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Iniciativa de mordaza informativa en Guanajuato. (Analisis).

El 27 de septiembre, el gobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, envio al Congreso del estado su iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Guanajuato. Se trata de un documento normativo que muestra estar varios pasos atras de la tendencia nacional que se ha observado en este tema. Es un poco mas avanzado que la fatidica Ley de Acceso a la Informacion Publica de Jalisco, pero se queda corto si se la compara con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental y lo es mas todavia si se hace lo mismo con la Ley de Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sinaloa.

Es de observarse la voluntad del gobierno de Guanajuato por tener una ley en la materia, para estar al mismo tiempo a tono con el nuevo entorno del pais y para no ir mucho a la zaga de la ley federal negociada con el presidente Fox, oriundo precisamente de ese estado, pero que esta no vaya mas lejos de lo que las circunstancias politicas permitan, limitandose a proponer los minimos que en la logica del gobernador Romero Hicks serian aceptables. Existe, por supuesto, un conjunto de argumentos que permite sustentar los asertos anteriores.

Primero. El universo de sujetos obligados que preve la iniciativa se constrine unicamente a los que establece la ley federal en la materia, pero deja fuera a los partidos politicos y a los organismos privados que ejerzan actos de autoridad y reciban fondos publicos, como lo establece la Ley de Sinaloa, lo que pone de relieve el minimalismo de Romero Hicks de seguir el libreto al pie de la letra en este rubro.

Segundo. Es de llamar la atencion que la iniciativa establezca un periodo maximo de reserva de 20 anos por cuanto concierne a la informacion clasificada como reservada, si se la compara con los 12 que preven las leyes federal, la de Sinaloa y la de Michoacan, por citar algunos ejemplos. Vale decir aqui que el verdadero espiritu foxista se demuestra en su maxima expresion, el cual no pudo concretarse a nivel federal por la presion de la sociedad organizada.

Tercero. Mientras en las leyes de Sinaloa y de Michoacan se establece un periodo maximo de 10 dias habiles para responder a las solicitudes de informacion publica, en la iniciativa de Romero se duplica el tiempo y se establecen 20 dias habiles.

Cuarto. Las leyes de acceso a la informacion publica son generadoras de derechos para las personas, no de obligaciones, las cuales deben existir, ni duda cabe, pero no en el mismo cuerpo normativo por su efecto inhibitorio para traducir en acto el derecho de acceso a la informacion publica. Sobra decir que en este tipo de leyes las obligaciones son para los sujetos obligados a informar. La iniciativa aborda el tema del uso de la informacion publica y pontifica sobre el tipo de uso que debe darsele al establecer en el articulo 50: "Los particulares deberan hacer uso adecuado de la informacion publica solicitada, en caso contrario, seran sujetos de la responsabilidad que las leyes establezcan". Debe quedar claro que si con la informacion publica el ciudadano incurre en un acto sancionado por las leyes debe actuarse en consecuencia, pero esas previsiones no deben incluirse en una ley de acceso a la informacion publica porque establece un impacto negativo y falta de confianza entre las personas para utilizar cotidianamente esta herramienta legal.

Quinto. La iniciativa otorga amplia discrecionalidad a los sujetos obligados para clasificar la informacion como reservada o confidencial al no incluir el principio de la prueba de dano que tanto las leyes federal y la de Sinaloa y Michoacan cuentan con el proposito de acotar al maximo esa posibilidad. Se trata de una cuestion de importancia capital, porque si se deja al libre arbitrio del sujeto obligado el acceso a la informacion publica puede convertirse en una excepcion y no en una regla general como se supone que debe propugnar una ley en este ambito. El principio de la prueba de dano previsto, por ejemplo, en el articulo 21 de la ley de Sinaloa, establece para tranquilidad de las personas: "El acuerdo que clasifique informacion como reservada debera demostrar que: I. La informacion encuadra legitimamente en alguna de las hipotesis de excepcion previstas en la presente ley; II. La liberacion de la informacion de referencia puede amenazar efectivamente el interes protegido por la ley. III. El dano que puede producirse con la liberacion de la informacion, es mayor que el interes publico de conocer la informacion de referencia".

Sexto. La iniciativa sospechosamente no establece ningun organo con autonomia para vigilar el debido cumplimiento de la ley. Se trata de la mejor formula para que el ciudadano no tenga los potenciales beneficios del acceso a la informacion publica. Es verdad que la iniciativa establece que si la persona desea recurrir la resolucion del sujeto obligado a informar, puede iniciar un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Se trata, por supuesto, de un desproposito: ?Que ama de casa, estudiante, taxista u obrero va a contratar un abogado para llevar a cabo un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a efecto de conocer unos datos que le pueden ayudar a mejorar su nivel de vida en un caso cotidiano? Como se dice coloquialmente, va a resultar mas caro el caldo que las albondigas, en perjuicio, como siempre, de los que menos tienen. La creacion de organos reguladores con autonomia para vigilar el cumplimiento de la ley tiene la bondad en una sociedad como la mexicana de facilitar las cosas al gobernado, de promover la socializacion de conocimiento y de resolver las controversias como un organo especializado, que no lo es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de suerte que si se aprueba esta iniciativa, los ciudadanos habran de esperar varios meses, abogado de por medio, para resolver una cuestion de informacion publica.

Septimo. Finalmente, si no tiene organo de vigilancia de la ley, se puede explicar que la iniciativa deja fuera toda referencia a la educacion como vehiculo primordial de transmision de conocimiento para que desde la ninez las personas esten familiarizadas con el valor social del acceso a la informacion publica. Es algo congruente con la iniciativa: la mayoria de las personas nada importa. Valiente derecho de acceso a la informacion en esta inquietante iniciativa que no deberia aprobar el Congreso de Guanajuato.

(Comentarios: evillanueva99@yahoo.com y www.limac.org.mx)
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Author:Villanueva, Ernesto
Publication:Proceso
Date:Oct 13, 2002
Words:1197
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