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El tribunal Europeo de derechos humanos ante la ilegalizacion de partidos politicos y la anulacion de candidaturas en Espana.

SUMARIO:

I. INTRODUCCION. 1. La Ley Organica de Partidos Politicos como origen de las controversias. 2. Los fundamentos juridicos invocados por las partes. II. LA LIBERTAD DE CREACION Y DE ACTIVIDAD DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y SUS EXCEPCIONES. III. El EXAMEN DE LAS CONDICIONES SUSCEPTIBLES DE JUSTIFICAR LA INJERENCIA A LA LIBERTAD DE CREACION Y DE ACTIVIDAD DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 1. Sobre la accesibilidad y previsibilidad de la Ley Organica de Partidos Politicos. 2. Sobre la irretroactividad de la Ley Organica de Partidos Politicos. 3. Sobre la existencia de un fin legitimo. 4. Sobre la necesidad de las medidas en una sociedad democratica y su proporcionalidad. A) La existencia de una necesidad social imperiosa. B) Su proporcionalidad con respecto al fin legitimo perseguido. IV. EL DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO Y A LAS ELECCIONES LIBRES. 1. El derecho aun recurso efectivo. 2. El derecho alas elecciones fibres. V. CONSIDERACIONES FINALES.

I. INTRODUCCION

1. La Ley Organica de Partidos Politicos como origen de las controversias

Los siete jueces que componen la Seccion Quinta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH o Tribunal de Estrasburgo) han dictaminado por unanimidad (1), que la ilegalizacion de los partidos politicos y la anulacion de las candidaturas presentadas por agrupaciones de electores del Pais Vasco y Navarra decretadas en 2003 y 2004 por la Sala Especial del Tribunal Supremo (en adelante, TS) (2) al amparo del procedimiento previsto por la Ley Organica de Partidos Politicos (en adelante, LOPP) (3), se ajustan a la normativa sobre proteccion de los derechos humanos del Consejo de Europa y que por lo tanto no existe motivo para declarar a Espana intemacionalmente responsable por tales decisiones.

Los antecedentes de los que traen su causa esas tres sentencias exculpatorias, se remontan a la aprobacion y posterior aplicacion a los demandantes de la citada LOPP; una norma adoptada por nuestro legislador con el principal aunque no exclusivo objetivo de dejar fuera de las instituciones publicas a los partidos politicos y agrupaciones de electores que hasta su entrada en vigor respaldaban abiertamente, desde la tribuna politica, la accion criminal del grupo terrorista ETA (4).

La LOPR. cuya constitucionalidad fue refrendada por el pleno del Tribunal Constitucional (en adelante, TC) el 12 marzo de 20035, contempla en sus articulos 10 a 12 un procedimiento judicial de ilegalizacion dirigido a aquellos partidos que presten su apoyo politico a la violencia o el terrorismo (6); procedimiento al que se refiere tambien la LOREG, cuyo articulo 49.5 establece la posibilidad de interponer recurso contencioso-electoral contra la proclamacion de candidaturas y candidatos que, aun no constituyendose como partidos politicos, deseen concurrir a unas elecciones incurriendo en el supuesto contemplado en el articulo 44.4 de esa misma ley (7), en el que se establece que:

"No podran presentar candidaturas las agrupaciones de electores que, de hecho, vengan a continuar o suceder la actividad de un partido politico declarado judicialmente ilegal y disuelto, o suspendido. A estos efectos, se tendra en cuenta la similitud sustancial de sus estructuras, organizacion y funcionamiento de las personas que los componen, rigen, representan o administran las candidaturas, de la procedencia de los medios de financiacion o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposicion a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesion".

En los asuntos que nos ocupan, los mencionados procedimientos fueron promovidos por el Gobierno espanol y la Fiscalia General del Estado (8). Ambos consideraron que las actividades de estos partidos y agrupaciones vulneraban varios de los principios y valores reconocidos y protegidos tanto por la Constitucion (9), como por la LOPP, motivos por los que decidieron solicitar a la Sala Especial del TS10 que decretara la ilegalizacion y posterior disolucion de Herri Batasuna (en adelante, HB) y Batasuna (11) y la anulacion de las candidaturas del resto de afectados (12); peticion esta que fue atendida por dicho organo y a la postre confirmada por el TC por la via de amparo (13).

2. Los fundamentos juridicos invocados por las partes

Los demandantes alegaron ante el TEDH que las autoridades espanolas al aplicar los procedimientos previstos en la LOPP y la LOREG, infringieron las libertades y derechos reconocidos en los arts. 10 (libertad de expresion), 11 (libertad de reunion y asociacion) y 13 (derecho a un recurso efectivo) del CEDH (14) y en el art. 3 (derecho a elecciones libres) de su Protocolo adicional no. 1 (15).

Por su parte, el Abogado del Estado insistio en que las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales espanolas, consistentes en ilegalizar esos partidos politicos y anular las candidaturas presentadas por las mencionadas agrupaciones de electores, constituia una necesidad social imperiosa adoptada con todas la garantias con el fin de preservar la democracia en la sociedad espanola y proteger los derechos humanos y el pluralismo politico; una injerencia que, desde la perspectiva del CEDH, estaba justificada en el art. 11.2 del Convenio.

II. LA LIBERTAD DE CREACION Y DE ACTIVIDAD DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN EL CEDH Y SUS EXCEPCIONES

A pesar de que en el CEDH no existe una proclamacion expresa de la libertad de creacion y de actividad de los partidos politicos, ello no ha supuesto un obstaculo para que el TEDH, a traves de su jurisprudencia, la haya coherentemente reconocido y protegido integrandola dentro del art. 11.1 del CEDH, donde se establece que:

"Toda persona tiene derecho a la libertad de reunion pacifica y a la libertad de asociacion, incluido el derecho de fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses".

El reconocimiento y proteccion de esta libertad resulta, para el TEDH, imperiosamente necesaria para garantizar el buen funcionamiento de todo regimen democratico, tal y como ha procurado recalcar en la extensa lista de precedentes jurisprudenciales en los que ha tenido la ocasion de pronunciarse sobre esta cuestion.

En este mismo sentido, el Tribunal tradicionalmente ha apelado a la estrecha relacion existente entre el art. 11 del Convenio y el art. 10 (libertad de expresion). En opinion del Tribunal--como asi se encarga de acentuar en estos mismos asuntos (16)--el art. 11 es una disposicion que debe ser interpretada a la luz del art. 10, pues la proteccion de las opiniones y la libertad para expresarlas publicamente, a traves del dialogo y sin que medie ningun tipo de intimidacion o violencia, es un objetivo que se encuentra indisolublemente unido a la libertad de asamblea y asociacion, y por extension, tambien, a la libertad de creacion y de actividad de los partidos politicos (17). El Tribunal, fiel una vez mas a su jurisprudencia, reconoce que es imposible concebir una democracia sin pluralismo y que son los partidos politicos los que precisamente dan cumplida fe de esa pluralidad que caracteriza a todo regimen democratico de libertades (18).

Ahora bien, no obstante lo anterior, hay que advertir que junto a esa cara amable de la moneda que aparece reflejada en el parrafo citado, el art. 11 del CEDH tambien encierra, en su parrafo 2, una faz menos atractiva que establece:

"El ejercicio de estos derechos no podra ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la Ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democratica, para la seguridad nacional, la seguridad publica, la defensa del orden y la prevencion del delito, la proteccion de la salud o de la moral, o la proteccion de los derechos y libertades ajenos. El presente articulo no prohibe que se impongan restricciones legitimas al ejercicio de estos derechos para los miembros de las fuerzas armadas, de la policia o de la Administracion del Estado".

