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El poder constitucional en America Latina: hacia una tipologia de las cortes constitucionales de la region.

THE CONSTITUTIONAL POWER IN LATIN AMERICA: TOWARDS A TYPOLOGY OF THE CONSTITUTIONAL COURTS OF THE REGION

INTRODUCCION

Dentro de la literatura que aborda la politica judicial, uno de los temas que mas importancia cobra es el de las cortes constitucionales, debido fundamentalmente al papel que han desempenado dichos organismos en la region, en mayor medida desde la decada de los ochenta. Se ha desmitificado la optica rezagada con la que eran vistas, y sus actuaciones son trascendentales en varios asuntos puntiagudos. Entre los que mas destacan estan temas como reelecciones presidenciales, legalizacion del divorcio y el aborto o el juzgamiento de crimenes de lesa humanidad acontecidos en regimenes dictatoriales (Helmke y Rios-Figueroa, 2010). Dadas esos desempenos, los estudios de cortes han abarcado tematicas tan diversas como justicia transicional hasta las relaciones entre poderes del Estado y poder judicial (Kapiszewski y Taylor, 2008).

Con ese abanico de perspectivas, dentro del campo de investigacion de la politica judicial existen varios abordajes del estudio de las cortes constitucionales. A la hora de definir a estos organos, algunos se centran en observar variables como los contextos social y politico, asi como las caracteristicas personales de los jueces (Rios-Figueroa, 2010b). Otros estudios se han encargado de clasificar los poderes de las cortes considerando variables como los mecanismos de seleccion para dar cuenta de la independencia judicial como factor que influye en el comportamiento de los jueces (Rios-Figueroa, 2010a). Investigaciones de otro tipo clasifican los poderes formales de las cortes en dos grandes grupos, politicos y ciudadanos, a la hora de caracterizarlas. Se trata en este caso de un analisis de las atribuciones de iure. Este articulo se posiciona en este ultimo grupo, es decir, en la observacion de los poderes institucionales otorgados a las cortes constitucionales, en el entendido de que son estos los que marcan la pauta sobre lo que al final un organo constitucional puede o no hacer.

El primer gran poder dado a las cortes constitucionales a traves del diseno institucional es el politico, a traves del cual una corte podria controlar a los organos gubernamentales y alterar el poder politico. Una simplificacion de esta actuacion se traduce en la posibilidad que tiene una corte de ser un jugador de veto, es decir, aquel actor institucional o partidista cuyo concierto es necesario para que se produzca el cambio politico (Tsebelis, 2006) (1). Si bien existen cuestionamientos respecto a un efectivo desempeno de los organos judiciales como veto players debido a los mecanismos de seleccion que coartarian su desenvolvimiento, se considera que por medio del control concentrado abstracto de constitucionalidad las cortes constitucionales pueden alterar decisiones disenadas por el ejecutivo o la legislatura y, en ese sentido, convertirse en actores politicamente relevantes (Ansolabehere, 2008; Basabe-Serrano, 2009).

El segundo poder dado a los organos constitucionales esta relacionado con la proteccion de derechos ciudadanos. Si bien estas capacidades son atribuibles a un papel mas tradicional que pueden ejercer los jueces, su fortalecimiento ha sido impulsado por la judicializacion de la politica. Este fenomeno puede ser entendido, grosso modo, como el hecho de que ciertos temas que habian sido decididos por medios politicos empiecen a ser mayoritariamente resueltos por los jueces (Uprimny, 2007). Contrariamente a la idea generalizada que apareja este fenomeno con una intromision negativa de las cortes en "asuntos politicos", la judicializacion de la politica tiene que ver mas con un ejercicio pleno de las competencias formales dadas a los tribunales, lo que contribuye a una prevalencia de los derechos de las personas.

Sin perjuicio de la existencia de clasificaciones sobre las atribuciones formales de las cortes constitucionales, la mayoria abordan cada arista por separado, o introducen otro tipo de variables como el contexto o la legitimidad de origen para caracterizarlas. No obstante, existe una falencia de estudios integrados que posibiliten la construccion de categorias de cortes a traves de la observacion de los poderes formales de estos organos (Helmke y Rios-Figueroa, 2010; Sieder, Schjolden y Angell, 2008). Esto puede explicarse por los limites que suele atribuirse a la observacion per se de la arquitectura institucional, asi como a su distancia con la praxis, conjeturando que es necesario considerar otros elementos en interaccion con los disenos formales para tener una vision panoramica de las cortes. Si bien afirmaciones como estas no son del todo erraticas, las instituciones marcan el punto de partida para un estudio pormenorizado de los organos constitucionales ya que delimitan a otros factores.

Para ello sigo la siguiente estructura. En la primera parte abordo la literatura generada en torno a las principales clasificaciones de los poderes formales dados a las cortes constitucionales. Luego, como propuesta teorica, construyo una tipologia que responde a las atribuciones que constitucional y legalmente les son adjudicadas a las cortes y de la que resultan cuatro tipos ideales. Dentro de la metodologia y datos elaboro un indice de poderes institucionales politicos y ciudadanos de dichas cortes, con lo cual es factible la ubicacion de los paises estudiados en los cuadrantes de la tipologia propuesta. En la discusion de los hallazgos sobresale un analisis de los resultados de cada tipo ideal, con las caracteristicas formales que cada corte posee. Cierran este articulo algunas conclusiones, asi como una futura agenda de investigacion.

LOS PODERES DE LAS CORTES CONSTITUCIONALES: EL ESTADO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA

En America Latina, las variaciones en cuanto al poder que tienen las cortes constitucionales ha sido objeto de algunas construcciones clasificatorias tendientes a dar cuenta, formalmente hablando, de la fortaleza o debilidad que tienen dichos organos. Una importante clasificacion institucional de los poderes de los jueces constitucionales es la elaborada por Rios-Figueroa (2010a), el cual evalua sistematicamente el marco institucional en el que trabajan los jueces. El argumento tras el analisis es que los poderes de iure influiran en el comportamiento de esos jueces, al tener una dotacion inicial de capacidades formales. Para ello, al momento de clasificar los poderes formales que tienen los jueces, el autor recoge dos dimensiones: independencia y poder. Dentro del factor independencia se contempla el proceso de nombramiento de aquellos, mientras que el poder es desagregado en cinco caracteristicas que pueden poseer los instrumentos de control constitucional: tipo, tiempo, jurisdiccion, acceso y efectos de dicho control.

