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El establecimiento de jueces eclesiasticos en las Doctrinas de Indios: el arzobispado de Mexico en la primera mitad del siglo XVIII.

The Establishment of Ecclesiastic Judges in the Doctrinas de Indios: the Archbishoprics of Mexico in the first half of the Eighteenth Century.

El desarrollo de las instituciones eclesiasticas en Hispanoamerica colonial fue un proceso complejo, de larga duracion. Diversas fueron las etapas vividas en el seno de la Iglesia y una de ellas fue el de la secularizacion de las doctrinas de indios administradas por frailes. En algunas regiones como, por ejemplo, Nueva Espana, este fenomeno fue motivo de conflictos debido al poder y a las grandes prerrogativas adquiridas por las ordenes religiosas. En tal contexto, la autoridad de los obispos fue cuestionada desde el siglo XVI por franciscanos, agustinos y dominicos, por lo que los primeros tuvieron que echar mano de multiples recursos a lo largo de los anos para imponer su autoridad, sancionada por el derecho canonico y el Concilio de Trento (1). Uno de esos recursos fue precisamente la figura del juez eclesiastico, cuya principal funcion fue extender la jurisdiccion de los obispos en las parroquias y doctrinas de sus respectivas diocesis.

El devenir historico de los jueces eclesiasticos formo parte del amplio proceso de implantacion de la jurisdiccion episcopal en las diocesis novohispanas; su consolidacion final debe considerarse como la etapa culminante previa a la secularizacion de doctrinas de la segunda mitad del siglo XVIII (2). La evangelizacion encabezada por los religiosos desde el siglo XVI les otorgo el derecho de administrar espiritualmente a los indios de forma permanente, para lo cual se formaron cientos de doctrinas, que eventualmente se convirtieron en verdaderos cotos de poder. Ello imposibilito durante muchas decadas a los obispos el ejercicio pleno de las potestades de orden y de jurisdiccion que les conferia el derecho canonico y los concilios.

En la historiografia sobre la Iglesia novohispana, la secularizacion de doctrinas de la segunda mitad del siglo XVIII es una de las etapas mas conocidas (3), no asi otras que la precedieron, como en el caso de la implantacion de los jueces eclesiasticos diocesanos en las doctrinas de indios durante la primera mitad del siglo XVIII, objeto del presente trabajo.

1. LOS JUECES ECLESIASTICOS EN LOS SIGLOS XVI Y XVII

La figura del juez eclesiastico foraneo (4) fue tardia en el mundo parroquial del arzobispado de Mexico (5). No seria sino hasta la segunda mitad del siglo XVII cuando comenzaron a normalizarse, y hasta la primera del siglo XVIII cuando lograron consolidarse plenamente. El establecimiento de juzgados eclesiasticos territoriales en el arzobispado es un proceso poco o nada conocido, pero cuya importancia, a medida que se avanza en las investigaciones, se agranda. Gracias al trabajo de Jorge Traslosheros (6), ahora contamos con una primera periodizacion sobre la evolucion de la audiencia eclesiastica del arzobispado de Mexico hasta 1668 que nos permite ubicar mejor el devenir de los jueces eclesiasticos (7). Podemos hablar de cuatro etapas: una primera, que iria de la epoca del arzobispo de Mexico, Juan de Zumarraga (1528-1548) hasta la realizacion del Tercer Concilio Provincial Mexicano de 1585. Los religiosos tenian a su favor ciertas bulas otorgadas por los papas Leon X, Adriano VI y Paulo III (8). La interpretacion de esas bulas y los privilegios que de ahi se derivaban fue el campo de batalla cotidiano. En este contexto se puede comprender mejor que el establecimiento de instancias episcopales con jurisdiccion en las doctrinas de frailes fue una tarea por demas dificil y embarazosa. En el caso del arzobispado de Mexico, su primer prelado, Fray Juan de Zumarraga nombro a varios clerigos en el cargo de provisor general, aunque ninguno con la capacidad para enfrentar los grandes retos de una Iglesia en construccion (9). Lo importante fue, como senala Traslosheros, que Zumarraga inicio la audiencia eclesiastica como primer paso para el establecimiento de una suerte de sistema judicial eclesiastico. No obstante, las limitaciones para el clero secular eran grandes, al punto que los religiosos ejercian en los hechos la justicia eclesiastica con el apoyo mismo de las autoridades civiles (10).

Una coyuntura favorable a los intereses arzobispales fue el tercer concilio mexicano de 1585, pues faculto a los obispos el poder establecer instancias eclesiasticas auxiliares. De esa forma, en su titulo VIII, "Del oficio del juez ordinario y del vicario", del libro I (11), se establecen los limites de la jurisdiccion eclesiastica ante la civil, senalando el alcance de las funciones de los obispos, de sus oficiales, vicarios y jueces dependientes. Solo en la parte final de ese mismo titulo se mencionan algunos asuntos relacionados con los frailes y las doctrinas de indios. Un aspecto de suma importancia es que en ningun concilio, ni en el de Trento ni en el Tercero Mexicano, se ponia algun limite a los obispos para nombrar visitadores, vicarios y jueces foraneos; es decir, los primeros tenian discrecionalidad total en ese sentido. Hasta el Tercer Concilio Mexicano se elaboro un "tipo ideal" de ordenamiento judicial eclesiastico (12), independiente del Tribunal de la Inquisicion. La apuesta para el episcopado consistiria en hacer de ese ordenamiento una realidad. Un primer paso en el arzobispado de Mexico fue cuando a partir de 1585 se consolido el nombramiento de provisores, dando estabilidad a la audiencia arzobispal, aun cuando su presencia alcanzaba no mucho mas alla de la ciudad de Mexico y sus alrededores.

La segunda etapa abarcaria de 1585 a 1668 aproximadamente, epoca de expansion de la audiencia eclesiastica, durante la cual aparece claramente la figura del juez eclesiastico, junto con la de los visitadores y jueces comisionados. Despues del Tercer Concilio Mexicano hubo una etapa rispida en pro y en contra de su publicacion y puesta en practica. El nuevo orden ideado en el documento afectaba no solo al clero regular sino tambien a los cabildos catedralicios. Las ordenes mendicantes entonces se aprestaron a defender a toda costa sus antiguos privilegios, amenazados claramente por la nueva normativa conciliar, logrando a fines del siglo XVI el respaldo de la Corona. Hacia la ultima decada del siglo XVI, Felipe II abordo el espinoso asunto de dilucidar los alcances que los obispos debian tener en el seno de las doctrinas de indios administradas por los religiosos; en un despacho de 15 de octubre de 1595 ordeno a los obispos de las Indias que "[...] cuando por su persona no pudiesen visitar las doctrinas de religiosos, enviase a las visitas de ellos, en cuanto al ministerio de curas, religiosos de las mismas ordenes, y no sacerdotes seculares [...]" (13). Mas alla de la ciudad de Mexico y sus alrededores, las figura preferidas, por lo menos hasta aproximadamente 1668, fueron los jueces comisionados, encargados para cada caso o asunto contencioso (14). El juez comisionado fue fundamental para ampliar la presencia de la mitra en el arzobispado (15). Si los jueces comisionados prevalecieron en este periodo fue por su mayor dependencia de la mitra, por su flexibilidad y por la necesidad de centralizar el poder, mas que delegarlo en tribunales locales (16). Pero tambien pudo deberse, ante el todavia claro predominio del clero regular en el mundo parroquial del arzobispado, a que no habia condiciones para establecer juzgados permanentes, comenzando por el problema de donde establecer las sedes de cada uno de ellos. Todavia en la primera mitad del siglo XVIII, los jueces eclesiasticos residian en sedes alternas a las cabeceras de doctrinas, como veremos mas adelante.