Se trata, como puede apreciarse, de un claro ejemplo de la bien conocida clausula de excepcion o salvaguardia a la que las autoridades de los Estados partes en el Convenio pueden recurrir para limitar el ejercicio de determinadas libertades (19) siempre y cuando cumplan estrictamente las condiciones o requisitos en ellas exigidos (20), que en los casos que nos ocupan serian:

a) que los procedimientos y causas que condujeron a la ilegalizacion de los partidos politicos y a la anulacion de las candidaturas mencionadas estuvieran prescritas por la ley (principio de legalidad en la actuacion);

b) que la ilegalizacion o anulacion decretada comporte el logro de cualquiera de los fines legitimos mencionados por dicha disposicion (principio de legitimidad del fin perseguido);

y c) que esas medidas sean necesarias para salvaguardar la democracia, esto es, que respondan a una "necesidad social imperiosa" (21) y, en particular, que sean proporcionadas al fin legitimo perseguido (22).

De cualquier modo, debe tenerse en cuenta que en todos estos casos recaera siempre sobre el Estado que invoca la justificacion la carga de la prueba en cuanto al cumplimiento de estas condiciones, no pudiendo ser aplicadas de oficio por el Tribunal de Estrasburgo.

Como seguidamente comprobaremos, las cuestiones de fondo de mayor calado juridico que se han suscitado en el marco de estos asuntos (23), giran esencialmente en torno a esta excepcion y a la interpretacion y examen que de la misma realizo el TEDH a la vista de las pruebas y argumentos esgrimidos por las partes.

III. EL EXAMEN DE LAS CONDICIONES SUSCEPTIBLES DE JUSTIFICAR LA INJERENCIA A LA LIBERTAD DE CREACION Y DE ACTIVIDAD DE LOS PARTIDOS POLITICOS

1. Sobre la accesibilidad y previsibilidad de la Ley Organica de Partidos Politicos

En primer termino, los demandantes consideraron que la injerencia en el ejercicio de su derecho a la libertad de asociacion y expresion no estaba justificada a la vista del caracter inaccesible e imprevisible de las disposiciones de la LOPP (y la LOREG) en las que las autoridades judiciales espanolas se basaron para decretar su ilegalizacion y la anulacion de sus candidaturas.

El Tribunal, a este respecto, senalo que la expresion "previstas por la Ley", que figura en los arts. 8 a 11 del CEDH, no solo exige que las medidas objeto de litigio formen parte del ordenamiento interno, sino que deben ademas figurar en una ley que sea lo suficientemente accesible y previsible, esto es, han de estar enunciadas con tal precision que permitan al individuo--rodeandose si es preciso del asesoramiento necesario--adecuar su conducta a las mismas.

En el caso de Herri Batasuna y Batasuna, el TEDH constata que la LOPP entro en vigor el 29 de junio de 2002, mientras que la disolucion de los partidos demandantes no tuvo lugar hasta el 23 de marzo de 2003, por lo tanto, era una disposicion previsible. Por otro lado, el Tribunal senala que la LOPP regula de manera suficientemente clara y precisa la organizacion y funcionamiento de los partidos politicos, asi como los comportamientos susceptibles de provocar su disolucion o suspension judicial, por lo que, en lo que respecta a esta otra caracteristica, el Tribunal considera que la LOPP es tambien una norma accesible (24).

A esta misma conclusion llego el TEDH en los casos relativos a la anulacion de las candidaturas de Etxeberria, Barrena Arza, Nafarroako Autodeterminazio Bilgunea y Aiarako y otros, y de Herritarren Zerrenda con respecto a la alegada vulneracion del art. 10 del CEDH y del art. 3 de Protocolo adicional no. 1 (25). En ambas sentencias, el TEDH considera que las medidas adoptadas por las autoridades judiciales espanolas al amparo de lo establecido en la LOREG y en la LOPP, no excedieron el margen de apreciacion legitimo y por lo tanto estuvieron debidamente justificadas, pues ambas leyes cumplian los requisitos de accesibilidad y previsibilidad requeridos (26).

2. Sobre la irretroactividad de la Ley Organica de Partidos Politicos

Otro de los argumentos con el que los demandantes trataron de desmontar la justificacion de la injerencia en el ejercicio de sus libertades de asociacion y expresion se fundo en la aplicacion retroactiva de la ley. En su opinion, los hechos tenidos en cuenta por el TS para decretar su disolucion tuvieron lugar antes de que la LOPP entrara en vigor, siendo, por lo tanto, esa decision, contraria a lo establecido en el art. 7.1 del CEDH en el que se recoge el principio de nulla pena sine lege:

"Nadie podra ser condenado por una accion o una omision que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infraccion segun el derecho nacional o internacional. Igualmente no podra ser impuesta una pena mas grave que la aplicable en el momento en que la infraccion haya sido cometida".

En lo concerniente a este argumento, el TEDH se mostro escueto a la par que categorico. En primer lugar, advirtio que aunque la totalidad de actos tomados en consideracion por el TS espanol para decretar la disolucion de los partidos demandantes fueron perpetrados tras la entrada en vigor de la LOPP exclusivamente por Batasuna, no debia olvidarse el hecho de que el TS estimo probado que existia una coincidencia esencial entre los tres partidos encausados (HB, Batasuna y EH), asi como entre estos y la organizacion terrorista ETA; tres formaciones substancialmente de la misma ideologia y, ademas, estrechamente controladas por dicha organizacion terrorista que se esconde tras esta apariencia de diversidad de personas morales creadas en diversos momentos, en virtud de una "sucesion operativa" previamente concebida por esta (27). En segundo lugar, recordo que el art. 7.1 del CEDH, en efecto, garantiza el principio de no retroactividad de la ley, pero solo en los procedimientos penales, no siendo este--en palabras del TEDH--el caso, precisando, por lo demas, que en el marco de otros procedimientos el Convenio no excluye la posibilidad de basarse en hechos anteriores a la adopcion de la ley (28). Unas valoraciones estas que el TEDH tambien aplico a los asuntos Etxeberria, Barrena Arza, Nafarroako Autodeterminazio Bilgunea y Aiarako y otros, y Herritarren Zerrenda (29).

3. Sobre la existencia de un fin legitimo

Sobre la existencia o no de un fin legitimo en el que justificar la injerencia, los demandantes sostuvieron que el fin perseguido mediante la disolucion y anulacion de candidaturas no era legitimo, en la medida en que las autoridades espanolas tan solo buscaban eliminar del panorama politico espanol la corriente independentista vasca y por ende, acabar con el pluralismo politico. El gobierno, en cambio, justifico la disolucion alegando que ese era el unico medio posible de evitar que estos partidos y agrupaciones siguieran atentando contra el sistema democratico y las libertades fundamentales de los ciudadanos espanoles, alentando la violencia y las actividades del grupo terrorista ETA. Para las autoridades espanolas, las actividades que llevaban a cabo los demandantes constituian una grave amenaza para los derechos humanos, la democracia y el mencionado pluralismo politico.

Con referencia a esta cuestion, el TEDH considero que no habia quedado demostrado que la disolucion se hubiera producido por otras razones que las expuestas por el gobierno espanol y las autoridades judiciales espanolas. El Tribunal rechazo el argumento de los demandantes relativo a la intencion del gobierno de eliminar todo debate relativo a la causa independentista vasca de la tribuna politica. En opinion del Tribunal, constituye un hecho irrefutable el dato de que muchos partidos politicos, denominados "separatistas", coexistan pacificamente en otras comunidades autonomas espanolas y vengan ejerciendo normalmente su actividad dentro del marco democratico sin necesidad de recurrir o justificar ningun tipo de violencia terrorista (30). Para el TEDH, las disoluciones perseguian varios de los fines legitimos enumerados por el art. 11.2 del CEDH, sobre todo, el mantenimiento de la seguridad publica, la defensa del orden y la proteccion de los derechos y libertades ajenos (31).

