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Entre inercias burocraticas y evaluaciones sobre las familias: adolescentes privados de libertad en Buenos Aires, Argentina.

Introduccion

"Lo que pasa es que afuera no hay nada, y las familias son muy labiles", sostiene con decepcion un juez de responsabilidad penal juvenil para explicar las razones de las altas tasas de prisionalizacion de jovenes del departamento judicial de Buenos Aires en el que se desempena (que a su vez ostenta las mas altas de la provincia). Por ello, prosigue, es dificil morigerar las penas y optar por medidas alternativas. De esta manera, son el "afuera" y las "familias", como parte de esa "nada" que rodea la vida de los jovenes que ingresan al sistema penal, los topicos que se recortan como las razones mas claras para explicar sus propias decisiones.

Ahora bien, ?sobre que otras razones se traman las decisiones de adoptar una medida de privacion de libertad de jovenes acusados de cometer un delito? O bien, ?cuales son las condiciones institucionales que, presentes en el propio sistema y ya no "afuera", contribuyen a reproducir esas practicas que provocan altos niveles de encarcelamiento de adolescentes y una sensacion de frustracion y de imposibilidad de idear otras alternativas en los funcionarios judiciales?

A partir de estos interrogantes, este articulo se inscribe en el campo de discusiones en donde se intersecan asuntos relativos al gobierno poblacional --tanto desde el Estado social como el penal--con los procesos de reproduccion estatal de la desigualdad al enfocarse, para ello, en las practicas institucionales. Especificamente, analiza las formas en que se administra el castigo para la poblacion juvenil al identificar condiciones en las que el uso de las medidas privativas de libertad adquiere sentido como la intervencion mas eficaz y predominante y, por lo mismo, en las que se prolonga su duracion.

De manera complementaria, el articulo procura aportar a los debates actuales que se producen en Argentina en el marco de las discusiones para la reforma del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil dentro de la cual se incluye la posibilidad de bajar la edad minima de imputabilidad y punibilidad (1).

Los datos que informan nuestro argumento surgen principalmente de un relevamiento de expedientes judiciales de causas penales seguidas a adolescentes privados de su libertad en la provincia de Buenos Aires, Argentina. A partir de ello, se construyeron datos relativos al registro de los adolescentes y sus familias, las caracteristicas de las causas y las acciones que se llevan a cabo como parte de su procesamiento judicial.

En la primera parte de este articulo se presentan las claves teoricas que informan la perspectiva de analisis, se detalla la estrategia metodologica enfocada en el trabajo con los expedientes y se describen el contexto normativo y el circuito institucional que recorren los jovenes que ingresan al sistema penal. En seguida, dirigimos el analisis en torno a dos cuestiones: el papel de las familias y los "traslados" de los adolescentes privados de libertad. Explorar estas dimensiones de analisis, una que remite mas especificamente a los aspectos interpretativos o socioculturales que orientan en todo momento la gestion judicial de los adolescentes, y otra que refiere a la dimension material de las practicas burocraticas que se despliegan en torno a ellos y sus familias--caracterizadas por inercias burocraticas, desidia, pero tambien por la rutinizacion de la administracion--puede echar luz sobre las condiciones socioinstitucionales que contribuyen a sostener elevadas tasas de prisionalizacion. El articulo termina con una discusion sobre la forma particular que adquiere la administracion de la justicia penal juvenil a la luz de las multiples interpretaciones coexistentes sobre las causas del delito juvenil, la finalidad del encierro y las vias de reinsercion social, asi como las inercias burocraticas que sofocan los intentos por garantizar derechos.

La administracion estatal: procesos de categorizacion, interpretacion y maniobra

Tradicionalmente, la relacion del Estado con las nuevas generaciones ha sido ambigua y se ha caracterizado por sostener al mismo tiempo, y en tension, objetivos vinculados al cuidado y a la inclusion social junto con otros de control y sancion. Esto ha supuesto que tanto las normativas como las politicas sociales y sociopenales hayan inclinado mas el peso de esta tension hacia construcciones de un sujeto en riesgo que, dependiendo del enfoque, requiere proteccion y reencauzamiento, o control y sancion (Villalta, 2013). Los modos en los que, en cada contexto sociohistorico, el problema de la "juventud en riesgo" o la "criminalidad juvenil" es configurado como un tipo de problema social que dara origen a especificas intervenciones, tramas institucionales y formas de administracion, han sido objeto de debate, en especial a partir de la incidencia de la Convencion de Derechos del Nino en el ambito local. Asi, numerosos estudios senalaron la eficacia de los modos de control social desplegados en la institucionalidad para "menores" creada a inicios del siglo xx y recreada o reformada con posterioridad (Garcia Mendez & Beloff, 2004; Guemureman & Daroqui, 2001). La eficacia de ideologias clasistas y autoritarias que producian una segregacion institucional entre ninos y menores, a la vez que la persistencia de practicas discresionales y normalizadoras (Guemureman, 2010; Daroqui, et al., 2012) han tendido a ser las dimensiones dominantes en estos debates.

Desde la perspectiva que queremos colocar aqui, el eje en la homogeneidad de los dispositivos de intervencion, ya sea en su eficacia moral, en las practicas de subjetivacion, o en el ejercicio de la adminstracion de justicia como un cuerpo homogeneo, no permite considerar en su totalidad los matices, las controversias y los conflictos que hacen de las practicas institucionales una trama compleja. A su vez, dificulta analizar los discursos e ideas institucionalizados al capturar su multiplicidad. Asi, aqui interesa evitar la reificacion del Estado como entidad monolitica y unificada y ubicar el analisis, antes bien, en las practicas penales historicamente variables y situadas, a la vez que traspasar los limites de lo estatal para integrar al analisis las practicas y negociaciones de los actores "externos" (Biebricher, et al., 2012).

El Estado es, asi, un ente multidimensional, dispuesto en capas y compuesto de aparatos que actuan de forma no siempre coherente. A la vez, al seguir este supuesto, no es teoricamente productivo suponer la institucionalizacion homogenea de un discurso univoco (Haney, 1996; 2002). En primer lugar, porque el Estado es, ante todo, interprete, y en cada arreglo institucional especifico estipula necesidades y demandas legitimas

(Fraser, 1991). La dimension interpretativa del Estado supone procesos de construccion y categorizacion de sujetos, asignacion de caracteristicas asociadas a estos y modos de comportamientos esperables de clase, edad y genero. Este conjunto de procedimientos esta configurado por clausulas subjetivas de inclusion, tras las cuales suceden procesos de legitimacion, naturalizacion y produccion de la exclusion y reproduccion de desigualdades sociales--de clase, de edad, de genero--(Llobet, 2013).

La edad, en nuestro planteo, es especificamente significativa pues un ordenador burocratico, en las sociedades con Estado, la hace aparecer vinculada a la idea de neutralidad (Mintz, 2008). En este sentido, el principio de especialidad en la justicia penal juvenil legitima al Estado para intervenir como garante de derechos con una direccionalidad especifica al tiempo que invisibiliza el hecho de que sus practicas "protectivas" son, en efecto, practicas de poder. No solo sobre los adolescentes, sino tambien sobre sus familias. En efecto, en el tratamiento del delito atribuido a adolescentes, las familias son interpeladas por el Estado a jugar un papel responsable y adulto, al tiempo que se las minoriza e incapacita (Vianna, 2010) para legitimar su desplazamiento momentaneo como garantes de la tutela de los adolescentes a quienes se priva de libertad. La familia no solo es evaluada y juzgada, sino tambien construida por el Estado a traves de los mensajes prescriptivos y coactivos que emanan de este tipo de organos y de los profesionales que los componen (Bourdieu, 1998).

Por otro lado, el sistema penal--y sobre todo el juvenil--es, ademas de clasista, generizado, en tanto persigue y pena los delitos atribuidos a varones (2). A su vez, el modo en que se gestiona el delito juvenil se encuentra informado por particulares asociaciones entre masculinidad, riesgo y delito (3).

Ahora bien, estos procesos interpretativos al interior del Estado no son lineales. Varios trabajos sobre procesos de institucionalizacion de derechos han mostrado que, desde los cambios normativos a las transformaciones en las practicas y culturas institucionales, no hay ni un canal directo, ni una ruptura necesaria (Fonseca & Schuch, 2009; Villalta, 2010). Esto seria propio de "una vision normativa que lleva a olvidar que el derecho, para ser transformador, debe estar acompanado de diferentes grados de consenso social y de practicas y acciones que lo modelen y le den vida" (Villalta & Llobet, 2015).

