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Indigenous communal lands in the 19th-century Venezuelan agricultural scenario. The case of Merida/Las tierras comunales indigenas en el escenario agrario del siglo XIX venezolano. El caso de Merida/Terras comunais indigenas no cenario agricola do seculo XIX Venezuelano. O caso Merida/Les terres communales indigenes dans le scenario agricole du XIX siecle venezuelien. Le cas de Merida.

Introduccion

El presente articulo aborda el tema de las tierras comunales indigenas, problema sustancial en el mundo rural y parte fundamental de la historia agraria americana. En este caso, su estudio analiza el escenario agrario republicano de Venezuela, particularmente, el caso de Merida. No se puede perder de vista la concepcion que las comunidades indigenas tienen de la tierra y, por ende, la relacion vital que ha tenido y tiene en su existencia. Sin embargo, hay dudas en que la persistencia cultural de dichos pueblos, con el uso y manejo de sus territorios, ha estado intervenida historicamente por politicas, disposiciones y acciones del Estado.

En las postrimerias del siglo XX y los primeros quinquenios de America Latina, se han logrado reveladores avances de opciones y reconocimientos a los grupos etnicos por parte de los Estados. En Venezuela, el tema indigena ha adquirido gran significacion, particularmente a partir de su inclusion en la Constitucion de 1999. Alli se reconoce el caracter multietnico y pluricultural, como tambien se reafirma y vigoriza la existencia de los pueblos indigenas, sus culturas, idiomas, costumbres, religion, al igual que su habitat y sus derechos sobre las tierras ancestralmente ocupadas. Ademas, leyes proclamadas entre los anos 2001 y 2009 (1), contemplan, entre otros asuntos, la demarcacion y garantia del habitat y tierras indigenas (2) asi como la participacion y representacion politica. No obstante, con la existencia de ese valioso marco juridico, el cual ampara plenamente sus derechos, los indigenas abogan por eliminar los obstaculos que dificultan el avance del proceso de demarcacion nacional de tierras y habitat. Circunstancia atribuida a las divergencias entre el discurso del Estado sobre la materia y el otorgamiento efectivo de titulos colectivos de tierra (3).

Hoy se escucha el reclamo altivo de esas comunidades indigenas venezolanas revitalizadas culturalmente, a las cuales no llego la colonizacion espanola y reconocidas por la Ley de Reduccion, Civilizacion y Resguardos Indigenas, a la cual Guzman Blanco le decreto su aplicacion el 2 de junio de 1882 (4). Esta ley, que determino la extincion de los antiguos resguardos (5), reconocio exclusivamente como comunidades indigenas a las asentadas en las zonas fronterizas, es decir, las que habitaban en los territorios de Amazonas, Alto Orinoco y La Guajira, las cuales estarian bajo administracion especial del Gobierno (6).

El resto de pueblos originariamente aborigenes, que formo parte de la mayoritaria poblacion rural de Venezuela hasta bien entrado el siglo XX, debio acogerse a las disposiciones gubernamentales sobre la liquidacion de las tierras comunales, originando largos y engorrosos procesos. En Merida, comunidades que cumplieron las disposiciones liquidadoras de las tierras comunales o resguardos (ver figura 1), hoy dia, reputandose descendientes de comuneros, reclaman su derecho ancestral de la tierra y al agua; derecho que concluyo cuando, mediante un proceso judicial, la tenencia colectiva de su tierra fue liquidada. Este hecho--en cuyo analisis se centra este trabajo--, en esos momentos, conto al menos judicialmente con el consentimiento de los comuneros quienes, al culminar el juicio de particion, pasaron a disfrutar individualmente de la propiedad plena de un lote de tierra, al igual que los no comuneros, quienes habian adquirido previamente derechos de tierra. Tambien, en varios de esos pueblos aun se mantiene un lote conocido, en unos casos, como Derechos de paramo y, en otros, como Derechos de cria. Porcion destinada a la comunidad para el pastoreo, debido a sus caracteristicas topograficas, edafologicas y, en ciertos casos, altitudinales (7).

El objetivo central del estudio es examinar el extenso proceso de acontecimientos experimentados por la propiedad comunal indigena, hasta su liquidacion o supresion al institucionalizarse la propiedad individual, con referencia particular a Merida. El analisis comprender aspectos como la valoracion, particion y distribucion de los resguardos, tomando en cuenta la evaluacion de la intervencion de los factores que incidieron en su supresion.

Este trabajo se apoya en informacion documental recabada particularmente en los expedientes judiciales sobre la particion de los resguardos en Merida, material documental conservado en el Registro Principal del Estado Merida. Tambien se utilizaron fuentes originales en la Biblioteca Nacional Sala Febres Cordero y en el Archivo General del Estado Merida. Igualmente, se conto con valiosa informacion bibliografica y hemerografica sobre el tema, soporte fundamental, tanto en el aspecto teorico como metodologico. Los resultados presentados forman parte de un proyecto de investigacion mas amplio y ambicioso sobre el tema, del cual ya se han presentado algunos adelantos.

El tema del resguardo ha sido estudiado en Venezuela con aportes a su conocimiento, particularmente provenientes del medio academico universitario con el estudio de casos especificos, sobre todo los concernientes a Merida (8). De igual forma, se refieren trabajos llevados a cabo para la region central (9) y el oriente venezolano (10). Adicionalmente, se reconoce el aporte de otros estudios los cuales con un enfoque general (11), constituyen una contribucion al conocimiento de la materia. No obstante, en Venezuela, queda mucho por investigar. Como es natural tambien en los ultimos anos ha existido mucho interes por el estudio del tema en paises como Mexico (12), Colombia (13), Bolivia (14) y Peru (15).

La politica borbonica y las tierras de resguardo en el siglo XVIII. Antecedentes de su supresion

La politica dual de los Austrias (1516-1700)--monarcas no exentos de apremios fiscales--de un lado protectora del indigena y del otro condescendiente con las demandas de los encomenderos, usufructuarios de la mano de obra indigena y propietarios de tierra, quienes se enfrentaron tenazmente a las disposiciones preservadoras y lograron su ineficacia, tuvo sus matices particulares con los monarcas borbonicos; ellos, junto a sus ministros, se plantearon el logro de los mayores rendimientos economicos de la Metropoli, en detrimento de la proteccion al indigena. Este proposito, inspirado en las ideas ilustradas, se reflejo muy pronto en las providencias tomadas a partir de entonces; justamente, la real cedula emitida por Fernando VI de Borbon (1746-1759), el 15 de octubre de 1754, ha sido considerada una nueva postura sobre las tierras de resguardo y sus usufructuarios (16). Con ella, se conocio en las provincias de ultramar la real instruccion sobre mercedes, ventas y composiciones de bienes realengos, sitios y baldios llevadas a cabo hasta aquel ano, como las que se hicieran posteriormente. Con esta disposicion real, se inicia el compromiso de labrar la tierra sobre la cual la Corona mantenia su dominio, supeditado al correspondiente uso economico.

En aquel revelador conjunto de dieciseis disposiciones de la real instruccion, en las que se proponia la regularizacion de la tenencia de la tierra, el problema de los resguardos tuvo un tratamiento practicamente marginal; tan solo aparece en una de ellas. La segunda disposicion determinaba que, en la venta y composicion de tierras realengas y baldias, como las que poseian y necesitaran para sus cultivos y cria de ganado, los jueces y ministros subdelegados procedieran con "suavidad, templanza y moderacion, con procesos verbales y no judiciales en las que poseyeran los indios, y en las demas que hubieran menester" (17). Ademas, contemplaba que en lo concerniente a las de las comunidades y las que estan concedidas a sus pueblos para gastos y egidos (18), se mantengan como las habian poseido, se restituyeran las que se hubieran usurpado y se ampliara la extension de acuerdo con el requerimiento de la poblacion.

Los indigenas, para llevar a cabo semejante tramite legal de componer o legalizar sus tierras comunales, al igual que el resto de propietarios y ocupantes de la tierra, debian presentar el titulo que los certificaba como verdaderos duenos--faena e instrumento tan ajeno a ellos--. Al mismo tiempo, se indicaba que si en el termino establecido no cumplieran con ello "seran despojados y lanzados de las tales tierras y se hara merced de ellos a otros" (19).

Se advierte que la real instruccion de 1754 abarcaba diversidad de aspectos sobre los problemas de la tierra, tanto de orden fiscal como socioeconomico; cuestion que ha llevado a considerarla un verdadero intento de reforma agraria (20). No obstante, es posible percibir en este instrumento legal, cuyos antecedentes se encuentran en la real cedula del 15 de octubre de 1715 (21), el interes de la Corona por ordenar la confusa y problematica situacion reinante en las distintas provincias americanas. Se origino generada por el acelerado y anarquico proceso de ocupacion de tierras realengas y baldias. Ademas del atropello y desorden que experimentaban los Pueblos de Indios, al activar un arma para legalizar la propiedad de la tierra, a miembros de los distintos estratos socioeconomicos, tanto poseedores como desposeidos, entre los cuales estaban obviamente los indigenas. Esta herramienta juridica que legitimaba a lo obtenido fraudulentamente, en la practica acentuo el acaparamiento de suelos por los avidos terratenientes. Sobre este punto es importante acotar que los beneficios logrados con la legalizacion de la propiedad de la tierra, si bien proporcionaba ingresos monetarios al necesitado erario real, se concedian durante un tiempo en que buena parte de las codiciadas tierras fertiles y accesibles ya tenian duenos.

El sucesor de Fernando VI, Carlos III (1759-1788), establecio con los territorios de ultramar relaciones distintas a las que habian impuesto sus predecesores. Ellas tuvieron su expresion en las medidas tomadas abiertamente para mejorar la administracion y estimular la expansion de la economia colonial, para que fuesen productoras y proveedoras de materias primas y, a su vez, mercado de las manufacturas espanolas (22). Se debe recordar que la politica intervencionista borbonica intentaba dar solucion a los problemas que aquejaban a Espana tras su recuperacion economica y alcanzar el nivel de desarrollo alcanzado por Inglaterra y luego por Francia (23).

La politica borbonica, influida por las ideas y practicas del colonialismo frances, considera provechoso aunar esfuerzos hacia el logro de los maximos rendimientos economicos. Ello significaba que la dedicacion a la defensa del indigena, con reiteracion en las Leyes de Indias favorecedoras de las comunidades aborigenes, fueran consideradas inconvenientes y, como tales, debian progresivamente relegarse o derogarse (24). Al marques de la Sonora, Jose Bernardo Galvez y Gallardo, uno de los hombres mas influyentes en la monarquia borbonica, se atribuye la nueva orientacion que tuvo la politica colonial de Carlos III. Para este funcionario, la escasez de capitales americanos se debia a las limitaciones impuestas por las disposiciones indianas referentes a la perseverante defensa y proteccion del indigena (25), para lo cual propuso derogar esas leyes y permitir el florecimiento economico de los terratenientes, quienes, a traves de un planificado sistema tributario, trasladarian buena parte de sus beneficios al erario real. En ese contexto, era obvio que los factores quebrantadores de la propiedad comunal, se fortalecieron en la medida en que se desarrollaba la economia agrocomercial (26).

En efecto, la politica del Despotismo Ilustrado, dispuesta por la legislacion indiana, estuvo dirigida a promover la decadencia progresiva de todo lo que constituyera proteccion al indigena. Por tanto el resguardo (espacio que otorgo esencia y pertenencia a la comunidad indigena y permitio cimentar formas particulares de organizacion economica, social y espacial, de caracter ancestral, al erigirse en una importante modalidad de control comunitario) era un claro objetivo de aquel deliberado proyecto. Asi, la composicion que en parte se llevo a costa de las tierras comunales, la fundacion de pueblos y la nueva medicion de los resguardos de los Pueblos de Indios, no solo generaron el incremento de las propiedades rusticas de los blancos, sino que forzaron a los nativos a abandonar sus pueblos y buscar en las unidades de produccion vecinas, la garantia de su subsistencia.

El proposito de hacer de la tierra comunal indigena un bien significativamente rentable, se compadecia con los principios economicos liberales que sustentaban que la propiedad plena e individual de la tierra y el libre juego de los factores economicos, eran elementos esenciales para la efectiva y significativa productividad. Esta nocion de hacer producir la tierra, para conservar su dominio, fue formulada en las providencias tomadas por los Borbones de entonces, dentro de las cuales tambien estuvo la Real Cedula de Tierras, dada en San Ildefonso, el 2 de agosto de 1780; disposicion nueva sobre el regimen de la tierra, dirigida al virrey Flores de la Nueva Granada.

