Printer Friendly

Jurisprudencia norteamericana sobre autonomia de las Iglesias y relaciones laborales: Doctrina de la "excepcion ministerial". Parte I: Antes de Hosanna-Tabor (2012).

Resumen: En aplicacion de las dos clausulas religiosas de la Primera Enmienda (libre ejercicio y no establecimiento), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos defendio la autonomia de las Iglesias a traves de la doctrina de la abstencion eclesiastica en el caso Watson v. Jones (1879). Un siglo despues, los tribunales federales reconocieron, como una evolucion de esta doctrina en la esfera de las relaciones laborales, la excepcion ministerial por la que las Iglesias gozarian de una esfera de autonomia en relacion con sus ministros. Es lo que hizo el quinto circuito en McCIure (1972), admitiendo el Supremo su validez constitucional en el 2012 (Hosanna-Tabor). Al hacerlo asi se pronuncio sobre una serie de cuestiones que habian venido ocupando a los tribunales por espacio de cuatro decadas acerca de la identificacion del ministro y del examen a emplear en ello, de la aplicacion de esa doctrina y de su naturaleza.

Palabras clave: Autonomia de las Iglesias, Relaciones laborales, Excepcion ministerial.

Abstract: By applying the two religion clauses of the First Amendment (free exercise and non-establlshment), the Supreme Court of the United States defended the autonomy of churches through the definition of ecclesiastical abstention in Watson v. Jones (1879). A century later, as a development of this decision in the field of labor relations, the federal courts recognized a ministerial exception by which churches would enjoy a sphere of autonomy in relation to their ministers. The Fifth Circuit did so in McCIure (1972) and the US Supreme Court admitted the constitutionality of the ministerial exception ruling in Hosanna-Tabor (2012). This Court resolved a number of issues that had occupied the courts for forty years in relation to the identity of the minister and its evaluation as such, as well as the nature and application of that decision.

Keywords: Church Autonomy, Labor Relations, Ministerial Exception.

US Case Law on Church Autonomy and Labor Relations: The Doctrine of the Ministerial Exception. Part I: Before Hosanna-Tabor (2012)

El 11 de enero de 2012 el Tribunal Supremo reconocio la consti tucionalidad de la doctrina jurisprudencial de la excepcion ministerial ("ministerial exception") sobre la que los tribunales venian trabajando desde hacia cuatro decadas, como una evolucion de la doctrina de la autonomia de las Iglesias o abstencion eclesiastica que el Supremo sancionara en el caso Watson v. Jones en 1872. Pues bien, ahora en Hosanna-Tabor, el Chief Justice Roberts, encargado de redactar la sentencia unanime del Tribunal, dijo: <<Los miembros de cualquier grupo religioso ponen su fe en las manos de sus ministros. Exigir a una Iglesia aceptar o mantener un ministro no querido, o penalizarla por no hacerlo asi, supondria algo mas que una mera cuestion laboral o decision de empleo. Esa accion interferiria con el gobierno interno de la Iglesia, privandole a esta del control sobre quienes estan llamados a representar sus creencias. Al imponerle un ministro no deseado a la Iglesia, el Estado viola la clausula de libre ejercicio de la religion que protege el derecho de todo grupo religioso a configurar su fe y mision por medio de su personal, de su equipo. Conceder al Estado el poder de decidir sobre que individuos ejerceran esa clase de servicio a los fieles tambien viola la clausula de no establecimiento religioso que prohibe al gobierno toda injerencia en esa clase de decisiones eclesiasticas>> (1).

Por su parte, el juez asociado Samuel Alito dejo tambien escrito en su voto particular al que se unio la juez Elena Kagan lo siguiente: <<La autonomia religiosa supone que las autoridades religiosas deben ser libres a la hora de establecer quienes estan cualificados para servir en posiciones de sustancial importancia religiosa. Las diferentes religiones tienen distintas visiones acerca de lo que define una importante posicion religiosa, pero si es posible identificar una categoria general de "empleados" cuyas funciones son esenciales para la independencia de practicamente todos los grupos religiosos. Estos incluirian aquellos que sirven en posiciones de liderazgo, aquellos que desarrollan importantes posiciones en los servicios de culto, asi como en el desarrollo de las diferentes ceremonias y rituales religiosos, y aquellos a los que se les confia la ensenanza y transmision de sus creencias a la proxima generacion>> (2).

Como bien advirtiera este juez en su escrito, el caracter pluralista de la sociedad norteamericana hacia necesario partir de una primera distincion en este asunto de la autonomia religiosa y de las relaciones laborales en las Iglesias y entidades religiosas: una cosa debiera ser el estatuto de quienes sirven a las diferentes entidades religiosas en posiciones de liderazgo, de ensenanza o de liturgia (como catolico (3) que es, Alito recurre en el texto que se acaba de citar, como criterio de seleccion del ministro, a los clasicos tria munera: munus regendi, munus santificandi y munus docendi, aun cuando los empleados se ocupen tambien de otros asuntos, si se quiere seculares; y llamense estos ministros o no, sean sacerdotes, diaconos, pastores, rabinos, imanes o cualquier otro lider religioso) y otro distinto seria el regimen de quienes trabajan para esas entidades pero sin cumplir esas funciones ministeriales. Solo los primeros entrarian en la categoria general de ministros, gozando las entidades religiosas, en relacion con ellos, de un grado de autonomia garantizado constitucionalmente por las clausulas religiosas de la Primera Enmienda y que los tribunales federales han ido definiendo bajo la doctrina de la ministerial exception desde 1972 hasta el ano 2012 (Hosanna-Tabor).

En la era de los derechos civiles (la Rights Revolution de los anos 60 del siglo XX, 1954-1965), el titulo VII de la Civil Rights Act de 1964 en sus diversas correcciones, asi como otras leyes federales en contra de la discriminacion laboral desde los anos del New Deal de Franklin D. Roosevelt hasta nuestros dias (desde la Fair Labor Standard Act (FLSA) de 1938, la Equal Pay Act (EPA) de 1963, la Age Discrimination in Employment Act (ADEA) de 1967, la Fair Housing Act (FHA) de 1968, la Pregnancy Discrimination Act (PDA) de 1978, la Americans with Disabilities Act (ADA) de 1990, a la Whistleblower Protection Act (WPA) de 1989, la Family and Medical Leave Act (FMLA) de 1993, entre otras posibles) (4), permitieron a los trabajadores denunciar a sus empleadores por esta causa, declarando los tribunales el despido improcedente, restituyendo al trabajador en su puesto y compensandole por los danos causados. Con el fin de dar cumplimiento a esa legislacion, se creo en 1965, sobre una anterior Orden Ejecutiva del presidente Kennedy de 1961, una agencia federal en Washington DC, la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) para hacer cumplir esa legislacion laboral y evitar la discriminacion en el trabajo por una serie de causas que fueron creciendo con el tiempo: por razon de raza, origen, religion, hijos, sexo, edad, discapacidad, orientacion sexual, identidad de genero, informacion genetica, asi como por represalias en el caso de informar, participar en la denuncia u oponerse a la practica discriminatoria. Pues bien, aunque esas leyes federales contemplaron en sus textos limitadas excepciones para las organizaciones religiosas (como, por ejemplo, podria ser la preferencia en la contratacion), los tribunales plantearon entonces la cuestion de la existencia o no de una excepcion judicial constitucionalmente exigida en este campo de la discriminacion laboral, es decir, si un ministro religioso despedido por su Iglesia u organizacion eclesial podia recurrir con exito su despido discriminatorio porque estaba amparado por esa legislacion federal antidiscriminatoria en materia de trabajo o si, por el contrario, la entidad religiosa estaba protegida constitucionalmente por las clausulas religiosas de la Primera Enmienda. El primer caso llego al quinto circuito en 1972 debiendo esperar a 1985 para ver acunada la expresion de excepcion ministerial por el cuarto circuito, una expresion surgida como una especie de concision o sintesis judicial (judicial shorthand) que al igual que cualquier otro tropo o metafora, por evocadora que pudiera ser, resulta imprecisa, segun dijera el segundo circuito en Cote (2008) (5).

En McClure v. Salvation Army (1972) (6), una mujer, Billie McClure, fue considerada ministro ordenado del "Ejercito de Salvacion" tras un periodo de instruccion de dos anos, siendo su titulo el de "Officer". Esta empleada habia sido despedida despues de denunciar discriminacion salarial y de genero bajo el titulo VII de la Civil Rights Act. Buscaba con ello la reinsercion en su puesto de trabajo y el reconocimiento de igualdad de trato y pago entre los ministros con independencia de su genero. En primera instancia, un tribunal federal de distrito de Georgia concluyo que la demandada era una organizacion religiosa y que las actividades de la trabajadora tenian que ver con el cumplimiento de esos fines religiosos, eximiendo a la organizacion religiosa de responsabilidad. En apelacion, el quinto circuito confirmo la decision recurrida y el juez Coleman, encargado de la redaccion de la sentencia, dijo: <<La relacion entre una Iglesia organizada y sus ministros es de vital importancia. El ministro es el instrumento principal por el que la Iglesia busca cumplir su objetivo. De ahi que los asuntos que afectan a esta relacion debieran ser considerados necesariamente como de primera preocupacion eclesiastica. Asi como la funcion inicial de elegir a un ministro es un asunto de la administracion y gobierno de la Iglesia, tambien lo son las funciones que acompanan esa seleccion. Es indiscutible que estas incluyen la determinacion del salario del ministro, su lugar de asignacion y el deber que ha de cumplir en el avance de la mision religiosa de la Iglesia>> (7). Y asi pudo concluir que la aplicacion del Titulo VII de la ley del 64 a la relacion entre la entidad religiosa y su ministro supondria que: <<el control de asuntos estrictamente eclesiasticos pasara de la Iglesia al Estado. La Iglesia quedaria sin libertad para decidir por si misma, libre de interferencia estatal, sus asuntos de administracion y gobierno (...) resultaria una invasion estatal en un area de libertad religiosa algo que no le es permitido segun los principios de la clausula de libre ejercicio de la Primera Enmienda (...) Por tanto, sostenemos que el Congreso no pretendia, a traves de la redaccion no especifica de las disposiciones aplicables del Titulo VII de la ley, regular la relacion laboral entre la Iglesia y el ministro>> (8). El quinto circuito reconocia entonces una excepcion no legal, pero si judicial, a la ley federal.

Pasemos ahora al caso de 1985 que acuno la expresion ministerial exception. En Rayburn v. General Conference of Seventh-Day Adventists (1985) (9), el tribunal dijo que la aplicabilidad de la excepcion no dependia tanto de la ordenacion de la persona como del contenido o funcion de la posicion que ocupaba el empleado. Aqui Carole Rayburn, una mujer blanca adventista, solicito un puesto en la direccion pastoral de su Iglesia que no le fue concedido, decision que fue recurrida como discriminatoria por razon de sexo y raza, dada la vinculacion que guardaba con personas y movimientos afroamericanos. Para el tribunal <<todo intento del gobierno de restringir la libre eleccion de la Iglesia de sus lideres constituye una lesion de sus derechos de libre ejercicio religioso (...) Aqui el balance cae del lado del libre ejercicio de la religion (...) El hecho que un pastor asociado no sea un ministro ordenado en su Iglesia es irrelevante. La "excepcion ministerial" al titulo VII (...) no depende de la ordenacion sino de la funcion de la posicion>> (10).

Desde entonces, todos los tribunales federales de apelacion sin excepcion, los doce circuitos (11), asi como los Tribunales Supremos de doce Estados (Arkansas, Colorado, Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Montana, New Jersey, Virginia y Wisconsin, ademas del tribunal de apelacion del DC equivalente al Tribunal Supremo estatal) (12), sobre la base de las clausulas religiosas de libre ejercicio y no establecimiento de la Primera Enmienda, como una evolucion de la doctrina general de la abstencion eclesiastica de finida por el Supremo en Watson (1872), fueron perfilando esta doctrina de la excepcion ministerial para proteger la libertad y autonomia de las Iglesias y entidades religiosas en aquellas decisiones laborales que afectaran a sus ministros, evitando asi verse sujetas a cierta legislacion federal. Y asi, por ejemplo, no prosperaria la demanda en contra de una congregacion religiosa que hubiera decidido despedir a un pastor porque sus sermones fueran aburridos o hereticos, puesto que en tal caso los tribunales se verian obligados a entrar a valorar esa decision interna. Pero no todo es tan simple. En primer lugar, mientras queda claro que comprende a los ministros de culto de esas entidades (pastores, sacerdotes, rabinos), no lo es tanto si incluye tambien a otros trabajadores como, por ejemplo, profesores que ensenan materias seculares, aunque tambien clases diarias de religion dirigiendo a los estudiantes a la oracion y a los actos de culto, o personal administrativo de esas entidades que tambien pueda intervenir marginalmente en actividades de caracter religioso. En estos casos habria que determinar si es o no un ministro comisionado, a efectos de la excepcion. En segundo lugar, dado que existen normas especificas que incluyen exenciones concretas para organizaciones religiosas, no resulta siempre facil precisar el alcance de esa exencion. Y, finalmente, la naturaleza de esta exencion (mantener la independencia de la organizacion) lleva a permitir cierta discriminacion en la contratacion, sirviendose de la religion para evaluar la cualificacion del puesto, lo que fue reconocido en el capitulo de las excepciones del titulo VII de la Civil Rights Act de 1964. Pero tambien puede haber otro tipo de discriminacion no basada en las doctrinas religiosas de la entidad que no se entiende muy bien por que debiera ser permitida. Ante este conjunto de interrogantes, no es de extranar que los tribunales hayan vacilado en sus conclusiones, llegando a soluciones diversas.

Dicho esto, hay algunos tribunales que han insistido en la clausula de libre ejercicio (13), mientras que otros lo han hecho sobre la de no establecimiento (14), pero las dos se ven implicadas en estos casos en los que la doctrina de la excepcion ministerial viene exigida constitucionalmente. Y en todo caso, los circuitos fueron empleando entonces tres clases de razones para justificar esta doctrina de la excepcion ministerial exigida asi por las dos clausulas religiosas de la Primera Enmienda, es decir, tres argumentos a favor de la autonomia de las Iglesias en este orden de cosas: el primero, seria la tesis del "escrutinio gubernamental" a fin de evitar que el gobierno entrara en el analisis o examen de los asuntos internos de la Iglesia, un argumento claramente enraizado en la clausula de no establecimiento (por ejemplo, el cuarto circuito en Rayburn y el octavo en Scharon) (15); el segundo, tendria que ver mas con la clausula de libre ejercicio religioso, a fin de salvaguardar la "libre eleccion de sus ministros" por las Iglesias (asi el noveno en Weift y el cuarto en Rayburn) (16); y el tercero evitaria que los tribunales "entraran en el examen de cuestiones de doctrina religiosa", en coherencia con la doctrina de la abstencion eclesiastica, algo que seria menos amplio que el criterio del escrutinio del gobierno, al quedar limitado aqui a las cuestiones de naturaleza religiosa, un argumento este ultimo que vendria exigido por las dos clausulas (como el quinto en Combs o el undecimo en Gellington) (17).