Respecto a los jueces eclesiasticos, figuras centrales de este articulo, la documentacion existente los registra claramente a partir de la segunda decada del siglo XVII (17). Con todo, no debemos perder de vista que quienes estaban siempre al frente de la poblacion indigena eran los frailes, y que estos se erigian en jueces con o sin la anuencia de la mitra (18). En tanto eso sucedia en las doctrinas, arzobispos como Sagade Bugueiro, hacia 1656, elaboraba nombramientos de jueces mas especificos, delimitando mejor sus funciones (19). Es probable que durante este periodo, 1600-1668, se haya comenzado a dar a los curas clerigos el cargo de juez eclesiastico de sus parroquias, y que se estuviera pensando en hacer lo mismo para las doctrinas de religiosos.

La tercera etapa sobre la implantacion de los jueces iria del gobierno del arzobispo Payo Enriquez de Rivera (1668-1680) al del arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas (1682-1698). El primero tomo medidas mas radicales para el "fortalecimiento" de la jurisdiccion episcopal mediante el nombramiento de 18 jueces eclesiasticos (20). Existen evidencias suficientes para afirmar que el sucesor del arzobispo Rivera, Francisco Aguiar y Seijas, siguio nombrando jueces para las doctrinas (21). Sin embargo, las ordenes siguieron alegando siempre los privilegios otorgados por Adriano VI y Paulo III. Hacia fines del siglo XVII, las ordenes lograron una declaracion expresa del Monarca en el asunto referente a los vicarios foraneos. En 1694, Carlos II ordeno a los obispos que por ninguna causa nombraran vicarios foraneos para las doctrinas de frailes (22). Esta cedula puso en predicamento nuevamente la autoridad episcopal en Indias, y fue evidente un retroceso, por lo menos en el plano juridico, de los logros de los arzobispos Payo de Rivera y Aguiar y Seijas (23).

La cuarta etapa, de 1700 al periodo de Jose Antonio Vizarron (1730-1746), cuando se logran establecer permanentemente juzgados eclesiasticos en todo el territorio del arzobispado, es el centro de las restantes paginas.

2. LA IMPLANTACION DE LOS JUECES ECLESIASTICOS EN LAS DOCTRINAS, 1700-1746

La politica eclesiastica de Felipe V en Indias ha sido poco estudiada, opacada por las impactantes reformas de sus sucesores. No obstante, a pesar de que es lugar comun afirmar que el cambio de dinastia no implico transformaciones en los procesos que se venian gestando desde el siglo anterior, tal idea debe revisarse, pues al acercarnos a las cuestiones eclesiasticas puede advertirse claramente signos reformistas, que aun estamos lejos de conocer bien (24). Por ello es que debemos ir paso a paso, y en este caso, detenernos en el asunto de los jueces eclesiasticos foraneos, figuras ya presentes en la iglesia novohispana, pero que con el nuevo Monarca adquirieron una mayor relevancia debido a su articulacion al servicio directo de los intereses reales. Paralelamente, los arzobispos aprovecharon el nuevo impulso a dichos jueces para lograr lo que todos sus antecesores solo intentaron: imponer de forma permanente la jurisdiccion de estos funcionarios eclesiasticos en las doctrinas del clero regular, como inequivoco preludio de la secularizacion de la segunda mitad del siglo XVIII.

Si hasta 1694 Carlos II puso un freno a los obispos indianos para nombrar vicarios foraneos en doctrinas de indios, que no siempre fue obedecido, tal limitacion solo duro algunos anos, pues con el cambio de dinastia el episcopado americano comenzaria a ser mas favorecido. Un asunto tan concreto como el de los jueces eclesiasticos fue objeto de atencion de los consejeros del primer rey Borbon, cuando en 1701 se decidio poner fin a las largas disputas que durante mas de un siglo protagonizaron los obispos y las ordenes religiosas por el asunto de la supervision de las doctrinas de indios por los primeros. En cedula de 2 de octubre de 1701, el Monarca expreso que ninguna ley, canonica o real, limitaba a los obispos la facultad de subdelegar las visitas de los religiosos a discrecion, y que, en cuanto al nombramiento de vicarios foraneos, los obispos podian nombrarlos sin obstaculo (25).

La nueva disposicion fue retomada por el arzobispo Ortega Montanes (1700-1708), provocando un aumento de juzgados, puesto que en la decada posterior a la cedula de 1701 ya habia al menos 19 operando de forma permanente, como se aprecia en el Mapa No. 1:

[FIGURA 1 OMITIR]

Su distribucion era estrategica, sobre todo en lo que respecta a las doctrinas, pues las principales areas de tradicion indigena del centro del arzobispado estaban cubiertas (26), con excepcion quiza de las provincias septentrionales de Valles y Panuco, en donde predominaban aun las misiones, estatus que las alejaba de la jurisdiccion arzobispal.

No obstante, la voluntad y las condiciones para impulsar a los jueces eclesiasticos en todas las doctrinas de religiosos las tuvo Jose Lanciego Eguilaz (1712-1728). Este arzobispo se destaco por la conviccion con la que emprendia sus tareas pastorales, sin importar mucho las controversias que causara: apoyo sin reservas al alto clero de Mexico para lograr sus ascensos, consolido el cobro del subsidio eclesiastico, no sin algunos enfrentamientos con los religiosos, promovio un sinodo provincial, envio a su secretario a Roma para lograr la secularizacion de las doctrinas y aumento las exigencias para las ordenaciones ordenaciones sacerdotales (27). En la cuestion de los jueces eclesiasticos, defendio la aplicacion plena de la cedula de 1701 en el arzobispado e indirectamente en el resto de las diocesis sufraganeas.