Esta disposicion real amplio otra promulgada en 1631, en la cual se formulaba abiertamente el principio de diferenciacion social para la distribucion de la tierra, bajo un criterio eminentemente socioeconomico, al ordenarse que "a ningun sujeto se conceda mas porcion de tierra que las que buenamente pudiere labrar, atendiendo su caudal y posibles, cuyo requisito se examinara atentamente y con brevedad" (27). Ella nada tenia que ver con la politica defensora del resguardo indigena, al plantear que "procureis con eficacia pero por medios suaves que los actuales legitimos poseedores de tierras incultas las hagan fructificar o por si mismos, o arrendandolas o vendiendolas a otros" (28). El notorio designio de la Corona, por beneficiar a los tenedores de tierra, quedo planteado al disponerse que "no se inquiete a los poseedores de tierras realengas en aquellas que actualmente disfrutan y de que estan en posesion, en virtud de correspondientes titulos de venta-composicion con mi Real Patrimonio, contrato particular, ocupacion u otro cualquiera que sea capaz de evitar la sospecha de usurpacion, ni obligarles a que las vendan ni arrienden contra su voluntad" (29).

El poco aprovechamiento de la Corona sobre los resguardos indigenas y la imperiosa necesidad de hacerlas economicamente rentables, propicio en la Nueva Granada el paso atropellado de tierras de propiedad comunal a propiedad individual, particularmente en manos del sector mas acomodado de la sociedad de la epoca (30). Por ello no sorprendente que, a pocos meses de promulgada la Real Cedula de 1780, se aprovechara aquella situacion para incorporar a los indigenas a la sublevacion de los comuneros, movimiento contra la politica fiscalista, los gravosos impuestos y el mal gobierno que tuvo repercusion en Merida.

La participacion de los aborigenes en el levantamiento comunero, no significo que en las conocidas Capitulaciones de Zipaquira, del 5 de julio de 1781, se plantearan reivindicaciones fundamentales para los Pueblos de Indios. La capitulacion septima denunciaba la miserable situacion del indigena, al afirmar que: "pocos anacoretas tendrian mas estrechez en su vestuario y comida, porque sus limitadas luces y tenues facultades de ningun modo alcanzan a satisfacer el crecido tributo que se les exige con tanto apremio (...) sacando los Corregidores los tributos con tanto rigor que no es creible, a los que concurren los Curas por el interes de sus asignados estipendios" (31).

En las capitulaciones VII, XIII, XIV y XV, referentes a problemas de los indigenas, quedaron por fuera la conservacion y devolucion de tierras, la eliminacion del agobiante tributo personal y la explotacion o maltrato al indigena. La capitulacion VII planteaba, de manera particular, la disminucion del tributo per capita, la exoneracion de las obvenciones del cura por el cumplimiento de los sacramentos de bautismo, matrimonio y extremauncion, la restitucion de tierras solo a los indios ausentes y, finalmente, la disposicion de los resguardos, no unicamente como usuarios, sino en plena propiedad "para poder usar de ellos como tales duenos". Esta ultima aspiracion se traducia en la sustitucion de la propiedad comunal por la individual y asi incorporar las tierras de las comunidades indigenas a la economia de mercado. Como bien se ha senalado, en las capitulaciones comuneras quedo plasmada la "ideologia liberal y el estilo paternalista de los representantes del patriciado criollo y de las capas medias socarronas" (32).

En los ultimos decenios coloniales, la produccion agricola y pecuaria de la provincia de Venezuela habia logrado un importante incremento, particularmente en las zonas costeras (vinculadas al comercio caribeno y del Atlantico), en los valles montanosos con facil acceso al litoral y en las tierras pie de montanas y llaneras (dedicadas a la explotacion pecuaria), favorecidas por la navegacion del Orinoco, arteria fluvial que permitia los intercambios comerciales con el exterior, lo cual provocaria coaccion sobre la tierra y motivaria la consecuente aplicacion de una politica de cercenamiento de las tierras comunales.

La situacion debio ser igualmente dificil y compleja en otros sectores llaneros para aquellos pueblos indigenas que no eran de mision, ni de doctrina ni tampoco poseian tierras comunales. Para garantizar el disfrute de ellas, se les dio la opcion de acogerse a la composicion si eran realengas o al arriendo si pertenecian a los propios de la capital provincial. Esa alternativa fue dada mediante orden de don Fernando Miyares Perez y Bernal, comandante militar y politico, subdelegado general de la Real Hacienda y vice real patrono de la incipiente provincia de Barinas, en la ultima decada del siglo XVIII.

Se aseguraba que esa disposicion se acogia a las reglas adoptadas en la provincia de Caracas para el arreglo de los Pueblos de Indios y ereccion de curatos, dispuestas conforme a las leyes del Real Patronato y, particularmente, en los asentamientos indigenas barineses no misionales o sujetos a doctrina. Por esta razon, se determino proceder al reconocimiento de esos asentamientos, sus iglesias y territorios, al formarse detallada y discriminadamente el padron o matricula de los aborigenes. Ademas, como pueblos bajo la jurisdiccion del ordinario, se les senalaria el area parroquial que comprenderia dos, tres o mas leguas a cada viento, segun la distancia a las poblaciones de espanoles y castas (33). De hecho, la situacion con respecto a esas poblaciones seria la que, en buena medida, definiria el tamano de las tierras para las labranzas, crianzas, sementeras o conucos de comunidad (34).

De esa manera, la provincia de Venezuela fue tambien escenario constante del cercenamiento de las tierras de las comunidades indigenas; acto acentuado en la segunda mitad del siglo XVIII, en la medida que se expandia la frontera de la colonizacion y se incorporaban los territorios a las actividades agropecuarias. Los vecinos de las ciudades, ubicadas fundamentalmente en el area costero-montanosa hasta el piedemonte llanero, establecieron y ampliaron sus unidades de produccion, tanto agricolas como ganaderas a costa de las tierras de las comunidades indigenas. En el area barquisimetana, por ejemplo, la mision de Bobare fue abandonada debido a que en sus tierras el corregidor creo haciendas con el trabajo de los indios de la propia mision (35). En 1749, en pleno llano, el intento de refundacion de Canaguan, en el calido sitio de Guatarama resulto infructuoso, por ser esas tierras propiedad de don Alonso Blanco, vecino de Caracas (36). En 1770, los vecinos de las villas de San Carlos y Araure despojaban de sus tierras a los indigenas de San Francisco de Cojedes, al aducir que las habian compuesto en beneficio del erario real (37).

Si bien estaba dispuesta la dotacion de tierras, su forma de posesion estaba supeditada a la pertenencia previa de ellas y, obviamente, tambien a la capacidad economica de las poblaciones aborigenes, para realizar la transaccion. Sin embargo, el mandato de Miyares Perez y Bernal establece que la extension del area del pueblo se llevara a cabo con criterio eminentemente demografico. De esta forma, a cada asentamiento con mas de cien familias tributarias, se debia asignar una legua cuadrada de tierra de labor, monte y pastos para sus ganados. A quienes poseian doscientas familias, dos leguas continuas o separadas y a quienes tenian mas de doscientas, y hasta trescientas, les corresponderia tres leguas cuadradas, aproximadamente, segun la calidad del terreno y el calculo del aumento de la poblacion, quedando el resto dentro del termino parroquial. No obstante, es importante destacar que esa asignacion estuvo sujeta a su condicion de realengas, en cuyo caso debian componerlas con el Rey y, si eran de los propios de Barinas, las podrian usufructuar mediante arriendo a la capital provincial, para que esa renta contribuyera al sostenimiento de los doctrineros (38).

Al igual que otras provincias coloniales, en Venezuela se hizo ostensible la idea de liquidar las tierras comunales indigenas; planteamiento acorde con los principios liberales propagados e impuestos en el siglo XIX, cuyo antecedente inmediato se encuentra en esas ultimas decadas de dominio hispanico. A la sazon, se insistia en el poco provecho de las tierras de las comunidades nativas, protegidas por legislacion indiana y a las cuales se rotulaban de ser practicamente improductivas, debido a la supuesta dejadez del aborigen.

En el nororiente venezolano, las medidas, que afectaron las tierras comunales de los Pueblos de Doctrina y de Mision, se sustentaron en la inadecuada inteligencia de las leyes indianas, a las que se imputaba el haber favorecido a esos nucleos de poblacion indigena, al otorgarles una considerable extension de las mejores tierras para cultivo, de las que no obtenian provecho alguno. Esto se atribuia a la natural miseria y supuesta desidia del aborigen. Ademas, se hizo enfasis en que por ello, los vecinos de los asentamientos de espanoles estaban faltos de buenas tierras y le atribuian el poco incremento de los hatos y las haciendas de la region.

En el texto de la Real Cedula, otorgada en Aranjuez el 19 de abril de 1782, fundamentado en la propuesta de Pedro Jose de Urrutia, Gobernador y Comandante de la provincia de Nueva Andalucia (1765 y 1766, 1768 y 1775), se establecio la nueva medicion de las tierras comunales en el sector nororiental del territorio venezolano. En esta real disposicion, se justifico la designacion de don Luis Chaves de Mendoza, oidor de la Real Audiencia de Santo Domingo, para que visitara de los Pueblos de Indios de Doctrina de aquella provincia, quienes habian experimentado una gran decadencia. Estos pueblos, previamente misionales y que luego pasaron a la administracion del ordinario, bajo el tutelaje de religiosos seculares, eran objeto de arbitrariedades de corregidores y hacendados espanoles.

En la disposicion real de 1782 se reconocia, entre otros asuntos, que los habitantes de aquellas provincias dedicados a la agricultura carecian de tierras aptas para sus cultivos y la cria; debido a que los Pueblos de Indios, por haberse fundado antes de los asentamientos de espanoles, ocupaban las mejores tierras y una considerable extension; esto se atribuia a la mala inteligencia de las Leyes (39). Se insistia en las perdidas que causaba al Estado, el escaso aprovechamiento de los indigenas sobre las tierras utiles y se hacia notar la falta de incremento revelado en los hatos y haciendas de los espanoles. Asimismo, se aseveraba que la existencia pauperrima del indigena se debia a la propagada "natural miseria, y desidia, ninguna ganancia sacaban de ellas, y cuando mas, cultivaban un corto terreno para una pequena sementera que estrechamente producia lo preciso para su sustento, siendoles forzoso para cubrir su desnudez valerse del jornal que ganaban con su personal trabajo en el servicio de los espanoles" (40).

Cabe senalar que, a los ojos de los funcionarios y miembros mas destacados de la sociedad colonial, la presencia de los resguardos se oponia a la racionalidad economica imperante. La propiedad comunal fue considerada un verdadero obstaculo a la expansion de las unidades de produccion de los vecinos de las ciudades (41). Mientras tanto, la Corona mantenia su postura respecto al abuso y explotacion del indigena e insistia en conservar sus tierras. Esto obedecia mas a motivos utilitarios que a religiosos y humanistas.

En gran medida, aquella vision determino las modificaciones experimentadas en las tierras comunales de los asentamientos indigenas de Cumana y Barcelona, asignadas desde el temprano siglo XVIII, conforme avanzaba el proceso de agregacion y fijacion de poblacion aborigen en Pueblos de Mision. Es preciso acotar que las medidas de las tierras de dichos pueblos se definieron con base en la actividad economica, agricola o ganadera, realizada en cada asentamiento indigena. Se aseguraba que las reducciones recientes contaran con un area de mayor extension.

El area medida en cada pueblo misional comprendio originalmente una legua desde el centro del poblado hacia cada punto cardinal y se media tirando una linea desde el centro del poblado a cada rumbo. De esta forma ocupaban dos leguas de viento a viento, mientras que en las tierras de ganado, en las cuales se asignaron legua y media hacia cada direccion quedaron con tres leguas de rumbo a rumbo y a las nuevas reducciones se concedia tres leguas desde el centro del pueblo o sea que tenian, finalmente, un total de seis leguas (42). Las tierras de los poblados indigenas de la Provincia de Cumana, fueron reducidas a la mitad; por consiguiente, a los asentados en tierras de labor se les midio solamente "desde el centro del pueblo hasta cada viento media legua, segun se practica en la provincia de Caracas, y aplicando de las tierras para ganados a cada pueblo, de los de antigua reduccion, la legua y media que le conceden las leyes; y tres a los de nueva reduccion, entendiendose legua y media a cada viento desde el centro del pueblo" (43).

La imprecision de los linderos de las tierras de las comunidades indigenas fue motivo de conflictos permanentes con los propietarios circunvecinos, quienes ordinaria e intencionalmente los desconocian, con la pretension, no siempre frustrada, de ampliar sus propiedades o bien expandir sus actividades economicas. Esos problemas se agudizaron cuando se acelero el proceso de expansion y de consolidacion de la propiedad individual de la tierra. En algunas comunidades, las usurpaciones de sus predios fueron motivo de frecuentes y largos pleitos a sostener con propietarios de las tierras circunvecinas e intrusos, con la finalidad de preservar ese espacio que les unia e identificaba. Hubo casos y momentos en los cuales los indigenas fueron inquilinos dentro de los propios resguardos, mientras otros la desampararon.