La academia tambien se cuestiono las razones de la doctrina de la excepcion ministerial (18) y tres profesores (Lund, Laycock y McConnell) salieron en su defensa. Uno de los trabajos mas brillantes fue el de Christopher Lund, cuando identifico tres argumentos distintos, aunque solapados, en defensa de esta excepcion: (1) un elemento que el llama "relacionai o asociativo" por el que las Iglesias existen y para mantenerse como tales debieran permanecer libres a la hora de elegir sus propios criterios religiosos y con quienes compartirlos, de ahi que en materia de empleo se les reconoce una esfera de libre actuacion como, por ejemplo, serian sus preferencias a la hora de contratar a personas afines o de sus mismas creencias; (2) otro componente seria el de "conciencia", segun el cual las Iglesias gozarian de un ambito de inmunidad en sus convicciones, principios de fe o en sus mandatos, tal seria el caso, por ejemplo, del sacerdocio catolico reservado a varones, tan esencial a las creencias de esta Iglesia como podria ser el consumo de peyote para los nativos americanos o el empleo del yarmulke para los judios; y (3) finalmente uno de "autonomia", en el que propiamente se daria la excepcion ministerial en sentido propio, surgida para dar respuesta a una serie de problemas en relacion a las personas que trabajan para esas Iglesias u organizaciones religiosas ocupando singulares posiciones de liderazgo o de representacion, problemas como serian los de la readmision cuando asi lo pidieran los empleados despedidos, los de restructuracion de la Iglesia como consecuencia de demandas colectivas de clase, los de control de la vida religiosa por la propia Iglesia u organizacion cuando otra instancia ajena a ella pudiera decidir sus propios asuntos, o finalmente los de examen de la propia doctrina religiosa y de las decisiones adoptadas por las Iglesias si otros debieran juzgar acerca de la discriminacion (19). Por su parte, para Douglas Laycock, la doctrina de la excepcion ministerial protegeria, por un lado, las normas y practicas religiosas que, amparadas constitucionalmente en las clausulas de la Primera Enmienda, no serian garantizadas en la legislacion secular de empleo, pero, ademas, por otro lado, la excepcion ministerial asegura el derecho de las Iglesias a elegir y evaluar sus propios ministros (20). Finalmente, Michael McConnell recurrio, como siempre en estos temas, a la historia para demostrar el acierto de la doctrina de la excepcion ministerial. McConnell dijo que el pasado demostraba hasta que punto se quiso dejar a las Iglesias fuera de leyes federales antidiscriminatorias como cuando, despues de la adopcion de la Decimocuarta Enmienda en 1868 y en el curso de los debates sobre la Civil Rights Act de 1875 que prohibia la discriminacion en lugares publicos como posadas, ferrocarriles, barcos de vapor, teatros o hasta en las escuelas, algunos senadores quisieron sin exito incluir tambien las Iglesias. Esa propuesta encontro el rechazo en el Congreso de otros que invocaron el derecho de la gente a decidir lo que rezar, el modo de hacerlo, asi como las personas con las que quisieran unirse para ello. Esa libertad era la que garantizaba asi la libre eleccion de los lideres religiosos en virtud de la necesaria autonomia de las Iglesias, razon de ser de la doctrina de la excepcion ministerial aun cuando no se hubiera planteado como tal en ese momento historico (21).

El caso es que mas alla del fundamento de la doctrina de la excepcion ministerial, otro problema que se planteo fue el de su viabilidad tras la decision del Supremo en Smith (1990). Hasta esa fecha y en una operacion de estricto escrutinio de intereses enfrentados, toda carga o limite sustancial (substantial burden) sobre el libre ejercicio religioso exigia la presencia de un poderoso interes gubernamental (compelling state interest) siendo esta, la medida adoptada, la menos restrictiva posible (least restrictive means) (22), segun el lenguaje empleado por el juez Brennan en el caso de la adventista de South Carolina a la que se le concedio el subsidio por desempleo solicitado tras negarse a trabajar en sabado. Este precedente Sherbert (1963) fue confirmado por el Supremo anos mas tarde en el caso de la educacion obligatoria de los amish en Yoder (1972) (23). Sin embargo, cuando llego al Tribunal el caso de unos nativos americanos de Oregon que fueron despedidos por su consumo ritual de peyote, reclamando la compensacion por desempleo, el Supremo, en palabras del juez Scalia, no quiso entrar en la operacion de balance del Sherbert-Yoder test y dijo que bastaria con la existencia de una ley neutral y de general aplicacion para imponerse sobre el libre ejercicio (24). Solucion que volveria a ser aplicada anos despues en el caso de la santeria en la ciudad de Hialeah al norte de Miami (Lukumi, 1993) (25). Pues bien, fue entonces, despues de Smith, cuando se planteo la viabilidad de la doctrina de la excepcion ministerial, asi como del precedente McClure (1972) ante la referencia que esta hacia a la sentencia Sherbert y de la que ahora parecia apartarse el Supremo a partir de 1990. Mas aun si cabe cuando el Supremo acabo anulando en City of Boeme v. Flores (1997) (26), aquel caso de urbanismo en el distrito historico de la ciudad de San Antonio en Texas que afecto a una Iglesia catolica, la ley federal que el Congreso habia aprobado para restaurar la operacion de equilibrio o balancing test de la doctrina Sherbert en la Religious Freedom Restoration Act (RFRA, 1993) (27) por haberse excedido el Congreso en su poder bajo la Decimocuarta Enmienda. Ley esta que, sin embargo, el Supremo respaldara en su aplicacion federal, no estatal, en el primer gran caso de la Corte Roberts (2005-) sobre el libre ejercicio de la religion relativo al consumo ritual del te alucinogeno ayahuasca en Gonzales v. O Centro Espirita (2006) (28), cuando el ano anterior el mismo Tribunal habia respaldado la validez de una de las dos secciones (urbanismo y personas ingresadas en instituciones) de la ley federal Religious Land Use and Institutionalized Persons Act (RLUIPA) del 2000 en el caso de un preso interno en un centro penitenciario de Ohio (29). Pues bien, volviendo a la viabilidad de la excepcion ministerial tras Smith (1990), siendo esta una cuestion abierta sobre la que el Tribunal Supremo no se pronunciara hasta Hosanna-Tabor (2012), hubo algunos tribunales federales como el quinto circuito, en el caso de un pastor metodista, en Combs (1999), que si rechazaron el argumento, considerando la doctrina de la excepcion ministerial plenamente valida sin que quedara afectada por el precedente Smith, pues el derecho de las Iglesias a obrar con independencia y libre de cualquier injerencia estatal en los asuntos de su administracion o gestion interna no fue algo que quedara alterado por la decision del 90 (30).

Quedando siempre a salvo el caracter religioso del empleador sobre el que no se dio grandes problemas, segun una lectura amplia de este, no limitada a las Iglesias en sentido estricto, las discrepancias entre los circuitos antes de Hosanna-Tabor se dieron en torno a tres grandes cuestiones: en primer lugar, la definicion del ministro religioso empleando para ellos diversos criterios; en segundo lugar, la del alcance mayor o menor de la excepcion (por un lado, si el despido hubiera sido por motivos religiosos o no, y, por otro, si la excepcion resultaba aplicable o no a las distintas leyes federales); y, finalmente, la de la aplicacion del derecho al caso concreto, ante la coexistencia de diversas respuestas o recursos legales que se solapaban. Estas cuestiones constituyen el objeto de la primera parte de este estudio, dejando para la segunda parte el analisis de la sentencia del Supremo en el 2012 y la evolucion habida en la materia hasta el presente. Como es evidente quedan aplazadas las conclusiones definitivas hasta ese momento.

1. EL MINISTRO RELIGIOSO

Que duda cabe que lo primero que habia que hacer era precisar la figura del "ministro religioso". ?Quien entraba dentro de esa categoria? Todos los tribunales tuvieron claro que pastores, sacerdotes o rabinos si eran ministros, pero no todos estuvieron de acuerdo sobre la condicion de otros empleados. Aqui las posibilidades se dispararon, abarcando todo tipo de hipotesis, de trabajos y posiciones, no limitadas a las confesiones cristianas: desde directores de escuelas parroquiales a profesores de centros universitarios afiliados a organizaciones religiosas; desde directores de coro y profesores de musica de Iglesias y escuelas parroquiales a seminaristas, religiosas al frente de capellanias universitarias u otro personal asistente o asociado en las Iglesias; desde miembros de la Sea Org, organizacion de la Iglesia de la Cienciologia definida como una orden religiosa que actua a manera del ala evangelica de la organizacion, a otras personas empleadas en labores de direccion o gestion de entidades religiosas como podria ser la secretaria de comunicacion o prensa de una diocesis catolica para la comunidad hispana o el personal directivo de un asilo judio encargado de la supervision de los estandares kosher (es decir, un mashgiach), pero tambien otros trabajadores contratados en tanatorios, en cementerios o en programas de hospitales, centros todos ellos religiosos o de afiliacion religiosa; no falto incluso el caso notable de tres profesores de derecho (Ed Lyons, Phil Pucillo y Stephen Safranek) de la Ave Maria School of Law contrarios al traslado del centro de Ann Arbor (Michigan) a Naples (Florida) y que fueron despedidos por esa actitud, un caso en el que la Facultad argumento que estos profesores debian ser considerados empleados ministeriales de una institucion academica religiosa desde el momento en el que el Handbook del Centro, sus directrices o ideario, les exigia integrar la doctrina moral y social de la Iglesia catolica segun el espiritu fundacional de Tom Monaghan, sin que el tribunal se pronunciara sobre esta cuestion al llegar a un acuerdo la Facultad y los profesores en julio, los dos primeros, y el ultimo en septiembre del 2009.

Pues bien, al entrar en el analisis de los casos, los tribunales que si lo hicieron se fueron pronunciando en atencion a sus peculiares circunstancias sin que el interes subjetivo del demandante fuera suficiente para considerarlo ministro o no, segun entendio un tribunal federal de distrito de Oregon en septiembre de 2010 cuando juzgo que la no admision en un programa de Direccion de Educacion Cristiana (DEC) de una Universidad cristiana (Concordia University), por razones de edad y otros factores religiosos, era una cuestion que entraba bajo la esfera de la excepcion ministerial aun cuando el intento subjetivo de la demandante fuera emplear el certificado DEC para ensenar en las escuelas publicas (31). Mas alla de esto, y aun coincidiendo en la solucion de muchos casos, los tribunales federales de apelacion, los circuitos, no se pusieron de acuerdo sobre el criterio a adoptar para la consideracion ministerial de un empleado. Si no hubo dudas sobre los ministros tradicionales como sacerdotes, pastores o rabinos, no fue tan clara la determinacion de otros trabajadores, aunque se fue abriendo un consenso en los tribunales por el que lo importante no era tanto si el empleado fuera formalmente ministro como si actuaba ministerialmente, sin entrar en mayores distinciones que llevaran a emplear un enfoque combinado (blended approach), como algun autor ha defendido (32). Pues bien, el quinto circuito (Starkman, 1999) y el septimo (Tomic, 2006) resolvieron la cuestion desde un enfoque si se quiere mas amplio o funcional (functional approach test), es decir, desde el analisis de la posicion o trabajo que exigia tener en cuenta diversos elementos en juego (multi-factor test) (33) lo que se traducia en una mas amplia excepcion ministerial. Mientras tanto, otros circuitos como el cuarto (Rayburn en 1985 o Shaliehsabou en 2004), sexto (Hollins en 2007 y Hosanna-Tabor en 2010), decimo (Skrzypczak, 2010) y el de DC (Catholic University, 1996), centraron su analisis mas en las principales tareas del trabajador (primary duties test), resolviendo que un empleado seria considerado ministro cuando sus principales labores fueran de naturaleza religiosa, no secular, segun la naturaleza de la tarea, pero tambien la dedicacion del empleado a ella, o el tiempo que empleara en atenderla (34), lo que suponia en muchos casos una lectura menos generosa de la excepcion ministerial, amen de los problemas que este enfoque pudiera tener desde la clausula religiosa de no establecimiento. Este ultimo enfoque seria entonces mas rigido que el estrictamente funcional, mas incierto (es decir, lo que pudiera ser considerado como principal deber por un tribunal, podria no serlo para otro segun las circunstancias del caso, asi mientras hubo tribunales que consideraron ministerial la posicion del director de coro o musica por la importancia religiosa de esta, otros no lo entendieron de igual modo) y tambien mas problematico por las cuestiones de no establecimiento que pudiera entranar, al entrar el tribunal en la dificil tarea de distinguir deberes del trabajador, religiosos y seculares, asi como su dedicacion o trascendencia, lo que se podria evitar si esa cuestion quedara en manos de la entidad religiosa, adoptando entonces el tribunal una actitud deferente. En tal caso, la organizacion religiosa decidiria sobre las tareas y su importancia, es decir, si el empleado contribuia y como a la mision espiritual de la Iglesia, y el tribunal emplearia entonces un deferential primary duties test (35). Mientras tanto, otros circuitos como el tercero (Petruska, 2006) y el octavo (Scharon, 1991) parece que emplearon igualmente este criterio de las "principales tareas", aunque sin citarlo expresamente (36). Por su parte, el segundo circuito quiso matizar el test funcional, analizando tambien si el examen de la controversia en cuestion llevaria al tribunal a implicarse mas alla de lo constitucionalmente permitido en disputas eclesiales o doctrinales (Cote, 2008). Y no ha faltado tampoco quien, como el noveno circuito (Alcazar, 2010), no se quiso pronunciar finalmente sobre un test especifico, a pesar de haberse inclinado por el funcional en un primer momento (37). Veamos.

1.1. El test funcional (functional approach test)

El quinto circuito en 1980 sostuvo, en EEOC v. Mississippi College (1980) (38), que los profesores de un centro universitario o College de afiliacion baptista en Mississippi no podian ser considerados ministros porque la Facultad y el personal del College no funcionaban como ministros al no ser intermediarios entre la Iglesia y su congregacion, ni atendian las necesidades religiosas de sus fieles ni instruian doctrinalmente a sus alumnos, evitando asi ampliar la excepcion que anos atras habia fijado en McClure (1972) (39); se trataba de un caso de discriminacion laboral por razon de sexo al no ser contratada una profesora del departamento de psicologia para un puesto de dedicacion plena. En cambio, un ano despues, en EEOC v. Southwestern Baptist Theological Seminaiy (1981) (40), ese mismo tribunal, en un caso distinto, si sostuvo que los profesores de un seminario baptista entraban dentro de la excepcion por su funcion religiosa de transmision de la doctrina eclesial, aun cuando algunos no fueran ministros ordenados (41).

