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Integridad patrimonial, perpetuidad, memoria. Contradicciones de los mayorazgos Valencianos en la Epoca Moderna.

RESUMEN: Cimiento fundamental de la estabilidad patrimonial de la nobleza a traves de los siglos, el mayorazgo generaba, no obstante, sus propias contradicciones. Algunas de ellas traian origen, en el caso valenciano, de los cambios normativos que siguieron a los decretos de Nueva Planta, al diferir en la determinacion de ciertos aspectos las leyes de Castilla de los fueros abolidos. Pero otras muchas se derivaban de la escasa regulacion foral en la materia, de las dudas de la doctrina, de las disposiciones, en ocasiones confusas, de los fundadores, e incluso de los mismos fines a que servia la propiedad vinculada. A partir del estudio de los pleitos sobre posesion de vinculos sustanciados ante la Audiencia de Valencia se analizan aqui diversos problemas, entre otros, la ambiguedad terminologica, el dilema entre sucesion singular y llamamientos hereditarios plurales, la incompatibilidad de mayorazgos, la dificultad de caracterizar el orden sucesorio establecido, la extincion del vinculo por falta de descendencia, la admision de ilegitimos y religiosos, la desheredacion preventiva, la perpetuidad del gravamen, el reconocimiento de derechos reales contra los bienes del mayorazgo y la enajenacion de parte de ellos en circunstancias concretas.

Palabras clave: mayorazgo, propiedad, nobleza, fueros, herencia, memoria, familia, primogenitura, transmision testamentaria.

ABSTRACT: The practice of entail, a key source of stability for the patrimony of the nobility over the centuries, nonetheless created its own contradictions. Several of these arose, in the case of Valencia, from the normative changes that followed the decrees of the Nueva Planta, due to the differences between Castilian law and the abolished Valencian fueros. But many other contradictions resulted from the inconsistent regulation of entail under the fueros; from debates over the law; from the sometimes confused stipulations of the founders; and even from uncertainty over the purpose of the entailed properties. This article, drawing on disputes over entailed estates brought before the Audiencia of Valencia, will analyze problems including ambiguity in terminology; the contention between primogeniture and appeals for plural inheritance; the difficulty in defining the established order of succession; the incompatibility question; the extinction of inheritance for lack of descendants; the acceptance of illegitimate children and clerics; previously arranged disinheritance; the extension of the encumbrance in perpetuity; the recognition of real rights against entailed properties; and the alienation of parts of entailed estates under certain circumstances.

Key words: entail, property, nobility, Valencian fueros, inheritance, memory, family, primogeniture, testamentary succession.

Patrimonial integrity, perpetuity, memory. The contradictions of entailed estates in Early Modern Valencia

Hace una veintena de anos que, con motivo de mi tesis doctoral, aborde por vez primera el estudio de los mayorazgos valencianos (1). No fue facil. Todavia inconclusa por entonces la que Pascual Marzal llevaba a cabo sobre el derecho de sucesiones en la Valencia foral y borbonica, no existia en la bibliografia historico-juridica un analisis de la propiedad vinculada en el reino de Valencia (ni en ningun otro de los territorios de la antigua Corona de Aragon) tan sistematico y completo como el de Bartolome Clavero sobre el mayorazgo castellano, ni desde la perspectiva legislativa, ni desde la doctrinal (2). Como afirma con cierta sorna Marzal, pareciera que los decretos de Nueva Planta no solo abolieron las normas forales, sino tambien el interes historico por estas (3). Apenas paliaban este vacio unos cuantos trabajos publicados en los anos 80, en particular los de Mariano Peset y Vicente Graullera sobre la nobleza valenciana y sus senorios en el siglo XVIII y Joan Brines y Carmen Perez Aparicio sobre los vinculos de Guillem Ramon Anglesola, meritorios por su voluntad de ofrecer una vision general de este modelo de propiedad privilegiada (4).

En tales circunstancias, y dada la ineludible necesidad de dilucidar el origen de los patrimonios nobiliarios setecentistas y los mecanismos utilizados para garantizar su preservacion, integridad y acrecentamiento desde tiempos remotos, me parecio factible examinar la cuestion a partir de la confrontacion entre la legislacion foral sobre la materia y las practicas sucesorias de la nobleza valenciana, teniendo en cuenta las discrepancias que los autores mencionados, empezando por el propio Clavero, habian establecido entre el mayorazgo castellano y la propiedad vinculada en los reinos de la Corona de Aragon. Varias eran las dificultades que habia que afrontar. La principal, senalada por Brines y Perez Aparicio, radicaba en la escasa regulacion foral al respecto, en abierto contraste con lo ocurrido en Castilla desde las Leyes de Toro (5). Como luego apostillaria Marzal, los fueros que se emplearon en la epoca moderna para determinar el funcionamiento del regimen vincular no habian sido concebidos para ser aplicados al mayorazgo. En realidad, algunos de ellos se habian aprobado entre los siglos XIII y XV, cuando dicha figura se hallaba aun en estado embrionario. De ahi que, careciendo de una legislacion que favoreciera la interpretacion, los juristas valencianos basaran sus argumentaciones en la doctrina foranea de derecho comun, sobre todo la castellana y la italiana (6), lo que no contribuye a la mejor comprension de sus peculiaridades.

Por otro lado, Clavero habia reconocido que su definicion de mayorazgo como
   aquella forma del modo de propiedad vinculada cuyo regimen concreto
   somete a las condiciones de la propiedad territorial feudal al
   colonato por medio de la prohibicion de la enfiteusis, a la
   burguesia gracias a la vinculacion estricta y general, y a la
   corona mediante la inconfiscabilidad incluso en los delitos
   exceptuados, imponiendo, al mismo tiempo, en beneficio de las
   lineas principales de la clase feudal un proceso de acrecentamiento
   y acumulacion patrimonial


no podia hacerse extensiva sin objeciones a los territorios de la Corona de Aragon (7). Primero, porque en Valencia, al igual que en Cataluna, podia darse la comunion entre mayorazgo y enfiteusis, cabiendo la doble vinculacion del senor sobre el dominio eminente y del colono sobre el util (hecho no extrano, pues algunos predios nobiliarios se hallaban en feudos ajenos). Segundo, porque bastaba autorizacion judicial para crear un vinculo, asi como para enajenar los bienes adscritos si se carecia de otros efectos. Y tercero porque, como advirtio Lalinde, los limites que imponian los derechos legitimarios a la voluntad del causante eran menores aqui que en Castilla (8). Sin entrar ahora en mas detalles, baste decir, en resumen, que la legislacion foral permitia a los testadores vincular sus bienes con mayor facilidad que en Castilla, hasta abarcar la practica totalidad de sus propiedades, sin haber de someterse al escrutinio de la monarquia. Por el contrario, protegia con menor rigor la integridad de los mayorazgos, fundamentalmente porque, a diferencia de la doctrina castellana, segun la cual la obligacion de dotar a las hermanas e hijas del poseedor del vinculo no suponia derecho real alguno sobre los bienes que lo integraban, sino sobre sus rentas, los fueros en este punto prescribian que
   encara que les coses que deuen esser restituides o que seran
   vinclades a alcu, no poden esser alienades ni obligades, si donchs
   no seran donades en exovar o en donacio per nupcies (9).


Como graficamente concluye Marzal, en la colision entre dote y mayorazgo la primera salio triunfante en Valencia (10).

Las escrituras de fundacion de vinculos recopiladas, en su mayoria de los siglos XVI y XVII, se hacen eco de la especial preocupacion de los causantes por resolver el problema crucial del reconocimiento de derechos reales contra los bienes del mayorazgo. Sin embargo, por mas que los testadores introdujesen clausulas para reforzar la inalienabilidad de las propiedades vinculadas y la prohibicion de detraer parte alguna de estas por cualquier razon --aspecto sobre el que volvere al final--, era frecuente que, tan pronto como se planteaba la cuestion de la constitucion de dotes a favor de las hijas a la sazon existentes o que en el futuro tuvieren sus sucesores, esos mismos fundadores cayeran en la contradiccion de ordenar que se apartasen las sumas y haberes que fuese menester para dotarlas con dignidad, e incluso que, como dispuso Berenguer Marti de Torres en su testamento de 1506, esto hubiera de practicarse <<en les filles dels que seran mos hereus successivament>>. En este sentido, no me resisto a reproducir de nuevo la exposicion de motivos por los que, a juicio de Francesc Lluis Castella Doris de Blanes en 1556, de poco servian las repetidas y solemnes declaraciones de integridad y las prohibiciones de enajenar bienes vinculados que se insertaban en las actas de fundacion:
   La experiencia ha mostrat y mostra de cascun dia que, no obstant
   qualsevol vincles, pactes y condicions, per forts y calificats que
   sien, los quals testadors apposen, los tals bens, e senyaladament
   los censals, violaris e debitoris ab responsio de interes, no.s
   poden conservar, ans tots temps se troben vies e maneres per a
   desfer-los, ni (sic) anichilar-los, o per pagar dots de muller, o
   per mala administracio, o per altres moltes vies e invencions (11).


Entonces, como ahora, otras fuentes utilizadas (pleitos civiles y acuerdos extrajudiciales ante notario) confirmaban la idea de que las dotes, ora su constitucion, ora su restitucion, representaron, antes y despues de la Nueva Planta, la mayor amenaza para la integridad patrimonial de los mayorazgos valencianos. A pesar de que la entrada en vigor de la legislacion castellana trajo consigo la obligacion de obtener licencia real para desvincular, ello no fue obice para que siguieran enajenandose bienes por esta causa. A los ejemplos de los condes de Carlet --que en 1709 hubo de separar del vinculo fundado por Luis Blasco, regente del Consejo de Aragon, una heredad estimada en 5.000 libras en parte de pago de un credito dotal-- y de Casal, quien tuvo que segregar un huerto perteneciente a uno de sus mayorazgos para devolver la dote a una tia suya en 1729 (12), pueden anadirse los de los marqueses de Llanzol, precisado en 1710 a vender bienes vinculados para restituir el valor de la dote adeudada a los herederos ab intestato de su madre (entre los que se encontraba el mismo), y de Boil, el cual reconoce que la practica de enajenar bienes de los mayorazgos para constituir dotes continuaba vigente en 1749, <<sin embargo de la prohibicion de la Ley de Castilla>> (13).

El analisis hecho por Marzal de las solicitudes de licencia para desvincular bienes presentadas por los poseedores de mayorazgos ante los tribunales del Justicia Civil y de la Gobernacion de Valencia demuestra que, en efecto, el motivo alegado con mayor frecuencia hasta junio de 1707 para justificar las alienaciones fue la constitucion o restitucion de dores. Apoyaban aquellos sus peticiones no solo en los fueros que expresamente hacian responsable al vinculo frente a dichas obligaciones, sino tambien en otros supuestos no previstos en la ley, como sucedia con la satisfaccion de los intereses de la dote no pagada o restituida, que la doctrina acabo incorporando al hacer una interpretacion amplia de la norma. Las consecuencias que se derivaban de ello diferian segun las circunstancias. Si la dotada tenia descendencia legitima, los bienes del vinculo que le habian sido entregados en dote quedaban liberados de este, pudiendo aquella disponer de ellos entre sus vastagos. Si en cambio moria sin hijos, los bienes regresaban al mayorazgo del que se habian desprendido, al cesar la causa por la que habia sido dotada, que no era sino casarla para perpetuar la descendencia. Por lo que concierne a la restitucion dotal, la legislacion valenciana reconocia a la viuda cuya dote y creix no hubieran sido satisfechos por entero pasado un ano de la muerte del marido el derecho de tenuta, esto es, el usufructo del patrimonio de su esposo mientras no le fuesen reintegrados los creditos dotales. Cuando a este fin no bastaban los bienes libres, la tenuta se extendia a los de mayorazgo. Como otras figuras juridicas, la Nueva Planta acabo con la tenuta foral, pero no de golpe. Si el matrimonio se habia celebrado antes de junio de 1707, la justicia siguio reconociendo a la viuda este derecho, incluso en caso de que el marido hubiese fallecido despues de la abolicion de los fueros (14). Con razon puede decirse, por tanto, maxime considerando las enormes sumas de capital comprometidas por la nobleza en sus enlaces matrimoniales, que la constitucion y restitucion dotal supuso uno de los problemas juridicos de mayor entidad en la Valencia moderna, agravado por la recurrente falta de liquidez nobiliaria (15).

Con todo, los peligros para la integridad de los mayorazgos no se agotaban en las dotes. Otras causas aducidas por los poseedores para justificar la alienacion de propiedades vinculadas fueron la voluntad presunta del fundador, la inexistencia de bienes libres con los cuales hacer frente a la obligacion contraida, el ingreso en religion de una hija o hermana (equivalente a una dote para contraer matrimonio <<espiritual>>), el pago de gastos nupciales, la obtencion de dignidades eclesiasticas, la conservacion de los bienes mas preciosos del mayorazgo o la utilidad del mismo (16). De algunos de estos motivos, en especial el ultimo, tuve la fortuna de hallar pruebas documentales. Asi, por ejemplo, el conde de Carlet justifico en 1719 la subrogacion de dos casas en Valencia pertenecientes al vinculo de Galceran de Castellvi por una alqueria extramuros, porque aquellas estaban <<expuestas a urgencias de obras grandes, por ser de fabrica muy antigua y faltar inquilinos que las habiten>>. Setenta anos despues, el conde de Berbedel obtuvo autorizacion para enajenar los derechos enfiteuticos que percibia de los colonos de sus fincas de Rosell y Sant Mateu para evitar la quiebra que --signo de los tiempos-- podia seguirse del <<descredito que en aquel pais tienen los censos>> (17). Del resto de razones alegadas, en cambio, no logre reunir en su momento testimonio alguno.

