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Facultades especiales para la dimision del estado clerical (Congregacion para el Clero de 30 de enero de 2009). Analisis y comentario.

SUMARIO: 1. Introduccion. 2. Supuestos contemplados. 2.1. Delitos tipificados en los cc. 1394 [seccion]1 y 1395 [seccion][seccion]1 y 2. 2.2. La <<specialis violationis gravitas>> del c. 1399. 2.3. Abandono del ministerio. 3. Procedimiento para la imposicion de la pena de expulsion del estado clerical. 4. Procedimiento para la dimision ex officio. 5. Dubia acerca de los aspectos procedimentales. 6. Planteamiento reformador de las facultades. 7. Conclusiones.

1. INTRODUCCION

El 30 de enero de 2009, el Romano Pontifice concedio a la Congregacion para el Clero facultades especiales para intervenir entres supuestos relacionados con la dimision del estado clerical. El 18 de abril, el Prefecto de dicho Dicasterio, Card. Claudio Hummes, envio una Carta circular a todos los Ordinarios del mundo para explicar los motivos, el contenido y el procedimiento para la aplicacion de las nuevas facultades. En el n. 7 de la Carta, se dice que los Ordinarios han pedido frecuentemente a la Sede Apostolica la flexibilizacion del sistema para poder intervenir directamente en determinados casos o para, una vez decididos, contar con la confirmacion de sus actuaciones por parte de los Dicasterios, con el fin de afrontar las cuestiones con una mayor eficacia y autoridad.

Segun expresa la Carta, a veces pueden verificarse situaciones de grave indisciplina por parte de clerigos, en las que resultan insuficientes las medidas pastorales y las prescripciones del Codigo para restablecer la justicia, reparar el escandalo y enmendar al reo (1). Para hacer frente a tales casos se plantean unos procedimientos distintos de los previstos en las normas codiciales. Se trata principalmente de tres asuntos: la imposicion de la pena de expulsion del estado clerical mediante decreto extrajudicial, la concesion de la dispensa del celibato y la aplicacion del procedimiento ex officio para la dimision del estado clerical.

El planteamiento que revela el documento presenta un caracter novedoso para la disciplina penal, sobre todo en lo que atane a la conexion entre la pena que se impone (la expulsion del estado clerical) y la gracia que se concede (la dispensa del celibato). Por otro lado, los aspectos procedimentales suscitan ciertas dudas, especialmente en lo que concierne a los derechos fundamentales de los acusados.

2. SUPUESTOS CONTEMPLADOS

2.1. Delitos tipificados en los cc. 1394 [seccion] 1 y 1394 [seccion][seccion] 1 y 2

El primer ambito al que se extienden las facultades especiales concedidas se refiere a los delitos contemplados en los cc. 1394 y 1395 [seccion][seccion] 1 y 2. En primer lugar, se trataria del clerigo (presbitero o diacono) que atenta matrimonio, aunque sea solo civilmente y despues de haber sido amonestado, no cambia de conducta y continua dando escandalo. En segundo lugar, tendriamos el caso de un presbitero o diacono que vive en concubinato o comete otros delitos graves contra el sexto madamiento del Decalogo (2) y no muestra ningun signo de arrepentimiento, a pesar de las repetidas amonestaciones, ni manifiesta intencion alguna de solicitar la dispensa de los deberes derivados de la sagrada ordenacion. La intervencion de la Congregacion para el Clero consiste en poder tratar y presentar los casos al Santo Padre para la aprobacion en forma especifica de las decisiones acerca de la imposicion de la pena de expulsion del estado clerical, junto con la dispensa de las obligaciones sacerdotales, incluida la del celibato.

2.2. La <<specialis violationis gravitas>> del c. 1399

El segundo ambito abarca algunos casos que pueden quedar comprendidos en el c. 1399 (3). Se trata de violaciones especialmente graves de las leyes o de la necesidad y urgencia de evitar un escandalo. La Congregacion para el Clero puede intervenir directamente en los casos o confirmar las decisiones de los Ordinarios, siempre que ellos lo pidiesen. Esta facultad comprende la derogacion de algunos canones referidos a la aplicacion de las penas perpetuas y a la de expulsion del estado clerical (4). Se aplicaria a los diaconos por causas graves, y a los presbiteros por causas gravisimas. Las decisiones se presentaran siempre al Romano Pontifice para su aprobacion en forma especifica. La aplicacion de la pena de expulsion del estado clerical tiene caracter excepcional y urgente, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, y cuando por parte del reo no haya ninguna muestra de arrepentimiento.