Estos casos fueron preparando a este tribunal federal de apelacion a la hora de fijar un test funcional para considerar al trabajador como ministro religioso. La ocasion llego con el despido de una directora de coro y musica en una Iglesia metodista, despido denunciado como discriminatorio por razon de su enfermedad (asma, artritis, migranas y exposicion a agentes quimicos), invocando la proteccion de la ley federal ADA. Asi, en Starkman v. Evans (1999) (42), el quinto circuito, confirmando la decision recurrida que consideraba a la demandante como empleada ministerial, dijo que para que estuvieramos ante un ministro religioso a efectos de la excepcion debieran concurrir una serie de circunstancias: que el trabajador fuera empleado por una institucion religiosa; que fuera elegido para esa posicion en razon de criterios religiosos; y por ultimo, que el trabajo incluyera ciertos deberes y responsabilidades de caracter religioso (43). En este caso, la demandante habia participado en ceremonias religiosas y tenia numerosos deberes religiosos.

Este amplio enfoque funcional fue aplicado tambien por el septimo circuito en Tomic v. Catholic Diocese of Peoria (2006) (44). En esta ocasion un director de musica y organista de 50 anos que trabajaba en la Catedral y en la diocesis catolica de Peoria (Illinois) fue despedido tras una discusion sobre los horarios de las celebraciones de Pascua, siendo sustituido por otro mas joven. El trabajador denuncio el despido como improcedente por la discriminacion sufrida por su edad. Sin embargo, el septimo circuito entendio que la diocesis tenia derecho a una excepcion ministerial pues el empleado no era un conserje mas sino el encargado de una parte importante de la liturgia como era la musica sacra, siendo despedido tras un desacuerdo sobre ella con el asistente del obispo. Como director de musica que era, el trabajador debia elegir la mas apropiada segun las misas por lo que su posicion incluia claros deberes religiosos. Asi concluyo el tribunal apelando al caso que acabamos de ver del cuarto circuito, Starkman (1990), para concluir que las funciones del empleado eran tradicionalmente teologicas o religiosas (45). De ahi que enjuiciar su despido seria entrar en una controversia de naturaleza religiosa acerca de la musica sagrada que la Iglesia debiera tener o no en sus oficios.

Tres anos antes de Tomic, este mismo circuito, en Alicea-Hernandez v. Catholic Bishop of Chicago (2003) (46), juzgo que la demandante contratada por la diocesis catolica de Chicago para el servicio hispano de comunicaciones debia ser considerada como empleada ministerial, beneficiandose la diocesis de la correspondiente excepcion en un caso en el que la trabajadora habia renunciado a su empleo, segun ella por el trato discriminatorio recibido por su origen hispano y ser mujer, con exclusiones sufridas, malas condiciones laborales, asi como diferencias salariales con otros empleados varones. Entre las funciones de su trabajo figuraba la redaccion de notas de prensa para la comunidad hispana, redactar correspondencia para el Cardenal, mantener relaciones con los medios de comunicacion hispano y con las parroquias para la promocion de las actividades de la Iglesia en la comunidad hispana, escribir articulos para publicaciones de la Iglesia, asi como traducir materiales de la Iglesia al espanol. El septimo circuito dijo en esta ocasion que su posicion era claramente ministerial pues en orden <<a precisar si un empleado es un ministro a fin de aplicar la excepcion, no miramos a la ordenacion sino a la funcion de la posicion (...) La cuestion a contestar es si la posicion de Alicea-Hernandez como la "responsable de comunicaciones hispanas" puede ser clasificada funcionalmente como ministerial. Alicea-Hernandez sostiene que para ello debemos mirar a la naturaleza de sus peticiones y si la discriminacion en cuestion es de naturaleza secular. Ella se equivoca aqui. La excepcion ministerial se aplica con independencia de la clase de peticiones presentadas (...) Alicea-Hernandez sirvio en su trabajo en parte como un secretario de prensa (...) un secretario de prensa es responsable de transmitir el mensaje de la organizacion que representa al publico en su conjunto (...) su papel es esencial para la transmision de ese mensaje y el mensaje de la Iglesia es de singular importancia (...) Alicea-Hernandez sirvio como de lazo de union entre la Iglesia y la comunidad a la que se dirigia el mensaje. Como responsable del servicio hispano de comunicacion, Alicea-Hernandez era esencial para la difusion del mensaje que la Iglesia queria trasmitir a la comunidad hispana>> (47).

Por su parte, el noveno circuito que no habia querido en el pasado adoptar un test concreto para resolver esta cuestion de la excepcion ministerial (48), ahora se resistio de nuevo a esa tentacion de crear un test de general aplicacion cuando anulo el que un panel de tres jueces habia fijado meses antes en un caso planteado por dos seminaristas catolicos de Mejico que, como preparacion al sacerdocio, se vieron obligados a participar en un programa de entrenamiento ministerial fuera de su diocesis, en este caso en una Iglesia catolica del Estado de Washington. Fue en esa parroquia donde uno de ellos sufrio acoso sexual por un sacerdote. El sacerdote y la diocesis fueron denunciados por esos seminaristas que reclamaron tambien el pago de las horas extra trabajadas (en el mantenimiento de la Iglesia y en la ayuda en las misas) bajo la ley estatal de salario. El tribunal de distrito no accedio a ello por entender de aplicacion a los demandantes la excepcion ministerial invocada por la Iglesia. En marzo de 2010 un panel de 3 jueces del noveno circuito sostuvo que los seminaristas eran ministros a efectos de la excepcion.

Para este tribunal, el criterio de las "principales tareas" realizadas era mas problematico que el funcional, pues exigiria al tribunal entrar a enumerar el tiempo dedicado a labores seculares y las horas gastadas en servicios religiosos, lo que supondria una injerencia gubernamental que era la que queria evitar la doctrina de la excepcion ministerial; sin olvidar que las labores de naturaleza secular tambien podrian ser importantes en el trabajo de un ministro. Asi fue como el noveno circuito, en Alcazar v. Corporation of Catholic Archbishop of Seattle (March 16, 2010) (49), se inclino por el enfoque funcional sumandose a los tres elementos del test del quinto circuito vistos en Starkman, es decir, una persona seria ministro cuando, empleada por una organizacion religiosa, fuera elegida para el puesto o cargo por criterios religiosos y desarrollara algunos deberes y responsabilidades religiosas (50). Sin embargo, cuando el caso fue recurrido, el noveno circuito en pleno rechazo seguir el test empleado por cualquier circuito, asi como ofrecer uno propio. De este modo anulo la parte de la sentencia recurrida en la que el tribunal se habia adherido a uno de esos test y en lugar de ello, quiso atenerse al caso sin un test preconcebido en Alcazar v. Corp. of Catholic Archbishop of Seattle (December 10, 2010). (51) Siendole suficiente con una "razonable interpretacion" de la excepcion, el tribunal dijo que la excepcion ministerial abarca mas que la posicion de ministro ordenado incluyendo en esta categoria a los seminaristas; en el caso presente era suficiente constatar que los seminaristas habian entrado en un seminario para ser sacerdotes catolicos, desarrollaron sus tareas en un lugar ministerial, como parte de su entrenamiento o preparacion al sacerdocio. Eso si, quiso expresamente excluir de la decision tanto el caso de los menores como los supuestos de mala fe o subterfugio legal para evitar la aplicacion de la ley, ambos aspectos ausentes en esta controversia (52).

1.2. El test de las principales tareas del empleado (primary dudes test)

El cuarto circuito, primero en Rayburn v. Gen. Conference of SeventhDay Adventists (1985) (53), luego en EEOC v. Roman Catholic Church of Raleigh (2000) (54), y finalmente en Shaliehsabou v. Hebrew Home of Greater Washington, Inc. (2004) (55), consagro un test sobre las tareas del empleado, siendo ministro cuando la mayoria de sus principales ocupaciones fueran ministeriales por naturaleza, es decir, "si las tareas principales del empleado consistieran en la ensenanza, difusion de la fe, el gobierno eclesial, la supervision de una orden religiosa, o supervision o participacion en un ritual o ceremonia religiosa", debiendo entonces el tribunal <<determinar si una determinada posicion es importante para la mision pastoral y espiritual de la Iglesia>> (56).

Este mismo examen de las principales tareas desempenadas fue el seguido por el circuito del District of Columbia en EEOC v. Catholic University of America (1996) (57). El tribunal reconocio aqui que la excepcion no esta limitada a miembros del clero en la Iglesia catolica (58). Esto sirvio para rechazar la demanda de una religiosa contra la Universidad Catolica de America por no haber logrado el puesto de profesora titular de derecho canonico, segun ella por ser mujer. El tribunal dijo: <<los miembros de la Facultad de derecho canonico cumplen la funcion esencial de aquellos que interpretaran, ejecutaran y ensenaran el derecho de la Iglesia catolica y la administracion de sus sacramentos. Aunque la hermana McDonough no es un sacerdote, ella es un miembro de una orden religiosa que busco una plaza de profesora titular en un campo de fundamental importancia para la mision espiritual de su Iglesia>> (59). Anos antes, el mismo circuito de DC, en Minker v. Baltimore Annual Conference of United Methodist Church (1990) (60), no habia querido pronunciarse sobre la validez del test funcional a la hora de determinar la condicion ministerial del empleado pues en el caso no habia dudas sobre ello (61), se trataba de un pastor metodista que habia denunciado a su Iglesia por discriminacion laboral al no promoverle por su edad.

Pues bien, un enfoque similar lo encontramos en otros dos circuitos. En Skrzypczak v. Roman Catholic Diocese of Tulsa (2010) (62), el decimo circuito entendio que la directora del departamento de formacion religiosa de la diocesis de Tulsa (Oklahoma) debia ser considerada como ministro despues de analizar sus principales responsabilidades segun el precedente del cuarto circuito en Rayburn, rechazando asi la demanda de discriminacion laboral por razones de genero y edad que le habia presentado. Dijo asi que <<la excepcion ministerial garantiza el derecho esencial de la Iglesia a elegir a quien "predicara sus valores, ensenara su mensaje, e interpretara sus doctrinas, tanto a los suyos como a los de fuera" libres de toda interferencia de las leyes estatales de empleo (...) Aunque la doctrina se aplica normalmente en las demandas de empleo entre los ministros y las Iglesias, se extiende tambien a cualquier empleo que sirve en una posicion "importante a la mision pastoral y espiritual de la Iglesia">> (63). El tribunal reconocio en este caso que la doctrina de la excepcion ministerial se aplica a las reclamaciones de ambiente laboral hostil, asi como bajo las leyes federales de la Age Discrimination in Employment Act (1967) y de la Equal Pay Act (1963) (64).

Y en Hollins v. Methodist Healthcare, Inc. (2007) (65), el sexto circuito, en un caso en el que un hospital metodista de Memphis en Tennessee no acepto finalmente a Hollins como residente dentro de su programa de atencion pastoral tras una evaluacion psiquiatrica, lo que provoco entonces la denuncia bajo la ADA, empleo el examen de los principales deberes del empleado para su consideracion ministerial, en atencion a la funcion pastoral que estaba desempenando en el hospital (66). Anos despues este mismo circuito ofrecera un examen similar en EEOC v. Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church ir Sch. (2010) (67). En esta ocasion, el tribunal concluyo que la demandante no era una empleada ministerial pues, a pesar de su cualificacion formal y su consideracion como ministro contratado, entre sus principales tareas o deberes no figuraban las religiosas sino otras de naturaleza secular (68), en un caso en el que la profesora se pasaba ensenando estas ultimas materias mas de seis horas al dia de las siete de su jornada.

Por su parte, el segundo circuito quiso anadir un elemento mas al test en Rweyemamu v. Cote (2008) (69). En este caso, un sacerdote catolico negro natural de Tanzania, vicario parroquial y fundador de una organizacion no lucrativa, denuncio al obispo y diocesis de Norwich en Connecticut por no haberle promovido en ninguno de los casos que habia solicitado el traslado a puestos que siempre fueron cubiertos por sacerdotes blancos. El obispo finalmente le aparto del ministerio por las denuncias que se habian presentado contra el sobre sus homilias, su actuacion con el personal de la parroquia, o su trabajo para la organizacion por el fundada que interferia con sus deberes a tiempo completo en la parroquia que se le habia asignado. El caso es que, tras diversos recursos en Roma ante la Congregacion para el Clero, el sacerdote expedientado inicio su accion contra el obispo y la diocesis en el tribunal federal de Connecticut sin exito alguno debido a la excepcion ministerial aplicada, ante la evidente naturaleza ministerial del trabajador demandante. Al recurrir al segundo circuito, este tribunal quiso aprovechar la ocasion para matizar algo el criterio de las principales tareas a la hora de definir la condicion ministerial de un empleado: <<mientras estamos de acuerdo en que los tribunales consideren la funcion de un empleado, mas que su titulo o el hecho de su ordenacion (...), consideramos todavia este enfoque demasiado rigido al no considerar la naturaleza de la controversia>> (70). No habia duda de que, como sacerdote catolico, el demandante era un ministro de modo que la diocesis gozaba de la excepcion ministerial frente a las reclamaciones presentadas bajo el titulo VII de la Civil Rights Act, pues el tribunal no podia resolver la controversia sin entrar en cuestiones de doctrina religiosa como la comprension del sacerdocio catolico y de gobierno o disciplina interna de la Iglesia catolica como era la singular relacion que vinculaba al sacerdote con su obispo. Un ano antes, habia sido dispuesto que la Religious Freedom Restoration Act (RFRA) estatal no desplazaba la excepcion ministerial (71).

En el caso del tercer circuito, este tribunal adopto tambien, aunque sin entrar directamente en la cuestion, el test de las principales labores desarrolladas cuando reconocio, en Petruska v. Gannon University (September 6, 2006) (72), como ministro religioso a Lynette Petruska, una religiosa empleada en ese College catolico de Pennsylvania (Gannon University) (73). La demandante fue contratada como la primera mujer capellan de la Universidad despues de haber trabajado como directora de asuntos sociales. El anterior capellan era un sacerdote que habia sido destinado a Roma para completar sus estudios con la promesa de seguir ocupandose de esa capellania a su regreso. Cuando renuncio otro capellan asociado es cuando se penso en Petruska para ocupar esa posicion. El problema surgio mas tarde cuando la Universidad quiso reestructurar la capellania y Petruska se nego a dejar su puesto. El desacuerdo propicio su renuncia que fue aceptada inmediatamente; fue entonces cuando se planteo la demanda contra la Universidad por discriminacion laboral al ser mujer, por las represalias sufridas y por incumplimiento de contrato. En un primer momento, el tercer circuito, anulando la decision recurrida que aplicaba la doctrina de la excepcion ministerial al titulo VII de la Civil Rights Act al resolver a favor de la organizacion religiosa, limito la aplicacion de esa doctrina a los casos en los que la discriminacion laboral tuviera su base en la creencia o doctrina religiosa (como, por ejemplo, seria el caso de la no ordenacion de las mujeres por la Iglesia catolica, caso en el que el libre ejercicio exigiria la libertad de accion de la Iglesia y el no establecimiento evitaria la injerencia estatal en un asunto de naturaleza religiosa), lo que no ocurria a su parecer en este caso en el que la demandante habia sido discriminada por razon de su genero pero sin fundamento religioso. Con ello se queria evitar, como decia la sentencia 2 a 1 del tribunal, que <<la clausula de libre ejercicio se convirtiera en una licencia para discriminar sin fundamento en ningun principio religioso>>, apartandose con esta lectura restrictiva del parecer de otros seis circuitos (el cuarto en Roman Catholic Diocese of Raleigh (2000), el quinto en Combs (1999), el septimo en Alicea-Hernandez (2003), el octavo en Scharon (1991), el noveno en Werft (2004) y el de DC en Catholic University of America (1996); mientras tanto, el undecimo circuito en Gellington (2000), pronunciandose a favor de la doctrina de la excepcion ministerial, no habia dicho nada sobre este aspecto) (74). Si esto ocurria a finales de mayo de 2006, en el mes de septiembre al reabrir el caso ese tribunal, tras la muerte del juez ponente pocos dias antes de la fecha de la publicacion formal de la sentencia, aunque una vez escrita esta, anulo la decision precedente y corrigio esa lectura limitada de la doctrina entendiendo que debia aplicarse en todo caso y no solo en aquellos en los que la razon del trato discriminatorio fuera religiosa (75).