En algun momento previo a 1721, Lanciego Eguilaz solicito al Rey revalidar la cedula de 1701, argumentando que aunque habia intentado lograr la quietud en su jurisdiccion, los religiosos no lo permitian "[...] en perjuicio de las regalias y autoridad de su mitra [...]" (28). En vista de ello, hacia 1721, y para evitar "[...] inquietudes y pleitos en los referidos regulares [...]", Felipe V confirmo la cedula de 1701, ordenando a todos los obispos sufraganeos la observaran y cumplieran, "[...] a cuyo fin se os remiten los que pertenecen a vuestros sufraganeos, para que por vuestra mano lleguen a las suyas, y tengan el debido cumplimiento que conviene a mi servicio [...]" (29). Con ese nuevo respaldo del Monarca, Lanciego se dio a la tarea de "normalizar" el nombramiento de jueces eclesiasticos territoriales practicamente en todos los rincones del arzobispado. Asi, a principios de 1723, con ocasion de cumplir con la recaudacion de un segundo subsidio eclesiastico, otorgado por Roma en 1721, el arzobispo Lanciego envio una carta cordillera de instrucciones a un total de 91 jueces eclesiasticos, incluyendo a 12 que solo tenian jurisdiccion sobre doctrinas de religiosos, y en donde se asentaba el grueso de la poblacion indigena del arzobispado (30). Es dificil saber por ahora si antes de 1723 ya existian esos 91 jueces eclesiasticos, pero lo que si puede afirmarse es que actuaron como brazos ejecutores de las ordenes del Monarca y de su prelado, recibiendo incluso una compensacion economica por sus tareas de recaudacion del subsidio hacia 1727 (31). Pero igual de importante fue que este gran esfuerzo de Lanciego por consolidar la red de juzgados eclesiasticos locales (32) a lo largo y ancho de su jurisdiccion no termino con el fin de su gobierno.

Hacia 1731, recien llegado a la mitra el nuevo arzobispo, Jose Antonio Vizarron Eguiarreta (quien goberno entre 1730-1748), se ocupo tambien de revisar y refrendar los titulos de jueces eclesiasticos (33). El hecho fue que durante la primera mitad del siglo XVIII llegaron a haber 97 juzgados eclesiasticos en el arzobispado de Mexico. Este numero no debe tomarse como unico pues cada arzobispo arzobispo o sede vacante podia, y lo hacia, anadir o quitar parroquias a un juez, o bien, desaparecer o crear un nuevo juzgado, segun su criterio o las necesidades del momento (34).

Por el tipo de parroquias sobre las que ejercian jurisdiccion, se puede hablar de tres tipos de jueces: los que la ejercian solo en curatos de clerigos (35), quienes lo hacian solo en doctrinas de religiosos, llamados coloquialmente jueces "de doctrina" (36), y aquellos que cubrian tanto curatos como doctrinas (37). Los jueces de Queretaro y Toluca son casos especiales, pues si bien se asentaban en grandes doctrinas franciscanas en donde no habia curatos de clerigos, sin embargo, tambien vigilaban la conducta de los nucleos clericales asentados ahi (38). En Queretaro, de hecho, se acostumbraba nombrar tambien a un ayudante para el juez, debido al numero de tareas implicadas (39). Lo normal, no obstante, fue que los jueces tuvieran uno o mas notarios, generalmente nombrados por ellos mismos, para auxiliarlos en la operatividad de sus juzgados, basicamente a elaborar los autos judiciales. De hecho, en ocasiones un notario podia llegar a suplir al mismo juez, por ejemplo, cuando en 1739 el juzgado de Actopan fue anexado al de Pachuca (40). Algunos juzgados tuvieron una existencia efimera, como fue el caso de la sede de Xochimilco. Al parecer, este juzgado fue creado en la decada de 1720, pero sin mayor fortuna, pues hacia 1739 la atencion a los pueblos era disputada por el vecino juez de Chalco y el propio provisorato de Mexico (41).

Pero mas alla de todas estas vicisitudes, lo esencial para el proceso que nos ocupa es destacar que por primera vez en dos siglos, hacia la decada de 1720 los arzobispos de Mexico tuvieron representantes en practicamente todas las parroquias, en cuanto al ejercicio de la justicia eclesiastica. El proceso habia sido largo pero finalmente tuvo su culminacion en la epoca de Felipe V, lo cual creemos que no fue de ninguna manera casual, dado el nuevo trato del primer Borbon a las cuestiones eclesiasticas indianas.

3. LAS TAREAS ASIGNADAS A LOS JUECES ECLESIASTICOS

Para conocer de cerca las funciones formales de los jueces usaremos el titulo de juez eclesiastico de Tlachichilco, representativo del resto, expedido por el arzobispo Jose Lanciego, el 3 de febrero de 1727 (42). En el documento se detallan las prerrogativas del juez asi como sus limites, sobre todo frente a la mas amplia jurisdiccion del propio prelado. Dentro de las prerrogativas del juez se hallaban las de oir, conocer, juzgar y sentenciar, tanto causas civiles de "moderada suma" (43) como criminales "leves" entre indios. Tambien debia conocer las causas en defensa de la inmunidad eclesiastica, asi como tambien de cualquier dispensa presentada para matrimonio y enviarla al ordinario para su revision. Igual, era el encargado de despachar las licencias para que una pareja pudiera casarse (44). El juez tambien debia ser el ejecutor local de todos los autos y decretos del ordinario y la duracion de su nombramiento seria a "voluntad" del arzobispo (45).

Respecto a los limites y prohibiciones en el actuar de los jueces, el titulo es mas abundante: el diocesano se reservaba la dispensa de amonestaciones, las licencias para casar vagos y feligreses de otros obispados, asi como aceptar o no dispensas de otras autoridades eclesiasticas. Igual, el juez local no podia dar licencias para oficiar misas en capillas ni oratorios particulares, ni pedir limosna ni hacer amonestaciones o informaciones para ordenes sacerdotales; ni el juez ni sus ministros podian cobrar mas derechos de los permitidos por el arancel o por la costumbre del lugar (46).

Pero mas alla de lo que un titulo consignaba, los jueces del arzobispado de Mexico podian cumplir con otras tareas varias, como por ejemplo supervisar las elecciones de los mayordomos de las cofradias, tanto en los curatos de clerigos como en las doctrinas de religiosos, y revisar sus rentas y su distribucion (47). Otra tarea era la de recabar informacion sobre idolatrias y hechicerias de los indios (48).

Como delegados del ordinario, los jueces recibian todo tipo de comisiones especiales. Asi acontecio en 1721, cuando despues de una visita al pueblo de Calpulalpa, provincia de Texcoco, el arzobispo Lanciego pidio al juez vecino de Apa y Tepeapulco investigar la veracidad de una partida de matrimonio que el prelado habia encontrado suelta en los libros de la parroquia (49). La libertad de movimiento de los clerigos podia ser una tarea mas en la que los jueces auxiliaban a su prelado (50).