Sea como fuere, el estudio de Marzal sobre los mayorazgos valencianos no se limita a ilustrar los supuestos juridicos de desvinculacion menos usuales. Su minucioso examen de la legislacion, la doctrina y la jurisprudencia de epoca foral y de los efectos de la Nueva Planta desborda ampliamente los objetivos iniciales de mi investigacion en este punto (en esencia, entender de que manera la nobleza valenciana conservo, protegio y transmitio sus patrimonios hasta las postrimerias del Antiguo Regimen); desentrana muchos de los aspectos mas dificultosos de la materia, desde la propia definicion del concepto hasta los pormenores del orden de suceder o las formas de adquirir la posesion, entre otros; y plantea interesantes interrogantes en torno a las contradicciones entre ley y praxis. Para corresponder, siquiera sea proporcionalmente, a un trabajo tan esclarecedor y sugestivo como el suyo, he escarbado, en esta nueva indagacion sobre el tema, en medio centenar de pleitos sobre posesion de mayorazgos, que se suman a los que ya conocia, y he consultado la serie de registros de Real Justicia del Archivo del Reino de Valencia, que en primera instancia no utilice, a fin de recoger informacion suplementaria y ofrecer asi una perspectiva mas exacta de los diversos problemas que en torno a los vinculos nobiliarios se suscitaron en Valencia desde el siglo XV hasta comienzos del XIX.

Un primer escollo en el que vale la pena detenerse es el de la indistincion terminologica entre mayorazgo, vinculo y fideicomiso perpetuo. Basta leer unos cuantos procesos para comprobar cuan a menudo los litigantes, e incluso los propios jueces, empleaban como sinonimos dichos conceptos para referirse a un mismo acto juridico (18). Esto se debia a que la doctrina no establecia una oposicion rotunda entre estos, siempre y cuando no estuvieran en discusion dos rasgos esenciales: la sucesion singular y la perpetuidad del gravamen. Sin embargo, por mas que en la practica procesal y testamentaria fuese habitual caracterizar cualquier tipo de sucesion sujeta a condicion y gravamen con la formula comun de <<ab pacte, vincle y condicio>>, lo cierto es que las diferencias entre dichas figuras si existian. Por un lado, la palabra vincle tenia en el derecho foral un sentido mas amplio que el de mayorazgo, pues significaba carga u obligacion de restitucion, pero no necesariamente perpetua. No parece, con todo, que esto originase, sino muy rara vez, problemas de interpretacion, por lo que vinculo y mayorazgo se emplearon como sinonimos en la Valencia moderna (19). Por lo que atane a la equivalencia entre fideicomiso y mayorazgo, Crespi de Valldaura, Fontanella y otros autores consideran que los epitetos <<perpetuo>> o <<infinito>> que lo acompanaban permitian asimilar un fideicomiso al mayorazgo, distinguiendolo de una sustitucion fideicomisaria temporal (20). No obstante, las cosas no debieron resultar siempre tan claras para los eventuales derechohabientes. Un caso revelador de las dificultades es el de la donacion testamentaria hecha por Ana Maria Bayarri en favor de su hijo Alonso Sanz de Centelles en 14 de febrero de 1659. Semanas despues de que el ultimo poseedor del <<fideicomiso>> -asi lo califican las partes en conflicto-, el presbitero Jose Benito Sanguino, falleciera sin hijos en mayo de 1760, el conde de Casal, el marques de Boil y Ana Maria Cavanilles reclamaron conjuntamente la sucesion en el mismo en calidad de descendientes de Margarita Bayarri y Balaguer, oponiendose a la declaracion favorable que acababan de obtener los primos del difunto como parientes consanguineos mas proximos. La Audiencia revocaria este fallo y daria la posesion a los demandantes, primero el 8 de agosto de 1769 y luego el 11 de agosto de 177321. No cumpliendose, por tanto, la premisa de que la sucesion fuese individual (<<Maioratus est individuus, in eoque solus unus succedit>>, proclama el forista aragones Sesse) (22), quiza quepa hablar aqui de fideicomiso, pero no de mayorazgo, a pesar de que en su ultima voluntad la fundadora habia prohibido toda detraccion de falcidia y cuarta trebelianica (23), que, segun Molina, no toleraba el mayorazgo, mas si el fideicomiso (24).

En cierta medida, guarda relacion con el problema de la sucesion conjunta el de la division de vinculos. Porque, si la finalidad primordial del mayorazgo era evitar la desmembracion del patrimonio familiar que de otro modo se hubiera producido despues de varias generaciones, instaurando la sucesion singular de un heredero en lugar de los llamamientos hereditarios plurales, ?que sentido tenia entonces que algunos causantes instituyeran no un unico vinculo sobre sus propiedades, sino diferentes y divisibles? Pocos casos ponen tan de manifiesto esta paradoja como el de Pedro de Salcedo, quien, en su testamento de 5 de agosto de 1585, nombro por herederas universales de sus bienes a sus hermanas Isabel y Catalina:
   ...de vida de aquellas tan solamente, con cargo y obligacion, ansi
   aquellas como los demas substitutos en mis bienes y herencia, de
   dar y pagar cada un ano mil libras de la dicha moneda, a saber es:
   las quinientas libras para casar y colocar las desusdichas sobrinas
   mias y parientas y parientes mios desuso nombrados, como a otros y
   otras a voluntat de mis herederas y substitutos cada un ano en la
   forma suso declarada, y las otras quinientas libras para sustentar
   deudos y parientes mios estudiantes en los estudiosa voluntat de
   las dichas herederas mias y substitutos en su tiempo, con que las
   dichas quinientas libras se emplehen en primer lugar para el dicho
   Luys de Salsedo, collegial del collegio de San Bartholome en
   Salamanca, y en sus sobrinos que alli residen, hasta que el dicho
   Luys de Salsedo tenga lugar, cargo o Audiencia para salir del dicho
   colegio, y despues en los demas parientes mios que quisieren
   estudiar, a concordia de mis herederas y de los substitutos cada un
   ano. Y con pacto, vinculo y condicion que, muriendo qualquiera de
   las dichas herederas mias, la parte de la que premuriere luego en
   muriendo, sin aguardar la muerte de las dos, como no entiendo que
   entre las dichas mis herederas haya substitucion de la una a la
   otra, se divida y parta en dos partes iguales: la una parte sea de
   Agustina Musategui y de Julian, muger del dicho Dionisio Julian; y
   la otra de Maria Dies y de Covarruvias, muger del dicho lisensiado
   Diego de Covarruvias, igualmente entre las dos; y la otra metat sea
   y pertenesca a Juan de Salzedo y Luys de Salzedo, hermanos, y a
   Juan Martinez de Salzedo y Bernardino Martinez de Salzedo,
   hermanos, por partes iguales entre los dichos quatro. Y quando
   muera la otra hermana y heredera mia, su parte, entregamente y sin
   alguna diminucion de legitima ni otro derecho alguno, venga y
   pertenesca a los susodichos, a saber es: la metat a las dichas Anna
   Agustina Musategui y de Julian y a Maria Dies de Covarruvias, y la
   otra metat a los dichos Juan y Luys de Salzedo, hermanos, y a Juan
   Martinez de Salsedo y Bernardino Martinez de Salsedo, hermanos, por
   iguales partes, a saber es: la metat entre las dos mis sobrinas y
   la otra metat entre los dichos quatro mis sobrinos (25).


Por si no fuera suficientemente contradictorio dispersar lo que, de acuerdo con la logica vincular, debia permanecer unido, Salcedo ordeno a renglon seguido
   que las dichas Anna Augustina Musategui y de Julian y Maria Dies y
   Covarruvias y qualquiera de ellas sean tenidas y obligadas,
   muriendo con hijos u otros desendientes legitimos y naturales y de
   legitimo y carnal matrimonio nacidos y procreados, de testar y
   disponer entre los dichos sus hijos y desendientes por las partes y
   porciones que ellas quisieren y ordenaren, dexando a los unos mas y
   a los otros menos a voluntat de las susodichas, vinculando los
   dichos bienes para que no salgan perpetuamente de su familia y
   desendensia de unos en otros a su voluntat.


La decision de permitir a las sucesoras en la mitad de su herencia, vinculada segun lo estipulado en la clausula anterior, disponer con libertad de sus respectivas partes entre sus herederos con la condicion de que estas volvieran a quedar vinculadas suponia tal cumulo de antinomias que, en su posterior codicilo de 20 de mayo de 1587, Salcedo hubo de precisar que su verdadera intencion habia sido que cada uno de sus sucesores <<nomenas a hu y no a molts, tant que fos mascle com fembra>> (26). En otras palabras, lo que al fin y al cabo pretendia era crear seis vinculos electivos.

No acaban aqui los problemas originados por la fundacion de Pedro de Salcedo. Tal y como este habia mandado, Maria Dies y Covarrubias tomo posesion de la cuarta parte de su herencia y, en su testamento de 27 de abril de 1629, eligio por sucesor a su nieto Juan Alonso Milan de Aragon, por cuya muerte sin hijos recayo este vinculo en la condesa de Gestalgar, Antonia Milan de Aragon, bisnieta de Maria Dies, en 1672. Al morir la condesa sin descendencia en 1685, el Justicia Civil de Valencia decreto que la posesion debia pasar a Vicente Julian, quien habia sucedido tambien en la cuarta parte de la herencia de Salcedo correspondiente a Agustina Musategui. Se ignoraba entonces que dos sobrinas del primer llamado vivian en Indias, por lo que la posesion se mantuvo en la linea de Vicente Julian hasta que la Real Audiencia resolvio, mediante sentencias de 1704 y 1724, que la sucesion en el vinculo pertenecia a Antonia Milan de Aragon y Menaloyola, bisnieta de Maria Dies, y, por fallecimiento de esta, a su hija unica Maria Nicolasa de Mesa y Ayala, residente en Santa Fe de Bogota (27).

Sin llegar a tales extremos de fragmentacion, no es raro tropezar con otros casos de fundacion simultanea de mayorazgos, lo que tal vez pueda tomarse como indicio de los escrupulos que debieron de asaltar a no pocos testadores atrapados en el dilema de preservar el patrimonio, el prestigio y la memoria de la casa sin danar los derechos sucesorios del resto de hijos, de quienes, a fin de cuentas, dependia la perpetuacion de la familia, su dignidad, titulos y bienes si se truncaba la linea de primogenitura (28). Buen ejemplo de ello es el testamento de Jacinto Forner, baron de Finestrat y senor de Benasau, cerrado en plica el 1 de noviembre de 1684 y publicado el 15 de febrero de 1691, en el que creo dos mayorazgos: uno a favor de su primogenito, Aleixandre Forner y Talayero, que comprendia la baronia de Finestrat, el lugar de Benasau, una heredad y varias casas en Alicante y una docena de censales por valor de 20.000 libras; y otro en beneficio de su hijo Jacinto, compuesto por 14 casas, un huerto y diversas alhajas por un importe global de 40.000 libras, <<declarant que el que posseheixca dit llegat, ab ell se haja de contentar de tota porcio de Ilegitima, trebelianica, ni altre qualsevol drets que puga pretendre>> (29), mayorazgo que puede calificarse de segundogenitura impropia, por cuanto los siguientes llamamientos ya se producen conforme a la regla general de dar preferencia al primogenito (30).

Ni Pedro de Salcedo ni el baron de Finestrat deseaban que sus patrimonios se concentrasen. De haberlo querido, el tenor de sus disposiciones testamentarias habria sido muy distinto. Esto nos conduce a un asunto particularmente conflictivo: el de la incompatibilidad de mayorazgos, que, al menos en teoria, estorbaba su acumulacion. Esta podia derivarse de impedimentos legales, o de la voluntad expresa del fundador, o inferirse de los terminos en que se hubieran instituido otros con similares designios. En la practica, el factor que genero mas disputas sobre incompatibilidades fue la exigencia de tomar el nombre y armas del vinculador <<sin mixtura alguna>>, lo que obligaba al sucesor que no se apellidase como este a cambiarlos por los suyos (31). La hallamos, por ejemplo, en el vinculo fundado por el canonigo de Valencia y arcediano de Alzira Jeronimo de Castella a favor de su hijo Pedro, el 5 de mayo de 1532, con la prohibicion anadida de que mujer alguna, aunque fuese hija de su hijo o llevase el apellido Castella, pudiese suceder en sus bienes, con objeto de garantizar la subsistencia de su nombre (32). La encontramos igualmente en el testamento de Juana Jeronima Carroz y Eslava, senora de Carcer, de 18 de abril de 1537, en el que fundo mayorazgo en cabeza de su hijo Juan
   ab los pactes, vincles e condicions seguents, co es: que aquell
   haja de prendre e prenga lo nom y armes de Slava, e si no.1 prendra
   e no es nomenara Slava e no fara les armes de Slava, en lo dit cas,
   des[h]erete aquell e li dexe una dobla de or per parte per legitima
   e per tot altre qualsevol dret que en mos bens li pertanga (33).