Otra clasificacion de los poderes formales de los organos constitucionales es la construida por Brinks y Blass (2017), quienes desagregan cuan fuerte de iure es una corte por medio de dos tipos de autonomia. Una inicial denominada ex ante, que involucra los procesos y actores inmersos dentro del nombramiento de los jueces, lo que se traduce en la categoria de independencia de Rios-Figueroa (2010a). Otra autonomia llamada ex post, que conlleva la observacion de cuanto puede influir una corte en temas politicamente relevantes y a nombre de una variedad de actores. Esto implica, en definitiva, la observacion de la fortaleza institucional de la corte, cuya variacion dependera de las fluctuaciones en las referidas autonomias.

Un trabajo clasificatorio mas reciente de las cortes constitucionales es el elaborado por Brinks y Blass (2018), pero esta vez profundizando en los origenes de uno u otro tipo de arquitectura constitucional. Por medio del estudio de caso en diecinueve paises de la region, analizan como las instituciones formales determinan elementos como los grados de autonomia de las cortes constitucionales hacia el ejecutivo, o la judicializacion de un mayor numero de temas. En un abordaje similar se encuentra el estudio desarrollado por Canova (2012) quien, por medio de la observacion de dieciocho paises iberoamericanos, clasifica ciertos rasgos compartidos del modelo de justicia constitucional para luego compararlos con otros existentes a nivel mundial.

Es de anotar que las clasificaciones detalladas involucran dos dimensiones que con algunos matices reflejan, de un lado, los procesos de nombramiento de los jueces que darian cuenta de los grados de independencia judicial, y de otro, la dotacion de poderes. Dentro de esta ultima dimension existe una elevada produccion de estudios que clasifican los poderes dados a las cortes en dos grandes grupos. Por una parte, aquellos relacionados con el control del poder politico que pueden hacer estos organos, y, por otra, poderes a traves de los cuales pueden proteger derechos de los ciudadanos.

Cuando se habla de los poderes politicos de las cortes entra en escena la posible actuacion de estos organos como arbitros de la politica. Aqui estan quienes consideran que dichos actores han asumido una posicion estrategica, por lo que se hablaria del gobierno de los jueces, dada la influencia que tienen en la estabilidad politica (Volcansek, 2001). Se argumenta que cuando se refiere a la interpretacion constitucional la corte puede, por ejemplo, abrogar normas aprobadas por la legislatura, incluso de forma previa a su debate, lo que permite a dicho organo ejercer un real control al Congreso. Este posible desempeno puede observarse ademas en la capacidad de control y resolucion de conflictos. En este caso, los organos constitucionales pueden actuar como ejecutores externos de acuerdos dados entre distintos poderes del Estado, y mediadores entre los conflictos gubernamentales (De Sousa, 2010; Sanchez, Magaloni y Magar, 2010).

La consideracion de los jueces como jugadores de veto no es unanime, y existen posturas que sostiene que la actuacion de dichos actores no altera la estabilidad politica, y que su papel se traslada mas a un plano formal, excepcionalmente ejercido en la practica (Tsebelis, 2006). Esto debido a constrenimientos de origen, basicamente los mecanismos de seleccion. Analisis en el mismo sentido concluyen que los organos constitucionales actuan como veto players condicionales; dicha actuacion se encuentra supeditada a variables como la composicion ideologica de la corte y los procedimientos legislativos (Brouard y Honnige, 2017).

La segunda gran gama de poderes que pueden concederse a las cortes constitucionales esta relacionada con las facultades de proteccion de derechos ciudadanos. En este caso, el tipo de diseno constitucional e institucional determinara las capacidades de defensa de las personas que poseen estos organos. En el desempeno de estos poderes los jueces pueden servir como canalizadores de las demandas y movilizaciones sociales efectuadas por quienes no pueden influir en la construccion de legislacion y politicas que los afectan (Cepeda, 2008; Hilbink, 2014; Smulovitz, 2008; Uprimny, 2007). La preponderancia de este poder se ha dado mayormente por la judicializacion de la politica, fenomeno cuyo abordaje puede realizarse desde varios enfoques, tales como las causas que la generan o los efectos que produce, e incluso cuestionando lo deseable que resulta para el regimen democratico que los jueces se desempenen tan vigorosamente en arenas otrora politicas (Sieder et al., 2008).

En sintesis, de la literatura revisada se pueden extraer algunas conclusiones. Primero, caracterizar a las cortes constitucionales pasa por observar sus principales poderes institucionales en conjunto. Segundo, si bien en la literatura se han generado varias clasificaciones de dichos poderes, la mayoria incluyen la dimension de legitimidad de origen, es decir, los procesos de nombramiento. Esto reporta utilidad para medir los grados de independencia de las cortes, pero traspasa la dimension exclusiva de poderes que es dada a dichos organos para observar eventuales resultados. Ante estas carencias, en el apartado que sigue propongo la construccion de una tipologia como herramienta clasificatoria que permite ahondar en el analisis riguroso del derecho constitucional comparado (Hirschl, 2014). Esta herramienta condensa las dos grandes dimensiones de poder de las cortes constitucionales. De un lado, los politicos, y, de otro, los poderes ciudadanos que en conjunto dan cuenta de cuatro tipos ideales de organos constitucionales.

CONCEPTUALIZACION DEL PODER CONSTITUCIONAL EN LA REGION: UNA TIPOLOGIA DE LAS CORTES CONSTITUCIONALES

El postulado central que sostengo en este apartado es que el tipo de cortes constitucionales existentes en Latinoamerica varia en relacion con las facultades institucionales que tengan como arbitro de la politica y protectoras de derechos. Por ello propongo construir una tipologia que abarque su interaccion. Por un lado, los poderes politicos de las cortes engloban tanto la capacidad que tienen para alterar el statu quo a traves de la derogacion y adopcion de politicas publicas vertidas en normas, asi como sus atribuciones para intervenir en conflictos de gobierno y controlar el poder politico. De otro, la proteccion de derechos de las personas considera las atribuciones institucionales para defender garantias ciudadanas (Friedman y Perez, 2003). En ambas dimensiones existen variaciones dadas por los poderes que el diseno conceda, de modo tal que el tipo de corte resultante tendra como condicion necesaria el referido diseno.

Las interacciones propuestas tienen su fundamento en que las dimensiones consideradas agrupan los dos poderes macro que pueden ser otorgados a estas cortes. En ese sentido se asume que mayores poderes contemplados en la arquitectura institucional traeran como resultado un tipo de corte que, formalmente hablando, sea mas fuerte. Lo propio ocurre cuando esa dotacion de capacidades sea escasa. Ademas, siendo el objetivo de este trabajo dar cuenta de los poderes formales de los organos constitucionales, se dejan de lado elementos como los mecanismos de seleccion de los jueces, los actores que intervienen en ese proceso y, en definitiva, la autonomia que pueden tener con actores politicamente relevantes. No obstante lo manifestado, es necesario acotar que estas atribuciones no necesariamente se van a reflejar en el rol que efectivamente desempenen las cortes en la praxis, por lo que la observacion del comportamiento de los jueces esta fuera del alcance de este articulo.