Otro tipo de tarea de los jueces podia ser intervenir en averiguaciones sobre division de doctrinas, tal como sucedio en la republica de indios de Huitzilac, acerca de la doctrina de Cuernavaca; alli, los indios solicitaron al virrey que su pueblo se convirtiera en una vicaria independiente, debido a que se encontraba a mas de tres leguas de la cabecera, a que frecuentemente se quedaban sin los sacramentos debidos, ademas de que habia ya 300 vecinos; para lo cual se comprometian a mantener a un vicario y a tener los ornamentos necesarios en su capilla. El virrey turno de inmediato el caso al arzobispo, quien le informo poco despues que, habiendo pedido parecer a la doctrina, los frailes se opusieron a la division, rechazando los argumentos de los indios. En vista de ello, Lanciego consulto a su promotor fiscal, quien propuso que el juez eclesiastico hiciera una averiguacion. Luego de ello, el arzobispo Lanciego decidio pedir al virrey la division, con base en los argumentos elaborados por su juez eclesiastico (51).

4. LOS JUECES DE DOCTRINA: LOS TRABAJOS Y LOS DIAS

4.1. UNA DIFICIL DELIMITACION DE FUNCIONES

Los problemas entre los jueces y los doctrineros se presentaron basicamente en torno a la delimitacion jurisdiccional: del juez, en su calidad de representante del ordinario, y del fraile, en su funcion de cura de almas. En Xochimilco, doctrina franciscana, hacia 1739 el doctrinero se quejo al provisorato de que el juez de la provincia vecina de Chalco atendia asuntos de varios pueblos limitrofes sin ninguna autorizacion, causando molestias a sus feligreses, quienes, en opinion del fraile, solo debian ir a Mexico. Aunque su queja no fue aprobada, y el juez de Chalco siguio como hasta entonces, el incidente prueba plenamente que los doctrineros estaban muy pendientes de la manera como se ejercia la jurisdiccion del ordinario en sus doctrinas (52).

Pero la rivalidad entre el juez y los doctrineros los podia llevar a disputar casi cualquier accion que emprendieran uno u otros, como sucedio en Queretaro, segunda poblacion del arzobispado. En esta ciudad, doctrina franciscana, era el juez eclesiastico quien disputaba el poder a los religiosos, haciendo uso de la estrategia acostumbrada de interpretar a su favor los limites ultimos de cada jurisdiccion. El cura ministro de Queretaro acuso al bachiller Juan Fernandez de los Rios, juez y vicario in capite, de tenerle un gran encono, de impedirle diera azote a los indios para su correccion y de que las limosnas y la renta de las cofradias de los indios de la ciudad fueran usadas por los mismos, asi como de gravar los regalos que los indios llevaban a su iglesia el dia de sus celebraciones. Evidentemente, el juez se estaba extralimitando en sus funciones judiciales, invadiendo las de administracion espiritual. Cuando la queja se ventilo en la curia, el promotor fiscal opino que si bien los curas debian corregir a los indios, lo debian hacer solo en cuestiones de doctrina, pero no abrirles proceso, ni encarcelarlos ni embargarlos, pues eso solo correspondia al juez; y en cuanto a las cofradias, si bien era cierto que los jueces no debian meterse en la administracion, si debian asegurar las rentas correspondientes y su justa distribucion, conforme a sus propias constituciones.

En otro punto del problema surgido, el funcionario del provisorato declaro que no obstante era cierto que solo el juez podia dar licencia para realizar procesiones publicas, no se podia considerar como tal al hecho de que los indios llevaran sus imagenes a las iglesias para celebrar sus fiestas, con pompa y veneracion, mientras no llevaran la cruz en alto (53). La claridad del dictamen del promotor fiscal no dejo dudas al provisor en sede vacante, por entonces el doctor Francisco Rodriguez Navarijo, quien se conformo en todo con el y ordeno al juez de Queretaro respetar los limites de su jurisdiccion, sin dejar, por otro lado, de cumplir con sus obligaciones de hacer guardar la jurisdiccion eclesiastica.

Los roces en Queretaro continuaron cuando el cura Fray Tomas de Prado fue a sacar de una casa a una mujer que estaba en compania de un indio; a ella la deposito en una casa y a el en un obraje con ayuda de sus fiscales. Ante la queja del padre de la mujer en el provisorato, el provisor le ordeno al juez de Queretaro, Juan Fernandez de los Rios, que notificara al padre que los curas ministros no tenian jurisdiccion para encarcelar a nadie, sino solo los propios jueces (54).

Pero aun en aquellas doctrinas con poca o nula presencia de jueces foraneos, los doctrineros tendian a atraer los casos contenciosos, omitiendo la presencia de la justicia real o confundiendo, otra vez, las jurisdicciones. Si no veamos lo que acontecio en la doctrina franciscana de Tochimilco hacia 1743. Pedro de Vega, Teniente de Alcalde Mayor, acuso al doctrinero franciscano de adjudicarse jurisdicciones que no le correspondian (55). Pero las acusaciones del Teniente iban mas alla, senalando que el doctrinero de Tochimilco rebatia sus reclamos, bajo la justificacion de que los castigos que imponia eran por faltas de los indios al cumplimiento de sus deberes religiosos, y no de otros: "Y en cuanto al derecho de jurisdicciones entre justicias seculares y eclesiasticas me remito a lo dicho sobre este asunto, pues tengo experimentado con este dicho religioso y pueblo por varias ocasiones, el que yo doy una orden a los naturales de el y el doctrinero se la manda en contra [...]" (56).

4.2. LA EVASI ON DEL JUEZ ECLESIASTICO

Otro problema podia ser la evasion u omision que los doctrineros hacian de la jurisdiccion del juez local. El juez de Queretaro, por ejemplo, afirmaba hacia 1708, que necesitaba que se nombrara a un juez interino ante su inminente salida a cumplir con otras tareas de la Inquisicion, pues tambien era comisario. La razon de la urgencia del nombramiento era: "[...] porque no quede desierta la jurisdiccion que tan ultrajada se halla en esta ciudad, por los varios acasos atentados que se ofrecen [...]" (57).

Cambios en la organizacion que la mitra hacia de los juzgados podian ser aprovechados por los religiosos para desconocer la jurisdiccion local. Por ejemplo, alrededor de los anos de 1709-1710, el cabildo en sede vacante nombro como juez del partido de Tulancingo al bachiller Bernardo de Morales Toledo, quien ya fungia como colector de diezmos de la misma circunscripcion (58). El problema fue que tambien se le asignaron las importantes doctrinas agustinas de Meztitlan y Zacualtipan, segregandolas del juzgado con cabecera en Yanhualica. Las consecuencias de tal modificacion tuvieron que ver con una nueva actitud de las otras doctrinas agustinas de Yanhualica, pues a decir de su juez, el bachiller Francisco Bocanegra Arriaga, tal cambio le afecto en su autoridad:

"[...] con notable perjuicio de mi derecho y honor, pues los restantes partidos o doctrinas no tienen el miramiento que debieran, porque discurren no ser ya yo su juez eclesiastico, dicen que si fui despojado de las dos doctrinas principales [Meztitlan y Zacualtipan], tienen presupuesto que de las otras menores estara del mismo modo, y que ha cesado mi jurisdiccion [...]" (59).

