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Iglesia y Estado en el constitucionalismo isabelino.

Resumen: El reinado de Isabel II comprende los anos 1833-1868. Durante este periodo historico fueron varios los documentos constitucionales que estuvieron vigentes: Estatuto Real, Constitucion de 1837 y Constitucion de 1845. Ademas, se elaboraron dos proyectos que no llegaron a entrar en vigor: Constitucion de 1852 y Constitucion de 1856. En todos ellos, se contenian preceptos que incidian sobre las relaciones Iglesia-Estado.

Palabras clave: Constitucion, Iglesia, Estado, Isabel II.

Abstract: The reign of Isabel II comprised the years 1833-1868. Various constitutional documents were in force during that historical period: the 1834 Royal Statute, the 1837 Constitution and the 1845 Constitution. Two further projects did not come into effect: the 1852 Constitution and the 1856 Constitution. All these documents contained articles concerning the relationship between Church and State.

Keywords: Constitution, Church, State, Isabel II.

Church-State Relations in the Reign of Isabel II

1. INTRODUCCION

Al siglo XIX se le ha llamado el siglo de las Constituciones (1). Durante el periodo isabelino, que abarca el reinado de Isabel II (1833-1868), fueron varios los textos constitucionales que estuvieron vigentes: Estatuto Real de 1834, Constitucion de 1837 y Constitucion de 1845. A estos documentos conviene anadir para completar el estudio los Proyectos del Leyes Fundamentales de 1852 y el Proyecto de Constitucion de 1856. Todos fueron textos de partido, pudiendo calificarse como moderados o progresistas segun una inevitable ley del pendulo constitucional.

En todos estos textos se encuentran, en mayor o menor medida, normas que encauzaban las relaciones Iglesia-Estado (2). Como en los siguientes epigrafes podra apreciarse, las soluciones constitucionales al respecto bascularon desde la confesionalidad catolica formal a la simplemente sociologica; desde el silencio sobre la tolerancia de los cultos disidentes a su reconocimiento expreso; y sobre la presencia o no de las altas dignidades de la Iglesia catolica en la Camara alta de las Cortes (3). Contemplados objetivamente, los preceptos constitucionales sobre las relaciones Iglesia-Estado de las diversas Constituciones y Proyectos isabelinos no varian en exceso, ni tampoco implican alternativas diametralmente diferentes. Es posible encontrar una base compartida, consistente en el reconocimiento expreso del peso que la religion catolica poseia entre los espanoles de entonces y la consiguiente necesidad de que el Estado mantuviese su culto y clero.

Ahora bien, es frecuente que la lectura y exposicion de unos preceptos constitucionales no permitan percibir la realidad politica y social que subyace en los mismos, y mucho menos el desarrollo de los hechos acaecidos en su aplicacion o inaplicacion. Sobre este asunto, Francisco Tomas y Valiente escribe: "No hay que conceder demasiada importancia a las declaraciones constitucionales de confesionalidad catolica. La tuvieron ciertamente en cuanto que sirvieron para prohibir la practica de otros cultos. Pero no constituyeron una proteccion del todo eficaz para la Iglesia. Pensemos a este proposito que la desarticulacion de la Iglesia del Antiguo Regimen se llevo a cabo bajo la Constitucion de 1812 y sobre todo bajo la de 1837, que en fin de cuentas contenia una mitigada formula de confesionalidad. Poco despues, el establecimiento de nuevas bases privilegiadas se consumo bajo la Constitucion de 1845. Ahora bien, si realizamos un simple examen comparativo de sus respectivas declaraciones de confesionalidad, no podriamos con ese solo dato adivinar las profundas diferencias que hubo entre lo que fue la politica religiosa del Estado entre 1833-1843 por una parte, y lo que fue dicha politica despues de 1845" (4). El citado autor describe de forma acertada una realidad que aparece como incuestionable.

2. LOS ORIGENES DEL CONSTITUCIONALISMO ISABELINO Y EL ESTATUTO REAL DE 1834

Atendiendo a su finalidad y contenido, que no era otro que regular el funcionamiento de las Cortes (5), en el Estatuto Real de 1834 no se recogio ningun precepto que definiera el modelo de relaciones Iglesia-Estado durante su vigencia (6). En este ambito, el documento no introducia ningun cambio respecto de la situacion precedente, y que estaba basada en la confesionalidad tradicional de la Monarquia absoluta, la ausencia completa de libertad religiosa y la proteccion estatal de la religion catolica. Como antes se ha dicho, en el Estatuto Real tampoco se encuentran regulados derechos ni libertades, sin que, en consecuencia, se mencione la libertad de pensamiento o de imprenta, y mucho menos una referencia a los cultos disidentes.

Ahora bien, y partiendo de la apuntada confesionalidad catolica del Estado, implicita en las instituciones del Antiguo Regimen que aun subsistian (7), en la Camara alta de las Cortes disenadas por el Estatuto Real de 1834 se incluia una representacion eclesiastica. Ya en la Exposicion del Consejo de Ministros a la reina gobernadora se hacia mencion a la conveniencia de que formaran parte de la Camara alta de las Cortes <<los venerables Pastores de la Iglesia>> (8). De esta manera, y segun el articulo 3 del documento, resultaban miembros del denominado Estamento de Proceres del Reino, entre otros, los <<muy reverendos arzobispos y obispos>>, que serian elegidos y nombrados por el rey con caracter vitalicio (art. 7), <<bastando ser arzobispo u obispo electo o auxiliar para poder ser elegido, en clase de tal, y tomar asiento en el Estamento de Proceres del Reino>> (art. 4) (9).

El Estamento de Proceres del Reino era la Camara alta de las Cortes Generales previstas en el Estatuto Real, y su composicion respondia a criterios aristocraticos y elitistas. Es evidente que la presencia de eclesiasticos en las Cortes encontraba sus remotos origenes en las asambleas medievales de los diversos Remos hispanicos, en las que tenian asiento determinadas dignidades eclesiasticas, junto a la nobleza y los representantes de las principales ciudades (10). En definitiva, se trataba de acoger en el seno de las Cortes a los tres estamentos en los que se organizaba la sociedad.

Realmente, en las Cortes historicas constituian la parte principal los procuradores o sindicos de las ciudades, y parte unica en Castilla desde la retirada de los estados nobiliario y eclesiastico de las Cortes castellanas a partir de 1538 (11). Por consiguiente, el precedente mas cercano de la representacion eclesiastica en una institucion parlamentaria esta, nada mas y nada menos, que en la Constitucion de Bayona de 1808, sin perjuicio de otras posibles referencias del Derecho comparado y que, sin duda alguna, los legisladores de 1834 conocian. Pero no en la Constitucion de Cadiz, en cuyas Cortes no tenian presencia institucional los eclesiasticos (12), y sin perjuicio de que algunos clerigos fuesen elegidos diputados a titulo personal, tal y como efectivamente sucedio (13).

Concurriendo una confesionalidad estatal catolica, no puede extranar que en el sistema representativo-institucional previsto en la Constitucion de 1808 (14) se recogiese la presencia de eclesiasticos, si bien de ordinario quedaba reducida a las Cortes (15). En este organo (16), disenado segun las trazas del Antiguo Regimen y, por consiguiente, acogiendo en su seno los tres tradicionales estamentos, se preveia la existencia de un "Estamento del clero", que se colocaria a la derecha del Trono (art. 61), y que vendria compuesto de "veinticinco arzobispos y obispos" (art. 62) designados por el rey con caracter vitalicio (17). Estos veinticinco arzobispos y obispos, que integraban el estamento del clero, eran elevados a la clase de individuos (miembros) de Cortes por una cedula sellada con el gran sello del Estado, y no podian ser privados del ejercicio de sus funciones, sino en virtud de una sentencia dada por los tribunales competentes y en forma legal (art. 65) (18).

Volviendo al texto del Estatuto Real, y a la vista de la referida regulacion, la representacion de la Iglesia en las instituciones parlamentarias surgidas al amparo del documento puede calificarse de discreta. Y lo era porque no resultaba automatica ni vinculada al desempeno de un oficio especifico. La condicion de miembro de la Camara de los arzobispos y obispos tenia su origen unicamente en la decision del monarca, quien determinaba el numero e identidad de los clerigos que tomaban asiento en tal clase (19). Ahora bien, al igual que ocurria en la Constitucion de 1808 con los miembros de las Cortes en representacion de la Iglesia, una vez que el rey nombraba a un arzobispo u obispo procer del Reino, el caracter vitalicio del cargo implicaba una relativa posicion de independencia (20).

Siendo cierto que la presencia de altos dignatarios de la Iglesia en el Estamento de Proceres del Reino previsto en el Estatuto de 1834 enlazaba con la tradicional representacion del estamento eclesiastico en las Cortes tradicionales espanolas, tambien lo es que engarzaba perfectamente en la concepcion moderadora que el liberalismo doctrinario preveia para las Camaras altas de los Parlamentos surgidos en Europa tras la Restauracion post napoleonica. Asi lo entiende tambien Juan Ignacio Marcuello Benedicto: <<Cierto era que se iba a restablecer la institucion de Cortes, pero tambien el hecho de que por encima de las titulaciones nominales, la organizacion y composicion de las Cortes del Estatuto iban a tener pocos nexos de union con la antigua estructura estamental o por brazos de aquellas, y que, mas bien, iban a obedecer a las necesidades de los nuevos tiempos, a los criterios de organizacion politica del constitucionalismo liberal de la epoca de la Restauracion en Europa y a su peculiar vision sobre la via de consolidacion de la nueva sociedad liberal-clasista>> (21).

El Estamento de Proceres del Reino era de muy variada composicion. Formaban parte de la Camara arzobispos y obispos (22), grandes de Espana, titulos nobiliarios y gentes ilustres que hubieran prestado servicios de reconocida importancia (ministros, procuradores del reino, consejeros de Estado, diplomaticos, generales o miembros de los tribunales supremos). Tambien los propietarios territoriales y destacados individuos de la ensenanza, ciencias o letras, siempre que contaran con determinados niveles de renta. Esta mezcolanza poco tenia que ver con la antigua representacion estamental. Se trato de una Camara estrictamente aristocratica. Es decir, sin perjuicio de las referencias a la tradicion presentes en el Estatuto Real de 1834, con alusion a las Leyes de Partidas y la Nueva Recopilacion, aquellas Cortes bicamerales constituian ima asamblea que pretendia reunir a todas las aristocracias sociales (religiosa, nobiliaria, administrativa, militar, economica e intelectual) (23).

En todo caso, llama la atencion que la pertenencia de los dignatarios de la Iglesia al Estamento de Proceres no resultase automatica, sino en virtud de nombramiento real. Pero no hay que olvidar que al tiempo de promulgarse el Estatuto Real de 1834, la Guerra Carlista se encontraba en pleno desarrollo, y que en la misma un buen numero de los arzobispos y obispos simpatizaban con el bando del pretendiente don Carlos. No debe descartarse que ante esta circunstancia, los legisladores de 1834 prefiriesen que la representacion eclesiastica en la Camara alta pasara el filtro de lealtad que suponia su libre nombramiento por el rey. De esta forma, aquellos prelados partidarios de los carlistas quedarian excluidos del Estamento de Proceres del Reino.

3. EL GOBIERNO DE LOS PROGRESISTAS Y LA CONSTITUCION DE 1837

La regulacion de las relaciones Iglesia-Estado en la Constitucion de 1837 presenta un caracter ciertamente novedoso (24). En realidad, supuso una importante ruptura con la normativa precedente que se contema en las Constituciones de 1808 y 1812, y aun con la que se derivaba del Estatuto Real de 1834 (25). Dos fueron los cambios principales que se aprecian en su texto sobre esta materia: en primer lugar, el abandono de una declaracion formal de confesionalidad de la Nacion; y en segundo lugar, la supresion de la intolerancia religiosa del articulado del documento. Sobre estas dos decisiones, los constituyentes incluyeron una regulacion de las referidas relaciones mas bien escueta, dato este que no deja de ser, asimismo, significativo (26).

No era facil conjugar los cambios introducidos con una sucinta regulacion. Puede decirse que la Constitucion de 1837 vale mas por lo que calla que por lo que dice. Y sin demasiados tapujos asi lo dio a entender Salustiano Olozaga cuando pronuncio las siguientes palabras en los debates constituyentes: <<No se dice que la religion catolica es, ni ha sido, ni sera, ni dejara de serlo de la nacion espanola. No se manda nada, no se prescribe que los espanoles tengan esa religion>> (27). Es decir, se trataba de regular poco las relaciones entre el Estado y la Iglesia, permitiendo, de este modo, abrir la puerta a las mas diversas interpretaciones sobre la confesionalidad estatal y la actitud que las autoridades tendrian con las creencias religiosas de los no catolicos.