Tal como la literatura ha mencionado, la dimension politica puede influir sobre la estabilidad de las politicas publicas vertidas en una norma determinada, mientras que la segunda se asume como un escudo protector hacia los derechos de las personas. Ya Montesquieu dio pautas para esta diferenciacion al establecer un tipo de libertad relativa a la constitucion formada por la distribucion de poderes, y una libertad politica de las personas, que delinea la relacion entre el Estado y los sujetos (Helmke y Rios-Figueroa, 2010; Montesquieu, 2002). La figura 1 presenta la tipologia construida que resulta de la convergencia de los poderes de las cortes.

En lo relativo a las dos dimensiones consideradas existen caracteristicas que las dotan de contenido. Dentro de la arista politica es el control de constitucionalidad concentrado, tanto concreto como abstracto, aquel que determina la fortaleza de una corte. Dicho control puede expresarse por medio de una variedad de instrumentos, cuya amplitud o reduccionismo definen en ultima instancia el poder de iure del organo. Estos instrumentos van desde las declaratorias de inconstitucionalidad de las decisiones de la legislatura o el ejecutivo, la revision de los vetos de inconstitucionalidad del ejecutivo o el analisis de las convocatorias a consultas populares.

Para la dimension ciudadana existen fundamentalmente dos caracteristicas que permiten determinarla. De un lado, elementos que dan cuenta del acceso que tienen las personas a la corte, los cuales pueden moverse desde las facilidades para dicho acceso, hasta los instrumentos disponibles al momento de interponer una accion. Ademas, dentro de esta categoria considero las atribuciones que tiene la corte frente a una demanda ciudadana; en estos grupos estan inmersos los efectos de las sentencias asi como los mecanismos de cumplimiento de los fallos adoptados.

Algunas caracteristicas sobre cada uno de los cuadrantes merecen ser discutidas. En primer lugar, cuando la intensidad de los poderes formales tanto politicos como ciudadanos de las cortes es debil, el resultado es una corte provinciana. Las cortes ubicadas en este cuadrante no pueden ofrecer casi ninguna proteccion a los derechos y, ademas, no estan en posicion de imponer limitaciones a las actuaciones de los poderes electos del gobierno (Helmke y Rios-Figueroa, 2010; Wilson, 2010). Este tipo de cortes actua bajo disenos que priorizan las formalidades escritas, lo que conlleva una burocratizacion de la justicia. El resultado de esto puede ser una creciente desconfianza hacia los organos judiciales. En ese sentido, los disenos institucionales que configuran la existencia de una corte provinciana imponen un sinnumero de frenos tanto a las personas al momento de presentar una accion como a las cortes para actuar.

Otras caracteristicas de estas cortes son los escasos instrumentos institucionales dados a las personas para acudir a reclamar un derecho vulnerado. A esto se suma el tipo de sentencias que puede adoptar el tribunal cuando actua con los limitados instrumentos existentes, las cuales seran susceptibles de interposicion de variados recursos, lo que implica retardos adicionales en su ejecucion. Una corte provinciana escasamente podra modular los efectos de los fallos emitidos, y carecera de opciones cuando de ordenar una reparacion de derechos se trata.

En la orilla opuesta se encuentran las cortes que institucionalmente estan dotadas de fuertes poderes politicos y ciudadanos que posibilitan, cuando menos de iure, una importante actuacion judicial. Entre los principales rasgos de este tipo de cortes esta un amplio abanico de posibilidades para desempenarse como jugadores de veto. Ademas, estan dotadas de poderes para controlar las actuaciones del ejecutivo, del congreso, y, en general, de cualquier autoridad a traves del control concentrado abstracto de constitucionalidad. Con ello, a mas de estar en capacidad formal de desenvolverse en la arena politica, los organos constitucionales se convierten en un mecanismo de rendicion de cuentas y de garantia del cumplimiento de los mandatos para los cuales las autoridades de designacion popular fueron elegidas.

De otro lado, y en lo atinente al segundo poder de las cortes, dada la construccion institucional una corte imperial gozara de importantes elementos para vigilar que las violaciones de derechos constitucionales tengan una efectiva reparacion. Primero, por las escasas limitaciones de acceso impuestas a las personas para que interpongan acciones constitucionales. Segundo, porque existira la capacidad de iure de modular los efectos de sus sentencias, en cuanto al tiempo, por ejemplo (efectos retroactivos), y a la vinculacion (erga omnes o inter partes). Como elemento final de este tipo de construccion de la jurisdiccion constitucional, un diseno que traiga como resultado esta clase de cortes consagrara acciones de cumplimiento de las sentencias.

En posiciones intermedias se encuentran dos tipos de cortes. Primero, aquellas que he categorizado como ciudadanas, que son las que formalmente pueden brindar una alta proteccion a los derechos de las personas, o lo que ha sido denominado como "revolucion de derechos ciudadanos" (Wilson, 2009). Una corte ciudadana, en general, se caracteriza por otorgar facilidades de acceso a la ciudadania y, de la mano de esto, sus sentencias gozaran de varios elementos tendientes a garantizar una reparacion integral de derechos. Existira tambien la capacidad institucional de revisar las decisiones adoptadas por los jueces inferiores, con la finalidad de corregir eventuales errores judiciales que acarreen la desproteccion ciudadana.

De otro lado, las cortes ciudadanas actuan en un marco institucional que limita las posibilidades de controlar el poder politico, ya que casi no pueden derogar o adoptar normas que contienen politicas publicas. Esto debido a las restricciones formales impuestas para ejercer un amplio control constitucional hacia el Gobierno, asi como por las formalidades para interponer una accion de inconstitucionalidad, o por quienes se encuentran legitimados para presentarla. Ademas, su capacidad de control al poder de las ramas del Gobierno y funciones del Estado es rezagada, en tanto sus posibilidades de actuacion en temas de envergadura politica--como llamados a consultas populares o declaratorias de emergencia--tienen constrenimientos de origen.

Finalmente, existen cortes que cuentan con capacidad de iure de ejercer fuertes poderes horizontales, ya sea alterando el statu quo o controlando el poder politico, por lo que se configuran en un organo judicial vigilante. Entre las caracteristicas que mas sobresalen de estas cortes estan las amplias atribuciones para desplegar el control constitucional, frente a la mayor parte de decisiones de las autoridades. Ademas, estas cortes vigilantes tendran la capacidad institucional de pronunciarse sobre cuestiones que se ventilan en otras arenas politicas con efectos macro como plebiscitos o asambleas constituyentes de cara a reformar la constitucion. En algunos escenarios incluso podran pronunciarse sobre decisiones vitales del ejecutivo como vetos de inconstitucionalidad o declaratorias de emergencia (Rios-Figueroa, 2016).