Pero no solo eso, sino que con ese pretexto, agregaba el juez de Yanhualica, que espanoles, mestizos y mulatos habian comenzado a casarse sin ninguna licencia, a no ser solo la de los priores de los conventos. Por otro lado, el futuro de las cofradias tambien se ponia en riesgo, segun el mismo funcionario (60).

Los jueces eclesiasticos podian convertirse en meros espectadores, debido a la confusion de jurisdicciones que en un momento dado anulaba cualquier posibilidad de intervencion. Un caso asi sucedio en 1739, a raiz de un enfrentamiento entre el gobernador indio del pueblo de Ecatzingo, provincia de Chalco, y el doctrinero dominico. La estrategia de los contendientes fue pasar por alto al juez local, en este caso de la provincia de Chalco, y acudir el gobernador indio ante el provisor de espanoles y el fraile ante el provisor de indios. El primero fue acusado de ser un gobernante despota, que cobraba tributos de mas, mientras el segundo, de cobrar mas derechos de los que senalaba el arancel. El provisor de indios decreto el encarcelamiento del indio gobernador, mientras que el de espanoles ordeno atraer todo el caso, puesto que habia denuncias de que el indio en realidad era mestizo y, por lo tanto, le correspondia a el sentenciar. En todo este proceso, el juez de Chalco recibio ordenes de ambos provisores, llegando a una situacion insostenible. Finalmente, el provisor de espanoles consulto directamente al arzobispo Vizarron, luego de que el procurador del doctrinero amenazara con acudir a la Real Audiencia para obligar a la mitra a pasar todo el caso con el provisor de indios. El prelado, al fin, decidio que el gobernante de Ecatzingo no era indio y que, por lo tanto, todos los autos pasaran al provisorato (61).

4.3. LA USURPACION DE FUNCIONES

Un asunto que provocaba periodicas disputas entre los frailes y los jueces fue el de las licencias para el matrimonio; aunque estaba mas que claro que el darlas correspondia al juez de la circunscripcion, muchos doctrineros pasaban por alto tal disposicion y ellos mismos daban el permiso, ganando tanto el pago del derecho como mas autoridad ante su feligresia. Un arzobispo tan celoso de su autoridad como Lanciego Eguilaz no dudo en ordenar al juez de Apa y Tepeapulco hacer toda una averiguacion sobre una partida de matrimonio que le parecio sospechosa durante su visita en 1721 a la doctrina franciscana de Calpulapa, provincia de Texcoco (62). De las averiguaciones resulto, en efecto, que un padre ministro habia recibido personalmente las informaciones matrimoniales y ademas que la india contrayente no era viuda, como lo habia declarado, pues poco tiempo despues su primer esposo reaparecio, aunque demente. El juez, una vez formado todo el expediente, lo envio directamente a la Secretaria de Camara y Gobierno de la mitra.

Las cofradias, congregaciones y hermandades alcanzaron su apogeo en el transcurso del siglo XVIII, y su gobierno represento otro punto de friccion entre los jueces y los frailes. Muchas de ellas, creadas sin el permiso del ordinario, tendian a la independencia, a pesar de que los jueces tenian el derecho de presidir las elecciones de nuevos mayordomos y de vigilar el manejo de sus rentas y bienes. Ademas, los religiosos tendian a controlarlas. En 1739, el juez del partido de Pachuca hizo un informe al gobernador del arzobispado, el dean Ildefonso Moreno Castro, en el que narraba que cuando murio el notario receptor que habia nombrado para Actopan, mando a recoger todos los papeles que tenia el finado en su poder, y entre ellos hallo un decreto de Lanciego que ordenaba a todas las cofradias y hermandades presentaran ante el prelado su libro de fundacion y el de sus bienes y rentas, mismo que se habia encargado de hacer cumplir antes el mismo notario. Ante tal situacion, el juez decidio nombrar a un nuevo notario para terminar de aplicar el decreto. La situacion hallada por el nuevo notario fue que:

"[...] hallo estar fundadas [las cofradias], las que visito, sin autoridad ni licencia del ordinario, sino gobernadas solo por los padres curas ministros que han sido de dicha doctrina, quienes anualmente han celebrado cabildos, tomado cuentas, hecho elecciones, distribuido ordenes sin aprecio alguno de la jurisdiccion eclesiastica, y habiendo reconocido dicho bachiller notario lo pingue de la hermandad fundada en el pueblo de San Salvador, en cuya decente iglesia venera la devocion, asi de los paisanos como de los de las circunvecinas jurisdicciones, la devotisima imagen de Cristo Nuestro Senor, para cuyo culto contribuyen considerables limosnas, se le hizo conveniente formar inventario del decente culto, porcion de plata y propios de dicha hermandad, constante en el cuaderno que fulmino, en que se enuncia lo abundante de sus limosnas [...]" (63).

A ello, continuaba la explicacion del juez, el notario auno el delito de idolatria que esa cofradia tenia denunciado ante el provisorato de indios, sobre el culto a una rosa de liston, fabricada en el sendal del Cristo, por lo cual se les recogieron las cosas sagradas (caliz, patena, corporales ornamentos y blandones de plata), situacion agravada por la ausencia de vigilancia, pues los ministros de doctrina solo visitaban una vez al ano a la cofradia, y el indio fiscal encargado era en realidad quien manejaba a su antojo todos los bienes de esta. Aun mas, el juez denuncio una conspiracion de las hermandades del distrito:

"[...] persuadidos todos los mayordomos de las hermandades de los pueblos de dicha doctrina, que pasan de treinta, por el referido fiscal, a que no debia entenderse el decreto expresado con las hermandades que hubiese fundadas en las iglesias de sus pueblos, por no estar sujetas al ordinario, cuya voz levanto el estrepito de formarse oposicion con el pretexto de que caso que el previo y superior decreto citado, estreche las hermandades referidas a su jurisdiccion, habiendo fallecido el que lo providencio, habia expirado la determinacion, y que para que esta tuviese lugar era necesario vigorizarla con sobre carta y nuevo mandato del ilustrisimo y excelentisimo senor que gobierna [...]" (64).

Ademas, el cura ministro se opuso entonces al reconocimiento de las hermandades por el notario, el que, prudentemente remitio todo al juez, que a su vez lo envio a la secretaria de camara. En la parte final de su informe, el juez recomendaba al gobernador del arzobispado que de una vez por todas se sometiera al orden a las hermandades y a los doctrineros que las protegian, para extirpar "[...] las perniciosisimas consecuencias que se originan de las hermandades, que tan sin cuenta y razon se han fundado y mantienen, de que provienen escandalosas fiestas y destruccion de muchos ganados y limosnas, que con solo su licenciosa libertad recogen los mayordomos [...]" (65). Pero los indios fiscales tampoco se escaparon de mayores acusaciones por el juez:

"[...] se ha de servir vuestra senoria de declarar hasta donde se extienda la autoridad o jurisdiccion (si la tenga) del indio fiscal de la iglesia, que a su satisfaccion nombran los padres curas ministros, porque a mas del dominio referido en los bienes de las hermandades, se propasan a conocer de las causas de incontinencia y concubinatos de indios, y a servirse el tiempo que les parece, de las indias que se presentan para casarse [...]" (66).