Es sabido que esto dio lugar a la costumbre, muy extendida entre la nobleza del reino, de interponer la particula latina olim -antes, en otro tiempo- entre el apellido recien adquirido y el propio (34), y a que genealogistas y heraldistas habilitasen expedientes para eludir la prohibicion y facilitar asi la acumulacion de mayorazgos (35). Pero tambien sirvio de pretexto -al que algunos litigantes se aferraron como un clavo ardiendo-, para, denunciado el incumplimiento del precepto de no mezclar nombres y armas, obligar al poseedor de varios vinculos a prescindir al menos de uno de ellos.

Un pleito revelador de las complejas situaciones que podian llegar a darse es el que durante decadas enfrento a los Cardona y los Saavedra y Jofre por la posesion de la baronia de Canet o, en su defecto, de alguno de los cinco mayorazgos pertenecientes a esta segunda casa. El proceso lo inicio en diciembre de 1768 Maria Vicenta del Castillo, viuda de Jose Pascual de Cardona y Jofre, como madre y tutora de Jose Ma. de Cardona, al solicitar ante la Audiencia de Valencia que se declarase la incompatibilidad de los cinco vinculos que administraba Sebastian Saavedra y Squarzafigo en calidad de esposo de Mariana Jofre y padre de sus hijos y, en consecuencia, que hubiera de renunciar al que el 1 de febrero de 1420 habia fundado Francisco Berenguer sobre el lugar de Canet o fuese compelido a prescindir de otro de sus mayorazgos. Se referia la demandante a los instituidos por Francisco Sanchez Munoz sobre su castillo y tenencia de Villamalur, lugares de Torralba y Fuentes y baronia de Ayodar el 24 de diciembre de 1389 (aunque se discutia tambien si dicho vinculo debia regirse por esta disposicion o por la dictada por Rodrigo Sanchez Munoz el 27 de mayo de 1523); Beatriz Carroz, viuda de Luis de Funes, olim Munoz, el 11 de junio de 1550; Miguel Angel de Ribelles, canonigo de la metropolitana de Valencia, en su testamento de 17 de octubre de 1557 y codicilo de 29 de mayo de 1563; y Lorenzo Zaydia el 5 de febrero de 1625 (36).

En efecto, los cinco causantes habian mandado que los sucesores en sus vinculos llevasen el nombre y armas del fundador, tres de ellos con la apostilla de <<sin mezcla alguna>>. El canonigo Ribelles advierte que, de lo contrario, sea removido ipso facto el contraventor, de forma que, como si hubiera muerto, la herencia pase al siguiente en grado (37). Beatriz Carroz contempla una excepcion: si recayera en su hijo Juan, primer llamado a la sucesion, el vinculo fundado por Juan de Funes sobre la baronia aragonesa de Quinto (38), es su voluntad que no tome los apellidos de Munoz y Carroz, sino que sea sustituido por su otro hijo, Alvaro. El senor de Canet indica que si su hija Juana sucede en el mayorazgo, su marido y sus descendientes varones vengan obligados a tomar el nombre y armas de Berenguer, sin mezcla de otros. Lorenzo Zaydia puntualiza que la condicion de llevar su apellido es indefectible. Por su lado, Francisco Sanchez Munoz ordena que en caso de que el vinculo venga a parar en una mujer, ella y su marido tengan <<la valia y vando del linage de los Munozes>>, asi como que, si por quiebra de otras lineas, entrase a poseerlo el hijo mayor de Pedro Ladron, senor de Manzanera, este haya de <<llamarse el sobrenombre de Sanchez y en la metad de su serial de Munoz>> y salir en defensa <<del vando de los Munozes y de la valia y favor de aquellos>> (39).

Aunque la Audiencia fallo el 11 de marzo de 1777 que debia absolver de la demanda a Mariana Jofre y su marido y que, por tanto, estos poseian justamente los cinco mayorazgos, Maria Vicenta del Castillo apelo de la sentencia y luego su hijo Jose Ma. Cardona continuo el juicio, suplicando que Miguel de Saavedra y Jofre (el celebre baron de Albalat que moriria asesinado en Valencia durante los alborotos de mayo de 1808) (40), como sucesor en todos ellos, fuese condenado a restituir la baronia de Canet con los bienes agregados o que, si se le permitia conservar dicho vinculo, se decretase haber sucedido el demandante en la baronia de Ayodar y lugares de Fuentes, Villamalur y Torralba. Alega Cardona
   la incompatibilidad real y lineal para no haver podido entrar ni
   radicarse la sucession en la linea de dicho don Miguel Jofre; asi
   porque en las unas expresamente se prevenia que el successor
   huviese de tomar el nombre y armas del fundador, sin mezcla alguna
   de otro nombre y armas, lo que por su esencia resistia aun la union
   de los otros en que solo se pedia y ponia el gravamen de nombre y
   armas simpliciter, como porque, por lo menos entres de ellos, se
   hallava el gravamen de haver de llevar el poseedor el nombre y
   armas del fundador, sin mezcla de otro.


Por consiguiente, al menos uno de estos mayorazgos, y en particular el de Berenguer, debia haber pasado, ya en vida de Miguel Jofre (padre de Mariana y abuelo del baron de Albalat, al cual la justicia habia dado la posesion de los mismos en 1729, 1731 y 1735), a su hermana Manuela y, en su defecto, a Jose Pascual de Cardona, hijo de esta, y por su muerte al suplicante, Jose Ma. de Cardona y del Castillo, su hijo, nacido en 1758, a eleccion de esta parte salvo el de mayor renta, que debia permanecer en la casa de Saavedra y Jofre. Sin embargo, las ilusiones de Cardona se desvanecerian en marzo de 1805, cuando la Audiencia confirmo la sentencia de vista (41).

Como se desprende de algunas de las clausulas antes citadas, y en especial de las que los canonigos Castella y Ribelles introdujeron para asegurar la perduracion de sus apellidos, un problema relacionado con el de la incompatibilidad de mayorazgos que la doctrina se planteo era si el precepto de llevar el nombre y armas del fundador sin mezcla de otros excluia tacitamente a las mujeres de la sucesion, al considerar que, con ello, los causantes habian querido conservar siempre la agnacion. Aunque Marzal se hace eco de una sentencia del Consejo de Aragon de 8 de febrero de 1659 que negaba la exclusion de las mujeres por dicho motivo (42), no parece que esto desalentara a algunos litigantes audaces. Un pleito sumamente interesante que en parte refleja esta cuestion es el que en octubre de 1772 inicio Cristobal Rocamora y Molins, vecino de Orihuela, contra la octava marquesa de Rafal, Antonia de Heredia y Rocamora, a proposito de la interpretacion que cabia hacer de una clausula del testamento del primer marques y fundador del mayorazgo de Rafal, Jeronimo de Rocamora, de 29 de enero de 163843, demanda a la que luego se sumaria Luis Rosell Roca de Togores Rocamora, senor de Benejuzar. La clausula era esta:
   Que los sucesores de este nuestro mayorazgo se hayan de llamar del
   apellido de Rocamora y traer las armas de los Rocamoras, como yo,
   el dicho marques, las traigo, llamandose primero con dicho nombre y
   apellido; y si sucediese en dicho mayorazgo hembra, que se haya de
   casar con caballero del nombre y apellido de Rocamora; y no lo
   cumpliendo asi, que por el mismo caso y hecho pase la subcesion en
   el siguiente en grado, lo qual se entienda habiendo pasado tres
   meses, en razon del apellido y armas (44).


En abril de 1772, sabedor de que dona Antonia, viuda del conde del Penon de la Vega y Moriana del Rio, pensaba contraer nuevo matrimonio, Cristobal de Rocamora, padre de dos hijos, le habia escrito <<por via de urbanidad, segun era correspondiente>>, para recordarle la obligacion, si continuaba con la idea de mudar de estado, de casar con un Rocamora, so pena de ser privada del mayorazgo, carta que la marquesa respondio agradeciendole la memoria que le hacia, pero senalando que no tenia intencion de desposarse con pariente alguno. A fin de que la marquesa no pudiera alegar no haber sido advertida por via judicial, Rocamora reclamo entonces a la justicia que le notificase el emplazamiento, lo que no fue obice para que dona Antonia terminara casandose con Pablo Melo de Portugal, marques de Villescas, el 24 de octubre de dicho ano. Segun el demandante, y este era tambien el criterio de Luis Rosell Roca de Togores, que en enero de 1773 se adhirio a los autos instados por aquel, era evidente que la marquesa habia contravenido las condiciones impuestas por el fundador a los sucesores en el vinculo, por lo que debia ser excluida (45).

Por el contrario, a juicio de Manuel Escolano, procurador de dona Antonia y de su segundo marido, la <<verdadera inteligencia>> de la disposicion no era sino imponer <<a las hembras otra obligacion que la de haver de tomar el caballero con quien casaren el apellido y armas de Rocamora>>. Asi lo demostraba el hecho de que la cuarta titular, Jeronima de Rocamora y Cascante, hubiera contraido matrimonio con Jaime Rosell y Ruiz, senor de Benejuzar, a pesar de que habia varones agnados de la familia Rocamora. Y anade:
   No hay amor mas sobresaliente que el del padre, y en la sociedad
   conyugal es el mas conforme a la razon, segun la cual es moralmente
   imposible que, sabiendo el padre la voluntad de los testadores,
   como debe presumirse no habiendo revocado la suya de agregacion al
   mayorazgo, no teniendo otra hija que a dona Geronima Rocamora y
   estando a la vista los agnados de este apellido, dexase firme y
   constante su testamento de agregacion y expusiese, por el
   casamiento que hizo su hija unica con caballero no Rocamora por
   nacimiento, al riesgo de perder no solo los mayorazgos de don
   Geronimo Rocamora y su mujer, sino tambien los de su padre (46).


En definitiva, si la estipulacion hubiera tenido el sentido que los demandantes pretendian, Juan de Rocamora y Garcia de Lassa, padre de Jeronima, habria revocado su agregacion (47). A mayor abundamiento, debia hacerse constar que nadie habia opuesto reparos al primer matrimonio de la octava marquesa con el conde del Penon de la Vega, Juan Ma. del Castillo. Asi las cosas, primero la Audiencia, en enero de 1776 y enero de 1779, y luego el Consejo de Castilla, en enero de 1781, resolvieron absolver de la demanda a dona Antonia (48).

La voluntad de conservar el nombre y armas explica tambien que, en vez del mayorazgo regular, que era aquel que se ajustaba a las normas de sucesion de la corona castellana, los vinculadores valencianos se decantaran preferentemente por los sistemas agnaticios, que suponian la exclusion perpetua de las mujeres, ya fueran de agnacion rigurosa o verdadera, en los que el vinculo se transmitia de varon en varon (admitiendo, solo en ultima instancia, a los cognados), ya artificiosa o fingida, en los que, careciendo el fundador de agnados propios, llamaba en cabeza de linea a varon cognado o hembra para, de forma ficticia, mantener sus apellidos a traves de estos (49). Pueden citarse como ejemplos de vinculos agnaticios los instituidos por Pedro Ladron, vizconde de Vilanova, el 27 de junio de 1412, en contemplacion del matrimonio de su hijo Ramon con Elvira Pallas (50); Joan de Vallterra, senor de Torres Torres y Castellmontan, el 21 de julio de 1463 (51); Catalina de Villena, senora de Cortes, el 23 de junio de 1475 (52); Jaime Pallas, el 11 de octubre y el 3 de diciembre de 1550, en favor del conde de Sinarcas y vizconde de Chelva Francisco Pallas (53); Juan de Villarrasa, senor de Albalat de Segart, el 29 de noviembre de 1624 (54); o Bartolome Soler Marrades, dueno de Turis y otros lugares, el 18 de agosto de 1670 (55), que se anaden a otros casos conocidos (56). La insistencia en impedir la sucesion de las mujeres llevaba incluso a que, en ocasiones, se permitiera la de los hijos y descendientes varones bastardos como solucion extrema. Asi lo hicieron, entre otros, el mencionado Jeronimo Castella en 1532, Jaume de Malferit en 1557, Jeronimo Anglesola en 1673 o Juan Vives de Canamas y Villarrasa, conde de Faura, en 1680 (57).

Dada la libertad de que gozaba el causante para disponer a voluntad el modo de suceder, no es dificil, pese a la primacia de los vinculos agnaticios, hallar testimonios de otras modalidades <<irregulares>> en la practica fundacional valenciana. Un ejemplo de mayorazgo electivo que cumple todos los requisitos senalados por la doctrina (58) es el que, en su testamento de 4 de marzo de 1422, publicado el 17 de octubre de 1424, erigio Joana de Sentllir, senora de Almedijar y esposa de Pere de Centelles Riu-Sec, en cabeza de su hijo Bartomeu. Entre las condiciones estipuladas se incluia que cada sucesor eligiera al siguiente, prefiriendo a los hijos sobre las hijas y, en defecto de unos y otras, al resto de descendientes de la fundadora sobre los extranos, con la obligacion de llevar siempre el nombre y armas de Sentllir (59). De esta manera, la baronia de Almedijar se mantuvo en los miembros de la familia Centelles y Sentllir hasta la muerte, en 1675, de Joaquin de Centelles y Calatayud, marques de Nules y Quirra, quien, no teniendo hijos legitimos ni otros descendientes, nombro sucesor al decimo duque de Gandia, Pascual Francisco de Borja, principio y razon de una serie interminable de pleitos (60). Tambien es notorio el caso del creado por Jaume Sanz de Cutanda, senor de Benafer y Ferragut, a favor de su hija Vicenta, el 12 de diciembre de 1611, con pacto de que esta designara heredero a cualquiera de sus hijos, <<aixi home com dona, asa voluntat, vivint o en son ultim testament, y sent home lo nomenat prenga mon nom y mes armes>>, advirtiendo, no obstante, que si dejara de hacerlo, <<succehixca en dits bens lo fill machor de aquella, y en falta de dit mascle, la filla machor... des de el primer fins al darrer descendent meu>> (61).