Entrando ya en el estudio del texto, la Constitucion de 1837 (28) se inicia con la tradicional formula de invocacion al origen divino del poder real, si bien se hace compatible con una referencia a la misma Constitucion como fuente de legitimacion de la Monarquia. De esta manera, en el Preambulo del documento se dice: <<Dona Isabel II, por la gracia de Dios y de la Constitucion de la Monarquia espanola, Reina de las Espanas ...>>. Si se compara la expresion utilizada en el texto constitucional de 1837 con el inicio de la Constitucion de 1812, que era la siguiente: <<Don Fernando Septimo, por la gracia de Dios y la Constitucion de la Monarquia espanola, Rey de las Espanas ...>>, puede percibirse que en este punto no se produjo modificacion alguna, manteniendose en esencia la misma idea, es decir, el rey, o en este caso la reina, lo es en virtud de la voluntad divina y de la Constitucion respectiva.

Pero el articulo esencial que regula las relaciones Iglesia-Estado en la Constitucion de 1837 es el 11, cuyo texto es el siguiente:

<<La Nacion se obliga a mantener el culto y los ministros de la Religion Catolica que profesan los espanoles>>.

Este articulo se encuentra dentro del Titulo Primero de la Constitucion, bajo el epigrafe "De los espanoles", en el que se regulan una serie de derechos y libertades, y como se ha dicho, su redaccion es deliberadamente escueta (29). La ubicacion sistematica del precepto destinado a fijar las relaciones Iglesia-Estado en un Titulo dedicado a los "espanoles" ha llevado a algun autor, y concretamente a Hugo Santos Gil, a la afirmacion de que los constituyentes de 1837 tenian la pretension de vincular las condiciones de espanol y de catolico. Al respecto, el citado autor escribe: <<Deciamos que la religion se incluye en el titulo primero, rubricado "De los espanoles", lo que de nuevo nos remite a la conocida identificacion entre espanol y catolico>> (30). Pero defender esta tesis es ir demasiado lejos, sobre todo cuando se esta ante un texto constitucional del que ha desaparecido una expresa referencia a la unidad catolica del Reino, y tambien cuando se recuerda que dicha ubicacion sistematica seria mantenida en la Constitucion de 1869, en la que se reconocia el derecho a la libertad religiosa de los extranjeros y espanoles (31).

La declaracion formal de confesionalidad, en virtud de la cual la Nacion (o el Estado en su caso), asume como suya y propia la religion catolica, y que estaba presente en las precedentes Constituciones de 1808 y 1812, da paso a la descripcion de un mero dato sociologico, como es que la referida confesion es la que profesan los espanoles (32). Resulta evidente que esta acepcion especifica de la confesionalidad, calificada de sociologica (33), implica un nivel de compromiso menor que la confesionalidad formal, en cuanto que no conlleva que el sujeto politico Nacion o el ente politico Estado profesen ningun culto. Son los espanoles individualmente los que lo hacen, la Constitucion, pues, se limita a constatar este hecho y, en consecuencia, la Nacion, el Estado en definitiva, asume la obligacion de mantener el culto y los ministros de la religion catolica.

La formula empleada en el articulo 11 de la Constitucion de 1837 no es en ningun caso neutra, puesto que supone un abandono de opciones anteriores y la asuncion de un nuevo marco de relaciones Iglesia-Estado, precisamente el pretendido por la ideologia liberal progresista que en cierta manera subyace en el texto constitucional. Apreciando esta circunstancia, Luis Sanchez Agesta considera que en el articulo 11 se emplea <<una formula muy significativa del ambiente espiritual y de la situacion de la Iglesia en la fecha que esta constitucion se redacta>> (34).

Asi, en la Exposicion de la Comision de las Cortes presentando el Proyecto de Constitucion, se reflexionaba en los siguientes terminos, comparando la declaracion contenida en el articulo 11 de la Constitucion de 1837 con la que se adoptaba en el 12 de la Constitucion de 1812: <<El art. 12 de la nuestra ha parecido a muchos ajeno de un Codigo politico; y en verdad que lejos de anadir nada los hombres a lo sublime de la religion con la declaracion que aquel contiene, mas parece rebajan su origen divino sujetandola a semejante confirmacion; pero el omitir totalmente este articulo podria dar lugar a muy peligrosas interpretaciones; y aun prescindiendo de esta consideracion, cuya importancia y trascendencia apreciaran las Cortes debidamente, cree la comision que debe consignarse solamente el hecho de que los espanoles profesamos la religion catolica, y la obligacion en que la Nacion esta de mantener a sus ministros y de atender a los gastos del culto>> (35).

El hecho de que la Constitucion proclamase que la religion catolica era la que profesaban los espanoles implicaba la obligacion de que el Estado asumiese el mantenimiento del culto y clero. Esta prevision estaba ausente de los textos constitucionales precedentes de 1808 y 1812. Algunos autores afirman que fue consecuencia directa de la desamortizacion de los bienes eclesiasticos realizada por aquellos anos, y que supuso un grave quebranto para los bienes y patrimonio de la Iglesia (36). Al respecto, Rafael Jimenez Asensio escribe: <<El articulo 11 de la Constitucion, a diferencia del texto de 1812, no proclamara la confesionalidad religiosa del Estado. Unicamente se indicaba la obligacion que tenia la Nacion de "mantener el culto y los ministros de la Religion Catolica que profesan los espanolas"; obligacion que--a juicio de Sanchez Agesta--era la consecuencia constitucional de la desamortizacion. Se puede afirmar, pues, que habia una confesionalidad "presupuestaria" o "tutelar" del Estado>> (37).

No faltan opiniones que estiman que la obligacion asumida en el articulo 11 del texto constitucional de mantener el culto y los ministros de la religion catolica, fue la consecuencia de un proposito intencionado de los liberales, no siendo otro que el de sujetar a la Iglesia al poder politico mediante su dependencia economica (38). Incluso como una nueva manifestacion de la tradicion regalista de la Monarquia espanola (39). Por su parte, Juan Maria Laboa afirma que la redaccion del texto estaba pensada <<para no asignar al clero una naturaleza distinta de los demas funcionarios del Estado>> (40). Pero, como se ha dicho antes, mas parece consecuencia de la declarada confesionalidad sociologica, representativa del sustento popular con el que contaba la religion, y motivo de la prevision constitucional de su mantenimiento economico (41). En este sentido se manifiesta Hugo Santos Gil, vinculando confesionalidad sociologica y sostenimiento del culto y clero, a la vez que senala tambien como causa de este ultimo la situacion derivada de la desamortizacion. Este autor estima que: <<El texto contiene una formula mucho mas fria y tambien mucho menos comprometida; en realidad, el compromiso se reduce solo a la "manutencion del culto y del clero catolicos". Esta es la unica obligacion que la Nacion re conoce tener hacia la religion catolica. Y que la tiene, no solo porque es la confesion que mayoritariamente profesan los espanoles, sino porque el Estado ha nacionalizado los bienes que permanecian amortizados en las "manos muertas" de las instituciones eclesiasticas, lo que ha dejado a este en una situacion harto precaria en lo que a presupuesto se refiere>> (42).

Alberto Canas de Pablos asocia la obligacion de sufragar el culto y clero con motivaciones ideologicas, mas alla de las relacionadas con los bienes eclesiasticos desamortizados. Resulta conveniente conocer su opinion, puesto que segun este autor, <<aparte de las causas economicas, hubo tambien motivos politicos en el reconocimiento especifico del credo catolico en el articulado. No podia abandonarse la bandera de la religion catolica, poniendosela en bandeja de los carlistas, cuya derrota estaba aun lejana. El pueblo espanol seguia unido a ella, y perder ese baluarte de legitimidad podria haber resultado fatal para las aspiraciones de consolidacion del Estado liberal ante un clero dividido entre los partidarios de ambos bandos>> (43). Lo cierto es que esta opcion sembro un precedente que posteriormente fue asumido por casi todos los textos constitucionales que siguieron (44).

Inigo Cavero y Tomas Zamora, por su parte, formulan un juicio mas rotundo, entendiendo que el articulo 11 de la Constitucion de 1837 implica un abandono de la confesionalidad e, incluso, perciben en este precepto un atisbo de libertad religiosa. Segun estos autores: <<Es significativo, asimismo, el hecho de que se reconozca ya una incipiente libertad religiosa, o al menos tolerancia, mucho mas acusada ahora que a comienzos de siglo. Esto se deduce de lo dispuesto por el art. 11: "La Nacion se obliga a mantener el culto y los ministros de la Religion Catolica que profesan los espanoles". ?Que consecuencias se pueden extraer de esta nueva redaccion? A nuestro juicio las siguientes: no se mantiene la confesionalidad del Estado, aunque se reconoce la existencia de una confesion religiosa mayoritaria en el pais, a lo que se la da el valor correspondiente, y por otro, "la Nacion", quiza con intencion de compensar los efectos de la desamortizacion que privo a la Iglesia de muchos de sus bines, se compromete "a mantener el culto y los ministros" de la Religion catolica; una frase, esta ultima, que se repetira en Constituciones posteriores>> (45). La verdad es que, como destaca Daniel Basterra, <<las opiniones sobre si existe o no una clara confesionalidad en el texto son de lo mas dispares>> (46).

El comentario de los referidos autores da pie para tratar el delicado asunto de si la libertad o tolerancia religiosa estan presentes en el articulado de la Constitucion de 1837 (47). Los datos objetivos son los siguientes: la intolerancia religiosa, concretada en la prohibicion de cualquier otro culto diferente del catolico, y que se recogia en los textos constitucionales de 1808 (48) y 1812 (49), en el articulo 11 de la Constitucion de 1837 no se encuentra; pero tampoco aparece declaracion alguna que permita concluir el reconocimiento de la libertad religiosa o la concesion de la tolerancia religiosa por los constituyentes del documento estudiado. En consecuencia, la Constitucion de 1837 guarda al respecto un completo silencio, lo que, por cierto, no deja de ser indicativo de las verdaderas intenciones de los legisladores (50).

El caso es que una enmienda presentada durante el proceso constituyente, y que fue profusamente discutida (51), pretendia introducir en el texto constitucional la tolerancia hacia otros cultos, siendo finalmente rechazada por la mayoria (52). Segun Nieves Montesinos Sanchez, <<no se llego ahora tampoco a distinguir entre libertad de conciencia, de pensamiento y de culto; el diputado S arabia intento una adicion al articulo 11 en estos terminos "pero sin que se pueda perseguir ni molestar a nadie por sus opiniones religiosas, mientras respete las catolicas, y no ofenda a la moral publica">> (53). Por su parte, Luis Sanchez Agesta recuerda que las Constituyentes de 1837, impulsadas por un calido discurso de Salustiano Olozaga (54), se opusieron a aceptar toda declaracion explicita de tolerancia que supusiera el reconocimiento de una pluralidad religiosa (55). El articulo fue, finalmente, aprobado por 125 votos contra 34 (56).

La redaccion del articulo 11 y los debates parlamentarios previos fundamentan la opinion de Francisco Gil Delgado, cuando afirma: <<Es importante destacar, no obstante que la fachada de las relaciones Iglesia-Estado parecia intacta: las distintas Constituciones que se fueron fraguando hasta 1869 mantuvieron el principio de la confesionalidad catolica del Estado, y hasta con distintos matices expresivos, la misma unidad religiosa de la Nacion. Tal sucedio en el Estatuto Real de 1834, inspirado por Martinez de la Rosa para hermanar libertad y orden, aunque defraudase a los radicales. En la misma linea se mantuvo la Constitucion progresista de 1837>> (57).

Por su parte, Tomas de la Cuadra-Salcedo se aleja en parte de las anteriores consideraciones, siendo interesante traer aqui su conclusion: <<No puede decirse que el Estado sea confesional, pero tampoco aconfesional; y esa obligacion del articulo 11 (mantenimiento del culto y clero catolicos) lo atestigua. En todo caso desde luego tampoco puede decirse que se prohiba, como hacia la Constitucion de Cadiz, el ejercicio de cualquier otro culto. Podemos pues caracterizar la Constitucion de 1837 como una Constitucion de tolerancia y que, sin configurar propiamente un Estado confesional, si se decanta a favor de la religion catolica>> (58). De alguna manera, estas afirmaciones recuerdan las palabras de Salustiano Olozaga, y que se han resenado al inicio del presente epigrafe (59).

Vistas las diversas opiniones, parece mas correcto afirmar que en la Constitucion de 1837 se mantuvo la confesionalidad, aunque fuese en su version sociologica, como tambien se establecia el mantenimiento del culto y los ministros de la religion catolica, y no se reconocia ni la tolerancia hacia los cultos disidentes, ni mucho menos la libertad religiosa (60). Tanto la tolerancia como la libertad religiosa precisan una declaracion expresa en el texto constitucional, lo que en el documento constitucional de 1837 no se produjo. Y asi se entendio por los constituyentes de 1856 cuando pretendieron regular la tolerancia religiosa en el articulo 14 del Proyecto constitucional, y tambien por los correspondientes de 1869, cuando incluyeron la libertad religiosa en el articulo 21 de la Constitucion.