En un segundo nivel, estas interpretaciones informan arquitecturas particulares de necesidades y establecen que sujetos acceden a que derechos, en que terminos y quienes quedan fuera de ellos, delimitando esferas de distribucion y tambien de reconocimiento (Fraser, 1991; Haney 2002). Con base en esta arquitectura, el Estado, a traves de sus politicas sociales y penales, produce distintos mensajes que envia a la poblacion que regula, mensajes que en ocasiones son contradictorios (Haney, 1996; Medan, 2014). Esto no se entiende como una "falla" de un "sistema" idealmente homogeneo, ni como un efecto "perverso" necesariamente, sino como una caracteristica propia de un tipo de regulacion que Lynne Haney ha denominado "gobierno por contradiccion" (Haney, 2004) que funciona tanto en politicas sociales como en politicas penales. Esto supone que existe una diversidad de practicas institucionales y que los sujetos son gobernados por la ambiguedad y la contradiccion, quedando atrapados en las inconsistencias propias del sistema. Ello no supone desligar al Estado de sus responsabilidades como garante de derechos. Sin embargo, si requiere que al examinar el Estado y sus formas de regulacion le quitemos el halo de sistematicidad y de accionar totalizante que en ocasiones se le asigna. Este opaca tanto los discursos en disputa que coexisten y pelean por la hegemonia, como las consecuencias de su accionar. Desde esta perspectiva, y tal como otras investigaciones sobre dispositivos penales han mostrado (Haney, 2010; Schuch, 2009), podremos advertir que en la justicia penal juvenil coexisten discursos que en apariencia podrian ser contradictorios, pero que operan simultaneamente en tanto que, mientras procuran construir un sujeto responsable de sus acciones y autonomo en su resocializacion, consideran el accionar y la configuracion de sus familias--en tanto menor que debe ser cuidado--el principal determinante para las decisiones penales a adoptar sobre el joven y, como consecuencia, la clave para administrar el acceso a derechos de los jovenes.

En un tercer plano, desde esta perspectiva de analisis, es posible considerar como, en el seno de las multiples y contestadas interpretaciones que le dan forma a las practicas burocraticas y a la arquitectura de necesidades, existe un espacio de maniobra para los sujetos (Haney, 2002) en el terreno de las interacciones. De hecho, incluso a partir de la lectura de los expedientes judiciales es posible advertir como los adolescentes y sus familias negocian--aun en condiciones de desventaja--las interpretaciones que sobre ellos hacen los agentes judiciales.

El aporte de tales estudios sobre el Estado y las practicas burocratico-institucionales que enfatizan en los procesos simbolico-culturales y relacionales que estructuran el campo de intervencion y orientan las acciones, definiendo las demandas legitimas y los sujetos que las enuncian, contribuye a iluminar las dinamicas concretas de exclusion y jerarquizacion en su variabilidad historica (Bourdieu, 1994; Fraser, 1991).

Asi, en una compleja composicion, no siempre diafana en sus elementos interpretativos, espacios de maniobra, y tambien por sus condiciones de funcionamiento en apariencia mas objetivas y rutinarias, el Estado se analiza en tanto espacio desde donde se construyen procesos de inclusion y exclusion social reproduciendo, en muchos casos, desigualdades. Por ejemplo, la imposicion de medidas penales mas gravosas a los sujetos mas vulnerables.

Desde esta perspectiva, este articulo busca aportar a la comprension sobre las formas en las que las configuraciones institucional y sociocultural de la justicia penal juvenil inciden en la gestion de la desigualdad social. Es decir, procuramos analizar a traves de que micropracticas ese tratamiento desigual (que implica que el peso punitivo del Estado sea mayor en los sectores mas vulnerables) se reproduce y transforma, en que procedimientos --que por lo general general permanecen opacos--se asienta, y como tales practicas son negociadas por los distintos actores. Para ello, analizamos dos dimensiones que resultan significativas en las formas de administrar justicia penal a los adolescentes: las interpretaciones sobre el papel que les cabe a las familias en los modos en que se producen las causas y las rutinas burocraticas propias de la gestion de adolescentes en situacion de privacion de libertad.

Metodologia

Sobre la produccion de los datos

Este estudio se enmarca en el campo de investigaciones que se preguntan por las transformaciones de las politicas sociales y socio penales para ninos y jovenes. Especificamente, los datos que aqui se analizan surgen de un relevamiento que busco caracterizar a jovenes y su transito por el sistema penal en el contexto de preocupaciones de efectores publicos de una localidad del Gran Buenos Aires sobre la situacion de los adolescentes privados de libertad y la evolucion de sus causas en un contexto descrito como de alta tasa de prisionalizacion y de escasa aplicacion de medidas alternativas al encierro tanto por falta de recursos en la comunidad, como por la "labilidad" de las familias. El relevamiento en cuestion se realizo entre noviembre de 2015 y octubre de 2016 (4).

El contexto de colaboracion interinstitucional en el que se desarrollo dicho relevamiento, entre el equipo de investigacion y los efectores locales encargados de implementar politicas sociales y sociopenales, permitio el acceso a los datos y mejoro las posibilidades de triangulacion de fuentes (expedientes, entrevistas y observacion participante de reuniones interinstitucionales), a la vez que, luego del analisis, permitio la validacion de los datos.

El expediente judicial como un objeto socialmente construido

La investigacion se centro fundamentalmente en el relevamiento de los expedientes judiciales que se originan a partir de la causa judicial que se les abre a los jovenes acusados de cometer un delito (5). En total se relevaron 26 expedientes que involucraban a 28 adolescentes que fueron procesados por los delitos que en la tabla que sigue se detallan (6).

Los criterios de inclusion de los expedientes en la muestra fueron: a) que tuvieran como imputados a adolescentes privados de la libertad al 31 de marzo de 2016, momento de inicio del relevamiento; b) que los adolescentes residieran en la localidad para la que se realizaba el relevamiento (7); c) que fueran causas elevadas a juicio y tramitadas en uno de los juzgados del distrito (8).

Para contextualizar la informacion obtenida es necesario considerar que un expediente judicial es, en el ambito tribunalicio, un artefacto clave de la gestion burocratica. Construido a traves de la tecnica de la escritura, es polifonico, en tanto se compone de documentos diversos (tales como oficios, autos de procesamiento, resoluciones, informes socioambientales, entre otros) que han sido elaborados por los distintos agentes que modelan el circuito que los jovenes recorren. Asi, lo que aparece en el expediente son determinados hitos de la administracion que toman la forma de audiencias, resolucion de pedidos, informes y resoluciones judiciales, tras las que se suceden distintas acciones, ya sea de convencimiento, de amenaza o de acuerdos entre los diferentes actores que, en tanto no se encuentran reflejados en la materializacion burocratica de la intervencion, deben ser inferidos y leidos entre lineas.

En efecto, tanto para dar cuenta de la tarea realizada, como para rendir cuenta a los superiores, el expediente ocupa un lugar central en la administracion judicial de conflictos y no reconstruye los hechos tal como sucedieron, sino que se trata de un conjunto de relatos y de versiones sobre los conflictos que permiten convertir los hechos sociales en hechos judiciables (Martinez, 2004; Sarrabayrouse Oliveira, 2011; Eilbaum, 2005; Muzzopappa & Villalta, 2011). Por eso, el expediente nos informa mas sobre la logica tribunalicia que lo estructura que sobre las caracteristicas de los hechos y las personas sobre las que versa.

Por ello los expedientes judiciales representan un material que ofrece una valiosa informacion, por un lado, para comprender que es lo considerado legitimo en el ambito judicial para construir versiones verosimiles de los hechos (Eilbaum, 2005) y por otro, para identificar semblanzas de las personas que explican y, en buena medida, tambien justifican la adopcion de distintas medidas por parte de los agentes judiciales. Es decir, nos permiten analizar la mirada que sobre los adolescentes, sus familias, sus barrios y los delitos que se les imputan construyen y reconstruyen los diferentes agentes que participan en el proceso penal. Tambien, que es lo que dicha mirada en este ambito habilita y legitima, ya sea la privacion de libertad, la extension en el tiempo de esta medida, la posibilidad de egreso, el trabajo con la familia del adolescente, etcetera.