Entre los calificados por la doctrina de femineidad o contraria agnacion, en los que las mujeres eran preferidas a los hombres, pueden citarse el instituido por Rafaela Mercader y Rocafull, esposa de Ramon de Boil, senor de Albatera, en febrero de 1604, en favor de su hija Laudomia, con la condicion de que si esta no tuviera hijas pasase a la siguiente, y asi sucesivamente: <<Lo dit vincle pase per totes les filles mies que ara tinch y nostre Senyor sera servit per temps donar-me, guardant sempre entre aquelles lo orde de la primogenitura>> (62); o el fundado en octubre de 1663 por Luisa de Castellvi y Ortiz, viuda de Lamberto Ortiz, regente del Consejo de Aragon, en segundas nupcias y de Pau Vergada en primeras, en cabeza de su nieta Angela Vergada y Corella. La peculiaridad de este ultimo radica en que, contrariamente a la norma de primogenitura, la hija menor es llamada antes que la mayor:
   Ab pacte, vincle y condicio que si la dita dona Angela Vergada y
   Corella tindra filles llegitimes y naturals y de legitim y carnal
   matrimoni nades y procreades apres mort de aquella, la dita
   heretat, sens diminucio ni detraccio alguna de legitima, falcidia,
   trebelianica ni altre qualsevol dret, sia, vinga y pertanga a la
   filla menor de la dita dona Angela Vergada, y aixi es segueixca
   perpetuament en les descendents dones de dita filla menor,
   preferint sempre la menor a la major (63).


La cuestion de la clasificacion del mayorazgo no era baladi. Aunque aceptada con reservas por la doctrina, la tipologia elaborada por Rojas y Almansa a mediados del siglo XVIII, basada en los modelos predominantes de ordenes sucesorios, pretendia dar respuesta a la necesidad cierta de determinar en que circunstancias la acumulacion de mayorazgos resultaba viable, asi como hasta que punto las preferencias individuales o las particularidades familiares que llevaban a tantos fundadores a separarse del orden regular de primogenitura y masculinidad se resolvian una vez transcurrida la sucesion de llamamientos expresos hechos por estos o, por el contrario, se extendian mas alla, lo que, habida cuenta de la disparidad de interpretaciones, motivaba numerosos pleitos (64). No faltan ejemplos de ello en la Valencia moderna. Al morir Gaspar de Proxita y Ferrer, conde de Almenara, en 1663, el conde de Cervellon, como curador de Maria, hija del finado, solicito a la Audiencia que declarase haber sucedido esta en el vinculo creado el 27 de julio de 1444 por Joan de Proxita en contemplacion del matrimonio de su hijo Nicolas con Leonor de Centelles, vinculo que, entre otros bienes, comprendia el castillo y villa de Almenara (condado desde 1447) (65). A dicha demanda se opuso con exito Luis Ferrer Proxita Aragon y Apiano, que obtuvo sentencia favorable del Consejo de Aragon, dada el 30 de agosto de 1677 (66). A este le sucedio su hijo Jose Antonio en 1694 -con nuevo fallo a su favor del Consejo el 13 de agosto de 1699-, quien hubo de hacer frente a repetidos recursos de Manuel Ferrer, comendador de Orxeta y senor de Daimus, para que se revocara el pronunciamiento y se le diera la posesion del mayorazgo, alegando que este era <<sucesivo y perpetuo por via de primogenitura en los hijos y descendientes varones>>. La clausula que daba origen a la disputa rezaba:
   Si el dicho noble don Nicolas muriese sin hijos y otros
   descendientes varones, lo que Dios no quiera, que los dichos
   castillos y lugares en el presente capitulo especificados y
   designados sean y vuelvan a don Juan de Proxita, hijo del dicho
   noble mosen Juan, si vivo sera, y despues de la muerte de aquel a
   los hijos y descendientes varones de aquel; y si vivo no sera a don
   Olfo de Proxita, hijo del dicho noble mosen Juan, y despues de la
   muerte de aquel a los hijos de aquel varones; y si vivo no sera a
   don Tomas de Proxita, segun se ha dicho de los otros hijos,
   queriendo empero que no todos a un tiempo vengan a la herencia, mas
   viniendo el dicho caso preceda el mayor, y despues, de unos en
   otros, el primero de aquellos sobreviviendo. Y si todos muriesen,
   lo que Dios no quiera, sin hijos, y habra hijos de las hijas del
   dicho mosen Juan, que los dichos lugares y castillos sean y vengan
   a los hijos varones de aquellas gradatim, empezando al primero y
   mayor de aquellos, de hoy en adelante, de unos en otros
   sobrevivientes, muriendo sin hijos; empero que, viniendo los dichos
   lugares y castillos a los hijos de las hijas, que aquellos tomen el
   nombre y armas y senal de Proxita (67).


En oposicion al comendador de Orxeta, que reputaba de agnaticio el vinculo, Juan Boria, en nombre del conde de Almenara, consideraba que este era
   mayorazgo de pura masculinidad, en que son capaces de suceder los
   varones descendientes de hembra, como lo es mi parte, lo que se
   califica porque don Juan de Proxita, fundador, en ninguna de las
   clausulas de la donacion llama a varones descendientes de varones
   ni por linea masculina, ni excluye a los varones descendientes de
   hembra, lo que era necesario para que se entendiera contemplada la
   agnacion; como tambien porque la exclusion de varones de hembra es
   odiosa y no admite, en caso que concurra, la menor duda, mayormente
   quando se presume que el que haze una cosa se conforma con la
   naturaleza de la misma, y de la naturaleza de los mayorazgos y
   fideicomisos es el que se admitan tanto los cognados como los
   agnados quando el fundador no requiere expresamente la qualidad
   agnaticia, sino que llama simplemente a los descendientes varones.


A la postre, los magistrados de la Audiencia serian del mismo parecer que Boria, por lo que el demandante no obtuvo satisfaccion, lo que no significa que se rindiera (68).

Otro relevante litigio suscitado, esencialmente (69), en torno a la interpretacion del orden de suceder es el que trae su origen de la muerte sin descendencia, en 1699, de Isidro Tomas Folch de Cardona, Almirante de Aragon y marques de Guadalest, por la posesion del mayorazgo vacante fundado por Juan Folch de Cardona en 1479. Mientras el marques de Ariza, Juan Antonio de Palafox y Zuniga--en quien finalmente recayo la sucesion en virtud de las sentencias de vista y revista del Consejo de Castilla de 17 de agosto de 1709 y 14 de diciembre de 1712-, sostenia que este era mayorazgo regular, el fiscal regio, en atencion a lo que pudiera caber a la Real Hacienda en los bienes y derechos confiscados a Jose Folch de Cardona y Eril, conde de Cardona, y Juan Pardo de la Casta, marques de la Casta, partidarios ambos del archiduque Carlos (70), y Alonso Vicente de Solis Folch de Cardona, hijo de los marqueses de Castelnovo, defendian en cambio que el vinculo era agnaticio y, por ende, que Palafox debia ser privado del mismo,
   porque la fundacion era yrregular, por estar llamados en las
   clausulas varones de varones legitimos y de legitimo matrimonio y,
   hasta que no se extinguiesen, no tener llamamiento las hijas [el
   subrayado es mio], con que no podia atribuyrle derecho alguno el
   suponer ser nieto de dona Maria Phelipa de Cardona, pues, aunque lo
   hubiese justificado, no habia llegado el caso de su llamamiento ni
   de sus hijos (71).


He subrayado la vocacion de las hijas porque, como es obvio, la definicion de vinculo agnaticio que ofrece el procurador de los marqueses de Castelnovo no se ajusta a la de la doctrina, pues el principio primordial de los modelos agnaticios era la perpetua exclusion de las mujeres. Esto pone de relieve otro tipo de dificultades: las que podian derivarse de la propia confusion conceptual de los fundadores o de los pretendientes a la sucesion. Como ejemplo de lo primero valga el testamento de Gregorio Porcar y Coll, dado en Roma el 19 de diciembre de 1764, en el que creo un mayorazgo de agnacion rigurosa -asi lo califica el mismo- en favor de su hermano Tomas. Ante la contingencia de que este muriese sin hijos ni descendientes varones, Porcar llamo en segundo lugar a su otro hermano Ignacio y, por si fallara tambien la descendencia masculina de este, dispuso que la sucesion pasase a las hijas de Tomas y luego a los hijos de estas,
   assi varones como hembras, mientras los haya y las haya con
   capacidad de suceder, segun aquel ordenamiento, regulamiento y
   llamamiento de linea en linea, de varon en varon y de hembra en
   hembra practicado y establecido por las leyes mas admitidas de la
   Monarquia de Espana y, especialmente, de la ciudad y reyno de
   Valencia, en la herencia de los vinculos de primogenitura y
   mayorazgo perpetuo de rigurosa agnacion masculina y femenina (sic)
   (72).


Un batiburrillo similar, tal vez deliberado para mejor justificar los intereses de su parte, se halla en la apelacion interpuesta el 14 de marzo de 1722 ante la Audiencia por Francisco Alfonso, en representacion de Fernando Diez Giron de Rebolledo, para que se dictase tener este mejor derecho que la baronesa de Andilla a la sucesion en el vinculo fundado por Francisco Zarzuela el Antiguo, Justicia de Aragon, el 3 de septiembre de 1433. Segun dicho procurador, de la lectura de la clausula tercera de su testamento se desprendia que Zarzuela habia instituido un vinculo de agnacion rigurosa en cabeza de su hijo Francisco. Sin embargo -afirma-, en las dos siguientes ordeno que si el primer llamado carecia de descendientes varones,
   pasase a la hija legitima y de legitimo matrimonio procreada de
   este, fundando en su descendencia un vinculo de artificiosa
   agnacion; y en defecto de ella, quiso sucediera la hija
   segundogenita del dicho don Francisco y los descendientes de esta
   artificiosamente agnados.


Y en la clausula sexta,
   queriendo hazer transito a la artificiosa agnacion conservada en la
   descendencia de dona Francisca, hija del testador (casa tercera),
   previno el que este llamamiento tuviese lugar en caso de no
   encontrarse descendiente varon de los hijos e hijas de don
   Francisco, primer heredero, por cuya prevencion quedo llamada la
   simple masculinidad de los hijos e hijas del expresado don
   Francisco antes que la artificiosa agnacion conservada en la
   descendencia de la dicha dona Francisca, hija del testador.


Por si no fuera suficientemente enrevesada su interpretacion, remata Alfonso que en las clausulas septima y octava el fundador,
   en falta de esta artificiosa agnacion, quiso sucedieran las hijas
   de la dicha dona Francisca (casa tercera), por orden de
   primogenitura, y en su defecto sus hijos varones y los
   descendientes de ellos por recta linea masculina, con lo que formo
   una nueva artificiosa agnacion, aunque contra disposiciones del
   derecho [de nuevo es mio el subrayado] en la descendencia de las
   nietas, hijas de dona Francisca, su hija (73).


En realidad, basta leer con calma la farragosa disposicion para darse cuenta de que el orden sucesorio establecido por Zarzuela, lejos de ser el abanico de alternativas que refiere el letrado, se conformaba con la sucesion regular, considerando primero la linea, segundo el grado, tercero el sexo y cuarto la edad (74).

Hasta cierto punto, es posible que alguno de estos embrollos fuese resultado de la obsesion de no pocos fundadores por tener previstas toda suerte de contingencias en la transmision de sus mayorazgos. De ahi que a menudo se extendieran ad nauseam en los llamamientos de los herederos y sus descendientes --de uno o ambos sexos, en virtud de la modalidad de vinculo elegida--, bien para evitar problemas de interpretacion a sus ulteriores sucesores, bien para conjurar la amenaza de la interrupcion de todas las lineas sucesorias. Muestra de ello es el testamento de Joan de Villarrasa y Garcia, senor de Albalat de Segart y de los despoblados de Comediana y Montalt, de 29 de noviembre de 1624, en el que funda un mayorazgo en favor de su hijo, Vicent Villarrasa y Frigola, al cual siguen, en orden de vocacion, su segundo hijo, Josep; su hija mayor Francisca, nacida del primer matrimonio del testador con Graida Zanoguera; su hija Teodora, hermana de los dos primeros llamados; Vicenta Villarrasa, hermana del fundador y esposa de Bernat Carroz, senor de Cirat, Pandiel y Tormo; Joan Villarrasa Castellcens, primo hermano del testador; Isabel Villarrasa, esposa de Pedro Puigmarin y hermana del anterior; Francesc Jeroni Artes Villarrasa, primo hermano del causante; Beatriu Artes Villarrasa, hermana del anterior; y, por fin, Vicent Dica Artes, sobrino del vinculador (75).