Ahora bien, no deja de ser cierto que el derecho reconocido en el articulo 2 del documento podia incidir sobre las creencias religiosas, y en concreto sobre su manifestacion o difusion. El texto de este precepto constitucional es el siguiente: <<Todos los espanoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujecion a las leyes>>. Se trata de una cuestion compleja, y que volvera a manifestarse en diversas ocasiones a lo largo del constitucionalismo decimononico espanol. De hecho, en la mente de algunos legisladores constituyentes de 1837 estaba presente llegar a un estatus de tolerancia religiosa, pero no a traves de una declaracion constitucional, sino mediante tres vias diferentes. La primera, estimando que el articulo 11 implicaba de facto la derogacion de todas las leyes que podian suponer una intolerancia religiosa. La segunda, en virtud de costumbres y usos sociales (61). Y la tercera, mediante legislacion ordinaria aprobada posteriormente. En esta ultima direccion se manifesto Arguelles cuando hablaba de que el objetivo era <<dejar expedito el camino a las Cortes sucesivas, a fin de que introduzcan las alteraciones que crean convenientes en la legislacion sin prescribirles mas limite que el que ellas crean oportuno>> (62).

Consecuentemente con el caracter relativamente progresista del documento, el Senado previsto en el texto constitucional era electivo, teniendo una base popular (63). No puede extranar que en su seno no se recogiese representacion eclesiastica alguna, como tampoco se hacia con otros grupos sociales privilegiados (64). Por ello, cabe concluir que en las instituciones de la Constitucion de 1837 las jerarquias de la Iglesia catolica no estaban representadas (65). Pero si que hubo eclesiasticos elegidos senadores a titulo individual o personal. Vicente Carcel Orti aclara este asunto, aportando interesantes datos: <<La Constitucion de 1837, compendio de la gaditana de 1812, no admitio la representacion estamental ni dio cabida a los obispos. Sin embargo, algunos prelados fueron nombrados senadores del reino, como representantes de varias provincias, tras haber jurado la mencionada Constitucion. Alguno llego a ocupar la vicepresidencia del Senado y otros ejercieron notable influjo, por su prestigio personal, historial politico y dotes intelectuales en las discusiones y votaciones sobre temas eclesiasticos, tratando de impedir que prosperasen proyectos e iniciativas de los mas exaltados liberales>> (66).

Ahora bien, segun el articulo 23 de la Constitucion de 1837, <<Para ser Diputado se requiere ser espanol del estado seglar, haber cumplido los veinticuatro anos y tener las demas circunstancias que exija la ley>>. Es decir, a "sensu contrario" los clerigos quedaban excluidos de la posibilidad de ser elegidos miembros del Congreso de los Diputados. Francisco Fernandez Segado comenta esta restriccion del derecho de sufragio pasivo en los siguientes terminos: <<La animosidad va a quedar tambien claramente manifestada en el precepto que, implicitamente, prohibe el acceso de los eclesiasticos al Congreso de los Diputados, sin que, como hipotetica contrapartida, se les conceda a los obispos o a representes de la Iglesia un escano en el Senado>> (67). Se mire como se mire, que la condicion de clerigo fuese considerada en la Constitucion de 1837 como causa de inelegibilidad para ser diputado, no encuentra explicacion al margen de la referida animosidad en los constituyentes que el autor considera.

4. LA DECADA MODERADA Y LA CONSTITUCION DE 1845

La primera referencia que se encuentra en el texto de la Constitucion de 1845 a las relaciones Iglesia-Estado esta en su Preambulo, en el que se afirma solemnemente que: <<Dona Isabel II, por la gracia de Dios y de la Constitucion de la Monarquia espanola, Reina de las Espanas...>> (68). Es decir, esta Constitucion comienza refiriendose directamente a la gracia divina como origen de la potestad real, si bien, junto a la legitimidad que otorga la propia Constitucion. Como se ha visto en epigrafes anteriores, esta formula no era nueva en el constitucionalismo espanol. De hecho, asi aparece en los Preambulos de las Constituciones de 1808, 1812 y 1837.

Sin lugar a dudas, el precepto mas directamente relacionado con la fijacion de las relaciones Iglesia-Estado es el articulo 11, inserto en el Titulo Primero, "De los espanoles", y cuya redaccion es la siguiente:

<<Articulo 11. La Religion de la Nacion espanola es la Catolica, Apostolica, Romana. El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros>>.

Si se compara este articulo con los correspondientes de los textos constitucionales de 1808 (69), 1812 (70) y 1837 (71) podra apreciarse algunas similitudes, pero tambien notables diferencias. Empezando por las similitudes, en el articulo 11 se afirma que la religion de la Nacion espanola es la catolica, tal y como se hacia en las Constituciones de 1808 y 1812. Es decir, se reafirma el caracter confesional del Estado, si bien utilizandose un concepto politico mas amplio, como es el de la "Nacion espanola". En todo caso, se trata de una confesionalidad formal, que implica abandonar la confesionalidad estrictamente sociologica de la Constitucion de 1837. La religion catolica aparece ahora como la de la Nacion y, por consiguiente, la del Estado, y no solo aquella religion "que profesan los espanoles" (72).

Antonio Martinez Blanco incide sobre el abandono de la confesionalidad sociologica y la asuncion, una vez mas, de una confesionalidad de tipo formal: <<Una de las reformas mas importantes de la Constitucion de 1845, "opus magnum" del moderantismo de esta decada, fue la nueva formulacion de la confesionalidad catolica, que de sociologica en la Constitucion de 1837, se transforma en explicita y categorica>> (73). Ademas, para este autor, la redaccion del articulo 11 de la Constitucion de 1845 influyo decisivamente en el Concordato de 1851, que al tiempo de su elaboracion se estaba negociando.

Consecuencia inmediata de la declarada confesionalidad catolica de la Nacion espanola es que el Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros. Aparece, pues, en el constitucionalismo historico espanol una referencia expresa al Estado, entendido como sujeto politico que, asumiendo la confesionalidad de la Nacion espanola, esta obligado al mantenimiento del culto y clero catolicos. Se trata de un matiz importante, cuya significacion en el sistema de relaciones Iglesia-Estado no ha pasado inadvertida a la doctrina. Manuel Fraile Cliville destaca el caracter novedoso de su redaccion, asi como algun os de los cambios producidos. Al respecto, el autor citado escribe: <<en el articulo 11 se establece la confesionalidad del Estado. Quien se obliga a mantener el culto y los ministros no es ya la nacion, sino el Estado>> (74).

La formula escogida muestra claramente la influencia del pensamiento moderado que inspiro a los redactores del texto constitucional e implica el deber que recae sobre el Estado de financiar y proteger tanto el culto como el clero de la religion oficial (75). Tal y como sucede con el articulo 11 de la Constitucion de 1837, los autores vinculan la referida obligacion con la situacion creada por la desamortizacion. Segun Hugo Santos Gil, <<la segunda parte del precepto alude al consabido compromiso presupuestario: "El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros". Si habia estado presente en una Constitucion poco proclive a lo eclesiastico como la de 1837, ahora no puede faltar tambien, porque el proceso desamortizador se ha consumado y hay que colaborar economicamente con la maltrecha institucion eclesial>> (76).

Ahora bien, el articulo 11 de la Constitucion de 1845 tambien presenta una diferencia fundamental con las precedentes Constituciones de 1808 y 1812. Si en estos dos documentos se hacia expresa afirmacion de intolerancia religiosa (77), con prohibicion de cualquier otro culto que no fuese el catolico, en el de 1845 dicha declaracion ha desaparecido (78). Es evidente que la omision no debe interpretarse como un frontal rechazo a lo que conllevaba la unidad catolica, en el sentido que el sistema constitucional de 1845 optase por establecer un regimen de tolerancia o libertad religiosa. Nada mas lejos de la realidad. A los redactores de la Constitucion ni se les paso por la cabeza tal opcion, pero si creyeron conveniente eludir su constatacion por escrito en el texto constitucional. Al fin y al cabo, y aunque fueran moderados, se trataba de politicos liberales, y como tales, distaban mucho de las posiciones mantenidas por los grupos tradicionalistas o integristas que engrosaban las filas carlistas. Por consiguiente, los constituyentes prefirieron en este asunto proseguir por la senda abierta en la precedente Constitucion de 1837.

Tomas de la Cuadra-Salcedo discrepa de este planteamiento, entendiendo que en la Constitucion de 1845 puede incluirse entre los textos constitucionales espanoles intolerantes: <<La ultima Constitucion a situar dentro de este apartado entre las de intolerancia y confesionalidad del Estado es la de 1845. La realidad es que el articulo 11 de la misma se limita a hacer una proclamacion de la confesionalidad de la Nacion, pero en el periodo comprendido en su vigencia se produce la aprobacion del Concordato de 1851 en el que se afirma que la Religion catolica continua siendo la unica de la nacion espanola con exclusion de cualquier otra. La practica fue, pues, de intolerancia y probablemente la imputacion de la catolicidad a la Nacion y no al Estado es una muestra de esa idea de Espana, a cuya esencia como tal Nacion, corresponde el ser catolica de forma que quien no lo sea no esta en sintonia plena con ese ser de Espana>> (79). Como sucede con la Constitucion de 1837, hay opiniones para todos los gustos, distando mucho de ser una cuestion pacifica entre los diversos autores.

Por otro lado, la libertad de imprenta, habitual derecho a traves del que se manifestaba la libertad de expresion y aun de pensamiento en el siglo XIX, era regulada de forma mas restrictiva que en la Constitucion de 1837, ya que en el articulo 2 de la Constitucion de 1845 se establecia que <<Todos los espanoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujecion a las leyes>>. Salta a la vista que el ejercicio de esta importante libertad quedaba supeditada a su desarrollo, y posible restriccion, legal (80), tal y como ya habia sucedido en virtud del Real Decreto de 10 de abril de 1844, aprobado por el Gobierno moderado de Luis Gonzalez Bravo, y que tipificaba como delictivos los escritos contrarios a la Iglesia catolica (81).

No deja de llamar la atencion el hecho de que en las labores preparatorias de la nueva Constitucion (82), se omitiese o soslayase el debate sobre las relaciones Iglesia-Estado, sobre todo cuando se piensa en que el articulo 11 representaba una sustancial reforma respecto del articulo correspondiente de la Constitucion de 1837 en el sentido expresado antes (83). Lo que si se realizo durante el proceso constituyente fue suprimir una frase del articulo 4 del Proyecto que habia elaborado el Gobierno. En este documento, la redaccion del citado precepto era la siguiente: <<Unos mismos codigos regiran en toda la Monarquia. Los eclesiasticos y los militares seguiran disfrutando de su fuero especial en los terminos que las leyes determinen o en adelante determinen>>, pero la comision del Congreso de los Diputados encargada de elaborar el dictamen estimo oportuna la supresion de la segunda frase, entendiendo que el aforamiento eclesiastico era un asunto delicado, cuya regulacion definitiva convenia remitirla a la negociacion concordataria.

En consonancia con el caracter confesional formal del Estado, la representacion de la Iglesia regresaba a las instituciones parlamentarias previstas en la Constitucion, y una vez mas en la Camara alta, que desde 1837 se denominaba Senado (84). Segun el articulo 15 de la Constitucion, solo podian ser nombrados senadores por el rey, los espanoles que, ademas de tener treinta anos cumplidos, pertenecieran a unas determinadas clases de individuos que se relacionaban. Entre otros, se citaban a los arzobispos y obispos. El cargo de senador era vitalicio, tal y como se preve en el articulo 17. El nombramiento de los arzobispos y obispos, como el de los demas senadores, se hacia por decretos especiales, y en ellos se expresaba el titulo en que, conforme al articulo 15, se fundaba su nombramiento (85).

El Senado previsto en la Constitucion de 1845 seguia el modelo del Estamento de Proceres de 1834 (86). Todos sus integrantes eran designados por el rey, y, ademas, en numero ilimitado (87). El efecto politico era inevitable, pues en el caso de que el monarca perdiese una mayoria adicta, podia hacer nuevos nombramientos hasta su recuperacion (88). En cuanto a la representacion eclesiastica, y no obstante tratarse de una Constitucion moderada, volvia a ser discreta, dependiendo completamente de la voluntad del rey, a quien correspondia decidir el nombre y numero de los arzobispos y obispos con asiento en el Senado. Ademas, no debe olvidarse que previamente los arzobispos y obispos habian sido promovidos a su dignidad por la autoridad regia a traves del denominado derecho de presentacion. De esta manera, no resulta extrano que la presencia de nobles y eclesiasticos en el Senado fuese contemplada en su momento como un reforzamiento del poder real. Es evidente que esta representacion debe enmarcarse necesariamente dentro de las coordenadas ideologicas que inspiraban el texto constitucional comentado (89).