2.3. Abandono del ministerio

Las facultades especiales se extienden tambien a los casos de clerigos que han abandonado el ministerio por un periodo superior a cinco anos consecutivos y que, despues de una investigacion adecuada, persisten en tal ausencia voluntaria e ilicita. La Congregacion para el Clero puede tratar estos casos declarando la perdida del estado clerical con la dispensa de las obligaciones sacerdotales, incluido el celibato. Ese procedimiento tiene caracter excepcional y se aplica con el fin de garantizar el orden de la sociedad eclesial y preservar a los fieles de incurrir en el error communis (c. 144) acerca de la validez de los sacramentos. Ademas, teniendo en cuenta la irreversibilidad de algunas situaciones, esa facultad tiene un claro caracter pastoral.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE LA PENA DE EXPULSION DEL ESTADO CLERICAL

Segun la normativa codicial (cc. 1342 [seccion] 2 y 1425 [seccion] 1, 2), la via judicial es la unica posible para la imposicion de la pena de expulsion del estado clerical. La Facultas dispensandi de 7 de febrero de 2003 permitio a la Congregacion para la Doctrina de la Fe, en casos excepcionales, actuar mediante decreto extrajudicial en los supuestos de los delicta graviora, entre los cuales se encuentran algunos de los delitos punibles con la pena de expulsion (5).

La Carta circular de la Congregacion para el Clero explica que cada eventual caso contemplado en los dos primeros supuestos para los que se conceden facultades especiales debe ser instruido --despues de realizar adecuadamente la investigacion previa de acuerdo con los cc. 1717-1719-- por medio de un legitimo procedimiento administrativo, salvaguardando siempre el derecho a la defensa (6). No obstante, se pueden observar --al menos a nivel terminologico-- ciertas diferencias en el modo de citar el c. 1720 sobre el procedimiento administrativo penal, si comparamos el presente documento con el texto de la facultad recibida por la Congregacion para la Doctrina de la Fe en su momento, que simplemente hace referencia a la normativa codicial (c. 1720) (7). En el caso de la primera facultad de 2009, de algun modo se interpreta ese canon, subrayando explicitamente el derecho de defensa.

El primer punto (n. 6, 1 de la Carta) no difiere del c. 1720, 1. El Ordinario ha de notificar al imputado la acusacion y las pruebas, dandole la posibilidad de defenderse, a no ser que no quisiera comparecer, a pesar de ser citado legitimamente.

Segun el c. 1720, 2, el Ordinario <<debe sopesar cuidadosamente con dos asesores todas las pruebas y argumentos>>. El n. 6, 2 de la Carta circular que corresponde al citado canon, incluye dentro de ese punto, la obligacion de considerar atentamente la defensa del imputado.

El siguiente punto de la Carta difiere del c. 1720, 3 unicamente en lo referente a la motivacion del decreto. Segun el documento de la Congregacion para el Clero, el decreto debera estar <<debidamente>> motivado, a diferencia de la norma codicial, que es mas escueta y no contiene tal locucion (8).

El procedimiento concluye con la imposicion de la dimision del estado clerical in poenam y con la simultanea, aunque no automatica, dispensa de todas las obligaciones sacerdotales. El Romano Pontifice realiza, por lo tanto, dos actos: concede la dispensa y aprueba en forma especifica el procedimiento para la aplicacion de la pena. La Carta circular no explica los detalles procedimentales. En este caso, la concesion de la dispensa no parece que sea un procedimiento separado de la imposicion de la pena. El Ordinario o la Congregacion deberian presentar la solicitud de la dispensa, a no ser que lo haga el mismo acusado durante el procedimiento, cosa cuya explicacion se omite en el documento. Esta no es una verdadera dimision ex officio, puesto que se impone la pena de expulsion. Nada se dice sobre el sujeto de la peticion de la dispensa.

