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El reciclaje paramilitar: un efecto perverso de la Ley de Justicia y Paz.

Introduccion

La etapa de post-desmovilizacion esta en un momento crucial. La dinamica actual puede desencadenar un proceso de verdad y justicia que se dirija a terminar con el paramilitarismo en las regiones, permitiendo la reconstruccion del Estado, o, por el contrario, puede conducir a una profundizacion de la influencia del paramilitarismo asociado al narcotrafico. Para evitar esto ultimo es vital el fortalecimiento de la institucionalidad, el proceso de reinsercion de los excombatientes y una decisiva respuesta de la Fuerza Publica al surgimiento y expansion de las estructuras armadas ilegales.

En el presente articulo se considera fundamental realizar un acercamiento analitico a la compleja situacion que se presenta en la etapa de post -desmovilizacion en la que, a causa de la debilidad en la capacidad institucional para implementar la Ley de Justicia y Paz y a los efectos perversos que esta genera, se esta dando paso a un nuevo escenario de mayor incertidumbre y envergadura que ha sido denominado como "Reciclaje paramilitar" (1), entendido como el surgimiento de bandas criminales encabezadas por mandos medios y/o reductos que, aun luego de su desmovilizacion, siguen operando y reproduciendo conductas ilegales, principalmente alimentadas por el negocio del narcotrafico.

Por lo anterior, el diseno e implementacion institucional de la Ley de Justicia y Paz no ha contribuido, y no contribuira, a la consecucion de una politica para la paz. En la dimension macro-politica, el mantenimiento de estructuras ilegales ha llevado a la formacion de bandas criminales que constituyen el mayor efecto perverso que la Ley de Justicia y Paz y la debilidad institucional, han generado en la etapa de post-desmovilizacion. En la dimension micro-politica, los paramilitares han aprendido a jugar bajo el nuevo marco institucional legal, de tal manera que moldean sus deseos y creencias como cualquier organismo elector, buscando la maximizacion de sus beneficios, y reflejando su gran capacidad de adaptabilidad y flexibilidad.

1. Justificacion

La actual discusion frente a la Ley de Justicia y Paz, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporacion de miembros de grupos armados al margen de la ley que contribuyan de manera efectiva a la consecucion de una politica de paz, ha puesto de manifiesto el debilitamiento de las obligaciones estatales con el Derecho Internacional Humanitario y la ausencia de estrategias democraticas para el desmote del paramilitarismo. El arduo seguimiento realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos resalta la carencia de un marco legal claro que sirva para entablar dialogos entre el gobierno y los grupos armados ilegales que, a su vez, genere los incentivos suficientes para la desmovilizacion, contribuyendo a la superacion del conflicto armado interno.

El proposito del presente articulo analitico es observar desde una perspectiva neoinstitucional cognitiva, las razones por las cuales la Ley de Justicia y Paz no ha conducido a un exitoso proceso de desmovilizacion, en tanto que se ha logrado el desarme de estos individuos mas no el desmonte de las estructuras economicas y organizacionales que los sostienen. Poniendo en perspectiva la urgente necesidad de respuestas y cambios en lo que respecta a los procesos de negociacion, se considera que el presente articulo puede aportar de manera contundente a esclarecer el porque del actual funcionamiento de la Ley de Justicia y Paz.

El interes por evaluar en terminos institucionales la Ley de Justicia y Paz recae en la necesidad de detectar como estan formuladas las reglas formales, y si su diseno e implementacion ha contribuido a la consecucion de una politica para la paz. De esta forma, centrar la atencion en mecanismos y/o incentivos perversos que permitan conocer la dificultad que ha tenido el actual proceso de desmovilizacion, permitiria comprender si las falencias hoy consideradas en la Ley pueden explicarse desde una perspectiva un tanto alejada de un enfoque legal, brindando explicaciones mas cercanas al comportamiento del individuo como sujeto que se vale del diseno institucional, para generar un juego estrategico donde poco importan los efectos colectivos y, por el contrario, importan los parametricos.

2. Marco teorico

Los seres humanos son fundamentalmente organismos electores, realizan un examen mental de alternativas encaminadas a resolver nuevos problemas a partir de conjuntos de oportunidad definidos en interaccion con el entorno (enviromental feedback). Para indagar sobre la forma en que los colombianos se relacionan con su entorno y han adoptado ciertas conductas, es necesario establecer la forma en que los seres humanos aprenden y conforman un sistema de creencias que los motiva a la accion. La ciencia cognitiva constituye una buena herramienta, pues ha profundizado en la relacion entre cerebro, mente y comportamiento. Al nacer, los seres humanos obtienen experiencias de su entorno fisico y cultural a traves de sus sentidos, dichas experiencias son interpretadas y clasificadas por la mente. De este proceso cognitivo emergen los modelos mentales como formas de explicar y resolver una situacion que plantea una problematica. En otras palabras, la informacion que se obtiene del entorno permite establecer por medio de la formacion de modelos mentales, posibles soluciones a los problemas que este plantea.

Estos modelos son guardados por la memoria, y constituyen un sistema de creencias en la medida en que son contrastados por la experiencia. El sistema de creencias constituye, entonces, un conjunto de estimaciones probabilisticas que corresponde a determinados modelos mentales, cuya efectividad esta comprobada por la retroalimentacion de la experiencia (intrapersonal e interpersonal). Afirmar que el ser humano forma sus modelos mentales y sistema de creencias a partir de la retroalimentacion de su entorno fisico y cultural, lleva a comprender el proceso de aprendizaje como un ejercicio de naturaleza individual y colectiva (2). Los seres humanos se encuentran, entonces, en continua comunicacion mientras estan resolviendo problemas, por lo cual el aprendizaje es un proceso comunicativo y, por lo tanto, colectivo que permite la formacion de modelos mentales compartidos (Mantzavinos, North, Shariq, 2004, 75-84), que en sintesis conforman la cultura (3).

La toma de decisiones es basicamente un proceso de aprendizaje sociobiologico (4) y de construccion de modelos mentales (5) que permiten comprender la emergencia de las instituciones (6) como uno de los multiples mecanismos artificiales que crea el hombre con el fin de establecer los marcos y elegir los instrumentos mas adecuados dentro del repertorio conductual del organismo para resolver los problemas propios de la interaccion humana.

En este orden de ideas, las instituciones pueden ser entendidas como sistemas de significacion compartida que son conformadas por un conjunto de reglas que estructuran la interaccion humana porque definen el sistema de incentivos para la accion en una sociedad (North, 1995, 13-99). En otras palabras: "From an external point of view, institutions are shared behavioural regularities or shares routines within a population. From an internal point of view, they are nothing more than shared mental models or shared solutions to recurrent problems of social interaction" (Mantzavinos, North, Shariq, 2004, 77). Las instituciones (7), entendidas como las reglas de juego que rigen a una sociedad, reducen la incertidumbre, incentivan la confianza y reducen los costos de transaccion, moldean las decisiones de los individuos, permitiendo que actividades colectivas como el mercado sean posibles de manera eficiente. "De alguna manera la regla es la expresion de una decision colectiva" (Gonzalez Posso, 2005).

