion. La decision posterior del flamante gobernador Godoy Cruz de aceptar el candidato de los hacendados dio cuenta de que la estrategia de gobernabilidad de un espacio que habia mostrado una gran dosis de autonomia en sus opciones politicas era la negociacion, pues si confirmo a aquel, tambien hay que decir que al poco tiempo remitio un oficio a la Sala de Representantes en el que proponia la creacion de un subdelegado para la administracion de justicia civil, con el argumento de que era necesario "reducir la jurisdiccion del Comandante a lo militar puramente" (AGPM, carp. 748a, doc. 2, febrero de 1821). En este sentido, no resulta casual que estas dos cuestiones, vinculacion del Valle de Uco con un territorio definido con un centro politico estable en donde la proximidad de las autoridades garantizaba el control de los habitantes de ambos, y la articulacion entre residencia, proximidad y legitimidad, tejerian una trama politica clave en el proceso de construccion del estado provincial a partir de 1820.

Agradecimientos

Agradezco a la Dra. M. Jose Ots la lectura del texto y sus recomendaciones bibliograficas; a Andres Rocha, los datos sobre la ubicacion de propiedades en Valle de Uco y al Lic. Juan Pablo Aguilar por el diseno digital de la Figura 2. Un agradecimiento especial al investigador Luis Cesar Caballero por el generoso aporte de referencias documentales sobre Jose de Susso.

Notas

(1) Un estado de la cuestion sobre los estudios de frontera para el Rio de la Plata, desde el periodo colonial a la etapa republicana, requeriria referir a muy diversas lineas de investigacion, desde las mas clasicas apegadas al modelo turneriano a las mas reciente que comparten el consenso respecto del concepto de frontera como ambito de intensas relaciones que generaron modalidades culturales especificas que afectaron a los dos grupos que se encontraron / enfrentaron. Un balance historiografico que sintetiza de un modo critico las diversas vias de abordaje hasta comienzos del 2000 ha sido realizado por Monica Quijada (2002), mientras que una compilacion de desarrollos mas recientes para un espacio mas amplio que el rioplatense ha sido realizada por Ratto y Jong (2014). Una discusion teorica que vincula frontera y periferia ha sido propuesta por Eugenia Nespolo, que realiza su propia propuesta metodologica de concebir la primera como un espacio politico concertado, en (2013). Finalmente, para un analisis de las representaciones en torno del termino frontera utilizado por los actores, entre el siglo XVIII y fines del XIX, se puede consultar un notable articulo de Florencia Roulet (2006).

(2) En este trabajo usamos el termino intentando recuperar el sentido de epoca, que la entendia como un espacio en los limites del reino que estaba en contacto con la poblacion indigena no sometida, caracterizado por el conflicto y el uso cotidiano de la violencia en forma concreta o potencial (Nespolo, 2013: 198-199).

(3) Si existe un minucioso estudio para la segunda mitad del siglo, cuando la configuracion institucional de la provincia de Mendoza en el marco del proceso constituyente nacional incorporo como tema clave la cuestion municipal (Sanjurjo, 2004). Otros estudios de la autora han avanzado en su marco temporal para focalizarse, con una mirada integrada e interrelacionada de las diversas variables en juego, en la conformacion de estos centros de poder sureno que mantuvieron, en tanto periferias, complejas relaciones con la capital mendocina (Sanjurjo, 2010).

(4) Hasta 1813 (y desde 1785) Mendoza formo parte de la gobernacion intendencia de Cordoba del Tucuman como ciudad subalterna. En ese ano se convirtio en sede central de la gobernacion intendencia de Cuyo que integro como subordinadas a las jurisdicciones de San Juan y San Luis, marco administrativo fracturado en enero de 1820, cuando la sublevacion del Regimiento de Cazadores de los Andes inicio un movimiento que terminaria con la autonomizacion de las tres jurisdicciones cuyanas, las cuales iniciaron procesos de constitucion de estados provinciales propios.