Pero aunque llegasen al milesimo grado del que habla Luis de Molina en su tratado sobre primogenitura, la extincion de todos los miembros de una familia era una desdicha que nadie podia descartar. Tampoco lo hacia la doctrina, que, en esa situacion, reconocia al ultimo poseedor del mayorazgo la libertad de disponer de los bienes, ya vinculandolos de nuevo, ya distribuyendolos a su antojo (76). De entre las poco usuales estipulaciones de esta clase que he podido espigar en los procesos consultados destaca la de Miguel Zanoguera, senor de Alcasser, que, en su testamento de 1619, publicado diez anos despues a peticion del marques de Benavites, determino que faltando toda la descendencia de su familia, tanto legitima como espuria, los bienes del vinculo, incluida la baronia, regresaran a las casas de las que respectivamente procedian, dando origen a nuevos mayorazgos o agregandose a los ya existentes:
   ... en dit cas y no en altre, vull y es ma voluntat que los bens
   que me han pertanygut y pertanyen de la casa dels Canogueres
   succehixca y tornen a don Bernardino Canoguera, mestre racional de
   la Regia Cort, y a sos fills y descendents per via de mayorazgo
   regular, perpetuo y successiu; y los bens que.m pertanyguen de la
   casa dels Penarrojes tornen al pus propinch parent meu com a
   Penarroja que en dit cas sera viu y a sos descendents per via de
   mayorazgo regular, perpetuo y successiu; y los que.m pertanyen com
   a hereu de dona Angela Bellvis, mare y senyora mia, tornen a la
   casa y mayorazgo del dit don Pedro Exarch de Bellvis, marques de
   Benavites, oncle meu, de ahon ixqueren; y los que.m pertanyen per
   lo que ha entrat en ma casa per la dot de la dita donya Margarita
   Bellvis, muller mia, tornen a la casa y mayorazgo de Belgida de
   ahon ixqueren; y los que.m pertanyen com a Pujades, tornen a la
   casa del conte de Anna, com a Pujades y sos descendents, per via de
   mayorazgo regular, perpetuo e successiu; declarant que lo que
   entench y vull se haja de restituhir en dit cas a dites cases
   respective sia allo tan solament que en dit cas estara y es trobara
   y no lo que estara ya consumit (77).


La admision, bien que justificada como ultima solucion sucesoria, de hijos y descendientes ilegitimos por parte de Miguel Zanoguera --excepcional mas por tratarse de un mayorazgo regular que por el hecho de ser considerada una opcion valida, pues, como hemos visto, no era infrecuente entre los de agnacion--, no desmiente, en cualquier caso, la norma general de que los vinculadores exigieran a los siguientes poseedores ser nacidos y procreados de legitimo matrimonio. Asi, Lluis Vich, senor de Llauri, no solo prohibe en su testamento de 24 de diciembre de 1584 la sucesion de cualquier bastardo en el mayorazgo instituido, sino tambien que pueda ser legitimado por las Cortes ni por otras disposiciones de justicia (78). Al defecto de la falta de legitimidad se agarrarian un siglo mas tarde Gaspar Martinez de Mesa y Jose Fernandez de Mesa para poner en duda el derecho de Alfonsa Martinez de Vera a ser elegida por la condesa de Cirat sucesora en los vinculos fundados por Juan Fernandez de la Mesa y su esposa, Leonor Martinez de Mesa, en sus testamentos de 24 de diciembre de 1602 y 6 de abril de 1606. El interes de la causa (que concluyo con sendas sentencias de la Audiencia de Valencia, el 3 de diciembre de 1714, y del Consejo de Castilla, el 26 de marzo de 1715, confirmando la validez de la eleccion hecha por la condesa) yace en el argumento con que se pretendia impugnar la sucesion de Alfonsa: su presunta raiz infecta, pues, segun los demandantes, el padre de esta, Juan Martinez de Vera, no era hijo legitimo ni habia sido legitimado, de manera que,
   aunque la contraria fuese deszendiente de los fundadores, no lo es
   con la calidad de lexitimo natural, nazido y procreado de lexitimo
   matrimonio, y, faltandole esta, no solo no tiene llamamiento para
   poder suzeder, sino que se halla con exclusion formal hasta que se
   extingan todos los parientes lexitimos y de lexitimo matrimonio
   nazidos y procreados. Y porque, sin embargo que respecto de su
   padre sea lexitima, deszendiendo esta de quien es ilegitimo le
   obsta el defecto del dicho su padre, como prozedente de raiz
   infecta, para considerarse legitima y de lexitimo matrimonio en el
   parentesco para con los fundadores (79).


Este mismo reparo opuso, con mejor fortuna, el conde de Real, Ximen Perez Zapata de Calatayud, a la pretension de Antonio Ladron de Vilanova y --muerto este-- de su hijo Jose de suceder en los estados de Chelva y Sinarcas, comprendidos en el vinculo agnaticio instituido por Pedro Ladron de Vilanova en 1412, cuya posesion le habia sido confirmada por el Consejo de Castilla el 19 de diciembre de 1719. Basaba su demanda don Antonio en el hecho de ser el unico de los muchos aspirantes a la sucesion en dicho mayorazgo que podia demostrar fehacientemente ser descendiente agnado del primer llamado por el fundador, su hijo Ramon, a traves de la linea de Jaime Pallas el mayor (80). A ello respondio la parte del conde que era publica voz y fama la raiz infecta de dicha descendencia, por cuanto Jaime Pallas el menor era hijo espurio:
   en todos tiempos se ha mantenido en esta ciudad que don Jayme
   Pallas estuvo amancebado con Isabel Bonet y que la robo de poder de
   su marido, Domingo Matheu [herrero de Valencia], y que viviendo aun
   este huvieron por hijo a don Jayme Pallas.


Las pruebas eran tan antiguas como contundentes. El 7 de abril de 1577 el testigo Miguel Adrian habia declarado ante la justicia
   que mas de cinquenta anos antes ... vio que dona Isabel Bonet y don
   Jayme Pallas cohabitavan como marido y muger en casa de Mingo
   Minguet y que tenia en aquel tiempo a don Jayme y a dos hijas mas,
   a los quales tratava como a hijos don Jayme, y que entonces Isabel
   Bonet estava apartada de su marido.


Y el 12 de abril de 1578 Pedro Alcoser habia afirmado que,
   guardando el testigo ganado en compania de un tio suyo, llego don
   Jayme a ver los cabrones, y estando alli platicando con ellos le
   dixo dicho su tio que ya era tiempo de salir de pecado porque los
   tomaria la muerte, y dixo don Jayme por su boca: cul de Deu, ?como
   quereis que salga de pecado, que me ha dado esta muger sessos de
   asno porque tengo hijos en ella y le tengo prometido que, muerto
   que sea el herrero, casar[e] con ella por no venir a menos de mi
   palabra, que soy cavallero.


Asi pues, evidenciada la ilegitimidad de Jaime Pallas el menor, quedaba incapacitada para suceder en los estados de Chelva y Sinarcas toda su descendencia, incluidos don Antonio y su hijo, razon por la cual la Audiencia absolvio de la demanda al conde de Real el 28 de junio de 1730 (81).

Ademas del requisito de legitimidad --y de la obligacion de llevar el nombre y armas del fundador, de la que ya se han aportado testimonios--, entre las condiciones que los causantes exigian reunir y cumplir a sus sucesores figuraban, por lo comun, la de estar cuerdos y sanos antes de entrar en posesion del mayorazgo, la no comision de delitos sancionados con la confiscacion de bienes y la prohibicion de ser religiosos (82). De las dos primeras no escasean las pruebas. En su testamento de 1611 Jaume Sanz de Cutanda vedo que su vinculo viniera a parar en
   orat, ni mentecapto, ni mut --los fueros negaban a los sordomudos
   el derecho a testar--, y si li sobrevindran dites malalties o
   qualsevol de elles apres de nar, ans que succehixca en dits bens,
   en tal cas ... essent les malalties perpetues, no succehixca ni
   puixa succehir en dits bens, empero si apres de aver succehit li
   sobrevindran algunes de dites enfermetats, no vull que per elles
   puixa esser excluhit de dita successio y possessio, ni menys pasen
   dits bens per vincle en lo altre substituhit, sino apres de sa vida
   ... (83).


Un caso que ilustra bien los temores de Sanz de Cutanda es el de Carlos Forner Sanz de la Llosa, que, habiendo sucedido en un mayorazgo de segundogenitura, fue puesto bajo tutela familiar en julio de 1723 por padecer
   una desgraciada enfermedad y especie de delirio que le tenia
   perturbada la razon y con total deformidad y, en consecuencia,
   todas las acciones, de forma que casi todas las ejecutaba con
   desproporcion, siendo tan excesiva la destemplanza de los humores
   ... que era un continuo error lo que imaginaba y hablaba, siendo
   preciso para contenerle y evitar el que se precipitase tenerle
   continuamente guardas de vista (84).


Una situacion parecida vino a complicar la contienda por la baronia de Alcasser que enfrento durante anos al marques de Benavites, Jose Vicente Bellvis de Moncada, a quien habia nombrado heredero la ultima poseedora, Mariana Zanoguera y Fenollet, fallecida sin hijos (85), con Carlos Luis Juan de Torres, conde de Penalva, a cuya sucesion se opuso el primero aduciendo que este era incapaz de administrarse <<por adolecer del accidente de delirio melancolico>>. A ello replico el procurador del conde que el <<delirio nostalgico>> que sufria su parte era temporal y no permanente, por lo que no podia ser excluido del mayorazgo, (aunque lo cierto es que don Carlos jamas se recupero de su enfermedad) (86).

Por lo que atane a la comision de delitos castigados con la confiscacion (lesa majestad, herejia, sodomia, falsificacion de moneda, rapto), fue relativamente frecuente, tanto en la epoca foral como durante el siglo XVIII, que los fundadores recurriesen a la ficcion de revocar el llamamiento del autor del crimen momentos antes de que lo perpetrara (87). En realidad, mas que la confiscacion de los bienes del mayorazgo, que la ley no contemplaba, la clausula de desheredacion inserta a modo de escudo tenia por objeto evitar que el risco regio usufructuara las rentas del mismo durante la vida del delincuente (88). Otra cosa es que este mecanismo de proteccion surtiera siempre el efecto deseado, como revelan las incautaciones hechas por el gobierno del archiduque Carlos durante la guerra de Sucesion y por la monarquia de Felipe V al termino de la misma. (Al ejemplo del conde de Cardona y del marques de la Casta pueden sumarse, entre otros, los del marques de Boil y el conde de Casal, refugiados en Viena) (89).

Mas habitual que la exclusion de orates y la desheredacion preventiva de delincuentes fue, entre los vinculadores valencianos, la prohibicion de que los religiosos pudieran suceder en sus mayorazgos. Las razones son claras. Al peligro que para la perpetuacion del vinculo y de la propia familia representaba, por su condicion de celibe, la sucesion de un clerigo, cabe anadir la inquietud que a los fundadores les producia que las instituciones religiosas a las que pertenecian los eclesiasticos pudieran heredar sus mayorazgos (90). Pese a ello, no faltan las excepciones. Una verdaderamente admirable es la del ya citado vinculo de femineidad instituido por Luisa de Castellvi en 1663, en el que sucedieron tres monjas consecutivamente. En efecto, como la primera llamada, su nieta Angela Vergada y Corella, murio sin hijos por haber tomado estado de religiosa en el convento de San Julian de Valencia, el vinculo paso a Maria Antonia Vergada, sobrina de esta, que dias antes de ingresar en el convento de San Cristobal renuncio al usufructo en favor de su hermano Pascual. La sucesion continuo luego en la hija de este, Mariana Vicenta Vergada, tambien religiosa --del convento de la Zaydia--, que, al igual que su predecesora, hizo dejacion del usufructo en beneficio de su padre, hasta que en octubre de 1756 la Audiencia dictamino que la posesion correspondia a Juana Aracil y Vergada, la hija menor de Teresa Vergada, hermana de Maria Antonia (recuerdese el peculiar orden sucesorio establecido por la fundadora, que daba siempre preferencia a la hija de menor edad) (91).

Guarda relacion con este punto la polemica cuestion de los derechos sucesorios de los caballeros de la orden de San Juan de Jerusalen, a los que la doctrina considero verdaderos religiosos porque emitian los tres votos de castidad, pobreza y obediencia, el primero de los cuales les impedia contraer matrimonio y, por ende, tener hijos legitimos. Como ademas habia dudas acerca de los derechos de la orden de Malta sobre los patrimonios de sus miembros, algunos autores sostenian que las disposiciones que prohibian la sucesion de religiosos sin mayores especificaciones afectaban tambien, implicitamente, a los caballeros hierosolimitanos. ?Que ocurrio en la practica? Para probar que la pertenencia a la orden no resultaba decisiva a la hora de excluir de la sucesion a los regulares malteses, Marzal trae a colacion el caso de Pedro de Avalos, Gran Castellan de Amposta, que sucedio en el mayorazgo creado en 1448 por Pedro Maza, el Barbudo, en el cual se incluian las baronias de Mogente, Novelda y Castillo de la Mola (92). Sin embargo, hay ejemplos en contrario. Asi, en el pleito por la posesion del vinculo erigido el 14 de junio de 1600 por Gaspar de Monpalau, senor de Gestalgar, vacante tras la muerte sin descendencia del conde de Alcudia en enero de 1738, entre Joaquin de Castellvi, conde de Carlet, y Antonio Escriva de Ixar, Gran Conservador de San Juan de Jerusalen, la condicion de religioso profeso de este ultimo fue determinante para que primero el Alcalde Mayor de Valencia, el 21 de abril de 1739, y mas tarde la Real Audiencia, el 17 de octubre de 1742, decretaran su exclusion de la sucesion. Y ello a pesar de que la clausula motivo de disputa tan solo decia
   que lo tal [successor] no sia ecclesiastich ni religios, de manera
   que no pogues contractar de matrimoni y sperar tenir descendencia
   ilegitima de aquell, per quant als tals no entench nomenar ni
   cridar a dita successio, ans los prive de aquella (93).