En contraposicion con esa fortaleza, este tipo de tribunal puede ejercer una marginal proteccion de los derechos de las personas, especialmente de los derechos de segunda y tercera generacion. Este hecho puede deberse a los limitados instrumentos disponibles para precautelar esas garantias o por las barreras de acceso a este tipo de tribunales, factores que coadyuvan a un replegamiento de las cortes hacia conflictos del Gobierno. En definitiva, la caracteristica fundamental es la imposicion de fuertes filtros de acceso hacia la ciudadania, con la finalidad de establecer incentivos negativos a la hora de presentar acciones.

Una vez descritos los distintos escenarios de categorizacion de las cortes constitucionales, asi como la interaccion politica y de proteccion ciudadana resultante de cada tipo, en el siguiente apartado verifico empiricamente la tipologia expuesta. Para ello, recurro al analisis de siete paises de America Latina. A traves de una medicion de los poderes formales de estas cortes observo la ubicacion de los paises en cada tipo ideal, asi como sus caracteristicas principales.

MIDIENDO LOS PODERES DE LAS CORTES CONSTITUCIONALES DE LA REGION: METODOLOGIA Y DATOS

Para realizar el testeo empirico de la tipologia propuesta considero siete paises de America Latina que actualmente cuentan con una corte constitucional autonoma: Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Guatemala, Peru y Republica Dominicana. La valoracion es sincronica y captura lo estipulado en los disenos formales al ano 2017. Dentro de la dimension de poderes politicos considero los siguientes criterios: declaratorias de inconstitucionalidad, conflictos de competencia, reformas constitucionales, aprobacion de tratados internacionales, convocatorias a consulta popular, estados de excepcion o emergencia y pronunciamientos sobre veto de inconstitucionalidad del ejecutivo. En la dimension ciudadana tomo seis criterios: acceso a la corte, acciones populares, revision judicial constitucional, efectos de las sentencias, reparacion de danos y cumplimiento de sentencias (2). Como anexos 1 y 2 constan los criterios expuestos, asi como su desagregacion con la valoracion otorgada.

Para las dos dimensiones, cada uno de los criterios fue desagregado en tres posibles escenarios los cuales obtienen una calificacion que va de 6 a 0, donde 6 es un valor que refleja una corte muy poderosa, cuya fortaleza desciende conforme el puntaje se acerca a 0. He considerado que existen competencias que por sus implicaciones conllevan un tribunal mas poderoso en lo politico o en lo ciudadano. De ahi que las diferencias en los valores de cada uno de los escenarios responda al poder concedido a las cortes y las consecuencias de dicha adjudicacion. En ese sentido, si bien en la dimension politica todos los criterios y sus correspondientes escenarios estan imbuidos dentro del control de constitucionalidad concentrado, existen matices que ameritan valoraciones disimiles. Por ejemplo, la posibilidad de dejar sin efecto una ley aprobada en la legislatura tendria un impacto superior sobre la estabilidad politica que pronunciarse sobre la aprobacion de un tratado internacional. No obstante lo dicho, en ambos casos se trata de un ejercicio de dicho control. Lo mismo ocurre con la dimension ciudadana en donde los escenarios tambien reciben valoraciones distintas dependiendo del tipo de poder que se conceda (3).

Se deben senalar algunos elementos respecto a los disenos institucionales que considero. Primero, observo las constituciones de cada pais ya que constituyen el punto de partida de la restante arquitectura institucional, puesto que en ellas estan contenidas las regulaciones respecto a la naturaleza de las cortes constitucionales, asi como las competencias de cada organo. Ademas, en todos los paises estudiados hay normas inferiores que contienen regulaciones expresas sobre las competencias y atribuciones de los organos constitucionales y que dan cuenta de sus poderes, las cuales tambien son consideradas. Guatemala, por ejemplo, cuenta con una ley infraconstitucional que recoge aspectos de la Corte de Constitucionalidad, mientras que Colombia tiene cuatro normas que regulan la Corte. En el anexo 3 se presentan los disenos valorados.

Considerando que la medicion de los escenarios en que se desagregan los criterios propuestos responde a escalas distintas, los resultados fueron homogeneizados valorandolos por el maximo (4). Para dicho ejercicio, la corte constitucional que obtuvo el mayor puntaje recibio el valor de 1. Con ese valor como referente se obtuvo la valoracion para los casos restantes; cada dimension se movio en una escala que va de 0 a 1, donde 0 refleja una corte dotada de escasos poderes formales y 1 lo contrario. Con la medicion de iure de cada corte obtengo en primer lugar un indice de los poderes institucionales de los organos constitucionales producto de la media entre las dos dimensiones, para luego ubicarlos en la tipologia propuesta. En la tabla 1 constan los resultados de dicho indice.

Como se observa en la tabla 1, Colombia es el pais que institucionalmente tiene un organo constitucional que puede alterar mas el poder politico, a la vez que proteger efectivamente los derechos de las personas (Cepeda, 2008; Uprimny, 2007). De otro lado Guatemala, pais que cuenta con una Corte de Constitucionalidad de vieja data, posee una arquitectura formalmente limitante para el despliegue de facultades constitucionales (Sieder, 2003). Con matices intermedios se encuentran Bolivia y Chile, cada caso fortalecido en una u otra esfera.

La medicion de las dos variables consideradas y su posterior interaccion permite ahora ubicar a las cortes constitucionales de la region en uno de los cuatro cuadrantes de la tipologia propuesta. Tal como se presenta en la figura 2, de los siete paises observados, tres se encuentran en el cuadrante de fuertes poderes politicos y ciudadanos, aunque con importantes distancias. Colombia es el pais cuya corte tiene los valores mas altos en las dos dimensiones. Si bien el fortalecimiento del sistema judicial no seria un fenomeno nuevo en dicho pais, la relevancia que cobro el poder judicial se potencio con la instauracion de la Corte Constitucional en la decada de los noventa, que convirtio a este tribunal en un actor esencial en el proceso democratico y politico (Cepeda, 2008; Rios-Figueroa, 2010; Uprimny, 2006).

Una de las acciones que mas preeminencia ha cobrado en Colombia es la tutela, la cual puede ser interpuesta por cualquier ciudadano frente a violaciones de sus derechos. Si bien dicha accion debe ser resuelta prima facie por los jueces de primera instancia, la Corte Constitucional conoce de oficio todos los fallos seleccionados en casos de tutela (Cepeda, 2008). Esta accion representa una clara muestra de la incorporacion de dispositivos juridicos tendientes a velar por la prevalencia de los derechos de las personas y evitar arbitrariedades (Carrera, 2011).