Los resguardos indigenas de la region andina venezolana de la que forma parte Merida, desvinculada directamente de aquellas zonas influidas por el comercio maritimo, por limitaciones geograficas, observacion un comportamiento particular, desde sus origenes hasta su extincion. Esto obliga a estudiarlos a la luz de sus peculiaridades fisico-naturales y humanas. Cuestiones que plantean la existencia de diferencias regionales y hasta locales, asociadas a la diversidad geografica y sociocultural del area (44). Ello no significa que los resguardos indigenas meridenos se mantuvieran ajenos al acecho, atropello y despojo por parte de los avidos propietarios de unidades de produccion agricola, ya fuesen laicos o eclesiasticos (45). En efecto, en el medio rural merideno, compartido por asentamientos diferentes, en cuanto a uso y tenencia de la tierra, los pueblos de resguardo experimentaron un constante asedio de aquellos.

Por su parte, la acometida a los resguardos en Merida origino interesantes y agudos litigios a traves de los cuales los indigenas, al igual que en cualquier otra provincia colonial hispanoamericana, defendian tenazmente sus tierras; disputas reveladoras del apego de los naturales a esos espacios, parte inajenable de su patrimonio comunal, frente a los distintos agresores. Entre ellos los que se incluian hasta ordenes religiosas, aquellas que, junto a la persistente coaccion de los vecinos hacendados, tambien despojaron a comunidades indigenas de sus tierras comunales con el objeto de expandir sus propiedades rusticas.

Debido a una disposicion real en 1722, que ordenaba la legalizacion de la propiedad de la tierra en la jurisdiccion de Merida, el Procurador General senalaba no disponerse de tierras realengas y aseguraba que al desembarazar las de los resguardos, los vecinos pudieran establecer crias de ganado mayor para que la ciudad no padeciera la falta del abasto de carne (46). Decadas mas tarde, en 1797, un sector privilegiado de la ciudad, como fueron las monjitas de Santa Clara, institucion que desempeno la mas importante actividad financiera en la Merida de entonces, disputaban judicialmente a los indigenas de Pueblo Llano un sector de sus tierras comunales, envueltas en las novedosas ideas economicas del momento. Alegaban que "los espanoles cultivan y trabajan sus tierras y los indios las tienen escasas y lo poco que siembran sin alino, ni disposicion, con que es mala politica y seria perderse todas las Americas, si se siguiera el sistema de que vamos hablando..." y apelaban a un decir callejero de haber "oido a personas bien intencionadas y de maduro conocimiento en estas materias, que dicen que a los indios lejos de darles mas de las doce mil varas que tienen senaladas de resguardo, les quitaria y daria a los espanoles para que bien cultivadas por estos produjesen las rentas reales" (47). Algunos de esos litigios, con apoyo de protectores de indios y hasta de religiosos, llegaron a la propia Real Audiencia de Santa Fe. Sin embargo, ello no frenaba el atropello a las tierras de los aborigenes.

Respecto a lo planteado, se deduce que, a partir de las ultimas decadas del siglo XVIII y primera mitad del XIX, ocurrieron importantes transformaciones sociales en los Pueblos de Indios de Merida. Cambios atribuidos de manera particular a las presiones sociales ejercidas en esa atmosfera de "modernidad liberal" (48). De esa manera, el resguardo en Merida sobrevivio hasta el siglo XIX con un marcado debilitamiento de su naturaleza comunitaria, su homogeneidad etnica y cultural y un territorio frecuentemente disminuido. Con el estreno de la vida republicana, se inicio un proceso pertinaz para suprimir la propiedad comunal indigena de la tierra. Esto culmino con su individualizacion definitiva, mediante juicios lentos, engorrosos e inciertos, que ademas, hicieron palpable la existencia de una estratificacion social pueblerina.

Las tierras comunales indigenas en la legislacion del siglo XIX

Los ideales que inspiraron la organizacion politica republicana se nutrieron de los conceptos generales sobre los derechos del individuo, particularmente sobre su valor como miembro de la sociedad. Los principios de igualdad y libertad del individuo que inspiraron las luchas independentistas, como el fortalecimiento del concepto de propiedad particular y que cimentaron las ambiciones de esa epoca. De esa manera, en la filosofia individualista aplicada a lo politico y lo economico (fundamentada en la capacidad del hombre para ser el mas habil, el mas capaz, el mejor dotado), no tenia cabida la tenencia colectiva de la tierra de los indigenas, su modo de vida, en fin, su tradicion comunitaria. Justamente, aquellos principios se reflejaron tempranamente en las primeras leyes republicanas, dirigidas a la esquilmada poblacion indigena, a la cual se buscaba integrar a la vida nacional y al nuevo patron politico de molde liberal, para imponerles los patrones socioeconomicos imperantes.

Los principios liberales, que bullian en el ambiente de las elites de Hispanoamerica colonial desde el siglo XVIII, permearon las mentes de los hombres de la Independencia, quienes leales a ellos, los plasmaron en la primera Constitucion venezolana, aun sin ser territorio independiente. En la Constitucion Federal del 21 de diciembre de 1811, quedo plasmada la filosofia que definiria la problematica del derecho a la tierra indigena durante el resto del siglo XIX. Por cierto, en su articulado, se establecio el pretendido igualitarismo, al equiparar los derechos del indigena, con los del resto de los ciudadanos (49), procurando "por todos los medios posibles atraer a los referidos ciudadanos, naturales a estas casas de ilustracion y ensenanza (...) y que no permanezcan por mas tiempo aislados (...) y encargaba a los gobiernos que se empenaran en conseguir que se ilustraran todos los habitantes del Estado" (50). Como muestra liberadora, se elimino el pago del tributo, con lo cual se derogaron las leyes referidas a las medidas que consideraban al indigena como menor de edad y la concerniente a prestacion de servicios personales.

En cuanto a las tierras comunales, la primera y fugaz Carta Magna venezolana, en su articulo 200, definio el destino final de una institucion, la cual tuvo que ver en la sobrevivencia de los aborigenes por mas de tres siglos, esta permitio que se les repartiera "en propiedad las tierras que les estaban concedidas y de que estan en posesion, para que a proporcion entre los padres de familia de cada pueblo, las dividan y dispongan de ellas como verdaderos senores, segun los terminos y reglamentos que formen los Gobiernos provinciales" (51).

Hay que resaltar que la Constitucion de 1811 fue promulgada cuando ya se habian presentado las primeras confrontaciones belicas independentistas, las cuales se prolongaron por mas de una decada mientras constituyeron el componente del menoscabo de la propiedad comunal indigena, en unas regiones mas que en otras. Los indigenas se aliaron a algunos de los bandos de la contienda; otros abandonaban sus asientos, escenarios de las reyertas, en busca de refugio en lugares impenetrables; los demas apelaron al usado recurso de internarse en la selva para huir del avance de la frontera colonizadora del blanco (52).

En esta primera Ley fundamental, con visos paternalistas y de proteccion al aborigen heredada de las Leyes de Indias, se encontraba un conjunto de temas educativos, salariales, de reduccion y organizacion poblacional indigena dispersa y de los territorios habitados por ellos. Formulismo desconocedor de sus tradiciones y su identidad cultural, sin posibilidad de estructura propia y participacion. Esta postura resulto ser una constante en el prolifero ordenamiento juridico del siglo XIX y aun en el XX. Es obvio que los objetivos de esas medidas buscaban la supresion de la propiedad colectiva, para hacer de los comuneros pequenos propietarios e incorporar su bien raiz al mercado de la tierra, la cual pasaria seguramente a incrementar ciertas propiedades rusticas vecinas y a la subordinacion definitiva del indigena a los valores espirituales y materiales de la sociedad de la epoca. Adicionalmente, se buscaba liberar la mano de obra aborigen de cualquier atadura comunitaria para que ingresara independientemente al mercado laboral.

Posteriormente, en el decreto de Rosario de Cucuta del 20 de mayo de 1820, destinado a legitimar la individualidad y derechos del indigena de Cundinamarca (actual Colombia), El Libertador dispuso que las tierras usurpadas y recuperadas pertenecientes a los resguardos, fueran repartidas por los jueces politicos de acuerdo con la extension que cada una de las familias pudiese cultivar, tomando en cuenta el numero de miembros y la extension total del resguardo. Ademas, autorizo a los mismos jueces a que las tierras sobrantes las arrendaran al mejor postor, mientras preferian a los que las poseian (53).

De hecho, una poblacion forastera indigena y no indigena continuaba desplazandose hacia los pueblos y ocupaba tierras de los resguardos, ya fuesen porque las habian arrendado o porque habian adquirido los derechos de sus propietarios. Circunstancia provocadora de confusion en torno a los usufructuarios de los resguardos, pues todavia mantenian su caracter comunal, por no haberse acatado aun las disposiciones proveidas por El Libertador. La maxima autoridad provincial de Merida dejo constancia de que los indigenas de la jurisdiccion estaban confundidos con aquella poblacion domiciliada, de la que desconfiaban por leguleya y mas habil para adquirir bienes y temian que llegaran a despojarlos de sus tierras, porque tenian pleitos permanentes por cercas, acequias y pastos (54). Pero aquel mandato del 20 de mayo de 1820, como las sucesivas leyes republicanas apoyadas en los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, no solo favorecio la participacion de otros sectores de la sociedad en los espacios comunales indigenas, sino que propiciaron su particion y liquidacion. Tambien, se constituyeron en instrumento juridico con el cual se legalizo la propiedad de tierras a no comuneros en los resguardos.

Las primeras leyes republicanas no impidieron los continuos atropellos a las tierras de las comunidades indigenas, ni lograron modificar el miserable estado de los pueblos de indios. Esas eventualidades explican la ratificacion promovida por Simon Bolivar el 12 de febrero de 1821, sobre el decreto del 20 de mayo, con ciertas modificaciones, al puntualizar al Gobernador de Tunja que: "no solamente que ha reinado un abuso general en todos los corregimientos de esta provincia, sino que los indios, lejos de ser mejorados y haber adquirido sus tierras, y con ellas los medios para sostener sus familias, han sido despojados de ellas y confinados en muchas partes a terrenos esteriles, y reducidos a una menor extension que la que gozaban antes" (55). En tal sentido, ordeno que todas las tierras recuperadas, correspondientes a los resguardos, se distribuyeran en su totalidad y de manera particular a las tierras mas aptas para cultivos, sin segregar, como se habia dispuesto en el decreto anterior, areas de escuela, ni las destinadas a tributo, aunque se anadia la cunita de arrendar solamente cuando fueran tan extensos que quedara un sobrante (56).

En aras de la justicia, la razon y la politica, se promulgo la Ley Fundamental del 4 de octubre de 1821 que entro en vigencia el primero de enero de 1822. En ella se decretaba que la poblacion indigena, vejada y oprimida por el gobierno espanol, recuperara todos sus derechos, tal como los tenian los demas ciudadanos (57). En razon a ello, se determino la reparticion de los resguardos de tierras asignadas por la Corona y la posesion en comun o ... en porciones distribuidas a sus familias, solo para cultivo (58); tarea encomendada a los jefes politicos en 1820, a la cual dio mayor precision la Ley de 1821 (59). Ademas, se establecia que, en la asignacion de tierra a esas familias hasta entonces tributarias, se proveyera lo que les corresponderia al tener en cuenta el numero de miembros en la familia y la extension de los resguardos. Al mismo tiempo, se hacia la salvedad de que se les repartieran en pleno dominio y propiedad, cuando permitieran las circunstancias, antes de cumplirse los cinco anos de exoneracion del pago de los derechos de parroquia y de cualquier otro gravamen civil sobre los resguardos y otros bienes comunales. Esta medida compasiva y transitoria respondia a las condiciones senaladas de indigencia en las cuales se encontraban los aborigenes y que se atribuyeron al sistema cruel impuesto por la legislacion espanola. Asimismo, se ordeno que, mientras no se repartieran los resguardos en propiedad plena, los indigenas mantuvieran el pequeno cabildo, con atribuciones economicas exclusivas y, particularmente, al manejo de los bienes comunales, pero sujetos al juez o jueces de las parroquias.

En 1828, las disposiciones legales sobre los resguardos no habian sido acatadas, pues las tierras seguian sin repartirse. Esto dio motivo a que en el Decreto del 15 de octubre de ese mismo ano, El Libertador incluyera, en el Titulo V, tres articulos referidos al resguardo (60). Por cierto, es posible inferir los problemas embarazosos que debio originar la presencia de propietarios no indigenas con derechos de tierra y arrendatarios en los resguardos, tal como ocurria en Merida.