4. Sobre la necesidad de las medidas en una sociedad democratica y su proporcionalidad

Los demandantes senalaron que la LOPP no solo ignora sino que ademas contradice la jurisprudencia del TEDH que exige que las injerencias de los poderes publicos en el ejercicio del derecho de asociacion, se adapten a la gravedad de los comportamientos contra los que se dirigen y que la disolucion sea una solucion exclusivamente reservada para aquellas situaciones en las que la actividad del partido politico ponga en grave peligro la continuidad misma del sistema democratico (32). En opinion de los demandantes, el hecho de constituir la ilegalizacion el unico tipo de injerencia previsto en la LOPE, vulnera de por si el mencionado principio de proporcionalidad. Por su parte, el gobierno espanol apunto que, conforme al art. 9.2 de la LOPP, la ilegalizacion es una medida que queda particularmente resenfada para aquellos casos en los que las actividades de los partidos politicos alli tipificadas sean realizadas de forma reiterada y grave (33).

Llegados a este punto, el TEDH opto por apelar a una serie de principios generales que considera deben regir en estos casos y procedio, sobre la base de esos mismos principios (34), a pronunciarse sobre si, en primer lugar, la medidas adoptadas por las autoridades espanolas eran necesarias en el marco de una sociedad democratica, esto es, si respondieron a una necesidad social imperiosa; y sobre si, en segundo lugar, esas mismas medidas podian ser consideradas proporcionadas al fin legitimo perseguido.

Antes de examinar las consideraciones expuestas por el Tribunal con respecto a esas dos cuestiones, es necesario resaltar dos aspectos o matizaciones contenidas en ese apartado relativo a los principios generales.

En primer termino, resulta sumamente esclarecedora la afirmacion que efectua el Tribunal en relacion con aquellos partidos politicos que hacen campana a favor de un cambio en la legislacion o de las estructuras legales o constitucionales del Estado. En esos casos, senala el TEDH, existen una serie de condiciones que dichos partidos politicos deben cumplir si quieren acogerse a la proteccion brindada por el CEDH: la primera es que los medios que utilicen para ello sean, a todos los efectos y bajo todos los puntos de vista, legales y democraticos; la segunda, que el cambio que proponen sea compatible con los principios democraticos fundamentales. Los partidos politicos cuyos responsables inciten a recurrir a la violencia, defiendan un proyecto que no respete las reglas elementales de la democracia o que abogue por la destruccion de esta asi como la de los derechos y libertades por ella amparados (35), no pueden invocar la proteccion del CEDH para evitar su disolucion (36).

En segundo termino, destaca la corroboracion por parte del TEDH de la linea jurisprudencial que decidio inaugurar con ocasion del asunto del Partido de la Prosperidad turco (Refah Partisi). En efecto, el Tribunal recuerda la existencia de una funcion o poder de intervencion preventivo del que el Estado puede hacer uso cuando considere que, sobre los derechos y libertades reconocidos en el CEDH, se cierne un riesgo o peligro demostrado e inminente (37). Ese poder de intervencion preventivo, en palabras del Tribunal, es una obligacion positiva que forma parte del deber general que tienen todos los Estados partes en el Convenio de garantizar, en el marco de su jurisdiccion, los derechos y libertades en el definidos (art. 1 CEDH) (38).

A) La existencia de una necesidad social imperiosa

Para el Tribunal, la existencia en estos casos de una necesidad social imperiosa esta fuera de toda duda. Las pruebas aportadas por el gobierno espanol dan cumplida fe de que las decisiones de ilegalizacion decretadas por las autoridades judiciales nacionales, no se basaron exclusivamente en la ausencia de condena por los demandantes de los atentados cometidos por la organizacion terrorista ETA39, sino que acontecieron un buen numero de comportamientos mas que permitieron concluir que los partidos y agrupaciones demandantes eran instrumentos de la estrategia terrorista de ETA y que por lo tanto debian ser disueltos. De una parte, aquellos que favorecieron el clima de confrontacion social entre los integrantes y partidarios de estas corrientes y el resto de formaciones politicas, en particular del Pais Vasco y Navarra; y de otra parte, aquellos que constituyeron una actividad de apoyo implicito al terrorismo de ETA (40). Ambos tipos de comportamiento, incitadores de conflictos sociales capaces de perturbar el orden publico, la paz social, la buena marcha de la democracia y el orden constitucional, justifican suficientemente las decisiones adoptadas por los tribunales espanoles y dan cumplida fe de que estas respondieron a una necesidad social imperiosa para la defensa de una sociedad democratica (41).

B) Su proporcionalidad con respecto al fin legitimo perseguido

Una vez confirmada la existencia de una necesidad social imperiosa, resta por determinar si las medidas adoptadas por las autoridades espanolas fueron proporcionadas al fin legitimo perseguido. A este respecto, el TEDH afirma que tras constatar que esas injerencias respondieron a una necesidad de la naturaleza senalada debe necesariamente dictaminar que la sancion inflingida a los demandantes fue proporcional al fin legitimo perseguido en el sentido del art. 11.2 del CEDH (42), ya que las actividades llevadas a cabo por estos contradijeron abiertamente su concepcion de sociedad democratica, ademas de comportar un grave peligro para la democracia espanola.

En resumen, y a la luz del analisis efectuado, el TEDH, por unanimidad y en todos los casos, dictamino que las autoridades espanolas no vulneraron las libertades reconocidas en los arts. 10 y 11 del CEDH (43).

IV. EL DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO Y A LAS ELECCIONES LIBRES

1. El derecho a un recurso efectivo

En los asuntos Etxeberria, Barrena Arza, Nafarroako Autodeterminazio Bilgunea y Aiarako y otros, y Herritarren Zerrenda, los demandantes adujeron que el procedimiento contencioso-electoral que habia conducido a la exclusion de sus candidaturas (tal cual habia sido modificado por la LOPP), vulneraba su derecho a un recurso efectivo de conformidad con lo previsto en el art. 13 del CEDH, donde se dispone:

"Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados, tiene derecho a la concesion de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violacion haya sido cometida por personas que actuen en el ejercicio de sus funciones oficiales".

Los demandantes consideraban que dada la importancia y naturaleza de los derechos objeto de la injerencia, el plazo de dos dias establecido por el art. 49 de la LOREG para la interposicion de los recursos ante el TS y el TC los convertia en no efectivos en el sentido del art. 13 del CEDH (44).

Sobre esta cuestion, el TEDH antes de pronunciarse opto por acudir al derecho comparado europeo, constatando, a la luz de los estandares recomendados por la Comision de Venecia en su Codigo de buena conducta electoral (45), la ausencia de unanimidad en cuanto a los plazos establecidos para estos casos en las legislaciones de los Estados miembros del Consejo de Europa.

Mientras que Estados como Albania, Alemania, Armenia o Letonia cuentan con plazos que se ajustan a las recomendaciones de la Comision de Venecia; otros Estados como Francia, Portugal, Italia o Bosnia-Herzegovina, han previsto unos plazos de recurso similares a los de Espana. Ademas, el Tribunal senala que el caso de Espana junto con el de Portugal, constituyen una excepcion singular, en la medida que ambos ordenamientos permiten en ultima instancia recurrir en amparo ante el TC. En consecuencia, el TEDH dictaminoa que los plazos de recurso fijados por la legislacion espanola no constituyen un caso aislado ni una solucion manifiestamente injusta y que por lo tanto en ningun caso cabe hablar de vulneracion del art. 13 del CEDH (46).