Desde la optica politica, disenos como el colombiano y ecuatoriano permiten controlar el poder politico, y alterar las decisiones del ejecutivo o la legislatura. Por ejemplo, el articulo 241 de la Constitucion de Colombia contempla importantes vias de acceso para que los ciudadanos soliciten la inconstitucionalidad de actos regulatorios. A mas de ello, la Corte tiene extensas facultades formales para actuar frente a las decisiones del presidente (en declaratorias de excepcion) y del Congreso (tramitacion de reformas a la Constitucion). Estas fortalezas se complementan con la modulacion de los efectos de las sentencias que pueden proferir estas cortes, lo que mas alla de las tradicionales criticas por el papel de legislador que cumplirian los jueces, tiene como fundamento garantizar la integridad y supremacia de la Constitucion sin mayores traumatismos (Caballero, 2000).

Una conjetura respecto a la ubicacion de Ecuador en este tipo ideal esta relacionada con la puesta en vigencia de la Constitucion de 2008, en la cual la Corte fue dotada de poderes de revision de acciones constitucionales, ademas de facilidades de acceso de los ciudadanos para interponer acciones sin mayores formalidades. Quizas el punto central en el caso ecuatoriano es cuanto se condicen estos resultados con el actuar practico del organo constitucional. El caso de Republica Dominicana llama la atencion ya que no es un tribunal referencial en la region en cuanto a su trabajo mediado por el diseno. En realidad, su ubicacion en el cuadrante de cortes imperiales tiene amplias distancias con Colombia y Ecuador. Los mayores poderes de este tribunal en lo politico tienen que ver con la capacidad de derogar normas de cualquier autoridad publica, asi como de resolver conflictos de competencia entre cualquier poder del Estado, municipalidades y personas de derecho publico. (5)

En la arista opuesta se encuentran Guatemala y Chile, dos paises cuyos disenos institucionales no conceden fuertes poderes a su organo constitucional. Esto puede observarse en mayor medida por la incapacidad de estas cortes de pronunciarse frente a los decretos de emergencia. Lo propio ocurre con los vetos del ejecutivo por cuestiones de inconstitucionalidad, frente a los cuales el organo constitucional no puede iniciar un control. Estos dos ejes son fundamentales si se considera que el papel de las cortes constitucionales podria afectar la actuacion de la cabeza del ejecutivo, tanto en sus poderes reactivos de decreto como en el desarrollo del proceso legislativo.

En el caso de Guatemala es importante resaltar la competencia de la Corte de conocer los recursos de apelacion de todas las sentencias de amparo emitidas por los jueces de primera instancia. Bajo ese escenario, el organo constitucional se ha convertido en mayor medida en un tribunal de apelaciones, recurso que en muchas ocasiones es utilizado como estrategia dilatoria de un fallo lejano a las preferencias de los actores (Sieder, 2003). De hecho, la mayor parte del trabajo que realiza esta Corte se concentra en la atencion de los recursos de apelacion. Por ejemplo, de las 3028 sentencias emitidas en el 2017 por el tribunal, 2800 se refirieron a la resolucion de recursos en acciones de amparo. Disenos como el guatemalteco, que limitan la concesion de controles mas amplios que puede hacer la corte sobre los actos de poder publico, dan cuenta precisamente de organos institucionalmente debiles.

El caso chileno merece especial atencion ya que los valores obtenidos en la medicion de la arista de poder politico ubican al pais en el limite entre una corte provinciana y una corte vigilante. Esto puede atribuirse en mayor medida a las reformas constitucionales del 2005, por medio de las cuales se eliminaron los jueces del tribunal que, a su vez eran parte de la Corte Suprema, y se traslado la competencia del recurso de inaplicabilidad a dicha Corte (Couso y Hilbink, 2010). Sin embargo, restricciones formales en el acceso al organo constitucional coadyuvan a que este tenga capacidades mas bien incipientes.

En general, este tipo de cortes encuentra una limitacion de origen dados los poderes con los que cuentan, por lo que partiendo desde una optica formal es muy poco lo que en la praxis pueden hacer. Una conjetura sobre la razon de este tipo de arquitectura tiene que ver con la genesis de las constituciones donde se encuentran reguladas las competencias de las cortes. En mayor medida la Constitucion de Guatemala, y en menor escala la reforma macro de 2005 en Chile son el resultado de profundos conflictos politicos que aceleraron el cambio constitucional, lo que podria explicar disenos que antes de fortalecer el poder judicial, lo morigeran (Negretto, 2009) (6).

En el tercer cuadrante se encuentran ubicados dos paises: Bolivia y Peru. Esta categoria de organos goza de poderes importantes si de proteger derechos ciudadanos se trata, pero carece de facultades para alterar el poder politico. En Bolivia, por ejemplo, la Constitucion contempla en su catalogo de derechos la posibilidad de interponer acciones de libertad, amparo constitucional, proteccion de privacidad, popular y de cumplimiento. Desde la creacion del organo constitucional en Bolivia se promovio la fortaleza del tribunal a traves de la implementacion de varios instrumentos de control y proteccion constitucional (Castagnola y Perez, 2010). En este caso, los resultados se pueden explicar ademas por el fortalecimiento de derechos comunitarios que trajo consigo la carta suprema de 2009 (Negretto, 2009).

La principal caracteristica de las cortes ciudadanas es un acceso facil y sin mayores restricciones a la hora de presentar demandas tendientes a reclamar la vulneracion de derechos (Cepeda, 2008; Uprimny, 2006; Wilson, 2010). En esa misma linea se contempla la existencia de acciones publicas destinadas a precautelar la supremacia constitucional y que cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos pueden presentar. Otro rasgo importante de este tipo de cortes tiene que ver con la consagracion de mecanismos de reparacion integral de danos. Cuando existe una vulneracion a los derechos de las personas, estas perciben los danos como agravios susceptibles de proteccion por parte del Estado y que merecen alguna clase de reparacion (Smulovitz, 2008). Los dos organos ubicados en este cuadrante contemplan este tipo de resarcimientos integrales que bien pueden implicar elementos materiales, como el pago de indemnizaciones, asi como cuestiones inmateriales, como disculpas publicas.

En cuanto a las debilidades institucionales que tienen estos organos ciudadanos, resaltan las que estan relacionadas con las escasas potestades de veto sobre las politicas publicas. Por ejemplo, el tribunal de Peru no puede pronunciarse sobre reformas constitucionales, convocatorias a consultas populares o referendum, ni frente a la aprobacion de tratados internacionales. De hecho, en la arista politica el tribunal peruano obtiene la mas baja puntuacion. Bolivia tiene mayor fortaleza en esta dimension, pero es igualmente baja en relacion con los paises ubicados en el cuadrante de cortes imperiales. Las diferencias en este caso vienen dadas por la incapacidad de ese tribunal de actuar en declaratorias de emergencia del ejecutivo y convocatorias a consulta popular.