Asimismo, el expediente da pistas del sustrato de relaciones que sostienen el circuito que recorren los jovenes. Relaciones que, en este objeto material de la administracion, toman la forma de comunicaciones, oficios, pedidos, informes o vistas. Asi, las comunicaciones con la Policia o con los institutos donde estan alojados los jovenes y los pedidos que el juzgado realiza a los peritos sociales o psicologicos se transforman en indicios para reconstruir la trama de relaciones que compone la justicia penal juvenil.

Desde esta perspectiva, el expediente condensa la heterogeneidad que es propia del Estado; las multiples interpretaciones que coexisten dentro de este de un modo, en ocasiones, contradictorio; los distintos discursos (juridicos, sociales, psicologicos) que dan forma a la construccion de sujetos y su gobierno. De igual forma, el expediente muestra parte de una de las facetas mas opacas del Estado, aquella que funciona (o no) sin precision, ni direccionalidad, ni deliberacion, sino mas vale formas "contingentes" (Guemureman, 2010) y/o por inercias burocraticas. Inercias cuyos efectos pueden ser devastadores para los sujetos que las padecen, aunque por el tipo de sujetos que son--jovenes varones de sectores populares, "delincuentes", "peligrosos"--no son visibles ni llegan a problematizarse.

Ahora bien, antes de adentrarnos a la construccion de "realidad" que proveen los expedientes, es preciso inscribir su produccion en el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil Vigente y a este en su historicidad.

Resultados: gestionando el encierro

El Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil en funcionamiento

En Argentina, uno de los hitos mas significativos ocurrido en los ultimos anos en relacion con la justicia penal juvenil fue la sancion de una normativa que vino a saldar el prolongado debate sobre las atribuciones judiciales que tendian a la proteccion de los derechos de los ninos y/o a su castigo. Con la sancion de la Ley 26061 (de 2005), Argentina alineo parte de su normativa a la Convencion de los Derechos del Nino y derogo la Ley de Patronato por la que la justicia intervenia, indistintamente, en causas penales o asistenciales seguidas a menores de edad, y los jueces de menores tenian la facultad de "tutelar" hasta la mayoria de edad a los ninos/as y jovenes que se encontraran--segun la evaluacion de los funcionarios--en una situacion de peligro moral y/o material.

Ahora bien, a pesar de la sancion de esta ley en materia de proteccion integral de la infancia, de acuerdo a un enfoque de derechos humanos, en Argentina sigue vigente un regimen penal de la minoridad que no se adecua a los estandares internacionales a los que el pais adhiere (no es especializado, ni posee garantias sustanciales, ni procesales, no considera la privacion de libertad como ultimo recurso, ni preve medidas alternativas al proceso penal) (unicef, 2008). En efecto, la normativa de fondo todavia es el Decreto-Ley 22.278 de 1980, claro exponente del denominado "derecho de menores" (Beloff, 2004) y, como tal, objeto de diferentes criticas en tanto habilita una practica judicial renida con los principios de derechos humanos.

Sin embargo, el caracter federal del pais ha permitido que, aun con esa normativa de fondo, las legislaciones provinciales hayan podido adecuar sus sistemas morigerando, en parte, los aspectos mas "tutelares" o mas violatorios del debido proceso que encierra aquella norma. Este es el caso de la provincia de Buenos Aires que, en 2007, luego de un conflictivo proceso, sanciono la Ley 13.298 (de promocion y proteccion integral de los derechos de los ninos) y la Ley 13.634 (principios generales del fuero de familia y fuero penal del nino). El largo proceso de reforma y la creacion del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil (FRPJ) permite constatar que la separacion social-penal no estuvo exenta de conflictos. La reforma estuvo rodeada, antes y despues de sancionarse la ley, de una serie de cuestionamientos y discusiones, sobre todo, en relacion con el poder omnipresente del juez de menores, la arbitrariedad y la discrecionalidad de las decisiones, la amplitud de los alcances de las competencias entre materias penales y sociales, etcetera (Lopez, 2010). En gran medida, estas discusiones llevaron a construir un sistema que, para centrarse en proveer garantias de debido proceso a los adolescentes--propias del fuero penal de adultos y del derecho penal de acto--termino por parecerse cada vez mas al sistema penal de mayores. Ademas, la anhelada separacion de las problematicas de indole penal de las de origen social implico, en algunos casos, la no intervencion social sobre causas penales.

Ahora bien, mas alla de las discusiones a su alrededor, la Ley 13.634 crea un fuero especifico y especializado en materia de responsabilidad penal juvenil cuyos principios rectores, de acuerdo a un enfoque de derechos humanos, son "la proteccion integral de los derechos del nino, su formacion plena, la reintegracion en su familia y en la comunidad, la minima intervencion, la subsidiariedad, la solucion de los conflictos y la participacion de la victima" (Articulo 33). A partir de la sancion de esta normativa comenzo un proceso de rediseno de la justicia juvenil que implico el remozamiento de los antiguos juzgados de menores bonaerenses que tenian una amplia competencia que desbordaba la estrictamente penal y cuya creacion databa de 1938. Este rediseno implico el desdoblamiento de esos tribunales en juzgados de garantias y de responsabilidad penal juvenil, la creacion de nuevos juzgados, asi como de fiscalias y defensorias especializadas, y de un Cuerpo Tecnico Auxiliar (cta), formado por medicos, psicologos y trabajadores sociales. Asi, a partir de la sancion de esta normativa, nuevos actores fueron llamados a intervenir y se inauguraron tambien nuevos circuitos.

Circuitos y actores intervinientes

?Que circuitos recorren los jovenes acusados de cometer un delito? ?Como, quienes y con que atribuciones estan llamados a intervenir en la gestion del delito juvenil? La intervencion del FRPJ puede iniciarse con la denuncia de un particular en la Fiscalia, o cuando la Policia aprehende a un adolescente e informa al agente fiscal. Con la informacion policial (sobre el tipo de delito imputado y las circunstancias), y luego de constatar si existen registros previos, el fiscal define si inicia una investigacion penal preparatoria (IPP). Si decide no iniciarla puede indicar la libertad y no hacer ninguna otra intervencion, pedir evaluaciones complementarias al CTA, o indicar la libertad pero citar al adolescente y a su familia para, eventualmente, derivar el caso al Servicio de Proteccion de Derechos (9).

Si inicia la investigacion, da intervencion a la defensa, al juzgado de garantias y puede ordenar la libertad y citacion, o pedir la detencion. Usualmente pide que el CTA entreviste al joven y/o a su familia en relacion con su trayectoria vital, educativa, sanitaria, laboral y sus condiciones de vida. Con esta informacion, los peritos elaboran un informe en el que valoran al joven y/o su familia; dicho material constituye un insumo central para que el fiscal solicite y el juez convalide o decida la medida a tomar (por ejemplo, privacion de libertad o medidas cautelares en libertad).

Si la decision adoptada por el juez de garantias es que el joven continue en libertad, puede imponerle otras medidas como la prohibicion de salir de ciertas jurisdicciones, de participar en ciertos eventos o de contactarse con ciertas personas, y la obligacion de concurrir periodicamente al Tribunal y de cumplir una serie de reglas de conducta (10). Si en cambio se adopta una medida cautelar de privacion de la libertad, el joven sera derivado a dispositivos especializados de regimen cerrado o semicerrado dependientes del area de ninez provincial. La duracion de la medida de privacion de libertad no esta pautada de antemano: dependera mucho del momento de realizacion del juicio (que puede ser un juicio convencional o abreviado). A su vez, los defensores pueden solicitar cada tres meses audiencias de revision de las medidas. En ellas, el juez evalua, a partir de los informes aportados por los equipos tecnicos de los dispositivos de encierro y de los elaborados por el CTA sobre el adolescente y su familia, si se encuentra en condiciones de egresar o no.