4. PROCEDIMIENTO PARA LA DIMISION EX OFFICIO

La dimision ex officio consiste en la declaracion de la perdida del estado clerical, junto con la dispensa de todas las obligaciones sacerdotales, sin peticion previa del clerigo. El procedimiento expuesto en la Carta circular se parece en su estructura al previsto en las normas para proceder a la reduccion al estado laical en las curias diocesanas y religiosas (13.I.1971), y en las normas de procedimiento para la dispensa del celibato sacerdotal (14.X.1980) (9). En terminos generales, la declaracion de la perdida del estado clerical junto con la correspondiente dispensa se tramita mediante rescripto, aunque la naturaleza de este tipo de instrumento juridico, en principio, supone unicamente la concesion de una gracia favorable, sin implicaciones penales (10).

La Carta circular expone el procedimiento que se ha de seguir para aplicar la dimision ex officio contemplada en el tercer supuesto de aplicacion de las facultades especiales (11). En el art. 1 del n. 8 de la Carta se dice que el Ordinario de incardinacion puede solicitar a la Sede Apostolica un rescripto con el que se declara la perdida del estado clerical, junto con la dispensa de rodas las obligaciones sacerdotales, comprendida tambien la del celibato. Eso puede llevarse a cabo solamente despues de que el Ordinario alcance certeza moral sobre el abandono irreversible del ministerio despues de transcurridos cinco anos consecutivos, sobre la base de una eventual declaracion del clerigo, testimonios, u otro tipo de pruebas o indicios (art. 3).

Conforme al art. 2 [seccion] 2, el Ordinario puede confiar la instruccion de la causa a un sacerdote idoneo de su propia o de otra diocesis. El mandato que recibe el instructor puede tener caracter estable o singular para cada caso. En el citado procedimiento debe intervenir siempre el promotor de justicia. La razon de su presencia obligatoria es la debida tutela del bien publico ([seccion] 3).

Los articulos 5-7 del n. 8 de la Carta tratan de lo relativo a la instruccion de la causa. Una vez completada, el instructor transmite rodas las actas, con un informe adecuado, al Ordinario, que, a su vez, las manda a la Sede Apostolica, incluyendo su parecer al respecto y las observaciones del promotor de justicia (arts. 5-6). La Sede Apostolica puede requerir un suplemento. En ese caso informara al Ordinario acerca de la materia que ha de ser completada (art. 7).

El rescripto se transmite desde la Sede Apostolica al Ordinario que se dispondra a notificarlo al interesado (art. 8).

5. DUBIA ACERCA DE LOS ASPECTOS PROCEDIMENTALES

El analisis de las facultades concedidas a la Congregacion para el Clero, expuestas y explicadas en la Carta circular, suscita una serie de dudas, sobre todo en lo concerniente a los aspectos procedimentales, que requieren una aclaracion y concrecion de los pasos que hay que seguir. Se trata principalmente de tres asuntos: una eventual imposicion de las penas distintas de la de expulsion del estado clerical; relacion procedimental entre el Ordinario y la Congregacion para el Clero; y el derecho a la defensa del acusado en el procedimiento administrativo.

Los delitos de los que se trata en el primer supuesto de aplicacion de las facultades especiales (cc. 1394 [seccion] 1 y 1395 [seccion] 1) preven la aplicacion del criterio de la gradacion penal, antes de la imposicion de la pena de expulsion del estado clerical. En el caso de atentado de matrimonio, el Codigo establece la imposicion gradual de privaciones, sin exceptuar la dimision penal. El clerigo concubinario y el que permanece con escandalo en otro pecado contra el sexto mandamiento, debe ser castigado, primero, con suspension. A continuacion, segun exista o no contumacia, se pueden anadir gradualmente otras penas, hasta la expulsion del estado clerical (c. 1395 [seccion] 1). El c. 1395 [seccion] 2 no suscita ninguna duda, puesto que no hace mencion del criterio de gradacion penal. Cabe tambien el recurso al c. 1044 [seccion] 1, 3 que declara irregulares para ejercer las ordenes recibidas a quien ha cometido el delito de atentado de matrimonio. Por su parte, la Carta circular constata que, tanto la pena de suspension como la aplicacion de la irregularidad, no son medios suficientes para reparar el escandalo, restablecer la justicia y enmendar al reo, puesto que no producen los mismos efectos que la perdida del estado clerical. No obstante, no resultaria muy conveniente eludir las normas codiciales que exigen la observancia de la gradacion penal. En el caso del delito tipificado en el c. 1394 [seccion] 1, se preve facultativamente la imposicion gradual de algunas privaciones, antes de aplicar la pena de expulsion. Si se trata de los delitos contemplados en el c. 1395 [seccion] 1, resultaria incluso obligatorio infligir primero la pena de suspension, y luego facultativamente otras penas, hasta la dimision del estado clerical. Parece, por lo tanto, que la Carta circular no exime de la imposicion de otras penas, pero quiere dejar claro que con ellas (sobre todo con la suspension) no se llega a lograr la triple finalidad recogida en el c. 1341 y resulta necesario tomar medidas mas radicales.

