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El proceso cubano de divorcio por justa causa: a proposito del comentario de sentencias.

JUST CAUSE FOR DIVORCE CUBAN PROCESS ON SENTENCE COMMENTARY

INTRODUCCION

El motivo de estas reflexiones tiene su origen en el Acuerdo No. 65 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular de la Republica de Cuba, contentivo del DICTAMEN No. 379 de 26 de diciembre de 1996, respecto a una consulta formulada por la Presidenta de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, ante la necesidad de que se estableciera una practica judicial uniforme para todos los Tribunales del pais, en cuanto a la tramitacion del Proceso de Divorcio por Justa Causa. (1)

En este sentido, constituia una practica frecuente de algunos Tribunales Municipales Populares, no abrir a prueba el proceso de Divorcio por Justa Causa, en caso de que la parte demandada emplazada en tiempo y forma no compareciera en el proceso, por lo que, posterior a la declaracion de rebeldia de esta, y sin mas tramites, los jueces declaraban el proceso concluso para dictar sentencia. Decision que amparaban en lo establecido en el Articulo 390; 243 en relacion con el 383 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral (LPCAL) (2). Estimando de esta forma los magistrados cubanos que en el orden practico se trataba de una salida, que contribuia a la agilizacion de este tipo de proceso de gran incidencia en la radicacion de asuntos en las mencionadas instancias jurisdiccionales.

A tenor de la consulta formulada, el maximo organo de administracion de justicia, a traves del mencionado DICTAMEN, se pronuncio como sigue:
   El claro texto del Articulo 51 del Codigo de Familia no permite
   interpretacion distinta a que el Tribunal que conozca de un proceso
   de Divorcio por Justa Causa viene obligado a comprobar la
   existencia de elementos concretos de los que resulten que el
   matrimonio ha perdido su sentido para los esposos y para los hijos,
   y con ello tambien para la sociedad, cuya conviccion en ausencia de
   allanamiento pleno por el demandado a la pretension deducida, solo
   puede lograrse con la practica de pruebas idoneas, de lo que sigue,
   que en cualquier otro supuesto, no puede prescindirse por el organo
   actuante de la apertura a pruebas del proceso.


Siguiendo al pie de la letra la interpretacion emitida por el Tribunal Supremo sobre la tramitacion a seguir en el proceso de Divorcio por Justa Causa, cuando el demandado emplazado en tiempo y forma no comparece (y luego de declararlo rebelde), los Tribunales Municipales Populares han abierto posteriormente el proceso a pruebas. Sin embargo, en no pocos casos han declarado Sin Lugar demandas establecidas: bien porque la parte actora no presenta ninguna proposicion de pruebas en el plazo concedido por la Ley de tramites; o bien porque proponiendo la practica de prueba testifical, los testigos no concurren a la sede de justicia (a pesar de encontrarse debidamente citados por el organo jurisdiccional). Unida a la situacion anterior, la practica de la prueba de confesion judicial ha conllevado infructuosos resultados para el promovente del proceso. Ademas se suma a estas circunstancias el hecho de ignorarse el paradero del demandado en algunos casos.

Como consecuencia de las situaciones anteriores, en un importante numero de procesos iniciados, los jueces no han podido formar una determinada conviccion sobre el fondo del asunto; que les permitan comprobar que existen causas de las que resulte que el matrimonio ha perdido su sentido para los esposos, los hijos y con ello tambien para la sociedad, tal y como se estipula en los Articulos 51 y 52 del Codigo de Familia.

Esta investigacion, toma como muestra un total de 189 sentencias dictadas por el Tribunal Municipal Popular de Guantanamo, comprendidas en los anos del 2001 al 2007, y 13 del Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba del 2003, 2005, 2006 y 2007, que declaran Sin Lugar demandas establecidas en procesos de Divorcio por Justa Causa.

En virtud de estas cifras, y las dificultades que en el orden judicial presenta la tramitacion de estos asuntos, estimamos oportuno ofrecer nuestras consideraciones al respecto, teniendo en cuenta el caracter especial de este proceso y la finalidad que persigue; diferenciandose sustancialmente del resto de los contemplados por la Ley adjetiva civil cubana, incluyendo el proceso ordinario. Aspectos que profundizaremos mas adelante, partiendo de los siguientes interrogantes:

?Es imprescindible que en todos los casos el Tribunal abra a pruebas un proceso de Divorcio por Justa Causa donde el demandado ha sido declarado rebelde? ?Cual es el espiritu del legislador cubano en la Ley sustantiva de Familia y la Ley Procesal Civil respecto a la tramitacion de la disolucion del vinculo matrimonial? ?Existe plena concordancia entre tales normativas? ?En que medida repercute en los efectos de este tipo de proceso, el solo hecho de que el Tribunal declare Sin Lugar una demanda? ?Como valorar ante estos casos la presencia o no del efecto de cosa juzgada material? ?Podra promoverse un nuevo proceso? En cuanto a la demanda reconvencional en el Divorcio por Justa Causa, ?tendra sentido su procedencia de acuerdo con la letra contenida en la Ley rituaria cubana? ?Puede equipararse la tramitacion de un Divorcio por Justa Causa, con un proceso Ordinario?

1. la apertura a prueba del proceso de divorcio por justa causa. criterios de la doctrina y la practica judicial cubana.

Autores cubanos, entre los cuales se encuentra Grillo Longoria (1982: 106), sostienen que no es necesario en todo caso que el proceso de Divorcio por Justa Causa se abra a prueba. En este sentido, el citado autor fundamenta su posicion a tenor de lo establecido en el Articulo 390 de la Ley de Tramites civiles:
   Articulo 390: Contestada la demanda o vencido el plazo sin hacerlo,
   o decursado el de cuatro dias a que se refiere el articulo
   anterior, el Tribunal abrira el proceso a prueba, cuando los hechos
   articulados requieren posterior demostracion, salvo que ambas
   partes hayan solicitado que se falle definitivamente sin necesidad
   de prueba. En este caso el Tribunal traera las actuaciones a la
   vista para sentencia, la que dictara dentro de los 5 dias
   siguientes.


Por su parte, Mantecon Ramos (2003: 22-23), plantea que la Ley adjetiva civil deja muy claramente definido que el tema de la apertura a prueba del proceso --tan vinculado al impulso procesal-- es monopolio exclusivo del Tribunal, que por lo demas, no esta obligado a conducir el litigio hacia la fase probatoria si no lo cree necesario. Afirma que el recibimiento a prueba nunca podra ser preceptivo, pues ello iria en franca contradiccion con conceptos que devienen pilares basicos del sistema procesal, como el de necesidad de la prueba, segun el cual esta se admite y practica siempre que sea imprescindible. Ningun sistema procesal a estas alturas privaria al Tribunal de la capacidad de decision para prescindir, dentro de un margen razonable, de la actividad probatoria, cuando en un proceso no hubiere necesidad de verificar hechos o datos.