La compleja realidad que preocupaba a la maxima autoridad provincial de Merida, constituyo seguramente un factor de presion para promover el repartimiento de las tierras comunales en esa entidad. Durante 1832, el gobernador Juan de Dios Picon se manifestaba, abiertamente sobre la situacion confusa que, con relacion a la propiedad y al usufructo, experimentaban los resguardos. En razon a ello proponia que para concluir con lo que originaba disputa y restaba por dividir, se repartieran esas tierras, con el respaldo de una ley de establecimiento de reglas que debian observarse en la division. En ese momento, el gobernador Picon considero la medida fundamental y beneficiosa para el desarrollo de la agricultura y consolidar la concordia entre los ciudadanos. Tambien, exhorto al Congreso de la Republica que autorizara a las Diputaciones a establecer individualmente la modalidad de repartimiento, en funcion de sus particularidades, las cuales no podrian contemplarse en una ley general (61). A proposito de la propuesta del Gobernador de Merida, cuatro anos mas tarde, se explicito la Ley de 1836, la cual pauto evidentemente el repartimiento del resguardo con intervencion de aquel organismo politico y deliberante provincial.

El 2 de abril de 1836, el Senado y la Camara de Representantes de Venezuela, reunidos en Congreso, promulgaron la primera ley de la Republica relativa a los resguardos de tierras de nativos. La medida no habia tenido aplicacion, por lo cual con esta nueva Ley se aspiraba a contrarrestar la ausencia de efectividad de la Ley de octubre de 1821 (Articulo 3), considerada importante para el aumento de "esta clase desgraciada de venezolanos" (62). La Ley de abril de 1836 establecia que las Diputaciones Provinciales resolvieran, en la forma mas conveniente y en el menor tiempo posible, la distribucion de los resguardos entre los indigenas, al considerarlos dentro de los aspectos de indole social, demografico y urbanistico. Es evidente que la aplicacion de estas leyes imponia una serie de pautas ajenas a la existencia indigena, destinadas a la desaparicion de las ataduras comunitarias, de sus valores y sus costumbres ancestrales.

No puede ignorarse la postura de la poblacion de comuneros significativamente disminuida, con una existencia precaria y confusa, inquietada por el arribo constante de una poblacion extrana y la imposicion de medidas ajenas a sus vivencias y demoledoras de su forma de vida, costumbres y tradiciones, la cual se caracterizaba por ser aparentemente pacifica en los frecuentes reclamos a sus derechos. Circunstancia no desconocedora de los momentos en que tuvieron una actitud altiva al reclamar sus derechos y sus deseos de rechazo soterrado para liquidar la propiedad colectiva de sus tierras. De hecho, habian transcurrido apenas dos anos desde la promulgacion de la ley anterior, cuando una nueva, la del 7 de abril de 1838, la derogaba (Articulo 2), por considerar que no habia logrado los efectos propuestos por el legislador (63).

La Ley de 1838 introdujo distintos elementos con respecto al repartimiento de los resguardos. A los indigenas se les faculto para realizar la division de sus tierras, funcion que se habia asignado anteriormente a las Diputaciones Provinciales. Sin lugar a dudas, el estado de indigencia general de buena parte de los modestos asentamientos de resguardos, como la confusa situacion creada por el arriendo y la enajenacion ilegal de derechos de sus tierras, debio dificultar, aun mas, el proceso de individualizacion de los mismos resguardos. Esa anarquica realidad era conocida por la maxima autoridad provincial emeritense, quien afirmaba que los indigenas llevaban a cabo esas ventas clandestinas por la extremada pobreza "o por sus inveteradas costumbres empenan y enajenan las suertes que poseen como usufructuarios, resultando infaliblemente de esta pecaminosa corruptela un semillero de pleitos y una confusion complicada entre los individuos que han vendido porciones, entre los que han tomado y entre los que se han abstenido de disponer de sus posesiones" (64). Vale la pena hacer un parentesis para senalar que situacion similar experimentaron pueblos indigenas de la provincia de Venezuela. Se afirma que los aborigenes de Turmero, Cagua y Santa Cruz pretendian negociar sus zonas de resguardo; aspiracion vedada por la penuria experimentada, lo cual les impedia medir, deslindar y repartir sus tierras comunales (65).

El gobernador Juan de Dios Picon, miembro destacado de la elite emeritense y participe de la corriente liberal en boga, era partidario de la division de los resguardos y de la utilizacion de medidas coercitivas para su cum plimiento. Picon planteaba vehementemente la necesidad de hacer de las tierras indigenas que permanecian estancadas, un bien altamente productivo (66). Afirmar que: "las labores de aquellos estan reducidos a una porcion pequena y el resto se encuentra erial e inculto con notable detrimento de la mejora material de los respectivos distritos" (67). Ademas, manifestaba la indisposicion de los indigenas sobre el reparto y beneficio de sus tierras atribuida al deseo de "mas bien mantenerlos incultos e improductivos, ya porque carecen de capitales, y porque repugnan el arrendamiento a los demas vecinos" (68). Mientras ese comportamiento indigena correspondia a patrones de vida ancestral, los que no lo eran, avidos de explotar tierras con fines comerciales, aumentaban su interes por los resguardos. Despojaban a las comunidades, con el pretexto de que se trataba de baldios o sencillamente ampliaban sus actividades economicas a costa de las tierras de los indigenas (69).

Es importante recordar que por decreto legislativo se concedio a las provincias de Merida y Trujillo quinientas fanegadas para abrir caminos que las comunicaran con el lago de Maracaibo (70). El proceder de los denunciantes de baldios justifico, en buena medida, la Resolucion Ejecutiva del 21 de enero 1852, al senalar que "Repetidas son las quejas que vienen al Despacho de S.E. el Presidente de la Republica en que patentizandose la legitima posesion de los indigenas, se ostenta tambien la violenta pertur bacion que se les hace en sus resguardos a pretexto de deslinde, mensura y adjudicacion de baldios" (71).

En la resolucion senalada se recomendaba a los gobernadores averiguar sobre las denominadas tierras baldias, es decir, tierra desierta o territoriumnullius, cuya adjudicacion mediante venta al mejor postor, no escondia su finalidad de incrementar el patrimonio de particulares "que se atiende siempre y adelanta con mayor esmero", al igual que aumentar los ingresos del tesoro (72). La misma resolucion afirma que ese proposito, considerado justoy nacional, en algunas partes, se tradujo en una violenta agresion y ruina de los indigenas, a quienes se asediaban y danaban sus resguardos, con el pretexto de deslindar, medir y adjudicar baldios (73).

A inicios de la decada de los ochenta, la ineficacia de las medidas dispuestas en las leyes decretadas hasta entonces motivo su virtual derogacion y su sustitucion por una nueva Ley. Su lectura revela el afinamiento logrado en el procedimiento para liquidar definitiva y legalmente el resguardo. El 2 de junio de 1882, Guzman Blanco firmo el ejecutese a la Ley sobre Reduccion, Civilizacion y Resguardos Indigenas (74). En ella precisaba la obligatoriedad de dividir las tierras comunales, medida contemplada desde los inicios de la vida republicana, en la Constitucion de 1811 y en la Ley del 11 de octubre de 1821 (75). En este mandato quedo establecido que la adjudicacion individual de tierras del reguardo a la familia comunera serviria de titulo suficiente de propiedad y garantizaba los derechos adquiridos y reconocidos por las leyes comunes (76). De aquella medida excluyeron a los habitantes del Amazonas y de La Guajira, quienes quedaron bajo regimen especial, pues se proyectaba la reduccion de su poblacion nativa.

Dos anos mas tarde, el 16 de junio de 1884, una ley emergente, de la que se hizo su propio reglamento (77), no solo reconocia como comunidades de indigenas a las del Amazonas, Alto Orinoco y La Guajira (78), sino tambien a las que poseian el titulo fidedigno (autentico) de fundacion doctrinaria. Igualmente, las que carecian de dicho titulo, podian substituirlo, conforme lo establecian las leyes vigentes (79). A efecto de la propia Ley, se conferia la condicion de indigena a los descendientes legitimos o naturales del territorio, en linea recta o colateral (80). El articulo 5 de la Ley de 1884 contemplaba una serie de reglas referentes a la division de los resguardos de indigenas.

El ano siguiente, el 25 de mayo de 1885, se puso el ejecutese a la Ley que consagraria la extincion del resguardo, en la que si bien se contemplaban aspectos nuevos, se conservaron gran parte de los preceptos de la Ley anterior, algunos de ellos, con mayores especificaciones. Por ejemplo, el area destinada al crecimiento de la poblacion, fue motivo de reduccion, pues de las 25 hectareas asignadas en la Ley de 1882, se redujo a 15 hectareas. Una serie de nueve reglas debian cumplirse en la division o particion de los resguardos, iniciadas con la presentacion de la demanda de particion por parte de los indigenas interesados. Esta debia hacerse de conocimiento publico por medio de la prensa, noticia que se anexaba al expediente y, a partir de entonces, la causa seguia su curso legal (81).

Otro elemento emergente es la figura del agrimensor quien, despues de juramentado, debia efectuar la particion del resguardo y elaborar el plano respectivo, con escala, puntos cardinales y los lotes debidamente ubicados y con el numero identificador de la familia. Tambien ademas, tenia que senalarse la parcela destinada al crecimiento del poblado. Tambien debia separar y numerar un area de uso comun, asi como los lotes reservados para la venta o al pago de deudas contraidas durante el proceso de particion.

A esta Ley se acogieron algunas comunidades indigenas emeritenses, al iniciar el juicio de particion y asignacion de sus tierras de resguardo. Sin embargo, cuatro anos mas tarde, otras solicitaban prorroga del plazo establecido en la Ley vigente de mayo de 1885. La prorroga fue concedida por el presidente Andueza Palacios, cuando dispuso que "las Comunidades indigenas existentes en la Republica, continuaran en posesion pacifica y ordenada de sus resguardos, hasta que el Ejecutivo Nacional reglamentara la mencionada Ley, pudiendo practicar dentro de ese tiempo la mensura, particion y division de sus terrenos" (82).

A fines del siglo XIX, se presentaron problemas sobre los resguardos de indigenas, por lo cual la Alta Corte Federal, y con razon, decreto la eliminacion y, por lo tanto, la insubsistencia de la parte del articulo 4 de la Ley de 1885, la cual sometia a los indigenas a la perdida de sus tierras, si no procedian a la division de sus resguardos, en un plazo improrrogable de dos anos. Una Ley de 1904 reconocia la propiedad de los indigenas sobre sus resguardos y establecia la forma de adquirir el titulo definitivo de propiedad (83). Se senala que el golpe fulminante a los resguardos lo dio legalmente la Ley de Tierras Baldias y Ejidos del 19 de agosto de 1936.

Transicion de propiedad comunal a propiedad individual en Merida

En las primeras decadas del siglo XX, las aldeas meridenas dedicadas a labrar modestamente sus tierras comunales--pueblos que tuvieren su origen en una fundacion doctrinaria e iniciaron el proceso de su liquidacion--habian resuelto la division y adjudicacion de esas tierras que en otrora fueron el resguardo de los Pueblos de Indios de Merida.

Tal como se ha planteado, en la misma labor de medicion y fraccionamiento de las tierras comunales intervinieron, en forma diversa, factores humanos y naturales. Ello permite afirmar que la individualizacion de las tierras comunales indigenas meridenas no fue un hecho uniforme, cada caso tenia sus particularidades, a pesar de sus similitudes.

El proceso formal de individualizacion de las tierras comunales indigenas se inicio a partir de los anos treinta del siglo XIX, con San Antonio de Tabay, capital del actual municipio Santos Marquina, en ese entonces pueblo del canton capital, del primer circuito judicial de Merida, cuyas tierras comunales se encontraban entre los 1.750 m y los 3.200 m de altitud. Este se acogio a lo establecido en la Ley del 2 de abril de 1836, seguido por Bailadores a inicios de la decada siguiente (84); mientras Santa Barbara de Chachopo, capital de la parroquia Andres Eloy Blanco del municipio Miranda, Timotes, capital de la misma entidad municipal, asentadas en el valle alto y longitudinal del rio Motatan y Santiago de la Mesa, con resguardos que se encontraban entre los 700 m y 2.120 m (85) y, en un cono torrencial y en terraza, a 1.618 m, se sintieron seguramente menos presionadas por las eventualidades o mas renuentes a saldar su propiedad comunal, pues en las postrimerias del siglo se encontraban cumpliendo los tramites finales del juicio de particion (86).

En terminos generales, el proceso de liquidacion de la propiedad comunal se iniciaba con la solicitud del juicio de particion del resguardo, al cual se anexaba el titulo que demostraba su dominio, posesion y propiedad. Peticion a cargo de uno de los comuneros o de un funcionario publico. Seguidamente, se establecian los linderos del resguardo, para solucionar los problemas legales pertinentes mientras se procedia a la publicacion del emplazamiento publico, doce veces consecutivas. Este requisito se realizaba para que llegara a conocimiento de todos los comuneros, particularmente de aquellos habitantes lejanos del poblado durante el momento de la iniciacion del juicio. Luego se procedia a nombrar a la junta encargada de realizar primeramente el censo de la poblacion indigena yel registro de los individuos ajenos a la comunidad quienes habian adquirido derechos en las tierras comunales. Se debe senalar que, cuando algun indigena, hombre o mujer estaba casado con un forastero, se asentaba el nombre de este conyuge, pero no se le concedia derecho alguno.