En cuanto a la irregularidad, la ley no obliga a aplicarla. En ese caso, la Carta pone en tela de juicio su empleo como susututo de la pena de expulsion, a pesar de que <<questa irregolarita ha natura perpetua, ed e quindi indipendente anche dalla remissione delle eventuali pene>> (12).

La otra cuestion se refiere, en primer lugar, al momento de finalizacion de la investigacion previa. El silencio del texto de la Carta sobre ese paso requiere un comentario al respecto. Si el Ordinario considera necesaria la aplicacion de la pena de expulsion del estado clerical, debera proceder judicialmente, a no ser que se den algunos de los supuestos objeto de las facultades especiales, que tienen siempre caracter excepcional. La aplicacion del procedimiento administrativo seria en este caso facultativa. De no haber ninguna peculiaridad, el Ordinario, si quiere proceder a la imposicion de la pena de expulsion, deberia observar las normas comunes que obligan a actuar mediante proceso judicial (cc. 1425 [seccion] 1, 2 y 1342 [seccion] 2) y que, en general, dan siempre preferencia a ese tipo de procedimiento (13). La Carta circular no dice nada sobre un eventual envio de las actas de la investigacion a la Congregacion para el Clero, pero se sobreentiende que para proceder administrativamente el Ordinario necesitaria su consentimiento y las adecuadas instrucciones, puesto que no han sido los Ordinarios quienes han recibido las facultades, sino el Dicasterio. Aunque no se trate de la reserva de los delitos, como en el caso de los citados delicta graviora, sin embargo, seria recomendable y logico que el Ordinario, antes de dar inicio al procedimiento administrativo, se asegure de su conveniencia y legitimidad mediante el permiso y las orientaciones pertinentes por parte de la Congregacion para el Clero cuando quiera proceder a la imposicion de la pena en los supuestos que nos ocupan.

En segundo lugar, por lo que respecta al mismo decreto de expulsion, es de notar que la terminologia del documento no es del todo clara. La diferencia entre los dos primeros supuestos radica en que en el caso de los delitos tipificados en los cc. 1394 y 1395 no alude, como sucede en el caso de los delitos del c. 1399, a la alternativa que tiene la Congregacion para intervenir directamente en el procedimiento o de confirmar simplemente la decision del Ordinario, sino que utiliza la expresion generica y ambigua de tratar los casos. Al no poder el Ordinario dictar decreto de expulsion, el termino confirmacion podria interpretarse en el sentido de asumir como propia, por parte de la Congregacion, la decision del Ordinario. El Ordinario, al finalizar el procedimiento administrativo, podria expresar su voto-opinion acerca del asunto. Por consiguiente, tanto el inicio del procedimiento administrativo como su conclusion deberian pasar por el Dicasterio y no ser resultado de una decision autonoma del Ordinario.

El derecho a la defensa del acusado esta protegido en la Carta circular, al menos a nivel conceptual. La aplicacion de la via extrajudicial va unida a la tutela del derecho de defensa. No obstante, la no obligatoriedad de la presencia del abogado, la falta de menciones sobre el derecho a hablar en ultimo termino y de no ser obligado a confesar, dejan a los Ordinarios un amplio espacio para decisiones que podrian ser arbitrarias en cuanto a la adecuada interpretacion y aplicacion del procedimiento administrativo penal que, segun una vision de conjunto de las normas, no puede agotarse en la sola norma del c. 1720 (14).