El gobernador del arzobispado pidio, entonces, parecer al promotor fiscal, que fue de la opinion de que el decreto seguia vigente, no obstante la muerte de su creador, y de que era nulo el argumento de que las hermandades, al no ser cofradias, no estaban comprendidas en la orden de visita, pues si habian sido fundadas sin autoridad del prelado, era ilicitas y debian extinguirse, y si estaban bien fundadas, podian y debian entonces visitarse; finalmente, pedia que se recordara a los indios fiscales que su obligacion era solo llevar a los indios a la doctrina, y nada mas. El gobernador Castro asi ordeno todo.

Finalmente, otro punto de conflicto podia ser el nombramiento de indios fiscales, como cuando Antonio Blanco Palomares, cura de Tizayuca y juez de ese partido, que abarcaba tambien a pueblos sujetos a la doctrina franciscana de Ecatepec, se quejo de que el indio fiscal nombrado para ellos era rechazado por los indios gobernadores. Estos ultimos habian acudido al juzgado de indios de Mexico, y su juez prohibio al fiscal usar del cargo. Ante ello, el virrey pidio todos los autos realizados para su revision. Finalmente, con parecer de su abogado fiscal, reconocio que el nombramiento de fiscales tocaba solo a los jueces eclesiasticos, como delegados de los obispos, segun la Ley 6, titulo 13, del libro primero de la Recopilacion de Leyes de Indias (67), senalando que los curas ministros no tenian facultad: "[...] para nombrar fiscales indios para que se junten a la doctrina, antes le esta expresamente denegada a dichos curas ministros esta facultad en otras muchas leyes de la Recopilacion [...]" (68).

4.4. EL ABIERTO RECHAZO A LA JURISDICCION ORDINARIA

No faltaron tampoco conflictos de abierto desafio a la autoridad de los jueces por parte de los ministros de doctrina, demostrando que no obstante las cedulas de 1701 y 1721, las ordenes seguian intentando al menos mantener ciertos espacios de independencia con respecto a la autoridad episcopal. Hacia 1721 el juez eclesiastico de Chiapa de Mota, luego de varios roces con los frailes del convento de Aculco por cuestiones de jurisdiccion (69), consiguio del arzobispo Lanciego la autorizacion para leer y pegar un edicto en las puertas del convento:

"[...] a fin de exhortar, amonestar y mandar a los vecinos y moradores de dicho partido de cualquier estado y condicion que fuesen, el que las demandas, acusaciones y querellas tocantes al fuero eclesiastico se deben poner, tratar y seguir tan solamente ante vuestra senoria ilustrisima, sus provisores vicarios generales o dicho juez eclesiastico, como a quienes toca el conocimiento de ellas, y que de ninguna manera acudiesen con dichas demandas, acusaciones ni querellas ante la justicia secular ni ante ningun eclesiastico secular o regular, en cualquier preeminencia o ministerio que se hallase constituido de cura ministro de doctrina interino, coadjutor o ayudante, por ser visto no pertenecer a ninguno de las sobredichas causas eclesiasticas que tocan al fuero contencioso [...]" (70).

El conflicto surgio cuando el teniente de alcalde mayor, enterado del edicto, acudio al convento a pedirle al guardian que le entregara a un indio que tenian encarcelado, por el delito de amancebamiento, argumentando que tales casos eran de orden contencioso y, por tanto, pertenecia a su jurisdiccion y a la del juez eclesiastico. No obstante ese requerimiento, el doctrinero, acompanado del guardian y un lector del convento de Mexico, rompieron en presencia del alcalde el edicto y se negaron a entregar al indio.

El juez de la jurisdiccion, y tambien cura de Chiapa de Mota, enterado de la situacion, comenzo una averiguacion en contra del doctrinero de Aculco, Fray. Nicolas Savala. En reaccion a ello, el doctrinero franciscano dirigio una carta el juez eclesiastico, cuyo sentido general era el poner en duda su autoridad para entrometerse en su doctrina y pidiendole le aclarara los limites entre la jurisdiccion del cura y la del juez. Este ultimo siguio insistiendo en conocer como habian sucedido los hechos y para ello envio a su notario varias veces al convento hasta que el lector del convento de Mexico declaro que no habia sido el doctrinero el que habia roto el edicto, sino el mismo, decision que tomo despues de leerlo y concluir que su contenido no pudo haber sido escrito por el juez, pues iba en todo en contra de los concilios (71). De esa manera, el doctrinero quedaba exculpado y se mandaba una senal a la mitra de que en todo caso debia verselas con el convento mas importante de la orden.

Ante el nuevo giro que se dio al caso, el juez de Chiapa envio todo el expediente a la mitra y en Aculco ordeno hacer leer y fijar nuevamente el edicto en las puertas del convento para reafirmar su autoridad ante la feligresia.

En Mexico, los autos los recibio el provisor Bermudez de Castro, el 6 de noviembre de 1722, quien pidio parecer al promotor fiscal. La respuesta de este nos da mucha luz sobre la difusion de los jueces eclesiasticos en las doctrinas:

"[...] todo lo referido nace de no haberse publicado la novisima real cedula, sobre carta de otra, en que con audiencia de fray Francisco de Ayeta se mando por su majestad (Dios le guarde) poner jueces eclesiasticos en las doctrinas, a discrecion de los senores diocesanos, para el conocimiento de los pleitos, por estar revocados en breves apostolicos posteriores los antiguos privilegios en que se fundaban los regulares para actuar como jueces, de que estan inhibidos, aun en causas matrimoniales, no pudiendo ser provisores, conforme a la ley real y cedula expedida a Puerto Rico. [...]" (72).

A continuacion, el promotor Felipe Neri de Apellaniz y Torres propuso, para evitar en adelante tales conflictos, que se enviara por cordillera la referida cedula a todos los curas ministros. El provisor ordeno sacar copia de la cedula referida, de 1721, ya resenada antes, para ser enviada a todos los obispados sufraganeos y fuera dada a conocer. No sabemos que sucedio con los franciscanos de Aculco, pues el expediente se suspende en esta parte.