Posteriormente, se realizaba el avaluo de las tierras comunales, por parte de un perito evaluador y se procedia a la division y distribucion de las tierras comunales. La responsabilidad estaba a cargo de un agrimensor, quien tomaba en cuenta la clasificacion y el valor de las tierras otorgadas previamente y, al final, definia el tamano del lote. Este funcionario debia fijar las quince hectareas destinadas al aumento de la poblacion y diferenciarlos terrenos repartibles de los no repartibles. Tambien debia correr con los gastos del juicio de particion. En los asentamientos, se disponia un lote de uso comun en los cuales los no comuneros carecian del derecho de usufructo. De esa manera, con la division de las zonas comunales, hubo siempre un area repartible destinada a la propiedad plena, individual o particular y otra no repartible destinada a la venta y al uso comun. Esta llego a ser, en algunas situaciones, mas extensa que las repartibles. De esta ultima, en casos como el de Santa Barbara de Chachopo y Timotes formaron parte los ejidos del pueblo (87).

Los gastos de la particion guardaban en proporcion con los derechos adjudicados. Algunas veces, la poblacion comunera no estaba en capacidad de cancelarlos, dada su situacion economica, lo cual determinaba que se destinaran parcelas para la venta para cubrir esos gastos.

Tambien vale la pena destacar el hecho de los resguardos andinos meridenos con una superficie inferior a las 3.105,5 hectareas con las que debia constar de acuerdo con la asignacion original. Por cierto, la mayoria no alcanzo ese tamano y varios de ellos, ni siquiera tuvieron la mitad de esa superficie. Otro rasgo de especial significacion es el de mayor incremento de las transacciones de compraventa de derechos de tierras durante el proceso de particion acto origino que ocasiono la presencia de una poblacion de vecinos, no comuneros, quienes, a pesar de ser minoria, llegaron a poseer la propiedad de la mayor parte de esas tierras, mientras que aquellos que vendieron las suyas pasaron a formar parte de la poblacion sin tierra. Esto sucedia en las zonas altas de los andes venezolanos. Entre los compradores figuraban comerciantes y funcionarios publicos, quienes a traves de casamientos, compadrazgo u otras relaciones fueron diluyendo progresiva y paulatinamente el dualismo etnico para dar entrada a una sociedad campesina, mestizada en las tierras andinas venezolanas.

En el interior de estas poblaciones andinas existia una estratificacion social, con un sector de pudientes, duenos de terrenos conformantes de la elite pueblerina, grupo de principales del poblado. Algunos de ellos lograron, incluso, hacerse de terrenos en lugares aledanos a los resguardos. Ciertamente, esto evidencia que, a nivel de estos asentamientos, no solo la estructura del Gobierno tradicional habia perdido presencia con el ocaso de la figura del cacique, como dispositivo esencial en la comunidad, sino tambien el abandono de formas de organizacion social mediante las cuales se preservaban los vinculos comunitarios, con la consecuente perdida de aspectos propios de su tradicion ancestral.

El hecho de que la asignacion de los lotes de tierra se hiciera por familia; significo que aquellos que constituian pequenas propiedades, se redujeran aun mas al tener que distribuirse entre sus miembros, correspondiendo a cada uno de ellos una minuscula parcela. Esto dio origen a la estructura minifundista, caracteristica de las tierras de la serrania meridena la cual, desde entonces, ha constituido un factor adverso para su desarrollo agricola.

De esa manera, la legislacion encargada de determinar que las tierras comunales fueran distribuidas y otorgadas en forma individual, completa, libre y circulante, constituyo un importante y decisivo ingrediente dentro del proceso de descomposicion ya en marcha, al presionar su division, legalizar su fraccionamiento y legitimar a una palpable realidad social plasmada en individualidades complejas en esos espacios comunales. Asi, ellas legitimaron pasos, instrumentos y estrategias, por lo que la propiedad colectiva de los pueblos andinos venezolanos paso a ser propiedad individual.

La liquidacion del resguardo en Merida estuvo acompanada de la perdida de rasgos de su cultura ancestral, tal como las lenguas nativas. Escenarios que causaron preocupacion en la maxima autoridad universitaria de la poblacion. En la ultima decada del siglo XIX, el doctor Caracciolo Parra Olmedo, Rector de la Universidad de Los Andes, solicitaba al Gobernador de la Seccion Merida, colaboracion para elaborar un diccionario del lenguaje de los indigenas meridenos. Aducia que desconfiaba que resultara un trabajo consumado porque "despues de cuatrocientos anos de lenguaje de los indios casi estara extinguido ... y porque el roce continuo de las generaciones sucesivas con los conquistadores debe haber adulterado las palabras e introducido otras". No obstante, el doctor Parra Olmedo aseveraba que algo podia lograrse y agregaba que ese "algo se perderia del todo si se deja transcurrir mas tiempo". En efecto, el tiempo transcurrio y del lenguaje indigena solo han quedado toponimos y algunos vocablos.

CONSIDERACIONES FINALES

Lo planteado permite considerar que el proceso de desmembramiento de la propiedad comunal en Venezuela, el cual culmina con su particion individualizada o particularizada, estuvo estrechamente vinculado al de las transformaciones experimentadas internamente en los pueblos de resguardo. Evento que se manifiesta desde la segunda mitad del XVIII y se acentua en el siglo XIX, con la presencia de elementos ajenos a la comunidad indigena original, mientras desnaturalizaron la razon de ser de la propiedad comunal. Esta situacion se agravo con la desbandada experimentada por la poblacion indigena y el desconcierto sobre sus resguardos provocado por las luchas independentistas en algunos sectores del territorio.

Aquellos cambios respondieron a agentes externos presentes en el escenario pueblerino que debio adaptarse a las presiones sociales ejercidas por las flamantes ideas liberales en auge y creo una verdadera anarquia dentro de esos espacios comunales. Ese desorden recibiria el estimulo de una legislacion inspirada en los principios individualistas y racionales del moderno liberalismo economico.

El ordenamiento juridico del siglo XIX, respecto a la propiedad comunal, constituyo un importante y efectivo componente dentro del proceso de desintegracion en marcha y su empecinamiento para a que esas tierras se distribuyeran y otorgaran en forma individual, completa, libre y circulante. Esto apresuro a su division y legalizo la particion final al tiempo que legalizo una patente realidad social plasmada en individualidades embrolladas en esos espacios. Justamente, ellas legitimaron pasos, instrumentos y estrategias, mediante los cuales la propiedad colectiva de los pueblos, tal como en el caso de Merida, pasaron a propiedad individual al culminar la parcelacion definitiva y asignacion de lotes a quienes dejaron de ser comuneros y pasaron a ser pequenos propietarios con ello se incorporaba su tierra al libre trafico comercial de las propiedades rurales y su acaparamiento en manos de los mas habiles o aptos. Asimismo, la liquidacion de esa modalidad de tenencia de la tierra permitia la disponibilidad de una destacada poblacion trabajadora campesina que se veria obligada a ingresar al mercado laboral. Ese proceso legal, despacioso y engorroso de parcelacion definitiva y asignacion de lotes, hizo palpable la inexistencia del poder e importancia social de las autoridades tradicionales en esas comunidades y la evidente existencia de una estratificacion socioeconomica pueblerina.

De este modo, las leyes liquidadoras del resguardo venezolano y, en particular, en el andino merideno, promovieron la participacion de otros sectores de la sociedad en dichos territorios, presionaron su particion, dieron formalidad legal a ese hecho y a la posesion de las individualidades enmaranadas, destino final de esos espacios. Este hecho debio satisfacer a sus gestores, quienes buscaban a toda costa y bajo la bandera de los nuevos ideales liberales, el libre desarrollo de fuerzas productivas alternativas. De cualquier manera, con grandes desventajas, la poblacion trabajadora de estos poblados y sus tierras, fueron arropadas por el sistema socioeconomico imperante. En consecuencia, una considerable parte de esos lugares pasaron a ser una conjuncion de minifundios, mientras que otros fueron absorbidos e incorporados a propiedades privadas aledanas, lo cual dio origen a una propiedad mayor, la propugnada por los fisiocratas.

Los primeros se siguieron subdividiendo en la medida en que algun nucleo familiar se fragmentaba y nuevos herederos acentuaban el fraccionamiento, tan caracteristico de los paisajes andinos venezolanos. Esta situacion, asociada a la tradicional utilizacion de tecnicas e instrumentos rudimentarios, a la baja productividad de suelos esteriles, a una reconocida dificultad y a los altos costos del transporte hasta los mercados, constituye, desde entonces, uno de los problemas socioeconomicos propios de estas tierras.

Sin embargo, el estudio realizado revela que en el seno de las poblaciones andinas que usufructuaron tierras comunales, aldeas agricolas de los valles altos y medios de las sierras meridenas, se dividieron de los resguardos para constituirse en una de las mas evidentes expresiones del minifundio en Venezuela. Asimismo, este analisis ofrece explicacion sobre la existente propiedad mancomunada en los derechos de paramo y de cria de las tierras andinas meridenas como vestigio de aquellos resguardos. Ellos fueron parte de esas tierras comunales no repartibles destinada para uso de los comuneros, a las que algunos de sus descendientes se apegan y apelan para mantenerlos y usufructuarlos. Asimismo, se mantienen los vestigios reales de costumbres, ritos y modalidades laborales ancestrales como mano vuelta y la cayapa.

Con la desaparicion de esa modalidad de propiedad culmino el dilema individuo versus comunidad caracteristico de la politica agraria que persistio a lo largo del siglo XIX. Esa politica tampoco se preocupo por implementar medidas complementarias que dieran a esa modesta poblacion excomunera la posibilidad de participacion dentro de una economia sustentada en el individualismo.

BIBLIOGRAFIA

Amodio, Emanuele. "Los resguardos indigenas en la legislacion republicana", Law and Antrophology" No 6 (1991): 218.

Amodio, Emanuele. Los indios metropolitanos: identidad etnica, estrategias politicas y globalizacion entre los pueblos indigenas de America Latina, en America Latina en tiempos de globalizacion, coords. (Caracas: UNESCO-Asociacion Latinoamericana de Sociologia, 1996), 54.

Amodio, Emanuele. "Invasion y defensa de los resguardos en el Oriente de Venezuela, 1770-1850". Montalban, No. 23 (1991): 267-308.

Amodio, Emanuele. "La republica indigena. Pueblos indigenas y perspectivas politicas en Venezuela". Revista Venezolana de Economia y Ciencias Sociales, Vol. 13 No. 3 (2007): 175-188.

Anes, Gonzalo. El Antiguo Regimen: Los Borbones, en Historia de Espana, ed. Miguel Artola. Madrid: Alianza Editorial, 1976.

Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Bogota: Universidad Nacional de Colombia, 1982.

Arellano Moreno, Antonio. Memorias provinciales 1845. Caracas: Congreso de la Republica, 1973.

Arrioja Diaz Viruel, L. A. "Dos visiones en torno a un problema: Las tierras comunales indigenas en Oxaca y Michoacan, 1824-1857". Relaciones, Vol. XXXI No. 124 (2010): 143-185.

Armellada, Fray Cesareo de (Comp.). Fuero indigena venezolano. Caracas: Universidad Catolica Andres Bello, 1977.

Ballon Aguirre, Francisco. Introduccion al Derecho de los Pueblos Indigenas. Lima: Defensoria del Pueblo, 2003.

Bastidas, V. L. "Una mirada etnohistorica a las tierras indigenas de Merida". Boletin Antropologico No. 44 (1998): 34-59.

Bastidas, V L. "De los timoto-cuicas a la invisibilidad del indigena andino y a su diversidad cultural". Boletin Antropologico, Ano 21 No. 59 (2003): 283-312.

Bonilla, H. Los Andes en la encrucijada. Indios, comunidades y Estado en el siglo XIX. Quito: Ediciones Libri Mundi-Flacso, 1991.

Bonnet-Velez, Diana. Tierra y comunidad. Un problema irresuelto. El caso del altiplano cundiboyacense (Virreinato de la Nueva Granada) 1750-1800. Bogota: Instituto Colombiano de Antropologia e Historia, Universidad de los Andes, 2002.

Buve, Raymond. "Caciques, vecinos, autoridades y la privatizacion de los terrenos comunales: un hierro candente en el Mexico de la Republica Restaurada y el Porfiriato". En Los pueblos campesinos de las Americas. Etnicidad, cultura e historia en el siglo XIX, editado por

Amado Bonilla y Heraclio Guerrero Rincon. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 1996, 25-43.