2. El derecho a las elecciones libres

Otro de los derechos cuya vulneracion fue denunciada en el marco de los asuntos Etxeberria, Barrena Arza, Nafarroako Autodeterminazio Bilgunea y Aiarako y otros, y Herritarren Zerrenda, es el derecho a las elecciones libres tipificado en el art. 3 del Protocolo adicional no. 1 al CEDH, donde se establece:

"Las Altas Partes Contratantes se comprometen a organizar, a intervalos razonables, elecciones libres con escrutinio secreto, en condiciones que garanticen la libre expresion de la opinion del pueblo en la eleccion del cuerpo legislativo".

En lo que se refiere a esta cuestion, el TEDH distingue entre las candidaturas a las que se les impidio concurrir exclusivamente a los comicios legislativos autonomicos y europeos, de aquellas otras que fueron excluidas de las elecciones municipales. Con respecto a las primeras, el Tribunal remite a su jurisprudencia para subrayar que el derecho a las elecciones libres no es absoluto, sino que esta sujeto a ciertas "limitaciones implicitas" (47) sujetas al cumplimiento de varias condicionantes, como que la restriccion del derecho este prevista por ley; se ajuste a un fin legitimo; no sea arbitraria (48) o desproporcionada; que en ningun caso atente contra la libre expresion de la opinion del pueblo; amen de otras circunstancias que tambien deben tomarse en consideracion, como la evolucion politica del Estado en cuyo contexto se han aplicado dichas medidas (49). Teniendo en cuenta todos estos factores y a la vista de las circunstancias expuestas en los asuntos en litigio, el TEDH finalmente dictamino que las injerencias de las autoridades espanolas cumplian esas condicionantes y que por lo tanto no se produjo la vulneracion del art. 3 del Protocolo adicional no. 1 al CEDH (50). Con respecto a las candidaturas del segundo tipo--esto es, las municipales--, el Tribunal no vacilo a la hora de confirmar la inaplicabilidad de esta disposicion (51).

V. CONSIDERACIONES FINALES

Resulta obvio que los acontecimientos acaecidos en Nueva York (11-S), Madrid (11-M) y Londres (1-S) supusieron un punto de inflexion en la lucha abierta contra el terrorismo. Si algo demostro el cambio de circunstancias sobrevenido tras dichos atentados no fue solo la naturaleza global de este fenomeno sino lo difuminadas que eran las fronteras entre el terrorismo interno y el terrorismo internacional; dos metodos de accion subversivos, que aunque distintos en cuanto a su origen, intensidad y alcance, deben juridicamente ser valorados y tratados por igual, dada ademas la existencia de vasos comunicantes entre ambos (52).

En efecto, a raiz de los atentados de 2001, 2004 y 2005, la Sociedad Internacional ha ido tomando conciencia de que la lucha contra el terrorismo, al margen de cual sea su alcance e intensidad, no es una tarea que exclusivamente puedan y deban asumir los sujetos que directamente lo padecen. Este presupuesto va necesariamente unido tambien a la idea de que para que dicha lucha sea plenamente eficaz esta tiene que ir mas alla de la mera represion militar o policial. Asi es, la estrategia contra el terrorismo ha de plantearse en todos sus niveles y manifestaciones; no puede circunscribirse, ni mucho menos ganarse, en las montanas de Afganistan o ante los tribunales. Una accion eficaz contra el terrorismo requiere, ademas de una labor represiva, una tarea preventiva encaminada a evitar que las ideas de estos grupos recalen en el tejido social y sobre todo terminen instalandose en las estructuras politicas de poder. Y es en ese punto donde las legislaciones estatales, con el eventual refuerzo de los textos convencionales y el control institucional de las Organizaciones Internacionales, desempenan una tarea clave (53).

En este sentido, dejar que sean los Estados quienes monopolicen ese cometido al margen de los mecanismos de vigilancia y control internacional creados y dispuestos a tal efecto, es harto contraproducente y puede propiciar abusos y situaciones indeseables como bien lo demuestra la practica internacional y europea mas reciente (54).

Por otro lado, debe tambien evitarse a toda costa, sin incurrir en excesos o sectarismos injustificados que puedan obedecer a otros objetivos, el error de facilitar que las actividades de estos movimientos terroristas puedan, en cierto modo, encontrar algun tipo de respaldo o acomodo en las disposiciones previstas para la proteccion de los derechos y libertades fundamentales. De ello nos ofrece un buen ejemplo los casos analizados. Ese dificil equilibrio, en el caso del sistema de proteccion europeo de los derechos y libertades fundamentales tal y como nos muestran los asuntos examinados, puede lograrse si se lleva a cabo un uso razonable y regulado de las mencionadas clausulas de salvaguardia cuya aplicacion, en efecto, depende de los Estados, pero cuya interpretacion y alcance quedan en ultima instancia bajo el control de un organo jurisdiccional como el TEDH.

Desde el continente europeo y por lo que respecta a esta preocupacion, siguen siendo multiples los esfuerzos que se estan llevando a cabo en el plano institucional. Con ellos se trata de dar respuesta a la par que combatir este tipo de practicas.

Podemos citar algunos ejemplos en este sentido, como la Posicion Comun 2009/67/PESC, adoptada por Consejo de la Union Europea, de 26 de enero de 200955, por la que se actualiza la Posicion Comun 2001/931/PESC56, de 27 de diciembre de 2001, relativa a la aplicacion de medidas especificas de lucha contra el terrorismo y en la que consta un anexo con una lista de organizaciones y personas a las que los Estados miembros podran aplicar dichas medidas (57). En el ambito del Consejo de Europa cabe hacer mencion al Convenio europeo para la prevencion del terrorismo (58), ratificado por Espana el 27 de febrero de 2009 (59), en el que aparecen contenidas una serie de disposiciones que resultarian aplicables a supuestos como los examinados (60).

Al margen de todas estas observaciones y dada la relevancia de los asuntos examinados, consideramos que tal vez el TEDH podria haber realizado un mayor esfuerzo, sobre todo a la hora de desarrollar algunas de sus conclusiones, aliviando asi esa sensacion de automatismo que en ocasiones transmite la lectura de sus argumentos.

(1.) Las tres sentencias fueron dictadas el 30 de junio de 2009 y pueden consultarse en la base de datos de la jurisprudencia del TEDH, accesible a traves de http://www.echr.coe.int/echr/. Aunque los tres asuntos comparten una causa comun, el TEDH, como ya hiciera en el momento de pronunciarse a favor de la admisibilidad de las demandas presentadas por los afectados, opto por resolverlas de forma individual y separada. Vid. Affaires Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne; Affaires Etxeberria, Barrena Arza, Nafarroako Autodeterminazio Bilgunea et Aiarako et autres c. Espagne; y Affaire Herritarren Zerrenda c. Espagne, 30 de junio de 2009; LOZANO CONTRERAS, F., "Las decisiones sobre admisibilidad dictadas por el TEDH con motivo de la ilegafizacion de determinados partidos politicos y agrupaciones de electores del Pais Vasco y Navarra", en REDI, vol. LX (2008) 1, pp. 299-303; Ayres, T., "Batasuna banned: the dissolution of political parties under the European Convention of Human Rights", en Boston College International and Comparative Law Review, volume 27, issue 1 (2004), pp. 99-113. El 11 de noviembre de 2009, la Gran Sala del TEDH rechazo la demanda de remision presentada por Batasuna y Herri Batasuna contra la sentencia de 30 de junio (art. 44.2 LEDH)

(2.) El 27 de marzo de 2003, la Sala Especial del TS ordeno por unanimidad la ilegalizacion de HB, Eukal Herritarrok (en adelante, EH) y Batasuna (STS 14316/2003); el 3 de mayo de 2003 procedio a anular las candidaturas de Etxeberria, Barrena Arza, Nafarroako Autodeterminazio Bilguneay Aiarako y otros y disolvio esas agrupaciones (STS 3008/2003 y 3009/2003); el 21 de mayo de 2004 anulo la candidatura de Herritarren Zerrenda (STS 3196/2004).