Para el tercer circuito, la posicion de la trabajadora era claramente ministerial, aunque no fuera capellan en el sentido catolico del termino por no ser un ministro ordenado; sin embargo, segun entendio el tribunal, las principales tareas de esta empleada incluian funciones ministeriales, sirviendo como codirectora del "Catholic Identity Task Force", ayudando en servicios de oracion y participando en la organizacion de la liturgia, dirigiendo estrategias de desarrollo para incrementar la participacion en la vida sacramental de la comunidad universitaria, por lo que era claro que las funciones que ella desarrollaba como capellan universitario eran naturalmente ministeriales con independencia de las razones por las que la trabajadora hubiera presentado su renuncia (76). Petruska recurrio al Supremo, aunque sin exito alguno (77), para despues volver a presentar la demanda alegando ahora discriminacion de genero contraria al Titulo IX de la Civil Rights Act de 1964, aplicable a las escuelas y Colleges que reciben ayudas federales, algo que fue igualmente rechazado (78). Lynette Petruska dejo la orden religiosa a la que pertenecia para establecerse como abogada en St Louis, Missouri. Por ultimo, de forma similar, el octavo circuito, en Scharon v. St. Luke's Episcopal Presbyterian Hosps. (1991) (79), juzgo que la ministro episcopal Anne Scharon, contratada por el hospital presbiteriano de St. Luke en St Louis (Missouri) como capellan, era un empleado ministerial a efectos de la excepcion. Tras su despedido presento una demanda por entender que habia sido discriminada por razon de edad y sexo en contra de la ley, de las provisiones de la ADEA y del titulo VII de la Civil Rights Act. El tribunal dijo que la demandante no era una empleada secular que realizaba tareas religiosas sino una empleada espiritual que tambien cumplia algunos deberes seculares, de ahi que su posicion de capellan fuera esencialmente ministerial de modo que, citando Rayburn, el desempeno de actividades seculares en ese puesto no disminuia su naturaleza religiosa (80).

En todo caso, pese a la variedad de respuestas y de criterios empleados en la evaluacion, quede claro, eso si, que la excepcion ministerial solo operaria en los supuestos de una entidad religiosa y en la relacion laboral de esta con sus ministros. En la que pudiera darse con los demas empleados, la organizacion religiosa se veria sujeta en principio a toda normativa valida, neutral y de general aplicacion (Smith, 1990), aunque pudieran darse casos en los que la accion (piensese, por ejemplo, en ciertas acciones por rescision de contratos o por difamacion, cuyo origen o razon de ser y respuesta del tribunal exigiria de este entrar a decidir cuestiones de naturaleza eclesial, de gobierno, disciplina o doctrina de la Iglesia, invocando la doctrina de la "abstencion eclesiastica") deberia quedar al margen. Pero incluso aqui otros tribunales no se han abstenido, creyendo poder resolver el litigio segun principios neutrales de derecho, no afectando, segun su parecer, a cuestiones doctrinales o de disciplina eclesial.

2. LA NATURALEZA DE LA EXCEPCION

Una vez resuelta la determinacion del ministro, la cuestion ahora se desplazaba a la naturaleza de la excepcion: ?ante que estabamos?, ?cuando tendria lugar la excepcion?, ?en todos los casos o solo en algunos? Por lo que a la naturaleza de la excepcion se refiere, se produjo un primer desacuerdo entre los circuitos que se mantuvo hasta la sentencia del Supremo del 2012. El circuito sexto (Hollins en 2007) y el septimo (Tomic en 2006) tomaron la excepcion como una prohibicion de jurisdiccion, es decir, como un asunto sobre el que los tribunales no tuvieran capacidad de entrar por estar privados de jurisdiccion, al igual que cualquier otro caso de abstencion eclesiastica que, para estos tribunales, merecia igual consideracion (81). Por el contrario, los circuitos primero (Natal en 1989), tercero (Petruska en 2006), noveno (Bollard en 1999) y decimo (Bryce en 2002) entendieron que la excepcion era una defensa afirmativa que no evitaba al tribunal entrar a conocer de la causa, es decir, una excepcion que los tribunales fueron construyendo para que las Iglesias evitaran un fallo en su contra por razon de su necesaria autonomia (82). El Supremo en Hosanna-Tabor tomara partido por estos ultimos, como se vera en la segunda parte de este estudio, aunque sin aclarar la condicion de la abstencion eclesiastica, pero indicando algunas pistas seguras acerca de su naturaleza, permitiendo pensar que podria seguir la misma suerte que la excepcion ministerial cuando se le llegara a plantear el caso.

En lo que si hubo mayor acuerdo, a pesar de la inicial resistencia del sexto circuito, inmediatamente corregida, fue sobre la aplicacion de la doctrina con independencia del motivo de la discriminacion, es decir, la excepcion ministerial entraria en juego en todos los casos mas alla de los estrictamente originados por razones religiosas o doctrinales. Como ya sabemos, asi lo entendieron el cuarto circuito en Roman Catholic Diocese of Raleigh (2000), el quinto en Combs (1999), el septimo en Alicea-Hernandez (2003), el octavo en Scharon (1991), el noveno en Werft (2004), y el de DC en Catholic University of America (1996). El undecimo circuito, en Gellington (2000), siendo favorable a la doctrina de la excepcion ministerial, no habia dicho nada sobre este aspecto y el sexto circuito, en Petruska (2006), dijo primero que solo por razon religiosa (en su decision de mayo) y despues en todo caso (en la de septiembre).

Pero ?cuando tendria lugar la excepcion? Mas alla de los casos en los que la apelacion a la doctrina de la excepcion ministerial fuera un subterfugio o un pretexto que encubriera un claro trato discriminatorio o se recurriera falsamente a razones religiosas para verse amparados frente al acto claramente discriminatorio, casos todos ellos fuera del alcance de la doctrina pues nunca ha sido entendida esta como una clausula absoluta e ilimitada, el segundo circuito, en Riveyemamn v. Cote (2008), limito tambien el alcance de la doctrina precisando que esta excepcion no seria aplicable a todos los casos sino unicamente a aquellos en los que (1) la relacion de empleo fuera religiosa y (2) el caso exigiera del tribunal la intervencion en el exclusivo derecho de la institucion religiosa a decidir asuntos relativos a su doctrina o a su gobierno u organizacion (83). El tercer circuito (Petruska) (84), el noveno en dos casos distintos (Bollard y Elvig) (85) y el circuito de DC (Minkerj (86), habian seguido ese mismo enfoque y limitado el alcance de la excepcion al negar que fuera de aplicacion en el caso de otras reclamaciones contractuales o de responsabilidad civil llevadas por ministros. Por el contrario, otros tribunales consideraron que ese enfoque llevaria a una aplicacion arbitraria y confusa de la doctrina, postulando entonces una lectura mas generosa de la excepcion ministerial: asi el sexto circuito la habia aplicado primero a un caso de fraude, difamacion, in cumplimiento de contrato y resarcimiento por danos en un litigio en el que un ministro metodista habia sido obligado a jubilarse anticipadamente tras un proceso disciplinario de su Iglesia por la dificultad del ministro de trabajar con las comunidades y llevarse bien con sus miembros (Hutchison) (87), y despues tambien al caso de incumpliendo contractual y resarcimiento de danos de un obispo casado por conducta inapropiada con otros hombres (Ogle) (88); el segundo circuito recurrio igualmente a la doctrina de la excepcion ministerial en un caso de incumplimiento contractual llevado por una judia liberal lesbiana (Friedlander) (89); el septimo circuito aplico tambien la doctrina en una accion de resarcimiento de danos por acoso laboral (Alicea-Hernandez) (90); el decimo en un caso de ambiente laboral hostil, encontrando la excepcion aplicable tanto al titulo VII de la Civil Rights Act como a la Equal Pay Act de 1963 (Skrzypczak) (91); o el undecimo en un caso indirectamente conectado con una denuncia de acoso sexual (Gellington) (92). Finalmente, en otros circuitos, como en el quinto, un tribunal federal de Texas aplico tambien la excepcion ministerial a reclamaciones por incumplimiento de contrato y fraude presentadas por un profesor en Klouda (93).

Dicho esto, el quinto circuito aplico la excepcion ministerial a la ley de discriminacion por discapacidad ADA asi como a las leyes estatales anti represalias (Starkman) (94); el sexto circuito tambien creyo que la excepcion debia aplicarse a la ADA cuando estuviera en juego un ministro religioso, aunque en el caso la profesora luterana demandante no lo era (Hosanna-Tabor); el noveno circuito tambien aplico la excepcion a la ADA asi como al titulo VII de la Civil Rights Act (Werft) (95); el decimo hizo lo mismo en relacion a la ADA en (Skrzypczak) (96), pero no en una denuncia planteada por una anglicana lesbiana directora de la pastoral juvenil de su Iglesia que se habia unido a otra mujer, siendo por ello apartada de su puesto y denunciando esta medida como acoso por su orientacion sexual (Bryce) (97); y el undecimo sostuvo que la seccion 1981 (igualdad en la contratacion de la Civil Rights Act, 42 USC Sec. 1981) caia bajo la esfera de la excepcion ministerial en un caso en el que un anterior pastor metodista afroamericano habia denunciado a su Iglesia por discriminacion racial y represalias a la hora de ser nombrado como pastor de dos congregaciones (McCants) (98).

Ya hemos visto que la excepcion ministerial fue aplicada a la ADEA por el circuito de DC en Minker (1990)por el septimo circuito en Tomic (2006), por el octavo en Scharon (1991), asi como tambien por el segundo circuito en Hankins (2009), pero no asi en DeMarco (1993). Y es que, en DeMarco v. Holy Cross High School (1993) (100), este tribunal no creyo que estuviera en juego la excepcion ministerial en el caso de un profesor de matematicas en una escuela parroquial catolica del Estado de New York con algunos deberes religiosos entre sus funciones como los de rezar con sus alumnos y llevarlos a misa, como tampoco creyo el tribunal que la naturaleza religiosa de la institucion evitara al tribunal pronunciarse sobre la no renovacion del contrato de trabajo de un empleado que alegaba trato discriminatorio por razon de su edad (101). El tribunal federal de distrito acepto un ano antes la defensa de la Iglesia y no creyo que fuera aplicable la legislacion federal (ADEA) a las escuelas parroquiales en el supuesto de sus trabajadores con algunos deberes religiosos por dos razones fundamentales: primero porque entrar a conocer este caso supondria una excesiva vinculacion del Estado en asuntos eclesiales no permitido por la clausula de no establecimiento; y segundo porque el Congreso no expreso claramente su intento de aplicar la ADEA a las instituciones religiosas (102). En cambio, el segundo circuito corrigio la decision apelada y si creyo que debiera aplicarse la ADEA sin excepcion ministerial cuando, como en este caso, la controversia no implicaba una excesiva vinculacion si de lo unico que se trataba era de averiguar si el empleado fue injustamente tratado a causa de su edad o si fue despedido por no cumplir sus deberes religiosos, sin que eso supusiera entrar a examinar la validez de la doctrina catolica (103).

Por lo que se refiere a la Fair Labor Standards Act (FLSA) de 1938 que fija un salario minimo asi como el pago de horas extraordinarias, el cuarto circuito, en Shaliehsabou v. Hebrew Home of Greater Wash., Inc. (2004) (104), aplico la excepcion a esa ley federal y considero ministro a un empleado en un asilo judio que lo habia demandado por incumplimiento salarial (105); el septimo circuito, en Schleicher v. Salvation Army (2008) (106), tampoco creyo que fuera aplicable, en sus reclamaciones salariales, al caso de unos ministros del Ejercito de Salvacion, despedidos de la organizacion, pese a que su principal trabajo tenia lugar en las tiendas de segunda mano de la organizacion, cuando ese negocio no solo ofrecia fondos para sostener los centros de Rehabilitacion de adultos del Ejercito de Salvacion sino tambien terapia de trabajo para sus residentes (107). Y, en otro orden de cosas, cuando la que se vio afectada fue la Family and Medical Leave Act de 1993, un tribunal federal de distrito de Pennsylvania sostuvo que la excepcion ministerial debia ser aplicable a toda la legislacion federal de empleo, no solo al Titulo VII de la Civil Rights Act o a la ADA; asi lo entendio en Fasslv. Our Lady of Perpetual Help Roman Catholic Church (2005) (108), un caso en el que una directora de musica en una Iglesia catolica, afectada por un desorden neurologico, dejo su trabajo sin ser contratada de nuevo.

Por otra parte, en relacion a la Trafficking Victims Protection Act del 2000, un tribunal federal de New York dijo que la excepcion ministerial no era aplicable a esa ley en Shukla v. Sharma (2009) (109), un caso en el que un sacerdote hindu entro en los Estados Unidos con un visado para trabajadores religiosos siendo sujeto a explotacion laboral asi como abuso psicologico; el tribunal entendio que los criterios por los que se regian estos casos de trafico y abuso de personas no implicaban interpretacion de doctrina religiosa alguna, razon por la que no aplico la excepcion ministerial invocada por la organizacion religiosa de New York que habia contratado al denunciante. Mejor fortuna parece que tuvo la Iglesia de la Cienciologia en un par de denuncias de antiguos ministros de la Sea Org por maltrato fisico en contra de la Trafficking Victims Protection Act de 2000 y en las que fueron considerados como tales por un tribunal federal de distrito de California que primero entendio que los demandantes eran ministros, segun el criterio funcional que por entonces operaba en el noveno circuito (110), y luego resolvio a favor de la Iglesia, pues lo contrario supondria entrar en la doctrina religiosa de la Cienciologia y en las practicas doctrinalmente motivadas de los miembros de su organizacion (111). Mas tarde, el tribunal federal de distrito volvio a aplicar la excepcion ministerial, y cuando el caso fue recurrido al noveno circuito, este no entro a aplicar la excepcion por considerar que ni siquiera se habia podido probar en el caso la violacion de la ley por lo que confirmo la sentencia recurrida (112).