El cuadrante correspondiente a las cortes vigilantes se encuentra vacio, lo cual da cuenta de la inexistencia de un referente empirico en los casos sometidos a medicion. No obstante, existe la posibilidad de observar otros contextos cuyas caracteristicas permitan esa ubicacion. En esta tipologia bien puede tratarse del Consejo Constitucional de Francia, el cual tiene importantes poderes constitucionales, que debe incluso realizar un control a priori de los proyectos de ley que seran tratados en el organo legislativo, y dictaminar sobre la coherencia de dichos proyectos de ley con la norma suprema (Tsebelis, 2006).

En definitiva, una observacion sobre los resultados es que, en general en America Latina, los disenos constitucionales han privilegiado el fortalecimiento de los derechos de la ciudadania por medio de la expansion de los poderes de las cortes en esa arista. Por el contrario, no ha existido un empoderamiento de estos organos a traves de la consagracion de facultades de alteracion de la estabilidad politica o de control de autoridades del Estado. En contraposicion, se han potenciado los poderes legislativos del presidente y las normas que facilitan la reeleccion presidencial (Negretto, 2009).

CONCLUSIONES

En este articulo he planteado un estudio de los poderes constitucionales e institucionales de las cortes constitucionales en America Latina. Este analisis partio de un enfoque formal que observa los dos grandes ejes en los que se pueden manifestar los poderes de los tribunales. El primero asociado al papel tradicional que desempenan estos organos, relativo a la proteccion de los derechos de las personas (Cepeda, 2008; Sieder, 2008; Uprimny, 2007; Wilson, 2008). El segundo, vinculado con las atribuciones que posibilitan una actuacion como jugadores de veto a traves de la alteracion del poder politico y el control de las actuaciones del ejecutivo, la legislatura y otras autoridades del Estado (Volcansek, 2001; Stone, 2000). Al final, una caracterizacion formal de estas cortes pasa por la interaccion de las dos variables.

Para dar respuesta a la pregunta de investigacion respecto a los tipos de cortes constitucionales que existen en la region propuse la construccion de una tipologia cuyos resultados fueron cuatro tipos ideales. Cada posible cuadrante viene dado por la convergencia de mayores o menores atribuciones concedidas en la constitucion y las leyes a estos tribunales. Asi, la interaccion de las dos variables consideradas trajo como consecuencia la existencia de cortes provincianas, ciudadanas, vigilantes e imperiales. Estos tipos tienen caracteristicas propias que, en definitiva, marcan la pauta sobre lo que podrian o no hacer estos organos en lo factico.

El primer hallazgo obtenido es que en la region existen dos cortes muy disminuidas en su poder, tanto para defender derechos de los ciudadanos como para erigirse como actores en la arena politica. Tanto la Corte de Constitucionalidad de Guatemala como el Tribunal Constitucional de Chile tienen limitaciones de origen que hacen que sean considerados en mi propuesta como cortes provincianas. Luego, dos cortes son del tipo ciudadanas: fuertes poderes de proteccion de derechos de las personas y escasas atribuciones en lo politico. Las cortes constitucionales de Bolivia y Peru estan amparadas en constituciones que privilegian las facilidades en el acceso de las personas a la hora de presentar acciones constitucionales.

De otro lado, el cuadrante donde convergen fuertes poderes politicos y ciudadanos permite palpar las reformas judiciales tendientes a fortalecer los organos judiciales que se desplegaron en America Latina en varias esferas (Sousa, 2006). Tres cortes constitucionales de la region son imperiales, lo que implica una dotacion importante de competencias formales. Los valores mas altos los obtiene Colombia, pais de tradicion de derechos, y fortalecido a raiz del diseno constitucional de 1991 (Cepeda, 2008).

Esta propuesta, por una parte, se restringe en los abordajes que ha realizado la literatura surgida en ciencia politica sobre politica judicial ya que constrine el estudio a las instituciones como elemento que da cuenta del tipo de cortes. No obstante, dejar de lado los aspectos contextuales y personales que pueden influir en la construccion de tipos ideales, lejos de restar en riqueza al estudio planteado, permite profundizar en las reglas que conducen el proceder de los actores. A traves de un conocimiento amplio de la arquitectura institucional es posible incorporar posteriormente otros factores que interactuan con las normas, y que bajo ciertas circunstancias las moldean y alteran.

De ahi que una futura agenda de investigacion en la materia deba incluir el analisis de otros factores que, en consonancia con el diseno institucional, pueden afectar el tipo de organo observado, y, en un paso mas alla, el comportamiento de los actores judiciales. En ese sentido es necesario apuntalar este estudio con la inclusion de elementos como el contexto social y politico, o las caracteristicas personales e ideologicas de los jueces. Ademas, dicha agenda de investigacion debe avanzar en una mirada a la actuacion en la praxis de las cortes, para lo cual la observacion de los fallos de los organos constitucionales en determinadas clases de acciones resulta idonea. Con ello se podra determinar con mayor claridad que pueden hacer las cortes constitucionales, y la distancia con lo que efectivamente ejecutan.

DOI: https://doi.org/10.18601/16578651.n24.02

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ANEXOS
Anexo 1. Criterios y escenarios de los poderes
politico-institucionales de las cortes
constitucionales

Id.     Criterios            Escenarios         Valor

1     Declaratorias    1.a) La corte debe         6
      de               resolver sobre la
      inconstitu-      constitucionalidad
      cionalidad       de las leyes
                       emitidas por la
                       legislatura,
                       decretos del
                       ejecutivo y los
                       actos de otras
                       autoridades del
                       Estado. La
                       iniciativa de
                       demanda la tiene
                       cualquier ciudadano.

                       1.b) La corte debe         4
                       resolver sobre la
                       inconstitucionalidad
                       de las leyes
                       emitidas por la
                       legislatura y los
                       decretos del
                       ejecutivo, y los
                       actos de otras
                       autoridades del
                       Estado. La
                       iniciativa de
                       demanda la tiene un
                       grupo de ciudadanos.

                       1.c) La corte debe         2
                       resolver sobre la
                       inconstitucionalidad
                       de las leyes
                       emitidas por la
                       legislatura, los
                       decretos del
                       ejecutivo y los
                       actos de otras
                       autoridades del
                       Estado. La
                       iniciativa es
                       privativa de las
                       autoridades del
                       Estado.