Otro asunto se refiere al derecho de recurrir contra el decreto de expulsion, practicamente excluido, puesto que la Congregacion somete sus decisiones (para la validez del decreto) a la aprobacion especifica del Romano Pontifice. Lo que se podria plantear, para mantener algun tipo de derecho al recurso, es una posible impugnacion del decreto de conclusion de la investigacion previa y de la decision de incoar el procedimiento administrativo. En ese momento, el acusado, conociendo los resultados de la inquisitio preliminar y sus posibles implicaciones de cara al futuro, podria recurrir tal acto, siguiendo los pasos recogidos en los cc. 1733-1739 (recurso jerarquico). Pero para que tal decreto sea recurrible habria que considerarlo como definitivo y no de mero tramite, lo cual no parece ir en contra de lo que prescribe el c. 1732 (15).

La inviabilidad del recurso contra los actos aprobados en forma especifica en materia que afecta gravemente el patrimonio juridico del clerigo deja abierta la discusion sobre la propuesta de Lombardia de que los Dicasterios asuman toda la responsabilidad de sus actos (16). Viana postula la reduccion del numero de veces que se utilice ese instrumento juridico (17). Las aprobaciones en forma especifica exigidas en los dos supuestos de aplicacion de las facultades especiales requieren indudablemente un estudio en cuanto a su naturaleza, puesto que, segun el art. 18 de la Const. Pastor Bonus, <<han de someterse a la aprobacion del Sumo Pontifice las decisiones de mayor importancia, con excepcion de aquellas para las que se hayan atribuido a los Jefes de los Dicasterios especiales facultades>> (18). Se podria justificar la aplicacion de las aprobaciones especificas en las facultades en cuestion, puesto que se trata de la derogacion de las prescripciones universales que prohiben la imposicion de las penas perpetuas mediante el procedimiento administrativo. Ese tipo de argumento encuentra su base en la continuacion del citado articulo 18 de la Pastor Bonus (19).

Es de notar que en el segundo supuesto se hace referencia explicita a los canones derogados en lo que atane a las penas perpetuas. El primer supuesto de las facultades especiales, aunque implica la derogacion de las normas codiciales (c. 1342 [seccion] 2), no dice nada al respecto.

6. PLANTEAMIENTO REFORMADOR DE LAS FACULTADES

La Iglesia intenta evitar siempre la imposicion de las penas y, a tenor del c. 1341, estas se infligen solo cuando <<la correccion fraterna, la reprension u otros medios de la solicitud pastoral no bastan para reparar el escandalo, restablecer la justicia y conseguir la enmienda del reo>>.

Las facultades especiales recibidas por la Congregacion para el Clero implantan una vision reformadora en el derecho penal canonico. Se pretende conseguir una interaccion entre los dos institutos juridicos que, en principio, parecen ser opuestos: la pena y la gracia. En todo procedimiento se impone, por una parte, la sancion penal, y al mismo tiempo, se concede la dispensa del celibato. Aunque eso supone una unidad en el itinerario procedimental, los dos actos son distintos. Conforme al c. 291, la pena de expulsion del estado clerical, por su naturaleza, no puede contener la dispensa del celibato. De hecho, las facultades no preven una conexion tan radical. No obstante, se manifiesta claramente su relacion, que se refleja en la simultaneidad de ambos actos y en la complementariedad de los ambitos. La pena cumple con las exigencias de justicia y con la reparacion del escandalo, mientras que la dispensa responde a las circunstancias pastorales y morales. La Sede Apostolica sale al paso de situaciones irregulares y muchas veces irreversibles en la vida de algunos clerigos, puesto que la facultad correspondiente abarca, en la praxis, a los matrimonios civiles y concubinatos, donde entran en juego intereses de terceros. En otros supuestos delictivos, contemplados en la segunda facultad (c. 1399), la aplicacion de la sancion penal no va unida a la dispensa del celibato. Es ahi donde se ve claramente el sentido practico y la necesidad de conceder la gracia para promover la suprema ley de la Iglesia que es la salus animarum y, a la vez, se demuestra que la relajacion de las normas no es resultado de una casualidad, sino mas bien causalidad expresada en la necesidad de regularizar la situacion de las personas implicadas. La solucion penal-graciosa supone una cierta atenuacion disciplinar que en algunos casos es necesaria por paruculares exigencias de la realidad (20). Esa medida de la Sede Apostolica parece ser novedosa con respecto a las actuaciones anteriores, cuando se imponia la pena sin conceder, a la vez, la dispensa del celibato, o bien aplicando simplemente el procedimiento de la dimision ex officio.