En este sentido, la ley de justicia y paz es una respuesta institucional formal a la problematica que ha generado la formacion de grupos paramilitares que afectan todo el territorio nacional. Ademas, constituye un mecanismo artificial mediante el que se pretende moldear las conductas de los paramilitares por medio de la implementacion de un nuevo sistema de incentivos. Caracterizar el diseno e implementacion de la ley permite, desde una perspectiva macro-politica, evidenciar la fortaleza o debilidad institucional colombiana y desde una micro-politica, y hacer los respectivos calculos economicos, motivaciones e incentivos de quienes se someten al proceso de desmovilizacion, por medio de la caracterizacion de sus modelos mentales.

3. Metodologia

Este articulo se realizo mediante una revision bibliografica, examen de estadisticas e indicadores, bases de datos especializados y evidencias de estudios empiricos, asi como la recopilacion de informacion de los contenidos aprendidos en el curso de Procesos Politicos Colombianos (8).

4. Argumentos y evidencias

Segun el informe No. 10 de la MAPP/OEA (9), "la desmovilizacion y desarme de los grupos de autodefensa, han abierto un nuevo escenario para Colombia, bajo el cual la institucionalidad tiene tres retos fundamentales: a) la reconstruccion del Estado en determinadas regiones y el debilitamiento de la ilegalidad; b) la reintegracion de los excombatientes, bajo una perspectiva comunitaria que incluya a las poblaciones que fueron afectadas por la presencia paramilitar; c) la aplicacion de la ley de justicia y paz, que implica el conocimiento progresivo de la verdad, la consecucion de la justicia, la reparacion de las victimas y la apertura de caminos a la reconciliacion" (Decimo informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la MAPP/OEA, del 31 de Octubre de 2007).

En el marco de las labores de verificacion de la desarticulacion de la estructura armada y el monitoreo al orden publico, que la mision de la OEA lleva a cabo, se ha reconocido la determinacion por parte del gobierno nacional en el combate contra los grupos ilegales emergentes y reductos (10), asi como los logros alcanzados por la Fuerza Publica con operaciones concretas y el fortalecimiento de su presencia en las distintas zonas del pais. "No obstante, preocupa a la Mision la cada vez mas notable presencia del narcotrafico, su capacidad de renovacion y la permanencia de entornos de ilegalidad que tienen consecuencias negativas para las regiones" (Decimo informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Mision MAPP/OEA, del 31 de octubre de 2007).

De acuerdo con las labores de verificacion realizadas por la MAPP/OEA, se ha identificado la continua influencia de ex comandantes paramilitares que no se acogieron al llamamiento del Gobierno y la presencia de mandos medios que se encuentran en la clandestinidad. A pesar del esfuerzo que viene realizando el Estado en pos de una mayor presencia de la Fuerza Publica en diferentes zonas del pais, aun existen algunas regiones que hacian parte de las zonas de influencia de las desmovilizadas autodefensas, en las que no se observa una presencia importante de la Fuerza Publica; por el contrario, se observa la permanencia de cadenas de mando que tienen como proposito seguir controlando la ilegalidad en las zonas donde operaban (11). Dicha permanencia representa hoy el mayor reto para las instituciones encargadas de implantar la Ley de Justicia y Paz, pues refleja la participacion en actividades ilicitas con posterioridad a la desmovilizacion.

En el proceso se han identificado varios obstaculos que, a mediano plazo y siguiendo las recomendaciones de la Mision de la OEA, deben superarse. Algunos de estos son: "la falta de interes por parte de algunos gobiernos locales y la desarticulacion institucional; la estigmatizacion de la poblacion (12) desmovilizada, lo cual repercute en la reinsercion en las comunidades; la desmotivacion (13) de los ex combatientes, derivada de la tardanza en la implementacion de la politica; las escasas oportunidades de ocupaciones estables, en regiones con altos indices de informalidad; la no operatividad de los proyectos productivos (14), ademas de una situacion de seguridad dificil para los desmovilizados, los cuales son victimas de homicidios y amenazas en diversas zonas del pais" (Decimo informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la MAPP/OEA, del 31 de octubre de 2007).

Los anteriores aspectos pretenden ser abordados a continuacion desde la dimension macro-politica y micro-politica y dentro del marco normativo de la Ley de Justicia y Paz.

4.1 Antecedentes y marco legal del Programa de Desmovilizacion y Reincorporacion (15)

A partir del Decreto 1385 de 1994 se abrio espacio para los insurgentes que decidieran dejar las armas en forma individual y voluntaria. Para esto se creo el comite operativo para la dejacion de armas (CODA), el cual tenia como objetivo verificar la pertenencia a las organizaciones armadas. Ademas, especificaba que podian recibir beneficios socioeconomicos en la medida que lo permitiera su situacion juridica. La Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2003, consagro unos instrumentos para asegurar la vigencia del Estado Social y Democratico de Derecho garantizando la plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidas en la Constitucion Politica y en los Tratados Internacionales aprobados por Colombia.

Con el Decreto 128 de 2003, reglamentario de la Ley 418 de 1997 y 782 de 2002, se establecieron dos etapas dentro del programa para la reincorporacion a la vida civil: la de desmovilizacion a cargo del Ministerio de Defensa Nacional y la de Reincorporacion a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia. De conformidad con el Articulo 21 del Decreto 128 de 2003, los beneficios socioeconomicos establecidos en el Decreto solo podran otorgarse una sola vez a cada persona, y estaran condicionados al cumplimiento de los requisitos y obligaciones que este Decreto y los Ministerios del Interior y Defensa Nacional fijen. Estos se perderan cuando culmine el proceso de reincorporacion a la vida civil (16).

En suma, el gobierno actual se ha propuesto ofrecer las condiciones y garantias basicas para que los actores armados al margen de la ley se reincorporen de manera individual y colectiva a la vida civil, poniendo fin a las hostilidades, y fomentando el pluralismo y la participacion ciudadana como elementos determinantes para facilitar la recuperacion de la gobernabilidad y la legitimidad, y asi lograr la consolidacion del Estado Comunitario. Sin embargo, para lograr esto el gobierno ha ido acomodando sus planteamientos y conceptos a las urgencias del camino.

En este contexto, la Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz, se crea con el objetivo de "facilitar los procesos de paz y la reincorporacion individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las victimas a la verdad, la justicia y la reparacion" (Articulo 1 de la Ley de Justicia y Paz, Diario Oficial 45.980). Para el analisis que propone el presente trabajo, y con el fin de no redundar en cada uno de sus postulados, la atencion se concentrara en los capitulos 1 a 5 de dicha ley, en los cuales se establecen los aspectos preliminares de la desmovilizacion, los principios procesales, la investigacion y juzgamiento, y la pena alternativa, respectivamente.

4.2 Analisis de la dimension macro--politica

La Ley de Justicia y Paz surgio en el marco del proceso de paz con las autodefensas como una herramienta juridica que provee un esquema de justicia transicional, y debe entenderse como el resultado de una decision politica que opto por establecer mecanismos judiciales especiales dirigidos a superar el conflicto interno armado, promoviendo el desarme, la desmovilizacion y la reinsercion colectiva e individual de los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC. Segun el informe No 10 de la MAP/OEA, la Ley debe representar para el Gobierno y las instituciones publicas colombianas una oportunidad para avanzar hacia nuevos escenarios que posibiliten la reconciliacion y la paz, dentro de un marco juridico de transicion.