(3.) LO 6/2002, de 27 de junio (.BGEnum. 154, 28 de junio de 2002). Esta ley cuenta con una extensa exposicion de motivos a la que siguen trece articulos agrupados en cuatro capitulos, tres disposiciones adicionales (que modifican el art. 61 de la LOPJ y los art. 44 y 49 de laLOREG), una disposicion transitoria, otra derogatoria y dos disposiciones finales. La LOPP ha sido obj eto de diversos estudios elaborados por la doctrina constitucionalista, de los cuales destacamos, entre otros: ALVAREZ CONDE, E. y CATALA I BAS, A., "La aplicacion de la Ley Organica de Partidos Politicos. Cronica inacabada de la ilegalizacion de Herri Batasuna, Batasuna y Euskal Herritarrok", en Foro. Revista de Ciencias Juridicas y Sociales. Nueva Epoca, num. 00 [2004], 7-35, pp. 26-35; FERNANDEZ SEGADO, F., "Algunas reflexiones sobre la Ley Organica 6/2002, de Partidos Politicos, al hilo de su interpretacion por el Tribunal Constitucional", Ibid., num. 0/2004, 179-225, pp. 184-200; MONTILLA MARTOS, J.A., "Algunos cambios en la concepcion de los partidos. Comentarios ala STC 48/2003, sobre la Ley Organica 6/2002, de Partidos Politicos", en UNED. Teoria y realidad constitucional, num. 12-13 (2003/2004), 559-585, pp. 573575; SANCHEZ GONZALEZ, S., "Extracto comentado del 'Informe del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de la Ley Organica de Partidos Politicos', emitido el 18 de abril de 2002", Ibid., num. 10-11 (2002-2003), pp. 719-726.

(4.) La Ley preve en el Apartado I de su Exposicion de Motivos que: "El objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democratico y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido politico pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese regimen democratico de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar politicamente la violencia y las actividades de bandas terroristas. [...] Especialmente si se tiene en cuenta que, por razon de la actividad del terrorismo, resulta indispensable identificar y diferenciar con toda nitidez aquellas organizaciones que defienden y promueven sus ideas y programas, cualesquiera que estas sean, incluso aquellas que pretenden revisar el propio marco institucional, con un respeto escrupuloso de los metodos y principios democraticos, de aquellas otras que sustentan su accion politica en la connivencia con la violencia, el terror, la discriminacion, la exclusion y la violacion de los derechos y las libertades". Por su parte, el articulo 9 establece que: "1. Los partidos politicos ejerceran libremente sus actividades. Deberan respetar en las mismas los valores constitucionales, expresados en los principios democraticos y en los derechos humanos. Desarrollaran las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democratica y con pleno respeto al pluralismo. 2. Un partido politico sera declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democraticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el regimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democratico, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave: a) Vulnerar sistematicamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusion o persecucion de personas por razon de su ideologia, religion o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientacion sexual, b) Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como metodo para la consecucion de objetivos politicos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades politicas, c) Complementar y apoyar politicamente la accion de organizaciones terroristas para la consecucion de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz publica, tratando de someter a un clima de terror a los poderes publicos, a determinadas personas o grupos de la sociedad o a la poblacion en general, o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidacion generada por la misma".

(5.) STC 48/2003, de 12 de marzo, Recurso de inconstitucionalidad num. 5550-2002, de 27 de septiembre, promovido por el Gobierno Vasco contra diversos preceptos de la Ley Organica 6/2002, de 27 de junio, de partidos politicos, en BOE num. 63. Supl., 14 de marzo de 2003.

(6.) Este procedimiento de ilegalizacion es distinto del que preve nuestro Codigo Penal (en adelante, CP) para disolver las asociaciones ilicitas por las causas recogidas en sus arts. 515 y 520. El articulo 515 del CP establece que: "Sonpunibles las asociaciones ilicitas, teniendo tal consideracion: 1. Las que tengan por objeto cometer algun delito o, despues de constituidas, promuevan su comision, asi como las que tengan por objeto cometer o promover la comision de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada. 2. Las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas. 3. Las que, aun teniendo por objeto un fin licito, empleen medios violentos o de alteracion o control de la personalidad para su consecucion. 4. Las organizaciones de caracter paramilitar. 5. Las que promuevan la discriminacion, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razon de su ideologia, religion o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nacion, su sexo, orientacion sexual, situacion familiar, enfermedad o minusvalia, o inciten a ello". Mientras que el articulo 520 afirma que: "Los Jueces o Tribunales, en los supuestos previstos en el articulo 515, acordaran la disolucion de la asociacion ilicita y, en su caso, cualquier otra de las consecuencias accesorias del articulo 129 de este Codigo", BOE num. 281, 23 de noviembre de 1995.

(7.) Vid. BOE num. 47, 20 de junio de 1985. Tanto este precepto, como el mencionado articulo 49.5 fueron introducidos en 2002 mediante la Disposicion Adicional Segunda de la LOPP.

(8.) El articulo 11 de la LOPP preve que: " 1. Estan legitimados parainstar la declaracion de ilegalidad de un partido politico y su consecuente disolucion, en virtud de lo dispuesto enlos parrafos b) y c) del apartado 2 del articulo anterior de esta Ley Organica, el Gobierno y el Ministerio Fiscal. El Congreso de los Diputados o el Senado podran instar al Gobierno que solicite la ilegalizacion de un partido politico, quedando obligado el Gobierno a formalizar la correspondiente solicitud de ilegalizacion, previa deliberacion del Consejo de Ministros, por las causas recogidas en el articulo 9 de la presente Ley Organica. La tramitacion de este acuerdo se ajustara al procedimiento establecido, respectivamente, por la Mesa del Congreso de los Diputados y del Senado".

(9.) La LOPP desarrolla previsiones esenciales contenidas en los articulos 1, 6, 22 y 23 de la Constitucion.

(10.) El articulo 61.1 de la LOPJ (modificado por la Disposicion adicional primera de la LOPP) establece que: "Una Sala formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado mas antiguo y el mas moderno de cada una de ellas conocera:

[...] 6. De los procesos de declaracion de ilegalidad y consecuente disolucion de los partidos politicos, conforme alo dispuesto enlaLey Organica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Politicos.

(11.) Formaciones alas que debe anadirse EH, que a la postre no compareceria como demandante ante el TEDH.

(12.) Ademas de HB y Batasuna (demandas nums. 25803/04 y 25817/04), presentaron demanda ante el TEDH: Etxebenia, Barrena Arza, Nafarroako Autodeterminazio Bilgunea y Aiarako y otros (demandas nums. 35579/03, 35613/03, 35626/03 y 35634/03), candidatos y agrupaciones de electores que vieron truncadas sus intenciones de concurrir a los comicios municipales y autonomicos del Pais Vasco y Navarra de 2003; y Herritarren Zerrenda (demanda num. 43518/04), agrupacion de electores vasca creada para participar en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004.

(13.) Los partidos y agrupaciones declarados ilegales y disueltos por el TS decidieron recurrir en amparo ante el TC, que rechazo todos los recursos. Vid. STC 5/2004 y 6/2004, de 16 de enero, en BOE num. 37 Supl., 12 de febrero de 2004; STC 85/2003, de 8 de mayo, en BOE num. 118 Supl., 17 de mayo de 2003; STC 99/2004, de 27 de mayo, en BOE num. 140 Supl., 10 de junio de 2004.

(14.) BOE num. 243, 10 de octubre de 1979.

(15.) ROE num. 11, 12 de enero de 1991.

(16.) Buena prueba de ello es que el TEDH en su sentencia sobre el caso que se considera mas relevante de los tres (Affaires Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne) opte por, en el momento de valorar y decidir si hubo o no infraccion del art. 10 del CEDH, remitir a las consideraciones ya realizadas con motivo del analisis de la infraccion del art. 11. Vid. pars. 96 y 97.