Caballero Arias, Hortensia. "La demarcacion de tierras indigenas en Venezuela". Revista Venezolana de Economia y Ciencias Sociales Vol. 13, No. 3 (2007): 189-208.

Canedo Arguelles, Teresa. "La desvinculacion de bienes en las comunidades indigenas del sur andino", Actas del IX Congreso Internacional de AHILA, Vol. III (1998): 229-239.

Canedo Arguelles, Teresa. "La tenencia de la tierra en el sur andino; El valle de Moquegua, 1530-1825", Revista de Indias, CSIC, 193, vol. LI (1991): 481-503.

Carrocera, Buenaventura. Mision de los Capuchinos en los Llanos de Caracas (Introduccion y Resumen Historico. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1972.

Castillo Lara, Lucas G. Materiales para la historia provincial de Aragua. Caracas, Academia Nacional de la Historia No. 128, 1977, 29-131.

Chalbaud, E. Historia de la Universidad de Los Andes, Tomo VII. Merida: Universidad de los Andes-Ediciones del Rectorado, 1975.

Conde, Jorge. "Pueblos de indios y resguardos departamento del Atlantico". Ensayos historicos sobre el departamento del Atlantico. Ministerio de Cultura (2002): 43-67.

De Solano, Francisco. Ciudades hispanoamericanas y pueblos de indios. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1990.

De Solano, Francisco. Ciudades hispanoamericanas y pueblos de indios. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 2007.

Demelas Bohy, M. D. "La desvinculacion de las tierras comunales en Bolivia, siglo XIX". En El proceso desvinculador y desamortizador de bienes eclesiasticos y comunales en la America espanola. Siglos XVIII y XX, editado por Hans-Jurgen, Prien y Rosa Martinez de Codes. Holanda: AHILA, 1999, 129-155.

Documentos para la Historia Colonial de Venezuela. Caracas: Crisol, 1946.

Escobar Ohmstede, Antonio. "La conformacion o no de una sociedad multietnica en las Huastecas". Los pueblos campesinos de las Americas. Etnicidad, cultura e historia en el siglo XIX, editado por Amado Bonilla y Heraclio Guerrero Rincon. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 1996, 1-24.

Fals Borda, Orlando. Historia de la cuestion agraria en Colombia. Bogota: Publicaciones de la Rosca, 1975.

Foucault, Michel. Discipline and Punish. The Birth of the Prison. Nueva York: Vintage Books, 1979.

Friede, J. El indio en la lucha por la tierra: historia de los resguardos del macizo central colombiano. Bogota: Ediciones Espiral, 1944.

Friede, J. "De la encomienda a la propiedad territorial y su influencia sobre el mestizaje". Anuario de Historia Social y de la Cultura No. 4 (1969): 35-61.

Garcia, Antonio. Los Comuneros 1781-1981, Bogota: Plaza & Janes, 1981.

Gerhard, Peter. "La evolucion del pueblo rural mexicano: 1519-1975", Historia Mexicana Vol. 24, No. 4 (1975): 566-578.

Gomez, Isabel Maria. "El Resguardo Indigena de Nuestra Senora de la Candelaria 1593-1870". Tesis doctoral inedita, Carcas: Universidad Central de Venezuela, 2011.

Gonzalez, Margarita. "La Politica Economica Virreinal en el Nuevo Reino de Granada: 1750-1810", Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura No. 11 (1983): 129-186.

Gonzalez, Margarita. El Resguardo en el Nuevo Reino de Granada. Bogota: Universidad Nacional de Colombia, 1970.

Gonzalez Luna, Maria Dolores. "La politica reformista en los resguardos en el siglo XVIII", Estudios sobre politica indigenista espanola en America, T. 3, (1977): 201-217.

Grieshaber, Erwin P. "Survival of Indian communities in Nineteenth Century Bolivia: A Regional Comparison". Journal of Latin American Studies Vol. 12, part. 2 (1980): 223-269.

Grieshaber, Erwin P. "Resistencia indigena a la venta de tierras comunales en el departamento de La Paz, 1881-1920". Data. Revista del Instituto de Estudios Andinos y Amazonicos No. 1(1991): 113-143.

Guilarte Ugas, Nelly. Las tierras del resguardo indigena del pueblo de Turmero 1830-1850. http://turmerohistoriahuellasytestimonio.blogs pot.com/2011/03/las-tierras-del-resguardo-indigena-del.html.....5 Mar 2011.

Langer, Erick D.E. "Persistencia y cambio en las comunidades indigenas del sur de Bolivia en el siglo XIX". Data. Revista del Instituto de Estudios Andinos y Amazonicos No. 1 (1991): 61-83.

Levaggi, A. "El proceso desamortizador y desvinculador de los bienes de manos muertas desde la optica juridica". El proceso desvinculador y desamortizador de bienes eclesiasticos y comunales en la Ameri ca Espanola. Siglos XVIII y XX, editado por Hans-Jurgen, Prien y Rosa Martinez de Codes. Holanda: AHILA, 1999, 33-60.

Licate, Jack Anthony. Creation of a Mexican Landscape. Territorial Organization and Settlement in the Eastern Puebla Basin. 1520-1605. Chicago: University of Chicago, 1981.

Lievano Aguirre, Indalecio. Los grandes conflictos sociales y economicos de nuestra historia. Bogota: Ediciones Tercer Mundo, 1972.

Luna, Lola. Resguardos coloniales de Santa Marta y Cartagena y resistencia indigena. Bogota: Banco Popular, 1993.

Martens Ramirez, Raquel."La demarcacion del habitat y tierras de comunidades y pueblos indigenas del estado Bolivar, entre el desarrollo nacional y la identidad cultural". Boletin Antropologico Vol. 2 No. 82 (2012): 132-162.

Martinez Guarda, Maria. "La tierra de resguardos indigenas. Un aspecto de la formacion de la propiedad territorial en el siglo XIX". Revista Universitaria de Historia No. 1 (1982): 97-115.

Mayorga G., F. La propiedad territorial indigena en la Provincia de Bogota. Del proteccionismo a la disolucion (1831-1857). Bogota: Academia Colombiana de Jurisprudencia, 2012.

Merejech, Cristina. "Resguardos indigenas, propiedad de la tierra en los valles de Aragua. Los Guayos, un ejemplo de expropiacion 18101830". (Trabajo de Ascenso inedito, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1984).

Meyer, Jean. "La desamortizacion de las comunidades en Jalisco. Esperando a Lozada". Zamora: El Colegio de Michoacan-CONACYT, 1984.

Ots Capdequi, Jose Maria. Nuevos aspectos del siglo XVIII espanol en America. Bogota: Centro Ins. Graf, 1946.

Platt, T. "La experiencia andina del liberalismo boliviano entre 1825 y 1900: Raices de la Rebelion de Chayante (Potosi) durante el siglo XIX". Resistencia, rebelion y conciencia campesina en los Andes, editado por Steve Stern. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1990, 280-326.

Prato-Perelli, Antoinette. "Ocupacion y reparticion de tierras indigenas en Nueva Granada". Montalban No. 17 (1986): 427-461.

Rivera Sierra, Jairo. El Resguardo Indigena en la Republica. Una politica y unas perspectivas". Boletin de Historia y Antiguedades No. 751 (1985): 780-805.

Rodriguez Ostria, G. "Entre reformas y contrarreformas: las comunidades indigenas en el valle bajo cochabambino (1825-1900)". Data. Revista del Instituto de Estudios Andinos y Amazonicos No. 1 (1991): 169210.

Rodriguez Rojas, Pedro. Resguardos indigenas en la Provincia de Barquisimeto: caso El Tocuyo.

Roldan Ortega, R. Pueblos indigenas y leyes en Colombia. Aproximacion critica al estudio de su pasado y su presente. Bogota: Tercer Mundo Editores, 2000.

Rondon, Isidra. "El Resguardo en Merida. El caso de Pueblo Llano". (Tesis de Licenciatura en Historia inedita, Merida: Universidad de Los Andes, 2000).

Samudio A., Edda. "El Resguardo Indigena en la Legislacion Indiana y del siglo XIX. Proceso de Institucionalizacion de las Comunidades Indigenas en Merida", en Hombre, Tierra y Sociedad. I. Topohistoria y Resguardo Indigena, eds. Jose del Rey Fajardo sj y Edda O. Samudio A. San Cristobal: Universidad Catolica del Tachira, Pontificia Universidad Javeriana, Bogota, Caracas, 1996, 159-259.

Samudio A., Edda. "Proceso de poblamiento y asignacion de resguardos en los Andes venezolanos", Revista Complutense de Historia de America No. 21 (1995): 167-208.

Samudio A., Edda. El Colegio San Francisco Javier en el contexto historico, social, religioso, educativo y economico de la Merida colonial, en El Colegio San Francisco Javier en la Merida Colonial., eds. Edda O. Samudio A., Jose del Rey Fajardo y Manuel Briceno Jauregui, Tomo I (Merida: Universidad de Los Andes, Ediciones del Rectorado, 2003), 131.

Samudio, Edda. "De la propiedad comunal a la propiedad privada" Merida a traves del tiempo. Siglos XIX y XX. Politica Economia y Sociedad, editado por Rita Giacalone. Merida: Universidad de Los Andes-Consejo de Publicaciones-Consejo de Desarrollo Cientifico, Humanistico y Tecnologico, 1996, 15-42.

Samudio, Edda. "El ocaso de las tierras comunales indigenas en la Merida andina". Actas del XI Congreso Internacional de AHILA Tomo III (1998): 289-306.

Samudio, Edda. "El resguardo indigena en Merida, siglos XVI al XIX" (I Parte), Paramillo 11 (1992): 5-90.

Samudio, Edda. "Les resguardos au Venezuela. Le cas particulier de la province andine de Merida". En Les proprietes collectives face aux attaques liberales (1750- 1914). Europe occidentale et Amerique Latine. Rennes: Presses Universitaries de Rennes, 2003, 259-280.

Samudio, Edda. "The Dissolution of Indian Community Lands in the Venezuelan Andes: The Case of La Mesa". Year Book Vol. 23 Conference of Latin Americanist Geographers (1997): 17-26.

Samudio, Edda. "Valoracion, particion y distribucion de la tierra de los resguardos indigenas en una localidad andina venezolana. Santa Barbara de Chachopo". Anuario de Estudios Americanos, Vol. 67 No. 2 (2010): 679-709.

Sandia, Alba M. y Contreras Fany. "Resguardo de bailadores: una liquidacion temprana". (Tesis de Licenciatura en Historia inedita, Merida: Universidad de los Andes, 1991).

Solano, Sergio Paolo y Florez Bolivar, Roicer Alberto. "Resguardos indigenas en el Caribe colombiano durante el siglo XIX". Procesos Historicos. Revista de Historia y Ciencias Sociales No. 19 (2007): 72-88.

Solano, Sergio Paolo y Florez Bolivar, Roicer Alberto. "Resguardos indigenas, ganaderia y conflictos sociales en el Bolivar Grande, 18501875". Historia Critica No. 34 (2007): 92-117.

Solano, Sergio Paolo y Florez Bolivar, Roicer Alberto. "Expropiacion de las tierras del resguardo indigena de Tubara y las normas juridicas de la epoca". Justicia No. 12 (2007): 83-89.

Solano, Francisco. "Tierra, comercio y sociedad, un analisis de la estructura agraria centroamericana durante el siglo XVIII". Revista de Indias No. 125-126 (1971): 311-365.

Solano, Francisco. Cedulario de tierras. Compilacion de legislacion agraria colonial (1497-1820). Mexico: Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 1984.

Subero, Luis Enrique. "El Resguardo en Merida Colonial". (Tesis de Licenciatura en Historia inedita. Merida: Universidad de Los Andes, 1979).

Tovar P. Hermes. "Los baldios y el problema agricola en la Costa Caribe colombiana (1830-1900)". Fronteras No. 1 (1997): 35-55.

Tutino, John. "Cambio social, agrario y rebelion campesina en el Mexico decimononico: el caso de Chalco". Revuelta, rebelion y revolucion Tomo I, editado por Katz Friedrich. Mexico: Editorial Era, 1990, 94-113.

Universidad Central de Venezuela. Consejo de Desarrollo Cientifico y Humanistico. Materiales para el estudio de la cuestion agraria en Venezuela, 1829-1860: enajenacion y arrendamiento de tierras baldias. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1971.

Valdes, Alberto. "Intento de analisis integral sobre el actual proceso de acaparamiento de tierras baldias, tradicionalmente indigenas en el Amazonas venezolano". Primeras Jornadas de Desarrollo Rural en Venezuela (1971).

Valdes, Alberto. "La dotacion de tierras a comunidades indigenas en Venezuela: desde la Colonia hasta nuestros dias". America Indigena Vol. XXXIV No. 1 (1974): 215-223.