El Senado en la Constitucion de 1845 era un exponente mas del pensamiento liberal moderado de mediados del siglo XIX. Se adaptaba a la idea de las aristocracias naturales, tal y como fue formulada por diversos autores, entre los que destacan Jaime Balmes y Juan Donoso Cortes. En esencia, se trataba de conjugar la presencia de la nobleza historica y de la Iglesia, a cuya jerarquia tambien concibieron los constituyentes como una aristocracia natural, con las nuevas clases sociales economicamente pujantes, exigiendose una elevada renta o crecida contribucion directa para ser senador (90). Sobre la presencia de eclesiasticos en las instituciones parlamentarias de la Constitucion de 1845, Vicente Carcel Orti escribe: <<La Constitucion moderada de 1845 admitio de nuevo obispos senadores, "por el sagrado caracter de que se hayan revestidos">> (91).

El 17 de julio de 1857 fue aprobada una Ley de Reforma Constitucional del Senado, en un sentido todavia mas conservador del que esta Camara tenia en el texto inicial de la Constitucion de 1845. La reforma se dejo notar en la representacion eclesiastica, implicando un sensible aumento de la misma. Efectivamente, segun la nueva redaccion del articulo 14, el Senado se componia, entre otros, de los arzobispos y del patriarca de las Indias. Asimismo, el rey podria nombrar un numero ilimitado de senadores, entre los espanoles que perteneciesen a determinadas clases, incluyendo la de los obispos.

En relacion con la precedente regulacion de 1845, la reforma de 1857 suponia que todos los arzobispos accedian directamente a la condicion de senador, sin que fuese necesaria su designacion por el rey (92). Sin embargo, esta Ley de Reforma Constitucional fue derogada el 20 de abril de 1864, con lo cual se restablecio la Constitucion de 1845 en su redaccion original. Retomando la opinion del autor antes citado, Vicente Carcel Orti estima que <<en 1857 se introdujo una reforma en el Senado que trato de unir la dignidad senatorial a los oficios mas altos de la Iglesia y del Estado, de modo que acceder a estos llevase inherente la condicion de senador. Segun dicha reforma, los primeros puestos, despues de los hijos del rey y del inmediato sucesor de la Corona, eran los de los arzobispos y el patriarca de las Indias, cargo que por vez primera aparecia en la Constitucion. Pero ademas de estos, que fueron senadores por derecho propio, Isabel II nombro un numero ilimitado de obispos senadores>> (93).

A la vista de la regulacion constitucional de las relaciones Iglesia-Estado en la Constitucion de 1845, algunos autores han puesto el acento sobre la idea de que supuso un cambio evidente respecto de la precedente normativa contenida en la Constitucion de 1837. Asi lo hace por ejemplo, Rafael Jimenez Asensio cuando afirma: <<en lo que afecta a la confesionalidad religiosa el cambio fue tambien evidente: se vuelve a la formula tradicional ("La Religion de la Nacion espanola es la catolica, apostolica y romana"), con lo que la timida apertura en materia religiosa esbozada en la Constitucion de 1837 se veria asi totalmente difuminada>> (94). Ademas, este autor vincula la nueva regulacion a la restriccion de los derechos y libertades contenidos en el texto constitucional (95).

En realidad, el cambio no fue tan grande. Es cierto que se paso de una confesionalidad constitucionalmente sociologica a una formal, con todo lo que esta modificacion podia significar en un plano politico, pero en la practica, y desde la perspectiva constitucional, escasa trascendencia conllevaba. Recuerdese que la libertad religiosa, y aun la mera tolerancia hacia los cultos disidentes estaba ausente de ambos textos constitucionales, mientras que la obligacion de mantener el culto y clero esta presente en las dos Constituciones. Otra cosa seria la actitud que los sucesivos Gobiernos progresistas y moderados mantuviesen con la Iglesia, evidentemente mas distante en los primeros, mientras que en los segundos resulto mas favorable. Y de lo que no cabe duda, es que, como se ha dicho antes, el articulo 11 de la Constitucion de 1845 allanaria el camino para la negocion de un nuevo Concordato con la Santa Sede, que seria finalmente firmado en 1851 (96).

5. LOS PROYECTOS DE LEYES FUNDAMENTALES DE JUAN BRAVO MURILLO DE 1852

Resulta bien significativo que el Titulo I del Proyecto de Constitucion de Bravo Murillo tuviese como rubrica "De la Religion" (97). Asi se ponia de relieve la importancia que su autor principal pretendia otorgar a la religion en el documento (98). De hecho, desde la Constitucion de Bayona de 1808 no se habia visto una opcion similar en el constitucionalismo espanol

En el citado Titulo I del Proyecto de Constitucion (100) se incluian dos articulos verdaderamente esenciales a la hora de regular las relaciones Iglesia-Estado. El texto de estos preceptos era el siguiente:

<<Articulo 1. La religion de la Nacion espanola es la catolica, apostolica y romana>>.

<<Articulo 2. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado se fijaran por la Corona y el Sumo Pontifice en virtud de Concordatos que tendran caracter y fuerza de ley>>.

En el articulo 1 se contenia, pues, una declaracion expresa y formal de confesionalidad religiosa de la Nacion, que seria "la catolica, apostolica y romana", y su formulacion venia a coincidir literalmente con la contenida en el articulo 11 de la precedente Constitucion de 1845 (101). Por lo que respecta al articulo 2 del Proyecto constitucional, se preveia que las relaciones Iglesia-Estado serian fijadas mediante Concordato, al que se atribuia de modo especifico "caracter y fuerza de ley". Esta prevision constituia una novedad, ya que carecia de precedentes constitucionales (102). Conviene destacar la funcion reservada al rey como sujeto de la negociacion concordataria, sin que se mencione intervencion alguna de las Cortes.

Si bien la confesionalidad catolica de la Nacion quedaba clara en el articulo 1 del Proyecto de Constitucion, no deja de llamar la atencion una omision que se aprecia en los dos preceptos citados del documento. Concretamente, la segunda declaracion contenida en el articulo 11 del texto constitucional de 1845, y que consistia en que: <<El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros>> (103). Es evidente, que los impulsores del Proyecto constitucional de 1852 no pretendian terminar con el sostenimiento economico de la Iglesia catolica, inevitable desde que se produjo la desamortizacion, sino remitir la cuestion a la regulacion concordataria.

Por otro lado, el Proyecto de Constitucion de Juan Bravo Murillo tampoco se pronunciaba sobre la tolerancia o intolerancia religiosa. Como en este documento, ni tampoco en los demas Proyectos constitucionales de 1852, se recogia derecho alguno a la libertad de creencias y cultos, en virtud de la remision establecida en el articulo 2, debe entenderse que la cuestion tambien quedaba resuelta en el correspondiente Concordato. El entonces vigente era el firmado por la reina Isabel II y el papa Pio IX un ano antes, y en su articulo 1 no se dejaba lugar a ninguna duda: <<La religion Catolica, Apostolica, Romana, que con exclusion de cualquier otro culto continua siendo la unica de la nacion espanola, se conservara siempre en los dominios de S.M. Catolica, con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar segun la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados Canones>> (104).

Confesionalidad catolica y, por remision, intolerancia respecto de los cultos disidentes, eran las caracteristicas esenciales del sistema de relaciones Iglesia-Estado disenado en los Proyectos constitucionales de 1852 (105). Por lo general, los autores critican la regulacion de las relaciones Iglesia-Estado contenida en estos documentos. Sirva de ejemplo la categorica opinion de Nieves Montesinos Sanchez: <<En 1852 se presento un proyecto de reforma de cariz intolerante, obra de Bravo Murillo, en cuyo articulo 1. se establecia: "La religion de la Nacion espanola es exclusivamente la catolica, apostolica, romana"; y aunque el proposito fuera poner en concordancia la Constitucion y el Concordato, el hecho innegable es que tal precepto en este momento estaba totalmente fuera de lugar>> (106). Luis Sanchez Agesta es de la misma opinion, anadiendo un dato relevante: <<Incluso la misma declaracion de confesionalidad religiosa que extremaba el articulo 11 de la Constitucion de 1845 con un "exclusivamente" que pretendia poner de acuerdo la Constitucion con el articulo 1 del Concordato de 1851, pero que era al menos inoportuno, ya que el articulo 11 de la Constitucion de 1845 habia sido convenido con la Santa Sede>> (107).

Al margen de estas consideraciones, la primera de las caracteristicas esenciales del sistema tenia una proyeccion directa en la organizacion institucional del Reino. Efectivamente, las Cortes disenadas en los Proyectos constitucionales de Bravo Murillo eran bicamerales, quedando formadas por un Congreso de los Diputados y un Senado (108). Pues, bien, en el Proyecto de Ley sobre Organizacion del Senado, se detallaban las diferentes clases de senadores: hereditarios, natos y vitalicios. Entre los senadores natos se encontraban los cardenales espanoles (art. 4, 3), el patriarca de las Indias y los arzobispos (art. 4, 5), y los seis obispos mas antiguos (art. 4, 7). Por otro lado, formaban parte de la clase de senadores vitalicios el asesor, auditores y fiscal del Tribunal de la Rota, el decano del Tribunal especial de las Ordenes (art. 5, 10a) y los obispos (art. 5, 11a).

Si bien esta abultadisima presencia de altas jerarquias de la Iglesia catolica en una de las instituciones constitucionales del Estado podia encontrar sus origenes remotos en las Cortes medievales, lo cierto es que la Constitucion de 1808 (109), el Estatuto Real de 1834 (110) y la Constitucion de 1845 (111), habian previsto asimismo la participacion de eclesiasticos en los organos legislativos. Eso si, dicha representacion variaba sensiblemente de uno a otro de los citados documentos, y, en todo caso, cabe destacar que en el referido Proyecto de Ley de Organizacion del Senado de 1852 se exageraba, haciendola extensiva a todos los arzobispos y obispos espanoles.

Sin perjuicio de los antecedentes medievales, y de la correspondiente doctrina sobre la representacion de los tres estamentos o "brazos" tradicionales en las Cortes, la presencia de eclesiasticos en el Senado prevista en estos Proyectos constitucionales de 1852 encontraba su justificacion en la confesionalidad catolica de la Nacion, y debe enmarcarse dentro de las coordenadas ideologicas del liberalismo moderado o doctrinario de mediados del siglo XIX (112).

Si la jerarquia catolica estaba representada en el Senado, sucedia lo contrario en el Congreso de los Diputados. Segun lo dispuesto en el articulo 4, primero, del Proyecto de Ley para las elecciones de los Diputados, los eclesiasticos no podrian ser elegidos para desempenar tal condicion. Se trataba de una incompatibilidad dificil de entender, y menos en un documento constitucional que respondia a las directrices comentadas. Curiosamente, consistia en la misma limitacion al derecho de sufragio pasivo de los no seglares que estaba prevista indirectamente en el articulo 23 de la progresista Constitucion de 1837 (113).

Cabe concluir, que tratandose de un conjunto de Leyes Fundamentales evidentemente conservadoras, las relaciones Iglesia-Estado previstas en los Proyectos constitucionales de Juan Bravo Murillo respondian a dichos postulados ideologicos, teniendo en la confesionalidad catolica de la Nacion y en la intolerancia religiosa hacia cultos disidentes sus dos pilares esenciales (114).

6. EL BIENIO PROGRESISTA Y EL PROYECTO DE CONSTITUCION DE 1856

Juan Maria Laboa ha destacado que el Proyecto de Constitucion de 1856 (115) es uno de los documentos mas interesantes y desconocidos de la historia constitucional espanola (116), y efectivamente es asi (117). Tambien para el estudio de las relaciones Iglesia-Estado, el Proyecto constitucional de 1856 presenta un relevante interes, ya que por primera vez se incluia en un texto constitucional de forma expresa el principio de tolerancia religiosa hacia los cultos disidentes. El articulo del documento que recogio esta solucion fue el 14, pero con caracter previo a la elaboracion de la Constitucion, las Cortes habian aprobado, tras enconadas discusiones, una Ley de Bases que los constituyentes deberian desarrollar a la hora de redactar el texto definitivo (118).

Pues bien, en la base segunda de esta Ley se afirmaba que: <<La Nacion se obliga a mantener y proteger el culto y los Ministros de la religion catolica que profesan los espanoles. Pero ningun espanol ni extranjero podra ser perseguido civilmente por sus opiniones mientras no las manifieste por actos publicos contrarios a la religion>> (119). ?Que razon justificaba la incorporacion del principio de tolerancia religiosa al ordenamiento constitucional? En el dictamen de la comision encargada de redactar dichas Bases se exponia en los siguientes terminos: <<Todos hemos estado conformes en considerar como un inmenso beneficio, aunque a grande costa adquirido, la unidad religiosa de nuestra Nacion; pero ni esta unidad exige ni la civilizacion de nuestro pais consiente que se pesquisen, ni mucho menos que se castiguen las opiniones de nadie, sea espanol o extranjero, que respete el culto y la religion de nuestros mayores>> (120). El caso es, como recuerda Francisco Gil Delgado, que <<esta base, tras larga discusion y habiendo tenido que superar un espeso clamor contrario por parte de los sectores tradicionales paso al fin al proyecto de Constitucion por 200 votos contra 52>> (121).