(17.) "La Cour signale d'emblee que, malgre son role autonome et la specificite de sa sphere d' application, Particle 11 doit s'envisager aussi alalumiere de Particle 10. La protection des opinions et de la liberte de les exprimer constitue Pun des objectifs de la liberte de reunion et dissociation consacree par Particle 11. II en va d'autant plus ainsi dans le cas de partis politiques, eu egard a leur role essentiel pour le maintien du pluralisme et le bon fonctionnement de la democratie (voir Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu c. Roumanie, [seccion] 44, 3 fevrier 2005)", en Affaires Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, par. 74.

(18.) "... la Cour se doit de signaler qu'ade multiples reprises, elle arappele Pimportance cruciale de la liberte d'expression, qui constitue Pune des conditions prealables au fonctionnement de la democratie (Ozgur Gundem c. Turquie, no. 23144/93, [seccion] 43, CEDH 2000-III). Cette affirmation de la fonction sociale de la liberte d'expression constitue la philosophie de base de la jurisprudence de la Cour relative a Particle 10. II en resulte, d'une part, que la liberte d'expression n'est pas seulement une garande contre les ingerences de l'Etat (un droit subjectif) mais elle est aussi un principe fundamental objectif pour la vie en democratie; d'autre part, la liberte d'expression n'est pas une fin en soi mais un moyen pour l'etablissement d'une societe democratique pluraliste", en Affaires Etxeberria, Barrena Arza, Nafarroako Autodeterminazio Bilgunea etAiarako et autres c. Espagne, par. 63; Affaires Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, par. 76. En este mismo sentido, entre otros veanse especialmente: Affaire Parti Communiste Unifie de Turquie et autres c. Turquie, 30 de enero de 1998; Affaire Parti socialiste et autres c. Turquie, 25 de mayo de 1998; Affaire Parti de la Liberte et de la Democratie (OZDEP) c. Turquie, 8 de diciembre de 1999; Affaire Refah Partisi et autres c. Turquie, 31 de julio de 2001; y Affaire Yazar et autres c. Turquie, 9 de abril de 2002. Vid. LOZANO CONTRERAS, F., "La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en tomo a la ilegalizacion de partidos politicos: el caso de Turquia", en REDI, vol. LIV (2002) 2, pp. 1008-1012; GARCIA ROCA, J., "La problematica disolucion del Partido de la Prosperidad ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Estado constitucional y control de las actuaciones de partidos fundamentalistas", en Revista Espanola de Derecho Constitucional, num. 65 (mayo-agosto 2002), 295-334, pp. 324-334; LOPEZ-JACOISTE DIAZ, E., "Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de Refah Partisi y otros contra Turquia: legitima disolucion de un partido politico", en AEDI, no. 19 (2003), pp. 443-464.

(19.) Veanse arts. 2.2 (derecho ala vida); 4.3 (enlo que respecta ala prohibicion del trabajo forzado); 5.1 (derecho a la libertad y a la seguridad); 8.2 (derecho al respeto a la vida privada y familiar); 9.2 (libertad de pensamiento, de conciencia y de religion); o 10.2 (libertad de expresion);

(20.) Aeste respecto, el art. 18 del CEDH establece que: "Las restricciones que, en los terminos del presente Convenio, se impongan a los citados derechos y libertades no podran ser aplicadas mas que con la finalidad parala cual han sido previstas"; ya que en caso extralimitacion se podria incurrir en una infraccion de la prohibicion del abuso de derecho tipificada en el art. 17: "Ninguna de las disposiciones del presente Convenio podra ser interpretada en el sentido de que implique para un Estado, grupo o individuo, un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destruccion de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio o a limitaciones mas amplias de estos derechos o libertades que las previstas en el mismo".

(21.) Ni que decir tiene que corresponde a las autoridades nacionales, en primer lugar, juzgar la necesidad de tales medidas; en cambio es una labor propia del TEDH decidir si los motivos que estan detras de la limitacion son pertinentes y suficientes. A este respecto, es inevitable reconocerles a los Estados cierto margen de apreciacion, aunque sea, como sucede en estos casos, reducido, pues son sus autoridades las que, gracias a su contacto directo y permanente con las fuerzas vivas de la sociedad, se encuentran mejor situadas que de abril de 1979, par. 59; Affaire Gorzelik et autres c. Pologne, 17 de febrero de 2004, par. 96.

(22.) Vid. Case of Coster v. United Kingdom, de 18 de enero de 2001, par. 128.

(23.) A este respecto, hemos optado por tomar como punto de partida y modelo los asuntos que por razones de oportunidad juridica y politica se consideran los mas significativos y enjundiosos: Hern Batasuna y Batasuna.

(24.) Vid. Affaires Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, pars. 54-57.

(25.) Por lo que respecta ala vulneracion del art. 3 del Protocolo adicional no. 1 al CEDH, nos remitimos a las consideraciones expuestas infra en el apartado 4.2.

(26.) Vid. Affaires Etxeberria, Barrena Arza, Nafarroako Autodeterminazio Bilgunea et Aiarako et autres c. Espagne, pars. 70-74; Affaire Herritarren Zerrenda, par. 49.

(27.) Vid. Affaires Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, pars. 30, 58-59; STS 14316/2003, de 27 de maizo, FJ. 6.

(28.) Vid. Affaires Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, par. 59.

(29.) Vid. Affaires Etxeberria, Barrena Arza, Nafarroako Autodeterminazio Bilgunea et Aiarako et autres c. Espagne, par. 73 y Affaire Herritarren Zerrenda c. Espagne, par. 49.

(30.) "... la Cour note que le contexte politique existant en Espagne, a savoir la presence de partis politiques a caractere independantiste dans les organes de gouvemement de certaines communautes autonomes et en particulier au Pays basque, prouve que la mesure litigieuse ne repondait pas aune intention d'interdire toute manifestation d'idees separatistes. Ainsi, la Cour estime que sapropre jurisprudence, conformement alaquelle l'expression de points de vue separatistes riimplique pas per se une menace contre l'integrite territoriale de l'Etat et la securite nationale, a ete respectee (voir Organisation macedonienne unie Ilinden et autres c. Bulgarie, no. 59491/00, [seccion] 76, 19 janvier 2006)", en Affaires Etxeberria, Barrena Arza, Nafarroako Autodeterminazio Bilgunea etAiarako et autres c. Espagne, par. 55; Affaires Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, par. 63; Affaire Herritarren Zerrenda c. Espagne, par. 49.

(31.) Vid. Affaires Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, pars. 61-64; Affaires Etxeberria, BarrenaArza, NafarroakoAutodeterminazio Bilgunea etAiarako et autres c. Espagne, pars. 52 y 71 y Affaire Herritarren Zerrenda c. Espagne, pars. 43 y 49.

(32.) Al calor de la sentencia dictada por el TEDH con motivo de la ilegalizacion del Partido turco de la Prosperidad (Refah Partisi), la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa emitio la Resolucion 1308 (2002), Restrictions concernant les partis politiques dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, en la que establecio que: "les restrictions ou dissolutions de partis politiques ne peuvent etre que des mesures d'exception, ne se justifiant que dans les cas ou le parti conceme fait usage de violence ou menace la paix civile et Tordre constitutionnel democratique dupays", en http://assembly.coe.int.

(33.) El propio TS recordo en su sentencia sobre Batasuna, HB y EH, que las manifestaciones de violencia llevadas a cabo por las formaciones ilegalizadas fueron si cabe mucho mas explicitas que la realizadas en su momento por el Partido de la Prosperidad turco (Refah Partisi) declarado ilegal por Turquia y sobre el que tambien llego a pronunciarse el TEDH en 2001 estableciendo, en base a razones y hechos mucho menos graves que los demostrados por Espana, que las medidas adoptadas por las autoridades turcas fueron necesarias y proporcionadas para salvaguardar su regimen democratico. Vid. STS 14316/2003, de 27 de marzo, FJ. 5 y nota 18 supra.