En la dimension macro-politica es de vital importancia estudiar la capacidad institucional de respuesta de las entidades involucradas en el proceso de Justicia y Paz en la etapa de post-desmovilizacion. Segun la Mision de la OEA, la capacidad institucional de respuesta de las entidades involucradas en el proceso de justicia y paz ha resultado insuficiente. Por sus caracteristicas, ha sido dificil determinar, con antelacion, el numero potencial de beneficiarios en las distintas fases y componentes. Esta situacion ha llevado a que las entidades de manera reiterada manifiesten que sus principales necesidades se derivan de: a) la insuficiencia de recursos humanos; b) la ausencia de esquemas de proteccion eficaces para los funcionarios y desmovilizados, c) la consolidacion de un sistema de informacion; d) los escasos recursos tecnicos y logisticos que tienen para desarrollar sus tareas de investigacion y procesamiento de pruebas (17); y e) los constantes cambios a los que se ha sometido la Ley.

Uno de los cambios mas significativos promovidos por el gobierno de Uribe Velez, se da respecto a la identificacion del paramilitarismo como grupo armado "sedicioso" (18), con lo que se les confiere un tratamiento equivalente al de "rebeldes" o delincuentes politicos.

Con ese criterio, Uribe propuso actualizar la Ley 418 y sanciono la Ley 782 de 2002 que sirve de marco para los dialogos con los paras y para ofrecer amnistias e indultos a sus integrantes cuando se desmovilizan y no tienen investigaciones en curso por delitos atroces. Y, finalmente, en el proyecto de "Justicia y Paz" se contempla modificar el articulo 468 del Codigo Penal relativo a la sedicion, para darle estatus politico a los paras o autodefensas: "Tambien incurrira en el delito de sedicion quien conforme o haga parte de grupos de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal. En este caso la pena sera la misma prevista para el delito de rebelion" (Gonzales Posso, 2005).

Lo anterior demuestra como el Gobierno ha ido adaptando sus planteamientos y conceptos a lo largo del proceso de negociacion con las AUC, cambiando constantemente la Ley. Al otorgarles a los paramilitares un nuevo estatus politico se modifica la regla formal con el objetivo de dar un nuevo funcionamiento al orden constitucional legal. Esto es un claro reflejo de la parcialidad de las instituciones, pues segun North (19) las instituciones como un conjunto de reglas para generar efectos no son neutras y, por el contrario, obedecen a los intereses de las minorias estrategicas que las disenan (20). El manejo y diseno estrategico de la ley, junto con las debilidades que a continuacion se presentan, obedecen en parte a la construccion de los modelos mentales que estan marcados por la poca disposicion a asumir compromisos y restricciones tanto personales como colectivas, y a la ausencia de credibilidad, confianza y seguridad en las instituciones formales (gobierno, congreso, partidos politicos, sistema judicial).

Una de las debilidades identificadas dentro del marco legal se refiere al caso especifico de la pena alternativa (ver Capitulo V, marco legal). La ley es demasiado laxa en relacion a las penas, ya que hay una gran reduccion de las mismas y ademas confiere amplias posibilidades de libertad, lo cual ha contribuido parcialmente al esclarecimiento de la verdad y la reparacion. Esto es problematico porque no tiene en cuenta el Derecho Internacional Humanitario (DIH) que permite establecer un limite en relacion a los delitos que puedan o no ser tomados por la pena alternativa. Ademas, segun el Informe No. 10 de la MAPP/OEA, actualmente un numero considerable de desmovilizados se encuentra en un limbo juridico derivado de un proceso que ha carecido de un marco normativo estable. Aun hoy, esta en discusion, dentro de las instituciones del Estado, la naturaleza del delito cometido por estos cuando formaron parte de la estructura ilegal (21). Este escenario plantea un complejo marco de accion para las instituciones del Estado.

En el proceso de implementacion de la Ley de Justicia y Paz, las instituciones encargadas han fallado en proveer seguridad legal, incentivos economicos y formas de participacion social que aseguren la estabilidad del proceso. Actualmente, la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalia General de la Nacion cuenta con 23 fiscales y 150 investigadores. El problema radica en que para su correcto funcionamiento se requieren 1235 cargos adicionales para poder evacuar la gran cantidad de procesos que tienen a su cargo. En cuanto a la Defensoria del Pueblo, uno de los aspectos fundamentales es la falta de recursos, principalmente en las seccionales donde se presenta el mayor numero de victimas, pues alli no existe presupuesto suficiente para contar con una planta de defensores de oficio asignados exclusivamente para representar victimas y asesorarlas (22).

A los anteriores obstaculos se suma la falta de interes por parte de algunos gobiernos locales. Segun el informe No. 10 de la MAPP/OEA, en la mayoria de los municipios el proceso de reinsercion nacio desprovisto de una participacion regional y municipal, lo cual se reflejo en el poco interes que mostraron las administraciones locales, que vieron en la poblacion desmovilizada un problema mas. Esta situacion repercutio en la falta de articulacion institucional y la carencia de actores gubernamentales y de la sociedad que asumieran como propio el proceso. Este ha sido uno de los obstaculos fundamentales, que exige medidas que vayan mas alla de la sub-contratacion de la oferta por parte del Estado y que entiendan a las organizaciones civiles y a las autoridades municipales y departamentales como gestores claves (23).

La desarticulacion institucional, la no operatividad de los proyectos productivos y una situacion de seguridad dificil (24) para los desmovilizados, quienes son victimas de homicidios y amenazas en diversas zonas del pais, constituyen otros de los obstaculos. Ademas, se observa mayor presencia de la guerrilla en algunas regiones que hacian parte de las zonas de influencia de las desmovilizadas autodefensas, por medio del fortalecimiento de las milicias y el desarrollo de acciones concretas. En estas zonas la incursion de estos grupos armados irregulares se esta dando de manera paulatina, anteponiendo el trabajo de inteligencia y construccion de redes, a una ofensiva militar directa. Esta situacion compromete la seguridad de distintas comunidades que sienten temor ante la posibilidad de retaliaciones por parte de los grupos guerrilleros (25). Las areas en la que esta dinamica se puede ver mas claramente son basicamente los departamentos de Cordoba, Choco, Norte de Santander, Antioquia, Tolima y Narino (26).

Este escenario refleja la complejidad de la etapa de post-desmovilizacion dentro de la normatividad de la Ley de Justicia y Paz. Por ello, es de vital importancia, como lo sugiere la MAPP/OEA, emprender esfuerzos para el fortalecimiento de la institucionalidad en el proceso de reinsercion de los ex combatientes y una decisiva respuesta de la fuerza publica al surgimiento y expansion de las estructuras armadas ilegales (27). Como parte de dichos esfuerzos, la Fuerza Publica y los organismos de seguridad del Estado han expresado interes por adelantar e implementar mecanismos de accion mas adecuados que ofrezcan respuestas propicias a este complejo panorama. Algunas de las medidas implementadas han sido: (1) mayor coordinacion entre las distintas instituciones; (2) intervencion diferenciada de acuerdo con el tipo de estructura ilegal; (3) reforzamiento del dispositivo policial con escuadrones especializados; (4) bloqueo de la resiembra en zonas de erradicacion de cultivos; (5) monitoreo constante de las facciones ilegales; (6) situacion de seguridad en las regiones donde tienen presencia; y (7) reuniones periodicas de seguimiento entre la MAPP/OEA y la mas alta representacion del Gobierno e instituciones del Estado (28).