A MANERA DE CONCLUSION

Si bien hacia la decada de 1550 el arzobispo Montufar llego a expresar que habia obispo solo en donde los religiosos querian, en la epoca de Lanciego las cosas parecian invertirse: el poder de los religiosos era ejercido solo donde la mitra no tenia presencia. Ello no quiere decir que los doctrineros hubieran perdido todo el poder de antano, sino simplemente que el que disfrutaban ya no podia compararse con el del siglo XVI. El hecho de haber instituido juzgados eclesiasticos que cubrian todos los pueblos del arzobispado, bajo administracion clerical o de religiosos, fue todo un logro para los arzobispos de la primera mitad del siglo XVIII, aun cuando los frailes doctrineros siguieran intentando ignorar o disminuir su autoridad. Sin embargo, la vigilancia celosa de los jueces eclesiasticos logro un mayor conocimiento de las doctrinas y una mayor sujecion.

En ese tenor es indudable que los jueces diocesanos jugaron un papel central para acabar de sujetar a las doctrinas al ambito de la jurisdiccion episcopal. Cuando Fernando VI ordeno en 1749 el traspaso de las doctrinas al clero secular, las autoridades virreinales y el arzobispo se enfrentaron a un clero regular disminuido, obligado a regular sus acciones con base en la normativa diocesana y ya no mas con los antiguos privilegios papales que Felipe V se encargo de derogar.

ARTICULO RECIBIDO: 8 DE AGOSTO DE 2007; APROBADO: 12 DE JUNIO 2008; MODIFICADO: 8 DE JULI O DE 2008.

Bibliografia

FUENTES PRIMARIAS

Archivo General de la Nacion de Mexico (AGNM), Mexico D.F.--Mexico, Ramo Bienes Nacionales y Ramo Clero regular y secular.

Archivo Historico del Arzobispado de Mexico (AHAM) Mexico D.F.--Mexico.

Solano, Francisco, ed. Relaciones geograficas del arzobispado de Mexico. 1743. Tomo II. Madrid: Coleccion Tierra Nueva e Cielo Nuevo (V Centenario del Descubrimiento de America). CSIC - Dpto. de Historia de America, 1988.

Martinez Lopez-Cano, Pilar, coord. Concilios provinciales mexicanos. Epoca colonial. Mexico: Instituto de Investigaciones Historicas--UNAM, 2004. Disco compacto.

FUENTES SECUNDARIAS

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Aguirre, Rodolfo. "El ascenso de los clerigos de Nueva Espana durante el gobierno del arzobispo Jose Lanciego y Eguilaz". Estudios de Historia Novohispana 22 (2000): 77-110.

Aguirre, Rodolfo. "Curatos y doctrinas del arzobispado de Mexico: antiguos problemas, nuevas realidades (1700-1748)". Inedito.

Aguirre, Rodolfo. "En busca del clero secular. Del anonimato a una comprension de sus dinamicas internas". Ponencia presentada en las Jornadas La Iglesia en Nueva Espana: fuentes y perspectivas de investigacion. Mexico: Facultad de Filosofia y Letras, UNAM, 20-22.

Brading, David A. Una Iglesia asediada: el obispado de Michoacan, 1749-1810. Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1994.

Bravo Rubio, Berenise y Marco Antonio Perez Iturbe. "Curatos y vicarias del arzobispado de Mexico, 1772-1784". En Voces de la clerecia novohispana. Documentos historicos y reflexiones sobre el Mexico colonial, editado por Rodolfo Aguirre y Leticia Perez. Mexico: Instituto de Investigacion sobre la Universidad y la Educacion. En prensa.

Cervantes, Francisco Javier, Alicia Tecuanhuey y Maria del Pilar Martinez. Poder civil y catolicismo en Mexico. Siglos XVI-XIX. Puebla: Benemerita Universidad Autonoma de Puebla-Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 2007. En prensa.

Martinez Lopez-Cano, Maria del Pilar y Francisco Javier Cervantes Bello, coords. Los concilios provinciales en Nueva Espana. Reflexiones e influencias. Mexico: Instituto de Investigaciones Historicas--UNAM--Benemerita Universidad Autonoma de Puebla, 2005.

Perez Puente, Leticia. Tiempos de crisis, tiempos de consolidacion. La catedral metropolitana de la ciudad de Mexico, 1653-1680. Mexico: Centro de Estudios sobre la Universidad -El Colegio de Michoacan-Plaza y Valdes, 2005.

Traslosheros, Jorge E. Iglesia, justicia y sociedad en la Nueva Espana. La audiencia del arzobispado de Mexico 1528-1668. Mexico: Porrua--Universidad Iberoamericana, 2004.

El articulo es producto del proyecto de investigacion financiado, titulado La Real Universidad de Mexico y el gobierno diocesano.

(1.) Al respecto pueden consultarse los recientes trabajos en la obra colectiva coordinada por Maria del Pilar Martinez Lopez-Cano y Francisco Javier Cervantes Bello, Los concilios provinciales en Nueva Espana. Reflexiones e influencias (Mexico: Instituto de Investigaciones Historicas, UNAM--Benemerita Universidad Autonoma de Puebla, 2005).

(2.) Hasta la fecha ningun trabajo sobre secularizacion de doctrinas del siglo XVIII ha mencionado el asunto de los jueces eclesiasticos como paso previo a ese proceso. Un ejemplo es el trabajo de David A. Brading, Una iglesia asediada: el obispado de Michoacan, 1749-1810 (Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1994).

(3.) Rodolfo Aguirre, "En busca del clero secular. Del anonimato a una comprension de sus dinamicas internas". Ponencia presentada en las Jornadas "La Iglesia en Nueva Espana: fuentes y perspectivas de investigacion" (Mexico: Facultad de Filosofia y Letras--UNAM, 20-22 de noviembre de 2007).

(4.) El adjetivo de foraneo se debio a que mientras que el arzobispo y su provisor fungian como jueces eclesiasticos en la ciudad de Mexico y sus alrededores, hasta cinco leguas; mas alla de ese limite delegaban esa funcion en jueces subalternos. Berenise Bravo Rubio y Marco Antonio Perez Iturbe, "Curatos y vicarias del arzobispado de Mexico, 1772-1784", en Voces de la clerecia novohispana. Documentos historicos y reflexiones sobre el Mexico colonial, coords. Rodolfo Aguirre y Leticia Perez (Mexico: Instituto de Investigacion sobre la Universidad y la Educacion). En prensa.

(5.) El arzobispado de Mexico comprendia una ancha franja del territorio central de Nueva Espana, que iba desde la costa de Tampico, al noreste, hasta el puerto de Acapulco, en el suroeste. Vease el Mapa 1.

(6.) Jorge E. Traslosheros, Iglesia, justicia y sociedad en la Nueva Espana. La audiencia del arzobispado de Mexico 1528-1668 (Mexico: Porrua-Universidad Iberoamericana, 2004).

(7.) A ese trabajo hay que aunar la importante aportacion de Leticia Perez Puente, Tiempos de crisis, tiempos de consolidacion. La catedral metropolitana de la ciudad de Mexico, 1653-1680 (Mexico: Centro de Estudios sobre la Universidad-El Colegio de Michoacan-Plaza y Valdes, 2005).