(34.) De algunos de los principios generales enunciados por el TEDH ya nos hemos ocupado. El Tribunal senala que la aplicacion del art. 11 debe ser examinada a luz del art. 10 del CEDH, pues la defensa de las opiniones y la libertad para expresarlas constituye uno de los objetivos de la libertad de reunion y asociacion consagrada en el art. 11 (nota 17); el Tribunal tambien insiste en la idea de que su mision no es la de sustituir la labor de las jurisdicciones internas competentes, sino verificar bajo el angulo del art. 11 si la injerencia se ajusta a los principios y exigencias consagradas en dicha disposicion (nota 21); El Tribunal tambien apela al principio del pluralismo politico, sin el cual no puede haber democracia (nota 18); y vuelve a insistir en que las excepciones contenidas en el art. 11 requieren una interpretacion estricta; solo razones convincentes e imperativas pueden justificar restricciones a la libertad de asociacion; medidas tan severas tales como la disolucion de un partido politico, no pueden decretarse salvo en casos muy graves, en Affaires Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, pars. 74-78.

(35.) En este sentido, el Tribunal advierte que: "les statuts et le programme d'un parti politique ne peuvent etre pris en compte comme seul critere afin de determiner ses objectifs et intentions. II faut comparer le contenu de ce programme avec les actes et prises de position des membres et dirige ants du parti en cause. L'ensemble de ces actes et plises de position, a condition de former un tout revelateur du but et des intentions du parti, pent entrer en ligne de compte dans laprocedure de dissolution d'un parti politique", Ibid., par 80.

(36.) Vid. Affaire Parti socialiste et autres c. Turquie, 25 de mayo de 1998, pars. 46-47; Affaire Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu c. Roumanie, 3 de febrero de 2005, par. 46, Affaire Yazar et autres c. Turquie, 9 de abril de 2002, par. 49; y Affaire Refah Partisi et autres c. Turquie, par. 98.

(37.) "La Cour considere neanmoins qu'on ne saurait exiger de l'Etat d'attendee, avant d'intervenir, qu'un parti politique s'approprie le pouvoir et commence amettre en oeuvre un projet politique incompatible avec les normes de la Convention et de la democratie, en adoptant des mesures concretes visant a realiser ce projet, meme si le danger de ce dernier pour la democratie est suffisamment demontre et imminent. La Cour accepte que lorsque la presence d'un tel danger est etablie par les juridictions nationales, a Tissue d'un examen minutieux sounds a un controle europeen rigoureux, un Etat doit pouvoir "raisonnablement empecher la realisation d'un (...) projet politique, incompatible avec les normes de la Convention, avant qu'il ne soit mis en pratique par des actes concrets risquant de compromettre la paix criole et le regime democratique dans le pays" {Refah Partisi precite, [seccion] 102)", en Affaires Hern Batasuna et Batasuna c. Espagne, par. 81.

(38.) "SelonlaCour, untel pouvoir d'intervention preventive de l'Etat est egalement en conformite avec les obligations positives pesant sur les Parties contractantes dans le cadre de l'article 1 de la Convention pour le respect des droits et libertes des personnes relevant de leur juridiction. Ces obligations ne se limitent pas aux eventuelles atteintes pouvant resulter d' actions ou d'omissions imputables a des agents de l'Etat ou survenues dans des etablissements publics, mais elles viseni aussi des atteintes imputables a des personnes privees dans le cadre de structures qui ne releven! pas de la gestion de l'Etat. Un Etat contractant a la Convention, en se fondant sur ses obligations positives, peut imposer aux partis politiques, formations destinees a acceder au pouvoir et a dinger une part importante de Tappareil etatique, le devoir de respecter et de sauvegarder les droits et libertes garantis par la Convention ainsi que l'obligation de ne pas proposer un programme politique en contradiction avec les principes fondamentaux de la democratie (voir Refah Partisi precite, [seccion] 103)", Ibid., par. 82. En efecto, el TEDH reconoce que los Estados partes en el CEDH tienen la obligacion no solo de abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de actuacion susceptible de vulnerar cualquiera de los derechos y libertades en el Convenio, sino tambien la de procurar que tales conductas no las realicen personas o individuos ajenos a la organizacion estatal (en estos casos, en particular, partidos politicos o agrupaciones de electores). En tales supuestos, la obligacion impuesta a los Estados deja de ser una obligacion de resultado para convertirse en una obligacion de diligencia debida, vid. LOZANO CONTRERAS, J.F., La nocion de debida diligencia en Derecho internacional publico, Ed. Atelier, Barcelona 2007, pp. 240-250 y 256-259.

(39.) "La Cour est d'accord avec les arguments du Tribunal constitutionnel exposes au paragraphe 46, ci-dessus lorsque la haute juridiction considera le refus de condamner la violence comme une attitude de soutien tacite au terrorisme et ce, dans un contexte de terrorisme qui existe depuis plus de trente ans et qui est eondamne par Tensemble des autres partis politiques. De Tavis des requerants, la dissolution se serait fondee exclusivement sur cette absence de condamnation des actes violents. Cependant, la Cour tient a souligner que cet element ne fut pas la seule base de la dissolution des partis requerants. En effet, le Tribunal constitutionnel constata qu'il s'ajoutait aune pluralite d'actes et de comportements, graves et reiteres, qui permettaient de conclure a un compromis avec laterreur et contre la coexistence organisee dans le cadre d'un Etat democratique. En tout etat de cause, la Cour signale que le simple fait que la dissolution eut ete aussi fondee sur cet element riaurait pas ete contraire ala Convention, le comportement des hommes politiques englobant d'ordinaire non seulement leurs actions ou discours, mais egalement, dans certaines circonstances, leurs omissions ou silences, qui peuvent equivaloir a des prises de position et etre aussi parlant que toute action de soutien expres", Vid. Affaires Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, par. 88.

(40.) En su sentencia, el TEDH se refiere y enuncia expresamente algunos de estos comportamientos apelando ala STS 14316/2003, de 27 de marzo, Ibid, par. 85.

(41.) Ibid., pars. 91 y 94.

(42.) Ibid., par. 93.

(43.) Con respecto ala alegada violacion del art. 10 del CEDH en los asuntos de HB y Batasuna, el TEDH considera que: "La Cour est d'avis que les questions soulevees par les requerants sous Tangle de cet article portent sur les memes faits que ceux examines sur le terrain de Particle 11 de la Convention. Par consequent, elle estime qu'il n'est pas necessaire de les examiner separement", par. 97.

(44.) El art. 49 de la LOREG establece: "1. A partir de la proclamacion, cualquier candidato excluido y los representantes de las candidaturas proclamadas o cuya proclamacion hubiera sido denegada, disponen de un plazo de dos dias para interponer recurso contra los acuerdos de proclamacion de las Juntas Electorales, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo. En el mismo acto de interposicion debe presentar las alegaciones que estime pertinentes acompanadas de los elementos de prueba oportunos; 2. El plazo para interponer el recurso previsto en el parrafo anterior discurre a partir de la publicacion de los candidatos proclamados, sin peijuicio de la preceptiva notificacion al representante de aquel o aquellos que hubieran sido excluidos; 3. La resolucion judicial, que habra de dictarse en los dos dias siguientes a la interposicion del recurso, tiene caracter firme e inapelable, sin peijuicio del procedimiento de amparo ante el Tribunal Constitucional, a cuyo efecto, con el recurso regulado en el presente articulo, se entendera cumplido el requisito establecido en el articulo 44.1, a), de la Ley Organica del Tribunal Constitucional; 4. El amparo debe solicitarse en el plazo de dos dias y el Tribunal Constitucional debe resolver sobre el mismo en los tres dias siguientes".