Sin embargo, a pesar de que en la mayoria de las zonas de influencia de las autodefensas se ha observado el esfuerzo del Estado por copar espacios, inicialmente con la Fuerza Publica (Ejercito, Armada y Policia Nacional), la capacidad de renovacion y reclutamiento de estas estructuras, respaldada por los recursos del narcotrafico, permiten su permanencia. Si bien ha habido capturas relevantes de la Fuerza Publica, asi como homicidios importantes de mandos medios, la Mision de la OEA ha permitido afirmar que las lineas de mando de este tipo de organizaciones son reemplazadas con relativa facilidad. "Por esta razon, si bien tanto el Ejercito como la Policia han concentrado las operaciones en contra de estas facciones, los resultados continuan siendo relativos, ya que las organizaciones criminales mantienen su presencia, de manera fraccionada pero con capacidad de integracion en torno a la economia del narcotrafico" (29).

El panorama expuesto refleja que los esfuerzos emprendidos por las distintas instituciones involucradas en el proceso de post-desmovilizacion, no han sido, y posiblemente no seran, suficientes para el logro exitoso de una politica de paz. El diseno de la ley misma tiene falencias evidentes, pues "no estimula en forma clara el logro de acuerdos colectivos entre el gobierno y los grupos armados al margen de la ley para que estos ultimos cesen las hostilidades, dejen las armas, abandonen el conflicto armado, y desmonten efectivamente sus estructuras ilegales" (30). "El momento que vive Colombia es crucial. O se consolida progresivamente el Estado en vastas areas del territorio y con ello la lucha contra la ilegalidad; o se recicla la violencia con nuevas formas y modalidades" (31).

La reintegracion de los desmovilizados, el fortalecimiento de las instituciones y el apoyo a las comunidades constituyen tareas indelegables que deben ser respaldadas por el apoyo internacional. Los fenomenos de reagrupamiento o rearme de desmovilizados, constituyen un alerta en ese sentido. Aproximadamente desde el mes de diciembre de 2006, se estan reconfigurando como grupos paramilitares contra organizaciones sociales y con caracteristicas similares a las anteriores AUC porque comparten las mismas formas de lucha, combinando lo politico con lo militar. Por lo tanto, se puede decir que si se esta produciendo un rearme paramilitar, ya no son solamente las bandas criminales emergentes de las que se hablaba antes, sino que el proceso evidencia que los desmovilizados dejaron sus estructuras intactas, es decir, que no se desmovilizaron los que eran, de los 31.000 que se desmovilizaron han quedado mas o menos nueve mil muy bien armados, haciendo los trabajos economicos, militares y politicos (32).

El rearme paramilitar puede entenderse mejor como paramilitares que nunca se desarmaron, siempre han existido y la esencia es la misma. "La gente en las regiones no ve la diferencia despues del proceso de desmovilizacion de las AUC, ellos no ven que hayan desaparecido" (33). En conclusion, el mantenimiento de estas estructuras ilegales ha llevado a la formacion de bandas criminales que constituyen el mayor efecto perverso (34) que la Ley de Justicia y Paz, y la debilidad institucional han generado en la etapa de post-desmovilizacion.

4.3 Analisis de la dimension micro-politica

La presente seccion analiza el fenomeno de la reincidencia de los paramilitares desmovilizados desde una perspectiva micro-politica con el fin de rescatar algunos aspectos claves como el surgimiento de alianzas, estructuras de mando, adaptabilidad y flexibilidad en los grupos que surgen tras el proceso de desmovilizacion. Este analisis permitira entender desde algunos postulados teoricos, las dinamicas internas que han caracterizado a estos grupos explicando el porque de su reincidencia, y concluyendo que la ley de justicia y paz ha logrado resultados significativos en terminos del desarme previsto con la desmovilizacion, pero no ha logrado el desmonte total de sus estructuras economicas y organizacionales.

Se entendera a los paramilitares desde una perspectiva de la accion racional en su version modificada por los aportes de Herbert Simon (1986), en lo que se refiere a la racionalidad limitada, y por Jon Elster (35), en cuanto a la formacion de preferencias de los individuos. En el modelo estandar de opcion racional los deseos o preferencias del agente se dan por sentado, y se consideran constantes. Por su parte, las creencias, se supone, son respuestas optimas a la informacion del agente sobre las que se espera cierto resultado. Esta forma reducida de la opcion racional es el producto de un conjunto de deseos y oportunidades. Entonces, los deseos se dan en forma independiente de las oportunidades y de las acciones. La critica a este modelo consiste en que existen preferencia adaptativas, es decir, preferencias forjadas por las oportunidades disponibles.

Como elemento subyacente a las preferencias adaptativas se encuentra el mecanismo de reduccion de disonancia cognitiva descrito por Leon Festinger (1957). La disonancia cognitiva es la tension o inquietud que surge cuando dos o mas elementos de nuestra mente consciente se oponen entre si, por ejemplo cuando deseamos profundamente un objeto sabiendo que no lo podemos obtener, o cuando hemos tomado una decision albergando sospecha de que habria podido haber una mejor opcion (Elster, 1997, 74). En estos casos existe una tendencia a adaptar uno de los elementos para que se alinee con el otro y asi reducir la disonancia. Este mecanismo funciona de forma inconsciente y solo se puede detectar por sus resultados (Elster, 1997, 74).

Los parametros anteriormente descritos explican las estrategias a las que los paramilitares se pueden enfrentar en la etapa de post-desmovilizacion. Un paramilitar desmovilizado puede poseer altos niveles de disonancia cognitiva una vez tomada la decision de desmovilizarse, esto significa que este tiene dudas de haber tomado la decision correcta. Las opciones subyacentes son, por un lado, alinear sus preferencias al nuevo contexto, por otro, la tendencia a que los desmovilizados se sobreadapten a las circunstancias de una manera que involucre costos desdenables. Esto se observa en los casos que se han documentado acerca de las acciones de como los reincidentes buscan eliminar a los mandos medios para ejercer liderazgo. El efecto en estos casos es diferente de la pacifica resignacion a lo inevitable que caracteriza a la mayor parte de las formas de adaptacion conscientes y deliberadas. A este fenomeno opuesto se puede llamar: formacion de preferencias contraadaptativas.

Igualmente se observa en las conductas de los desmovilizados cierto desinteres por el tiempo. Desde una perspectiva economica (relacionada con la utilidad esperada) los desmovilizados obtienen mayores beneficios economicos en el presente si reinciden, que si optan por una total desmovilizacion. El hecho que los individuos prefieran el presente sobre el futuro no implica que el futuro les sea totalmente indiferente. Solo existe una transaccion entre cuanto obtiene y cuan pronto lo obtiene.

Lo anterior se refleja en la "Cultura del Atajo" descrita por Mockus y Cante (2005). Por atajo se comprende aquellos caminos cortos, tentadores, y faciles que, por via mas rapida, permiten alcanzar los fines que cualquier persona o grupo de personas se propone. No obstante, esta alternativa, si bien tiene un bajo costo en el presente, implica altos costos a mediano o largo plazo. La cultura del atajo parece estar fuertemente relacionada con el uso, o padecimiento, de guerra y violencia. Estas, permiten una efectiva socializacion en materia de fines y una debil socializacion en materia de medios que facilitan la cultura del atajo. La cultura del atajo se puede caracterizar, entonces, por la aplicacion de la idea de que "el fin justifica los medios en un marco temporal cortoplacista" (Mockus y Cante, 2005).

A continuacion se profundizara en tres hechos que, contemplados bajo esta teoria, podran constituir un argumento solido que respalde la reincidencia de los desmovilizados. La composicion de nuevas estructuras regidas por las dinamicas que sustentan a los grupos paramilitares, senalan con claridad que los mecanismos contenidos en la ley no generan los incentivos suficientes para la desaparicion de estos grupos en su totalidad.

La primera situacion a analizar es el surgimiento de alianzas y articulaciones bajo liderazgos definidos en la post-desmovilizacion. Los fuertes lazos construidos por estos grupos han senalado una fuerte tendencia al reordenamiento economico-social, que solo puede ser explicado bajo una fuerte y continua construccion de modelos mentales compartidos que establecen nuevos marcos e instrumentos adecuados para la resolucion de problemas en un nuevo contexto.

"Hay que tener en cuenta que los liderazgos de estas estructuras son muy volatiles y las posibilidades de ascenso muy flexibles, generalmente mediadas por el uso de la violencia" (36).

Desde esta perspectiva es facil aceptar la existencia de algunos mandos medios desmovilizados que aun mantienen las estructuras jerarquicas en su modus opernadi. Este hecho se observa en la existencia de estructuras de mando que continuan dirigiendo la organizacion en la clandestinidad. Algunos de los desmovilizados han sido sujetos de amenazas y chantajes por parte de antiguos jefes, obligandolos mediante amenazas de muerte a regresar a sus operaciones como paramilitares.

Tanto la existencia de estructuras de mando clandestinas como las alianzas y articulaciones bajo liderazgos definidos, pueden explicarse desde una tercera caracteristica: la adaptabilidad y flexibilidad en el modus operandi de las estructuras ilegales emergentes. Los paramilitares han aprendido a jugar bajo el nuevo marco institucional legal de manera que moldean sus deseos y creencias, como cualquier organismo elector que busca la maximizacion de sus beneficios. El efecto de contraste frente a los incentivos economicos que trae consigo la ley de justicia y paz, resulta desfavorable para la desmovilizacion. El proceso de retroalimentacion del entorno, que vive el paramilitar en la etapa de post-desmovilizacion, en lugar de afirmar preferencias y creencias de la legalidad, reafirma modelos mentales que sustentan el accionar delictivo. Lo anterior genera inflexibilidad en los modelos mentales de los paramilitares porque la posibilidad de que un cambio institucional transforme por si solo las conductas, es casi nulo. Por ejemplo, "ante el homicidio o la captura de un comandante, rapidamente asciende un nuevo que repite el mismo modelo y forma de operar" (37).

Otro aspecto importante identificado son las bandas delincuenciales conformadas por reductos y/o desmovilizados que se nutren del narcotrafico, pues este otorga, en terminos economicos, un medio de subsistencia. En la desmovilizacion de las autodefensas, sectores del narcotrafico vieron una oportunidad de ganar el control de zonas de cultivos de uso ilicito y corredores. Luego de la desarticulacion de las estructuras paramilitares, comenzaron a emerger organizaciones que buscan mantener la influencia ilegal en determinadas areas en las que el Estado aun no ha logrado restablecer plenamente su presencia. Detras de estas dinamicas existe un proceso de adaptacion mediante el cual algunos integrantes de las AUC desarticuladas, pasan a formar parte de ejercitos privados al servicio del narcotrafico, con una marcada naturaleza mafiosa (38).

Los temas aqui tratados se pueden formalizar por medio de un dilema del prisionero, donde los actores responden a una racionalidad caracterizada por el desinteres por el tiempo, la vision de no futuro y la maximizacion de la utilidad economica. Lo jugadores tienen la posibilidad de hacer calculos estrategicos y adoptar un curso de accion que los llevara a acoger una estrategia dominante de reincidencia. El juego se desarrolla de la siguiente manera: los jugadores A y B tiene dos alternativas: reincidir (no cooperar con el gobierno), o continuar en la vida civil (cooperar con el gobierno). Establecidos unos pagos ordinales de 1 a 4 donde 1 es el menor pago y 4 el mayor, se obtuvo que la estrategia dominante es la reincidencia (ver Anexo 1).

De lo anterior se concluye que la normatividad establecida no ha logrado romper el dilema del prisionero expuesto, pues no contiene los incentivos suficientes para que los individuos cambien de estrategia. La debilidad institucional no ha dado cumplimiento a los proyectos productivos y de ayuda humanitaria establecida en la ley, lo que ha derivado en un efecto perverso. Estos proyectos, en terminos del diseno de la normatividad, constituyen un incentivo para los desmovilizados. Empero, el no cumplimiento ha generado un efecto perverso y un incentivo para la reincidencia al no asegurar la insercion socioeconomica de los beneficiarios (39).

Consideraciones finales

Desde la perspectiva neoinstitucional cognitiva es posible caracterizar la Ley de Justicia y Paz en sus dos dimensiones: en lo macro se concluye que el mantenimiento de estructuras ilegales y la debilidad institucional han conducido a la formacion de bandas criminales que constituyen el mayor efecto perverso que la Ley de Justicia y Paz ha producido en la etapa de post-desmovilizacion. En lo micro, los paramilitares han aprendido a jugar bajo el nuevo marco institucional legal, de tal manera que moldean sus deseos y creencias como cualquier organismo elector, buscando la maximizacion de sus beneficios, y reflejando su gran capacidad de adaptabilidad y flexibilidad al contexto.

Segun la perspectiva planteada por Mockus y Cante (2005), el "reciclaje paramilitar" puede entenderse desde tres dimensiones: (1) Intrapersonal: se identifican en los paramilitares desmovilizados altas tasas de descuento intertemporal, preferencias rencorosas y envidiosas donde no es posible que el beneficio individual no vaya en detrimento del otro (optimo de pareto), y situaciones de no futuro frente al otro; (2) Interpersonal: es evidente la desconfianza hacia las instituciones del Estado y hacia los demas, lo que produce un capital social bajo en donde las condiciones de reciprocidad como la cooperacion condicionada fallan en la generacion de un capital social, entendido como la organizacion propiciada por redes sociales que, bajo normas de la reciprocidad y confianza, facilitan la cooperacion y la coordinacion, en torno a preferencias sociales constructivas.

Por ultimo, (3) Institucional: el "reciclaje paramilitar" genera un capital social perverso cuya naturaleza es el conjunto de relaciones sociales que premian y fomentan las diversas formas de fraude, este contiene incentivos perversos donde la cooperacion y la confianza no son alternativas viables, favoreciendo la mera transferencia de rentas, la especulacion, la proliferacion de intermediarios, la informalidad, la ilegalidad, e incluso el despilfarro y la depredacion. En consecuencia, se produce una cultura del atajo, propia de una sociedad violenta donde existe una socializacion efectiva en materia de fines. En una sociedad donde sea fuerte la cultura del atajo hay una mayor probabilidad de narcotrafico, violencia, corrupcion y reproduccion de estructuras armadas ilegales.

La reincidencia de los paramilitares desmovilizados como una muestra del bajo capital social, se evidencia en el relativismo moral, donde se justifican las acciones negativas por defensa de intereses propios; en la desconfianza en las instituciones del Estado; y en los incentivos negativos relacionados con las amenazas y el miedo. Esto refleja que la asociatividad de los paramilitares y de las bandas criminales emergentes, es de caracter defensivo y genera un capital social perverso en el cual se reproducen las conductas ilegales (40).

De la misma manera, el comportamiento de los desmovilizados reincidentes evidencia el divorcio entre el sujeto legal, moral y cultural, pues aparecen conductas ilegales aceptadas moral y culturalmente. Hay ilegalidad cuando la regulacion cultural y moral actua en contravia de la regulacion legal. El divorcio esta relacionado con la utilidad de las razones utilitarias para actuar. Teniendo en cuenta que el comportamiento esta dado por los motivos y reglas, la unica forma de intervenirlo es mediante la via legal, generando incentivos que privilegien ciertas conductas (41). La de Ley de Justicia y Paz, no genera los incentivos suficientes para modificar de la forma deseada las conductas de los desmovilizados, generando un efecto perverso que se materializa en la creacion de bandas criminales en donde hay mayores incentivos y motivaciones para reproducir conductas ilegales.

Segun las recomendaciones del informe No. 9 presentado por la MAPP/ IOEA, la implementacion de medidas concretas se ha dado de modo retardado; luego de mas de tres anos y medio de iniciado el proceso de reinsercion con la primera estructura de las autodefensas, la institucionalidad enfrenta el gran desafio de devolverle la confianza a las comunidades victimas de la violencia y a los desmovilizados que tomaron la decision de reinsertarse a la vida civil. Ademas, en contextos de ilegalidad pronunciados que ofrecen incentivos para retornar a una opcion criminal y comprometen seriamente el proceso, hay cuestiones inmediatas que atender (42).

Por ultimo, considerando que el diseno institucional es el cambio intencional de reglas en situaciones de accion colectiva producto de decisiones marcadas por las preferencias que cambian en el tiempo (43), se puede decir que el diseno institucional debe estar encaminado a la construccion de una estrategia de solucion politica que se fundamente en la cultura de paz y derechos humanos (44). El pacto de paz o la derrota de las organizaciones armadas se debe entender como el resultado de una politica de deslegitimacion, de no violencia y cultura de paz que cohesiona a una sociedad en defensa de conquistas sociales que se materializan en bienestar y libertad. La negociacion con los paramilitares es solo una parte de esa solucion politica que supone una agenda sustantiva que implica cambios institucionales de poder, asi como reformas para consolidar la paz (Gonzalez Posso, 2005).

Recibido: 05/02/08

Aprobado: 30/02/08

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* Articulo de reflexion derivado de el trabajo elaborado para el Curso de Procesos Politicos Colombianos a cargo del Profesor Andres Casas, durante el segundo semestre de 2007 en la Facultad de Ciencias Politicas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogota).

(1) "En medio de la desmovilizacion, fueron frecuentes los rumores acerca de la llegada de los carteles a algunas regiones. De acuerdo a diversas informaciones, mientras que algunas estructuras se desarticulaban, otras llegaban a tomar el control de areas antes dominadas por las autodefensas. Esta dinamica se catalogo como el 'reciclaje' paramilitar y presento serios cuestionamientos acerca de la transparencia del proceso y la efectividad de la desmovilizacion y el desarme. Se asistia entonces al fraccionamiento de los Bloques y la aparicion de pequenos ejercitos respaldados por estructuras sicariales. La Mision de apoyo al proceso de paz en Colombia--Organizacion de Estados Americanos MAPP/OEA verifico este fenomeno con la identificacion de mas de 22 estructuras ilegales" (Parrafo No. 11 del Decimo informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Mision MAPP/OEA, del 31 de Octubre de 2007).

(2) "Los seres humanos aprenden de la experiencia directa y de la observacion obedeciendo a su capacidad de aprendizaje y a su naturaleza mimetica". Tomado de: Notas de clase, curso de Analisis de Procesos Politicos Colombianos, profesor Andres Casas. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencia Politica y Relaciones Internacionales. Bogota, agosto 6 de 2007.

(3) "La cultura proporciona un marco conceptual basado en el lenguaje para cifrar e interpretar la informacion que los sentidos estan proporcionando al cerebro" (North, 1995, 62).

(4) El aprendizaje es "an evolutionary proces of trial and error, and failure to solve a problem leads to be trial of new solution" (Mantzavinos, North, Shariq, 2004, 76).

(5) Un modelo mental "can best be understood as the final prediction that the mind makes or expectation that is has regarding the environment before getting feedback from it" (Mantzavinos, North, Shariq, 2004, 76).

(6) "Institutions are the rules of the game in a society or, more formally, the humanly devised constraints that structure human interaction. They consist of formal rules (constitutions, statute and common lay, and regulations), informal rules (conventions, moral rules, and social norms), and the enforcement characteristic of each. Because they make up the incentive structure a society, they define the way the game is played through time" (Mantzavinos, North, Shariq, 2004, 76).

(7) Existen dos tipos de instituciones formales e informales. Las informales se refieren a la cultura, codigos de conducta, convenciones, reglas morales y sociales; y las formales se refieren a la constitucion, regulaciones y leyes establecidas.

(8) Tomado de: Notas de clase, curso de Analisis de Procesos Politicos Colombianos, profesor Andres Casas. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencia Politica y Relaciones Internacionales. Bogota, agosto-diciembre de 2007.

(9) LA MAPP OEA es la mision de la OEA encargada de labores de verificacion de la desarticulacion de la estructura armada y el monitoreo al orden publico en el proceso de paz en Colombia.

(10) Segun la MAPP/OEA, las bandas emergentes y las estructuras ilegales surgen debido a la ausencia permanente y falta de control territorial por parte de la Fuerza Publica, mientras que los reductos se componen de las personas que nunca se han desmovilizado (ver: Noveno informe trimestral del Secretario General al Consejo permanente sobre la mision de apoyo al proceso de paz en Colombia, 3 julio 2007).

(11) Ver: Decimo informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Mision MAPP/OEA, del 31 de octubre de 2007.

(12) "La estigmatizacion de la poblacion desmovilizada se constituye como uno de los obstaculos principales en el proceso de reinsercion. A pesar de que la gran mayoria de los ex combatientes ha retornado a sus comunidades y asumido el reto de volver a la civilidad, la participacion de una minoria en actividades criminales ha creado una imagen negativa, que ha impactado en su inclusion en su nucleo social, familiar y barrial. Desde este analisis, para la MAPP/OEA, el enfoque de reintegracion comunitaria que ha asumido la Alta Consejeria puede contribuir a cambiar esta situacion y a crear un entorno mas propicio para el retorno a la vida civil de los excombatientes. En este sentido, para la Mision es necesario un compromiso mas activo por parte del sector empresarial, el cual puede ofrecer alternativas de empleo que contribuyan a una mayor inclusion de los desmovilizados" (Decimo informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Mision MAPP/OEA, del 31 de octubre de 2007).

(13) "La desmotivacion por parte de la poblacion desmovilizada se presenta como una de las barreras mas fuertes para la implementacion de la politica de reintegracion. La transicion del Programa de Reinsercion del Ministerio del Interior a la Alta Consejeria, propicio un espacio de indefinicion e incertidumbre que impacto negativamente las expectativas que tenian los desmovilizados y las mismas comunidades acerca del proceso. Esta situacion se ha visto reflejada en la resistencia inicial a participar en las actividades que no estan ligadas a un beneficio economico directo, tales como los talleres relacionados con el tema civico y psicosocial. De la misma manera sucede con las actividades academicas, donde son frecuentes los bajos indices de asistencia. Partiendo de este panorama, recuperar la confianza de los participantes es uno de los restos fundamentales para la ACR" (Decimo informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Mision MAPP/OEA, del 31 de octubre de 2007).

(14) "La generacion de proyectos productivos hasta ahora no ha sido la respuesta mas adecuada para encontrar una alternativa ocupacional. Lo anterior se deriva de la falta de capacitacion y orientacion acerca de la conformacion de asociaciones; la ausencia de acuerdos entre el Gobierno Nacional y entidades bancarias que faciliten la adquisicion de creditos; el desconocimiento acerca de los acuerdos entre la Organizacion Internacional para las Migraciones OIM y la Alta Consejeria; la incertidumbre y demora en los estudios de viabilidad de dichos proyectos; el retraso en los tramites con las entidades encargadas; asi como los problemas juridicos que se presentan en al acceso a tierras. Adicionalmente, el esquema de proyectos productivos conserva, con algunas excepciones, un enfoque rural que no corresponde con la naturaleza urbana de un importante porcentaje de las autodefensas desmovilizadas" (Decimo informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Mision MAPP/OEA, del 31 de octubre de 2007).

(15) Ver: Ministerio de Defensa Nacional, Republica de Colombia. Disponible en: www.mindefensa.gov.co. Recuperado: Diciembre 1 de 2007.

(16) El Programa se desarrolla en dos etapas: (1) Programa de Atencion Humanitaria al Desmovilizado (PAHD), a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, el cual comienza con la presentacion de la persona ante la autoridad mas cercana y termina cuando el Comite Operativo para la Dejacion de Armas (CODA), luego de realizar un proceso de verificacion, decide si la persona puede o no acceder a los beneficios del Programa. Esta etapa implica la atencion humanitaria del desmovilizado, es decir, el alojamiento y alimentacion, transporte, vestuario, atencion en salud fisica, psicologica y seguridad. (2) La etapa denominada "Programa de Reincorporacion a la vida civil de las personas alzadas en armas" a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia. El Programa tiene una duracion aproximada de dos anos, con los siguientes componentes:

Atencion Humanitaria. Contempla la atencion de las necesidades basicas de los desmovilizados y sus familiares, e incluye la ubicacion en albergues, vestido, alimentacion y transporte.

Salud. Incluye la vinculacion a la Red Publica Hospitalaria cuando ingresan al Programa del Ministerio de Defensa, y al Regimen Subsidiado en Salud una vez se asignan los cupos por parte del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

Educacion formal y no formal. Se prestan servicios en distintas areas: elaboracion de proyecto de vida, educacion basica, capacitacion en oficios semi-calificados, formacion productiva y apoyo a proyectos productivos.

Seguridad. Se les cobija bajo esquemas de seguridad de acuerdo al nivel de riesgo del ciudadano.

Juridica. Se les apoya y asesora en los aspectos legales, con el fin de que puedan reincorporarse a la vida civil y ejercer todos sus derechos.

Atencion psicosocial: apoyo psicologico a las personas que, por motivo de sus experiencias en la guerra y cambios en su situacion de vida, requieren de este apoyo emocional.

Sistema de informacion. Con los componentes de seguimiento, monitoreo y evaluacion del Programa en su conjunto y los proyectos derivados, con el fin de contar con informacion de calidad para la efectiva toma de decisiones y el seguimiento requerido.

Descentralizacion del Programa y de las responsabilidades a traves de alianzas entre el gobierno central, regional y la sociedad civil.

(17) Ver: Decimo informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Mision MAPP/OEA, del 31 de octubre de 2007.

(18) Segun Gonzalez, "el gobierno para resolver el problema con los paras debe hacer dos negociaciones simultaneas y no una a medias: la primera frente a la actividad ilegal de grupos armados de defensa privada que acompanan luchas contrainsurgentes; y la segunda sobre el ejercicio de la actividad de narcotrafico. Sin introducir un nuevo tipo de delito politico, la oferta del gobierno podria distinguir las situaciones. En el primer caso incluir amnistias y beneficios penales para el desmonte de los paramilitares y, en el segundo, con el beneplacito de EE.UU, brindar la garantia de no extradicion. Y, en todos los casos, conviniendo formulas que tengan en cuenta los minimos de verdad, justicia y reparacion, la viabilidad de la desmovilizacion y la urgencia de la paz" (Gonzales Posso, 2005).

(19) Tomado de: Notas de clase, curso de Analisis de Procesos Politicos Colombianos, profesor Andres Casas. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencia Politica y Relaciones Internacionales. Bogota, agosto 8 de 2007.

(20) Ibid.

(21) Ver: Decimo informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la MAPP/OEA, del 31 de octubre de 2007.

(22) Ibid.

(23) Ibid.

(24) "La situacion de seguridad de los desmovilizados continua siendo critica en varias zonas del pais, con la continua muerte de excombatientes. Segun las cifras que maneja la Policia Nacional durante el ano 2007 han sido asesinados 180 desmovilizados de las autodefensas, siendo los meses mas criticos enero y junio, con 31 muertes respectivamente. Zonas de presencia de estructuras ilegales y de enfrentamiento de bandas emergentes, dentro de las cuales se encuentran ciudades de la costa Atlantica como Barranquilla y Santa Marta, asi como el municipio de Aguachica en el sur del Cesar, presentan una situacion delicada a este respecto" (Decimo informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la MAPP/OEA, del 31 de octubre de 2007).

(25) Ver: Decimo informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la MAPP/OEA, del 31 de octubre de 2007.

(26) "El sur de Cordoba, en limites de la region del nudo de Paramillo y el Uraba antioqueno; especificamente en los corregimientos de Tierradentro y Juan Jose del municipio de Montelibano, en el corregimiento El Guadual de Valencia y en el corregimiento de Saiza en Tierralta. En el corredor que de Tierradentro (Cordoba), conduce a la Caucana y el Guaimaro, del municipio de Taraza (Antioquia). En la via Dabeiba-Mutata-Chigorodo; y recientemente los municipios de Turbo y Apartado. En el Uraba Chocoano, el municipio de Riosucio y la frontera con Panama. En el oriente antioqueno, los municipios de San Carlos, San Luis, San Francisco, San Rafael, Cocorna, Granada, Sonson, Argelia y Narino. En el departamento de Norte de Santander, los epicentros del despliegue y la confrontacion armada se focaliza especificamente en la region del Catatumbo, y los ejes viales que unen a Tibu con Convencion y Sardinata con Ocana. En el norte del departamento de Tolima, en los municipios de Anzoategui, Venadillo, Santa Isabel y Libano. De igual manera, en los municipios mas proximos a la via que de Honda (Tolima) conduce a Manizales (Caldas). La alarma actual se refleja en la posibilidad de una toma guerrillera de los municipios de VUahermosa, Casablanca, Palocabildo y Herveo. En el departamento de Narino, el eje vial que de Tuquerres conduce a Tumaco; adicionalmente los municipios de Mallama (Piedrancha), Ricaurte y Barbacoas" (Decimo informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Mision MAPP/OEA, del 31 de octubre de 2007).

(27) Ver: Noveno informe trimestral del Secretario General al Consejo permanente sobre la mision de apoyo al proceso de paz en Colombia, 3 julio 2007.

(28) El mecanismo de reuniones periodicas esta bajo la coordinacion del vicepresidente de la Republica, y en ellas participan el Ministerio de Defensa, la Fiscalia, la Alta Consejeria para la Reintegracion, la Policia Nacional, el Ejercito, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Programa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia (ver: Decimo informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Mision MAPP/OEA, del 31 de octubre de 2007).

(29) Ibid.

(30) Ver: Notas de Clase, curso Conflicto y Paz. Carlos Jose Herrera. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencia Politica y Relaciones Internacionales. Bogota. Septiembre 11, 2007.

(31) Ver: Noveno informe trimestral del Secretario General al Consejo permanente sobre la mision de apoyo al proceso de paz en Colombia, 3 julio 2007.

(32) Ver: Entrevista realizada por Reina Lucia Valencia a Leonardo Gonzalez, Asesor academico de el Instituto de estudios para el desarrollo de la paz INDEPAZ. Septiembre 24, 2007.

(33) Ibid.

(34) Entenderemos por efecto perverso aquel efecto contrario al que se pretendia con el diseno de la Ley de Justicia y Paz.

(35) Profesor en Ciencias Sociales, Universidad de Columbia, Estados Unidos, Ph.D. Universidad de Paris, Francia.

(36) Ver: Noveno informe trimestral del Secretario General al Consejo permanente sobre la mision de apoyo al proceso de paz en Colombia, 3 julio 2007.

(37) Ibid.

(38) Ver: Decimo informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la MAPP/OEA, del 31 de octubre de 2007.

(39) "Las asociaciones que se han creado para el desarrollo de estos proyectos, no han sido suficientemente capacitadas para hacer propuestas sostenibles ni viables para cada region. Se percibe una falta de oportunidades que ha generado migraciones de desmovilizados y contribuido al abandono del programa e inclusive la muerte y detencion de desmovilizados, ya sea porque forman parte de grupos ilegales o por involucrarse en actividades delictivas. De otro lado, las expectativas generadas por la extension de la ayuda humanitaria--derivada de la expedicion del decreto 395--han ocasionado un efecto negativo en algunas zonas por el no pago. A alrededor de 1.096 desmovilizados provenientes de los bloques Catatumbo, Bananero, Calima, Mojana y Cordoba ya se les suspendio el pago de la ayuda humanitaria y hasta la fecha no han recibido el desembolso de la extension. Por otra parte, los beneficios que ofrece el Programa en materia de educacion y salud, tienen mas del 60% de cobertura. Sin embargo, esto preocupa en la medida que muchos de los beneficiarios, a pesar de estar en el programa por casi mas de dos anos, aun no reciben estos beneficios" (Decimo informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la MAPP/OEA, del 31 de octubre de 2007).

(40) Tomado de: Notas de clase, curso de Analisis de Procesos Politicos Colombianos, profesor Andres Casas. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencia Politica y Relaciones Internacionales (Bogota). Octubre 22, 2007. Referentes a: Lopez, Claudia. "?Como es el colombiano que pertenece a organizaciones voluntarias y participa?". Nuestra identidad: estudio colombiano de valores. Bogota: Centro de estudios culturales: Raddar, 2006.

(41) Tomado de: Notas "Seminario Ley, Moral y Cultura" con Antanas Mockus y Jon Elster. Universidad Nacional, octubre 16, 17 y 18 de 2007.

(42) Ver: Noveno informe trimestral del Secretario General al Consejo permanente sobre la mision de apoyo al proceso de paz en Colombia, 3 julio 2007.

(43) Tomado de: Notas de Clase, curso Conflicto y Paz. Profesor Carlos Jose Herrera. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencia Politica y Relaciones Internacionales. Bogota. Noviembre 7, 2007.

(44) Ver: Decimo informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Mision MAPP/OEA, del 31 de octubre de 2007.

Juanita Guzman-Gomez, Estudiante de septimo semestre de Ciencia Politica y Relaciones Internaciones de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogota. Miembro fundador del semillero de Conducta Humana y Politica coordinado por el profesor Andres Casas. Miembro fundador del semillero "Venezuela", adscrito al Observatorio Andino de la Facultad de Ciencia Politica y Relaciones Internacionales. Correo electronico: juanitaguzman03@hotmail.com.

Diana Carolina Silva-Diaz, Estudiante de septimo semestre de Ciencia Politica y Relaciones Internaciones de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogota. Miembro fundador del semillero de Conducta Humana y Politica, coordinado por el profesor Andres Casas. Correo electronico: silvadian@gmail.com.

Diana Marcela Mendoza-Ospina, Estudiante de septimo semestre de Ciencia Politica y Relaciones Internaciones de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogota. Miembro fundador del semillero de Conducta Humana y Politica coordinado por el profesor Andres Casas, miembro del grupo de investigacion Biopolitica y coordinadora estudiantil. Correo electronico: musicbach21@hotmail.com.

Diana Isabel Guevara-Vaca, Estudiante de sexto semestre de Ciencia Politica y Relaciones Internaciones de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogota. Miembro fundador del semillero de Conducta Humana y Politica coordinado por el profesor Andres Casas. Miembro del Centro de Estudios Sobre Integracion (CESI). Asistente del Grupo de Integracion, adscrito a Friedrich Ebert Stiftung Colombia--FESCOL a cargo del doctor Edgar Vieira. Tutora de la Asamblea Javeriana Territorial 2007-2008. Correo electronico: dianisgm18@gmail.com
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Author:Guzman-Gomez, Juanita; Silva-Diaz, Diana Carolina; Mendoza-Ospina,Diana Marcela; Guevara-Vaca, Diana
Publication:Papel Politico Estudiantes
Date:Jan 1, 2008
Words:10809
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