(5) En adelante, el primer numero corresponde a la carpeta y el segundo al documento, con los cuales pueden localizarse las fuentes en el citado Archivo.

(6) Su administracion fue entregada en 1815 a los chilenos emigrados para que con sus beneficios solventasen sus gastos de manutencion (IIHyDA, 1942: 243).

(7) Conviene recordar que la consolidacion del control sobre la frontera sur mendocina se insertaba en una politica mas amplia que incluia tambien la cordobesa y la bonaerense. Todas ellas resultaban fundamentales dada la relevancia estrategica que estos espacios habian adquirido en los circuitos mercantiles que conectaban el Litoral con Chile y Peru (Rustan, 2010:17-38).

(8) De hecho, la repoblacion de la villa de San Carlos en 1788 se nutrio del traslado de familias indigenas de la zona de Las Lagunas (al noreste de la jurisdiccion mendocina y a mas de doscientos kilometros de distancia del Fuerte), las cuales fueron enviadas para reforzar el numero inicial de moradores (Comadran Ruiz, 1962: 98).

(9) Este teniente gobernador designado por la junta portena inicio una serie de acciones que terminaron por imponer un fuerte ritmo revolucionario en la jurisdiccion mendocina antes de que terminara el caldeado 1810. Propuso modificar los nombres de las calles del recinto urbano para nutrir la memoria colectiva patria; asi, los existentes debian ser reemplazados por el de los miembros de la Primera Junta y el de los cabildantes locales de turno. Tambien dispuso la reorganizacion de los cuarteles de la ciudad, a cuyo cabeza debia colocarse un alcalde de barrio que se ocupara de la vigilancia diaria. Ademas, ordeno el empadronamiento de las zonas mas alejadas para conocer con cuanto recurso humano y material se disponia. Este tipo de medidas lo malquistaron con un sector de la elite local, que pidio su juicio de residencia una vez que fue reemplazado por la junta subalterna a comienzos de 1811, aludiendo abusos de autoridad (Molina, 2010a: 483-509).

(10) De las 125 unidas censales, 80 correspondian a grupos domesticos conyugales encabezados por soldados, labradores, criadores y peones con esposas e hijos (Molina, 2008: 9).

(11) Si es claro que Uco amplio su potencial nominativo a un espacio creciente hacia la zona meridional, el proceso por el cual esto se concreto al ritmo de la aculturacion de las parcialidades indigenas en el requiere un analisis especifico. Agradezco a la Dra. Maria Jose Ots (INCIHUSA-CONICET) el haberme llamado la atencion al respecto.

(12) Luego de disuelta la junta subalterna a fines de 1811, fueron tenientes de gobernador Jose Bolanos (1812) y Alejo Nazarre (1813); desde comienzos de 1814 comenzaron a sucederse los gobernadores intendentes de Cuyo con residencia en la ciudad de Mendoza: Florencio Terrada y Marcos Balcarce entre fines de 1813 y mediados de 1814; luego San Martin, quien delego el mando politico en Luzuriaga en 1816 (conservando el mando militar), y este, que ejercio en forma efectiva ambas funciones de 1817 a 1820 (Seghesso, 1997: 22-23).

(13) Hasta 1810 la comandancia de armas fue ejercida por el Subdelegado de Real Hacienda Faustino Ansay. Durante 1811, mientras se desempeno en Mendoza la junta subalterna, el comandante de fronteras dependio de uno de sus miembros en su calidad de comandante de armas (AGPM, carp. 233, doc. 4 y 7).