Cuando la investigacion ha finalizado, se pide la elevacion a juicio. Como parte de la especialidad del fuero y de las normas de fondo vigentes, es posible que el juicio se divida en dos: en una primera parte se dicte el auto de responsabilidad, se imponga una serie de medidas de integracion social (tales como orientacion y apoyo sociofamiliar, reparacion del dano, servicios comunitarios, asistencia especializada, insercion escolar, inclusion prioritaria en los programas estatales de reinsercion social o proteccion de derechos, imposicion de reglas de conducta), y se prorrogue la imposicion de pena hasta tanto se cumpla la mayoria de edad ademas de un ano de cumplimiento de estas medidas. Esto implica que, transcurrido ese tiempo, se llegue a la segunda parte del juicio, la de cesura, y si el juez entiende que los objetivos del fuero relacionados con la resocializacion y reeducacion (Villalta, 2004; Schuch, 2009; Lugones, 2012) se cumplieron, no aplique pena.

En definitiva, una vez que el joven es privado de su libertad, el camino hacia recuperarla depende en gran medida de los informes que el CTA, los equipos tecnicos de institutos de encierro y los demas actores judiciales elaboren sobre como consideran su evolucion y la de su familia por el sistema penal; de estos informes tambien dependera que pena se le aplique. En este circuito, adolescentes y familias se encuentran con diferentes organismos y agentes cuyo accionar esta pautado y detentan distintos saberes practicos y cientificos con los que informan las diferentes practicas burocraticas en relacion con ellos. Pero tambien encarnan diferentes posturas e interpretaciones acerca de los adolescentes, sus presuntos delitos y sus contextos. En efecto, el sistema penal, como parte de la administracion burocratica del Estado, tambien dista de ser monolitico y homogeneo.

Sobre las causas y el contexto social y familiar de los adolescentes

En su mayoria los expedientes trataban, segun la caratula, de "robo con arma". Los seguian, "homicidio". La mitad de los adolescentes imputados contaba con entre 0 y 1 IPP (Investigacion Penal Preparatoria) previa (11). Este dato es opaco y conlleva preguntas alrededor de, o bien la "dureza" del sistema que con ninguna o solo una causa anterior utiliza la privacion de libertad como primera medida, y/o de si existe una trayectoria anterior de contacto de los adolescentes con el sistema penal que no se registra y sobre la que no se sabe como sus diferentes organismos intervienen, en particular, la Policia. De los 28 adolescentes incluidos en los expedientes, sobre 24 se pudo reconstruir cuanto tiempo llevaban privados de su libertad al momento del trabajo de campo. En promedio llevaban 2 anos y 2 meses; mientras el que menos tiempo habia permanecido preso lo estaba desde hacia 7 meses, el que mas llevaba tenia 5 anos y 10 meses.

Todos los adolescentes de la muestra eran varones. Para la mayoria, el maximo nivel educativo alcanzado era sexto o septimo grado incompleto, en un tercio de los casos hay senalamientos de repitencias y/o deserciones y todos los que estaban escolarizados lo hacian con sobreedad. A su vez, todos provenian de familias cuyos ingresos surgian de ocupaciones informales y precarias y de asistencia estatal. A partir de los expedientes se tuvo conocimiento de la ocupacion de 37 progenitores. En su mayoria, las madres se dedicaban al servicio domestico (9 mujeres), y los padres eran choferes (6 casos). Ademas, 5 padres eran empleados en fabricas o en el municipio (realizando recoleccion de residuos), 5 madres amas de casa, 4 progenitores senalaron cobrar planes sociales, 3 padres se desempenaban en la construccion, 2 obtenian ingresos a traves de la recoleccion de cartones, 2 como cuentapropistas reparando electrodomesticos y 1 senalo que obtenia ingresos mediante ocupaciones esporadicas ("changas").

La muerte de familiares jovenes, asi como la violencia y el delito, eran parte de la configuracion de muchas de las familias de los adolescentes. Segun los expedientes, en 22 casos constan situaciones previas de violencia y de muertes por causas externas en el entorno del adolescente que, en mayor o menor medida, estan asociadas al delito que se le imputa (entre pares, vecinos, violencia familiar y de genero, familiares presos, y familiares muertos o en la carcel o en enfrentamientos o por la policia). En 10 casos constan muertes por causas no relacionadas a la salud en el grupo familiar primario, usualmente hermanos, y 4 adolescentes tenian hermanos presos.

Ademas, todos los jovenes habitaban en los barrios mas vulnerables de la localidad y un tercio residia en un mismo barrio, conocido por su extrema pobreza, por deficiencias infraestructurales y por la presencia de redes delictivas. El contexto era de precariedad de la calidad de vida, y de fragilidad y vulnerabilidad en la experiencia vital (12).

Negociaciones entre agentes judiciales y familias, las responsables del encierro y del egreso

Una de las cuestiones que sobresale en los expedientes es el papel de las familias de los adolescentes implicados y la centralidad que ocupan como blanco de interpelacion. En efecto, la familia del joven es a quien primero se cita, a quien se evalua para decidir si llevar o no adelante el proceso penal, a quien se observa para ponderar si es necesaria una medida de privacion de libertad o si, por el contrario, el joven esta en condiciones de cumplir una medida cautelar en libertad. Tambien, el comportamiento que tenga la familia y la clase de familia que sea resulta central para lograr el egreso del joven privado de la libertad. La familia pareciera transformarse, asi, en principio explicativo de todo lo que acontece en este ambito (Villalta, 2004).

Ademas de que esto ocurre en la practica judicial, el papel de las familias es expreso en la ley: uno de los objetivos principales del fuero es la reintegracion de los adolescentes a sus familias, y la primera medida de integracion social es la orientacion y el apoyo social a la familia para que intervenga en el cumplimiento del proceso de integracion social (Articulos 68, 69, 74 y 78).

Al nivel de la practica de la administracion de justicia se advierte que, ademas de clave en la reintegracion de los adolescentes, las familias y lo que hayan hecho o no en el pasado las constituye tambien como las responsables de las situaciones que llevan a los adolescentes al conflicto con la ley. Esto es visible en las caracterizaciones que sobre ellas hacen las peritos psicologas y trabajadoras sociales del CTA al entrevistar a los jovenes o a sus progenitores, tanto a partir de los hechos que los primeros cuentan sobre sus familias, como de la interpretacion de los peritos de las actitudes familiares.

Las caracterizaciones dominantes podrian dividirse entre, por un lado, las que se refieren a la falta de idoneidad de padres o de madres respecto del papel adulto ideal en la crianza de los ninos y/o adolescentes.

En palabras de agentes judiciales, las familias "no han podido o sabido cuidar". Son familias "poco contenedoras", con "dificultades de contencion y efecto", con "organizacion familiar endeble" cuyo papel adulto esta "desdibujado". Asi, las pericias minorizan a las familias (Vianna, 2010) y se refieren a sus experiencias como "fallidas en su rol adulto".

Por otro lado, podrian agruparse caracterizaciones que se refieren a familias "que no han querido" cuidar u orientar adecuadamente. Familias que, segun los actores judiciales, tienen una actitud "negadora" respecto de los problemas de sus hijos, que naturalizan el contexto de violencia en el que viven y no dimensionan de manera apropiada el caracter negativo, transgresor y delictivo de las acciones de los adolescentes. Estas familias tambien pueden ser calificadas como "no implicadas" (13).

Estas caracterizaciones suponen valoraciones morales de las familias que pueden incluso no tener ninguna relacion con el delito que se le imputa al adolescente. Por ejemplo, el senalamiento de que "todos los hijos de la madre son de distinto padre". Tal como otras investigaciones han mostrado (Vianna, 2010; Guemureman, 2010), este tipo de valoraciones que aparecen cristalizadas en el expediente para que otros las lean, para informar, pero tambien para formar opinion, inciden en el devenir de las causas. En los expedientes se advierte lo vinculantes que estos informes son para la toma de decisiones de fiscales y jueces, asi como para la elaboracion de las estrategias de los defensores. En efecto, en las sentencias se citan, textualmente, fragmentos de estos informes para legitimar las posiciones tomadas que, en muchos casos, suponen medidas gravosas como la privacion de libertad.