A consecuencia de la aprobacion de la Ley de Bases, el contenido de la base segunda se recibio en el citado articulo 14 del Proyecto constitucional, ubicado en el Titulo Primero bajo el epigrafe: "De la Nacion y de los espanoles", y siendo su texto el siguiente:

<<La Nacion se obliga a mantener y proteger el culto y los ministros de la religion catolica que profesan los espanoles.

Pero ningun espanol ni extranjero podra ser perseguido por sus opiniones o creencias religiosas, mientras no las manifieste por actos publicos contrarios a la religion>> (122).

El analisis de este precepto conviene hacerlo en contraposicion al articulo 11 de la precedente y moderada Constitucion de 1845. Ya no se afirmaba categoricamente que <<la Religion de la Nacion espanola era la Catolica, Apostolica, Romana>>, sino que el texto se limitaba a hacer una mera constatacion: <<la religion catolica que profesan los espanoles>>. Se trata de la denominada confesionalidad sociologica (123), y su formulacion estaba directamente inspirada en el articulo 11 de la Constitucion de 1837 (124). Segun Luis Sanchez Agesta, <<el art. 11 de la Constitucion de 1837 solo definia un hecho: que la religion catolica es la profesada por los espanoles, hecho que apunta hacia un principio de tolerancia (Olozaga) no explicita (Menendez y Pelayo), y una obligacion: la de mantener el culto y los ministros de la religion catolica>> (125).

Pero el modelo progresista de 1837 habia sido abandonado en la moderada Constitucion de 1845. Como se vio en un epigrafe anterior una de las reformas mas importantes de la Constitucion de 1845 fue la nueva formulacion de la confesionalidad catolica, que de sociologica en la Constitucion de 1837, se transformo en explicita y categorica (126). Por consiguiente, la intencion de los constituyentes de 1856 era recuperar la configuracion institucional del Estado en el ambito de las relaciones con la Iglesia que los liberales progresistas habian adoptado en el texto constitucional de 1837 (127).

Las dudas sobre si es posible afirmar que el Proyecto constitucional de 1856 contemplaba un Estado confesional siguen planteandose. Como se recordara, lo mismo sucede con la Constitucion de 1837. Algunos autores, a la vista de la redaccion del articulo 14 rechazan tal categoria. En esta direccion, Francisco Fernandez Segado escribe: <<El articulo 14 del texto contempla la "cuestion religiosa". Su parrafo primero es exactamente igual al articulo 11 de la Constitucion de 1837, de lo que debe inferirse que no se acepta el principio de confesionalidad del Estado; que los constituyentes se limitan a constatar un hecho: el de que los espanoles profesan la religion catolica y que finalmente, ante la inexistencia de la prohibicion para el ejercicio de cualquier otro culto, debe aceptarse la existencia de un principio de tolerancia>> (128). Sin embargo, un juicio tan rotundo admite matizaciones, puesto que, siendo cierto el abandono de una declaracion de confesionalidad formal, se afirma la confesionalidad sociologica, a la que expresamente se vincula en el mismo parrafo al sostenimiento del culto y los ministros de la religion catolica (129).

Efectivamente, de la declaracion sociologica del articulo 14 del Proyecto constitucional de 1856 se desprendia la siguiente prevision: <<La Nacion se obliga a mantener y proteger el culto y los ministros de la religion catolica que profesan los espanoles>>. Esta obligacion quedaba incluso reforzada respecto de las contenidas en las Constituciones de 1837 y 1845, pues no solamente deberia mantenerse el culto y los ministros, sino que tambien "proteger" (130). De alguna forma, se recupera la formula empleada en el articulo 12 de la Constitucion de Cadiz, en el que se establecia que la Nacion debia proteger a la religion catolica por leyes sabias y justas. Precisamente este matiz introducido en el Proyecto constitucional de 1856, consistente en la obligacion de proteger el culto y los ministros, es lo que permite afirmar a Hugo Santos Gil que con ello se estaba asegurando en este documento la pervivencia de la unidad catolica, <<a pesar de que no aparece expresada en los terminos de 1845>>. Pero el segundo parrafo del articulo 14 parece desmentir esta afirmacion. En consecuencia, lo que la obligacion de proteccion muestra es la voluntad de los constituyentes de proseguir con la confesionalidad catolica del Estado, si bien atemperando su declaracion a traves de la modalidad sociologica.

No cabe duda alguna de que el mayor interes que el Proyecto de 1856 aportaba al ambito estudiado de las relaciones Iglesia-Estado era la adopcion, por primera vez en el constitucionalismo espanol, de un sistema de tolerancia religiosa. Frente a la expresa intolerancia recogida en las Constituciones de 1808 y 1812, y el significativo y ambivalente silencio de las Constituciones de 1837 y 1845, un texto constitucional espanol venia a reconocer que <<ningun espanol ni extranjero podra ser perseguido por sus opiniones o creencias religiosas, mientras no las manifieste por actos publicos contrarios a la religion>>. Es evidente que los constituyentes de 1856 recogieron una formulacion de la tolerancia religiosa muy amplia y generosa. Sin llegarse al reconocimiento pleno de la libertad, se acercaba mucho. Manuel Fraile Clivilles escribe: <<Respecto a la posicion del Estado frente a la Iglesia, se consagra la tolerancia religiosa, e incluso hubo un momento, en la discusion del texto, en que parecio que se iba a aprobar la libertad religiosa pura. La religion aparece en este momento como totalmente vinculada a la politica>> (131).

Por solo 193 votos contra 99 se rechazo una enmienda que establecia la libertad de cultos. Es mas, los debates constituyentes sobre esta cuestion no se centraron en optar entre la unidad catolica y la tolerancia religiosa, sino entre esta ultima y la libertad religiosa. Luis Sanchez Agesta lo explica asi: <<Veinte dias del mes de febrero duro la discusion de la base; quinientas paginas del Diario de Sesiones llenan el debate; las sesiones se alargaron y apremiaron para aminorar el efecto que producian en la opinion publica y no dar ocasion a que se elevaran mas representaciones a las Cortes; las votaciones dividian la Camara y se resolvian a veces por uno o diez votos. Serio fue que el debate y las votaciones mas indecisas se produjeron en las enmiendas que querian ampliar la tolerancia hasta formulas practicas de libertad religiosa, lo que queria decir que la discusion no se centraba ya en la tolerancia propiamente dicha, sino en el mismo mantenimiento de la unidad catolica>> (132).

La mayoria de los autores destacan que la declaracion contenida en el parrafo segundo del articulo 14 fue un primer paso serio hacia la libertad de cultos, que quedaria por fin reconocida anos mas tarde en la Constitucion de 1869 (133). Incluso no faltan opiniones que ven en el precepto una manera de consagrar esa libertad, dado que exclusivamente podria limitarse cuando su ejercicio implicase realizar algun acto publico que fuese contrario a la religion catolica. Pero, como luego se expondra, asumir esta interpretacion implica ir demasiado lejos. Joaquin Tomas Villarroya es uno de los autores que piensan de este modo. Este autor defiende precisamente lo dicho: que el articulo 14 del texto de 1856 venia a consagrar de alguna manera la libertad de cultos, dado que solo podia ser limitada o anulada cuando implicase actos publicos contrarios a la religion catolica (134). De este modo, el citado autor escribe: <<Este precepto (art. 14) consagraba la libertad de conciencia, es decir, el derecho de todo hombre a creer interiormente lo que quiera en materia religiosa: de seguir, en su intimidad personal, la religion que prefiera o la de no seguir ni profesar ninguna. De hecho, tal afirmacion tenia y tiene escasa relevancia: la libertad de conciencia carece de proyeccion exterior y, por tanto de consecuencias juridicas. Pero, ademas, aquel precepto venia a consagrar, de alguna manera, la libertad de cultos que consiste en el derecho de todo hombre a manifestar exteriormente sus creencias religiosas y practicar los ritos correspondientes a las mismas: el texto constitucional recogia timida e implicitamente esta libertad, que solo podria ser limitada o anulada cuando llevase consigo acto publicos contrarios a la religion catolica>> (135).

Y en similares terminos se posiciona Isabel Casanova Aguilar cuando escribe: <<el articulo 14 de la Constitucion Nonnata reconoce implicitamente la libertad de cultos mientras no se manifieste por actos contrarios a la religion catolica>>. Ademas, segun esta autora, queda asi prohibido el ejercicio publico del culto por toda confesion no catolica, pero sensu contrario, se permite tacitamente el que sea estrictamente privado (136). Ahora bien, ?la lectura de estos razonamientos permite realmente estimar la presencia de un derecho a la libertad religiosa en el texto constitucional de 1856? No del todo. De hecho, en el polo opuesto se pronuncia Antonio Martinez Blanco, quien no solo no aprecia la libertad religiosa en el articulo 14 del Anteproyecto, sino que incluso califica a la tolerancia que percibe de estrecha: <<En otro aspecto acometieron la tarea de redactar una nueva Constitucion, la Constitucion non nata de 1856, que tiene la originalidad de una tolerancia religiosa con limites bastantes estrechos, mixta con confesionalidad, que tendria exito futuro>> (137).

Sobre este asunto, Francisco Fernandez Segado ofrece una opinion mas moderada cuando escribe: <<Evidentemente, este precepto no reconocia la libertad religiosa (para ello habra que esperar a la Constitucion de 1869), ya que las creencias religiosas no podian manifestarse por actos publicos contrarios a la religion (aunque la interpretacion correcta de este precepto exigiria, previamente, determinar que se entiende por "contrario a la religion"), pero el articulo al que nos referimos si consagra la llamada "libertad de conciencia", esto es, el derecho de todo ser humano a creer interiormente lo que considera oportuno en materia religiosa. Sin embargo, como senala Tomas Villarroya, la libertad de conciencia carecia de proyeccion exterior y, por tanto, de consecuencias juridicas, por lo que la afirmacion constitucional tema escasa relevancia practica>> (138).

Si se atiende a la literalidad de la formula empleada, puede apreciarse como los constituyentes utilizaron deliberadamente unos terminos ambiguos, ya que la unica limitacion que las opiniones o creencias religiosas encontrarian serian actos contrarios a la religion catolica manifestados, ademas, en publico. De hecho, algunos anos mas tarde, en la canovista Constitucion de 1876, la tolerancia religiosa se prescribiria con unos limites mas expresos y concisos: <<Nadie sera molestado en el territorio espanol por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitiran, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones publicas que las de la religion del Estado>> (139). No cabe hablar, pues, de libertad religiosa en el documento (140). Tan solo de tolerancia con un limite expreso: la realizacion de actos publicos contrarios a la religion catolica. Esta tolerancia se concibe en unos terminos muy amplios, permitiendose, incluso, actos privados y publicos de confesiones distintas de la catolica, teniendo como unico limite el senalado. Por consiguiente, y de haberse llegado a promulgar el texto constitucional, la tolerancia religiosa habria ido mucho mas alla de la que se permitio con la Constitucion de 1876.

Juan Maria Laboa aporta una explicacion particular al hecho de que no prosperase la libertad religiosa en el texto constitucional, ya que este autor entiende que su renuncia, una vez mas, habia supuesto el tributo pagado a cambio de la desamortizacion, anadiendo que se trataba de una <<fiel demostracion del pragmatismo de los progresistas, anticlericales en el terreno economico, ortodoxos en el campo estricto de la politica religiosa>> (141).

El articulo 14 del Proyecto constitucional fue objeto de encrespadas discusiones en las Cortes. No podia ser de otro modo, pues la novedad que aportaba en materia de relaciones Iglesia-Estado, reconociendo implicitamente la tolerancia religiosa, era considerable, y ademas entraba en contradiccion flagrante con el intolerante articulo 1 del entonces vigente Concordato de 1851 (142). Por otro lado, en el articulo 3 del Proyecto constitucional preveia que: <<Todos los espanoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujecion a las leyes. No se podra secuestrar ningun impreso hasta despues de haber empezado a circular>>. Se trata de la consabida libertad de prensa, esta vez regulada, curiosamente, en terminos restrictivos, similares a los que se recogian en la precedente Constitucion de 1845, en tanto en cuanto que el ejercicio de dicha libertad queda constrenido a lo dispuesto en las leyes (143).