Finalmente, en relacion a la ley federal que protege a los empleados en aquellos casos de denuncias de actividades ilegales, es decir, la Whistleblower Protection Act de 1989, los tribunales federales no se habian pronunciado, antes de Hosanna-Tabor, acerca de su inclusion en la doctrina de la excepcion ministerial. Si lo habian hecho en cambio dos tribunales estatales cuando aplicaron la excepcion a esa clase de leyes estatales: un tribunal de Michigan, aplicando la Whistleblowers' Protection Act (WPA) de Michigan, en el caso de una profesora en una escuela secundaria catolica que no habia vuelto a ser contratada por haber denunciado ciertas irregularidades (Weishuhn v. Catholic Diocese of Lansing, 2010) (113); y otro caso de Florida en el que la directora de una escuela catolica habia sido despedida tras denunciar la agresion fisica y verbal sufrida por su supervisor, Father Jesus Saldana, sin que prosperara la denuncia bajo la Private Sector Whistleblower Act (FWA) de Florida de 2006 (Archdiocese of Miami, Inc. v. Minagoiri, 2007) (114). En ambos casos el Supremo rechazo los recursos Presentados (115).

3. EL DERECHO APLICABLE

Por lo que se refiere al derecho aplicable al asunto de las relaciones laborales de las Iglesias, y teniendo todos ellos como razon de ser la singular proteccion que les ofrece la Primera Enmienda, hay diversos marcos que pueden llegar a solaparse. Veamos.

(1) En primer lugar, estaria el marco general de la doctrina constitucional de la "abstencion eclesiastica", o de la autonomia de las Iglesias, garantizada por la Primera Enmienda y por el que la jurisdiccion civil no debiera entrar a resolver controversias que implicaran interpretaciones de cuestiones teologicas, en asuntos de disciplina o de normativa eclesiastica, fuera esta legal o consuetudinaria. En estos casos, los tribunales civiles se tendrian que abstener de conocer o de resolver la causa, algunos piensan que por falta de jurisdiccion y otros por gozar las Iglesias de una defensa en estos casos en los que la controversia fuera religiosa.

Sea como fuere y en ausencia de otro recurso, como el de las excepciones previstas en las mismas leyes, la abstencion eclesiastica seria la respuesta, antes y despues de Hosanna-Tabor, en supuestos muy diversos: casos de difamacion, negligencia, incumplimiento del deber fiduciario, aunque en este punto no siempre los tribunales se han puesto de acuerdo, en especial en el caso de responsabilidad civil por clergy malpractice ante abusos sexuales del clero en los que, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Tennessee, anulando la sentencia recurrida, sostuvo que la doctrina de la abstencion eclesiastica no inmunizaba a las instituciones religiosas, como en ese caso la diocesis catolica de Memphis, de toda demanda por danos en negligente contratacion, supervision y conservacion del clero, asi como los casos de incumplimiento fiduciario cuando puedan ser resueltos sin entrar en cuestiones o deberes religiosos, sino recurriendo a principios neutrales de derecho (116); casos de imposicion intencional de angustia emocional; casos de incumpliendo contractual como en la no admision a ordenes por la acusacion creible de actividad homosexual del candidato (117); casos de incumplimiento contractual tambien cuando una escuela catolica decidio expulsar a uno de sus alumnos tras la falsa acusacion de abuso sexual de un profesor, ante la dificil situacion creada a los demas profesores por su resistencia a ocuparse de ese alumno problematico y su familia (118); casos de negligencia cuando una escuela catolica no matriculo en primer grado a una nina menor de seis anos contra la pretension de sus padres (119); un caso de fraude planteado por los miembros de una parroquia contra un sacerdote catolico de Biloxi (Mississippi) al que denunciaban por haber tergiversado de forma intencional los hechos a fin de obtener fondos para la reconstruccion de una parroquia cerrada tras el huracan Katrina en agosto del 2005 cuando sabia que iba a ser fusionada en una nueva creada, litigio en el que el Tribunal Supremo de ese Estado permitio que se procediera segun principios neutrales de derecho (120); el caso de un matrimonio catolico, los Brass, antiguos miembros de la junta directiva de una Iglesia de Illinois, establecida para la conservacion del rito antiguo, usus antiquior, la llamada misa tridentina, que habia contratado a un sacerdote que resulto carecer de licencias y haber sido acusa do de acoso sexual a un menor, solicitando entonces la rescision del contrato con el sacerdote asi como su suspension sin que el tribunal de apelacion accediera a ello, pues determinar si una persona estaba cualificada o no para servir como ministro era una cuestion doctrinal en la que los tribunales civiles no debian entrar segun la doctrina de la abstencion eclesiastica (121); ademas de cualquier otro supuesto en el que el examen del litigio obligara al tribunal a entrar en esa zona de inmunidad o autonomia de las Iglesias como ocurrio en un caso de nulidad canonica de un matrimonio catolico en el que el esposo demandado denuncio a su esposa demandante por difamacion cuando dijo en el tribunal eclesiastico de la Archidiocesis de Kansas que habia sido diagnosticado con un trastorno de personalidad bipolar (122).

Ahora bien, en cambio, si no fuera ese el caso, es decir, si no estuviera en juego una cuestion de doctrina o de disciplina eclesiastica, los tribunales recurririan a criterios o principios neutrales de derecho para la resolucion de las controversias presentadas, del mismo modo como tradicionalmente fueron resueltos los litigios relativos a la propiedad de las Iglesias, lo que ha sucedido por ejemplo en los casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes cuando el litigio se ha podido resolver segun esos principios neutrales de derecho como en el supuesto de la negligencia in vigilando, negligente supervision, no cuando la reclamacion obligara a examinar la praxis y doctrina de la Iglesia como, por ejemplo, cuando se exigia a la diocesis que obligara al sacerdote acusado a someterse a pruebas sobre enfermedades de transmision sexual (123). En todo caso, ante el riesgo de que el caso quedara fuera de otros recursos, como el de la excepcion ministerial, bien por no ser considerado el trabajador un ministro religioso o bien por no estar incluido el supuesto concreto del litigio en el ambito de esa defensa legal, en no pocos casos suelen invocarse juntas la abstencion eclesiastica y la excepcion ministerial.

(2) En segundo lugar, ya se ha dicho que la legislacion federal sobre empleo ha venido incluyendo ciertas excepciones legales de las que se beneficiarian las organizaciones religiosas (el ejemplo clasico son las previstas en la ley federal sobre contratacion (titulo VII de la Civil Rights Act) o sobre discapacidad en el empleo, la Americans with Disabilities Act, ADA, que permite a las organizaciones religiosas preferir trabajadores de una concreta religion, como tambien exigir a sus empleados suscribir y mantener el ideario religioso de la entidad).

(3) En tercer lugar, tendriamos ya la doctrina judicial de la excepcion ministerial que se fue trazando desde los anos 70 del pasado siglo, como una especie de mandato o de exigencia constitucional de las dos clausulas religiosas de la Primera Enmienda, en el sector de la discriminacion laboral por razones de salud, raza, religion, genero o edad. Los casos fueron creciendo a medida que la legislacion federal antidiscriminatoria incluia mas causas y la doctrina de la excepcion ministerial se extendia tambien mas alla de los supuestos de discriminacion.

Y (4) finalmente, no faltaron incluso tribunales, como el segundo circuito, que recurrio a la aplicacion de la ley federal del 93, la Religions Freedom Restoration Act, RFRA, pese a ser una controversia entre particulares y no frente a una accion del gobierno. En Hankins v. Lyght (2006) (124), Hankins I, un ministro metodista de 70 anos denuncio el retiro impuesto por su Iglesia como discriminatorio por razon de edad. En este caso, el tribunal, con el parecer en contra de la juez Sotomayor, no quiso aplicar la excepcion ministerial al creer el caso cubierto por la ley federal RFRA (125). En aplicacion de esta ley, el caso tendria que ser resuelto a favor de la Iglesia si la aplicacion de la ley sobre discriminacion laboral por razon de edad (la ADEA) impusiera a ella una carga sustancial (substantial burden) sobre su libre ejercicio de la religion, salvo que se pudiera demostrar que la normativa obedecia a un poderoso interes gubernamental (compelling governmental interest), siendo la medida adoptada la menos restrictiva (least restrictive means). Y asi la mayoria envio el caso al tribunal de distrito para aplicar los criterios de la RFRA al caso presente (126). En cambio, la juez Sotomayor advirtio, en su voto particular, que la RFRA no era de aplicacion entre particulares, sino que solo operaba en reclamaciones contra el gobierno (127). Al volver el caso al tribunal de distrito, este, recurriendo a la operacion de estricto escrutinio, al balancing test previsto en la RFRA, dijo que la aplicacion de la ADEA a la Iglesia metodista supondria un limite sustancial a su derecho a elegir su propio clero sin que el gobierno pudiera invocar en este caso un poderoso interes en juego o sin que la medida fuera la menos restrictiva, Hankins v. New York Annual Conference of the United Methodist Church (2007) (128), Hankins II. El caso es que dos anos despues, tras los casos del propio segundo circuito en Cote (2007) y del circuito de DC en Minker (1990), este circuito tuvo que reconocer, en Hankins v. New York Annual Conference of the United Methodist Church (2009) (129), que la doctrina de la excepcion ministerial, y no la RFRA, era la aplicable al caso, pues una doctrina constitucional no podia ser desplazada por la ley federal del 93. Asi lo venian entendiendo otros tribunales. Por ejemplo, mucho antes, apenas dos meses despues de Hankins I, el septimo circuito en Tomic (2006) ya habia rechazado esa interpretacion del segundo circuito senalando que la RFRA solo era de aplicacion a casos en los que el gobierno fuera parte (130), mientras en la jurisdiccion del segundo circuito tambien hubo tribunales que aplicaron la solucion Hankins I, aunque mostrando serias dudas acerca de la validez de esa lectura (131).

Sea como fuere, y no obstante su comun aplicacion federal, y tambien estatal, antes de la decision del Supremo del 2012 (Hosanna-Tabor), la doctrina de la excepcion ministerial fue cuestionada, aun hoy lo sigue siendo, por quienes se resisten a reconocer el caracter singular de las Iglesias y demas organizaciones religiosas (132). La administracion Obama, a traves de su Departamento de Justicia pidiendo, en su escrito de alegaciones de agosto de 2011 ante el Supremo en Hosanna-Tabor, una limitacion de la doctrina de la excepcion ministerial, la agencia federal US Commission on Civil Rights en un escrito del 2016, asi como otros intentos legislativos mas recientes como el de California en el 2017 (AB-569), se fueron posicionado todos ellos en contra, cuando menos, de una lectura generosa de esta doctrina (133). En este sentido, se ha dicho que, si una Iglesia despide a su pastor o una sinagoga a su rabino porque sus homilias o ensenanzas son aburridas o poco o muy ortodoxas, un tribunal civil no debiera entrar a examinar la cuestion si no quisiera cruzar la barrera impuesta por la Primera Enmienda. En otras ocasiones, sin embargo, las cosas pudieran no estar tan claras, de modo que la razon para contratar o despedir al ministro religioso, asi como las acciones que pudieran derivarse de esas decisiones, no entrando su examen en asuntos de doctrina o disciplina eclesial, no seria permitida bajo ningun concepto en los ambitos en los que una discriminacion por razon de sexo, edad o salud seria siempre penalizada, dando lugar a todo el abanico de acciones correspondientes (como por rescision de contrato o por resarcimiento de danos de todo tipo). Y es que, entonces, la doctrina de la excepcion ministerial estaria privando a los ministros religiosos de aquellas garantias laborales que la ley reconoce para otros empleados, convirtiendo asi esa posicion de ministro en un trabajo de riesgo. No faltan ademas quienes hubieran preferido mantener los principios de neutralidad formal consagrados en Smith (1990) a fin de garantizar la aplicacion de la legislacion federal. Por el contrario, frente a esta posicion, otros autores y tribunales se pronunciaban a favor de una lectura amplia de la excepcion ministerial que descansaba en la especial proteccion que las clausulas religiosas de la Primera Enmienda dispensan a las Iglesias en defensa de su libertad y autonomia.

Asi estaban las cosas cuando el Supremo intervino finalmente en la cuestion al aceptar el recurso que le llego en el caso Hosanna-Tabor. No lo habia hecho antes cuando se le habia ofrecido la oportunidad de pronunciarse rechazando los recursos presentados como, por poner unos ejemplos: en el caso del organista y director de musica de 50 anos en la Catedral de una diocesis de Illinois en Tomic v. Catholic Diocese of Peoria, 549 U.S. 881 (October 2, 2006); en el caso de la religiosa capellan del College catolico en Petruska v. Gannon University, 550 U.S. 903 (April 23, 2007); en el de unos pastores metodistas afroamericanos que denunciaron a su Iglesia sin exito por discriminacion racial en Bogan v. Mississippi Conference of the United Methodist Church, 552 U.S. 813 (October 1, 2007) (134); en el del organista, William Moersen, de la Iglesia catolica Santa Catalina Laboure en Maryland, en Archdiocese of Washington v. Moersen, 552 U.S. 1179 (February 19, 2008), cuando un tribunal estatai de Maryland, en aplicacion del test de las principales tareas del empleado en los terminos vistos en Rayburn, no habia entendido que el demandante, despedido tras una serie de desencuentros motivados, a su parecer, por la acusacion de haber sido objeto de abuso sexual muchos anos atras por el director de coro de una parroquia, fuera un empleado ministerial sin verse entonces amparada la diocesis bajo la excepcion ministerial (135); en el caso de la directora del instituto catolico de Florida en su accion bajo la ley estatal contraria a las represalias en Minagorri v. Archdiocese of Miami, 555 U.S. 1102 (January 12, 2009); o en el caso de la judia reformada que habia sido despedida de su centro judio en Friedlander v Port Jewish Center, 559 U.S. 973 (March 1, 2010) (136).

4. CONCLUSION

Sintetizando lo visto hasta aqui, a la espera de las conclusiones definitivas que llegaran con la segunda parte de este trabajo, podemos decir que, antes de la sentencia Hosanna-Tabor (2012), las cosas estaban como siguen:

(1) El primer tribunal que aplico una excepcion ministerial fue el quinto circuito en 1972 (McClnre v. Salvation Army), debiendo esperar a 1985 para ver acunada esa expresion por el cuarto circuito (Rayburn). Lo hizo sobre la base de la doctrina constitucional de la abstencion eclesiastica (Watson).

(2) Para la definicion del ministro religioso los circuitos emplearon dos criterios: uno mas amplio o funcional (functional approach test), seguido por el quinto (Starkman) y el septimo (Tomic); y otro centrado en las tareas principales del empleado (primary duties test), especialmente por el cuarto circuito (Rayburn).

(3) Por lo que se refiere a la naturaleza de la excepcion, el circuito sexto (Hollins) y el septimo (Tomic) tomaron la excepcion como una prohibicion de jurisdiccion, mientras que los circuitos primero (Natal), tercero (Petruska), noveno (Bollard) y decimo (Bryce) entendieron que la excepcion era una defensa afirmativa que no evitaba al tribunal entrar a conocer de la causa.