Si, como senalamos antes, las interpretaciones sobre las necesidades dan forma a lo que es posible en el nivel distributivo y la arquitectura de las necesidades es informada por estas interpretaciones (Fraser, 1991; Haney, 2002), tanto las familias como los adolescentes se reconocen como sujetos de intervencion con base en una caracterizacion que determinara que tipo de atencion les corresponde. Para los adolescentes sera la privacion de libertad hasta tanto se modifique la valoracion que los agentes judiciales tienen sobre sus familias. Salvo excepciones, tras el analisis de expedientes efectuado es posible advertir que si las familias no lograban satisfacer las expectativas que los agentes judiciales tenian sobre ellas, los adolescentes no accedian a morigeraciones en las medidas, aun cuando hubieran tenido buen comportamiento, ausencia de sanciones, etc. Por ello, si bien, idealmente, el joven es el que debe "transformarse", paradojicamente se observa que lo central es que las familias calificadas como "poco contenedoras" se vuelvan "contenedoras" ya que esto es clave para la evolucion de la causa.

Para volverse contenedoras, estas tendran que superar su principal deficit que, segun la valoracion de los agentes judiciales, es de indole vincular y subjetivo (y no material o social). Construido el diagnostico con estas coordenadas, no resulta incongruente que, para dicha transformacion --y de acuerdo con las expectativas que se cifran sobre ellas--, el unico recurso que se les ofrezca sea un taller grupal para padres. Este encuentro, de dos horas de duracion, se realiza todos los meses en una organizacion social de la localidad y esta coordinado por un/a psicologo/a con el que las familias conversan sobre la experiencia de tener a un hijo preso. De manera notoria, en casi la totalidad de los expedientes, al inicio de la causa, el/la juez/a exige como parte de las reglas de conducta impuestas al joven que sus progenitores concurran al espacio y que, periodicamente, presenten el certificado de asistencia. Solo en dos expedientes constatamos que, ademas del taller para padres, se gestiono que la familia accediera a una ayuda social material (cuyo tipo, alcance, y duracion no se especifica). Asimismo, a algunos progenitores se les exige que tengan tratamiento psicologico, para lo que no se les ofrece ninguna facilidad. En efecto, tal como Patrice Schuch (2009) ha analizado para el caso de la justicia de infancia y adolescencia en Porto Alegre, Brasil, este tipo de acciones componen dispositivos de reorganizacion de la familia que busca suplir, antes que nada, la "carencia afectiva y moral" que esta tendria segun la perspectiva de quienes constantemente la evaluan en este ambito.

Asi, las familias son en su mayoria caracterizadas de manera negativa en tanto, linealmente, se interpreta que su configuracion, sus acciones o inacciones, incidieron de manera determinante en la trayectoria de los adolescentes en conflicto con la ley. Al contrario, existen otras explicaciones sociales sobre el delito juvenil--considerado tanto practica instrumental como expresiva--, empiricamente fundadas en nuestro contexto (Kessler, 2004; Miguez, 2010) (14).

Ahora bien, en un tercer plano del analisis es posible advertir como las familias lidian con estas interpretaciones de los agentes y con las expectativas que sobre ellas se generan. Asi, en estas negociaciones, la causa se va creando y evolucionando.

Tanto en presentaciones de la defensa, como en los informes que realizan los/as peritos del CTA, en los que realizan los profesionales de las instituciones de encierro, o en las anotaciones que los agentes del juzgado realizan para dejar constancia de novedades y acuerdos con los adolescentes o sus familias, se evidencia que estas, en lugar de ser pasivas o permanecer indiferentes a la intervencion institucional, se movilizan para conseguir oportunidades educativas, laborales, opciones alternativas de residencia o asistencia sanitaria para los adolescentes. Es decir, se ocupan de obtener distintos tipos de recursos y ofrecer variadas explicaciones sobre como seria la vida en libertad del adolescente para satisfacer las expectativas que la justicia ha generado sobre ellas. En estos escritos se narra que las familias se presentan con certificados de asignacion de vacantes, de turnos, con datos concretos sobre en que dias y horarios el adolescente podria incluirse laboralmente en un determinado espacio, asi como con propuestas de lugares alternativos de residencia, asumiendo los peligros del entorno en el que residia el adolescente al momento del delito. Asimismo, proponen su inclusion en programas sociales que puedan oficiar de espacio de recreacion y referencia. Esta narracion particular sobre los recursos ofrecidos por lo general termina con la valoracion positiva, negativa o dubitativa acerca de la evolucion del adolescente y su familia de quien escribe, y con base en ello puede sugerir, concretamente, la libertad o la continuidad de la medida de encierro.

Ademas, las familias parecen ser la principal--y en ocasiones unica--fuente de recursos de la que se sirven los operadores judiciales (especialmente los defensores) para elaborar estrategias de egreso. De hecho, tal como relatan en la entrevista que realizamos a cuatro defensores del fuero, actuantes en los expedientes relevados, no realizan trabajo de articulacion interinstitucional enfocado en los recursos del territorio orientado a disenar una estrategia de egreso de los adolescentes--por falta de recursos humanos, disponibilidad de tiempo, competencias, o posiciones ideologicas--y por ello exigen expresamente a las familias que sean tambien responsables de realizarlo. De nuevo, las familias son piezas clave: por lo que efectivamente consigan, y por como se pondere su activacion en esta tarea.

Los traslados o la dimension operativa de la desigualdad

Si las interpretaciones morales de los agentes judiciales sobre las familias orientan con fuerza las formas en que se administra el castigo y la justicia, en el analisis de los expedientes sobresalen aspectos de la practica rutinaria de la burocracia que tambien inciden, de manera significativa, en dichas formas. Uno es el relativo a los traslados que habitualmente se requieren para llevar a los adolescentes desde sus lugares de encierro a sedes judiciales para audiencias, evaluaciones o entrevistas con los distintos actores del fuero, asi como para atender cuestiones relativas al acceso a sus derechos, principalmente, de salud.

En 10 de los 26 expedientes estudiados constan traslados no realizados debido a falta de moviles, o paro del personal encargado de hacerlos, o incapacidad del area de traslado de la secretaria de ninez provincial de asumir la demanda. En uno de los expedientes, el responsable del area explicaba el incumplimiento al afirmar que solo se llegaba a cumplir el 40% de la demanda. Ese traslado a la Defensoria, para un comparendo, se realizaria un mes despues. Para la misma epoca, otro joven no pudo asistir a la audiencia en que se dictaria su responsabilidad porque el area de traslado estaba "superada en su capacidad de logistica y personal". Otro joven, Pablo (15), vio reprogramada en cinco oportunidades una audiencia, lo que implico que la revision de su medida se demorara cuatro meses. Luego, este mismo joven sufriria la cancelacion de su traslado a la sede del CTA en tres oportunidades por falta de moviles, dilatando tres meses mas la elaboracion de informes centrales para la evaluacion de su causa. Si la cancelacion del traslado sucede en noviembre o diciembre, los jovenes deben esperan dos o tres meses para que se reprograme, luego del receso judicial estival. Estas comunicaciones relativas a la imposibilidad de realizar los traslados no parecen originar ninguna reaccion ni pedido especial por parte del juzgado mas alla de la reprogramacion del encuentro no realizado. Pareciera formar parte de una normalidad burocratica con la que los actores se enfrentan y lidian; la cuestionan por lo entorpecedora que es para su trabajo cotidiano, pero que no la vinculan como razon de las altas tasas de prisionalizacion ni de la extension infundada de las medidas de privacion de libertad. Para ellos, es mas una anomalia del funcionamiento burocratico del sistema, que una nueva violacion de los derechos de los jovenes (de su derecho a la defensa material y tecnica porque en su mayoria son las audiencias con el juez las que no pueden realizarse, asi como tampoco los informes del CTA que seran centrales en las audiencias de revision de su medida).

Ademas de dificultar el avance de la causa, los traslados no realizados o demorados impactan en el acceso a la salud. Sumado al caracter habitual, trabajoso y con dilaciones para obtener turnos de atencion en dispositivos publicos de salud--que son a los que la totalidad de los adolescentes podia acceder--, dos jovenes perdieron turnos y sesiones de atencion y rehabilitacion en un hospital para tratar heridas graves porque no se presento el servicio de traslado en sucesivas oportunidades. A otro de los jovenes se le suspendieron sus consultas medicas por falta de traslado.