Otra obligacion impuesta --aunque mas raramente que las anteriores-- por los vinculadores a sus sucesores fue la de realizar inventario de las propiedades recayentes en el mayorazgo. El motivo de su escasa frecuencia estriba en que los propios fueros ya regulaban de forma expresa esta exigencia para los poseedores de los bienes sujetos a gravamen de restitucion (94). Una muestra de los inconvenientes que podian seguirse de no hacerlo asi la proporciona la muerte de Francisco Zarzuela el Segundo sin haber dictado testamento ni ejecutado inventario de los bienes incluidos en el vinculo fundado por su padre. Como no habia manera de discernir que propiedades de la herencia eran libres y cuales pertenecian al mayorazgo, sus ocho hijos hubieron de acatar la sentencia arbitral de su tio Berenguer Mercader, de 17 de abril de 1449, en virtud de la cual todos los bienes paternos pasaron a Francisco Zarzuela el Tercero, con la condicion de que este hubiese de cargarse un censo de 136.000 sueldos con pension anual de 8.000 a favor de sus hermanos (95).

Claro que, siendo un refuerzo conveniente, la realizacion de inventario no bastaba por si sola para garantizar la integridad del mayorazgo, sobre todo cuando era el propio titular quien ilicitamente hacia pasar por libres bienes vinculados. Un caso que pone de manifiesto este anomalo proceder es el de Pascual Escriva de Romani, baron de Beniparrell, Alboy y Argelita, fallecido sin hijos en febrero de 1751. Semanas mas tarde, el sucesor en los vinculos de la casa, su hermano Juan, descubrio que aquel habia segregado una decena de fincas rusticas so pretexto de que eran mejoras reintegrables. Cabe advertir al respecto que, al contrario de la normativa foral, que reconocia al titular el derecho a detraer las mejoras efectuadas siempre que se tratasen de gastos necesarios y utiles y se acudiera a la justicia para obtener licencia, la ley 46 de Toro establecia que las mejoras habian de quedar incorporadas al mayorazgo, sin que su poseedor pudiera reclamar las que hubiera realizado (96). Amparandose en esta sustancial diferencia de criterio, don Juan protesto que no debia admitirse la detraccion de las mejoras, ya que <<haviendose hecho en bienes del mayorazgo, por el mismo hecho quedaron agregadas a este por beneficio de la ley del reyno>>. Asimismo, adujo que la herencia estaba iliquida, esto es, pendiente de ajuste, y que, lejos de haber mejoras, se demostraria que eran muchas y crecidas las peoras. A la inversa, la baronesa viuda, Maria Jose Catala y Ferrer, heredera universal de los bienes libres de don Pascual, defendia el derecho de su marido a sacar los inmuebles de los vinculos argumentando que:
   ... no son incompatibles en una misma persona dos distintas
   representaciones de poseedor de bienes de mayorazgo y, como a tal,
   de profesarse dueno directo y de ser dueno util y de bienes libres,
   como ni tampoco lo son el que una misma persona sea heredero deudor
   y acreedor contra la misma herencia, como frecuentemente sucede,
   especialmente en los herederos que aceptan con beneficio de
   inventario, preservandose en virtud de el los derechos que tengan
   contra la herencia; y asi, tampoco la hay para que don Pascual,
   titulandose baron, pudiese infeudar a favor de si y sus herederos
   bienes con calidad de libres y por puro dominio util cuando estos
   traian causa y derivacion del dominio mayor y directo, ni para que
   no pudiese, por los titulos de compras, adquirir y mantener para si
   y sus herederos el dominio util separado del directo, porque en
   ninguno de dichos casos se perjudica al dominio mayor y directo, y
   menos se causa especie de enajenacion perjudicial al vinculo (97).


Como alega el procurador de la baronesa, la doctrina aceptaba que el sucesor en el mayorazgo representaba simultaneamente dos personas, pero tambien que no por ello podian confundirse sus distintos intereses. Los fueros reconocian esta dualidad, que en ocasiones dio lugar a la paradojica situacion, arriba descrita, de que el poseedor de un vinculo se demandase a si mismo para cobrar las deudas que contra este decia tener (98). Es evidente que la Nueva Planta borbonica no acabo con este tipo de conflictos. En el baron de Beniparrell peso mas el deseo de favorecer a su esposa que la obligacion de preservar la inalienabilidad de los vinculos familiares. Para ello se valio del ardid de unas supuestas mejoras y de la facultad de cederse a si mismo, como dueno directo de todo el termino, el dominio util de algunas parcelas sitas en sus senorios de Beniparrell y Alboy. Sin embargo, la Audiencia acabo resolviendo que solo dos de las diez fincas que Juan Escriva de Romani decia ser recayentes en los vinculos habian sido adquiridas legitimamente por su difunto hermano, obligando a la viuda a devolver las restantes (99).

Para evitar tales enganos y conductas fraudulentas, que vulneraban la propia razon de ser del mayorazgo: guardar perpetuamente el patrimonio, memoria y lustre de la familia, algunos causantes, no contentos con la formula general con que se prohibia cualquier acto que mermase la capacidad economica del vinculo y acarreara detraccion de algun bien (<<que los tals bens no es puguen vendre, transportar, hypotecar, ni alienar in perpetuum>>) o derecho hereditario que al sucesor pudiera corresponder (<<sens disminucio de legitima, falcidia, trebelianica, ni de altre qualsevol dret ...>>), optaron por reforzar la integridad del mayorazgo mediante clausulas suplementarias. Un ejemplo llamativo es el del baron de Finestrat en 1684, que no solo rechaza la posibilidad de subrogar bienes por otros mas rentables: <<encara que sia y conte de ser mes profitos y util dita venda, encara que sia lo benefici duplicat y triplicadament>>, sino que, como si se tratara de un delincuente, prescribe ademas la desheredacion inmediata del sucesor que inste decreto de enajenacion ante cualquier juez o tribunal, quedando desde luego <<desheredat y que dit vincle passe al immediat successor>> (100).

La otra cara de la moneda era la perpetuidad de las cargas sobre el mayorazgo. Ya se ha dicho que la dote gozo en el regimen foral de especial proteccion, de modo que los beneficiarios de los derechos dotales podian exigir su cumplimiento incluso aunque el vinculador hubiese prohibido la alienacion por este motivo. Sabemos tambien que la viuda disfrutaba del derecho de tenuta o usufructo del patrimonio del marido en caso de que no se le hubiese restituido integramente la dote y el creix transcurrido un ano de la muerte de este, derecho que se aplicaba a la propiedad vinculada cuando los bienes libres no bastaban. Puedo aportar ahora un nuevo ejemplo de esto ultimo (y no de poca monta), que, a mayor abundamiento, demuestra que la tenuta foral se mantuvo en vigor hasta bien entrado el siglo XVIII. Me refiero a la demanda presentada en enero de 1726 por Maria Gracia Boxadors y Pinos, viuda de Juan Pardo de la Casta y Palafox, marques de la Casta, residente en Viena. Con arreglo a las capitulaciones firmadas el 31 de mayo de 1698, esta llevo al matrimonio una dote de 40.000 libras barcelonesas (20.000 en efectivo, 10.000 en joyas y otras 10.000 en un censo). No duro mucho la union, pues su esposo murio en 1713. A su perdida hubo de anadir dona Maria Gracia el infortunio de que sus bienes en Valencia fueran confiscados a causa de su filiacion austracista --no en vano el archiduque Carlos le concedio la grandeza en premio por su fidelidad--, lo que impidio que pudiera reclamar la restitucion de los creditos dotales hasta que se alzo el embargo en noviembre de 1725. Apoyaba la demanda la marquesa viuda en que el matrimonio se habia contraido y la dote constituido antes de la Nueva Planta,
   segun fueros que habia en este Reyno y Constituciones de Cataluna
   que disponen que, pasado el ano del duelo despues de la muerte del
   marido sin haber pagado y restituido el dote y aumento, tenga la
   muger por derecho de tenuta la posesion de todos los bienes, asi
   libres como de vinculo y mayorazgo, que al tiempo de la muerte
   posehia el marido, con la facultad de haver los frutos suios sin
   obligacion de imputarles en la suerte principal hasta que se le
   haga entero y complido pago del dote y aumento (101).


En consecuencia, se le debia dar el usufructo del mayorazgo de Alaquas, en el que, por fallecer sin hijos, habia sucedido la hermana de su marido, Maria Teresa Pardo de la Casta, condesa de Priego, y, por muerte de esta en 1724, su nieta Maria Belen Fernandez de Cordoba y Lante, menor de edad bajo tutela de su padre, el duque de Santo Gemini. Este replico que los bienes vinculados no podian enajenarse, ni transportarse, ni quedar obligados pro dote restituenda mientras no se acreditase ser insuficientes los libres, y que la demandante habia faltado a la obligacion de hacer inventario de los bienes de su marido en los dos meses siguientes al obito de este, <<conforme a Constituciones de Cataluna>>, incurriendo asi en <<la pena que prescrive la constitucion municipal de dicho Principado, que es dejar privadas a las viudas de las tenutas>> (102). Finalmente, la Audiencia resolvio que la marquesa viuda de la Casta debia ser puesta en posesion del mayorazgo fundado por Jaime Garcia de Aguilar en 1538, que comprendia la baronia de Alaquas (103), hasta estar enteramente pagada de su dote y aumento, asi como de las mil libras del ano de luto y los gastos del funeral de su difunto esposo, mediante sentencias de vista y revista de 10 de marzo y 1 de octubre de 1736 (104).

Ademas de proteger los derechos dotales, la doctrina foral reconocia igualmente el de alimentos de los descendientes del vinculador, con independencia de que hubiesen nacido o no a la muerte de este, apartandose asi de la tradicion romana, que establecia que los beneficiarios del fideicomiso debian vivir al acaecer el obito del causante. Era logico: si las sustituciones fideicomisarias no tenian limites temporales, tampoco sus beneficiarios. El problema se planteaba, no obstante, al cabo de varias generaciones, por cuanto el deber de alimentar a un creciente grupo de parientes acarreaba una carga excesiva para las rentas del mayorazgo. Esta es la razon por la que la jurisprudencia acabo restringiendo la prestacion de alimentos a los hijos o nietos del poseedor, asi como a sus colaterales en primer y segundo grados (descontadas las hijas o nietas y las hermanas, de cuyas dotes debia responder el vinculo) (105). Los pleitos a que dio lugar la obligacion de alimentar a familiares fueron numerosisimos y han sido utilizados por los historiadores para extraer informacion de primera mano sobre el estado de las finanzas nobiliarias y la composicion de los patrimonios vinculados (106). Pero al margen de estas normas generales, hubo tambien fundadores que estipularon consignaciones especificas sobre las rentas del vinculo a favor de parientes determinados. Un caso bien ilustrativo es el de Tomas Baillo de Llanos, vecino de Elche y familiar de la Inquisicion, que al hacer agregacion de una casa al vinculo paterno en su codicilo de 4 de diciembre de 1639, ordeno que:
   sempre e quant perpetuament en qualsevols temps haura algun parent
   meu que sia en qualsevol grau, com sia de llegitim matrimoni y del
   nom, apellido y armes dels Llanos y el tal no tindra hazienda en
   propietat de mil lliures, en tal cas y tantes quantes vegades asso
   succehira, ordene e mane que lo possehidor y detenedor que en lo
   tal temps sera del dit vincle y mayorazgo sia tengut e obligat a
   donar cada un any a lo tal parent cent lliures de moneda per a sos
   aliments durant sa vida del tal parent, y si uno morra y en apres
   ne vendra a haver altre, tinga la propia obligacio lo mayorazgo, de
   tal manera que sempre que haja parent com es dit, que sa hazienda
   no aplegue en propietat a mil lliures, lo dit mayorazgo [h]aja de
   donar y done la dita cantitat de aliments en cada un any, y per so
   puixa ser executat y demanat per justicia lo dit posehidor de dit
   mayorazgo tantes quantes vegades [h]o deixara de fer y cumplira,
   com esta sia la mia y precissa voluntat (107).


En virtud de dicha clausula, Ana Baillo de Llanos solicito en enero de 1726 que, no alcanzando su patrimonio el valor limitativo de mil libras, se le hiciera efectiva la pension de 100 libras anuales por parte del sucesor en el mayorazgo, Juan Baillo de Llanos, reclamacion que este impugno con el argumento de que don Tomas solo habia querido beneficiar a los parientes varones y no a las mujeres, como se deducia de las palabras expresas <<haura algun parent, el tal no tindra, durant la vida del tal>>, y de la obligacion de llevar el nombre y armas de los Llanos, lo que, como ha quedado dicho, abria un inagotable frente de discordia interpretativa acerca de si implicaba o no que las mujeres quedaban excluidas de la prestacion (108).