La compenetracion de la via penal y la via graciosa alcanza su apogeo en el procedimiento de la dimision ex officio, que se manifiesta como una solucion diversa a la aplicacion meramente punitiva, pero sin separarla radicalmente del campo disciplinar. Por lo tanto, la perdida del estado clerical aplicada ex officio no tiene caracter puramente penal, ni tampoco gracioso, pero si cabe dentro del campo disciplinar.

7. CONCLUSIONES

A lo largo de la historia de la Iglesia, el derecho penal canonico se encuentra sometido a condicionamientos cambiantes que oscilan entre la disciplina mas estricta y la vision puramente pastoral.

Las facultades concedidas a la Congregacion para el Clero representan una vision intermedia del derecho penal canonico entre las dos corrientes, con rasgos pastorales y realistas, sin menoscabar la dimension juridica.

Por otro lado, en las facultades se han cuestionado dos criterios muy importantes mantenidos en el Codigo actual: primero, la obligatoriedad del proceso judicial en la imposicion de las penas perpetuas; y segundo, la tipificacion de los delitos que llevan aneja la pena de expulsion, esta ultima cuestionada en la segunda facultad, que permite su imposicion por la via del canon 1399.

Despues de la concesion de este tipo de facultades a varios Dicasterios en las ultimas decadas, seria conveniente elaborar una ley que determine y recomponga el sistema canonico en aras de una mayor coherencia y seguridad, de modo que los asuntos que afectan gravemente al patrimonio juridico de una persona no se resuelvan siempre fuera de las normas generales comunes.

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Marek GOLAB

Doctor en Derecho canonico. Cracovia

marcuscol@interia.pl

(1) Cfr. c. 1341.

(2) Es decir, el concubinato, otro pecado externo, permanente y escandaloso contra el sexto mandamiento, y delitos contra el sexto mandamiento cometidos con violencia, amenazas, o publicamente. Se exceptua el delito contra el sexto mandamiento cometido con menores de edad, reservado desde al ano 2001 a la Congregacion para la Doctrina de la Fe.

(3) <<Aparte de los casos establecidos en esta u otras leyes, la infraccion externa de una ley divina o canonica solo puede ser castigada con una pena ciertamente justa cuando asi lo requiere la especial gravedad de la infraccion y urge la necesidad de prevenir o de reparar escandalos>>.

(4) cc. 1317, 1319, 1342 [seccion] 2, y 1349.

(5) Profanacion de las especies consagradas, solicitacion, consagracion de las especies con fines sacrilegos, delito contra el sexto mandamiento cometido con menores de 18 anos. Cfr. JUAN PABLO II, <<Facultas dispensandi>>, 7.II.2003, en Ius Ecclesiae, (2004), p. 321; <<Normae substantiales et processuales promulgate col m. p. "Sacramentorum sanctitatis tutela">>, en Ius Ecclesiae, 16 (2004), pp. 313-320.

(6) <<Ogni eventuale caso dovra essere istruito per mezzo di legittimo procedimento amministrativo, salvo sempre il diritto di difesa>> nn. 6-7 Carta circular.

(7) La Carta circular de 18 de abril de 2009 es una instruccion que explica el modo de interpretar el contenido de las facultades recibidas por la Congregacion para el Clero. No conocemos la instruccion de las facultades recibidas por la Congregacion para la Doctrina de la Fe. En ese ultimo caso se trata de reserva de los delitos, con lo cual el Dicasterio se encarga de los casos desde el principio, conforme a sus propias normas y competencias.

(8) <<Il decreto, emesso a norma dei cann. 1344-1355, dovra essere debitamente motivato, esponendo in esso, sia pure in forma sommaria, le ragioni in diritto e in fatto>> (n. 6, 3 Carta circular).

(9) Cfr. CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE, <<Antequam causam>>, 13.I.1971, en AAS, 63 (1971), pp. 303-308; <<Ordinarius competens>>, 14.X.1980, en AAS, 72 (1980), pp. 1136-1137.

(10) Cfr. AMENTA, P., <<Il rescritto di dispensa dagli obblighi dello stato clericale nell'ambito dell'attivita amministrativa della Chiesa>>, en Periodica, 88 (1999) p. 498; GORRICHO, C., <<Rescripto de secularizacion>>, en Vida religiosa, 22 (1965), p. 112.

(11) A falta de mas noticias acerca de la Facultas dispensandi recibida por la Congregacion para la Doctrina de la Fe el 7 de febrero de 2003, no sabemos cual es el itinerario del procedimiento para la dimision ex officio consecuencia de la aplicacion de esa facultad. El documento decia que, en los casos mas graves y evidentes, dicho Dicasterio podia llevar las causas directamente al Romano Pontifice. Mons. Scicluna, el promotor de justicia de la Congregacion para la Doctrina de la Fe, proporciono cierta informacion al respecto. Segun el, el Dicasterio suele pedir al Ordinario que pregunte al clerigo si prefiere el mismo presentar una solicitud de dispensa de las obligaciones sacerdotales. Si la persona implicada rechaza tal recomendacion o simplemente no contesta, la seccion disciplinar prepara un informe al Santo Padre, que decide sobre el caso en una de las audiencias concedidas al prefecto de la Congregacion. Cfr. JUAN PABLO II, Facultas dispensandi, cit., p. 321; C. SCICLUNA, <<Procedura e prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai delicta graviora>>, en AA.VV., D. CITO (a cura di), Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamiento canonico, Milano 2005, p. 285. Durante los trabajos preparatorios al CIC 1983, en la sesion celebrada el 17 de enero de 1980, se expreso la necesidad de determinar el iter procedimental de la dimision ex officio, propuesto en el proyecto Depopulo Dei de 1977. Este procedimiento aparecia como una de las cinco vias para la perdida del estado clerical. Finalmente, la dimision ex officio quedo fuera de los siguientes proyectos del CIC 1983. Cfr. Comm., 14 (1982), pp. 85-87; E. N. PETERS (ed.), Incrementa in progressu 1983 Codicis Iuris Canonici, Montreal (Quebec) 2005, p. 238.

(12) PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS TEXTOS LEGISLATIVOS, <<Dichiarazione>>, 19.V.1997, en Comm., 29 (1997), pp. 17-18.

(13) Cfr. A. CALABRESE, Diritto penale canonico, Roma 2006, p. 143. V. DE PAOLIS, <<Il processo penale giudiziale>>, en AA.VV., LIBRERIA EDITRICE VATICANA (ed.), I procedimenti speciali nell diritto canonico, Vaticano 1992, p. 302; A. MARZOA, <<Doble via, administrativa y judicial, en la imposicion de penas canonicas>>, en Ius canonicum, 20 (1980) p. 187; B. F. PIGHIN, Diritto penale canonico, Venezia 2008, p. 238.

(14) Cfr. cc. 1723, 1725 y 1728 [seccion] 2.

(15) <<Lo que se establece en los canones de esta seccion sobre los decretos, ha de aplicarse tambien a todos los actos administrativos singulares que se producen en el fuero externo extrajudicial, exceptuados aquellos que emanen directamente del propio Romano Pontifice o del propio Concilio Ecumenico>>. Cfr. J. MIRAS, <<sub. c. 1732>>, en ComExe, IV, p. 2120.

(16) Cfr. P. LOMBARDIA, Introduccion al lib. I, tit. III, en CIC Pamplona 1992, p. 85.

(17) Cfr. A. VIANA, <<La potestad de los Dicasterios de la Curia Romana>>, en Ius canonicum, 30 (1990), p. 113.

(18) JUAN PABLO II, <<Const. Ap. Pastor Bonus>>, 28.VI. 1988, en AAS, 80 (1988), p. 864.

(19) <<Los Dicasterios no pueden dictar leyes o decretos generales con fuerza de ley ni derogar las prescripciones del derecho universal, a no ser en casos singulares y con aprobacion especifica del Sumo Pontifice>>. Ibid., p. 864.

(20) Cfr. n. 5 Carta circular.
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Title Annotation:COMENTARIOS
Author:Golab, Marek
Publication:Ius Canonicum
Date:Jul 1, 2010
Words:5393
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