(14) Jose de Susso habia sido oficial en las fuerzas del comandante general de fronteras Francisco Amigorena, y con el habia realizado campanas contra los indios del sur (Chaca, 1964: 122). El censo de 1814 lo registro con 56 anos en el cuartel 6 de la ciudad, anotando en su profesion el titulo de Comandante de Frontera. La posesion de un numero mediano de esclavos (4), posibles sirvientes (2 libertos) y un menor anotado como huerfano, sumado a su esposa y 4 hijos cohabitadores, muestra una estructura familiar con un patrimonio relevante para el promedio de la epoca (AGPM, carp. 13, doc. 6; Molina, 2009a). Este se completaba con terrenos y baldios en el paraje de La Estanzuela, que por lo menos poseian un inquilino. En 1810 uno de esos terrenos habia sido vendido a un monto importante para la epoca (AGPM, Prot. 161, f. 63-64), pero con lo recibido de Susso y su esposa no pudieron cumplir al mismo tiempo con el pago que debian hacer a las Temporalidades (de quien habia sido el terreno con anterioridad) y con una vieja deuda que tenia desde 1804 (AGPM, judicial civil, Dona Josefa Godoy contra Dionisio Coria por despojo de terrenos, setiembre de 1811; y Pedro Nolasco Ortiz contra Jose de Susso por cobro de pesos, octubre de 1812). Luego de su expulsion de San Carlos a comienzos de 1820, se ocupo de la comandancia de maestranza de la ciudad hasta su muerte, producida probablemente en ese mismo ano. La solicitud de su viuda de una pension para "disminuir la miseria de su familia" da cuenta de que el ingreso de la "casa" dependio casi exclusivamente de su sueldo de oficial, habiendo llegado al grado de teniente coronel (AGPM, carp. 752, doc. 49), y que al parecer las tierras que quiza aun poseia no le brindaban ningun producto.

(15) Al iniciarse la revolucion estaba a cargo de la guarnicion de San Rafael el ayudante Don Manuel Montana, quien fallecio en julio de 1814. En oficio al gobernador de Susso proponia suspender su cargo, creado en 1805 por el comandante general Don Miguel Teles, por considerar que ya no existian motivos para mantenerlo pues solo habia servido en el momento de creacion del Fuerte (AGPM, carp. 235, doc. 26).

(16) En 1817 enviaba el expediente informativo formado por el cura de la villa en la causa de Fray Jose Martinez contra Don Matias Silva, que habia tenido implicancias religiosas, al parecer por palabras blasfemas, mientras que devolvia al gobernador los documentos obrados en la investigacion sobre un papel infamatorio contra Don Francisco Arias, aportando el nombre de un posible testigo residente en la ciudad de Mendoza (AGPM, carp. 241, doc. 3). Sin embargo, a fines del ano anterior habia tomado las declaraciones de dos testigos respecto de esta causa (AGPM, carp. 236, doc. 119).

(17) Un estudio sobre las penas dispuestas a diversos delitos durante el periodo en estudio muestra que en el 33% de los casos, con el mayor porcentaje en relacion con los otros castigos, se impuso el presidio, ya fuera para el servicio de armas o para obras publicas (Molina, 2009b).

(18) En este sentido, a fines de 1811 el comandante Corvalan solicitaba al comandante de armas Francisco Xavier de Rozas un maestro carpintero, para concluir "multitud de obras que me quedan sin concluir en la frontera" (AGPM, carp. 233, doc. 4 y 7).

(19) Aqui referia a una nota enviada por Vicente de la Roza al gobernador solicitando que se le pagasen las reses que los guardias del Portillo le habian matado y que se suspendieran estas acciones (AGPM, carp. 237, doc. 10).

(20) "Estado" es usado en las fuentes de la epoca para referir al patrimonio publico como opuesto al particular o privado de los vecinos. Ver (AGPM, carp. 233, doc. 79; carp. 241, doc. 65 y 67).

(21) Pedro Jose de Aguirre tambien tenia casa en la ciudad pero segun se desprende de las fuentes, poseia propiedades en el Valle, que atendia con una presencia constante. Asi, en oficio al gobernador de Susso sostenia que tenia tropa de arreo pero como residia en la ciudad era mejor que se presentara directamente a el. Este oficio da cuenta de que tambien otros hacendados se movian entre ambos espacios para no desatender sus negocios ganaderos, disponiendo de apoderados en uno u otro segun la ocasion (AGPM, carp. 240, doc. 16), lo que se corresponde con lo evidenciado en el padron de fines de 1810 que ya mencionamos.