(45.) La Comision Europeaparala Democracia a traves del Derecho (Comision de Venecia) fue creada el 10 de mayo de 1990. En la actualidad todos los Estados miembros del Consejo de Europa son tambien miembros de la Comision que, ademas de prestar asistencia juridica en materia constitucional, analizar los procesos electorales del los paises miembros del Consejo y cooperar con los respectivos tribunales constitucionales, puede tambien elaborar informes o estudios por iniciativa propia o a peticion de la Asamblea Parlamentaria. Esta compuesta por expertos independientes con experiencia acreditada en un campo de accion tan significativo como el de las garantias ofrecidas por el Derecho traves de la democracia. El mencionado Code de bonne conduite en matiere electorale, adoptado los dias 18-19 de octubre de 2002 durante su 52a reunion plenaria, recomienda un plazo de interposicion del recurso que deberia oscilar entre 3 y 5 dias. Por lo que respecta a la cuestion de la ilegalizacion o disolucion forzada de partidos politicos, pueden consultarse tambien las recomendaciones elaboradas por esta misma Comision contenidas en Les lignes directrices sur l'interdiction et la dissolution des partis politiques et les mesures analogues, adoptadas los dias 10-11 de diciembre de 1999 durante su 41 reunion plenaria. Vid. http://www.venice.coe.int.

(46.) Vid. Affaires Etxeberria, Barrena Arza, Nafarroako Autodeterminazio Bilgunea et Aiarako et autres c. Espagne, pars. 78-82 y Affaire Herritarren Zerrenda c. Espagne, par. 52.

(47.) Vid. Affaire Gitonas et autres c. Grece, 1 de julio de 1997, par. 97.

(48.) Vid. Affaire Melnitchenko c. Ukraine, 19 de octubre de 2004, par. 57.

(49.) "Dans leras ordres juridiques respectifs, les Etats contractanls entourenl les droits de vote et d'eligibilite de conditions auxquelles Particle 3 ne met en principe pas obstacle. Ils jouissent en la matiere d'une large marge ?'appreciation, mais il appartient a la Cora de statuer en demier ressort sur P observation des exigences du Protocole no. 1; il lui faut s'assurer que lesdites conditions ne reduisenl pas les droits dont il s'agit au point de les atteindre dans lera substance meme et de les priver de lera effectivite, qu'elles porasuivent un but legitime et que les moyens employes ne se revelent pas disproportionnes, sans perdre de vue la base legale necessaire pora la mise en oeuvre de toute mesure restrictive des droits garantis par cette disposition", en Affaires Etxeberria, Barrena Arza, Nafarroako Autodeterminazio Bilgunea et Aiarako et autres c. Espagne, par. 48. Veanse en este sentido los pars 47-50 y los siguientes asuntos: Affaire Matthews c. Royaume-Uni, 18 de febrero de 1999, par. 63; Affaire Zdanoka c. Lettonie, 16 de marzo de 2006, par. 115; o Affaire Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, 2 de marzo de 1987, par. 47.

(50.) Vid. Affaires Etxeberria, Barrena Arza, Nafarroako Autodeterminazio Bilgunea et Aiarako et autres c. Espagne, pars. 51-56; y Affaire Herritarren Zerrenda c. Espagne, par. 43. En concreto estos fueron los casos de Barrena Arza (demanda no. 35613/03) y otro grupo electoral que presento su candidatura alas elecciones del parlamento de Navarra (demanda no. 35626/03).

(51.) En relacion con aquellas candidaturas a las que se le impidio concurrir a los comicios municipales navarros y vascos, el TEDH afirma: "... Particle 3 du Protocole no. 1 ne rentre pas dans le champ d'application. En effet, ni les municipalites ni les provinces en cause ne participent a Texercice du pouvoir legislatif et partant [elles] ne font pas partie du 'corps legislatif' au sens de Particle 3 du Protocole no. 1", en Affaires Etxeberria, Barrena Arza, Nafarroako Autodeterminazio Bilgunea etAiarako et autres c. Espagne, par. 62. Vid. Decision sur la recevabilite de la requete no. 52226/99 presentee par Luis Salieras Llinares c. Espagne, de 12 octubre de 2000.

(52.) A este respecto, no se deben perder de vista las denominadas situaciones de violencia intema--especialmente las que derivan en un Estado fallido--las cuales llegado el caso pueden llegar a convertirse en verdadero caldo de cultivo de este tipo de fenomenos. Sobre la calification y regulacion juridica internacional de estas situaciones, vid. JIMENEZ PIERNAS, C., "La calificacion y regulacion juridica de las situaciones de violencia interna", en Anuario IHLADI, vol. XIV (1999), 33-75, pp. 34-36 y 42-51.

(53.) Como se ha podido comprobar, Espana ha acometido un esfuerzo legislativo que se ha visto recompensado por el TEDH. De esta manera, por un lado, quedan resueltas algunas de las inquietudes y dudas planteadas por el Relator Especial sobre la promocion y la proteccion de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, quien visito Espana oficialmente entre el 7 y el 14 de mayo de 2008 [Vid. NACIONES UNIDAS, Informe del Relator Especial sobre la promocion y la proteccion de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo (Adicion-MISION AESPANA), doc. A/ HRC/10/3/Add.2, de fecha 16 de diciembre de 2008, pars. 12-13 y 24-25]. Por otro lado, quedan igualmente atendidas las observaciones y recomendaciones expresadas en terminos generales por el relator especial Ambeyi Ligabo en su Informe sobre el derecho a la libertad de opinion y de expresion de 2002 [Vid. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinion y de expresion, doc. E/CN.4/2003/67, de 30 de diciembre de 2002, pars. 56-67], asi como los Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresion y el Acceso a la Informacion, adoptados en 1995 por un grupo de expertos en Derecho internacional, seguridad nacional y derechos humanos y de los que tomo buena nota la ya desaparecida Comision de Derechos Humanos mediante su Resolucion 1997/27 [Pueden consultarse estos principios en Report of the Special Rapporteur, Mr. Abid Hussain, pursuant to Commission on Human Rights Resolution 1993/45, Doc. E/CN.4/1996/39, 22 March 1996, Annex, pp. 28 y ss.].

(54.) Vid. LOZANO CONTRERAS, R, "Convicts in Air: Implementation by the CIA of the extraordinary rendition programme in European territory. Special reference to Spanish practice", en SYIL, vol. XII (2006), 51-79, pp. 56-79.

(55.) DOUEL 23/37, de 27 de enero de 2009.

(56.) DOCE L 344/93, de 28 de diciembre de 2001.

(57.) Lista en la que siguen figurando los partidos politicos ilegalizados que presentaron demanda ante el TEDH.

(58.) Este Convenio fue celebrado el 16 de mayo de 2005 en Varsovia y entro en vigor el 1 de junio de 2007. A fecha de 15 de octubre de 2009, veinte Estados miembros del Consejo de Europa lo habian ratificado.

(59.) Espana ratifico este Convenio el 27 de febrero de 2009, entrando en vigor en nuestro pais el 1 de junio de 2009. Vid. Instrumento de ratificacion en BOE num. 250, 16 de octubre de 2009.

(60.) Veanse arts. 5 (Provocacion publica para cometer un delito de terrorismo), 9 (Infracciones accesorias) y 10 (Responsabilidad de las personas juridicas) del Convenio, en http:// conventions.coe.int/.
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Title Annotation:Notas
Author:Lozano Contreras, Fernando
Publication:Anuario Espanol de Derecho Internacional
Date:Jan 1, 2009
Words:11089
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