2     Conflictos de    2.a) La corte debe         6
      competencia      resolver conflictos
                       de competencia en
                       cualquier materia,
                       dados entre las
                       funciones del Estado
                       y entre diferentes
                       jurisdicciones
                       (poder judicial).

                       2.b) La corte debe         4
                       resolver conflictos
                       de competencia en
                       cualquier materia
                       dados entre
                       diferentes
                       jurisdicciones
                       (poder judicial).

                       2.c) La corte debe         2
                       resolver conflictos
                       de competencia que
                       versen unicamente
                       sobre materia
                       constitucional dados
                       entre diferentes
                       jurisdicciones.

3     Reformas         3.a) La corte debe         4
      constitu-        pronunciarse sobre
      cionales         las reformas
                       constitucionales,
                       previo a su
                       aprobacion.

                       3.b) La corte debe         2
                       pronunciarse sobre
                       las reformas
                       constitucionales,
                       luego de su
                       aprobacion.

                       3.c) La corte no           0
                       tiene capacidad para
                       pronunciarse sobre
                       las reformas
                       constitucionales.

4     Aprobacion de    4.a) La corte debe         4
      tratados         resolver de oficio o
      internacio-      a peticion de parte,
      nales            de forma previa y
                       vinculante, sobre la
                       ratificacion de
                       tratados
                       internacionales.

                       4.b) La corte debe         2
                       resolver a peticion
                       de parte, de forma
                       previa y vinculante,
                       sobre la
                       ratificacion de
                       tratados
                       internacionales.

                       4.c) La corte no           0
                       puede pronunciarse
                       de forma previa y
                       vinculante, ni de
                       oficio o por
                       peticion de parte,
                       respecto a la
                       ratificacion de
                       tratados
                       internacionales.

5     Convocatorias    5.a) La corte debe         4
      a consulta       resolver, de manera
      popular          previa y vinculante,
                       sobre cuestiones de
                       fondo y de forma de
                       las convocatorias a
                       consultas populares
                       o plebiscitos.

                       5.b) La corte debe         2
                       resolver ex post y
                       de manera no
                       vinculante sobre
                       cuestiones de forma
                       o de fondo de la
                       convocatoria a
                       consultas populares
                       o plebiscitos.

                       5.c) La corte no           0
                       tiene capacidad para
                       pronunciarse sobre
                       cuestiones de fondo
                       o forma de la
                       convocatoria a
                       consultas populares
                       o plebiscitos.

6     Estados de       6.a) La corte debe         6
      excepcion o      emitir dictamen
      emergencia       previo y vinculante
                       sobre los estados de
                       excepcion o
                       emergencia adoptados
                       por el ejecutivo.

                       6.b) La corte debe         4
                       emitir dictamen
                       posterior y no
                       vinculante sobre los
                       estados de excepcion
                       o emergencia
                       adoptados por el
                       ejecutivo.

                       6.c) La corte no           0
                       tiene capacidad de
                       pronunciamiento
                       sobre los estados de
                       excepcion o
                       emergencia adoptados
                       por el ejecutivo.

7     Pronuncia-       7.a) La corte debe         4
      mientos          resolver de manera
      sobre veto de    vinculante sobre los
      inconstitu-      vetos de
      cionalidad       inconstitucionalidad
      del ejecutivo    que emita el
                       ejecutivo.

                       7.b) La corte debe         2
                       resolver de forma no
                       vinculante sobre los
                       vetos de
                       inconstitucionalidad
                       que emita el
                       ejecutivo.

                       7.c) La corte no           0
                       tiene capacidad para
                       resolver sobre los
                       vetos de
                       inconstitucionalidad
                       del ejecutivo.

Fuente: elaboracion propia con base en disenos institucionales.

Anexo 2. Criterios y escenarios de los poderes
ciudadano-institucionales de las cortes constitucionales

Id.      Criterios            Escenarios         Valor

1     Acceso a la       1.a) Los ciudadanos        6
      corte             pueden acudir a la
                        corte a plantear una
                        accion
                        constitucional sin
                        necesidad de escrito
                        y sin necesidad de
                        un abogado.

                        1.b) Los ciudadanos        4
                        pueden acudir a la
                        corte a plantear una
                        accion
                        constitucional de
                        forma escrita y con
                        el patrocinio de un
                        abogado defensor.

                        1.c) Los ciudadanos,       2
                        a mas de la
                        comparecencia por
                        escrito y con
                        abogado, deben
                        cumplir requisitos
                        adicionales para
                        acudir ante la corte
                        a plantear una
                        accion
                        constitucional.

2     Acciones          2.a) Los ciudadanos        4
      publicas o        pueden interponer
      populares         acciones publicas o
                        populares para
                        demandar la
                        inconstitucionalidad
                        de cualquier acto,
                        sin importar su
                        origen.

                        2.b) Los ciudadanos        2
                        pueden interponer
                        acciones publicas o
                        populares para
                        demandar la
                        inconstitucionalidad
                        de actos especificos
                        limitados por ley.

                        2.c) No existen            0
                        acciones publicas o
                        populares que los
                        ciudadanos puedan
                        interponer para
                        demandar la
                        inconstitucionalidad
                        de cualquier acto, o
                        se imponen
                        requisitos
                        adicionales para su
                        interposicion.

3     Revision          3.a) La corte de           4
      judicial          oficio debe revisar
      constitucional    las resoluciones
                        adoptadas por otros
                        organos judiciales
                        dentro de procesos
                        constitucionales.

                        3.b) La corte, a           2
                        peticion de parte,
                        debe revisar las
                        resoluciones
                        adoptadas por otros
                        organos judiciales
                        dentro de procesos
                        constitucionales.

                        3.c) La corte no           0
                        puede revisar las
                        resoluciones
                        adoptadas por otros
                        organos judiciales
                        dentro de procesos
                        constitucionales.

4     Efectos de las    4.a) Los efectos de        6
      sentencias        las sentencias de la
                        corte son generales,
                        adquieren el estado
                        de cosa juzgada y
                        pueden ser
                        retroactivos.

                        4.b) Los efectos de        4
                        las sentencias de la
                        corte son generales,
                        adquieren el estado
                        de cosa juzgada y
                        nunca pueden ser
                        retroactivos.

                        4.c) Los efectos de        2
                        las sentencias de la
                        corte son generales,
                        son susceptibles de
                        recursos y nunca
                        pueden ser
                        retroactivos.

5     Cumplimiento      5.a) Existe un             6
      de sentencias     instrumento
                        especifico que
                        interponer frente al
                        incumplimiento de
                        resoluciones
                        adoptadas dentro de
                        procesos
                        constitucionales.