(4) En cuanto a su aplicacion o alcance, los tribunales tampoco se pusieron de acuerdo en esta cuestion. Asi, la excepcion ministerial fue empleada, en primer lugar, en casos de discriminacion laboral, con independencia del motivo de la discriminacion, mas alla de los originados por razones de orden religioso o doctrinal: cuarto circuito en Roman Catholic Diocese of Raleigh, quinto en Combs, septimo en Alicea-Hernandez, octavo en Scharon, noveno en Waft, y el de DC en Catholic University of America. El undecimo circuito, en Gellington, no se pronuncio sobre esto; y el sexto circuito, en Petruska, dijo primero que solo por razon religiosa y despues en todo caso. Por otra parte, unos circuitos negaron que la excepcion ministerial tuviera lugar en el caso de otro tipo de reclamaciones contractuales o de responsabilidad civil llevadas por ministros: el circuito segundo (Rweyemamu), tercero (Petruska), noveno (.Bollard y Elvig) y el de DC (Minker). El segundo circuito llego incluso a aplicar la RFRA para evitar la excepcion ministerial (Hankins I), algo que tendria que rectificar mas tarde. En cambio, mas generosos con su aplicacion en el ambito contractual y de responsabilidad civil fueron otros circuitos, como el sexto (Hutchison y Ogle), el segundo en otro caso (Friedlander), el septimo (Alicea-Hernandez), el decimo (Skrzypczak), o el undecimo (Gellington o en McCants). Y por lo que se refiere a las leyes federales, la excepcion ministerial fue aplicada: a la ADA por el quinto circuito (Starkman), por el sexto (Hosanna-Tabor), por el noveno (Werft) y por el decimo (Skrzypczak)-, a la ADEA por el circuito de DC (Minker), por el septimo circuito (Tomic), por el octavo (Scharon), asi como tambien por el segundo circuito en un caso (Hankins), pero no en otro (DeMarco); a la FLSA por el cuarto circuito (Shaliehsabou) y por el septimo (Schleicher); a la FMLA por un tribunal federal de distrito de Pennsylvania (Fassl); a la TVPA por un tribunal federal de distrito de California (Headley), pero no por uno de New York (Shukla); a dos leyes estatales contra represalias por denuncias laborales en casos como el de Starkman en el quinto circuito, o los de Weishuhn y Minagoiri en dos tribunales estatales de Michigan y Florida.

(5) Finalmente, quienes fueron mas reacios a la doctrina de la excepcion ministerial quisieron valerse del criterio de neutralidad formal sancionado por el Supremo en el precedente Smith (1990) para evitar su aplicacion, aunque sin mucho exito, como el quinto circuito (Combs) y el circuito de DC (Catholic University of America).

La discrepancia de pareceres entre los circuitos sobre aspectos importantes de esta doctrina de la excepcion ministerial como los criterios a seguir en la definicion del ministro religioso o el alcance de la excepcion, ademas de su naturaleza, justificaron la intervencion del Supremo y su decision Hosanna-Tabor v. EEOC, 565 U.S. 171 (2012). La segunda parte de este estudio identificara las razones de la constitucionalizacion de esta doctrina, examinara su aplicacion hasta nuestros dias y ofrecera la comprension norteamericana de la libertad religiosa en este sector de las relaciones laborales entre el trabajador y el empleador religioso, una solucion que descansa en la vision positiva de la libertad y en una lectura igualmente positiva o amplia de la religion y de la autonomia de las Iglesias.

RECIBIDO: 18 DE MARZO DE 2019 / ACEPTADO: 16 DE ABRIL DE 2019

doi 10.15581/016.117.004

Jose Ignacio RUBIO LOPEZ

Profesor Estable Adjunto a catedra

Universidad Eclesiastica San Damaso (UESD). Facultad de Derecho Canonico. Madrid

orcid 0000-0002-0289-5907

frjoseignaciorubio@gmail.com

Bibliografia

BELL, K., Note, The Ministerial Exception: Rethinking the Third Circuit's Approach to Ministerial Discrimination, 46 University of Louisville Law Review 753 (2008).

BERG, TH. C.--COLBY, K. W.--ESBECK, C. H.--GARNETT, R. W., Religions Freedom, Church-State Separation, and the Ministerial Exception, 106 Northwest University Law Review Colloquy 175 (2011).

CHOPKO M. E.--PARKER, M., Still a Threshold Question: Refining the Ministerial Exception Post-Hosanna-Tabor, 10 First Amendment Law Review 233 (2012).

CORBIN, C. M., Above the Law? The Constitutionality of the Ministerial Exception from Antidiscrimination Law, IS Fordham Law Review 1965 (2007).

--, The Irony of Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School v. EEOC, 106 Northwestern University Law Review 951 (2012).

DUNLAP, J. D., When Big Brother Plays God: The Religion Clauses, Title VII, and the Ministerial Exception, 82 Notre Dame Law Review 2005 (2007).

GLICKSTEIN, J., Should the Ministerial Exception Apply to Functions, Not Persons?, 122 Yale Law Journal 1964 (2013).

GREGORY, R. E, Encountering Religion in the Workplace: The Legal Rights and Responsibilities of Workers and Employers, ILR Press, Ithaca-New York 2011.

GRIFFIN, L. C., Divining the Scope of the Ministerial Exception, 39 Human Rights Journal 19 (2013).

--, The Sins of Hosanna-Tabor, 88 Indiana Law Journal 981 (2013).

HORWITZ, P., Act III of the Ministerial Exception, 106 Northwest University Law Review Colloquy 156 (2011).

LAYCOCK, D., Hosanna-Tabor and the Ministerial Exception, 35 Harvard Journal Law & Public Policy 839 (2012).

--, Towards a General Theory of the Religion Clauses: The Case of Church Labor Relations and the Right to Church Autonomy, 81 Columbia Law Review 1373 (1981).

LEVINE, S. J., Hosanna-Tabor and Supreme Court Precedent: An Analysis of the Ministerial Exception in the Context of the Supreme Court's Hands-OffApproach to Religious Doctrine, 106 Northwest University Law Review Colloquy 120 (2011).

LUND, Ch., In Defense of the Ministerial Exception, 90 North Carolina Law Review 1 (2011).

MCCONNELL, M. W., Reflections on Hosanna-Tabor, 35 Harvard Journal of Law & Public Policy 821 (2012).

MURPHY, K. J., Administering the Ministerial Exception Post-Hosanna-Tabor: Why Contract Claims Should Not Be Baired, 28 Notre Dame Journal of Law, Ethics and Public Policy 383 (2014).

MURRAY, B. m., A Tale of Two Inquiries: The Ministerial Exception after Hosanna-Tabor, 68 Southern Methodist University Law Review 1123 (2015).

SMITH, P. J.--TUTTLE, R. W., Civil Procedure and the Ministerial Exception, 86 Fordham Law Review 1847 (2018).

STRASSER, M., Hosanna-Tabor, Ministerial Exception and Judicial Competence, 6 Elon Law Review 151 (2014).

--, Making the Anomalous Even More Anomalous: On Hosanna-Tabor.; the Ministerial Exception, and the Constitution, 109 Virginia Journal of Social Policy and the Law 400 (2012).

TURNER, B., It's My Church and I Can Retaliate If I Want To: Hosanna-Tabor and the Future of the Ministerial Exception, 7 Duke Journal Constitutional Law & Public Policy Sidebar 21 (2011).

VARTANIAN, J. R., Confessions of the Church: Discriminatory Practices by Religious Employers and Justifications for a More Narrow Ministerial Exception, 40 University of Toledo Law Review 1049 (2009).

(1) Cfr. Hosanna-Tabor v. EEOC, 565 U.S. 171, at 188-189 (2012) [Roberts, C.J.].

(2) Cfr. Hosanna-Tabor v. EEOC, at 200 [ALITO, J.].

(3) Samuel Alito es uno de los seis jueces catolicos que componen el Tribunal Supremo de Estados Unidos en la actualidad tras la reciente incorporacion del ultimo, de Brett Kavanaugh, el 6 de octubre de 2018. Algunos autores como Michael McConnell, al comentar la sentencia HosannaTabor, percibieron un ligero cambio de perspectiva, moviendose el Tribunal de la lectura individual del libre ejercicio religioso (mas propio del planteamiento protestante de la cuestion) a una mayor consideracion institucional (mas propia de la Iglesia catolica), cfr. M. W. McCONNELL, Reflections on Hosanna-Tabor, 35 Harvard Journal of Law & Public Policy 821, at 836 (2012).

(4) Cfr. Civil Rights Act of 1964, Pub.L. 88-352, 78 Stat. 241; Fair Labor Standards Act of 1938, Pub.L. 75-718, ch. 676, 52 Stat. 1060; Equal Pay Act of 1963, Pub.L. 88-38, 77 Stat. 56; Age Discrimination in Employment Act of 1967, Pub.L. 90-202, 29 U.S.C. [seccion][seccion] 621-624; Fair Housing Act of 1968 (Civil Rights Act of 1968), Pub.L. 90-284, 82 Stat. 73; Pregnancy Discrimination Act of 1978, Pub.L. 95-555, 92 Stat. 2076; Americans with Disabilities Act of 1990, Pub.L. 101-336, 104 Stat. 327; Whistleblower Protection Act of 1989, Pub.L. 101-12, 103 Stat. 16.

(5) Cfr. Rweyemamu v. Cote, 520 F.3d 198, at 206 (2nd Cir., March 21, 2008) [Walker, J.].

(6) McClure v. Salvation Army, 460 F.2d 553 (5th Cir., April 26, 1972).

(7) Cfr. McClure v. Salvation Army, at 558-559 [COLEMAN, J.].

(8) Cfr. McClure v. Salvation Army, at 560-561 [COLEMAN, J.j.

(9) Rayburn v. General Conference of Seventh-Day Adventists, 772 F.2d 1164 (4th Cir., September 23, 1985).

(10) Cfr. Rayburn v. General Conference of Seventh-Day Adventists, at 1168 [WILKINSON, J.].

(11) Cfr. Natal v. Christian and Missionary Alliance, 878 F.2d 1575, at 1578 (1st Cir. 1989); Rweyemamu v. Cote, 520 F.3d 198, at 204-209 (2nd Cir. 2008); Petruska v. Gannon Univ., 462 F.3d 294, 303-307 (3rd Cir. 2006); EEOC v. Roman Catholic Diocese, 213 F.3d 795, at 800-801 (4th Cir. 2000); Combs v. Central Tex. Annual Conference, 173 F.3d 343, at 345-350 (5th Cir. 1999); Hollins v. Methodist Healthcare, Inc., 474 F.3d 223, at 225-227 (6th Cir. 2007); Schleicher v. Salvation Army, 518 F.3d 472, at 475 (7th Cir. 2008); Scharon v. St. Luke's Episcopal Presbyterian Hospitals, 929 F.2d 360, at 362-363 (8th Cir. 1991); Werftv. Desert Southwest Annual Conference, 377 F.3d 1099, at 1100-1104 (9th Cir. 2004); Bryce v. Episcopal Church, 289 F.3d 648, at 655-657 (10th Cir. 2002); Gellingtonv. Christian Methodist Episcopal Church, Inc., 203 F.3d 1299, at 1301-1304 (11th Cir. 2000); EEOC v. Catholic Univ., 83 F.3d 455, at 460-463 (DC Cir. 1996).

(12) Cfr. El-Farra v. Sayyed, 226 S.W.3d 792 (Ark. 2006); Van Osdolv. Vogt, 908 P.2d 1122 (Colo. 1996); Daynerv. Archdiocese of Hartford, 23 A.3d 1192 (Conn. 2011); Pardue v. Ctr. City Consortium Schs. Of the Archdiocese of Wash., Inc., 875 A.2d 669 (DC CA 2005), cert, denied, 546 U.S. 1103 (2005); Pierce v. Iowa-Mo. Conference of Seventh-Day Adventists, 534 N.W.2d 425 (Iowa 1995), cert, denied, 517 U.S. 1220 (1996); Music v. United Methodist Church, 864 S.W.2d 286 (Ky. 1993); Archdiocese of Wash. v. Moersen, 925 A.2d 659, at 661-663 (Md. 2007), cert, denied, 552 U.S. 1179 (2008); Williams v. Episcopal Diocese of Mass., 766 N.E.2d 820 (Mass. 2002); Miller v. Catholic Diocese of Great Falls, 728 P.2d 794 (Mont. 1986); McKelvey v. Pierce, 800 A.2d 840, at 859 (N.J. 2002); Cha v. Korean Presbyterian Church of Wash., 553 S.E.2d 511 (Va. 2001), cert, denied, 535 U.S. 1035 (2002); Coulee Catholic Schools v. labor & Indus. Rev. Comm'n, 768 N.W.2d 868 (Wis. 2009). Cfr. D. LAYCOCK, Hosanna-Tabor and the Ministerial Exception, 35 Harvard Journal Law & Public Policy 839, at 846, note n. 46 (2012). Adviertase que, de estos doce casos, cuatro fueron recurridos al Supremo sin que ninguno de ellos fuera aceptado.

(13) Cfr. Petruska v. Gannon Univ., 462 F.3d 294, at 306 (3rd Cir., September 6, 2006) [SMITH, J.]; Combs v. Cent. Tex. Annual Conference of the United Methodist Church, 173 F.3d 343, at 349 (5th Cir., May 3, 1999) [DAVIS, J.]; o EEOC v. Catholic Univ., 83 F.3d 455, at 462 (DC Cir., May 14, 1996) [BUCKLEY,]J.].

(14) Cfr. Tomic v. Catholic Diocese of Peoria, 442 F.3d 1036, at 1038 (7th Cir., April 4, 2006) [POSNER, J.]; Gellington v. Christian Methodist Episcopal Church, Inc., 203 F.3d 1299, at 1304 (11th Cir., February 17, 2000) [BLACK, J.]; Scharon v. St. Luke's Episcopal Presbyterian Hosps., 929 F.2d 360, at 363 (8th Cir., March 25, 1991) [BOWMAN, J.].

(15) Cfr. Rayburn v. Gen. Conf. of Seventh-Day Adventists, 772 F.2d 1164, at 1171 (4th Cir., September 23, 1985) [WILKINSON, J.].

(16) Cfr. Werft v. Desert Southwest Annual Conf. of the United Methodist Church, 377 F.3d 1099, at 1101 (9th Cir., July 30, 2004); por su parte, el cuarto circuito en Rayburn extraera el argumento de la eleccion de los ministros de las dos clausulas: primero de la de libre ejercicio, Rayburn, at 1168, y despues de la del no establecimiento, entanglement, at 1171.

(17) Cfr. Combs v. Central Texas Annual Conference of United Methodist Church, 173 F.3d 343, at 350 (5th Cir., May 3, 1999) [davis, J.]; en Simpson v. Wells Lamont Corporation, 494 F.2d 490, at 493 (5th Cir., May 24, 1974) [Roney, J.]; en Gellington v. Christian Methodist Episcopal Church, Inc., 203 F.3d 1299, at 1304 (11th Cir., February 17, 2000) [Black, J.].