Si antes exponiamos la dimension interpretativa del Estado y sus instituciones, los traslados muestran como su dimension material tambien opera para reproducir practicas que colisionan con los derechos humanos de adolescentes en conflicto con la ley. La inercia burocratica, la falta de adecuacion logistica (al tamano del sistema, a la amplitud de la jurisdiccion en cuestion) y tambien una determinada definicion del problema--relativa a los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley--deja a los jovenes privados de la libertad atrapados en una realidad cotidiana en la que no se tiene en cuenta ni el objetivo de resocializacion del fuero especializado, ni la proporcionalidad de la pena, ni su eventual morigeracion. Estos "imponderables", que a la luz de la saturacion empirica parecen mas lo habitual que un hecho dificil de anticipar, demoran la resolucion de las causas, alargan tiempos de intervencion, ralentizan un sistema que, de por si, es bastante poco agil e impiden la garantia de derechos basicos de los adolescentes. Asi producen, con esos desaciertos, una forma de administracion particular, una suerte de "amansadora" (16).

Las tramas que tejen las causas

En los expedientes es posible identificar como la articulacion de niveles de interaccion de diversa indole (de definiciones de necesidades, de interpretaciones, de negociaciones, y de burocracias) componen un caso.

Sebastian estuvo privado de libertad 9 meses y 15 dias por una causa caratulada como "robo en poblado y en banda" que consistio en el asalto a un camion de zoonosis y el hurto de materiales de construccion de un centro cultural del mismo barrio donde vivia.

El primer informe del CTA afirmaba que la madre de Sebastian, aun siendo consciente de los conflictos que el joven tenia en el barrio, "no hacia nada". Como ademas el joven declaro consumir drogas y no estar escolarizado, la jueza, al evaluar la situacion, ordeno la prision preventiva del joven con el objetivo de escolarizarlo, tratar sus adicciones y "preparar" a la familia para poder cuidarlo; a sus integrantes, en la misma audiencia, se les ordeno asistir a los talleres para padres. En el argumento para aplicar prision preventiva solo se leian motivos sociales (falta de escolaridad, de atencion a la salud, de "buena crianza"), no riesgos de obstruccion de la causa penal.

Durante el encierro, y segun diversos informes que constan en el expediente, la familia se tomo diversas direcciones para contestar la interpretacion judicial sobre el modo de implicarse con Sebastian y, asi, lograr su libertad. Ante el instituto cerrado en donde estaba alojado, su madre propuso incluirlo en un programa de reciclado y explico la conveniencia de una ocupacion diaria como esa, subrayando que seria mas formal que la que tenia al momento del robo: ayudar al padre en el reparto de verduras en el barrio. En paralelo, la familia se involucro en un programa municipal que apoya el egreso de instituciones de encierro, presento ante el juez los certificados de asistencia a los talleres para padres e incluso participo de un proceso de mediacion penal sugerido por el juez.

Mientras la familia recorria distintas instancias estatales y no gubernamentales, el tratamiento psicologico y para las adicciones que padecia Sebastian--que el Estado debia garantizar--se demoro meses. Incluso cuando el juez realizo reiterados pedidos al organismo estatal correspondiente para que la atencion se efectivizara.

Para cuando Sebastian llevaba seis meses de encierro, el CTA realizo un nuevo informe en el que valoro de manera positiva la implicacion de ambos progenitores. La familia que "no hacia nada" parecia haber cumplido las expectativas de los agentes judiciales. Sin embargo, eso tampoco alcanzo. Cuando por fin las evaluaciones fueron positivas, y Sebastian estaba en condiciones de egresar del encierro, la audiencia en la que se le concederia la libertad se postergo en cuatro oportunidades por falta de medios para el traslado a la sede judicial, lo cual demoro cuatro meses la revision de la medida.

La causa que tuvo privado de la libertad a Sebastian por casi diez meses excedio por completo el hecho delictivo en si. Se configuro, principalmente, en una trama perversa alrededor de tres dimensiones: primero, de su trayectoria institucional previa al hecho delictivo (su falta de acceso a escolaridad y de atencion de adicciones); luego, de la forma en que su familia negocio interpretaciones sobre el cuidado y la responsabilidad filial con el sistema judicial; y, finalmente, del propio padecimiento de la inercia burocratica del sistema penal.

Por su parte, la madre de Gabriel, empleada domestica, tambien fue descrita en el primer informe del CTA como una figura adulta que no hacia nada ante la conducta transgresora de su hijo. La causa de Gabriel fue caratulada como "robo agravado con arma de utileria" y si bien, inicialmente, como medida cautelar, se le habia impuesto prision domiciliaria, se le revoco a los pocos dias por violarla y presenciar un robo en su barrio. Luego de eso fue privado de libertad por un ano y seis meses. Segun la interpretacion de los peritos, la madre de Gabriel no podia imponer limites ni sostener normas. Ademas, naturalizaba la violencia, la conflictividad, la transgresion de la ley y el consumo de drogas que existia en el barrio en donde vivian. El informe no hacia referencia a acciones que pudiera encarar algun otro actor por fuera de la familia para intervenir en este contexto. La madre fue enviada a los talleres para padres y Gabriel, a prision. A cada interpretacion de necesidades, un satisfactor de los pocos y predeterminados que componen el repertorio institucional en este ambito.

A partir de alli se evidencia en el expediente la movilizacion de la madre de Gabriel para torcer la interpretacion y cumplir expectativas institucionales por diferentes vias. Por un lado, mediante pedidos del abogado defensor de su hijo, solicito el traslado del joven hacia otra institucion que cumpliera minimas condiciones de higiene y tuviera posibilidades de recreacion. Luego, ante un nuevo encuentro con el CTA, presento certificados de asistencia al taller para padres y una primera opcion para el egreso de Gabriel: habia conseguido una vacante en la escuela y podria participar en talleres de oficio en la parroquia del barrio. Estas acciones parecieron no ser suficientes. En cambio, el informe reconocio una mejoria en la situacion de contencion familiar de Gabriel: el dialogo entre el joven y su padre, con quien no convivia, habia mejorado despues de la detencion.

Mientras las evaluaciones del cta seguian sin ser auspiciosas, para cuando Gabriel llevaba mas de un ano en prision, la madre, orientada por el defensor, gestiono la intervencion en la causa de un programa de egreso. Este dispositivo, administrativo y no judicial, podia ser un camino para mediar entre ella y el sistema penal en la medida en que, ademas de apoyarla para cumplir las expectativas que el sistema tenia sobre ella, podia informar al juez sobre su compromiso y sugerir y avalar la libertad de Gabriel. Se reunio con la coordinacion de este programa y argumento la excepcionalidad del delito ya que nunca nadie de su familia habia cometido ningun crimen. Ademas, enfatizo en que el transito por el sistema penal habia dado frutos: habia implicado una mejoria en la relacion de Gabriel con su padre lo que habia impactado de manera positiva en el joven; por otra parte, su hijo estaba estudiando, tenia deseos de emplearse como chofer de colectivo y ella procuraba incluirlo laboralmente en una cooperativa de reciclado de residuos cercana a su domicilio. No solo ella y el padre de Gabriel estaban implicados: su abuelo materno habia ofrecido ayuda para comprar un vehiculo para que el joven pudiera trabajar de remisero (17).

Aunque la mujer habia desplegado todo este conjunto de posibilidades, el informe del programa que procuraba acompanar el egreso de personas privadas de libertad, no las valido. Evaluo que estas alternativas laborales "no le permitirian desarrollar relaciones y actividades que le brinden herramientas para una trayectoria futura mas estable". Los recursos de la madre no habian sido legitimados y ningun dispositivo le facilitaba otras alternativas "mas estables".

Informes, apenas posteriores, dan cuenta de que la madre, perseverante, habia propuesto otra salida laboral posible: que Gabriel se incorporara a trabajar en un taller mecanico. Ademas, habia conseguido una vacante escolar para el ano siguiente e informaba que ella seguia asistiendo a los talleres para padres. Al final, la negociacion tuvo un saldo

a favor de Gabriel: le fueron concedidas salidas transitorias cuyas reglas cumplio de manera satisfactoria; tres meses mas tarde le otorgaron libertad condicional.