Varese, Estefano. "Derechos etnicos en el Peru", en Derecho Indigena y derechos humanos en America Latina, ed. Rodolfo Stavenhagen (Mexico: El Colegio de Mexico, 1988), 339-340.

Velazquez, Nelly. "Los resguardos de indios en la Provincia de Merida siglo XVII". Fermentum No. I (1991): 7-18.

Velazquez, Nelly. "Los resguardos de indios en la Provincia de Merida del Nuevo Reino de Granada (siglo XVII) y la integracion sociocultural". En Conquesta i resistiencia en la historia d'America, editado por Jordan Pilar Garda e Miguel Izard. Barcelona: Publicacions Universidad de Barcelona, 1992, 111-121.

Vicens Vives, J. Historia Social y Economica de Espana y America, T. IV (Barcelona: Editorial Vicens-Vives, 1974).

Zambrano Pantoja, Fabio. "Aspectos de la agricultura a comienzos del siglo XIX", Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura No. 10 (1982): 140.

* Este articulo forma parte del proyecto: "Las tierras comunales indigenas en la historia agraria de los Andes venezolanos", financiado por el Grupo de Investigaciones de Historia de las Regiones Americanas (GIHRA).

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(1) Al respecto, vease el trabajo de Emanuele Amodio, "La republica indigena. Pueblos indigenas y perspectivas politicas en Venezuela", Revista Venezolana de Economia y Ciencias Sociales Vol. 13 No 3 (2007): 175-188.

(2) Se hace referencia a la Ley de Demarcacion y Garantia de Habitat y Tierras de los Pueblos Indigenas del 12 de enero de 2001. Meses mas tarde, mediante Decreto presidencial No 1392, se crea la Comision Nacional de Demarcacion de Habitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades.

(3) Consultar los estudios de: Hortensia Caballero Arias. "La demarcacion de tierras indigenas en Venezuela", Revista Venezolana de Economia y Ciencias Sociales Vol. 13 No 3 (2007): 189-208 y Raquel Martens Ramirez, "La demarcacion del habitat y tierras de comunidades y pueblos indigenas del estado Bolivar, entre el desarrollo nacional y la identidad cultural", Boletin Antropologico Vol. 2 No 82 (2012): 132-162.

(4) Fray Cesareo de Armellada, Fuero indigena venezolano II (Caracas: Universidad Catolica Andres Bello, 1977, 176-178).

(5) El articulo 2 disponia: "Quedan extinguidos en la Republica los antiguos Resguardos de indigenas, asi como tambien todos y cada uno de los privilegios y exenciones que las Leyes de Indias establecieron a favor de la reduccion y civilizacion de las tribus indigenas" (Fray Cesareo de Armellada, Fuero Indigena, 177).

(6) Estaban regidos y administrados por el Ejecutivo Federal, sujetos a un sistema especial de gobierno, hasta que reconsiderara conveniente elevarlos a otra categoria (Fray Cesareo de Armellada, Fuero Indigena, 177).

(7) A los pueblos meridenos se segrego y numero el area de uso comun que en algunos casos llego a ser mayor que la repartida, asi como lotes dedicados a la venta o al pago de deudas contraidas durante el proceso de particion.

(8) Algunos de los estudios realizados: Luis Enrique Subero, "El Resguardo en Merida Colonial" (tesis de pregrado en Historia, Universidad de Los Andes, Merida, Venezuela, 1979); Isidra Rondon, "El Resguardo en Merida. El caso de Pueblo Llano" (tesis de pregrado en Historia, Universidad de Los Andes, Merida, Venezuela, 1985); Egle Varela D. y Yoly Toro, "Algunos aspectos de la Historia de Chiguara del siglo XVI al XIX" (tesis de pregrado en Historia, Universidad de Los Andes, Merida, Venezuela, 1988); Alba M. Sandia M. y Fany C. Contreras D, "Resguardo de Bailadores: Una Liquidacion Temprana" (tesis de pregrado en Historia, Universidad de Los Andes, Merida, Venezuela, 1991); Edda O. Samudio A., "El Resguardo Indigena en la Legislacion Indiana y del siglo XIX. Proceso de Institucionalizacion de las Comunidades Indigenas en Merida", en Hombre, Tierra y Sociedad. I. Topohistoria y Resguardo Indigena, eds. Jose del Rey Fajardo sj y Edda O. Samudio A. (San Cristobal: Universidad Catolica del Tachira, Pontificia Universidad Javeriana, Bogota, Caracas, 1996), 159-259; Nelly Velazquez, "Los resguardos de indios en la Provincia de Merida siglo XVII", Fermentum No. I (1991):7-18; Nelly Velazquez, "Los resguardos de indios en la Provincia de Merida del Nuevo Reino de Granada (siglo XVII) y la integracion sociocultural", en Conquesta i resistiencia en la historia d'America, eds. Pilar Garda Jordan y Miquel Izard (Barcelona: Univ. de Barcelona, 1992), 111-121; Edda O. Samudio A., "Proceso de poblamiento y asignacion de resguardos en los Andes venezolanos", Revista Complutense de Historia de America No. 21 (1995): 167-208.

(9) Cristina Merejech de A., "Resguardos indigenas, propiedad de la tierra en los valles de Aragua. Los Guayos, un ejemplo de expropiacion 1810-1830" (trabajo de Ascenso, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela, 1984); Isabel Maria Gomez, "El Resguardo Indigena de Nuestra Senora de la Candelaria 1593-1870" (tesis doctoral, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2011); Antoinette Prato-Perelli, "Ocupacion y reparticion de tierras indigenas en Nueva Granada", Montalban No. 17, (1986): 427-461; Pedro Rodriguez Rojas, Resguardos indigenas en la Provincia de Barquisimeto: caso El Tocuyo, http://www.monografias.com/usuario/perfiles/dr_pedro_rodriguez_rojas/monografias.

(10) Emanuel Amodio, Invasion y defensa de los Resguardos en el Oriente de Venezuela, 1770-1850", Montalban No. 23 (1991): 267-308.

(11) Entre ellos: Maria Martinez Guarda, "La tierra de resguardos indigenas. Un aspecto de la formacion de la propiedad territorial en el siglo XIX," Revista Universitaria de Historia, No. 18 (1982): 97-115; Alberto Valdes, "Intento de analisis integral sobre el actual proceso de acaparamiento de tierras baldias, tradicionalmente indigenas en el Amazonas venezolano", Primeras Jornadas de Desarrollo Rural en Venezuela (1971).

(12) Entre ellos: Raymond Buve, "Caciques, vecinos, autoridades y la privatizacion de los terrenos comunales: un hierro candente en el Mexico de la Republica Restaurada y el Porfiriato", en Los pueblos campesinos de las Americas. Etnicidad, cultura e historia en el siglo XIX, eds. Heraclio Bonilla y Amado A. Guerrero Rincon (Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 1996), 25-41; Antonio Escobar Ohmstede, "La conformacion o no de una sociedad multietnica en las Huastecas", en Los pueblos campesinos de las Americas. Etnicidad, cultura e historia en el siglo XIX, eds. Heraclio Bonilla y Amado A. Guerrero Rincon (Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 1996), 1-24; Peter Gerhard, "La evolucion del pueblo rural mexicano: 1519-1975", Historia Mexicana Vol. 24, No. 4 (1975): 566-578; Jack Anthony Licate), Creation of a Mexican Landscape. Territorial Organization and Settlement in the Eastern Puebla Basin. 1520-1605 (Chicago: University of Chicago, 1981); John Tutino, "Cambio social, agrario y rebelion campesina en el Mexico decimononico: el caso de Chalco", en Revuelta, rebelion y revolucion, comp. Fiedrich Kats (Mexico: Editorial Era, I, 2004), 94-143.

(13) Algunos de ellos: Orlando Fals Borda, Historia de la Cuestion Agraria (Bogota: Carlos Valencia Editores, 1975); Sergio Paolo Solano de las Aguas y Roicer Alberto Florez Bolivar, "Resguardos indigenas, ganaderia y conflictos sociales en el Bolivar Grande, 1850-1875", Historia Critica No. 34 (2007): 92-117. Francisco de Solano, Ciudades hispanoamericanas y pueblos de indios (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 2007); Jean Meyer, "La desamortizacion de las comunidades en Jalisco". Esperando a Lozada, (Zamora, Mexico: El Colegio de Michoacan, 1984), 111-139; Jairo Rivera Sierra, "El Resguardo Indigena en la Republica. Una politica y unas perspectivas", Boletin de Historia y Antiguedades No. 751 (1985): 780-805; Lola Luna, Resguardos coloniales de Santa Marta y Cartagena y resistencia indigena (Bogota: Banco Popular, 1993); Maria Dolores Gonzalez Luna, "La politica reformista en los resguardos en el siglo XVIII", Estudios sobre politica indigenista espanola en America, T.3, (1977): 201-217; Armando Martinez Garnica, El regimen del Resguardo en Santander (Bucaramanga: Gobernacion de Santander, 1993); Diana Bonnett, Tierra y comunidad. Un problema irresuelto. El caso del altiplano cundiboyacense (Virreinato de la Nueva Granada) 1750-1800 (Bogota: Universidad de los Andes, 2002); Diana Bonnett, "De la conformacion de los pueblos de indios al surgimiento de las parroquias de vecinos. El caso del altiplano cundiboyacense", Revista de Estudios Sociales No. 10 (2001): 9-19; Jairo Rivera Sierra, "EI Resguardo Indigena en la Republica. Una politica y unas perspectivas", Boletin de Historia y Antiguedades No. 751(1985): 803-856.

(14) Entre ellos: Erwin P. Grieshaber, "Survival of Indian communities in Nineteenth Century Bolivia: A Regional Comparison", Journal of Latin American Studies Vol. 12, part. 2 (1980): 223-269; Erwin P. Grieshaber, "Resistencia indigena a la venta de tierras cumunales en el departamento de La Paz, 1881-1920, Revista Data No. 1(1991): 113-143; Erick D. Langer, "Persistencia y cambio en las comunidades indigenas del sur de Bolivia en el siglo XIX", Revista Data No. 1(1991): 61-81.

(15) Algunos de esos estudios son: Estefano Varese, "Derechos etnicos en el Peru", en Derecho Indigena y derechos humanos en America Latina, ed. Rodolfo Stavenhagen (Mexico: El Colegio de Mexico, 1988), 339-340; Teresa Canedo Arguelles, "La tenencia de la tierra en el sur andino; El valle de Moquegua, 1530-1825", Revista de Indias, CSIC, 193, vol. LI (1991): 481-503; Teresa Canedo Arguelles, "La desvinculacion de bienes en las comunidades indigenas del sur andino", Actas del IX Congreso Internacional de AHILA, Vol. III (1998): 229-239; Francisco de Solano, Ciudades hispanoamericanas y pueblos de indios (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1990); Francisco Ballon Aguirre, Introduccion al Derecho de los Pueblos Indigenas (Lima: Defensoria del Pueblo, 2003).

(16) Jose Maria Ots Capdequi, Nuevos aspectos del siglo XVIII espanol en America (Bogota: Editorial Centro-Ins. Ltda., 1946).

(17) Punto no. 2 de la Instruccion, en: Jose Maria Ots Capdequi, Nuevos aspectos del siglo XVIII espanol en America (Bogota: Editorial Centro-Ins. Ltda., 1946), 245-246.

(18) Jose Maria Ots, Nuevos aspectos, 245-246.

(19) Lo contemplaba en la tercera disposicion. Jose Maria Ots, Nuevos aspectos, 245-246.

(20) Comparable a la Real Cedula de 1591. Jose Maria Ots, Nuevos aspectos, 250.

(21) Esta publicado el texto completo. Jose Maria Ots, Nuevos aspectos, 250.

(22) Fabio Zambrano Pantoja, "Aspectos de la agricultura a comienzos del siglo XIX", Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura No. 10 (1982): 140. Tambien se hace referencia a ello en: Edda O. Samudio A., "El Resguardo indigena en Merida, siglos XVI al XIX (I Parte)", Paramillo, 11-12: 24.

(23) Alberto Valdes, "La dotacion de tierras a comunidades indigenas en Venezuela: desde la Colonia hasta nuestros dias", America Indigena Vol. XXXIV No. 1 (1974): 219-220.

(24) Edda O. Samudio A., El Resguardo indigena en Merida, 27.