Para concluir, resulta tanto o mas esclarecedor de los problemas derivados de la perpetuidad de la carga el proceso iniciado por Francisco Montserrat y Perellos, vecino de Barcelona, contra el marques de Dos Aguas el 16 de febrero de 1775. La demanda tenia su raiz en la concordia suscrita el 8 de febrero de 1599 entre Giner Rabasa de Perellos, olim Ramon de Perellos mayor, senor de Dos Aguas, y Ramon de Perellos y Aragon, natural de Tarrega y a la sazon con domicilio en Valencia, conforme a la cual el primero se obligo a pagar al segundo de por vida, y luego a sus descendientes, 30.000 sueldos cada ano, a cambio de que este se apartara del pleito sobre ciertos vinculos que aquel poseia. En cumplimiento de lo acordado, Giner Rabasa de Perellos cargo un censo por importe de 22.500 libras (que tiempo despues seria subrogado por otros bienes) sobre los mayorazgos de su casa, cuyas pensiones percibieron tras la muerte del primer beneficiario su hijo Francisco Perellos y Rosell hasta su fallecimiento en 1632; Antonio, hijo del anterior, hasta 1654; Pascual, hijo de Antonio, hasta 1705; Manuel, hermano del anterior, hasta su muerte sin descendencia en 1716; Antonia, hija primogenita de Pascual, hasta 1720; y, por ultimo, Maria Jose Zarandona y Perellos, hija de Antonia y de Jeronimo Zarandona, regidor perpetuo de Murcia, casada con el capitan Francisco Maria Sandoval y Espejo, por cuya muerte sin hijos el 15 de diciembre de 1774 heredo el derecho a la renta contra los mayorazgos de la casa de Dos Aguas el solicitante (109).

Pretendio objetar entonces el marques que en el capitulo decimo de la concordia de 1599 se estipulaba que, faltando la descendencia legitima de Ramon de Perellos y del siguiente llamado, su hermano Juan, habia de quedar cancelada y sin efecto la escritura de imposicion de censo y, en consecuencia, dueno del mismo quien sucediese a Giner Rabasa de Perellos; y que la propia Josefa Zarandona, que gozaba de las rentas de los bienes subrogados en lugar del censo original, habia reconocido al marques actual por inmediato heredero, <<como confesando que con aquella finalizaba la responsabilidad que contrajo don Giner>>. Y para que fuera mejor comprendida la negativa de quien por entonces era el noble valenciano con mayores ingresos y patrimonios, su procurador, Vicente Palos, apostillo que
   no se le puede culpar a mi principal haga su defensa y oposicion,
   porque tambien a este le obliga el encontrarse poseedor del vinculo
   de la casa y estado de Perellos y ha de procurar aliviarle y no
   gravarle (110).


De poco sirvio su alegato, pues la Audiencia fallo el 13 de septiembre de 1776 que Francisco Monserrat habia probado ser sucesor de Ramon de Perellos, decretando que se le diera posesion del vinculo (111).

Jorge Antonio CATALA SANZ

Universitat de Valencia

Correo-e: Jorge.Catala@uv.es

(1.) Dedique un capitulo de la misma a este asunto. Leida en 1991, la tesis no se publico hasta 1995, con el titulo original de Rentas y patrimonios de la nobleza valenciana en el siglo XVIII. Desde entonces solo incidentalmente he vuelto a tratar el tema, al reflexionar sobre las consecuencias de la Nueva Planta para la nobleza autoctona. La ocasion mas reciente en <<Algunas consideraciones en torno a la posicion de la nobleza valenciana en el siglo XVIII>>, en FRANCH BENAVENT, R. (ed.): La sociedad valenciana tras la abolicion de los fueros. Valencia, 2009, pp. 263-282.

(2.) CLAVERO, B.: Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla (1369-1836). Madrid, 1974.

(3.) MARZAL RODRIGUEZ, P.: El derecho de sucesiones en la Valencia foral y su transito a la Nueva Planta. Valencia, 1998, p. 13.

(4.) PESET, M. y GRAULLERA, V.: <<Nobleza y senorios durante el siglo XVIII valenciano>>, Estudios de Historia Social, 12-13, 1980, pp. 245-281; BRINES BLASCO, J. y PEREZ APARICIO, C.: <<La vinculacio al Pais Valencia: origen, transmissio i dissolucio deis vincles d'En Guillem Ramon Anglesola>>, en Homenatge ai Doctor Sebastia Garcia Martinez. Valencia, 1988, vol. II, pp. 229-252. Con el cambio de decada el interes por este asunto se incremento de forma sustancial. Ademis de los trabajos de Pascual Marzal, se publicaron los de BENITEZ SANCHEZ-BLANCO, R." <<Familia y transmision de la propiedad en el Pais Valenciano (siglos XVI-XVII). Ponderacion global y marco juridico>>, en CHACON JIMENEZ, E y HERNANDEZ FRANCO, J. (eds.): Poder, familia y consanguinidad en la Espana del Antiguo Regimen. Barcelona, 1992, pp. 35-70; GIMENO SANFELIU, M. J.: Patrimonio, parentesco y poder. (Castello, siglos XVI-XIX). Castellon, 1998; y Llinatge i poder. Castello (XVI-XIX): Eis barons de la Pobla, la Serra, Borriol, Benicassim i Montornes en l'Antic Regim. Valencia, 2003; BRINES BLASCO, J.; FELIPO ORTS, A.; GIMENO SANFELIU, M. J. y PEREZ APARICIO, C.: Formacion y disolucion de los grandes patrimonios castellonenses en el Antiguo Regimen. Castellon, 1997; y LLORET Y GOMEZ DE BARREDA, P." <<Contribucion ai estudio de la institucion del vinculo. Don Antonio Vilaragut y la vinculacion de los estados de Olocau>>, Saitabi, 50, 2000, pp. 69-92; y Ser noble en la Valencia dei segle XVII. El llinatge dels Vilaragut. Valencia, 2005. Acerca del aumento de la atencion prestada por la historiografia espanola a los sistemas de sucesion y herencia a partir de los anos 90, vease GARCIA GONZALEZ, F.: <<La historia de la familia en el mundo rural. La contribucion del Seminario Familia y Elite de Poder y de la Asociacion de Demografia Historica>>, en CHACON JIMENEZ, F. y HERNANDEZ FRANCO, J. (eds.): Espacios sociales, universos familiares. La familia en la historiografia espanola. Murcia, 2007, pp. 107-135 y en especial 118-121; asi como la sintesis de MOLINA RECIO, R.: <<La historiografia espanola en torno a las elites y la historia de la familia. Balance y perspectivas de futuro>>, en SORIA MESA, E. y MOLINA RECIO, R. (eds.): Las elites en la epoca moderna: la monarquia espanola. Tomo II: Familia y redes sociales. Cordoba, 2009, pp. 9-38, y sobre todo 13-29.

(5.) BRINES BLASCO, J. y PEREZ APARICIO, C.: op. cit, p. 238.

(6.) MARZAL RODRIGUEZ, P." <<Una vision juridica de los mayorazgos valencianos entre la epoca foral y la Nueva Planta>>, Anuario de Historia del Derecho Espanol, LXVI, 1996, pp. 229-230.

(7.) CLAVERO, B.: op. cit., pp. 278-279.

(8.) PESET, M.: Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra. Madrid, 1982, p. 24; LALINDE ABADIA, J." <<Algunas precisiones conceptuales sobre la legitima aragonesa>>, Anuario de Historia del Derecho Espanol, LV, 1985, pp. 333-387; CLAVERO, B.: op. cit., pp. 282-283.

(9.) Fori Regni Valentiae, J. B. PASTOR (ed.). Valencia, 1547-1548, 6.6.7, f. 155.

(10.) MARZAL RODRIGUEZ, P.: <<Una vision juridica ...>> , p 257.

(11.) CATALA SANZ, J. A.: Rentas y patrimonios ..., pp. 102-103.

(12.) Ibidem, pp. 108-109.

(13.) MARZAL RODRIGUEZ, P.: <<Una vision juridica ...>> , p. 348; PESET, M. y GRAULLERA, V.: op. cit., p. 267.

(14.) MARZAL RODRIGUEZ, P.: <<Una vision juridica ...>>, pp. 306-312 y 348; BAIXAULI JUAN, I. A.: Casar-se a l'Antic Regim. Dona i familia a la Valencia del segle XVII. Valencia, 2003, pp. 25-28.

(15.) CATALA SANZ, J. A.: <<El coste economico de la politica matrimonial de la nobleza valenciana en la epoca moderna>>, Estudis, 19, 1993, pp. 165-189.

(16.) MARZAL RODRIGUEZ, P.: <<Una vision juridica ...>>, pp. 303-323.

(17.) CATALA SANZ, J. A.: Rentas y patrimonios ..., pp. 112-113.

(18.) Por ejemplo, en la sentencia publicada por la Real Audiencia de Valencia, con voto del Consejo de Aragon, el 29 de julio de 1679, sobre la interpretacion del orden de suceder dispuesto en las ultimas voluntades de Sebastian Camacho, secretario de la Inquisicion, el 21 de marzo de 1585, y su viuda, Angela Marti, el 24 de septiembre de 1611, se declara que, <<atendiendo a que los referidos Sebastian Camacho y Angela Marti fundaron un fideicomiso perpetuo y succesible en favor de los parientes de dicho Sebastian Camacho y sus descendientes a manera de mayorazgo regular [el subrayado es mio]>>. ARV. Escribanias de Camara, 1716, exp. 123.

(19.) BRINES BLASCO, J. y PEREZ APARICIO, C.: op. cit., p. 232.

(20.) MARZAL RODRIGUEZ, P." <<Una vision juridica...>>, pp. 236-238.

(21.) ARV. Escribanias de Camara, 1760, exp. 97.

(22.) Citado por MARZAL RODRIGUEZ, P: <<Una vision juridica ...>>, p. 233.

(23.) <<Y en cas de faltar la desendensia Ilegitima en natural del dit don Alonzo Sans, donatari, lo que a Deu no placia, tots los bens de la dita e present donasio, sens detraccio alguna de Ilegitima, falsidia, quarta trebelianica, ni altre qualsevol dret, hajen de tornar y tornen tots los bens de la dita e present donacio a la dita dona Anna Maria Bayarri y de Sans, donadora, si en dit cas viva sera ...>>. ARV. Escribanias de Camara, 1760, exp. 97.

(24.) MARZAL RODRIGUEZ, P.: <<Una vision juridica ...>>, p. 240.

(25.) ARV. Escribanias de Camara, 1726, exp. 297, 20r.-32r.

(26.) ARV. Escribanias de Camara, 1724, exp. 53.

(27.) ARV. Escribanias de Camara, 1726, exp. 297, 170r.-171r.

(28.) Para un analisis de la relacion entre parentesco y mayorazgo y de la importancia de esta figura juridica en las estrategias de reproduccion social de las familias nobiliarias me remito a HERNANDEZ FRANCO, J. y MOLINA PUCHE, S.: <<Mantenerse arriba. Las familias dominantes en la Castilla moderna>>, en CHACON JIMENEZ, F. y HERNANDEZ FRANCO, J. (eds.): Espacios sociales, universos familiares..., pp. 219-244.

(29.) ARV. Escribanias de Camara, 1734, exp. 97, 348v.-385r.

(30.) MARZAL RODRIGUEZ, P.: <<Una vision juridica ... >> , p. 248. No concuerda su interpretacion de esta modalidad de mayorazgo con la que hace Clavero, aunque ambos toman como autoridad el Tractatus de incompatibilitate de Rojas y Almansa. Cfr. CLAVERO, B.: op. cit., p. 216.

(31.) TERRATEIG, B. de: <<Sobre testamentos valencianos en la epoca foral>>, Anales del Centro de Cultura Valenciana, t. 16, no. 20, 1948, p. 90.

(32.) ARV. Escribanias de Camara, 1726, exp. 15, 52r.-56v.

(33.) ARV. Real Justicia, volumen 801, 405-425.

(34.) Valgan como ejemplo las siguientes piezas, relativas todas a dilatados y en su tiempo celebres pleitos sobre mayorazgos: Informacion en hecho y derecho de don Luis Coronel Luna, olim don Pedro Luis Ladron, en el articulo de nullidades dichas por don Francisco Ladron, marques de Terranova (Valencia, 1609); Alegacion juridica por don Pedro Maza de Lizana, olim don Carlos Tarrega y Caro, de la villa de Elche, con el ilustre don Pedro de Avalos, Gran Castellan de Amposta, conde de la Granja, don Carlos Caro y Ruiz y don Joseph Caro y Roca sobre la immission en possession y sucession del estado y villas de Novelda, Moxente, Castillo de la Mola y demas bienes vinculados por don Pedro Maza, dicho el Barbudo, senor de aquellos (Valencia, 1701); Regia Sententia lata in Regia Audientia Valentina in favorem don Otgorij Carroz et Centellas, olim Catala de Valeriola, contra Ducem de Gandia, don Ildephonsum Sanz Tolsa et Marchionem de Centellas super immissione in possessionem Marchionatus de Nules, Oppidorum & Villarum de Moncofa, Mascarell & Villavella & caeterorum bonorum recadentium in Maioratu, seu Fideicommisso perpetuo, instituto per don Gilabertum de Centellas in eius testamento condito anno 1388 (s. 1., 1695).

(35.) CLAVERO, B.: op. cit., p. 257.

(36.) Hay memorial impreso de la causa: Relacion ajustada a los autos que en grado de suplicacion sigue don Josef Maria de Cardona con don Miguel Saavedra y Jofre... Valencia, Imprenta de Benito Monfort, 1804.

(37.) En realidad, Miguel Angel de Ribelles nombra herederos, por partes iguales, a Acacio Valiterra, hijo de su sobrina Margarita de Ribelles, y al hijo mayor, si lo tuviere, de su otra sobrina, Jeronima, a la sazon doncella, previniendo que si esta no tuviera hijo varon, sino mujer, hubiera de casar <<con el expresado don Acasio Vallterra, precediendo dispensa, para que, asi unida, la herencia recayese en una sola casa y familia>>. Asimismo, dispone que <<en todo tiempo que el sucesor de la una metad de la herencia fuese varon y el de la otra fuera hembra>>, hubieran estos de contraer matrimonio para el erecto de <<juntarse aquella en una sola familia, so pena de ser privado de la sucesion el que contraviniese en ello y haver de pasar al inmediato. Y sucediendo el que la una linea se extinguiese, fuese reciproeamente la porcion de esta a la otra>> (ibidem, pp. 6-7).