Discusion. Trayectorias institucionales de los jovenes y sus familias

Los expedientes que construyen las causas por las que Sebastian y Gabriel fueron privados de su libertad estan compuestos en mayor medida por las trayectorias institucionales (Litichever, 2017) de ellos y de sus familias, por las negociaciones de estas ultimas con las interpretaciones del sistema penal y por la logistica de la burocracia, que por el delito atribuido y por el establecimiento de la responsabilidad mediante una investigacion sobre el hecho. Estas trayectorias institucionales, conformadas por condiciones interpretativas y operativas, refuerzan la situacion de desigualdad en la que estan insertos los adolescentes que tienen conflicto con la ley, al menos, en Argentina. El sistema penal persigue y judicializa, selectivamente, a varones jovenes de clases populares cuyo acceso a sus derechos esta altamente restringido. Independientemente de lo que la ley especializada suponga, las causas judiciales se componen de interpretaciones que responsabilizan a los jovenes y a sus familias tanto de sus propias condiciones de vulnerabilidad, como de las posibilidades de revertirlas. Buena parte de la oferta institucional es encierro para los adolescentes y cierto espacio de maniobra para que las familias negocien estas interpretaciones sin mas apoyo estatal que el reconocimiento de necesidades subjetivas que pretenden ser satisfechas con un espacio terapeutico mensual (los talleres para padres). Mientras distintos factores pueden haber incidido en que a Sebastian y a Gabriel se les otorgase la libertad (tipo de delito, tiempo y conducta en el encierro, razones procedimentales, etc.), los expedientes mostraron como la activacion de las familias segun las expectativas del sistema resulto clave para que ello sucediera. Sobre la transformacion de las propias practicas institucionales, ya sean las que deberian procurar el acceso a derechos basicos o minimizar contratiempos logisticos, poco se advierte en los expedientes.

Si se considera el peso que tiene en la causa el resultado de la negociacion entre las interpretaciones y los valores morales de los agentes judiciales y de las familias, la ecuacion parece resolverse de modo tal que los adolescentes que llegan al sistema penal con un entramado familiar mas debil seran los que mas sufriran su dureza y, complementariamente, menos derechos tendran garantizados. En esta composicion particular del caso, tejida entre valoraciones, atribuciones, expectativas y negociaciones, el Estado monta su intervencion mediante practicas rutinarias burocraticas que, ademas, le imprimen su propia cuota de ineficiencia y perversion, por ejemplo, para la realizacion de los traslados. Como sutura de todos estos procesos, adviene la decision judicial--otra particular interpretacion- y, finalmente, el destino de los adolescentes.

Al comienzo del articulo, al inscribir la creacion del fuero especializado en su historicidad y la separacion de las causas sociales de las penales, senalabamos que los argumentos de tal transformacion se vinculaban con no criminalizar la pobreza y otorgar garantias procesales a los jovenes para, sobre todo, evitar la discrecionalidad judicial. Asi, el sistema actual en Buenos Aires, basado en el derecho penal de acto, buscaria distanciarse de la intervencion tutelar o vinculada a la regulacion de lo social (18).

Del analisis de los expedientes se desprende que las relaciones de la justicia penal juvenil con otros componentes del sistema de proteccion de derechos, cuando existen, son muy debiles y poco formalizadas. Incluso si se considera la situacion de vulnerabilidad social de los adolescentes y de sus familias, segun las propias caracterizaciones judiciales, practicamente no constan actuaciones de proteccion de derechos de ninez, de asistencia social para las familias o de acciones que mitiguen la violencia que signa las relaciones barriales. A su vez, cuando en los expedientes constan intervenciones de programas sociales que podrian formar parte de estrategias de egreso o la sugerencia de su uso (al apuntar a procesos de reinsercion social, revinculacion escolar o laboral, o apoyos sociales de diversa indole), estos recursos son brindados por las familias y no propuestos por los agentes del sistema judicial que, en general, desconocen su existencia, subestiman o desconfian de su efectividad. En ese punto, pareceria que la justicia penal juvenil no actua como parte del sistema de proteccion del que, en teoria, es parte.

Una de las explicaciones posibles de la falta de articulacion de los sistemas es que este direccionamiento, que procura distinguir las problematicas sociales de aquellas de indole penal, implique una mirada individualizante sobre el delito juvenil y sus protagonistas. Este enfasis en la capacidad y en la responsabilidad del individuo para gestionar sus propios riesgos y la apelacion del Estado a que el individuo se active para hacerlo no son exclusivas del sistema penal sino que impregnan el estilo contemporaneo generalizado de regulacion social (Rose, 1996; Castel, 2004; Haney, 2004). Asi, la interpretacion mas extendida en el ambito judicial sobre el delito juvenil asume que el desistimiento del mismo es fruto de una decision individual o familiar basada en una evaluacion costo-beneficio que tendrian las personas (que los costos del delito son mas altos que sus beneficios) que, racionalmente, deberia llevarlas a elegir la oportunidad que les da el sistema de "rescatarse" o de ser "una familia contenedora". Esta mirada resulta esquiva no solo a las vulnerabilidades socioeconomicas de los jovenes y de sus familias y a los condicionantes sociales materiales del entorno, sino tambien a los simbolicos que operan en intersecciones particulares de clase, edad y genero. Ademas, y fundamentalmente, es ante todo esquiva a la evaluacion sobre las propias practicas y capacidades institucionales y sus consecuencias en las trayectorias de los adolescentes. El sistema administra justicia en funcion de la capacidad que los jovenes, y sobre todo sus familias, tengan para adecuarse a expectativas, negociar las interpretaciones que sobre ellos se hacen y soportar los aspectos mas perversos de la materialidad del sistema como son, por ejemplo, las demoras de los traslados.

En este punto, la dimension generacional del analisis resulta clave y paradojica. Es decir, por un lado, la individuacion de la salida del delito se materializa en responsabilizar a las familias y colocar al Estado solo como un auditor del proceso y no como garante de derechos. Esta posicion emergio del proceso de debates en el que la delimitacion de competencias se consideraba el reaseguro para limitar la arbitrariedad penal. Pero, por otro lado, el encierro de los adolescentes como estrategia de "proteccion" parece aun vincularse con logicas de predominio tutelar que desconfian de la autonomia de los sujetos y ven en la vida cotidiana de las familias pobres indicios de que "no pueden o no quieren cuidar bien". Asi, el debate sobre la necesidad de limitar la discrecionalidad judicial y de reponer garantias, que parecia saldado con la sancion de la nueva normativa provincial, se reflota cada vez y los adolescentes son privados de la libertad para que la familia recapacite y los cuide "bien". Esto sucede aun cuando, para los actores (tanto del poder judicial como del ejecutivo, que despliega politicas territoriales de proteccion de derechos), esta forma de intervencion resulte insatisfactoria.

Asi las cosas, los jovenes se encuentran atrapados en la contradiccion de un sistema que, por un lado, dice juzgarlos por el delito cometido (derecho penal de acto) y les exige un comportamiento orientado hacia la busqueda de autonomia y responsabilizacion (sin facilitarles herramientas para que lo hagan); pero, por otro lado, decide su destino en funcion de como sus familias logren negociar el dictamen moral que se hace sobre su comportamiento. En el medio de esta forma de administracion judicial, propia del gobierno por contradiccion (Haney, 2010), que funciona encabalgada en un enjambre de interpretaciones disimiles sobre la especialidad, los derechos, el sentido de la pena y el encierro, los adolescentes padecen, ademas, los efectos perversos de la dimension operativa de la burocracia. Los impactos tan concretos de las demoras y cancelaciones relativas a los traslados tornan abstracta cualquier referencia a garantias procesales o consideraciones especificas que, en funcion de la edad, existen sobre la incidencia negativa que el tiempo de encierro supone para un adolescente.

Conclusiones

En este articulo exploramos como algunas condiciones del propio sistema penal juvenil contribuyen a reproducir practicas que generan altos niveles de encarcelamiento como forma de regular a jovenes varones que viven en condiciones de pobreza aun cuando, normativamente, procura utilizar la privacion de libertad como medida excepcional y por el menor tiempo posible. Mientras, a primera vista, algunos agentes judiciales preocupados, por la alta prisionalizacion, solo observan escasez de recursos en las familias y en la comunidad para mantener a los jovenes alejados del delito; entonces es comun escuchar que "afuera no hay nada". Un analisis minucioso sobre como se configuran las causas en los expedientes judiciales--considerados un artefacto particular para construir realidades- permite iluminar otras cuestiones. Procuramos mostrar como las interpretaciones de los agentes judiciales sobre el delito juvenil y sus causas, la arquitectura de necesidades que sobre ellas se monta y el espacio de maniobra generado para negociar estas interpretaciones con los sujetos de la regulacion--en especial las familias--, son coronadas por inercias de las practicas burocraticas y dan forma a intervenciones judiciales que terminan por validar la privacion de libertad como el recurso preferido, aunque imperfecto e indeseado, ante la "nada" del afuera.