Por lo demas, tratandose el Proyecto de Constitucion de 1856 de un texto sensiblemente mas progresista que el precedente de 1845, no puede extranar que la representacion eclesiastica estuviese ausente de las Cortes, puesto que el Senado disenado en el Titulo III seria elegido del mismo modo y por los mismos electores que los diputados (art. 18). Desaparecia, pues, la presencia institucional de los diversos estamentos o grupos sociales privilegiados del Reino de la Camara alta.

No deja de tener interes conocer que entre los motivos alegados para el abandono del proyecto y el correlativo restablecimiento de la Constitucion de 1845, figurase el siguiente parrafo: <<si a estas consideraciones se allegan los graves peligros de la cuestion religiosa, con desacuerdo suscitada en un pais donde felizmente reina de tiempo inmemorial la mas completa unidad de creencias y que no ha menester por lo mismo los dificiles acomodamientos que en otros Estados hubieron de celebrar entre si las diferentes comuniones cristianas, se comprendera facilmente la tremenda responsabilidad que nuestros Ministros contraerian si aconsejasen la Constitucion de 1856>> (144). Hugo Santos Gil acierta plenamente cuando explica la precedente declaracion: <<En sintesis, lo que se nos viene a decir es que Espana no necesita la libertad de cultos porque solo existe una religion. Y esta es una afirmacion que no admite prueba en contrario. Luego entonces, ?para que reconocer un derecho que ningun individuo iba a ejercitar? Aun mas: si la actitud del pais con respecto de la religion ha sido asi siempre, ?por que modificar esa "constitucion historica" para introducir practicas que aqui no son necesarias? Si el problema no existe, tampoco hay que buscarle soluciones. La Constitucion no debe "dilapidar locamente el glorioso patrimonio de las tradiciones nacionales", porque, por encima de ella, hay una realidad irrefutable: que Espana es catolica y no puede dejar de serlo. Y si parte de esta evidencia, la Constitucion estara condenada al fracaso>> (145).

En todo caso, se trata de un sintoma claro de que la avanzada postura propuesta en el articulo 14 del Proyecto constitucional de 1856 distaba mucho de ser aceptada por todos los sectores politicos de la Espana de su tiempo. Segun Joaquin Tomas Villarroya, <<el precepto suponia una modificacion de singular importancia en el planteamiento constitucional del tema religioso: importancia que, mas alla del texto, venia subrayada por la pasion con que se discutio el tema; una pasion que anunciaba que, pronto, a las divisiones politicas se sumarian las nacidas de motivos religiosos>> (146). Y de hecho, Luis Sanchez Agesta, que presto singular atencion a las relaciones Iglesia-Estado en el documento, estima que se trata de uno de los problemas mas importantes con los que se enfrentaron los constituyentes, hasta el extremo de escindir a los diferentes partidos politicos en una interpretacion contrapuesta de la historia de Espana sobre una base religiosa (147). Peligroso precedente que unos anos mas tarde volvera a manifestarse.

7. CONCLUSIONES

Durante el reinado de Isabel II, que comprende desde 1833 hasta 1868, se suceden tres textos constitucionales: el Estatuto Real de 1834; la Constitucion de 1837 y la Constitucion de 1845. A estos documentos deben anadirse dos proyectos constitucionales: la Constitucion de Bravo Murillo de 1852 y la Constitucion Nonnata de 1856. El primero fue una carta otorgada de contenido incompleto, y que actuo como puente entre el Antiguo Regimen y el constitucionalismo liberal. Los demas pueden calificarse de progresistas (Constitucion de 1837 y Proyecto de 1856) y de moderados o conservadores (Constitucion de 1845 y Proyecto de 1852).

El tratamiento de las relaciones Iglesia-Estado en estos documentos discurre por unos cauces concretos: la confesionalidad catolica del Estado, ya sea en su modalidad formal (1845 y 1852) o sociologica (1837 y 1856); el abandono de la intolerancia religiosa, sin llegarse a un regimen de libertad o de tolerancia expresa hacia aquellos que profesaban otras creencias (1837 y 1845); la continuidad de la intolerancia por remision normativa al Concordato (1852); y la adopcion de un avanzado regimen de tolerancia (1856). Asimismo, se preve el mantenimiento del culto y clero catolicos (1837, 1845, 1852 y 1856), mientras que la presencia de las altas dignidades eclesiasticas en la Camara alta de las Cortes se incluye en algunos documentos (1834, 1845 y 1852), mientras se omite en otros (1837 y 1856).

En todo caso, no puede decirse que los cambios en el sistema de relaciones Iglesia-Estado disenados en las dos Constituciones que entraron en vigor (1837 y 1845) fuesen diametralmente diversos, apreciandose una cierta continuidad fundada en el pensamiento liberal (progresista o moderado) y en la consolidacion del constitucionalismo frente al absolutismo.

El peso de la religion y la influencia de la Iglesia catolica en la sociedad espanola del periodo se dejaron notar en el tratamiento constitucional de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en los documentos de la epoca estudiada. Esta realidad junto con las posiciones favorables a las posturas eclesiales de los politicos moderados, implicaron un freno a los anhelos progresistas, tendentes a una mayor separacion entre ambas potestades y un reconocimiento expreso de la tolerancia religiosa, y aun de la libertad religiosa misma. En todo caso, los debates constitucionales en torno a la cuestion fueron encrespados y ocuparon buena parte de los trabajos parlamentarios constituyentes.

Durante el periodo isabelino la aplicacion y desarrollo de la normativa constitucional sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado se vio influida por tres factores esenciales en el desarrollo de los acontecimientos historicos: en primer lugar, la prolongada Guerra civil originada por el pleito carlista, con la consiguiente toma de posicion de buena parte del clero a favor del bando de los pretendientes a la Corona; en segundo lugar, el proceso desamortizador, cuya incidencia politica, economica y social en la Espana decimononica fue realmente intensa; en tercer lugar, la elaboracion y firma del Concordato celebrado con la Santa Sede en el ano 1851.

Pero, al margen de las previsiones constitucionales, relativamente influidas por famosa "ley del pendulo" entre las concepciones ideologicas de moderados y progresistas, la realidad de las relaciones Iglesia-Estado discurrio por caminos diferentes, basculando en ocasiones entre periodos de franca colaboracion, cuando gobernaban los primeros (el acuerdo concordatario supuso su culminacion), y de clara confrontacion, cuando no de un anticlericalismo incipiente, cuando toco el turno a los segundos. Momentos de ruptura con la Santa Sede y brotes de violencia contra las gentes y cosas de la Iglesia asi lo constatan.

Finalmente, es de resenar que el cuadro general de las relaciones Iglesia-Estado disenado en el constitucionalismo isabelino se proyecto mas alla de este periodo historico, influyendo tanto en el adoptado durante la Restauracion como en el propio del regimen del general Franco, basandose en ambos casos en la confesionalidad catolica del Estado, el mantenimiento del culto y clero, la presencia de jerarquias de la Iglesia en las instituciones estatales y la tolerancia religiosa hacia los demas cultos. De aqui la importancia de su estudio y conocimiento.

RECIBIDO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 / ACEPTADO: 25 DE OCTUBRE DE 2018

Francisco Jose ZAMORA GARCIA

Profesor de Derecho Constitucional

Real Centro Universitario Escorial-Maria Cristina. Madrid

orcid 0000-0003-0696-4778

fjzamora@rcumariacristina.com

DOI 10.15581/016.116.009

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(1) R. SANCHEZ MANTERO, Historia de Espana. El siglo XIX. De la Guerra de la Independencia a la Revolucion de 1869, Austral, Madrid 2004, 465.

(2) A. BARRERO ORTEGA, Modelos de relacion entre el Estado y la Iglesia en la historia constitucional espanola, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cadiz, Cadiz 2007; R. GARCIA GARCIA, Constitucionalismo espanol y legislacion sobre el factor religioso durante la primera mitad del siglo XIX (1808-1845), Tirant lo Blanch, Valencia 2000; y J. M. LABOA, Iglesia y Religion en las constituciones espanolas, Encuentro, Madrid 1981.

(3) Sobre la importancia del factor religioso en el constitucionalismo historico espanol, Tomas de la Cuadra-Salcedo escribe: "La religion ha desempenado, por tanto, un papel politico de primer orden en nuestra historia. Pero lo ha desempenado tambien en nuestra historia constitucional. Es decir, en los siglos XIX y XX. Y no solo lo ha tenido por razon de la definicion de la libertad religiosa o por razon de la relacion de la Estado con la religion o con la Iglesia--o por razon de si la religion Catolica era o no religion oficial-, sino porque todos esos aspectos, determinaciones y proclamaciones constitucionales cumplian una funcion explicita y una o varias funciones implicitas". T. DE LA CUADRA-SALCEDO, Estado y religion en el constitucionalismo espanol, en La nueva realidad religiosa espanola: 25 anos de la Ley Organica de Libertad Religiosa, Mnisterio de Justicia, Madrid 2 006, 13.

(4) F. TOMAS Y VALIENTE, Manual de Historia del Derecho Espanol, Tecnos, Madrid 1986, 615.

(5) J. TOMAS VILLARROYA, El sistema politico del Estattito Real de 1834 (1834-1836), Instituto de Estudios Politicos, Madrid 1968.

(6) Sobre este asunto, Diego Sevilla Andres aporta los siguientes datos: "El Estatuto Real no menciona la Religion y aunque se arguya una convocatoria de Cortes, indirectamente se puede inducir que no se hablo de libertad religiosa por no estimarlo oportuno, no a causa de reprobacion, pues la desean los dirigentes. Toreno, Ministro de Hacienda, al discutir con Joaquin Maria Lopez, critica la respuesta al Mensaje de la Corona por inoportuna en algunos puntos, cuando debiera haber imitado la reserva que tiene en otros puntos; por ejemplo, nada habla de libertad religiosa: ?por que la Comision no la toca, sin embargo, que sabe los males que ha producido en Espana la intolerancia? Porque sabia que era inoportuno e imprudentisimo". D. SEVILLA ANDRES, El derecho de libertad religiosa en el constitucionalismo espanol hasta 1936, Anales de la Universidad de Valencia 128 (1972) 5.

(7) Resulta significativo que en el Titulo Primero del Estatuto Real de 1834 se haga referencia a las Partidas de Alfonso X El Sabio y a la Nueva Recopilacion.

(8) Documento en D. SEVILLA ANDRES, Constituciones y otras Leyes y Proyectos Politicos de Espana, 1, Editora Nacional, Madrid 1969, 257-270.

(9) En el art. 9 del Estatuto Real de 1834 se dispoma que el numero proceres del Reino era ilimitado.

(10) C. LLORCA, Las Cortes como representacion, Prensa Espanola, Madrid 1976, 19-30.

(11) R. FERNANDEZ CARVAJAL, La Constitucion Espanola, Editora Nacional, Madrid 1969, 95.

(12) Arts. 27-33 Constitucion 1812.

(13) De hecho, algunos clerigos sobresalieron en los debates de manera singular, como Francisco Martinez Marina y Diego Munoz-Torrero. Puede consultarse L. HIGUERUELA DEL PINO, La Iglesia y las Cortes de Cadiz, Cuadernos de Historia Contemporanea 24 (2002) 61-80

(14) No existe acuerdo en la doctrina a la hora de denominar este documento como Constitucion Estatuto o Carta otorgada. Ciertamente por su origen se asemeja a los Estatutos o Cartas que otorgaban los reyes. Sin embargo, el propio texto de Bayona se califica a si mismo en diversos preceptos como "Constitucion", por ello, aqui se citara de esta manera.

(15) F. J. ZAMORA GARCIA, Representacion eclesiastica en las instituciones constitucionales (1808-1977), Anuario Juridico Villanueva 4 (2010) 235-247.

(16) Segun lo dispuesto en el art. 1 de la Constitucion de 1808 las Cortes o Juntas de la Nacion se componian de un total de 172 individuos pertenecientes a los estamentos del clero, nobleza y pueblo. Esta estructura proveniente del Antiguo Regimen implicaba, como apunta Rafael Jimenez Asensio, una contradiccion llamativa con los principios inspiradores de la Revolucion francesa. R. JIMENEZ ASENSIO, Apuntes para una Historia el Constitucionalismo Espanol, Edicion del autor, Zarautz 1992, 43.

(17) M. FRAILE CLIVILLES, Introduccion al derecho constitucional espanol, Sucesores de Rivadenevra Madrid 1975, 215.

(18) En todo caso, el brazo popular prevalecia claramente sobre el brazo del clero y de la nobleza. M. FERNANDEZ ALMAGRO, Origenes del Regimen constitucional en Espana, Labor, Barcelona 1928, 66.

(19) Arts. 63-65 Constitucion 1808.

(20) Ahora bien, esta afirmacion debe matizarse, puesto que la prerrogativa regia sobre nombramiento de proceres en numero ilimitado relativizaba la teorica independencia que a la Camara podia conferir el nombramiento vitalicio de sus miembros. Es decir, ante un Estamento de Proceres discolo, el rey podia nombrar nuevos proceres hasta configurar una mayoria docil.