Cualquier intento de dilucidar la filosofia que domina actualmente la actividad probatoria en el ordenamiento procesal cubano, ha de tener en cuenta los cuerpos normativos del Derecho historico en nuestro pais. (3) Si realizamos una mirada retrospectiva en el tiempo hasta llegar al Decreto -- Ley 206 de 10 de mayo de 1934 (LAZCANO y MAZON, 1945: 192) mediante el cual se establecio el Divorcio Vincular, observaremos las semejanzas y diferencias entre lo plasmado en su Articulo 46 y el actual Articulo 390 de nuestra Ley de Procedimiento Civil:
   Articulo 46: Una vez contestada la demanda, o, en su defecto, que
   se hubiere tenido por contestada, o transcurrido el termino de
   cuatro dias a que se refiere el articulo anterior, en el caso de
   haberse formulado reconvencion, el Juez, de oficio, sin mas
   tramites, debera abrir el juicio a prueba, a no ser que ambas
   partes estuvieren de acuerdo en que se falle definitivamente el
   pleito sin necesidad de prueba, debiendo en este caso el Juez traer
   los autos a la vista con citacion de las partes para sentencia, que
   debera dictar dentro de los 5 dias siguientes.


Notese que el citado precepto fue lo suficientemente explicito respecto a la actuacion del Juez, quien de oficio venia obligado a abrir el juicio a prueba cuando no lo hubieran solicitado las partes. Formulacion distinta a la del Articulo 390 de nuestra actual Ley adjetiva, al establecer que el Tribunal abrira el proceso a prueba, cuando los hechos articulados requieren posterior demostracion.

Ambos preceptos guardan semejanza respecto a la disposicion que contienen sobre la apertura a prueba del proceso, vinculando la decision del Tribunal sobre ese extremo a la voluntad concorde de las partes, cuando estas hayan solicitado que se falle definitivamente sin necesidad de pruebas. Mantecon Ramos (2003: 32), al advertir que la LPCAL deja claramente definido que la apertura a prueba es monopolio exclusivo del Tribunal, apunta --en nota a pie de pagina-- que este principio tiene su excepcion en el Proceso de Divorcio por Justa Causa, a tenor del citado Articulo 390.

En cuanto al Articulo 46 del Decreto -- Ley 206 de 10 de mayo de 1934, Lazcano y Mazon destaca el paso progresivo de esta norma respecto a las anteriores, en cuanto a la facultad concedida a las partes en el tema probatorio. En este sentido argumento:

Reconoce el precepto el principio de que se puede fallar el pleito sin necesidad de pruebas; y como no dice que en este caso habra que declarar sin lugar la demanda, implicitamente esta aceptando que puede tambien ser declarada con lugar; con lo cual, es visto que este Decreto consiente el allanamiento a la demanda; lo que prohibian las leyes de divorcio de 29 de julio de 1918 y 6 de febrero de 1930, en sus articulos 26 y 29, al preceptuar: que al allanamiento a la demanda y la confesion favorable al divorcio no seran, por si solos, elementos probatorios suficientes a fundar una sentencia condenatoria (LAZCANO y MAZON, 1945: 192-193).

Se evidencia la intencion del legislador cubano al redactar el Articulo 390 de la vigente Ley de Tramites, con diferentes y a la vez semejantes matices a lo preceptuado en el Articulo 46 del antiguo Decreto Ley de Divorcio Vincular, pero en contextos historicos que difieren totalmente. El origen de tal postura hay que buscarla en las condiciones historicas concretas de la evolucion del Divorcio en nuestro pais, muy marcada por las concepciones que han caracterizado a la familia en la sociedad; lo que ha determinado la forma de regularlo.

Antes de la vigencia de la actual LPCAL, fue promulgada en 1974 la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo, la que contaba en su Articulo 398 con una formulacion identica a la del Articulo 390 de la vigente Ley adjetiva. El 14 de septiembre de 1977, la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo emitio el Acuerdo No. 459, en virtud de una consulta formulada por el Presidente del entonces Tribunal Regional Popular de Caibarien, quien, entre otras cuestiones, solicitaba aclaraciones en cuanto a la aplicacion o no del Articulo 398 de La Ley de Procedimiento Civil y Administrativo de 1974. El Tribunal de maxima instancia se pronuncio de la manera siguiente:
   (...) los preceptos 51 y 52 del Codigo de Familia expresan con
   claridad palmaria que la intencion del legislador revolucionario ha
   sido la de que el Tribunal, en el caso de divorcio por justa causa,
   tiene el deber de comprobar la situacion objetiva demostrativa de
   que el matrimonio ha perdido su sentido; sin que valga invocar el
   articulo 398 de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo, que
   autorizaba al Tribunal fallar definitivamente sin necesidad de
   prueba, cuando ambas partes lo solicitaban; pues ese precepto
   contradice lo dispuesto en los articulos antes citados del Codigo
   de Familia, y es principio comunmente aceptado en materia de
   interpretacion de las leyes, que la posterior deroga la anterior en
   cuanto se le oponga.


Sin animos de entrar en un debate teorico sobre la aplicacion de las normas, consideramos que de acogernos al principio invocado en aquel momento por el organo jurisdiccional de maxima instancia, toda discusion en torno al tema de la necesidad de apertura o no a prueba en el proceso de Divorcio por Justa Causa, quedaria resuelto en virtud de la actual Ley de Procedimiento de 1977, pues su promulgacion fue posterior a la del Codigo de Familia de 1975.

La interpretacion realizada por los citados autores cubanos en relacion con lo regulado en el Articulo 390 de la LPCAL sobre la pertinencia de la prueba, (4) difiere totalmente del criterio sostenido hoy dia por el Tribunal Supremo en su DICTAMEN No. 379 del ano 1996. ?Que razones impulsaron entonces a la maxima instancia judicial a los pronunciamientos contenidos en el DICTAMEN de referencia?

Pensamos que el Tribunal Supremo en su labor interpretativa pondero la forma verbal que el legislador instituyo en el Articulo 51 del Codigo de Familia: "Procedera el divorcio (...) cuando el Tribunal compruebe que existen causas de las que resulte que el matrimonio ha perdido su sentido para los esposos y para los hijos, y con ello tambien para la sociedad". Siguiendo ese razonamiento, el organo judicial de mayor jerarquia concluye que dicha conviccion, en ausencia de allanamiento pleno por el demandado a la pretension deducida, solo puede lograrse con la practica de pruebas idoneas; y por tanto, el organo actuante no puede prescindir de la apertura a prueba del proceso.