(38.) Vease al respecto NICOLAS-MINUE SANCHEZ, A. J." <<La baronia de Quinto>>, Hidalguia, 331, 2008, pp. 771-784.

(39.) ARV. Escribanias de Camara, 1801, exp. 86.

(40.) ARDIT LUCAS, M.: Revolucion liberal y revuelta campesina. Barcelona, 1977, p. 127. En el ano 1793 Miguel de Saavedra sumo a sus titulos, vinculos y posesiones todos los que pertenecian a su tio Jose Joaquin de Saavedra y Squarzafigo, baron de Albalat, por la muerte de este sin hijos. Cfr. LOPEZ JIMENEZ, J. C.: <<Los enterramientos de la familia de don Diego de Saavedra y Fajardo en las capillas de su patronato de San Pedro de Murcia>>, Hidalguia, 17, 1956, pp. 566-567.

(41.) ARV. Escribanias de Camara, 1801, exp. 86, 112r.-113v.

(42.) MARZAL RODRIGUEZ, P.: <<Una vision juridica ...>>, p. 260.

(43.) Sobre la formacion y transmision del patrimonio de la casa de Rafal son indispensables los trabajos de David BERNABE GIL: <<La formacion de un patrimonio nobiliario en el Seiscientos valenciano: el primer marques de Rafal>>, Revista de Historia Moderna, 5, 1985, pp. 11-66; y <<El patrimonio de los marqueses de Rafal (1639-1736)>>, Revista de Historia Moderna, 24, 2006, pp. 253-304.

(44.) ARV. Escribanias de Camara, 1772, exp. 98, 92v.-93v.

(45.) Ibidem, 126r.-127v. y 138r.-142v.

(46.) Ibidem, 156r.-171v.

(47.) Sobre su herencia, vease BERNABE GIL, D.: <<El patrimonio de los marqueses... >>, pp. 260-262.

(48.) ARV. Escribanias de Camara, 1772, exp. 98, 572r.-573v. y 872r.-873v.

(49.) MARZAL RODRIGUEZ, P." <<Una vision juridica ...>> , pp. 244-247; CLAVERO, B.: op. cit., p. 215.

(50.) ARV. Escribanias de Camara, 1710, exp. 86 y 1721, exp. 159.

(51.) ARV. Escribanias de Camara, 1768, exp. 19.

(52.) ARV. Real Audiencia, Procesos, Parte 3a., Apendice, exp. 1.158.

(53.) ARV. Escribanias de Camara, 1721, exp. 127.

(54.) ARV. Real Justicia, volumen 800, 301-315.

(55.) ARV. Real Justicia, volumen 797, 194-200.

(56.) CATALA SANZ, J. A.: Rentas y patrimonios..., p. 106.

(57.) ARV. Escribanias de Camara, 1726, exp. 15 y 1762, exp. 102; MARZAL RODRIGUEZ, P.: <<Una vision juridica ...>>, p. 261. Aunque no sea mayorazgo de agnacion, sino regular, tambien puede citarse como ejemplo de admision de hijos ilegitimos en la sucesion el fundado por el senor de Alcasser, Miguel Zanoguera, en 1619 (ARV. Escribanias de Camara, 1722, exp. 49).

(58.) MARZAL RODRIGUEZ, P.: <<Una vision juridica ...>>, p. 247.

(59.) ARV. Escribanias de Camara, 1738, exp. 81.

(60.) Entre ellos el instado por Gaspar Basset, supuesto hijo bastardo del difunto marques, reclamando el pago de una pension de alimentos, demanda de la que fue absuelto el duque de Gandia. Vease Sentencia promulgada per lo il.lustre Llochtenent per Sa Magestat en la religio de Montesa, en lo regne de Valencia... a favor del excel.lentissim Duch de Gandia, Compte de Oliva, Marques de Llombay, Quirra y Nulles, Compte de Centelles, hereu del illustre don Joachim Carros y Centelles, quondam Marques de Quirra, contra Gaspar Basset, que se intitula Centelles. Valencia, Francesc Mestre, 1681.

(61.) ARV. Escribanias de Camara, 1707, exp. 48.

(62.) ARV. Escribanias de Camara, 1727, exp. 64, 2a. pieza.

(63.) ARV. Escribanias de Camara, 1756, exp. 80, 3v.-11v.

(64.) CLAVERO, B.: op. cit., p. 217; MARZAL RODRIGUEZ, P.: <<Una vision juridica ...>>, p. 246.

(65.) PASTOR I FLUIXA, J.: <<Nobles i cavallers al Pais Valencia>> Saitabi, XLIII, 1993, p. 24.

(66.) ARV. Escribanias de Camara, 1727, exp. 124 y 1740, exp. 79. Hay tambien memorial impreso con el titulo Sobre la immision en possession de los estados del condado de Almenara, baronias de la Llosa, Quart y Gilges. Valencia, Villagrasa, 1674.

(67.) Se trata de una traduccion del original valenciano en la que cada parte hace la interpretacion que le conviene de algunos terminos. Asi, la version empleada por el procurador del conde difiere de la que el demandante presenta en el memorial impreso adjunto al pleito. ARV. Escribanias de Camara, 1722, exp. 80, pp. 80-81.

(68.) Ibidem, 31r.-33r. Los pleitos por la sucesion en el condado de Almenara se reanudarian tras la muerte de Jose Antonio Proxita y Ferrer en 1726 y continuarian durante decadas. Vease ARV. Escribanias de Camara, 1727, exp. 124; 1729, exp. 76; 1736, exp. 60; y 1740, exp. 79.

(69.) En el juicio en grado de revista se sumaron a la causa Gaspar Ramirez de Arellano y Maria de Linares Sotomayor, duques de Sotomayor, quienes reclamaban la posesion del mayorazgo en tanto no se les restituyera por entero la dote que Luisa de Sotomayor habia aportado a su matrimonio con Felipe Folch de Cardona, de acuerdo con la normativa foral.

(70.) Cfr. LEON SANZ, V.: <<Abandono de patria y hacienda. El exilio austracista valenciano>>, Revista de Historia Moderna, 25, 2007, pp. 235-255.

(71.) ARV. Escribanias de Camara, 1712, exp. 4, 6r. Vease tambien Memorial ajustado del pleyto que se litiga en este Supremo Consejo por reales letras causa videndi, entre partes, de la una el ilustre Marques de Ariza, don Juan Antonio de Palafox y Zuniga, y de la otra el ilustre Marques de Castelnovo, don Vicente de Cardona y Milan, y el ilustre marques de la Casta, don Juan Pardo de la Casta... en virtud de provision del Consejo de 25 de mayo de este presente ano de 1703 (s. 1., 1703).

(72.) ARV. Real Justicia, volumen 807, 95r.

(73.) ARV. Escribanias de Camara, 1721, exp. 196, 65r.-66v.

(74.) Ibidem, 3v.-9v.

(75.) ARV. Real Justicia, volumen 800, 301-315.

(76.) MARZAL RODRIGUEZ, P.: <<Una vision juridica ...>>, pp. 299-300.

(77.) ARV. Escribanias de Camara, 1722, exp. 49, 84r.-87r.

(78.) ARV. Escribanias de Camara, 1729, exp. 157.

(79.) ARV. Escribanias de Camara, 1712, exp. 58, 17r. Otro caso de denuncia de ilegitimidad como medio para evitar la sucesion en un mayorazgo es el de Joaquin de Valeriola contra Filiberto Boil, a fin de descartarlo como aspirante a la posesion del de Massamagrell. En esta ocasion, la Audiencia revoco, el 23 de diciembre de 1720, el fallo anterior del Alcalde Mayor de Valencia declarando ser Filiberto hijo legitimo y natural de Carlos Boil y Jeronima Rosello. Vease ARV. Escribanias de Camara, 1728, exp. 289, en especial folios 204r.-v. y 401r.-402v.

(80.) Desde la muerte en 1668 de Francisco Ladron de Vilanova, a quien la Audiencia habia reconocido pertenecerle los estados de Chelva y Sinarcas el 2 de septiembre de 1666, pugnaron por la sucesion sus hijas Angela y Victoria Ladron de Vilanova y Silva y el hijo de esta ultima, Nicolas Felipe Valenciano; el conde de Real, Ximen Perez Zapata de Calatayud y, por su muerte, su hijo y por la de este su nieto homonimos; el conde de Sallent, Bartolome Marrades, su hijo Juan Luis y su nieto Baltasar; Mariana Ladron de Vilanova y Silva, condesa de Anna, y su hermana Lucrecia, duquesa de Linares; Antonio Pimentel, marques de Taracena; Luis Carroz y, luego de sus dias, su hijo Francisco Carroz de Villarragut; Francisco de Rojas, obispo de Avila; y los citados Antonio Ladron de Vilanova y su hijo Jose. El Consejo de Castilla pronuncio sentencia favorable al conde de Real el 12 de abril de 1712, confirmada en 1719. ARV. Escribanias de Camara, 170, exp. 86, 73v. y 76r.-77v.

(81.) ARV. Escribanias de Camara, 1721, exp. 159, 302r.-316v. y 515r.

(82.) MARZAL RODRIGUEZ, P.: <<Una vision juridica ...>>, pp. 259-270.

(83.) ARV. Escribanias de Camara, 1707, exp. 48.

(84.) ARV. Escribanias de Camara, 1734, exp. 97, 191v.

(85.) En 1719 Mariana Zanoguera fundo un mayorazgo sobre su baronia a favor del marques creyendo que la poseia libre, cuando lo cierto es que estaba vinculada desde 1629. Vease MARZAL RODRIGUEZ, P.: <<Algunas costumbres testamentarias de la nobleza valenciana hacia finales del siglo XVII>>, en JUAN, E. y FEBRER, M. (eds.): Vida, instituciones y Universidad en la historia de Valencia. Valencia, 1996, p. 94.

(86.) Luego de su muerte obtuvo sentencia favorable su hermano Luis, el 26 de febrero de 1738. Vease ARV. Escribanias de Camara, 1722, exp. 49, 628r.-688v., 862r.-873r. y 1.097r.-1.099r.

(87.) CATALA SANZ, J. A.: Rentas y patrimonios ..., pp. 104-105.

(88.) MARZAL RODRIGUEZ, P.: <<Una visionjuridica ...>>, p. 268.

(89.) PEREZ APARICIO, C.: De l'alcament maulet al triomf botifler. Valencia, 1981; y <<La politica de represalias y confiscaciones del Archiduque Carlos en el Pais Valenciano, 1705-1707>>, Estudis, 17, 1991, pp. 149-196, en especial 192-196; CATALA SANZ, J. A.: Rentas y patrimonios ..., pp. 48 y 75.

(90.) MARZAL RODRIGUEZ, P.: <<Una vision juridica ...>>, pp. 261-262.

(91.) ARV. Escribanias de Camara, 1756, exp. 80.

(92.) MARZAL RODRIGUEZ, P.: <<Una vision juridica ...>>, p. 266.

(93.) ARV. Escribanias de Camara, 1739, exp. 9.

(94.) MARZAL RODRIGUEZ, P.: <<Una vision juridica ...>>, p. 269.

(95.) ARV. Escribanias de Camara, 1721, exp. 196.

(96.) MARZAL RODRIGUEZ, P.: <<Una vision juridica ...>>, pp. 293-294 y 360; CLAVERO, B.: op. cit., pp. 269-270.

(97.) ARV. Escribanias de Camara, 1751, exp. 90, 226v.-227r.

(98.) MARZAL RODRIGUEZ, P.: <<Una vision juridica ...>>, p. 280.

(99.) ARV. Escribanias de Camara, 1751, exp. 90, 231r. y 611r.

(100.) ARV. Escribanias de Camara, 1734, exp. 97, 356v.-372r.

(101.) ARV. Escribanias de Camara, 1726, exp. 82, 49r.-v.

(102.) Ibidem, 93r.-96v.

(103.) Por muerte sin hijos de Gaspar Aguilar heredo el mayorazgo Juan Aznar Pardo de la Casta, padre del primer marques de la Casta, Luis Pardo de la Casta y Vilanova. VICIANA, R. de: Cronica de la inclita y coronada ciudad de Valencia. Valencia, 1564 (reimp. facsimil, 1972), II, p. 41.

(104.) Ibidem, 576r.-578v. y 598r.-599v.

(105.) MARZAL RODRIGUEZ, P.: <<Una visionjuridica ...>>, p. 258.

(106.) Ademas de los capitulos correspondientes de mi tesis, me remiro, para el caso valenciano, a los trabajos clasicos de CISCAR PALLARES, E.: Tierra y senorio en el Pais Valenciano (1570-1620). Valencia, 1977; y CASEY, J.: El Regne de Valencia al segle XVII. Barcelona, 1981.

(107.) ARV. Escribanias de Camara, 1726, exp. 70, 8v.-9r.

(108.) Ibidem, 43r.-v.

(109.) ARV. Escribanias de Camara, 1775, exp. 65.

(110.) Ibidem, 147v.-148r.

(111.) Ibidem, 350r.
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Title Annotation:INFORME
Author:Catala Sanz, Jorge Antonio
Publication:Studia Historica. Historia Moderna
Date:Jan 1, 2011
Words:18550
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