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Between Bureaucratic Inertias and Evaluations of Families: Adolescents Deprived of Their Liberty in Buenos Aires, Argentina

Entre inercias burocraticas e avaliacoes sobre as familias: adolescentes privados de liberdade em Buenos Aires, Argentina

Marina Medan *

Carla Villalta **

Valeria Llobet ***

Fecha de recepcion: 30 de noviembre de 2017. Fecha de aprobacion: 23 de mayo de 2018

DOI: http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.6309

* Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas, conicet (Argentina) e investigadora en el Programa de Estudios Sociales en Infancia y Juventud del Centro de Estudios Desigualdad, Sujetos e Instituciones (cedesi) de la Universidad Nacional de San Martin (unsam).

** Doctora en Antropologia y Licenciada en Ciencias Antropologicas por la Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Buenos Aires. Investigadora del conicet (Argentina) y co-coordinadora del Equipo de Antropologia Politica y Juridica del Instituto de Ciencias Antropologicas, Facultad de Filosofia y Letras, uba. Docente regular de la carrera de Ciencias Antropologicas (ff y l/uba).

*** Doctora en Psicologia por la Universidad de Buenos Aires. Se desempena como investigadora del conicet en unsam, donde dirige proyectos de investigacion y es docente de grado y posgrado. Codirige el CEDEsi.

(1) Desde hace mas de una decada se discute en Argentina la necesidad de sancionar una ley de responsabilidad penal juvenil acorde a lineamientos de derechos humanos. En todos estos anos han existido numerosos proyectos pero no se han alcanzado los consensos necesarios para sancionar una nueva norma (cfr. Guemureman, 2015). Sin embargo, a partir de la asuncion de Mauricio Macri como presidente, en 2015, estos debates se han radicalizado como parte de una concepcion politica que privilegia el discurso de la seguridad sobre el de los derechos humanos y, oficialmente, se propone bajar la edad de imputabilidad/punibilidad (actualmente en dieciseis anos).

(2) El 95,81% de la poblacion privada de libertad en Argentina, en 2015, era masculina (Sistema Nacional de Estadisticas sobre Ejecucion de la Pena, www.jus.gob.ar).

(3) Otros trabajos han mostrado como la construccion social del riesgo en programas de prevencion del delito juvenil es diferencial segun genero (Medan, 2011). Dado que en nuestra muestra no existian causas seguidas a mujeres, no podemos determinar si las reglas de conducta que se les imponen a los varones difieren de las que se aplican sobre ellas. Sin embargo, la prohibicion de salidas nocturnas, de consumo de alcohol y sustancias, de relacionarse con ciertos grupos de pares, de entrar en contacto con la victima, asi como la peticion a los progenitores de los jovenes de velar por el cumplimiento de estas reglas, parecen todas exigencias propias de una interpretacion sobre las causas del delito masculino que lo asocia a la exposicion al riesgo en el espacio publico y a conflictos y violencia en relaciones interpersonales.

(4) La extension de este trabajo no permite desplegar el hecho de que este diagnostico encarado desde un organo de participacion local fue la plataforma desde la que cierto activismo judicial pudo relocalizar intereses y las demandas que, en el propio contexto judicial, no gozaban de una posicion dominante. La investigacion supuso un informe final que fue discutido con miembros del Consejo Local y con actores involucrados en el tema.

(5) Ademas se realizaron seis entrevistas en profundidad a agentes judiciales.

(6) En el momento del relevamiento eran 300 las causas con adolescentes privados de la libertad procedentes de todas las localidades bajo incumbencia del Departamento Judicial, repartidas equitativamente entre cada uno de los tres juzgados. Asi, el juzgado en el que hicimos el relevamiento tenia bajo su orbita 100, de las cuales las 26 relevadas correspondian a la localidad que teniamos en estudio.

(7) Cada Departamento Judicial tiene incumbencia sobre varias localidades (en este caso cinco) y el relevamiento se cino a adolescentes con residencia en aquella desde la que habia sido motorizada la investigacion.

(8) La eleccion del juzgado se rigio por criterio de factibilidad para acceder a los expedientes. Las causas se asignan pareja y aleatoriamente a los juzgados existentes en el Departamento Judicial, por lo que no existe sesgo en el tipo de causas relevadas. No obstante, una vez que estan bajo determinado juzgado, las intervenciones realizadas pueden tener la impronta del juzgado particular que las gestione.

(9) Es significativo el margen de discrecionalidad de la Fiscalia que, al aplicar el principio de oportunidad procesal, puede o no continuar la acusacion. Tambien aparece como muy relevante en esa decision la informacion provista por la Policia que es, ademas, el primer eslabon en la seleccion de la criminalidad (Sain, 2015) y una figura central en la experiencia cotidiana de jovenes --en especial de los varones--sobre los que despliega practicas violentas y de hostigamiento (Cels, 2016).

(10) Estas medidas son supervisadas por programas de acompanamiento en territorio dependientes del area de ninez provincial.

(11) Esto es, los adolescentes no habian sido investigados por ningun o solo por un unico delito cometido previamente al delito por el cual tuvieron una pena privativa de libertad.

(12) Del conjunto de los expedientes fue posible componer un panorama bastante homogeneo de los contextos sociales y familiares en donde vivian los adolescentes implicados. Su vida cotidiana y la de sus familias estaba caracterizada por el escaso, deficitario--y a veces hasta suspendido--acceso a derechos laborales, educativos, sanitarios, habitacionales, todo lo que redundaba en trayectorias institucionales infructuosas y en relaciones interpersonales donde el uso de la violencia o la muerte temprana eran moneda habitual.

(13) Vale aclarar que en los expedientes no consta ninguna intervencion estatal tendiente a incidir sobre estos contextos sitiados por la violencia.

(14) Ellos, por su parte, han retomado y rediscutido una tradicion de larga data, amplia y diversa, de estudios sociales y criminologicos sobre la delincuencia juvenil, en especial desarrollada en Estados Unidos y posteriormente en Europa, con diversas teorias mas vinculadas al positivismo o al interaccionismo simbolico, entre otras.

(15) Todos los nombres son ficticios para proteger la identidad de los jovenes.

(16) Es decir, encontramos que este proceso tiene cierta familiaridad con aquellos de docilizacion de los cuerpos que describio Foucault (1988). Estos "imponderables" contribuyen, a traves de su repeticion, a transformar a los adolescentes en "cuerpos dociles", mansos, que saben esperar, y a no lidiar, no solo con el aburrimiento que les provoca la privacion de libertad, sino tambien con la incertidumbre.

(17) La ocupacion de "remisero" (conductor de un servicio de taxi alternativo que en muchas ocasiones no se encuentra fiscalizado ni regulado) constituye una salida laboral para los jovenes de escasos recursos ya que no requiere una alta calificacion laboral. Solo es requisito poseer el capital necesario para disponer de un automovil.

(18) Esta centralidad del derecho penal conlleva a una mayor punitividad. Asi, al seguir un analisis analogo del caso brasileno, el sistema se perfecciona y por ello se vuelve mas "eficiente" en la persecucion penal (Fonseca & Cardarello, 2005).
Tabla 1. Detalle de la muestra y caratula de las causas

Expedientes y jovenes

Cantidad de expedientes                             26
Cantidad de jovenes involucrados                    28

Tipo de delito                            Consumado     Tentativa

Homicidio                                     3             2
Robo simple                                   2             0
Robo con arma apta (fuego y blanca)           9             0
Robo con arma no apta (o de utileria)         2             2
Robo en banda                                 2             1
Secuestro                                     1             0
Lesiones                                      2             0
Total                                        21             5

Fuente: Elaboracion propia.
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Title Annotation:Articulos de investigacion
Author:Medan, Marina; Villalta, Carla; Llobet, Valeria
Publication:Revista Estudios Socio-Juridicos
Date:Jan 1, 2019
Words:13090
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