Teniendo en cuenta la tramitacion establecida en la LPCAL para que el organo actuante en un proceso de divorcio compruebe las causas que refiere el Articulo 51 del Codigo de Familia, nos dimos a la tarea de realizar un analisis de los particulares contenidos en dicha tramitacion. En la propia Ley adjetiva existen determinados inconvenientes que limitan las posibilidades del Tribunal para llegar a la mencionada conviccion, sin que necesariamente implique la apertura a prueba del proceso en todos los casos.

La ausencia de estas posibilidades conllevo al Tribunal de maxima instancia a las conclusiones del citado DICTAMEN. Aun y cuando la normativa del Articulo 390 es clara en cuanto a la facultad del organo actuante de abrir o no a prueba el proceso, cabe preguntarse que otras formulas --ademas del allanamiento del demandado-- ofrece la Ley adjetiva para que el Tribunal prescinda de la apertura a prueba en un Divorcio por Justa Causa.

"Para que exista prueba procesal tiene que haber una disposicion que, teniendo en cuenta la necesidad de demostrar o no hechos discutidos, de lugar a que en un proceso concreto se realicen tramites de verificacion, o sea, probatorios. Es en este sentido que puede ser entendida la prueba como actividad" (MANTECON RAMOS, 2003: 22).

Efectivamente, en el caso que nos ocupa la disposicion existe, y viene refrendada en el ya citado Articulo 51 del Codigo de Familia, dirigida expresamente a la actividad de conocimiento del Tribunal. Insistimos en la idea de no olvidar cual es la finalidad de este proceso, que difiere totalmente de los demas que regula la Ley de Procedimiento Civil, siendo por ello, como su denominacion lo indica, un proceso especial. La Ley sustantiva de familia, asi como la adjetiva civil, deben contener una regulacion cenida que implique la construccion de un camino mas viable y menos tropelozo, para aquel conyuge que ha decidido acudir a la via judicial, con la expectativa de disolver el vinculo matrimonial con celeridad y sin mayores costes en el orden personal, familiar y social.

En lo que respecta a la Ley de Procedimiento Civil, el creador de dicha norma, no debio instaurar la declaracion de rebeldia al demandado incompareciente en el proceso de Divorcio por Justa Causa, debido a las razones que explicaremos a continuacion.

El legislador cubano, en su empeno de equiparar en lo posible la tramitacion de este tipo especial de proceso a un ordinario, establecio en el Articulo 392 primer parrafo de la LPCAL, que "en todo lo no previsto en la seccion que regula la tramitacion del Divorcio por Justa Causa, se aplicaran con caracter supletorio las reglas para el proceso ordinario". Ello incluye tambien la declaracion de rebeldia al demandado que no comparezca dentro del plazo concedido para personarse y contestar la demanda, a tenor de lo estipulado en el Articulo 231.

Juzgamos pertinente que el legislador debio utilizar otra institucion que no es precisamente la declaracion de rebeldia. Nos referimos a la declaracion de conformidad con los hechos de la demanda a solicitud del actor. Los efectos que produce este tipo de declaracion respecto a la rebeldia difieren totalmente, ajustandose mejor por la naturaleza de los hechos que se ventilan en este tipo de proceso, no equiparable en medida alguna con un ordinario, especialmente con aquellos que recaen en materia de bienes y patrimonio. Pudiera reflexionarse en la proposicion de una modificacion a la LPCAL, en su Libro Segundo, Titulo IV, Seccion Tercera "Del Divorcio Por Justa Causa", dirigida a que: ante el supuesto de no contestacion del demandado que ha sido emplazado en tiempo y forma no mediando justa causa, no produzca como consecuencia que se le declare rebelde, tal y como ocurre en el proceso ordinario; si no que, solicitandolo el actor, el Tribunal tenga por conforme al demandado con los hechos de la demanda, y con vista de estos, sin necesidad de la practica de pruebas, dicte la sentencia que proceda.

A diferencia de la declaracion de rebeldia, que por demas ejecuta de oficio el Tribunal, la solicitud del actor para que se tenga por conforme al demandado con los hechos de la demanda, implica entre sus efectos la no necesidad de la practica de pruebas. El actor se libra de la carga de la prueba de esos hechos, los que en virtud de la no contestacion por la parte demandada se les tienen como admitidos. (5)

La declaracion de conformidad con los hechos de la demanda, constituye una institucion tipica que la Ley adjetiva civil cubana emplea para determinados asuntos que se ventilan fundamentalmente en los procesos sumarios, pues se trata de una tecnica que proporciona celeridad a la tramitacion del objeto central de estos procesos. (6) Nuestro criterio sobre la idoneidad de este tramite en el proceso de Divorcio por Justa Causa, es compartido por un importante numero de juezas del Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba, segun demuestran los resultados de las entrevistas realizadas. Las magistradas sostienen dicho criterio, tomando como base los problemas que desafortunadamente traen aparejadas aquellas practicas de pruebas encaminadas a la comprobacion de la situacion creada en el matrimonio, recorriendose para ello un camino engorroso y delicado.

Ciertamente lo que se ventila en este tipo especial de proceso son asuntos muy intimos e inherentes a la vida privada de dos personas, a las que, por comprensibles motivos de indole personal, muchas veces les resulta dificil abordar sus problemas, y mas aun, probar una de ellas con testigos certeros la existencia de esa perdida de sentido en la union matrimonial. En no pocas ocasiones, el conocimiento de las divergencias matrimoniales quedan entre los conyuges, no existiendo sujeto alguno capaz de testimoniar con certeza la veracidad de los hechos alegados, sobre todo si los esposos permanecen en la misma vivienda. En otros casos, resulta complicado contar con testigos que esten dispuestos a testimoniar sobre estas cuestiones, no queriendo bajo ningun concepto inmiscuirse en "asuntos de marido y mujer".

Estas y otras causas contribuyen a la frecuente incomparecencia de testigos a la sede de justicia, forzando al Tribunal a acudir, luego de infructuosas citaciones, al reclamo de la fuerza publica. ?Y que decir de lo inoperante que casi siempre resulta la confesion del desposado que no pretende disolver su vinculo matrimonial? De acuerdo con las experiencias narradas por las juezas entrevistadas, actualmente son pocos los abogados que proponen este medio de prueba personal, debido a las frustrantes consecuencias que implica el resultado de su practica para el que la promueve. Mantecon Ramos (2003: 25) valora la inoperatividad de este medio de prueba, y exhorta la idea de que seria interesante alguna nota estadistica respecto al numero de veces que esta prueba, en la practica, transmite certeza sobre algo.