(18) Entre los articulos publicados sobre la autonomia de las Iglesias en sus relaciones laborales destacan los de Laycock (1981) y McConnell (1990): D. Laycock, Towards a General Theory of the Religion Clauses: The Case of Church Labor Relations and the Right to Church Autonomy, 81 Columbia Law Review 1373 (1981); M. W. MCCONNELL, Free Exercise Revisionism and the Smith Decision, 57 University of Chicago Law Review 1109, at 1142 (1990). Mas especificamente sobre la doctrina de la excepcion ministerial antes de Hosanna-Tabor. C. M. CORBIN, Above the Law? The Constitutionality of the Ministerial Exception from Antidiscrimination Law, 75 Fordham Law Review 1965 (2007); Ch. Lund, In Defense of the Ministerial Exception, 90 North Carolina Law Review 1 (2011); Th. C. BERG--K. W. COLBY--C. H. ESBECK--R. W. GARNETT, Religious Freedom, Church-State Separation, and the Ministerial Exception, 106 Northwest University Law Review Colloquy 175 (2011).

(19) Cfr. Ch. LUND, In Defense of the Ministerial Exception, cit., 23-57.

(20) Cfr. D. LAYCOCK, Hosanna-Tabor and the Ministerial Exception, 35 Harvard Journal Law & Public Policy 839, at 848-852 (2012).

(21) Cfr. M. MCCONNELL, Reflections on Hosanna-Tabor, 35 Harvard Journal of Law & Public Policy 821, at 827-832 (2012).

(22) Cfr. Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398, at 403-409 (1963) [BRENNAN, J.].

(23) Cfr. Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205, at 214-215 (1972) [BURGER, C. J.].

(24) Cfr. Employment Division, Department of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 U.S. 872, at 879 (1990) [SCALIA J.].

(25) Cfr. Church of the Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah, Florida, 508 U.S. 520, at 531-546 (1993) [KENNEDY, J.].

(26) Cfr. City of Boerne v. Flores, 521 U.S. 507, at 529-536 (1997) [KENNEDY, J.].

(27) Cfr. A bill to protect the free exercise of religion (RFRA of 1993), 42 U.S.C. Sec. Sec 2000bb to 2000bb-4, Public Law 103-141, Sec. 7, Nov. 16, 1993, 107 Stat. 1489.

(28) Cfr. Gonzales v. O Centro Espirita Beneficiente Uniao Do Vegetal, 546 U.S. 418, at 423 (2006) [ROBERTS, C.J.].

(29) Cfr. Cutter v. Wilkinson, 544 U.S. 709, at 719-720 (2005) [GINSBURG, J.]. La seccion de la ley relativa a las personas ingresadas en centros penitenciarios: Religious Land Use and Institutionalized Persons Act of 2000 (RLUIPA), 114 Stat. 804, 42 U. S. C. [seccion] 2000cc-1(a)(1)-(2).

(30) Cfr. Combs v. Central Texas Annual Conference of the United Methodist Church, 173 F.3d 343, at 349350 (5th Cir., May 3, 1999) [DAVIS, J.].

(31) Cfr. Green v. Concordia University, Case No. 09-CV-1519-AC, 2010 U.S. Dist. LEXIS 94168 (D OR, September 8, 2010) [BROWN, J.]. La juez de distrito Anna Brown siguio las recomendaciones adoptadas en junio por el juez John Acosta en Green v. Concordia University, Case No. 09 CV-1519-AC, 2010 U.S. Dist. LEXIS 94176 (D OR, June 23, 2010) [ACOSTA, J.].

(32) Y es que, en la doctrina, autores como Glickstein pedian un criterio mas flexible que el del "todo o nada", pues un ministro podia no actuar ministerialmente en ciertas ocasiones, de ahi que propugnara un enfoque combinado, cfr. J. GLICKSTEIN, Should the Ministerial Exception Apply to Functions, Not Persons?, 122 Yale Law Journal 1964, at 1967 (2013).

(33) Cfr. Starkman v. Evans, 198 F.3d 173, at 175-177 (5th Cir., December 27, 1999) [GARZA, J.]; Tomic v. Catholic Diocese of Peoria, 442 F.3d 1036, at 1039-1041 (7th Cir., April 4, 2006) [POSNER, J.].

(34) Cfr. Rayburn v. General Conference of Seventh-Day Adventists, 772 F.2d 1164, at 1168-1169 (4th Cir., September 23, 1985) [WILKINSON, J.]; EEOC v. Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church e Sch., 597 F.3d 769, at 778 (6th Cir., March 9, 2010) [clay, J.]; Skrzypczak v. Roman Catholic Diocese of Tulsa, 611 F.3d 1238, at 1243-1244 (10th Cir., July 13, 2010) [MCKAY, J.]; EEOCv. Catholic University of America, 83 F.3d 455, at 463 (D.C. Cir., May 14, 1996) [BUCKLEY, J.].

(35) Cfr. NOTES, The Ministerial Exception to Title VII: The Case for a Deferential Primaiy Duties Test, 121 Harvard Law Review 1776, at 1790-1793 (2008).

(36) Cfr. Petruska v. Gannon University, 462 F.3d 294, at 304 n. 6, at 306-307 n. 10 (3rd Cir., September 6, 2006) [SMITH, J.]; Scharon v. St. Luke's Episcopal Presbyterian Hospitals, 929 F.2d 360, at 362-363 (8th Cir., March 25, 1991) [BOWMAN, J.].

(37) Cfr. Alcazar v. Corporation of Catholic Archbishop of Seattle, 598 F.3d 668, at 675-677 (9th Cir., March 16, 2010) [beezer, J.]; Alcazar v. Corp. of Catholic Archbishop of Seattle, 627 F.3d 1288, at 1290-1291 (9th Cir., December 10, 2010) [GRABER, J.].

(38) EEOC v. Mississippi College, 626 F.2d 477 (5th Cir., September 26, 1980).

(39) Cfr. EEOC v. Mississippi College, at 485 [CLARK, J.].

(40) EEOCv. Southwestern Baptist Theological Seminary, 651 F.2d 277 (5th Cir., July 17, 1981).

(41) Cfr. EEOC v. Southwestern Baptist Theological Seminary, at 284-285 [Clark, J.].

(42) Starkman v. Evans, 198 F.3d 173 (5th Cir., December 27, 1999).

(43) Cfr. Starkman v. Evans, at 176 [GARZA, J.].

(44) Tomic v. Catholic Diocese of Peoria, 442 F.3d 1036 (7th Cir., April 4, 2006).

(45) Cfr. Tomic v. Catholic Diocese of Peoria, at 1039-1041 [POSNER J.].

(46) Alicea-Hernandez v. Catholic Bishop of Chicago, 320 F.3d 698 (7th Cir., February 21, 2003).

(47) Cfr. Alicea-Hernandez v. Catholic Bishop of Chicago, at 703-704 [FLAUM, J.].

(48) Cfr. EEOC v. Pacific Press Publishing Association, 676 F.2d 1272, at 1278 (9th Cir., July 27, 1982) [TRASK, J.], cuando rechazo que la posicion de una secretaria en una editorial adventista pudiera ser analoga a la de un ministro o un profesor de un seminario accediendo a la peticion de discriminacion salarial que sufria; y en EEOC v. Fremont Christian School, 781 F.2d 1362, at 1369 (9th Cir., February 3, 1986) [ANDERSON, J.], en otro caso de discriminacion salarial por sexos en el que el tribunal no aplico la excepcion sin emplear un test general a una mujer casada que trabajaba como profesora en una escuela de las Asambleas de Dios (para el tribunal no podia ser considerada ministro) pero que se veia discriminada en la compensacion establecida para los seguros de salud.

(49) Alcazar v. Corporation of Catholic Archbishop of Seattle, 598 F.3d 668 (9th Cir., March 16, 2010).

(50) Cfr. Alcazar v. Corporation of Catholic Archbishop of Seattle, at 675-677 [BEEZER,J.].

(51) Alcazar v. Corp. of Catholic Archbishop of Seattle, 627 F.3d 1288 (9th Cir., December 10, 2010).

(52) Cfr. Alcazar v. Corp. of Catholic Archbishop of Seattle, at 1290; 1292-1293 [GRABER, J.].

(53) En este caso, al rechazar la demanda y confirmar la decision recurrida, pues lo contrario supondria una lesion del libre ejercicio religioso de la Iglesia y una intromision inconstitucional en sus asuntos internos, el tribunal dijo que la posicion solicitada por la demandante era ministerial, empleando para ello unos terminos que se haran comunes en la jurisprudencia de algunos circuitos que lo tomaron como un claro precedente, cfr. Rayburn v. General Conference of SeventhDay Adventists, 111 F.2d 1164, at 1169 (4th Cir., September 23, 1985) [WILKINSON, J.].

(54) Joyce Austin, directora de musica en la Catedral catolica de Raleigh (North Carolina) y profesora de musica en su escuela primaria, fue removida de su posicion despues de una serie de denuncias, demandando entonces a la diocesis por trato discriminatorio y represabas frente a sus denuncias. El tribunal, confirmando la sentencia recurrida, sostuvo la naturaleza ministerial de la empleada pues los principales deberes de Austin en la Catedral y en la escuela consistian en la seleccion, presentacion y ensenanza de musica, parte integral de la mision pastoral y espiritual de la Iglesia catolica, cfr. EEOC v. Roman Catholic Church of Raleigh, 213 F.3d 795, at 802-803 (4th Cir., May 22, 2000) [WILKINSON, J.].

(55) Ferman Shaliehsabou, un judio ortodoxo, trabajo en un asilo judio, Hebrew Home of Greater Washington, como un "mashgiach", esta posicion cubierta por un equipo de rabinos ortodoxos supone la inspeccion y control de los alimentos a fin de evitar cualquier violacion de las leyes alimenticias judias. Tras dejar el trabajo, este empleado denuncio al centro por incumplimiento salarial bajo la FLSA de 1938. El cuarto circuito confirmo la decision recurrida que habia reconocido al empleado como ministro religioso: Shaliehsabou v. Hebrew Home of Greater Wash., Inc., 363 F.3d 299, at 306; 309-311 (4th Cir., April 2, 2004) [WILLIAMS, J.].

(56) Cfr. EEOC v. Roman Catholic Church of Raleigh, at 801 [WILKINSON, J.].

(57) EEOCv. Catholic University of America, 83 F.3d 455 (D.C. Cir., May 14, 1996).

(58) Cfr. EEOCv. Catholic University of America, at 461 [BUCKLEY, J.].

(59) Cfr. EEOC v. Catholic University of America, at 464 [BUCKLEY, J.].

(60) Minker v. Baltimore Annual Conf. of United Meth. Church, 894 F.2d 1354 (DC Cir., January 19, 1990).

(61) Cfr. Minker v. Baltimore Annual Conference of United Methodist Church, at 1358 [MIKVA, J.].

(62) Skrzypczak v. Roman Catholic Diocese of Tulsa, 611 F.3d 1238 (10th Cir., July 13, 2010).

(63) Cfr. Skrzypczak v. Rotnan Catholic Diocese of Tulsa, at 1243-1244 [MCKAY, J.].

(64) Cfr. Skrzypczak v. Roman Catholic Diocese of Tulsa, at 1244-1246 [MCKAY, J.].

(65) Hollins v. Methodist Healthcare, Inc., 474 F. 3d 223 (6th Cir., January 10, 2007).

(66) Cfr. Hollins v. Methodist Healthcare, Inc., at 226 [MCKEAGUE, J.].

(67) EEOC v. Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church ir Sch., 597 F.3d 769 (6th Cir., March 9, 2010).

(68) Cfr. EEOCv. Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church & Sch., at 778-779 [CLAY,J.].

(69) Rweyemamu v. Cote, 520 F.3d 198 (2nd Cir., March 21, 2008).

(70) Cfr. Rweyemamu v. Cote, at 208 [WALKER, J.].

(71) Cfr. Rweyemamu v. Com?nission on Human Rights & Opportunities, 911 A.2d 319, at 325; 331 (CT App., December 12, 2006) [PETERS, J.].

(72) Petruska v. Gannon University, 462 F.3d 294 (3rd Cir., September 6, 2006).

(73) Cfr. Petruska v. Gannon University, at 304 n. 6 [SMITH, J.].

(74) Cfr. Petruska v. Gannon University, 448 F.3d 615, at 620; 628-629 (3rd Cir., May 24, 2006) [BECKER, J.].

(75) Cfr. Petruska v. Gannon University, 462 F.3d 294, at 307; 312 (3rd Cir., September 6, 2006) [SMITH, J.].

(76) Cfr. Petruska v. Gannon University, 462 F.3d 294, at 307 n. 10 [SMITH, J.].

(77) Cfr. Petruska v. Gannon University, 550 U.S. 903 (2007).

(78) Cfr. Petruska v. Gannon, 2008 US Dist LEXIS 54884, Case No. l:04-cv-80, at *13-14 (WD PA, March 31, 2008) [MCLAUGHLIN, J.].

(79) Scharon v. St. Luke's Episcopal Presbyterian Hosps., 929 F.2d 360 (8th Cir., March 25, 1991).

(80) Cfr. Scharon v. St. Luke's Episcopal Presbyterian Hosps., at 362-363 [BOWMAN, J.].

(81) Cfr. Hollins v. Methodist Healthcare, Inc., 474 F.3d 223, at 225 (6th Cir., January 10, 2007) [DAUGHTREY, J.]; Tomic v. Catholic Diocese of Peoria, 442 F.3d 1036, at 1038-1039 (7th Cir., April 4, 2006) [POSNER, J.].

(82) Cfr. Natal v. Christian and Missionary Alliance, 878 f. 2d 1575, at 1576 (1st Cir., July 14, 1989) [SELYA, J.]; Petruska v. Gannon University, 462 f. 3d 294, at 302 (3rd Cir., September 6, 2006) [SMITH, J.]; Bollard v. California Province of Society of Jesus, 196 f. 3d 940, at 951 (9th Cir., December 1, 1999) [FLETCHER, J.]; y Bryce v. Episcopal Church, 289 f. 3d 648, at 654 (10th Cir., April 30, 2002) [TACHA, J.].

(83) Cfr. Riveyemamu v. Cote, 520 F.3d 198, at 208-209 (2nd Cir, March 21, 2008) [WALKER, J.]. Este precedente seria seguido anos mas tarde, en Dayner v. Archdiocese of Hartford, 23 A.3d 1192, at 1208 (CT Sup Ct, August 2, 2011) [NARCOTT, J.], cuando al Tribunal Supremo de Connecticut le llego un caso de rescision de contrato presentado por la directora de una escuela catolica de ninas que, de admitirlo, le hubiera llevado al tribunal a sobrepasar los limites marcados por la Primera Enmienda y la doctrina de la excepcion ministerial, entrando en cuestiones relativas al gobierno interno de la archidiocesis.

(84) En Petruska v. Gannon University, 462 F.3d 294, at 306 n. 8 (3rd Cir, September 6, 2006) [SMITH, J.], el tercer circuito dijo aqui que la excepcion ministerial no se aplica a todas las decisiones de empleo por instituciones religiosas, ni a todas las reclamaciones por los ministros. Solo tiene lugar en aquellas demandas que incluyan elecciones de la institucion religiosa acerca de quien desarrollara funciones espirituales.