(21) J. I. MARCUELLO BENEDICTO, Proceres y senadores en el reinado de Isabel II, en AA. VV, El Senado en la Historia, Servicio de Publicaciones del Senado, Madrid 1995, 121.

(22) En la Exposicion del Consejo de Ministros a la reina gobernadora relativa a la presentacion del texto del Estatuto Real para la convocatoria de las Cortes Generales del Reino, se reflexionaba sobre el Estamento de Proceres aludiendo a su funcion de <<guarda permanente de las leyes fundamentales interpuesto entre el Trono y los pueblos>>, justificando la pertenencia a esta Camara alta de los "venerables Pastores de la Iglesia". Este documento, fechado el 4 de abril de 1834, se encuentra en D. SEVILLA ANDRES, Constituciones..., cit, 257-270.

(23) J. A. ESCUDERO, Curso de Historia del Derecho, Edicion del autor, Madrid 1985, 886.

(24) A. COLOMER VIADEL, El sistema politico de la Constitucion espanola de 1837, Servicio de Publicaciones del Congreso de los Diputados, Madrid 1989; J. TOMAS VLLLARROYA, El Estatuto Real y la Constitucion de 1837, Ediciones Santa Maria, Madrid 1985; y J. VARELA SUANCES-CARPENA, La Constitucion espanola de 1837: una Constitucion transactional, Revista de Derecho Politico 20 (1983-1984).

(25) No consistiendo en otra cosa que el mantenimiento del sistema de relaciones Iglesia-Estado propio del Antiguo Regimen.

(26) Poco antes de la promulgacion de la Constitucion de 1837, en concreto en el ano 1836, se elaboro un Proyecto de revision del Estatuto Real que, una vez aprobado por el Consejo de Ministros, entonces presidido por Francisco Javier Isturiz, deberia haberse sometido al estudio y aprobacion de las Cortes, lo que nunca llego a hacerse. Pues bien, en este documento no se encuentra referencia alguna a las relaciones Iglesia-Estado. Al respecto de este documento constitucional puede consultarse F. J. ZAMORA GARCIA y otros, El Constitucionalismo frustrado. Proyectos espanoles de 1834 a 1916, Dykinson, Madrid 2014, 63-71.

(27) Diario de Sesiones, de 6 de abril de 1837.

(28) <<Moderada de fondo y exaltada de forma>>, en palabras de J. Perez Llantada. J. PEREZ LLANTADA, Libertad religiosa en Espana y el Vaticano II, Instituto de Estudios Politicos, Madrid 1974.

(29) La ubicacion del articulo destinado a regular las relaciones Iglesia-Estado en el Titulo dedicado a "los espanoles" se mantendra en las Constituciones de 1845, 1869 y 1876.

(30) H. SANTOS GIL, Iglesia y Constitucion: la posicion de la Iglesia catolica en las Constituciones espanolas (1808-1978), REDC 62 (2005) 113.

(31) Art. 21 Constitucion 1869.

(32) Por confesionalidad sociologica se entiende el reconocimiento, por parte del Estado, de que la gran mayoria de sus ciudadanos profesan una concreta religion. J. J. AMOROS AZPILICUETA, La libertad religiosa en la Constitucion Espanola, Tecnos, Madrid 1984, 21.

(33) Juan Maria Laboa se afirma en esta idea: <<La regulacion del tema religioso lo muestra claramente: frente a las afirmaciones tajantes, a las declaraciones teologicas de 1812, el articulo 11 se limita a decir que "la nacion se obliga a mantener el culto y los ministros de la religion catolica que profesan los espanoles". Por primera vez no se afirma la confesionalidad del Estado sino que se admite el hecho sociologico de que la mayoria de los espanoles son catolicos>>. J. M. LABOA, Iglesia..., cit, 28. La afirmacion de este autor admite una matizacion no exenta de cierta importancia, dado que lo que se afirma en el art. 11 del texto constitucional de 1837 no es que la mayoria de los espanoles son catolicos, sino que la religion catolica es la que profesan los espanoles. Por consiguiente, no se abre una puerta a la consideracion de que algunos espanoles no profesasen dicho culto.

(34) L. SANCHEZ AGESTA, Historia del Constitucionalismo espanol (1808-1936), Instituto de Estudios Politicos, Madrid 1974, 221.

(35) Documento en D. SEVILLA ANDRES, Constituciones..., cit, 317-323.

(36) P. A. PERLARDO, La libertad religiosa en las Constituyentes del 69, Editorial de la Universidad de Navarra, Pamplona 1970, 24.

(37) R. JIMENEZ ASENSIO, Apuntes..., cit, 68-69. En identicos terminos se expresa Jose Agustin Gonzalez-Ares. J. A. GONZALEZ-ARES, Las Constituciones de la Espana contemporanea. Del Estatuto de Bayona a las Leyes Fundamentales del franquismo, Andavira Editora, Santiago de Compostela 2010, 58.

(38) L. SANCHEZ AGESTA, Historia..., cit, 243.

(39) A. ALVAREZ DE MORALES, Historia del Derecho y de las Instituciones espanolas, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid 1989, 448. De similar opinion es Jose Manuel Cuenca. Segun este autor: <<En unos momentos en que la guerra civil que ensangrentaba la nacion se hallaba en su climax, en el que el proselitismo de las logias masonicas y de los circulos protestantes se mostraba muy activo y virulento, la desembocadura del espiritu y la praxis religiosa liberales en la tolerancia implicita y formulada en el celebre articulo 11 de dicho texto (la Constitucion de 1837), no desbordaba los cauces del extremismo, aunque algunas de sus clausulas se insertasen en la mas genuina linea del regalismo hispanico>>. J. M. Cuenca, Iglesia-Estado. Siglos XVIII-XX (1789-1903), en AA. VV, Diccionario de Historia Eclesiastica de Espana, 2, CSIC, Madrid 1972, 1166-1167. Tambien defiende esta tesis Antonio Colomer Viadel. A. COLOMER VIADEL, El sistema..., cit, 119.

(40) J. M. LABOA, Iglesia..., cit, 28-29.

(41) N. MONTESINOS SANCHEZ, La cuestion de la confesionalidad en la historia constitucional espanola. Un analisis de legislacion, REDC 51 (1994) 128.

(42) H. SANTOS GIL, Iglesia..., cit, 113.

(43) A. CANAS DE PABLOS, Liberalismo sin libertad: unidad religiosa y orden publico en las Constituciones espanolas de 18012y 1831, Revista de Historia Constitucional 17 (2016) 99.

(44) Con las excepciones del Proyecto constitucional de 1873 y de la Constitucion de 1931.

(45) I. CAVERO y T. ZAMORA, Constitucionalismo Historico de Espana, Editorial Universitas, Madrid 1995, 122-123.

(46) D. BASTERRA, El Derecho a la libertad religiosa y su tutela juridica, Civitas, Madrid 1981, 186.

(47) L. SANCHEZ AGESTA, Historia..., cit, 274-276.

(48) Art. 1 Constitucion 1808: <<La religion Catolica, Apostolica y Romana, en Espana y en todas las posesiones espanolas, sera la religion del Rey y de la Nacion, y no se permitira ninguna otra>>.

(49) Art. 12 Constitucion 1812: <<La religion de la Nacion espanola es y sera perpetuamente la catolica, apostolica, romana, unica verdadera. La Nacion la protege por leyes sabias y justas y prohibe el ejercicio de cualquier otra>>.

(50) Mas aun cuando se tiene en cuenta el dato de que en el texto de la Constitucion de 1837 aparece por primera vez en el constitucionalismo espanol una declaracion de derechos unificada e inserta en un solo Titulo (Titulo I, "De los espanoles").

(51) En los debates constituyentes se hablo de que en la forma en que se presentaba el articulo 11 de la Constitucion se veia mas un respeto, una consideracion, un testimonio publico a la religion que profesan los espanoles, que no una garantia o un articulo constitucional. Consecuentemente, se pidio que se redactase expresando que el Estado o la Nacion protegeria por leyes sabias y justas la Religion catolica, que es la de los espanoles, y anadiendo que no seria permitido en ningun caso que se pudiera perseguir a los espanoles por las opiniones religiosas, siempre que respetaran el culto catolico y no ofendieran la moral publica. J. BECKER, Relaciones diplomaticas entre Espana y la Santa Sede durante el siglo XIX, Pamplona s.f, reimpresion de una obra de 1908 publicada en Madrid, 111-112.

(52) En su momento, Marcelino Menendez Pelayo presto atencion a dicha enmienda. Al respecto, M. MENENDEZ PELAYO, Historia de los heterodoxos espanoles, VIII, I, 6, CSIC, Madrid 1963. Y no falto un diputado, como Fermin Caballero, que incluso llego a proponer que incluyese alusion alguna a la religion en la Constitucion, asi se evitaria mezclarla con cuestiones politicas. A. COLOMER VIADEL, El sistema..., cit, 106.

(53) N. MONTESINOS SANCHEZ, La cuestion..., cit, 128. Por el contrario, el diputado Tarancon abogo por que se conservase el articulo de la Constitucion de 1812. A favor tambien se mostro Arguelles, en un notabilisimo discurso en el que historio la cuestion, manifestando que lo mejor que tenia el articulo, redactado por el diputado Acebedo, era el no contener declaracion alguna religiosa, y que la tolerancia no podia establecerse por articulos constitucionales, sino ser obra de la costumbre. J. BECKER, Relaciones..., cit, 112.

(54) En el debate parlamentario del 6 de abril, Salustiano Olozaga, entre otras cosas, afirmo: "Si queremos, senores, que los pueblos se uniformen en lo posible en opiniones; si vemos que se dividen como tienen que dividirse por opiniones politicas; si se dividen segun sus intereses, segun sus clases, segun sus profesiones, ?no seria un mal inmenso el que aumentaramos a esos motivos de division uno mas fuerte, que la historia nos presenta con toda claridad, como es la diversidad de religiones? Mezclemos, senores, principios religiosos a la division politica en que nos hallamos y !pobre Espana entonces! No demos origen ni ocasion a que un dia se lamente Espana de la perdida de su unidad religiosa". Diario de Sesiones, 6 de abril 1837.

(55) L. SANCHEZ AGESTA, Historia..., cit, 237.

(56) J. RODRIGUEZ-TOUBES MUNIZ, Los derechos fundamentales en la Constitucion espanola de 1837, en F. PUY MUNOZ (coord.), Los derechos en el constitucionalismo espanol, Servicio de Publicaciones USC, Santiago de Compostela 2002, 73-74.

(57) F. GIL DELGADO, Conflicto Iglesia-Estado. Espana 1808-1975, Sedmay Ediciones, Madrid 1975, 88.

(58) T. DE LA CUADRA-SALCEDO, Estado..., cit, 28.

(59) Incluso no han faltado autores que optan por estimar que en la Constitucion en la Constitucion de 1837 no se toleraban otras confesiones, pero <<si se hacia lo propio con aquellos individuos que no profesasen dicha creencia>>. En realidad, este argumento parece que pretende rizar el rizo. El texto citado se corresponde con la opinion de Alberto Canas de Pablos. A. CANAS de PABLOS, Liberalismo..., cit, 93-94. Asimismo, esta idea se comparte en J. RODRIGUEZ-TOUBES MUNIZ, Los derechos..., cit, 73-74.

(60) Francisco Fernandez Segado discrepa, cuando opina que: <<De todo ello se desprende un principio de tolerancia religiosa>>. F. FERNANDEZ SEGADO, Las Constituciones historicas espanolas, Civitas, Madrid 1986, 202. Asimismo, Jose Manuel Cuenca habla de una tolerancia implicita. J. M. CUENCA, Iglesia-Estado..., cit, 1167.

(61) L. SANCHEZ AGESTA, Historia..., cit, 221.

(62) I. CASANOVA AGUILAR, Aproximacion a la Constitucion "nonnata " de 1856, Publicaciones de la UM, Murcia 1985, 107.

(63) El Senado era de base electiva. Los mismos electores que podian elegir diputados proponian una lista triple, de la que el rey elegia quienes eran los que iban a formar el Senado. El numero de senadores tendria que ser proporcional a la poblacion de las provincias y corresponder como mas a los tres quintos del numero de diputados. Su mandato era de nueve anos, renovables por terceras partes. Para ser senador se exigia ser mayor de cuarenta anos, tener medios de subsistencia y cumplir los requisitos determinados en la ley electoral. Ademas de estos, habia senadores por titulo propio que eran los hijos del rey y del principe heredero inmediato a la Corona, que eran senadores desde los veinticinco anos. Arts. 14-20 Constitucion de 1837.