Lo anterior constituye algunos ejemplos ilustrativos de las tantas situaciones que han conllevado al Tribunal, a pronunciarse declarando Sin Lugar demandas establecidas en Proceso especial de Divorcio por Justa Causa, en sentencias (7) tales como la No. 484 del Tribunal Municipal Popular de Guantanamo del ano 2001:
   CONSIDERNADO: Que del estudio del proceso, sus documentos y
   respetando los principios de la ciencia y la razon, se constata que
   los senores M.V.G. y L.C.H.M., unieronse en matrimonio formalizado
   el dia 5 de junio de 1972, procreandose de ese vinculo dos hijos;
   no constandole a este organo juzgador que esta pareja encuentrese
   separada por la perdida del carino y respeto que los unio, toda vez
   que los testigos que debian acreditarlo no concurrieron a la sede
   de justicia, forzando al Tribunal a desestimar la demanda
   promocional.


En consonancia con nuestra propuesta en cuanto a la declaracion de conformidad del demandado con los hechos de la demanda a solicitud del actor, el organo actuante debe tener en cuenta cual es la tramitacion apropiada a seguir, para los casos donde existan hijos menores de la union que se pretende disolver, y las medidas provisionales que deban adoptarse en cuanto a la guarda y cuidado, pension alimenticia para estos, y el otro conyuge en su caso, debiendo resolver mediante Auto lo que corresponda. A tenor de lo anterior, se desdoblan importantes interrogantes: ?Pudiera entenderse por la no comparecencia del demandado al proceso que, previa solicitud del actor, existe conformidad con dichos extremos? ?Habria de senalar la comparecencia que determina el Articulo 384 de la Ley adjetiva civil para tratar estas cuestiones?

Es preciso destacar que en fecha 20 de diciembre de 2007, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular de la Republica de Cuba aprobo la INSTRUCCION No. 187, vigente desde el 3 de enero de 2008. La misma implemento, de forma experimental en algunos municipios del pais, modificaciones a la practica judicial en los procesos vinculados al Derecho de Familia, incorporando aspectos novedosos (8) al ordenamiento procesal.

Entre otras cuestiones, establece que el organo jurisdiccional adoptara las medidas necesarias con el objetivo de alcanzar la efectiva ejecucion de las resoluciones que resuelvan conflictos sobre guarda, cuidado, regimen de comunicacion y fijacion de pension, incluido en ello las del Auto sobre medidas provisionales que se acuerde en los procesos de Divorcio por Justa Causa. Y en los casos en que, quien sea sujeto a dicha ejecucion este declarado rebelde, se le notificara el referido Auto, cuya diligencia ha de practicarse en el domicilio que le aparece consignado en las actuaciones.

Esta INSTRUCCION deja claramente sentado el proceder de los Tribunales en experimento, respecto a la tramitacion de los divorcios cuando estan involucrados hijos menores de edad. Si bien mantiene la denominacion de rebelde al demandado que no se persone ni comparezca en ningun momento del proceso, de acuerdo con la actual tramitacion de la Ley adjetiva civil, y sobre la que ya hicimos nuestras correspondientes reflexiones.

Seria mucho mas beneficioso para este tipo especial de proceso, que el conyuge demandado asista al menos esta comparecencia, pues son muy usuales los casos en que no se personan al proceso por motivos financieros, es decir, por no contar con el respaldo monetario suficiente para cubrir los servicios de un abogado que lo represente en el litigio. En numerosas ocasiones no contestan a la demanda, pero si asisten a la comparecencia para tratar los extremos de las medidas provisionales a ejecutar.

Por ultimo, pero no menos importante en este acapite, debemos resaltar que en nuestro pais existen importantes tendencias a establecer un procedimiento y una jurisdiccion propia para dirimir los asuntos que se derivan de la aplicacion del Derecho de Familia, y se trabaja en un anteproyecto de Codigo que consolide los aspectos sometidos a experimentacion en la supracitada INSTRUCCION No. 187/2007, y otras aristas que no son objeto del presente trabajo. "Desde 1990 y hasta la actualidad se ha venido trabajando en un nuevo Codigo de Familia que se ha convertido en uno de los cuerpos legales de mas extenso iter legislativo, sin que aun se vislumbre su posible promulgacion" (PEREZ GALLARDO y otros, 2006: 339).

2. ACERCA DE LOS PLAZOS QUE REGULA LA LEY ADJETIVA CIVIL EN LA TRAMITACION DE ESTE TIPO ESPECIAL DE PROCESO

Aproximadamente el noventa y cinco por ciento de las opiniones aportadas por las juezas y secretarias del organo jurisdiccional municipal de Santiago de Cuba, coinciden en la necesidad de acortar los plazos en los tramites de este proceso. Consideran, criterio que compartimos, que para tramitar un asunto que demanda desde el punto de vista social y familiar un pronto pronunciamiento, no debe asumir supletoriamente el proceso de Divorcio los plazos previstos en el Ordinario: tramites de contestacion a la demanda (veinte dias), asi como los que tengan que ver con el periodo probatorio (diez dias para proponer y veinte para practicar). Estas situaciones convierten a este tipo especial de proceso en largo y tedioso en el tiempo, pasandose por alto la voluntad imperiosa de una de las partes que desea un pronto pronunciamiento judicial dirigido a disolver su vinculo matrimonial.

3. ASPECTOS CONTROVERTIDOS DE LA DEMANDA RECONVENCIONAL EN EL PROCESO CUBANO DE DIVORCIO POR JUSTA CAUSA

Otro tema polemico dentro de la tramitacion del Proceso especial de Divorcio por Justa Causa en Cuba, es lo referente a la reconvencion. El Articulo 377 de la LPCAL establece que "la accion de divorcio podra ejercitarse tambien en forma reconvencional".

"La reconvencion constituye en rigor una nueva y verdadera demanda, deducida frente a la que primeramente se formulo y origina por eso una nueva litis, aunque formalmente sea parte del escrito de contestacion. Se trata de una demanda que por razones de economia procesal se tramita conjuntamente con la primera deducida, resolviendose ambas en una misma sentencia " (GRILLO LONGORIA, 1982: 14).

De acuerdo con el Articulo 389 de la LPCAL, en el Proceso de Divorcio por Justa Causa, "si la parte demandada formula reconvencion, se dara traslado al actor para que conteste dentro de cuatro dias, advertido de que debera limitarse a lo que sea objeto de la misma".

En cuanto a la operatividad de estos preceptos, magistradas del Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba, plantean que no deberia aplicarse la reconvencion a este tipo especial de proceso. Basan su criterio partiendo de que en la mayoria de las demandas reconvencionales de procesos de divorcio, lo que hace el demandado es alegar otros hechos diferentes a los contenidos en la demanda principal. Pero el objeto, es decir, la pretension, es la misma que la de la demanda primaria: la disolucion del vinculo matrimonial. Afirman que el demandado puede hacerlo en la contestacion a la demanda y no precisamente formulando reconvencion, ya que el Tribunal en un final declara Con Lugar dos demandas con una misma pretension: "disolver el vinculo matrimonial".

Una demanda reconvencional es aquella en la cual el demandado introduce nuevas pretensiones procesales en la contestacion. Por lo que su efecto principal es que ambas partes se demanden mutuamente, resolviendose las pretensiones en una unica sentencia.

Resulta valioso en este tema remontarnos nuevamente a epocas anteriores a la vigente Ley de Procedimiento Civil. El Codigo Civil espanol de 11 de mayo de 1888, hecho extensivo a Cuba por Real Decreto de 31 de Julio de 1889 y vigente desde el 5 de noviembre del mismo ano, admitia el divorcio que producia la suspension de la vida en comun de los casados segun su preceptiva 104, estableciendo 6 causales en su Articulo 105 (MANRESA y NAVARRO, 1907: 454455). Sin embargo, aun antes de la extension a Cuba del supracitado Codigo Civil, la Camara de Representantes de la Republica de Cuba en Armas acordo una Ley de Matrimonio Civil el 4 de junio de 1869 que entre otras cuestiones importantes regulo por primera vez en la historia del Derecho de Familia en Cuba, una ley de divorcio vincular (MESA CASTILLO, 1998: 4-5). Varias legislaciones sucedieron a la materia de divorcio, hasta arribar al ano 1934 en que se promulga el Decreto Ley 206 de 10 de mayo. Tal y como hemos comentado con anterioridad, esta norma establece el divorcio vincular y reglamenta la disolucion del vinculo matrimonial, la que solamente podia ser interpuesta por el conyuge inocente y por el conyuge no culpable. En cuanto a la posibilidad de reconvenir establecio en el Articulo 10: "La accion de divorcio podra ejercitarse tambien en forma reconvencional".

A diferencia de este Decreto -- Ley, las leyes de divorcio de 29 de julio de 1918 y 6 de febrero de 1930, estatuian que "la accion de divorcio no podra ejercitarse en forma reconvencional" (LAZCANO y MAZON, 1945: 78-79).

Si seguimos la evolucion de esta institucion, pero trasladandonos concretamente al ordenamiento juridico espanol, en el ano 1981 se llevaron a cabo reformas al Derecho de Familia en fecha 13 de mayo y 7 de julio. Es asi que se promulga la Ley 30 del 7 de Julio/1981, por la que se modifica la regulacion del matrimonio en el Codigo Civil espanol, y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad del matrimonio, separacion y divorcio. Conforme a lo dispuesto en esta Ley en su Disposicion Adicional Quinta, se admite la reconvencion en esta clase de procesos. Anos mas tarde, en 2000, cuando se promulga la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en Espana, se establecen los procesos especiales imprescindibles, entre ellos, los que sirven de cauce a los litigios en asuntos de capacidad, filiacion y matrimoniales. De esta forma, se trae asi a la Ley procesal comun, la tramitacion de estos asuntos, que hasta ese entonces se rastreaba o deducia de disposiciones superlativamente dispersas, oscuras y problematicas. En cuanto a la reconvencion, la actual LEC espanola dispuso:
   Articulo 770. Procedimiento.

   2. Solo se admitira la reconvencion cuando se funde en
   alguna de las causas que puedan dar lugar a la nulidad
   del matrimonio, a la separacion o al divorcio o cuando
   el conyuge demandado pretenda la adopcion de medidas
   definitivas que no hubieran sido solicitadas en la demanda y
   sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio.
   La reconvencion se propondra, en su caso, con la contestacion
   a la demanda y el actor dispondra de diez dias para contestarla.


Sin embargo, al amparo de la Disposicion Adicional Quinta de la citada Ley 30 del 7 de Julio/1981, se admitio ademas la reconvencion, entre otros casos, cuando el conyuge es demandado de separacion y el demandado presenta solicitud de divorcio o viceversa. En estos supuestos si estamos ante la plena identificacion de una verdadera demanda reconvencional, ya que se trata de dos pretensiones distintas que no persiguen la misma finalidad.

De acuerdo con las modificaciones introducidas al Codigo Civil espanol, la separacion significa la suspension de la vida en comun de los esposos, esto es, el cese de la obligacion de convivencia, asi como el cese de la posibilidad que ambos tenian de comprometer los bienes del otro por los gastos necesarios para el levantamiento de las cargas del matrimonio. Los efectos juridicos de la separacion son comunes a los del divorcio, con la unica diferencia de que no se produce la ruptura del vinculo matrimonial.

Estas dispersiones legales en cuanto a los supuestos de admision de demandas reconvecionales en esta clase de procesos, encontro unificacion definitiva con la promulgacion de la Ley 15 del 8 de julio del ano 2005, que modifica el Codigo Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separacion y divorcio. De la cual reproducimos parte de su Disposicion final primera:

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se modifica en los siguientes terminos:

Uno. -- La regla 2a del Articulo 770 queda redactada del siguiente modo:

2a. La reconvencion se propondra con la contestacion a la demanda. El actor dispondra de 10 dias para contestarla. Solo se admitira la reconvencion:

a) Cuando se funde en alguna de las causas que puedan dar lugar a la nulidad del matrimonio.

b) Cuando el conyuge demandado de separacion o de nulidad pretenda el divorcio.

c) Cuando el conyuge demandado de nulidad pretenda la separacion.

d) Cuando el conyuge demandado pretenda la adopcion de medidas definitivas, que no hubieran sido solicitadas en la demanda, y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio.

La nueva redaccion del Articulo 770 excluye la posibilidad que se admitia con anterioridad, de formular reconvencion cuando se funde en alguna de las causas que puedan dar lugar al divorcio. Ello obedece a otras razones propias del objetivo de esta nueva Ley, y es que con ella se elimina en Espana las causales para solicitar la separacion, asi como para el divorcio. La Ley 15/2005 de 8 de julio, dejo sin contenido el Articulo 82 y modifico la redaccion del Articulo 86, ambos del Codigo Civil espanol. (9) Con lo cual, actualmente en Espana puede valorarse la verdadera funcionalidad de la reconvencion en la tramitacion de demandas en procesos de divorcio.

Algunos fragmentos de la Exposicion de Motivos de la citada Ley 15/2005 de 8 de julio, nos permiten comprender que razones conllevaron al cambio de mentalidad en el orden tecnico y juridico sobre la nocion del Divorcio en Espana:
   La reforma que se acomete pretende que la libertad, como valor
   superior de nuestro ordenamiento juridico, tenga su mas adecuado
   reflejo en el matrimonio (...), esta ley persigue ampliar el ambito
   de libertad de los conyuges en lo relativo al ejercicio de la
   facultad de solicitar la disolucion de la relacion matrimonial. Con
   este proposito, se estima que el respeto al libre desarrollo de la
   personalidad, garantizado por el Articulo 10.1 de la Constitucion,
   justifica reconocer mayor trascendencia a la voluntad de la persona
   cuando ya no desea seguir vinculado con su conyuge. Asi, el
   ejercicio de su derecho a no continuar casado no puede hacerse
   depender de la demostracion de la concurrencia de causa alguna,
   pues la causa determinante no es mas que el fin de esa voluntad
   expresada en su solicitud, ni, desde luego, de una previa e
   ineludible situacion de separacion. No obstante, y de conformidad
   con el Articulo 32 de la Constitucion, se mantiene la separacion
   judicial como figura autonoma, para aquellos casos en los que los
   conyuges, por las razones que les asistan, decidan no optar por la
   disolucion de su matrimonio. (.) basta con que uno de los esposos
   no desee la continuacion del matrimonio para que pueda demandar el
   divorcio, sin que el demandado pueda oponerse a la peticion por
   motivos materiales, y sin que el Juez pueda rechazar la peticion,
   salvo por motivos personales.


En Espana, la institucion del Divorcio ha evolucionado desde el antiguo modelo de la separacion-sancion, hasta la concepcion del divorcio remedio. Las modificaciones a esta ultima, estuvieron encaminadas a concebir al divorcio como el postrero recurso al que podian acogerse los conyuges y solo cuando era evidente que, tras un dilatado periodo de separacion, su reconciliacion ya no era factible. Es por ello que se exigia la demostracion del cese efectivo de la convivencia conyugal, o de la violacion grave o reiterada de los deberes conyugales, obligandose a los esposos o bien a perseverar publicamente su desunion o bien a renunciar a tal expresion reconciliandose.

Esas disposiciones estuvieron en vigor durante casi un cuarto de siglo, tiempo durante el que se han puesto de manifiesto de modo suficiente tanto sus carencias como las disfunciones por ellas provocadas. Sirvan solo a modo de ejemplo los casos en Espana de procesos de separacion o de divorcio que, antes que resolver la situacion de crisis matrimonial, han terminado agravandola; o en los que su duracion ha llegado a ser superior a la de la propia convivencia conyugal. El evidente cambio en el modo de concebir las relaciones de pareja en la sociedad, ha privado paulatinamente a las anteriores normas de sus condicionantes originales. Los Tribunales de justicia en Espana, sensibles a esta evolucion, han aplicado en muchos casos la ley y han evitado, de un lado, la inconveniencia de perpetuar el conflicto entre los conyuges, cuando en el curso del proceso se hacia patente tanto la quiebra de la convivencia como la voluntad de ambos de no continuar su matrimonio, y de otro, la inutilidad de sacrificar la voluntad de los individuos demorando la disolucion de la relacion juridica por razones inaprensibles a las personas por ella vinculadas.

En el caso concreto de Cuba, pensamos que resultaria prudente revisar la formulacion de los Articulos 50 y 51 del Codigo de Familia; en el sentido de que, para el caso de la procedencia del divorcio por via jurisdiccional, se modifique la redaccion dichos preceptos, prevaleciendo en todo momento la voluntad de aquel conyuge que ha decidido no continuar con la union que formalmente legalizo un dia. De esta forma quedaria la via expedita a la Ley Rituaria, en aras de que esta provea celeridad a la regulacion del procedimiento para llevarlo a cabo.

4. EL EFECTO DE COSA JUZGADA MATERIAL EN EL PROCESO DE DIVORCIO POR JUSTA CAUSA

Por ultimo, pero no menos importante en nuestro analisis, esta lo relativo a los efectos que produce el proceso especial de Divorcio por Justa Causa, para los casos donde el organo jurisdiccional actuante declare Sin Lugar demandas establecidas. Concretamente nos referimos a la produccion o no de la cosa juzgada material en dicho proceso.

"Cosa juzgada en sentido amplio significa que una vez juzgado un asunto, firme la resolucion a que se haya arribado, no es factible juzgarlo de nuevo dentro del mismo proceso o en proceso diferente" (GRILLO LONGORIA, 2006: 70). Cosa juzgada quiere decir inatacabilidad de lo que en el proceso se ha conseguido. Sus especies son la formal y la material, de las cuales solo analizaremos la segunda, por cuanto la primera es presupuesto indispensable para que pueda apreciarse la ultima.

La cosa juzgada material implica la prohibicion de que se emita, a traves de la apertura de un nuevo proceso, una decision sobre la misma cuestion o materia ya resuelta en firme. Para que la cosa juzgada surta efecto en otro proceso, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que esta se invoque, concurra la mas perfecta identidad entre las personas (sujetos), los objetos (cosas litigiosas) y las causas (razon de pedir, causa petendi). Por tanto, existen tres clases de limites de la cosa juzgada material: limites subjetivos, limites objetivos y limites causales. A estas tres identidades se refiere el Articulo 352 de la Ley de Procedimiento Civil cubana. (10)

Cabe preguntarse si es posible iniciar un nuevo proceso de Divorcio por Justa Causa, cuando ya se desestimo en uno anterior la pretension del demandante de disolver el vinculo matrimonial. Al respecto, dentro de la practica judicial se maneja el criterio de que si se puede volver a juzgar una peticion de divorcio, basandose en el hecho de que, aun y cuando subsista la identidad entre los sujetos (los conyuges en este caso) y el objeto (la pretension concreta de disolucion del vinculo matrimonial), pueden alegarse otras razones distintas de las que en un proceso anterior fueron tramitadas; es decir, existe la posibilidad de alegar fundamentos diferentes, lo cual abre la posibilidad de iniciar otro proceso de Divorcio por Justa Causa para ventilarlos.

La causa o razon de pedir (limites causales), constituye la razon de la pretension, el fundamento de ella deducida en juicio. No obstante, en este punto la doctrina procesal se encuentra dividida, formulandose criterios distintos por los mas destacados procesalistas en cuanto a la idea de la identidad de causa.

Asi, para unos se trata de la identidad de los fundamentos de hecho en virtud de los cuales se litiga. Para otros, el fundamento es el derecho que rige la cosa litigiosa, no solo el que invoca el actor, por lo que el organo jurisdiccional debe buscarlo aun fuera de las alegaciones de las partes. Y hay quienes consideran que en este aspecto no puede lograrse una sistematizacion, y por tanto, no puede establecerse una regla absoluta que valga para todos los casos, sino que la cuestion hay que resolverla en forma casuistica. La identidad de causa esta intimamente relacionada con la identidad del objeto, en forma tal que esas identidades no pueden considerarse aisladamente, de ahi que resulte dificil pronunciarse sobre la identidad de objeto sin entrar a considerar la causa petendi que ha justificado la reclamacion del objeto en el proceso anterior (GRILLO LONGORIA, 2006: 76-77).

Segun Mendoza Diaz (2003: 43), la apreciacion de la cosa juzgada material dependera, por un lado, de la naturaleza del proceso en el que se ha dictado el fallo, y por el otro, del tipo de sentencia alcanzada. La relevancia de lo anterior estriba en que, en la ley existen procesos en los que los fallos que se adopten nunca alcanzan el efecto de la cosa juzgada material, pues debido a la naturaleza de las pretensiones que en ellos se tramitan, no debe producirse la perpetuidad que es consustancial a esta institucion. Igualmente, el tipo de sentencia es tambien relevante, ya que solo las sentencias que se pronuncian sobre el fondo de la pretension pueden alcanzar este efecto.

En la misma linea de pensamiento, la practica judicial ha planteado a las sentencias que declaran Sin Lugar demandas establecidas en este tipo especial de proceso, como carentes del efecto de cosa juzgada material, destacandose fundamentalmente aquellos casos donde admitida la demanda y emplazado en forma legal al demandado, este no se persona al proceso dentro del plazo senalado, por lo que al dar por contestada la demanda a su perjuicio declarandosele rebelde, el organo juzgador se ha visto imposibilitado de formar conviccion sobre el fondo del asunto; toda vez que abierto el proceso a prueba, la parte actora no verifico dicho tramite, o verificado aquel, los testigos no concurren a la sede de justicia, entre otras razones que en el orden procesal impiden al Tribunal el cabal conocimiento del fondo del asunto.

conclusiones

* En esta investigacion, ofrecimos nuestras modestas consideraciones, sobre las particularidades y dificultades que presenta la tramitacion del proceso especial de Divorcio por Justa Causa en nuestro pais. Para ello tuvimos en cuenta los criterios manejados por la doctrina cubana, por el organo de maxima instancia a traves de sus disposiciones y criterios interpretativos en materia de procedimiento, asi como tambien nos acercamos al organo de jurisdiccion municipal en la provincia de Santiago de Cuba, al objeto de palpar de cerca la problematica imperante. Igualmente realizamos un bosquejo en la historia de esta institucion en Cuba, tomando como referente directo al ordenamiento espanol, por los lazos historicos que le unieron con la pequena isla caribena.

* En nuestro pais existen importantes tendencias a establecer un procedimiento y una jurisdiccion propia para dirimir los asuntos que se derivan de la aplicacion del Derecho de Familia, y se trabaja en un Proyecto de Codigo que consolide los aspectos sometidos a experimentacion en la INSTRUCCION No. 187/2007 del Tribunal Supremo Popular, y otras aristas que no son objeto del presente trabajo.

* El Proceso cubano de Divorcio por Justa Causa, por las particularidades que presenta, demanda una nocion clara sobre la funcionalidad de figuras de la Teoria General del Proceso Civil, unidas a las de orden sustantivo, y que son inherentes a la tramitacion de los procesos. Tal es el caso de las demandas reconvencionales, el efecto de la cosa juzgada material y pertinencia de las pruebas, entre otras cuestiones muy discutibles en el orden teorico y practico.

Recibido el 10 de marzo de 2009 y aprobado el 4 de mayo de 2009

BIBLIOGRAFIA

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MESA CASTILLO, Olga. (1998). El Derecho Familiar en la Sociedad Cubana. II Jornadas de Derecho de Familia Comparado. Yucatan. Mexico.

PEREZ GALLARDO, Leonardo B. & KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida; et al. (2006). La proteccion legal a los discapacitados en Cuba: una vision de lege data y de lege ferenda. Nuevos perfiles del derecho de familia. Libro homenaje a la profesora Dra. Olga Mesa Castillo. Buenos Aires: Rubinzal -- Culzoni.

FUENTES LEGALES

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Acuerdo No. 42 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, contentivo del DICTAMEN No. 372/1996 de 29 de agosto.

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Codigo Civil Espanol de 1888, extensivo a Cuba en 1889, ratificado por orden numero 148 de 1902. La Habana: LEX, 1942.

Codigo Civil de Espana, publicado por Real Decreto de 24 de julio de 1889. Consultado el 20/10/2008 en www.todalaley.com

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INSTRUCCION No. 187 de 20 de diciembre de 2007 del Tribunal Supremo Popular de la Republica de Cuba, vigente desde el 3 de enero del 2008. Publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria de 15 de enero del 2008. La Habana, Cuba.

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La Habana: Publicacion de Legislaciones, Volumen IV, Edicion de Bolsillo.

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Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Codigo Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil espanolas en materia de separacion y divorcio. En loc. ult. cit. Consultado el 24/10/2008.

Ley 30/1981 de 7 de Julio, Espana. En loc. ult. cit. Consultado el 24/10/2008.

Liuba Galban Rodriguez **

Arsul Jose Vazquez Perez ***

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

* Premio en la categoria Compilaciones de Legislaciones y Sentencias Comentadas del Evento Anual Provincial de Sociedades Cientificas de la UNJC, Santiago de Cuba, 15/11/2008, y Mencion de la misma categoria en el Concurso Nacional de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal de la UNJC, 8/6/2009. Articulo presentado como ponencia en: III Jornada Internacional "Por los 120 anos del Codigo Civil Espanol y su trascendencia a Cuba", 24-26/2/2009, Santiago de Cuba. II Congreso Internacional de Derecho Procesal, 7-9/4/2009; y en la V Conferencia Internacional de Derecho de Familia, 12-14/5/2009, ambos en La Habana, Cuba.

** Licenciada en Derecho en el ano 2006 por la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. Profesora de las asignaturas de Derecho Procesal Civil, Derecho Constitucional General y Comparado y Derecho Constitucional Cubano en la Facultad de Derecho y de Educacion a Distancia de la Universidad de Oriente. Miembro de la Union Nacional de Juristas de Cuba (UNJC). Direccion principal: Calle Manuel Sosa, No. 347, entre Canada y Carretera de Punta Gorda, Altamira, Santiago de Cuba, Cuba, Codigo Postal: 90200.

*** Licenciado en Derecho en el ano 2006 por la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. Profesor de las asignaturas de Derecho de Obligaciones y Derecho de Contratos en la Facultad de Derecho y de Educacion a Distancia de la Universidad de Oriente. Miembro de la Union Nacional de Juristas de Cuba (UNJC). Direccion principal: Facultad de Derecho, Universidad de Oriente, Patricio Lumumba S/N, Altos de Quintero, Santiago de Cuba, Cuba, Codigo Postal: 90500.

(1) Desde la promulgacion del Codigo de Familia, Ley No. 1289 de 1975, en Cuba rige un sistema de divorcio remedio, sin causales pre-establecidas ni culpabilidad, al que puede accederse por justa causa ante los Tribunales Municipales, o por mutuo acuerdo ante Notario desde 1994 por Decreto -- Ley No. 154 de 6 de septiembre. Para profundizar al respecto ver Olga Mesa Castillo (1998).

(2) Ley de Procedimiento Civil Administrativo y Laboral, Ley No. 7/1977 de 19 de agosto. Fue modificada por el Decreto -- Ley 241/2006 de 26 de septiembre, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica de Cuba, Extraordinaria, de 27 de septiembre del mismo ano.

(3) Especialmente el Codigo Civil espanol de 11 de mayo de 1888, hecho extensivo a Cuba por Real Decreto de 31 de Julio de 1889 y vigente desde el 5 de noviembre del mismo ano. No obstante, en materia de divorcio, es preciso acotar que: "(...) en fecha tan temprana como 1869, aun antes de la extension a Cuba del Codigo Civil, nuestros insurgentes alzados en los campos de Cuba dictaron una Ley de Matrimonio Civil, que desembarazo al matrimonio de impedimentos por motivos de raza y diferencias de linaje y patrimonio, lo establecio como un contrato civil que podia disolverse incluso por el mutuo disentimiento de los conyuges, regulando por primera vez en la historia del Derecho de Familia en Cuba, una ley de divorcio vincular. Esta posicion, sin duda, de avanzada para la epoca (segunda mitad del siglo XIX) no pudo ser extendida como legislacion oficial de la Isla y tuvo vida mientras duro la guerra" (MESA CASTILLO, 1998: 4-5).

(4) La posicion de los Tribunales Municipales Populares respecto a la interpretacion del Articulo 390, se evidencia en sentencias dictadas antes del DICTAMEN No. 379 del Consejo de Gobierno del TSP. En aquel entonces se prescindia de la practica de pruebas en la mayoria de los casos donde el demandado incompareciente fue declarado rebelde.

(5) Ahora bien, si el actor no solicita que se tenga por conforme al demandado con los hechos de la demanda (en el caso de no contestacion que analizamos), el Tribunal no podra tenerlo por conforme, y pesara entonces sobre el actor la carga de la prueba de dichos hechos. Esta facultad dispositiva del actor no solo tendria el limite anteriormente senalado, sino que, respetando el principio de impulsion de oficio, queda a salvo la facultad del Tribunal de poder disponer la practica de pruebas para mejor proveer sobre cuestiones de hecho que fundadamente le ofrezcan dudas. Por tanto, aun en el supuesto de que el actor solicite que se tenga por conforme al demandado con los hechos de la demanda, por no haber contestado en el plazo senalado sin mediar justa causa, el Tribunal no queda vinculado inexorablemente a esos hechos, pues si estos le ofrecen dudas, debe estar facultado para disponer la practica de las pruebas que estime indispensables, con la finalidad de obtener un conocimiento adecuado que le permita dictar una sentencia ajustada a derecho.

(6) Sin embargo, debemos aclarar que contradictoriamente la LPCAL utiliza indistintamente los terminos de declaracion de rebeldia y declaracion de conformidad con los hechos de la demanda en la propia tramitacion que establece para los procesos sumarios, a pesar de que ambos tienen efectos diferentes en el iter del proceso. En este sentido ver Articulo 364 de la Ley de Procedimiento Civil Administrativo y Laboral.

(7) ver. sentencias dictadas por el Tribunal Municipal Popular de Guantanamo No. 91, 137, 165, 170, 189, 200, 217, 264, 391, 541, 728, 753, 783, 818, 824, 843, 923, 924, 974, 987 y 1043 del ano 2007, todas declaran Sin Lugar demandas establecidas por la no concurrencia de los testigos, a pesar de estar debidamente citados por el Tribunal. A ello tambien se le suman demandados que fueron declarados rebeldes por ignorarse su paradero, como resultado de la migracion.

(8) Los litigios en los Tribunales populares seran ventilados por jueces con conocimientos especializados en dichas materias, y cuando se trate de cuestiones relacionadas con menores, los Tribunales deberan convocar a los interesados a una comparecencia; y en aquellos procesos en los que se litigue sobre guarda, cuidado y regimen de comunicacion de menores, el Tribunal debera oir en el debate, siempre que sea racionalmente aconsejable, por via de exploracion, al menor involucrado que cuente con mas de siete anos de edad. Interesando ademas si resulta conveniente, la intervencion en calidad de terceros de los abuelos del menor y oir el parecer del Fiscal al respecto. Igualmente, el Tribunal actuante podra recabar informacion de un equipo tecnico asesor multidisciplinario.

(9) El Articulo 82 del Codigo Civil espanol establecia las causas de separacion, y el Articulo 86 las causas de divorcio. En cuanto a este ultimo, con la modificacion introducida por la Ley 15/2005 de 8 de julio quedo redactado del siguiente modo: Articulo 86: Se decretara judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebracion del matrimonio, a peticion de uno solo de los conyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el Articulo 81.

(10) Articulo 352.-Para que la presuncion de cosa juzgada surta efecto en otro proceso, es necesario que, entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que esta sea invocada, concurra la mas perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron. En las cuestiones relativas al estado civil de las personas y en las de validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, la presuncion de cosa juzgada es eficaz contra terceros, aunque no hubiesen litigado. Se entiende que hay identidad de persona, siempre que los litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior o esten unidos a ellos por vinculos de solidaridad o por los que establece la indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas u obligacion de satisfacerlas.
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Author:Galban Rodriguez, Liuba; Vazquez Perez, Arsul Jose
Publication:Juridicas
Date:Jan 1, 2009
Words:9821
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