(22) Nacido en 1766, en 1803 se habia incorporado como alferez al Regimiento de Voluntarios de Caballeria y en 1810, designado teniente agregado al Regimiento de Husares del Rey (Correas, 1995: 159). Sin embargo, parecia ser de los herederos mas pobres de la familia Lemos, pues no solo solicito en al menos dos ocasiones en diez anos promocion en la carrera militar para aumentar su salario (AGPM, carp. 234, doc. 24; carp. 240, doc. 92), sino que tambien pidio se le otorgara la posesion de las tierras que ocupaba como poblador, del Valle o la villa, por cuanto la nota estaba dirigida al comandante general de frontera (IIHyDA, 1942: 19).

(23) Tenia potreros y ganados en la zona de Valle de Uco, ademas de chacras donde cultivaba trigo. De su participacion activa en el comercio regional da cuenta su aparicion en el listado de alcabalas, en el que aparecia introduciendo productos desde Chile en 1808 (Molina, 2009a: 17-18 y 21). Su certero conocimiento del territorio de Valle de Uco y de sus actividades ganaderas debieron pesar para su designacion por San Martin como encargado de las caballadas del Estado y comisionado para recoger animales, administrarlos, cuidar de su reproduccion y traslado (AGPM, carp. 233, doc. 132; carp. 241, doc. 63, doc. 65 y doc. 69).

(24) En el listado enviado a San Martin en setiembre de 1814, diversos cuarteles (La Chimba, la Canada, San Vicente, Acequias de Gomez) contaban con ambos tipos de jueces. Asi, aparecia primero la nomina de decuriones con su numero de cuartel y detalles territoriales de ubicacion, hasta el 37, de Valle de Uco, y luego bajo el titulo de "Comisionados" seguian otros designados para espacios que de algun modo ya estaban cubiertos con el decurionato (Acevedo, 1978: 19-20).

(25) No obstante, se siguieron disponiendo "comisiones" especificas para el desempeno de determinadas tareas, ya fuera recogidas de ganado o persecucion de desertores (IIHyDA, 1942: 71 y 494; AGPM, carp. 233, doc. 132), cargos que, sin embargo, se distinguian de la jurisdiccion otorgada a los jueces comisionados tanto por la precision de su objeto como por el espacio de accion sobre el que debia ejecutarlo.

(26) Pescara tenia la propiedad mas poblada de Barriales, con muy diversas formas de explotacion (inquilinos, esclavos, sirvientes), reflejadas en el padron de noviembre de 1810 que el mismo elaboro por orden superior, para relevar la zona del curso medio del Tunuyan de Barrancas a Rodeo de El Retamo (AGPM, carp. 13, doc. 2). Habia sido juez comisionado durante la ultima decada colonial en reiteradas ocasiones y decurion en 1814 en el cuartel 31 (Cruz de Piedra, villorrio cercano al rio Mendoza) (Molina, 2011: 197). De hecho, San Martin lo nombro administrador de la hacienda de El Manzano, cuyos recursos debian servir para abastecer a la tropa de Valle de Uco y al Ejercito de los Andes (IIHyDA, 1942: 78; IIHyDA ,1950: 66, 67, 96 y 101; AGPM, carp. 238, doc. 58).

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Recibido: 4 de julio de 2014.

Aceptado: 12 de diciembre de 2014.

Publicado: 29 de diciembre de 2014.

Eugenia Molina

Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas

Instituto Multidisciplinario de Estudios Sociales Contemporaneos, nodo de la Unidad Ejecutora en red IDEHESI.

Universidad Nacional de Cuyo

Argentina

eramolina@hotmail.com

Leyenda: Figura 1. Valles de Uco y Jaurua

Leyenda: Figura 2. Campana mendocina entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX
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Author:Molina, Eugenia
Publication:Mundo agrario: Revista de estudios rurales
Date:Dec 1, 2014
Words:17261
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