                        5.b) Existe un             4
                        instrumento
                        especifico que
                        interponer frente al
                        incumplimiento de
                        resoluciones
                        adoptadas dentro de
                        procesos
                        constitucionales,
                        pero la Corte o
                        Tribunal
                        Constitucional no
                        tiene jurisdiccion
                        privativa para
                        conocerlo.

                        5.c) No existe un          2
                        instrumento
                        especifico que
                        interponer frente al
                        incumplimiento de
                        resoluciones
                        adoptadas dentro de
                        procesos
                        constitucionales,
                        sino disposiciones
                        generales al
                        respecto.

6     Reparacion de     6.a) La corte puede        6
      danos             ordenar una
                        reparacion integral
                        de danos dentro de
                        las acciones
                        constitucionales.

                        6.b) La corte puede        4
                        ordenar una
                        reparacion no
                        integral de danos
                        dentro de las
                        acciones
                        constitucionales.

                        6.c) Los disenos           2
                        institucionales no
                        dicen nada respecto
                        a la reparacion de
                        danos en acciones
                        constitucionales.

Fuente: elaboracion propia con base en disenos institucionales

Anexo 3. Normas institucionales para la construccion de
la tipologia

    Pais         Constitucion           Otras normas
                   (fecha de
                 promulgacion)

Chile          Constitucion        Ley organica
               del 21 de           constitucional del
               octubre de 1980     Tribunal
                                   Constitucional
                                   17.997, reformada
                                   con Ley 20.381,
                                   sistematizada y
                                   coordinada con
                                   Decreto ley 5.

Colombia       Constitucion        Ley 270 Estatutaria
               del 04 de julio     de la Administracion
               de 1991             de Justicia.

                                   Decreto 2067 que
                                   rige los
                                   procedimientos
                                   tramitados ante la
                                   Corte
                                   Constitucional.

                                   Decreto 2591 que
                                   regula la accion de
                                   tutela.

Guatemala      Constitucion        Ley de Amparo,
               del 31 de mayo      Exhibicion Personal
               de 1985             y de
                                   Constitucionalidad.

Bolivia        Constitucion        Ley 254 que expidio
               del 7 de            el Codigo Procesal
               febrero de 2009     Constitucional.

                                   Ley 027 que expidio
                                   la Ley del Tribunal
                                   Constitucional
                                   Plurinacional.

Peru           Constitucion        Ley 28237 que
               del 29 de           expidio el Codigo
               diciembre de        Procesal
               1993                Constitucional.

Ecuador        Constitucion        Ley Organica de
               del 20 de           Garantias
               octubre de 2008     Jurisdiccionales y
                                   Control
                                   Constitucional.

Republica      Constitucion        Ley 137-11, que
Dominicana     del 10 de julio     expidio la Ley
               de 2015             Organica del
                                   Tribunal
                                   Constitucional y de
                                   los procedimientos
                                   constitucionales.

Fuente: elaboracion propia con base en constituciones y
otras normas.


Maria Patricia Sotomayor Valarezo, Estudiante de la Maestria de Politica Comparada, Facultad de Ciencias Sociales flacso Ecuador. Quito (Ecuador). [mpsotomayorfl@flacso.edu.ec], [https://orcid.org/0000-0002-6218-471X].

Recibido: 22 de agosto de 2018 / Modificado: 20 de noviembre de 2018 / Aceptado: 10 de diciembre de 2018.

(1) Tsebelis (2006) considera que los jugadores de veto partidistas son aquellos actores establecidos por el sistema politico, constituidos por los partidos politicos que forman parte de una coalicion de Gobierno o de una mayoria en la legislatura. De otro lado, se considera un jugador de veto institucional al que tiene la capacidad de actuar como tal dado el diseno institucional.

(2) Es importante aclarar que dentro de la dimension politica, cuando se alude a las declaratorias de inconstitucionalidad se hace referencia al control concentrado abstracto de constitucionalidad que puede hacer la corte, mientras que cuando en la dimension de poderes ciudadanos se alude a la revision constitucional, se esta senalando la posibilidad que tiene una corte constitucional de revisar sentencias adoptadas por otros organos judiciales, tal como sucede con la Corte de Colombia y la accion de tutela. Finalmente, cuando en la dimension de poderes ciudadanos se contempla el criterio "acceso a la corte" se hace referencia a las mayores o menores dificultades que pueden encontrar las personas para presentar una accion ante una corte constitucional.

(3) Mas alla de las diferencias en cuanto a los poderes concedidos por el diseno, las distintas valoraciones de los escenarios responden, ademas, a la necesidad de construir categorias plausibles. En ese sentido, no es dable que una corte no pueda realizar declaratorias de inconstitucionalidad, por lo que para ese criterio el valor de 0 no se asigna. De otro lado, es posible que una corte no pueda pronunciarse ex ante sobre la declaratoria de emergencia del ejecutivo, en cuyo caso si existira el valor minimo de 0.

(4) Tal como quedo explicitado, las distintas valoraciones asignadas a cada escenario responden a la necesidad de diferenciar el tipo de poder concedido. No obstante, esto no implica que, en el indice construido, un criterio pese mas que otro ya que los valores son homogeneizados en una escala que se mueve entre 0 a 1.

(5) El articulo 185 de la Constitucion establece que el Tribunal Constitucional es competente para conocer en unica instancia las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del presidente de la Republica, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Camara de Diputados, y de cualquier persona con interes legitimo y juridicamente protegido.

(6) Negretto (2009) sostiene que observar el cambio constitucional es importante en tanto permite conocer su contenido. Asi, constituciones producto de transiciones a la democracia serian mas incluyentes en terminos ciudadanos.

Leyenda: FIGURA 1. TIPOLOGIA DE LAS CORTES CONSTITUCIONALES

Leyenda: FIGURA 2. TIPOLOGIA DE LAS CORTES CONSTITUCIONALES EN AMERICA LATINA
TABLA 1. INDICE DE PODERES INSTITUCIONALES DE LAS CORTES
CONSTITUCIONALES

        Paises            Poderes      Poderes      Indice
                         politicos    ciudadanos

Colombia                    0,94         0,94        0,94
Ecuador                     0,88         0,94        0,92
Republica Dominicana        0,53         0,56        0,55
Bolivia                     0,41         0,62        0,52
Chile                       0,47         0,38        0,43
Peru                        0,29         0,56        0,43
Guatemala                   0,41         0,25        0,33

Fuente: elaboracion propia con base en medicion de poderes.
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Author:Sotomayor Valarezo, Maria Patricia
Publication:Observatorio de Politicas, Ejecucion y Resultados de la Administracion Publica (OPERA)
Article Type:Ensayo
Date:Jan 1, 2019
Words:9787
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