(85) En Bollard v. California Province of the Society of Jesus, 196 f.3d 940 (9th Cir, December 1, 1999) [FLETCHER, J.], cuando un ex novicio jesuita demando a la orden religiosa por acoso sexual, permitiendo este circuito la accion pues el caso no afectaba a la libertad de la institucion de elegir sus ministros o practicar sus creencias, solucion que fue aplicada tambien mas tarde en Elvig v. Calvin Presbyterian Church, 375 f.3d 951, at 965-967 (9th Cir, July 23, 2004) [FISHER, J.] cuando el noveno circuito permitio, en un caso de ambiente laboral hostil, la accion de compensacion por danos por estres emocional y por danos morales ante el acoso e intimidacion verbal que habia afectado a su reputacion.

(86) En Minkerv. Baltimore Annual Conference of United Methodist Church, 894F.2d 1354 (DC Cir, January 19,1990) [MIKVA, J.] en una accion de danos monetarios llevada por un pastor al sufrir una rescision de contrato. El caso fue reenviado al tribunal de distrito para resolver esta cuestion.

(87) Cfr. Hutchison v. Thomas, 789 F.2d 392, at 395-396 (6th Cir., April 28, 1986) [GILMORE, J.].

(88) Cfr. Ogle v. Church of God, 153 Fed. Appx. 371, at 375-376 (6th Cir., October 31, 2005) [GIBBONS, J.].

(89) Cfr. Friedlander v. Port Jewish Center, 347 Fed. Appx. 654 (2nd Cir., September 30, 2009) [parker, J.]. Ariel Friedlander, una judia liberal y rabino, denuncio a su sinagoga de New York y el tribunal dijo que entrar en las peticiones de la demandante supondria examinar su lectura de la Tora, su modo de preparar a los estudiantes para sus ritos, el modo como desarrollaba ciertos servicios pastorales, o seguia las politicas de los funerales del templo.

(90) Cfr. Alicea-Hernandez v. Catholic Bishop of Chicago, 320 F.3d 698, at 703 (7th Cir., February 21, 2003) [FLAUM, J.].

(91) Cfr. Skrzypczak v. Roman Catholic Diocese of Tulsa, 611 F.3d 1238, at 1245 (10th Cir., July 13, 2010) [MCKAY, J.].

(92) Cfr. Gellington v. Christian Methodist Episcopal Church, Inc., 203 F.3d 1299, at 1301, 1304 (11th Cir., February 17, 2000) [BLACK, J.].

(93) Cfr. Klouda v. Southwestern Baptist Theological Seminary, 543 F.Supp.2d 594, at 612 (ND TX, March 19, 2018) [MCBRYDE, J.].

(94) Cfr. Starkman v. Evans, 198 F.3d 173 (5th Cir., December 27, 1999) [GARZA, J.].

(95) Cfr. Werft v. Desert Sw. Annual Conference of United Methodist Church, 377 F. 3 d 1099, at 1100 n. 1 (9th Cir, July 30, 2004).

(96) Cfr. Skrzypczak v. Roman Catholic Diocese of Tulsa, at 1243 [MCKAY, J.].

(97) Cfr. Bryce v. Episcopal Church, 289 F. 3d 648, at 655-659 (10th Cir, April 30, 2002) [TACHA, J.]. El tribunal confirmo la sentencia recurrida al juzgar que la autonomia o abstencion eclesiastica protegia constitucionalmente a la Iglesia en el ambito de sus decisiones en aplicacion de sus creencias religiosas acerca de la homosexualidad.

(98) Cfr. McCants v. Alabama-West Florida Conference of the United Methodist Church, Inc., 372 Fed. Appx. 39, at 41-42 (11th Cir, April 5, 2010).

(99) Cfr. Minker v. Baltimore Annual Conference of United Methodist Church, 894 F.2d 1354, at 13561358 (DC Cir, January 19, 1990) [MIKVA, J.].

(100) DeMarco v. Holy Cross High School, 4 F.3d 166 (2nd Cir, September 1, 1993).

(101) Cfr. DeMarco v. Holy Cross High School, at 170-171 [WALKER, J.].

(102) Cfr. DeMarco v. Holy Cross High School, 797 F.Supp. 1142, at 1151-1152 (ED NY, July 17, 1992) [SPATT, J.].

(103) Cfr. DeMarco v. Holy Cross High School, at 172 [WALKER, J.].

(104) Shaliehsabou v. Hebrew Home of Greater Wash., Inc., 363 F.3d 299 (4th Cir., April 2, 2004).

(105) Cfr. Shaliehsabou v. Hebrew Home of Greater Wash., Inc., at 309-311 [WILLIAMS, J.]. Peor suerte tuvo otro caso, resuelto justo despues de Hosanna-Tabor, que afecto tambien a otro mashgiach que servia en una compania secular de catering, razon por la que no cualificaba como institucion religiosa sin haber lugar entonces a la excepcion ministerial solicitada: Altman v. Sterling Caterers, 879 F.Supp.2d 1375, at 1383-1386 (SD FL, July 17, 2012) [GOODMAN, J.].

(106) Schleicher v. Salvation Army, 518 F. 3d 472 (7th Cir., February 28, 2008).

(107) Cfr. Schleicher v. Salvation Ai-my, at 475 [POSNER, J.].

(108) Fassl v. Our Lady of Perpetual Help Roman Catholic Church, 2 005 US Dist LEXIS 2 2 546 (ED PA., October 5, 2005).

(109) Shukla v. Sharma, 2009 US Dist LEXIS 90044 (ED NY, August 21, 2009).

(110) Cfr. Headley v. Church of Scientology International, Case No. CV 09-3987 DSF, at *4 (CD CA, April 2, 2010) [FISHER, J.].

(111) Cfr. Claire Headley v. Church of Scientology International, Case No. CV 09-3987 DSF, 2010 WL 3184389 (CD CA, Aug. 5, 2010) [FISHER, J.] y Marc Headley v. Church of Scientology, Case No. CV 09-3986 DSF, 2010 WL 3157064 (CD CA, Aug. 5, 2O10) [FISHER, J.]. Los denunciantes eran marido y mujer. La mujer acuso a esa organizacion de dos abortos bajo la presion a la que fue sometida y su esposo tambien refirio otros ejemplos de abuso fisico. El tribunal rechazo las denuncias bajo las tesis de la ministerial exception a fin de no entrar en la doctrina y practicas religiosas de esa organizacion.

(112) Cfr. Headley v. Church of Scientology International, 687 F.3d 1173, at 1181 (9th Cir., July 24, 2012) [O'SCANNLAIN, J.].

(113) El tribunal sostuvo que la demandante era una empleada ministerial al responder afirmativamente a las cuestiones que le habian sido dirigidas al tribunal de primera instancia, cfr. Weishuhn v. Catholic Diocese of Lansing, 787 N.W.2d 513, at 517 (MI Ct. App, Jan. 26, 2010) [SHAPIRO, J.].

(114) Cfr. Archdiocese of Mia?ni, Inc. v. Minagoiri, 954 So 2d 640, at 644 (Fla App, March 14, 2007) [WELLS, J.].

(115) Cfr. Weishuhn v. Catholic Diocese of Lansing, 181 U.S. 1088 (January 17, 2012) y Minagorri v. Archdiocese of Miami, 555 U.S. 1102 (January 12, 2009).

(116) Cfr. Redwing v. Catholic Bishop for the Diocese of Memphis, 363 S.W.3d 436, at 452 (TN Sup. Ct., February 27, 2012) [KOCH, J.]. El tribunal estatal de apelacion dos anos antes, en este caso de abuso sexual de un sacerdote sobre un menor 30 anos atras, habia dicho, en cambio, que la abstencion eclesiastica exigia al tribunal quedar al margen, pues juzgar sobre la contratacion y conservacion del clero por la Iglesia catolica llevaria al tribunal a entrar en asuntos de doctrina y politica eclesial, cfr. Redwing v. Catholic Bishop for the Diocese of Memphis, No. W2009-00986COA-RIO-CV (TN App., May 27, 2010) [FARMER, J.].

(117) Cfr. Doe v. Pontifical College Josephinum, 87 N.E.3d 891, at 896 (OH App., March 30, 2017) [TYACK, J.].

(118) Cfr. In re Thomas High School, 495 S.W.3d 500, at 513 (TX App., May 1, 2016) [BOYCE, J.].

(119) Cfr. In re Rosa Vida, No. 04-14-00636-CV (TX App, January 7, 2015) [ANGELINI, J.].

(120) Cfr. Schmidt v. Catholic Diocese of Biloxi, 18 So.3d 814, at 831-832 (MS Sup. Ct, September 17, 2009) [WALLER, C.J.].

(121) Cfr. Brass v. Przybylo, Case No. 2-06-0884 (IL App. Ct., September 26, 2008) [O'MALLEY, J.].

(122) Cfr. Purdum v. Purdum, 301 P.3d 718 (KA Ct. App., May 17, 2013) [GREEN, J.].

(123) Cfr. Doe v. Diocese of Raleigh, 776 S.E.2d 29, at 39; 40 (NC App., July 7, 2015) [DAVIS, J.].

(124) Hankins v. Lyght, Hankins I, 441 F.3d 96 (2nd Cir, February 16, 2006).

(125) Cfr. Hankins v. Lyght, Hankins 1, at 102 [WINTER, J.].

(126) Cfr. Hankins I, at 109 [WINTER, J.].

(127) Cfr. Hankins 7, at 114-115 [SOTOMAYOR, J, dissenting].

(128) Hankins v. New York Annual Conference of the United Methodist Church, Hankins II, 516 F.Supp. 2d 225 (ED NY, Sept. 28, 2007).

(129) Hankins v. New York Annual Conference of the United Methodist Church, Case No. 07-4556-cv (2nd Cir., October 30, 2009).

(130) Cfr. Tomic v. Catholic Diocese of Peoria, 442 F.3d 1036, at 1042 (7th Cir., April 4, 2006) [POSNER, J.].

(131) Cfr. Redhead v. Conference of Seventh Day Adventists, 440 F. Supp. 2d 211, at 218-219 (ED NY, July 26, 2006) [IRIZARRY, J.].

(132) Entre los especialmente criticos con esta doctrina de la excepcion ministerial en la doctrina pidiendo su supresion o restriccion: P. HORWITZ, Universities as First Amendment Institutions: Some Easy Answers and Hard Questions, 54 University of California Law Review 1497, at 1522 (2007); C. M. CORBIN, Above the Law? The Constiuitionality of the Ministerial Exemption from Antidiscrimination Law, 75 Fordham Law Review 1965 (2007); L. C. GRIFFIN, Fighting the New Wars of Religion: The Need for a Tolerant First Amendment, 62 Maine Law Review 23, at 53-56 (2010); M. A. HAMILTON, Religious Institutions, the No-Harm Doctrine, and the Public Good, 2004 Brigham Young University Law Review 1099 (2004). Cfr. Ch. LUND, In Defense of the Ministerial Exception, cit., 4, note n. 6.

(133) Es verdad que Obama no hizo comentario a la sentencia del Supremo del 2012, pero su Departamento de Justicia si pidio al Supremo la confirmacion de la sentencia recurrida del sexto circuito en su escrito de alegaciones en apoyo de las tesis de la parte demandada, cfr. USDOJ, Brief for the Federal Respondent, en https://www.justice.gov/sites/default/files/osg/briefs/2011/ 01/01/2010-0553.iner.aa.pdf. Por su parte, la US Commission on Civil Rights publico el 7 de septiembre de 2016 el documento "Peaceful Coexistence: Reconciling Nondiscrimination Principles with Civil Liberties" donde se dice que "los empleados no deben vivir bajo las doctrinas religiosas de sus empleadores, salvo que a estos les fuera permitido poner esos limites en virtud de la excepcion ministerial", cfr. USSCR, Peaceful Coexistence: Reconciling Nondiscrimination Principles with Civil Liberties, en https://www.usccr.gov/pubs/docs/ Peaceful-Coexistence-09-0716.PDF. La Conferencia de obispos catolicos, a traves de su Comite ad hoc sobre libertad religiosa, reacciono ante este lenguaje pues parecia que, para esa agencia federal, la religion era hipocresia, como una especie de herramienta empleada contra la igualdad, cfr. http://www. usccb.org/news/2016/16-117.cfm. Finalmente, el gobernador de California tuvo que vetar el proyecto de ley presentado en febrero del 2017 por la congresista democrata de ese Estado Lorena Gonzalez Fletcher que hubiera prohibido a Iglesias, universidades religiosas u organizaciones religiosas no lucrativas seguir imponiendo codigos de conducta religiosa a sus empleados en el asunto que abordaba el proyecto de ley, la discriminacion y la salud reproductiva, cfr. http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml? bill_id= 201720180AB569.

(134) Cfr. Bogan v. Mississippi Conference of the United Methodist Church, 433 F. Supp. 2d 762 (S.D. Miss., May 5, 2006) [LEE, J.]; afirmada por el quinto circuito en 222 Fed. Appx. 352 (5th Cir. 2007). En efecto, el quinto circuito confirmo la decision del tribunal de distrito y aplico la excepcion ministerial al Titulo VII de la Civil Rights Act. En este caso, Peter Bogan y otros pastores afroamericanos denunciaron la baja administrativa sin sueldo al que se le sometio por pasar noches fuera de la casa parroquial, a diferencia de otros pastores blancos en igual condicion, asi como no haber sido promovidos a otras posiciones dentro de la Iglesia, mas alla de Iglesias de mayoria afroamericana con peor sueldo. En esta ocasion, el tribunal de distrito rechazo la pretension de someter el caso a la esfera de aplicacion de la RFRA desplazando asi a la excepcion ministerial. No creyo ni que la decision Smith (1990) ni que la RFRA (1993) fueran relevantes para el caso, at 765-767. El quinto circuito considero aplicables al caso los precedentes Combs y Starkman, de modo que confirmo la sentencia recurrida. Y el Supremo federal rechazo el recurso de apelacion el 1 de octubre de 2007 en Bogan v. Mississippi Conference of the United Methodist Church, 552 U.S. 813 (2007).

(135) Cfr. Archdiocese of Washington v. Moersen, 925 A.2d 659, at 674 (MD Ct App., June 14, 2007) [BELL, J.].

(136) Cfr. Friedlander v. Port Jewish Center, 347 Fed. Appx. 654 (2nd Cir., September 30, 2009) [PARKER, J.].
COPYRIGHT 2019 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2019 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:ESTUDIOS: LAS RELACIONES DE SERVICIO SEGUN EL DERECHO CANONICO Y ESTATAL
Author:Rubio Lopez, Jose Ignacio
Publication:Ius Canonicum
Date:Jun 1, 2019
Words:20121
Previous Article:Aspectos canonicos del servicio en la Curia romana.
Next Article:Hacia un regimen juridico de las empresas de tendencia a la luz de la jurisprudencia europea.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |