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Entre la esperanza y la frustracion: luchas sociales por un marco juridico para la reparacion en Colombia 2004 2011.

RESUMEN

Este articulo intenta dar cuenta del reciente proceso politico que llevo a la institucionalizacion del discurso de los derechos de las victimas, y concretamente, a la expedicion de la denominada "Ley de Victimas". Con base en perspectivas criticas en materia de sociologia del derecho y derechos humanos, este articulo argumenta que la configuracion de un nuevo marco normativo para la reparacion de las victimas del conflicto armado en Colombia, es el resultado de una construccion discursiva en donde confluyeron, de un lado, las acciones de movilizacion politica y juridica lideradas por las redes de organizaciones derechos humanos y de victimas, y del otro, unas condiciones de oportunidad politica que hicieron posible la institucionalizacion de los discursos y sentidos promovidos por estas redes. En tal sentido, las redes de apoyo a las victimas desarrollaron varias acciones consistentes en la incorporacion del discurso transnacional de los derechos a la verdad, la justicia y la reparacion en el escenario nacional, asi como la movilizacion social y politica de las victimas mediante la construccion de un discurso de derechos desde abajo. Sin embargo, a pesar de la fuerza persuasiva del discurso de los derechos de las victimas, era necesario que se presentaran estructuras de oportunidad que hicieran posible la expedicion de un marco juridico en materia de reparacion

Palabras clave: Justicia Transicional, Redes Transnacionales de activistas, Derechos Humanos, Organizaciones de victimas, Movilizacion Social.

ABSTRACT

This article attempts to give account of the recent political process that led to the institutionalization of the victims' rights discourse, and more specifically, to the enactment of the "Victim's Law". Drawing on critical approaches on law and society and human rights, this article sustains that the framing process of new mechanisms of reparation for victims of the armed conflict in Colombia, is a discursive construction. This new discourse is based, on the one hand, on social and legal mobilization led by human rights networks, and on the other hand, on political opportunity structures that made possible the institutionalization of the meanings promoted by those networks. In this regard, human rights networks carried out different actions, such as the incorporation of the transnational discourse on the rights to truth, justice and reparation, and social mobilization of victims through the construction of a discourse of human rights from below. However, despite the persuasive force of that discourse, structures of political opportunity were necessary to make possible the enactment of a new legal framework on reparation.

Key Words: Transitional Justice, Transnational Advocacy Networks, Human Rights, Victims' Organizations, Social Mobilization.

[ILUSTRACION OMITIR]

INTRODUCCION

En mayo de 2011, con ocasion de la expedicion de la ley 1448 de 2011, mas conocida como la nueva "Ley de Victimas" por parte del Congreso de la Republica, el gobierno colombiano anunciaba ante la presencia del Secretario General de Naciones Unidas, una nueva revolucion social en virtud de la cual se buscaba responder a la expectativa de centenares de miles de victimas de la violencia politica en Colombia. Sin embargo, a pesar del anuncio oficial, la configuracion y desarrollo de este marco normativo ha estado lejos de ser la expresion del consenso politico en la sociedad colombiana. El hecho de que se hable actualmente de derechos de las victimas, ha sido el resultado de los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos y de victimas para resistir las politicas de perdon y olvido promovidas por el anterior gobierno de Alvaro Uribe Velez (2002-2010). A lo largo de la ultima decada, las redes de derechos humanos articularon sus acciones politicas y juridicas para reclamar verdad, justicia y reparacion para las victimas de la violencia politica. Estas redes, no solo ganaron una visibilidad social que no tenian, al menos en la historia reciente de Colombia, sino que promovieron la configuracion de un marco juridico de proteccion de sus derechos.

Teniendo en cuenta que durante la primera decada del siglo predomino un discurso hegemonico en materia de seguridad, asi como politicas de desmovilizacion que buscaban beneficiar poderosos grupos de la poblacion, surge la siguiente pregunta: ?como se explica, entonces, la emergencia del proceso de institucionalizacion del discurso de derechos de las victimas del conflicto armado en Colombia? Con base en perspectivas criticas en materia de sociologia del derecho y derechos humanos este articulo argumenta que la configuracion de un nuevo marco normativo para la reparacion de las victimas del conflicto armado en Colombia, es el resultado de una construccion discursiva en donde confluyeron, de un lado, las acciones de movilizacion social y politica lideradas por las redes de organizaciones de derechos humanos y de victimas (en adelante, redes de apoyo a las victimas) y, del otro, unas condiciones de oportunidad politica que hicieron posible la institucionalizacion de los discursos y sentidos promovidos por estas redes. En tal sentido, las redes de apoyo a las victimas han desarrollado varias acciones consistentes en la incorporacion del discurso transnacional de los derechos a la verdad, la justicia y la reparacion en el escenario nacional, asi como la movilizacion social y politica de las victimas mediante la construccion de un discurso de derechos desde abajo (McEvoy y McGregor, 2008).

Sin embargo, a pesar de la fuerza persuasiva del discurso de los derechos de las victimas, asi como de las acciones de movilizacion social y politica de las redes de apoyo a las victimas, era necesario que se presentaran estructuras de oportunidad que hicieran posible la expedicion de un marco juridico en materia de reparacion (Bendford & Snow, 2000; McAdam & Snow, 2010). En tal sentido, la llegada de un nuevo gobierno mas dispuesto a incorporar politicas publicas en materia de reparacion, hizo posible que se promoviera nuevamente un marco normativo cercano al propuesto por las organizaciones de apoyo a las victimas. Este articulo da cuenta de algunos resultados de la investigacion doctoral realizada entre 2009 y 2011. Dentro del trabajo de campo, que se realizo en Bogota y Medellin, se efectuaron mas de 50 entrevistas en profundidad con miembros de organizaciones de derechos humanos y de victimas, asi como con miembros de organismos intergubemamentales y agencias de cooperacion internacional. (1)

Con el fin de presentar estos resultados de investigacion, dividire este articulo de la siguiente manera: en primer lugar, explicare, a manera de marco teorico, la perspectiva de derechos humanos desde abajo y su relacion con los procesos de resistencia; en segundo lugar, me detendre en el contexto politico y social que hizo posible la visibilidad y posicionamiento politico a las organizaciones de victimas; posteriormente, expondre el proceso de formacion de las redes de victimas, para luego explicar como estas redes lideraron importantes procesos de movilizacion social y politica. Luego, explicare los debates en el Congreso sobre los primeros proyectos de ley de victimas para, finalmente, dar cuenta de los ultimos debates y las oportunidades politicas que dieron lugar a la expedicion de la "Ley de Victimas".

1. DERECHOS HUMANOS DESDE ABAJO, CAMBIO SOCIAL Y RESISTENCIA

A lo largo de las ultimas decadas, nuevas perspectivas en ciencias sociales han enriquecido las discusiones en materia de derechos humanos. Durante el pasado siglo, especialmente luego de la segunda guerra mundial, el campo de los derechos humanos se convirtio en un campo de conocimiento dominado especialmente por expertos en un lenguaje juridico (McEvoy 2008: 18-28). A pesar de ser un espacio de contienda en el cual los simpatizantes de las diferentes perspectivas argumentaban sobre la naturaleza y los fundamentos de los derechos humanos, este discurso se desarrollo sobre la base de valores promovidos por la modernidad occidental, tales como el presupuesto de la soberania del Estado Nacion, la preminencia de las libertades individuales y el respeto de la propiedad privada (McEvoy & McGregor, 2008; Rajagopal, 2003). Paradojicamente, el discurso de derechos humanos fue, al mismo tiempo, un lenguaje que inspiraba resistencia y reproducia formas de opresion. Inspiraba resistencia en la medida que se constituia en la principal forma de proteccion de la esfera individual frente a la intervencion y agresion del gobierno estatal; pero tambien podia ser connivente con formas de opresion, en la medida que se constituia en parte de un proyecto colonial que buscaba mostrar como saber universal la experiencia particular de las sociedades occidentales (Baxi, 2010; Rajagopal, 2003; Santos & Rodriguez, 2005).

Los estudios sobre derechos humanos y justicia transicional a lo largo de las ultimas decadas, ha prestado especial atencion a las regulaciones formales y en las decisiones de elites politicas (Baxi, 2010; McEcvoy, 2008). Sin embargo, estas aproximaciones institucionales no pueden dar cuenta de los procesos sociologicos y culturales que inciden en la construccion del discurso de derechos humanos. Mas recientemente, perspectivas criticas en antropologia sociocultural y aproximaciones interdisciplinarias en ciencias sociales han intentado subvertir las perspectivas legalistas e institucionalistas, y han proporcionado elementos analiticos que muestran nuevos horizontes de reflexion. En primer lugar, se asumen los derechos humanos como una construccion discursiva en virtud de la cual diversos actores sociales luchan por establecer nuevos significados de los derechos (Baxi, 2010; Goodale & Merry, 2007); en segundo lugar, la produccion de tales significados no es patrimonio exclusivo de elites politicas o de instituciones estatales o cuasi estatales, sino que tambien entran en juego actores no estatales, como las organizaciones no gubernamentales ONGs, los movimientos sociales, y las redes de activistas (Keck & Sikkink, 1998; McEvoy, 2008; Rajagopal, 2003); finalmente, la definicion de mecanismos de proteccion de derechos humanos es, en buena parte, un proceso de tension politica en virtud del cual actores subalternos intentan, a traves del lenguaje de los derechos, reivindicar sus identidades culturales, reclamar inclusion social y resistirlas practicas de opresion (Rajagopal, 2003; Santos & Rodriguez, 2005).

En cuanto al primer aspecto, el discurso de derechos humanos es una construccion social y cultural asociada con la experiencia historica de los grupos sociales (Goodale & Merry, 2007). Las ciencias sociales proporcionan elementos para un debate que va mas alla de las expresiones formales del derecho y de la aspiracion de universalizacion de algunas perspectivas en filosofia moral (Baxi, 2010; Rajagopal, 2003). Las aproximaciones socioculturales, sin desconocer los aportes de perspectivas institucionalistas y de fundamentacion filosofica, proporcionan elementos para tener una perspectiva mas amplia, de acuerdo con la cual los derechos humanos son concebidos como una expresion de procesos sociales e historicos, en lugar de principios universales e inmutables. Los derechos humanos no son restringidos a las regulaciones juridicas positivizadas en el mundo durante el ultimo siglo, o a la produccion de significados relativamente coherentes y estables. El campo de los derechos humanos, como una construccion discursiva, esta lleno de ambivalencias y debates internos entre diferentes actores, disciplinas y aproximaciones culturales.

En cuanto al segundo aspecto, una aproximacion sociocultural de los derechos humanos tambien proporciona elementos teoricos para analizar el rol de los actores no estatales en la construccion del discurso de derechos humanos y la configuracion de los mecanismos de proteccion de tales derechos. Mientras que las aproximaciones juridicas e institucionalistas se concentran en instituciones estatales y cuasi estatales, las perspectivas criticas en derecho y ciencias sociales se abren a la posibilidad de observar el rol de actores sociales como los movimientos sociales (Archila, 2003; Alvarez, Dagnino & Escobar 1998; Bendford& Snow, 2000), las redes transnacionales de activistas (Keck& Sikkink, 1998), los sujetos subalternos (Santos & Rodriguez, 2005; Rajagopal, 2003) y las organizaciones de base (McEvoy, 2008), creando alternativas a formas contemporaneas de opresion. La relevancia de estos actores radica en el hecho de que ellos confrontan los discursos que normalizan formas de violencia y exclusion. Estos actores no son necesariamente coherentes y homogeneos. En el caso de Colombia, las relaciones y coaliciones de organizaciones internacionales y nacionales, asi como la emergencia de diferentes grupos de victimas, ha generado redes mas extensas entre organizaciones derechos humanos que buscan superar las discrepancias internas y lograr consensos minimos entre las multiples organizaciones y movimientos.

Finalmente, las perspectivas sobre derechos humanos desde abajo sugeridas por autores como Rajagopal (2003), Santos y Rodriguez (2005), y Speed (2007), enfatizan la dimension de los derechos humanos como un discurso de resistencia contra formasactuales de opresion que se manifiestan en proyectos globales hegemonicos que universalizan perspectivas occidentales sobre el desarrollo, el capitalismo corporativo, y la seguridad. Estos proyectos normalizan las practicas de exclusion social, crean jerarquias sociales y culturales, marginalizan otras perspectivas de vida, y normalizan el estado de excepcion (Agamben, 2005). En este punto, es necesario senalar diferentes formas de relaciones entre el derecho y la resistencia. De un lado, el derecho tiene una dimension opresiva en la medida que podria ser instrumental a los proyectos de desarrollo y globalizacion economica, y del otro, tiene el potencial emancipador en la medida que ofrece resistencia frente a tales proyectos. En tal sentido, la resistencia liderada por ONGs y movimientos sociales son, de alguna manera, resistencias contra el derecho (en su dimension opresiva) y por medio del derecho (en su dimension emancipadora), lo cual implica la promocion de acciones colectivas orientadas a defender practicas alternativas y a desafiar esos proyectos politicos que son considerados injustos. En la reciente experiencia colombiana, el discurso de derechos ha servido como una herramienta que ha permitido a las organizaciones de apoyo a las victimas resistir expresiones de violencia politica e institucional, asi como construir procesos de institucionalizacion con base en significados alternativos que permitan la reivindicacion de las victimas de la violencia politica en Colombia.

2. CONTEXTO

Para mediados de la decada pasada, las organizaciones de derechos humanos y de victimas tenian una importante experiencia en el desarrollo de alianzas y movilizaciones con organizaciones internacionales y locales. Sin embargo, entre 2005 y 2007, nuevos espacios de alianzas entre organizaciones de derechos humanos y de victimas emergieron en un contexto de profunda polarizacion politica. Estas nuevas redes surgieron en medio de los debates publicos sobre el marco juridico para la desmovilizacion de los grupos paramilitares y los reclamos de justicia y de proteccion por los derechos de las victimas. Es posible senalar dos perspectivas antagonistas en la arena politica. De un lado, habia un discurso hegemonico que, no solo promovia las reformas neoliberales, el desmonte del precario Estado de bienestar y la promocion de un buen ambiente para los negocios, sino que tambien promovia un proyecto basado en la seguridad y en el orden (Ramirez, 2010). El gobierno y la coalicion mayoritaria en el Congreso, que sobrerrepresentaba los intereses de terratenientes, grandes corporaciones, y sectores urbanos de clase alta y media, habian promovido una reforma constitucional permitiendo la reeleccion del presidente (Lopez, 2010). De otro lado, las organizaciones de derechos humanos, y de victimas, intentaron promover un proyecto social y politico que hacia mayor

enfasis en el respeto al orden constitucional, la proteccion de los derechos humanos, el intercambio humanitario de secuestrados de las FARC, y un mayor compromiso con las victimas de derechos humanos. Estas organizaciones se opusieron de manera vehemente a las politicas economicas y de seguridad del gobierno. En tal sentido, resultan elocuentes las palabras del fundador de una de las organizaciones de victimas, segun el cual "parecia que las organizaciones de derechos humanos se convirtieron en el principal partido de oposicion al gobierno". (2) En efecto, las redes de derechos humanos cumplieron un rol significativo en la oposicion a proyectos estrategicos para el gobierno de Uribe, tales como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la oposicion al proyecto de reeleccion presidencial, y la oposicion a las politicas de seguridad y de desmovilizacion de los grupos paramilitares. (3)

Para mediados de la primera decada del siglo, las victimas de la violencia politica en Colombia comenzaron a ganar una visibilidad politica y social que nunca habian tenido. ?Como se puede explicar la visibilidad de las victimas y el cambio en la las representaciones sobre las violencias y el conflicto politico en Colombia? Varias condiciones contribuyeron a la visibilidad de las victimas y a la emergencia de un nuevo discurso sobre derechos de verdad, justicia y reparacion. En primer lugar, a lo largo de las ultimas decadas se habia intensificado un proceso de globalizacion de los discursos de derechos humanos y justicia transicional que ha entrado en convergencia con procesos de transformacion nacional y local. Asi como ha ocurrido en otros paises latinoamericanos (Houtzager, 2005), el proceso de constitucionalizacion del discurso de derechos humanos iniciado desde comienzos de la decada del noventa ha contribuido para que las organizaciones de derechos humanos y de victimas contemplen la posibilidad de incorporar acciones juridicas en sus repertorios de accion. En esta perspectiva, las diferentes redes de derechos humanos han contribuido a incorporar e introducir los conceptos de verdad, justicia y reparacion en la arena politica, asi como la idea de la existencia de limites legales y eticos en las negociaciones politicas. Adicionalmente, la emergencia de un discurso transnacional de derechos humanos dio la posibilidad de crear nuevas identidades en los grupos de victimas, asi como de articular mas sus acciones de movilizacion politica y juridica.

En segundo lugar, en el contexto de un proceso de desmovilizacion de un grupo armado que desarrollo practicas de violencia masiva y miedo generalizado en nombre de una guerra contrainsurgente, muchas victimas sentian que necesitaban alzar su voz. Con sentimientos colectivos de panico e intimidacion, pero a la vez de indignacion y rabia, muchas victimas tuvieron la necesidad de contar sus experiencias y exigir el esclarecimiento de los hechos de violencia contra sus familiares. Nuevas narrativas emergieron y se enfrentaron las versiones expuestas en medios de comunicacion y declaraciones judiciales por los paramilitares desmovilizados. Es importante recordar que para finales de los 90 y el comienzo de los 2000, los grupos paramilitares construyeron y maximizaron una narrativa contrainsurgente en virtud de la cual ellos fueron forzados a tomar las armas para defender su vida y sus propiedades en contra de las guerrillas (Romero, 2003; Valencia, 2007). Los paramilitares crearon un lenguaje y unos simbolos en virtud de los cuales, no solo reinventaron su propia identidad como "enemigos politicos" con los cuales se podia negociar un proceso de paz, sino que, ademas, comenzaron a definir al "otro" politicamente diferente como un enemigo al que habia que eliminar. Sin embargo, la incorporacion de un discurso global de los derechos de las victimas y la presion de la comunidad internacional y de las organizaciones de derechos humanos, hizo posible contar narrativas alternativas y mostrar las perspectivas de aquellos quienes no habian tenido el poder de levantar su voz ni de contar su sufrimiento. Durante mas de dos decadas de violencia y practicas indescriptibles consistentes en masacres, desapariciones forzadas, asesinatos y desplazamiento masivo, era humillante para las victimas que los autores de tales crimenes pudieran recibir generosos incentivos para su desmovilizacion. En este sentido, las negociaciones politicas con los grupos paramilitares y los debates sobre el marco juridico para la desmovilizacion entre 2002 y 2005 desataron una reaccion de creciente descontento entre los grupos de victimas. Uno de los momentos de mayor poder simbolico, y que hizo a las victimas mas visibles en la esfera publica, se desencadeno con ocasion de la invitacion que se hizo a tres comandantes paramilitares para intervenir en la camara de representantes el 28 de julio de 2004 (Abad, 2004). Ese dia, mientras los comandantes leian sus discursos, demandando mayores estimulos para la desmovilizacion, las camaras de television mostraban las imagenes de dos lideres de organizaciones de victimas que desde los balcones del recinto exhibian las fotos de sus familiares asesinados. El sentimiento colectivo de indignacion crecio durante los anos siguientes, especialmente cuando los comandantes paramilitares, en sus versiones ante los fiscales de "justicia y paz", intentaban reproducir sus narrativas epicas, y a la vez, negaban la victimizacion de poblacion civil. (4)

Una tercera condicion de posibilidad para la emergencia del discurso de los derechos de las victimas tiene que ver con el rol de los medios de comunicacion, incluyendo a algunos de los mas conservadores, que comenzaron a publicar reportajes sobre la historia y acciones de los grupos paramilitares. Estos reportes comenzaron a dar cuenta de practicas brutales, tales como aquellas consistentes en arrojar los cuerpos de las victimas a los rios, desmembrar los cuerpos con el fin de enterrarlos mas rapido, y destruir los restos por medio del uso de hornos crematorios. Por ejemplo, el Tiempo publico en mayo 24 de 2007 uno de los reportes mas crudos y reveladores hasta ese momento. Este reportaje daba cuenta de los procesos de entrenamiento para deshacerse de los cuerpos de las victimas por los grupos paramilitares. Uno de los miembros de los mencionados grupos describia con enorme frialdad la manera como eran entrenados: "... Ellos eran personas mayores quienes fueron traidas en camiones. Sus manos estaban atadas. La orden era cortar sus brazos, asi como sus cabezas, y desmembrarlos vivos" (El Tiempo, Mayo 24 2007). Las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicacion tambien comenzaron a dar cuenta de la historia de las comunidades que se vieron obligadas a soportar la dureza de la violencia paramilitar. Tal fue el caso de poblaciones como Trujillo, en el departamento del Valle; Soledad, en el departamento del Atlantico; Mapiripan, en el departamento del Meta; y en Pueblo Bello, en el departamento de Antioquia, entre muchos otros (5) Adicionalmente, algunos medios alternativos como Verdad Abierta, han hecho seguimiento a los procesos de 'justicia y paz". (6)

De acuerdo con varios defensores de derechos humanos, las investigaciones penales y los reportes de los medios alternativos confirmaron lo que las ONGs habian denunciado por anos. (7) Sin embargo, los reportes de las organizaciones de derechos humanos se quedaban cortos frente a la crueldad de las acciones y a la dimension de los eventos, tal como se fue encontrando posteriormente. Para los activistas en derechos humanos, las informaciones sobre los hechos cometidos por los grupos paramilitares no eran mas que la punta de un iceberg de enormes proporciones que aun esta pendiente por descubrirse en su real dimension.

3. LA FORMACION DE LAS REDES DE APOYO A LAS VICTIMAS

En el contexto anteriormente descrito, entre 2005 y 2007 emergieron en el orden nacional varios espacios de reflexion y movilizacion que habrian de jugar un rol bastante significativo en la incorporacion de un discurso de derechos de las victimas y, mas especificamente, en la propuesta de un nuevo marco normativo en materia de reparacion. Estas redes de activistas, como formas de accion colectiva, no se limitaron a promover acciones de apoyo politico en el escenario transnacional, tal como lo ha mostrado el trabajo de Margaret Keck y Kathryn Sikkink con respecto a las redes transnacionales de activistas (1998). Las redes de apoyo a las victimas se dedicaron principalmente a promover acciones de movilizacion social y juridica orientadas a la visibilizacion de las victimas del conflicto armado y a la proteccion de sus derechos. Adicionalmente, estas redes establecieron importantes lazos con la comunidad internacional, en especial los paises cooperantes, varios de los cuales cambiaron las prioridades de sus programas, como por ejemplo, "procesos paz y convivencia", para concentrarse en el apoyo a las victimas del conflicto armado en Colombia. (8) Aun asi, debe aclararse que estas redes y organizaciones no representaban una perspectiva unificada y homogenea sobre las victimas en el pais. Las redes han sido, mas bien, espacios en los que coexisten diversas identidades politicas (Alvarez, Dagnino y Escobar, 1998), asi como multiples perspectivas metodologicas sobre las acciones que desarrollan. A continuacion voy a explicar las caracteristicas de las principales redes que surgieron en el periodo 2005-2007, es decir, del Movimiento de Victimas de Crimenes de Estado (MOVICE), de la Mesa Nacional de Victimas de Organizaciones Sociales (en adelante, la Mesa Nacional de Victimas); y del Grupo de Trabajo de la Ley de Victimas (en adelante, Grupo de Trabajo).

El Movimiento de Victimas de Crimenes de Estado MOVICE, fundado en 2005 en el "II encuentro nacional de victimas de crimenes contra la humanidad", es una red que para 2010 ya congregaba a mas de 1.400 organizaciones de base que trabajan en derechos humanos o con victimas y que estan distribuidas en nueve capitulos nacionales e internacionales. Las victimas de crimenes de Estado se han mostrado a si mismas como un movimiento social compuesto de victimas de la violencia promovida por el Estado, y organizaciones de base que trabajan con ellas. Varias de las personas que han liderado el movimiento afirman elocuentemente: "nosotros trabajamos con las bases". (9) Su identidad politica tambien se basa en la relacion confrontacional con el gobierno estatal, en la lucha contra la impunidad y en la proteccion de los derechos humanos. En tal sentido, el MOVICE intenta ir mas alla de las dimensiones legales de los derechos humanos y crear iniciativas y practicas desde abajo basadas en la experiencia y necesidades de las organizaciones de base (Diaz, 2008; McEvoy, 2008; McGovern, 2008). De acuerdo con uno de sus fundadores "... las acciones legales son importantes, pero no es la parte mas importante de la lucha. Tampoco es una lucha de corto plazo, es importante tener en cuenta que el principal objetivo tiene que ver con las transformaciones politicas y sociales en el largo plazo". (10)

Por su parte, la Mesa Nacional de Victimas, incluye multiples organizaciones sociales que desarrollan trabajo social o juridico con victimas. (11) Luego de la expedicion de la "ley de justicia y paz" y la decision de la Corte Constitucional en la que se decidio sobre la exequibilidad de la misma, (12) todas estas organizaciones promovieron un espacio para trabajar por los derechos de victimas. Su identidad fue el resultado de negociaciones dificiles entre diferentes organizaciones sociales, puesto que algunas de ellas buscaban incluir otros grupos de victimas, mientras que otras se oponian a la inclusion de victimas de los grupos subversivos. Finalmente la Mesa se mostraba como un espacio conformado por organizaciones sociales que apoyaba a personas y grupos que habian sido victimizadas por su trabajo con las organizaciones sociales. Con el fin de conocer mejor la situacion real de las victimas en el pais, y luego de intensas discusiones, estas organizaciones decidieron organizar un encuentro nacional de victimas de organizaciones sociales en 2007. (13) Luego del encuentro, los miembros del comite organizador decidieron continuar su trabajo estableciendose como la Mesa Nacional de Victimas. Los miembros de la Mesa, quienes tambien hacian parte de otras redes de derechos humanos, tenian una perspectiva critica sobre la "ley de justicia y paz" y la politica de seguridad democratica promovida por el gobierno Uribe. Al igual que el MOVICE, la Mesa intento crear mecanismos participativos para construir iniciativas desde abajo en materia de reparacion y proteccion de los derechos de las victimas (McEvoy, 2008; McGovern, 2008).

Una tercera red de organizaciones de gran relevancia en la lucha por los derechos de las victimas fue el "Grupo de Trabajo sobre la Ley de Victimas". La mayor parte de las organizaciones que hacian parte de este grupo se auto-representaba como expertos que buscaban arrojar luces sobre los derechos de las victimas, con base en derecho constitucional, derecho comparado y derecho internacional de los derechos humanos (14). Para finales de 2007, cuando el Congreso comenzo a discutir el proyecto de "Ley de Victimas", diferentes organizaciones de derechos humanos convocadas por la Fundacion Social, conformaron un espacio de discusion con el fin de asesorar a los miembros del Congreso que lideraron la iniciativa. Este grupo tambien congrego a organizaciones de derechos humanos como la Comision Colombiana de Juristas CCJ, el centro de estudios en derecho y justicia y sociedad Dejusticia, y la corporacion Nuevo Arco Iris. Estos grupos de expertos han funcionado como traductores que introducen y adaptan la informacion y los conceptos que dan mayor contenido al discurso de "derechos de las victimas" (McGregor, 2008; Merry, 2006; Tate, 2007). Estas organizaciones convocaron a foros publicos en los que se invitaban expertos internacionales en materia de reparacion, se divulgaban las regulaciones internacionales en la materia, tales como los principios Pinheiro sobre restitucion (OHCHR, 2007), se promovian investigaciones, y se publicaban libros con el fin de divulgar informacion y cualificar el debate publico sobre un tema en el que habia tantas expectativas. (15) Estas acciones de politicas de informacion (Keck & Sikkink, 1998), adaptacion (McGregor, 2008; Merry, 2006;) y construcciones alternativas (Speed, 2009; Tate, 2007) fueron cruciales para incidir en el contenido del proyecto de "Ley de Victimas". Estas organizaciones tambien desarrollaron acciones de litigio estrategico consistentes en la interposicion de acciones constitucionales relacionadas con la reparacion. (16)

De acuerdo con lo anterior, es posible identificar algunas caracteristicas de las redes de apoyo a las victimas durante este periodo. En primer lugar, hubo una diversidad de perspectivas y experiencias entre estas organizaciones y movimientos. En el interior de estas redes, si bien habia diferencias internas sobre concepciones ideologicas, estrategias y metodologias de accion, las organizaciones de victimas y de derechos humanos intentaron sortear las dificultades para evitar la fragmentacion. Si bien las redes no han sido tan cohesionadas como lo pueden ser otras experiencias en Latinoamerica, tal como el caso de la "coordinadora de derechos humanos" en Peru (Root, 2009), han logrado trabajar conjuntamente y alcanzar un nivel de relativa coordinacion entre ellas. En esta perspectiva, las redes de apoyo a las victimas no solo lograron el apoyo de la comunidad internacional sino tambien que se apropiaron del discurso de los derechos de las victimas para movilizarse y ganar visibilidad social. Estos espacios han articulado con las redes de derechos humanos ya existentes, tales como la Alianza de Organizaciones Sociales, el grupo de los 24 (G-24) y la coordinacion Colombia-Europa-Estados Unidos. En segundo lugar, los encuentros de victimas, que se intensificaron especialmente despues de 2005, han permitido a las diferentes organizaciones de victimas compartir sus experiencias, crear lazos de solidaridad y construir un proceso de identidad colectiva (Alvarez, Dagnino & Escobar, 1998). El caso de las victimas de crimenes de Estado, es particularmente interesante en el sentido de que ellas intentaban crear un movimiento social cuya identidad radicara en la busqueda de justicia y en la lucha contra la impunidad en materia de los crimenes cometidos directa o indirectamente por el Estado (MOVICE, 2010). Los encuentros del MOVICE, asi como los encuentros de la Mesa Nacional de Victimas, han contribuido a crear conciencia dentro de los grupos de victimas sobre quienes son, que buscan, y cuales deben ser sus derechos. En esta perspectiva, la elaboracion de declaraciones fundacionales y documentos en las que se reflejan sus valores comunes y objetivos tambien ha contribuido a reforzar su identidad politica y definir un consenso minimo en los contenidos de sus luchas.

4. MOVILIZACION SOCIAL Y POLITICA: INICIATIVAS DE REPARACION DESDE ABAJO

Durante la segunda mitad de la decada, las redes de apoyo a las victimas comenzaron a promover procesos de participacion democratica y la creacion de espacios de debate publico que podrian denominarse perspectivas desde abajo en materia de derechos de las victimas (McEvoy, 2008). De un lado, el MOVICE y la Mesa buscaban promover procesos de movilizacion social y politica que hicieran visible a las victimas y las consolidaran como un actor politico en el escenario nacional. De otro lado, otras organizaciones se concentraron en promover procesos de movilizacion juridica, con el fin de dar mayor contenido a los derechos de las victimas, en especial, el derecho a la reparacion. Sin embargo, a pesar de que estas organizaciones y redes podian diferir en concepciones y metodologias, se comenzaban a generar consensos sobre la necesidad de incidir en procesos de institucionalizacion del discurso de los derechos de las victimas. En tal sentido, desde 2007 las diferentes redes de apoyo a las victimas comenzaron a promover la discusion de los siguientes temas: 1) el reconocimiento del proceso historico de victimizacion en Colombia y su relacion con condiciones estructurales de exclusion que reproduce la situacion de vulnerabilidad y marginalizacion de diferentes grupos sociales; 2) el reconocimiento de que el Estado ha tomado parte en el proceso sistematico de eliminacion de grupos sociales por razones de afiliacion politica; 3) la inclusion de diferentes grupos de victimas, sin discriminar a las victimas de crimenes de Estado; y 4) la necesidad de disenar programas de restitucion de la tierra y reparacion integral para las victimas (Mesa Nacional de Victimas; 2007).

Para finales de 2007, nuevas circunstancias hicieron que las redes de apoyo a las victimasse concentraran en realizar acciones de incidencia ante el Congreso Nacional y en promover debate publico en materia de reparacion. En efecto, el Congreso de la Republica, que hasta el momento se habia concentrado en el marco juridico para la desmovilizacion de los paramilitares, asumio el tema de reparacion como respuesta a la solicitud de Victimas Visibles, una organizacion que trabajaba con victimas de la guerrilla. Asi, Juan Femando Cristo, congresista del partido liberal, asumio el liderazgo de la discusion en el Senado sobre el proyecto de ley (Cristo, 2012). Una vez que las organizaciones de derechos humanosque hacian incidencia politica en el Congreso se percataron de la existencia de un proyecto de "Ley de Victimas", lo divulgaron con las demas organizaciones sociales y de derechos humanos. Por ejemplo, la Mesa Nacional de Victimas comenzo a prestar mayor interes en el proyecto y exploro la posibilidad de tomar parte en los debates. (17) Igualmente, la Fundacion Social contacto otras ONGs de derechos humanos con las cuales se conformo el Grupo de Trabajo sobre la Ley de Victimas, con el fin de ejercer alguna influencia en dicho marco juridico desde una perspectiva mas tecnica. De acuerdo con Paula Gaviria, entonces coordinadora del programa de Derechos Humanos de la Fundacion Social, explicaba:

"Nosotros contactamos al senador y empezamos: bien, ?a donde quiere usted llegar con esto? Y el proceso de discusion continuo. Nos concentramos en eso. Pusimos todo nuestros esfuerzos en estudiar el tema y comenzamos a compartirlo con otra gente." (18)

Estos espacios complementarios de discusion influenciaron notablemente el proyecto de "Ley de Victimas" en el Congreso. Muchos miembros del MOVICE y de la Mesa estaban mas interesados en escuchar las voces de las victimas, promover movilizacion social y tomar parte de un proceso participativo en las discusiones sobre la ley. Por su parte, quienes hacian parte del Grupo de Trabajo, estaban mas interesados en construir argumentos juridicos con base en el discurso internacional de los derechos humanos y derecho comparado. Una vez que contactaron al senador Juan Femando Cristo, las redes de apoyo a las victimas promovieron un proceso de discusion y mejoramiento del proyecto de ley inicialmente elaborado. Los debates iniciales en el Senado, que se desarrollaron entre 2007 y 2008, avanzaron inicialmente sin mayores contratiempos y sin una oposicion visible por parte de los grupos mayoritarios del Congreso. Varias razones explican este avance en las discusiones del proyecto (Cristo, 2012; Sanchez, 2009). En primer lugar, en las redes de derechos hu (17) manos y la comunidad internacional, prevalecia la representacion de que el Congreso habia trabajado inicialmente en favor de los victimarios, en lugar de tomar en serio los derechos de las victimas. A pesar del respaldo que la opinion publica pudiera dar al gobierno de Uribe, el Congreso - asi como el mismo Gobierno- estaba bastante desacreditado ante la comunidad internacional y los sectores democraticos del pais. Esta percepcion empeoro cuando los medios de comunicacion y los grupos de oposicion revelaron los vinculos entre grupos paramilitares y miembros del Congreso en un debate politico que se conocio como la "parapolitica" (Lopez, 2010). En segundo lugar, como consecuencia de esa percepcion de descredito, aquellos miembros del Congreso que estaban interesados en la proteccion de los derechos de las victimas enfrentaron menos oposicion por parte de la coalicion mayoritaria durante el periodo posterior a 2007. En tercer lugar, la primera version del proyecto de "ley de victimas" era bastante general y no representaba un riesgo para los intereses del gobierno. De acuerdo con varios activistas en derechos humanos, el senador Cristo reconocio que el proyecto era bastante vago y, en consecuencia, era necesario discutir con expertos de las organizaciones sociales, la comunidad internacional y las organizaciones de victimas. (19)

Para el 2008, las redes de apoyo a las victimas asumieron progresivamente el liderazgo del debate publico sobre el proyecto de "Ley de Victimas". Los miembros del Grupo de Trabajo y de la Mesa, convencieron al senador de planear una serie de audiencias congresionales con el fin de escuchar las voces de las victimas y discutir con ellos el contenido del proyecto. Las audiencias congresionales fueron social y politicamente relevantes por diferentes razones: en primer lugar, para la Mesa estas audiencias representaban la posibilidad de seguir el proceso que se habia iniciado en el 2007 con el encuentro Nacional de Victimas de Organizaciones Sociales. En segundo lugar, tambien representaban la posibilidad de construir un marco juridico desde abajo que respondiera a las voces y necesidades de las victimas. En tercer lugar, hicieron fortalecer la capacidad organizativa de las victimas, especialmente en las regiones. Con el fin de conseguir apoyo para las audiencias regionales, el senador Cristo y la Fundacion Social contactaron al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta agencia, que habia contribuido en la realizacion de anteriores encuentros de victimas, busco apoyo en otras agencias de cooperacion, asi como del sistema de Naciones Unidas, para organizar nueve audiencias regionales a mediados de 2008.20Las audiencias hicieron posible congregar a victimas de diversas regiones con el fin de escuchar sus opiniones sobre el proyecto (Cristo, 2012; Gaviria y Gil, 2010). Para aquellos quienes asistieron a las audiencias, se trato de un proceso democratico que fortalecia los lazos de solidaridad, especialmente entre victimas y organizaciones. Tambien permitio a los miembros del Congreso acercarse a la realidad de las victimas en Colombia. Sin embargo, en la medida que el proyecto de ley ganaba mas atencion publica y legitimidad entre las organizaciones sociales y de victimas, el proyecto comenzaba a generar mayor sospecha entre la coalicion mayoritaria del Congreso y el Gobierno de Alvaro Uribe. (21)

5. PERSPECTIVAS EN DISPUTA EN EL ESCENARIO DEL CONGRESO

Para el periodo comprendido entre 2007 y 2009, en medio de un contexto bastante adverso, las redes de apoyo a las victimas habian contribuido notablemente a visibilizar la situacion de estas mediante acciones de movilizacion social y debates sobre politicas publicas en materia de reparacion y restitucion de tierras. Para esta epoca, las redes de activistas se concentraron especificamente en el proyecto de "Ley de Victimas" que se debatia en el Congreso. En este escenario se podian identificar claramente dos perspectivas en disputa (Gaviria y Gil, 2010; Sanchez, 2009). De un lado, las redes de apoyo a las victimas promovieron una concepcion mas amplia y substancial de reparacion basada en estandares de derecho internacional de derechos humanos, asi como en los reclamos de las organizaciones de victimas, y del otro, el gobierno, con el apoyo de la Comision Nacional de Reintegracion y Reparacion CNRR, promovia una concepcion restrictiva en materia de reparacion. Cabe recordar que el gobierno de Uribe, no solo habia guardado durante varios anos un silencio displicente sobre los derechos de las victimas, sino que tambien habia promovido un discurso hostil en contra de las organizaciones que las apoyaban. (22) Para comienzos de 2008, cuando el proyecto promovido por las redes de apoyo a las victimas se debatia en el Congreso, el gobierno expidio el decreto 1290 sobre reparaciones administrativas en 2008 (Henao, 2009). De acuerdo con un antiguo asesor del Ministerio del Interior y de Justicia, "esta [era] la unica forma de reparacion que [podian] asumir". (23) El ex-asesor hacia referencia al decreto de reparacion administrativa, que mas tarde inspiro el proyecto de "ley de victimas" presentado por el partido conservador en la Camara de Representantes. (24)

Las redes de apoyo a las victimas, asi como el partido liberal, promovieron un marco juridico caracterizado por cinco aspectos fundamentales. (25) En primer lugar, con base en el discurso de derecho internacional de derechos humanos, sea dopto un concepto de reparacion integral que, ademas de un componente economico, incluia aspectos no patrimoniales, como por ejemplo, el apoyo psicosocial y la reparacion simbolica. En segundo lugar, con respecto a la poblacion beneficiada, se buscaba reconocer los derechos de las victimas sin consideracion del grupo que hubiera cometido los crimenes. Desde esta perspectiva, las redes de apoyo a las victimas buscaban la inclusion de victimas de crimenes de Estado como parte de la poblacion beneficiada. Para estas redes, el reconocimiento de la responsabilidad estatal no afectaba el debido proceso de los agentes del Estado, puesto que de acuerdo con los estandares de derechos humanos, el reconocimiento del derecho de una victima de la violencia estatal a la reparacion, no debia tener como presupuesto la responsabilidad penal de los agentes estatales (Uprimny, 2008). En tercer lugar, con respecto a los mecanismos juridicos que las victimas podian usar para proteger sus derechos, habia un acuerdo comun segun el cual el proceso judicial era complejo, lento y costoso para las victimas. Por tal razon los grupos de derechos humanos promovian un mecanismo de reparacion administrativa con el fin de agilizar el proceso de reparacion. En cuarto lugar, con respecto al significado de reparacion, las ONGs de derechos humanos insistieron en que el gobierno confundia conceptos muy diferentes, tales como ayuda humanitaria, politicas publicas y reparacion (Uprimny & Saffon, 2009). (26) Finalmente, en lo relacionado con las instituciones a cargo de canalizar los recursos para la reparacion, las redes de apoyo a las victimas desconfiaban especialmente de Accion Social, y de la CNRR por su falta de compromiso con las victimas.

De otra parte, el gobierno promovio una perspectiva minimalista en materia de reparacion y que era apoyada por la CNRR. Adicionalmente, en la Camara de Representantes la coalicion mayoritaria buscaba neutralizar el proyecto de "Ley de Victimas" promovido por las redes de apoyo a las victimas, por medio de la introduccion de un nuevo proyecto de ley que recogia la perspectiva gubernamental. Este nuevo proyecto incluia los siguientes componentes. (27) En primer lugar, el gobierno asumio una concepcion restrictiva que asimilaba la reparacion a compensacion economica individual. En segundo lugar, con respecto a la poblacion beneficiada, para el gobierno y la coalicion mayoritaria en el Congreso, las victimas de crimenes de Estado deberian estar excluidas de este programa, asi como las parejas del mismo sexo y las futuras victimas. En tercer lugar, con respecto a los mecanismos de reparacion, la CNRR y el gobierno consideraban que el mecanismo de reparacion administrativa era mas expedito. Sin embargo, de acuerdo con el gobierno, las victimas de agentes del Estado deberian reclamar sus derechos ante las instancias judiciales. En cuarto lugar, con respecto al significado del derecho a la reparacion, el gobierno y la coalicion mayoritaria en el Congreso consideraban que las acciones de ayuda humanitaria y las politicas publicas deberian ser consideradas como actos de reparacion (Uprimny y Saffon, 2009). Finalmente, para el proyecto propuesto por el partido conservador, y respaldado por el gobierno, el programa gubernamental de Accion Social, asi como la CNRR deberian ser las instituciones a cargo de los programas de reparacion.

Durante el comienzo del 2009, cuando se debatia el proyecto de "Ley de Victimas" en la Camara de Representantes, la coalicion mayoritaria desconocio el proceso democratico que las redes de apoyo a las victimas habian promovido durante 2007 y 2008 a traves de las audiencias congresionales. El gobierno y la coalicion mayoritaria intentaron imponer el proyecto presentado por el representante Mantilla, tanto en los debates en la comision constitucional como en la plenaria de la Camara (Cristo, 2012). El gobierno de Uribe, comenzo entonces a mostrar sus principales prioridades e intereses. En primer lugar, de acuerdo con el sector uribista, la reparacion administrativa derivada de los hechos cometidos por agentes estatales, violaba el debido proceso de los soldados y afectaba la moral de la tropa. En segundo lugar, para el gobierno, el tema estaba politizado por las ONG de derechos humanos y los partidos de oposicion. Desde la perspectiva "tecnica" del gobierno, era necesario tener en cuenta el costo de la reparacion, que para el Ministro de Elacienda de entonces, ascendia a 80 billones de pesos. El gobierno de Uribe logro que la coalicion mayoritaria en la Camara de Representantes defendiera la perspectiva restrictiva en materia de reparacion. Sin embargo, por tratarse de un proyecto con contenidos diferentes al que se habia aprobado en el Senado, era necesario conciliar los proyectos aprobados en una y otra camara. La negociacion en la comision de conciliacion permitio acercar la version final a la aprobada por la plenaria del senado. Ante esta situacion, el gobierno solicito a la coalicion mayoritaria votar negativamente el proyecto tal como habia quedado en la comision de conciliacion (Cristo, 2012; Sanchez, 2009). Al final, el gobierno de Uribe y la coalicion mayoritaria en el Congreso lograron imponer la fuerza aplastante de sus mayorias en nombre de la moral de la tropa y la austeridad fiscal (Diaz, 2009). Aun asi, las redes de apoyo a las victimas hicieron evidente, ademas de la legitimidad de sus reclamos, la profunda indolencia del gobierno de Alvaro Uribe con las victimas de la violencia politica en Colombia.

6. EL CAMBIO DE GOBIERNO: UNA NUEVA OPORTUNIDAD POLITICA

En la literatura sobre movimientos sociales, especificamente sobre el giro cultural en materia de movimientos sociales, el concepto de estructuras de oportunidad politica busca explicar las razones que facilitan o dificultan los procesos de movilizacion social (Bendford& Snow, 2000; Snow, Soule & Kriesi, 2007). Me baso en el concepto de estructuras de oportunidad politica para argumentar que para las redes de apoyo de las victimas y los promotores del proyecto de "Ley de Victimas", las posibilidades de promover un marco juridico que reconociera el derecho a la reparacion en el escenario del Congreso se habia agotado. Por esta razon, durante el segundo semestre de 2009 y el primer semestre de 2010 el tema quedo suspendido y el debate politico se concentro en dos asuntos fundamentales: la posible reeleccion de Alvaro Uribe, y las elecciones de 2010. Ante este nuevo escenario politico, sostengo que tanto el rol que jugo la Corte Constitucional, como el giro politico que se dio con las elecciones presidenciales, se constituyeron en una nueva estructura de oportunidad que abrio la posibilidad de promover nuevamente el proyecto de "Ley de Victimas".

Con respecto al primer punto, la decision de la Corte Constitucional de declarar inexequible la convocatoria a referendum para reformar la Constitucion, (28) cerraba la discusion sobre la posibilidad de una nueva reeleccion, y con ello se iniciaba el fin a ocho anos de un gobierno que, en nombre de la seguridad y el orden, no solo se habia desentendido de los derechos de las victimas, sino que las habia puesto en el plano de los enemigos del gobierno. Con respecto al segundo aspecto, las elecciones se presentaron como un duro debate que mostraba el nivel de polarizacion politica que vivia el pais. De un lado, Juan Manuel Santos representaba, en principio, la continuidad de las politicas de seguridad democratica promovidas durante los ocho anos del gobierno de Uribe, y del otro lado, los partidos de oposicion, entre ellos el partido verde, el partido liberal y el Polo Democratico, mostraban los efectos perversos de tales politicas y trataban de promover proyectos de orientacion democratica, como la "Ley de Victimas". Si bien Santos resulto el candidato ganador en la contienda electoral, este oriento su gobierno con una linea pragmatica que sorprendio tanto a la oposicion como a sus antiguos aliados politicos. El gobierno Santos no solamente hizo un giro insospechado en algunos aspectos, como las relaciones internacionales y la comunicacion con las Cortes, sino que tambien adopto como programas de gobierno algunos asuntos reivindicados por sectores democraticos, especialmente el proyecto de "Ley de Victimas".

Este nuevo escenario se caracterizaba por el apoyo del gobierno y una nueva composicion de fuerzas politicas en el Congreso dentro de una coalicion de gobierno llamada "la Unidad Nacional", que incluia anteriores partidos de oposicion, como el partido liberal, y posteriormente, el partido verde. En estas circunstancias, el gobierno promovio la presentacion de un proyecto de "Ley de Victimas", relativamente mas cercano a los estandares defendidos por las redes de apoyo a las victimas. Sin embargo, a diferencia del proceso participativo y desde abajo que se habia promovido entre 2007 y 2009, el nuevo proyecto de "Ley de Victimas" se discutio fundamentalmente en el escenario del Congreso, y en consecuencia, se sometio a las logicas de decision entre elites politicas (McEvoy, 2008). El proyecto, que se presento inicialmente en la Camara de Representantes en 2010 y posteriormente, fue aprobado en el Senado en 2011 en junio del mismo ano, termino sacrificando algunas de las aspiraciones de las organizaciones sociales y de victimas. Algunos de los aspectos mas debatidos a lo largo del proceso politico que condujo a la nueva regulacion en materia de reparacion, eran los siguientes: 1) el concepto y el universo de victimas; 2) la fecha desde la cual se reconocia el derecho a la reparacion; 3) las instituciones a cargo de los programas de reparacion; y 4) los mecanismos institucionales para hacer efectiva la reparacion.

Al igual que como ocurrio entre 2007 y 2009, entre 2010 y 2011 se podian identificar dos posturas claramente diferenciables: de un lado, una perspectiva progresista y comprometida con los derechos de las victimas en la que se buscaba tomar en serio los estandares internacionales en materia de reparacion, asi como las voces de las victimas en las audiencias celebradas en 2008, y del otro lado, una perspectiva restrictiva que, desde un discurso de seguridad y de economia neoliberal, insistia en diferenciar a los grupos de victimas segun sus victimarios, y en la necesidad de minimizar los costos de las reparaciones. Pero en medio de estas perspectivas, parecia emerger una disposicion de negociacion entre elites politicas, incluyendo a los promotores del proyecto de la ley en el Congreso, que si bien aceptaban con simpatia las propuestas sugeridas por las redes de apoyo a las victimas, terminaban haciendo concesiones sobre asuntos sensibles a estas (Cristo, 2012). En esta ocasion, no se conto con la amplia participacion de las victimas del conflicto armado que se habia realizado en el periodo 2007-2009.Aun asi, las redes de apoyo a las victimas continuaron jugando un rol crucial en la medida que ejercian presion mediante el seguimiento a los debates y la expedicion de informes y comunicados de prensa.

Un ejemplo que ilustra la nueva dinamica del debate tiene que ver con la definicion del universo de victimas y la inclusion de las victimas de "agentes estatales." Luego de multiples debates entre los sectores uribistas y quienes querian ser mas incluyentes, se logro llegar a un acuerdo para reconocer a las victimas desde 1985 para efectos de indemnizacion y desde 1991 para efectos de restitucion de tierras. Sin embargo, no existieron razones de peso para excluir a las victimas de actos previos a estas fechas (Cristo, 2012). El argumento principal era el temor del sector uribista sobre el costo de la reparacion. Tampoco se incluyeron las victimas de los grupos paramilitares que quedaron operando luego de la desmovilizacion de las AUC, y que fueron denominadas por el gobierno como Bandas Criminales o BACRIM. Estas dos exclusiones muestran como las razones economicas e ideologicas de las elites en el Congreso, terminaban restringiendo las propuestas inicialmente construidas desde abajo por las redes de apoyo a las victimas. (29)

En circunstancias bastante diferentes a las que habian predominado durante la primera decada del siglo, el gobierno de Santos sanciono la nueva "Ley de Victimas" en junio de 2011 ante la presencia del Secretario General de Naciones Unidas. El hecho de que se hubiera llegado a un mayor nivel de institucionalizacion en materia derechos de reparacion y restitucion de las victimas del conflicto armado en Colombia, mostraba que el nuevo marco juridico, lejos de haber sido el resultado de un consenso generalizado, era el resultado de un largo proceso de resistencia y de construccion promovido desde abajo por las redes de apoyo a las victimas, asi como de la existencia de unas condiciones de oportunidad politica que facilitaron finalmente la expedicion de la ley. En adelante se abriria un nuevo capitulo, quizas mas retador y arduo, consistente en poner en marcha las politicas publicas de reparacion y restitucion, asi como la proteccion real de los derechos de las victimas.

CONCLUSIONES

Este articulo ha mostrado como en medio de un contexto caracterizado por la hegemonia de un discurso de seguridad y una intensa confrontacion politica, la situacion de las victimas de violaciones de derechos humanos se hizo mas visible especialmente despues de la desmovilizacion de los grupos paramilitares. En un primer periodo comprendido entre 2004 y 2007, las organizaciones de derechos humanos y de victimas del conflicto armado articularon sus esfuerzos para dar nacimiento a nuevas formas de redes y movimientos sociales. A pesar de la diversidad de perspectivas, durante los anos siguientes las redes de apoyo a las victimas han tratado de superar su fragmentacion y marginalizacion para construir espacios comunes de deliberacion y dialogo entre ellas (Goodale & Merry, 2007; Speed, 2009).

Con base en conexiones con organizaciones transnacionales, intergubernamentales y miembros del Congreso, asi como en su experiencia profesional y politica, estas redes jugaron un rol de traductoras y mediadoras en la incorporacion del derecho internacional de derechos humanos (Goodale & Merry, 2007). En tal sentido, las redes de apoyo a las victimas lograron coordinar acciones de movilizacion politica para construir un proceso que integrara elementos del discurso global de derechos humanos, asi como las experiencias y perspectivas de las organizaciones sociales de base. Estas acciones buscaban promover politicas publicas y regulaciones desde abajo en materia de reparacion (McEvoy, 2008; Rajagopal, 2003).

En un segundo periodo comprendido entre 2007 y 2009, las redes de apoyo a las victimas contribuyeron de manera mas decisiva a disenar un proceso participativo con los grupos de victimas de todo el pais, mediante la promocion de debates publico en materia de reparacion, asi como de politicas publicas sobre aspectos que habian sido reivindicados por las organizaciones de victimas. Con ocasion de las discusiones sobre el proyecto de "Ley de Victimas" en el Congreso, las redes de activistas lograron construir un discurso que permitia llenar de contenido el concepto de derechos de las victimas, y mas especificamente el concepto de reparacion, teniendo en cuenta aspectos como la reparacion para las victimas de crimenes de Estado, los derechos colectivos y la restitucion de tierras de comunidades indigenas y afrodescendientes, la reparacion para victimas de violencia de genero y el abordaje sicosocial para las victimas, entre otros asuntos (McEvoy, 2008; Rajagopal, 2003, 2005).

Desafortunadamente, la capacidad de movilizacion y accion colectiva no bastaba para sacar adelante el proceso de institucionalizacion de los derechos de las victimas, especialmente en un contexto politico tan adverso. El gobierno de Uribe, en nombre de la seguridad y la defensa de la moral de la tropa, logro imponer sus mayorias en el Congreso para sepultar el proyecto promovido por las redes de victimas, sin considerar los procesos participativos y los reclamos de miles de victimas del conflicto armado en Colombia.

Finalmente, en un tercer periodo comprendido entre 2010 y 2011, se presento un cambio en las estructuras de oportunidad que hizo posible poner en el escenario politico el proyecto que habian promovido las redes de apoyo a las victimas. En efecto, el hecho de que la Corte Constitucional hubiera cerrado la posibilidad de una nueva releccion de Alvaro Uribe, asi como el giro pragmatico del nuevo gobierno de Juan Manuel Santos al incorporar como una prioridad de su gobierno la expedicion del proyecto de ley de victimas, allanaron el camino para continuar el proceso que se habia iniciado en 2007. Si bien el cambio en estas nuevas estructuras de oportunidad, no implico que en el escenario del Congreso se incorporaran totalmente las aspiraciones de las organizaciones de base, si se establecio un nuevo rumbo en el proceso de institucionalizacion de los derechos a la reparacion y a la restitucion.

Luego de la expedicion de la "Ley de Victimas" quedan muchos asuntos pendientes. Hacia el futuro, la sociedad colombiana, las redes de apoyo a las victimas, y la academia, tendran que prestar mucha atencion a la manera como los procesos de reparacion y restitucion de tierras en Colombia puedan responder a las expectativas de los sectores afectados por la violencia politica en Colombia, y no se constituyan en una nueva frustracion para la sociedad colombiana.

Fecha de recepcion: marzo 24 de 2013

Fecha de aprobacion: mayo 2 de 2013

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* Este articulo se basa en un capitulo de la tesis doctoral sobre la experiencia colombiana en materia de justicia transicional y cuyo trabajo de campo se desarrollo entre 2009 y 2010. Esta investigacion se realizo con el apoyo de la Universidad Estatal de Arizona a traves del Graduate Fellowship Dissertation Award. Parte de las reflexiones del articulo se presentaron en el Congreso Internacional de Latin American Studies Association LASA, celebrado en San Francisco, mayo 23-26 2012

(1) Los nombres de las personas entrevistadas se omiten, salvo que se trate de opiniones conocidas publicamente.

(2) Entrevista con uno de los fundadores de "Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad," febrero 23 de 2010.

(3) Entrevista personal, miembro Viva la Ciudadania, Bogota, febrero 8, 2010; Entrevista personal, miembro del Colectivo Jose Alvear Restrepo, Bogota, febrero 15,2010.

(4) Entrevista personal, integrante del MOVICE, Bogota, febrero 17, 2010.

(5) Al respecto el Centro de Memoria Historica ha documentado varios de estos casos, cfr. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co.

(6) Al respecto ver los informes publicados en Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/.

(7) Entrevista personal, miembro de ICTJ, Bogota, septiembre 16, 2009.

(8) Entrevistas personales, funcionaria embajadas de Suecia, Bogota, noviembre 3,2009; funcionaria embajada de Canada, Bogota, septiembre 28, 2009; y funcionarias de PNUD, Bogota, febrero 2, 2010.

(9) Entrevista con un miembro del MOVICE, Bogota, Noviembre de 2009.

(10) Presentacion de un miembro del MOVICE en el encuentro sobre Desaparicion Forzada, Universidade Antioquia, Medellin, julio de 2009.

(11) La Mesa esta integrada por multiples organizaciones, entre las cuales algunas se dedicaban a actividades de movilizacion social y politica, como Viva la Ciudadania, CINEP, AVRE, MOVICE, y otras que hacia un trabajo juridico, como la Comision Colombiana de Juristas.

(12) Ver, Corte Constitucional, Sentencia C- 370 de 2006, M. P. Manuel Jose Cepeda, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Alvaro Tafur y Clara Ines Vargas.

(13) Entrevista con abogadas de la CCJ, Bogota, septiembre 17 y octubre 16, 2009.

(14) Entrevista con integrantes de la CCJ y de Fundacion Social, septiembre 17 de 2009, y febrero 5 de 2010.

(15) Ibid.

(16) Entrevista con Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, Bogota, abril 20 de 2010.

(17) Entrevista con abogada de la CCJ, Bogota, agosto 25 y septiembre 17, 2009.

(18) Entrevista con Paula Gaviria, antigua coordinadora de Derechos Humanos de la Fundacion Social, Bogota, febrero 5 de 2010.

(19) Entrevista con abogadas de la CCJ y de la Fundacion Social, Bogota, septiembre 17 de 2009 y febrero 5 de 2010.

(20) Entrevistas personales con activistas del CINEP, y la CCJ, Bogota, Septiembre 17, octubre 28 y noviembre 6, 2009.

(21) Ibid.

(22) Un ejemplo elocuente de la postura del gobierno Uribe en contra de las organizaciones de derechos humanos fue la descalificacion de la marcha programada para el 6 de marzo de 2008. Segun Jose Obdulio Gaviria, entonces asesor presidencial, la marcha era convocada por las FARC. Al respecto, ver, http://www.caracol. com.co/noticias/actualidad/el-gobiemo-descalifica-la-marcha-del-6-de-marzo/20080210/nota/546604.aspx.

(23) Entrevista con anterior asesor del Ministerio del Interior y de Justicia, Bogota, febrero 17, 2009.

(24) Para mas informacion ver Revista Semana, "Ley de victimas ?para las victimas o para el gobierno?", Bogota, octubre 7 de 2008. http://www.semana.com/politica/articulo/ley-victimas-para-victimas-paragobiemo/95975-3.

(25) Cff, Gaceta del Congreso No 502, proyecto de ley No 157 Senado, 2007.

(26) Sobre este aspecto, ver Corte Constitucional, Sentencia C-1199 de 2009.

(27) Cfr. Gaceta del Congreso 699 de 2008, proyecto de ley 044 Camara de Representantes.

(28) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C- 141 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto.

(29) Una descripcion detallada de estos debates y negociaciones excede los objetivos y posibilidades de este articulo. Sin embargo, para mayor informacion, ver Cristo, Juan Femando (2012).
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Author:Ignacio Gomez, Gabriel
Publication:Estudios de Derecho
Article Type:Ensayo
Date:Jun 1, 2013
Words:12111
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