(64) En la ideologia liberal progresista cundia una vision suficientemente moderna y mesocratica de la nueva sociedad, deseosa de no admitir demasiadas jerarquias y rangos dentro de la naciente clase media. Al respecto, A. GARRORENA MORALES, El Ateneo de Madrid y la teoria de la Monarquia liberal, Instituto de Estudios Politicos, Madrid 1974, 61 y ss.

(65) En la Exposicion de la Comision de las Cortes presentando el Proyecto de Constitucion se afirmaba: <<La organizacion del Senado se encuentra en el titulo III; y como las Cortes habian acordado que este Cuerpo no fuese hereditario ni privilegiado, no que daba libertad a la comision para proponer sino que fuese elegido, bien por el pueblo, bien por la Corona>>. Queda claro el rechazo de los constituyentes a una Camara aristocracia, en la que la Iglesia tuviese representacion junto a la nobleza y otros cuerpos privilegiados. El documento se encuentra en D. SEVILLA ANDRES, Constituciones..., cit, 317-323.

(66) V CARCEL ORTI, Breve Historia de la Iglesia en Espana, Planeta, Barcelona 2003, 302.

(67) F. FERNANDEZ SEGADO, Las Constituciones..., cit, 203.

(68) F. CANOVAS SANCHEZ, El moderantismo y la Constitucion espanola de 1845, Fundacion Santa Maria, Madrid 1985; M. A. Medina Munoz, La reforma constitucional de 1845, Revista de Estudios Politicos 203 (1975) 75-103; y J. TOMAS VILLARROYA, Las elecciones de 1844, Revista de Estudios Politicos 211 (1977) 61-122.

(69) Art. 1 Constitucion 1808.

(70) Art. 12 Constitucion 1812.

(71) Art. 11 Constitucion 1837.

(72) No obstante, no ha faltado algun autor que estima la declaracion del art. 11 de la Constitucion de 1845 como ambigua. Asi lo hace Francisco Gil Delgado cuando afirma que: <<La Constitucion moderada de 1845 adopto una formulacion afirmativa pero ambigua, ya que la "exclusividad" quedaba soslayada en el pie de letra del articulo 11>>. F. GIL DELGADO, Conflicto..., cit., 88.

(73) A. MARTINEZ BLANCO, Derecho Eclesiastico del Estado, 1, Tecnos, Madrid 1994, 290.

(74) M. FRAILE CLIVILLE, Introduccion..., cit., 260.

(75) Sobre el moderantismo pueden consultarse las obras de F. CANOVAS SANCHEZ y J. M. JOVER ZAMORA, El Partido Moderado, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1982; y L. DIEZ DEL CORRAL, El liberalismo doctrinario, Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, Madrid 1984.

(76) H. SANTOS GIL, Iglesia..., cit, 116-117.

(77) Jeronimo Becker escribe: <<La Santa Sede hubiera preferido se aceptase la redaccion que este articulo tenia en el Codigo (sic.) 1812, pero de no prevalecer esta ultima consideracion, consideraba la del proyecto muy superior a la de la Constitucion de 1837>>. J. BECKER, Relaciones..., cit, 136.

(78) Francisco Fernandez Segado escribe: <<Bien es verdad que la Constitucion de 1845 no prohibia, como hiciera la de 1812, el ejercicio de cualquier otra religion>>. F. FERNANDEZ SEGADO, Las Constituciones..., cit, 228.

(79) T. DE LA CUADRA-SALCEDO, Estado..., cit, 27. Similar posicion adopta Jose Martinez de Pison Cavero. J. MARTINEZ DE PISON CAVERO, Constitucion y libertad religiosa en Espana, Universidad de La Rioja-Dykinson, Madrid 2000, 112 y ss.

(80) R. JIMENEZ ASENSIO, Apuntes..., cit, 81.

(81) J. I. MARCUELLO BENEDICTO, La libertad de imprenta y su marco legal en la Espana liberal, Ayer 34 (1999) 65-92.

(82) Proyecto del Gobierno sobre reforma de la Constitucion (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Legislatura 1844-1845, n. 9, apendice 2o) y (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Legislatura 1844-1845, n. 23, apendice).

(83) Paso de una confesionalidad sociologica a una confesionalidad formal de la Nacion.

(84) Desde la Constitucion de 1837, la denominacion de la Camara alta de las Cortes fue la de Senado.

(85) Art. 16 Constitucion 1845.

(86) J. ENRILE ALEIX, El Senado en la Decada Moderada (1845-1854), Universidad Complutense de Madrid, Madrid 1980.

(87) Art. 14 Constitucion 1845.

(88) M. FRAILE CLIVILLES, Introduccion..., cit, 261.

(89) Jose Ignacio Marcuello Benedicto compara el Senado previsto en la Constitucion de 1845 con la Chambre des Pair, es decir, con el Senado frances disenado en la Carta constitucional de 1830, y cuya composicion fue modificada y completada por la Ley de 29 de diciembre de 1831. La conclusion es que ambas Camaras respondian a los mismos parametros, salvo en un punto esencial: en la francesa no se recogia representacion de los antiguos estamentos privilegiados, clero y nobleza, en cuanto que la primera fue fruto de la revolucion liberal-burguesa de 1830, mientras que la espanola, producto de una reforma constitucional hecha en un horizonte de prudente transaccion entre el Antiguo Regimen y el nuevo orden liberal censitario. J. I. MARCUELLO BENEDICTO, Proceres..., cit, 138.

(90) I. CAVERO y T. ZAMORA, Constitucionalismo..., cit, 145-146.

(91) V. CARCEL ORTI, Breve..., cit, 302.

(92) A los que habria que anadir aquellos obispos nombrados senadores por decision del rey.

(93) V CARCEL ORTI, Breve..., cit, 302-303.

(94) R. JIMENEZ ASENSIO, Apuntes..., cit, 81.

(95) R. JIMENEZ ASENSIO, Apuntes..., cit, 81.

(96) L. SANCHEZ AGESTA, Historia..., cit, 237-238.

(97) Desde el punto de vista sistematico, la diferencia con la moderada y precedente Constitucion de 1845 era notable, ya que en este documento la declaracion de confesionalidad se hacia en el art. 11, ubicado en el Titulo I, bajo el epigrafe "De los espanoles".

(98) D. SEVILLA ANDRES, El proyecto constitucional de Bravo Murillo, Revista General de Legislacion y Jurisprudencia 22 (1951) 363-394.

(99) La rubrica del Titulo I de la Constitucion de 1808 era "De la Religion".

(100) Publicado en Gaceta de Madrid, de fecha 3-XU-1852.

(101) Art. 11 Constitucion 1845.

(102) F. J. ZAMORA GARCIA, Relaciones Iglesia-Estado en los Proyectos constitucionales espanoles, REDC 117 (2014) 827-856.

(103) Declaracion que, a su vez, provenia del art. 11 de la progresista Constitucion de 1837, y que de forma implicita se contema tambien en el art. 12 de la Constitucion de 1812.

(104) El texto del Concordato de 1851 se encuentra reproducido en P. BENITO GOLMAYO, Instituciones de Derecho Canonico, Madrid 1859, 443-460. La importancia del Concordato en la configuracion de las relaciones Iglesia-Estado durante el reinado de Isabel II y la Restauracion es mucha. Sin embargo, no incidio en la elaboracion de las sucesivas Constituciones o proyectos constitucionales, con la salvedad de los de 1852.

(105) Careciendo el Proyecto de Constitucion de 1852 de una relacion de derechos y libertades, no se encuentra en su texto la libertad de imprenta, que, como se sabe, sirvio en diversas soluciones constitucionales decimononicas como medio para atenuar el rigor de la unidad catolica.

(106) N. MONTESINOS SANCHEZ, La cuestion..., cit, 131. La misma opinion manifiesta Francisco Fernandez Segado: <<Lo cierto es que tal precepto era ahora absolutamente inoportuno>>. F. FERNANDEZ SEGADO, Las Constituciones..., cit, 240.

(107) L. SANCHEZ AGESTA, Historia..., cit, 245.

(108) Segun el art. 9 del Proyecto de Constitucion de 1852: <<Las Cortes Generales se componen de dos Cuerpos colegisladores iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados>>.

(109) Art. 62 de la Constitucion de 1808: "El estamento del clero se compondra de 25 arzobispos y obispos".

(110) Art. 3 Estatuto Real 1834.

(111) Art. 15 Constitucion 1845.

(112) F. J. ZAMORA GARCIA, Representacion..., cit, 235-247.

(113) Art. 23 Constitucion 1837.

(114) Si bien, los preceptos que regulaban las relaciones Iglesia-Estado en el Proyecto de Constitucion de 1852 encajaban con la intolerancia religiosa acordada con el papa Pio IX un ano antes, suponian ir mas alla de las previsiones al respecto de la Constitucion de 1845. F. J. ZAMORA GARCIA, Antecedentes constitucionales de la libertad religiosa, Anuario Juridico y Economica Escurialense 45 (2012) 195-207.

(115) El Proyecto de Constitucion fue publicado en Diario del Congreso de los Diputados, de fecha 14-XII-1855.

(116) J. M. LABOA, Iglesia..., cit, 10.

(117) I. CASANOVA AGUILAR, Aproximacion..., cit.; y Las Constituciones no promulgadas de 1856y 1873, Madrid 2008.

(118) F. J. ZAMORA GARCIA, Antecedentes..., cit, 199.

(119) Documento transcrito en D. SEVILLA ANDRES, Constituciones..., cit, 4s7-461.

(120) Este dictamen se publico en Diario de Sesiones de las Cones Constituyentes, 1854-1856, Ap. 2o.

(121) F. GIL DELGADO, Conflicto..., cit, 88. Por su parte, Jeronimo Becker describe asi los debates parlamentarios sobre la comentada base: <<Fue objeto esta Base de largo, empenado y accidentado debate, en el que intervinieron todas las fracciones de la Camara y se reflejaron todas las tendencias>>. J. BECKER, Relaciones..., cit, 169.

(122) Por consiguiente, la unica diferencia que se aprecia entre la base segunda de la Ley de Bases y la redaccion definitiva del art. 11 del Proyecto constitucional es la supresion de la palabra "civilmente".

(123) J. J. AMOROS AZPILICUETA, La libertad..., cit, 21.

(124) Art. 11 Constitucion 1837.

(125) L. SANCHEZ AGESTA, Historia..., cit, 250-252.

(126) A. MARTINEZ BLANCO, Derecho..., cit, 290.

(127) No hay que perder de vista que durante el bienio progresista 1854-1856, el Gobierno espanol rompio las relaciones con la Santa Sede, expulsando de Espana al nuncio.

(128) F. FERNANDEZ SEGADO, Las Constituciones..., cit, 250.

(129) Las reflexiones que se hicieron con ocasion de la Constitucion de 1837 vuelven a ser aqui validas.

(130) F. J. ZAMORA GARCIA, Relaciones..., cit, 827-856.

(131) M. FRAILE CLIVILLES, Introduccion..., cit, 268.

(132) L. SANCHEZ AGESTA, Historia..., cit, 251.

(133) N. MONTESINOS SANCHEZ, La cuestion..., cit, 133.

(134) J. TOMAS VILLARROYA, Breve historia del constitucionalismo espanol, Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, Madrid 2012, 77-78.

(135) J. TOMAS VILLARROYA, Breve..., cit, 7-79.

(136) I. CASANOVA AGUILAR, Aproximacion..., cit, 103.

(137) A. MARTINEZ BLANCO, Derecho..., cit., 291. Con su referencia al futuro, seguramente el autor esta pensando en la Constitucion de 1876 y, de alguna forma, al sistema politico de las Leyes Fundamentales de tiempos del general Franco.

(138) F. FERNANDEZ SEGADO, Las Constituciones..., cit, 250.

(139) Art. 11 Constitucion 1876: "La religion catolica, apostolica romana es la del Estado. La Nacion se obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie sera molestado en el territorio espanol por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitiran, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones publicas que las de la religion del Estado".

(140) Recuerdese que durante los debates parlamentarios, una enmienda que prendia introducir en el documento la libertad religiosa fue rechazada por casi cien votos.

(141) J. M. LABOA, Iglesia..., cit., 34.

(142) En el mismo sentido se manifiesta Juan Maria Laboa cuando escribe: <<en las Constituyentes tienen lugar fuertes polemicas entre los defensores del principio religioso como eje vertebrador del ser historico espanol y los opuestos al mantenimiento de la unidad religiosa oficial>>. J. M. LABOA, Iglesia..., cit, 34.

(143) Art. 2 Constitucion 1845.

(144) Documento transcrito en D. SEVILLA ANDRES, Constituciones..., cit, 483-489.

(145) H. SANTOS GIL, Iglesia..., cit, 120.

(146) J. TOMAS VILLARROYA, Breve..., cit, 78.

(147) L. SANCHEZ AGESTA, Historia..., cit, 251-252.
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Author:Zamora Garcia, Francisco Jose
Publication:Ius Canonicum
Date:Dec 1, 2018
Words:19222
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