(25) Indalecio Lievano Aguirre, Los grandes conflictos sociales y economicos de nuestra historia, 4a ed. (Bogota: Ediciones Tercer Mundo, 1972), 418. Es importante destacar la influencia directa de Campillo, particularmente y de Cosio, Jovellanos, Bernardo Ward y Campomanes en el Proyecto economico borbonico. Sobre ello, vease a: Margarita Gonzalez, "La Politica Economica Virreinal en el Nuevo Reino de Granada: 1750-1810", Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura No. 11 (1983): 129-186. Una vision de la Espana de la epoca en: Jean Sarria, La Espana Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII (Mexico, 1957); Gonzalo Anes, El Antiguo Regimen: Los Borbones, en Historia de Espana, ed. Miguel Artola (Madrid: Alianza Editorial, 1976) y para una Historia General del periodo borbonico, la obra de: J. Vicens Vives, Historia Social y Economica de Espana y America, T. IV (Barcelona: Editorial Vicens-Vives, 1974).

(26) Francisco Solano, "Tierra, comercio y sociedad, un analisis de la estructura agraria centroamericana durante el siglo XVIII", Revista de Indias No. 125-126 (1971): 359.

(27) Real Cedula de Tierras del 2 de agosto de 1780. Transcrita y publicada en: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura (Bogota: Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia No. 10, 1982): 236. Asimismo, se alude a ello en: Edda O. Samudio A., El Resguardo indigena en Merida, 27.

(28) Edda O. Samudio A., El Resguardo indigena en Merida, 27.

(29) Edda O. Samudio A., El Resguardo indigena en Merida, 28.

(30) Edda O. Samudio A., El Resguardo indigena en Merida, 28.

(31) Antonio Garcia, Los Comuneros 1781-1981 (Bogota: Plaza & Janes, 1981), 112.

(32) Antoinette Da Pratto-Parelli, "Ocupacion y reparticion de tierras indigenas en Nueva Granada", 442.

(33) Edda O. Samudio A., El Resguardo indigena en Merida, 30.

(34) Archivo del Registro Subalterno del Distrito Pedraza del Estado Barinas. Libro de copias de Escrituras Antiguas. Escritura de reclamo de propiedad de tierras de los indigenas de Santa Barbara, Pedraza, 27 de octubre de 1845, 65-68. Edda O. Samudio A., El Resguardo indigena en Merida, 30-31.

(35) Fray Buenaventura Carrocera, Introduccion y Resumen Historico. Mision de los Capuchinos en los Llanos de Caracas Vol. 112 (Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1972), 157. Tambien en: Edda O. Samudio A., El Resguardo indigena en Merida, 29. Algunas de las mediciones de la legua a cada rumbo pueden conocerse en: Lucas G. Castillo Lara, Materiales para la historia provincial de Aragua (Caracas, Academia Nacional de la Historia No. 128, 1977), 29-131.

(36) Lucas G. Castillo Lara, Materiales para la historia, 165.

(37) Lucas G. Castillo Lara, Materiales para la historia, 157.

(38) Edda O. Samudio A., El Resguardo indigena en Merida, 30.

(39) Documentos para la Historia Colonial de Venezuela (Caracas: Editorial Crisol, 1946), 11-16. Asimismo en Edda O. Samudio A., El Resguardo indigena en Merida, 30.

(40) Edda O. Samudio A., El Resguardo indigena en Merida, 12.

(41) Francisco Solano, Cedulario de tierras. Compilacion de legislacion agraria colonial (1497-1820) (Mexico: Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 1984).

(42) Documentos para la Historia Colonial de Venezuela, 146-147. Igualmente: Edda O. Samudio A., El Resguardo indigena en Merida, 31.

(43) Documentos para la Historia Colonial de Venezuela, 147.

(44) Edda O. Samudio A., El Resguardo indigena en Merida, 31.

(45) Edda O. Samudio A., El Resguardo indigena en Merida, 31

(46) Edda O. Samudio A., El Colegio San Francisco Javier en el contexto historico, social, religioso, educativo y economico de la Merida colonial, en El Colegio San Francisco Javier en la Merida Colonial., eds. Edda O. Samudio A., Jose del Rey Fajardo y Manuel Briceno Jauregui, Tomo I (Merida: Universidad de Los Andes, Ediciones del Rectorado, 2003), 131.

(47) Edda O. Samudio A., El Colegio San Francisco Javier, 5.

(48) Antonio Escobar Ohmstede, La conformacion o no de una sociedad multietnica en las Huastecas, Mexico, en Los pueblos campesinos de las Americas, eds. Heraclio Bonilla y Amado A. Guerrero Rincon, 1-24.

(49) Fray Cesareo de Armellada, Fuero indigena venezolano, Vol. II, 17-18.

(50) Fray Cesareo de Armellada, Fuero indigena venezolano, Vol. II, 17-18.

(51) Fray Cesareo de Armellada, Fuero indigena venezolano, Vol. II, 17-18.

(52) Emanuele Amodio, Los indios metropolitanos: identidad etnica, estrategias politicas y globalizacion entre los pueblos indigenas de America Latina, en America Latina en tiempos de globalizacion, coords. (Caracas: UNESCO-Asociacion Latinoamericana de Sociologia, 1996), 54.

(53) Como se observara, El Libertador rectifico el Decreto del 20 de mayo que dirigio de manera particular al Gobernador Comandante de Tunja. Fray Cesareo de Armellada, Fuero indigena venezolano, Vol. II, 29-30.

(54) Memorias Provinciales 1845, 271.

(55) Fray Cesareo de Armellada, Fuero indigena venezolano, Vol. II, 29-30.

(56) Fray Cesareo de Armellada, Fuero indigena venezolano, Vol. II, 30.

(57) Fray Cesareo de Armellada, Fuero indigena venezolano, Vol. II, 34-35.

(58) Fray Cesareo de Armellada, Fuero indigena venezolano, Vol. II, 34. Tambien en: Cuerpo de Leyes de la Republica de Colombia. 1821-1827 (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1961).

(59) Fray Cesareo de Armellada, Fuero indigena venezolano, Vol. II, 34.

(60) Fray Cesareo de Armellada, Fuero indigena venezolano, Vol. II, 62.

(61) Memorias Provinciales 1845, 271.

(62) Fray Cesareo de Armellada, Fuero indigena venezolano, Vol. II, 70.

(63) Fray Cesareo de Armellada, Fuero indigena venezolano, Vol. II, 71.

(64) Memorias Provinciales 1845, 271.

(65) Nelly Guilarte Ugas, Las tierras del Resguardo indigena del pueblo de Turmero 1830-1850. http:// turmerohistoriahuellasytestimonio.blogspot.com/2011/03/las-tierras-del-Resguardo-indigena-del. html

(66) Afirmaba textualmente: "Si terrenos tan feraces y extensos en donde estan diseminados tantas poblaciones, hallandose excluidos del comercio comun: si la industria humana no explota los veneros de tan valiosas minas rurales: si se ponen trabas a su enajenacion sin que por otra parte un propietario experto y celoso, excave, cultive y beneficie senos fecundos de riqueza agricola: si los valores representados en esas opulentas heredades no concurren a la libre circulacion ni participan de la ventaja inherentes a las del dominio publico y privados: si la incuria y estolidez presentan una remora a la produccion de los terrenos, siendo cierto que esta no se impulsa eficazmente por la accion proletaria: si, por decirlo de una vez por todo, los progresos estadisticos de los distritos indigenas encadenados por una desidia crasa paralizan su creciente mejoramiento; todos estos hechos demuestran que peca contra los principios de la economia politica-administrativa, toda institucion que estanca las propiedades raices en manos de inertes y torpes". Memorias Provinciales 1845, 272.

(67) Memorias Provinciales 1845, 271.

(68) Memorias Provinciales 1845, 271.

(69) Al respecto vease: Materiales para el estudio de la cuestion agraria en Venezuela (1829-1860): enajenacion y arrendamiento de tierras baldias (Caracas: Universidad Central de Venezuela, Consejo de Desarrollo Cientifico y Humanistico, 1971), 461-472.

(70) Sobre ellas vease: Decreto del 18 de abril de 1840, el del 19 de mayo de 1841. Materiales para el estudio de la cuestion agraria en Venezuela, 243-244, 307-308 y 464-466.

(71) Resolucion Ejecutiva por la cual se ordena respetar la propiedad de los particulares, y en especial la de los indigenas, en las diligencias de averiguacion y enajenacion de baldios, con el fin de frenar los abusos. Caracas, 21 de enero de 1852. Materiales para el estudio de la cuestion agraria en Venezuela, 461. Tambien en: Fray Cesareo de Armellada, Fuero indigena venezolano. II, 134-135.

(72) Fray Cesareo de Armellada, Fuero indigena venezolano. II, 135.

(73) Fray Cesareo de Armellada, Fuero indigena venezolano. II, 134 135

(74) Fray Cesareo de Armellada, Fuero indigena venezolano. II, 176-178.

(75) La Ley se hizo en consideracion a que habian transcurrido sesenta y un anos o desde que la Ley de Colombia de 11 de octubre de 1821, en la que se dispuso que los Resguardos de Los indigenas fuesen repartidos. Ademas hace referencia a las leyes de 1836, 1838 y 1841. Fray Cesareo de Armellada, Fuero indigena venezolano. II, 176.

(76) Fray Cesareo de Armellada, Fuero indigena venezolano. II, 176-177.

(77) Fray Cesareo de Armellada, Fuero indigena venezolano. II, 198-200.

(78) Eran las que habitaban en las zonas selvaticas, en la cuenca Alta del Orinoco y en las tierras Guajiras, las que no estaban obviamente incorporadas a la vida civilizada.

(79) Quedo expuesto en el articulo 1 de la referida Ley. Fray Cesareo de Armellada, Fuero indigena venezolano. II, 195.

(80) El articulo 3 establecia: "Se considera indigenas para los efectos de esta Ley los descendientes legitimos o naturales, en linea recta o colateral de los aborigenes de esta parte de la America" Fray Cesareo de Armellada, Fuero indigena venezolano. II, 195

(81) A pesar de que el Articulo 4 de la Ley de 1885 establecia que se procediera, sin remision a la division de los Resguardos dentro del termino inaplazable de dos anos, uno de los ultimos articulos de la Ley determinaba que los juicios de particion de Resguardos de Indigenas que estaban ya en proceso, en base a leyes anteriores y que aun no habian concluido, prosiguieran su curso legal, tal como estaba establecido, el cual, en algunos casos, se extendio por anos.

(82) Resolucion sobre Resguardos. Fray Cesareo de Armellada, Fuero indigena venezolano. II, 214.

(83) Ley sobre Resguardos. Caracas, 8 de abril de 1904. Fray Cesareo de Armellada, Fuero indigena venezolano. II, 258.

(84) Bailadores fue originalmente Pueblo de Indios, bajo la jurisdiccion de La Grita; en 1810 es elevada a Parroquia Civil y en 1811, la Junta Gubernativa defensora de los Derechos de Fernando VII de Merida, le otorga la jerarquia de Villa de la provincia de Merida.

(85) Edda O. Samudio A., The Dissolution of Indian Community Lands in the Venezuelan Andes, 17-26.

(86) Edda O. Samudio A., "Valoracion, particion y distribucion de la tierra de los Resguardos indigenas en una localidad andina venezolana. Santa Barbara de Chachopo", Anuario de Estudios Americanos, Vol. 67, No. 2 (2010): 679-709.

(87) Edda O. Samudio A., Les Resguardos au Venezuela. Le cas particulier de la province andine de Merida, en Les proprietes collectives face aux ataques liberals (1750-1914). Europe occidentale et Amerique Latine. Sous la direction de Marie-Danielle Demelas & Nadine Vivier (Rennes: Presses Universitaries de Rennes, 2003), 259-280.

Edda Otilia Samudio Aizpurua

Profesora titular e investigadora emerita de la Universidad de Los Andes (Venezuela). Correo electronico: edda.samudio@gmail.com. La autora es Licenciada en Filosofia y Letras con especializacion en Geografia de la Universidad Nacional de Panama (Panama), Licenciada en Historia de la Universidad de Los Andes (Venezuela) y Doctora en Filosofia con mencion en Geografia Historica del University College, University of London (United Kingdom). Coordinadora del Grupo de Investigaciones de Historia de las Regiones Americanas (GIHRA) de la Universidad de Los Andes (Venezuela). Entre sus publicaciones recientes tenemos: "Tensiones y conflictos en la sociedad de Merida venezolana en ocaso del dominio hispanico", en Procesos Historicos No. 28 (2015) y "De propiedad comunal a propiedad individual en escenario agrario republicano de Venezuela. El caso de Timotes. Merida", en Procesos Historicos No. 26 (2014). Entre sus temas de interes estan los de la independencia, republica e historia agraria en Venezuela.

Recibido: 19 de septiembre de 2014

Aprobado: 12 de enero de 2015

Modificado: 15 de febrero de 2015

Articulo de investigacion cientifica

DOI: http://dx.doi.org/10.15648/hc.27.2015.2

Leyenda: Figura 1

Pueblos de Indios con Resguardo en Merida
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Title Annotation:TEMA ABIERTO
Author:Aizpurua, Edda Otilia Samudio
Publication:Historia Caribe
Date:Jul 1, 2015
Words:15608
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