(8.) La bula de Leon X, de 1521, daba a los franciscanos el derecho de predicar, confesar, bautizar, excomulgar, casar y conocer de causas matrimoniales, siempre y cuando no hubiera un obispo en la jurisdiccion. Por su parte, Adriano VI ratifico en 1522 todo lo anterior, concediendo ademas que los religiosos podian ejercer tales facultades aunque hubiera obispo, siempre y cuando estuviera a por lo menos dos jornadas de camino y que no implicara la potestad de orden. Finalmente, la bula de Paulo III, de 1535, ratifico todo lo anterior, eliminando incluso la limitante de las dos jornadas de distancia, contando teoricamente con la sancion del obispo. Jorge E. Traslosheros, Iglesia, justicia y sociedad, 14.

(9.) Jorge E. Traslosheros, Iglesia, justicia y sociedad, 12.

(10.) El mismo Zumarraga nombro a franciscanos como jueces defensores de indios; ademas, los religiosos podian nombrar jueces eclesiasticos en tierras de mision. Jorge E. Traslosheros, Iglesia, justicia y sociedad, 3-6.

(11.) Vease una edicion moderna en Pilar Martinez Lopez-Cano, coordinadora, Concilios provinciales mexicanos. Epoca colonial (Mexico: Instituto de Investigaciones Historicas-UNAM, 2004). Disco compacto.

(12.) Jorge E. Traslosheros, Iglesia, justicia y sociedad, 41.

(13.) Archivo General de la Nacion de Mexico (AGNM), Bienes Nacionales, leg. 1285, exp. 23.

(14.) Hacia 1600, por ejemplo, al cura de Teoloyuca se le habian formado ciertos capitulos en su contra, no por un juez, sino por un visitador nombrado especialmente para ello, el que tambien se hizo acompanar por un fiscal de visita. AGNM, Bienes Nacionales, leg. 78, exp. 89-90.

(15.) Jorge E. Traslosheros, Iglesia, justicia y sociedad, 48. Para este autor la importancia de la expansion de las funciones de la audiencia eclesiastica se debio a que moldeaba: "... el tipo de relaciones sociales que definieron aquel desconocido mundo indiano. Su amplitud jurisdiccional les permitio introducirse en las costumbres de cada dia de los indios y los no indios en apoyo y promocion de los esfuerzos que, por otros medios, se hacian para reformar las costumbres de fieles y vasallos, vale decir, para crear un conjunto de valores y practicas comunes a los habitantes de la Nueva Espana".

(16.) Jorge E. Traslosheros, Iglesia, justicia y sociedad, 53.

(17.) En 1614, por ejemplo, el arzobispo de la Serna nombra como juez eclesiastico de Acapulco no a un clerigo, sino a un fraile, Jose de Lorenzana, aunque con atribuciones mas limitadas en comparacion con sus similares del siglo XVIII. Jorge E. Traslosheros, Iglesia, justicia y sociedad, 50.

(18.) AGNM, Clero regular y secular, vol. 203, exp. 1, f. 1 (ano de 1654, "La justicia eclesiastica contra Francisco de Salazar, vecino de Ixmiquilpan, sobre haber golpeado con violencia a unos sacerdotes y por estar en incontinencia con una mujer casada"). En la doctrina agustina de Ixmiquilpan, por ejemplo, Fray Diego de Meneses abrio proceso contra el cacique Francisco de Salazar y nombro como notario a su companero, Fray Diego Garcia. Enterado el provisor del arzobispado, Pedro de Barrientos Lomelin, chantre de catedral, pidio al doctrinero de Ixmiquilpan los autos. Barrientos, celoso de la jurisdiccion que estaba ejerciendo el agustino, decidio comisionar a un notario de la audiencia arzobispal para ir al pueblo y realizar averiguaciones. Aparte de las averiguaciones, el comisionado debia quitar los rotulos de excomunion que el doctrinero hubiera puesto en las puertas de la iglesia.

(19.) Jorge E. Traslosheros, Iglesia, justicia y sociedad, 51.

(20.) Leticia Perez Puente, Tiempos de crisis, 244.

(21.) AGNM, Clero regular y secular, vol. 192. Para 1685, por ejemplo, existia el juzgado del partido de Toluca, Zinacantepec, Metepec, Calimaya y San Mateo Atenco. El titular era el br. Francisco Sanchez Pichardo.

(22.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 1285, exp. 23.

(23.) AGNM, Clero regular y secular, vol. 192, f. 154. Sin embargo, la orden no fue del todo obedecida, pues hacia 1696 el provisor del arzobispo, por entonces el canonigo Antonio de Aunzibay Anaya, comisiono al juez eclesiastico de Tenancingo, Felipe Manrique, beneficiado del mismo y comisario del Santo Oficio, las averiguaciones sobre la consumacion del matrimonio de Diego Jacobo y Manuela Nicolasa y, asimismo, pidio las informaciones matrimoniales al doctrinero de Calimaya, para que todo junto se enviara a la audiencia arzobispal. Lo que no es muy claro en este caso es si Manrique ya fungia como juez desde tiempo atras, pues para tales averiguaciones nombro a un notario; es decir, es probable que ante ese problema especifico el provisor estuviera erigiendo apenas un juzgado foraneo. La cuestion es llegar a saber si, una vez desahogado el caso, el juzgado de Tenancingo siguio funcionando como tal o simplemente se disolvio.

(24.) Durante el reinado de Felipe V hubo cambios importantes en lo que a la politica eclesiastica se refiere, sobre todo en lo concerniente a extraer mas recursos de las rentas eclesiasticas, tanto en Espana como en Indias. En estas ultimas, el camino fue el establecimiento del cobro del subsidio eclesiastico, a la manera en que se venia haciendo en la peninsula regularmente desde Felipe II. Vease: Rodolfo Aguirre, "El arzobispo de Mexico, Ortega Montanes y los inicios del subsidio eclesiastico en Hispanoamerica, 1699-1709", en: Poder civil y catolicismo en Mexico. Siglos XVI-XIX, eds. Francisco Javier Cervantes, Alicia Tecuanhuey y Ma. del Pilar Martinez (Puebla: Benemerita Universidad Autonoma de Puebla-Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 2008).

(25.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 1285, exp. 23.

(26.) AGNM, Bienes Nacionales, diferentes legajos. Queretaro, Zimapan, Ixmiquilpan, Tulancingo, Real de Pachuca, Omitlan, Tequisquiac, Toluca, Ocoyoacac, Xalatlaco, Texcoco, Chalco, Amatepec y Tlatlaya, Sultepec, Ixtapan, Osoloapan, Cuernavaca, Taxco, Iguala.

(27.) Rodolfo Aguirre, "El ascenso de los clerigos de Nueva Espana durante el gobierno del arzobispo Jose Lanciego y Eguilaz", Estudios de Historia Novohispana 22 (2000): 77-110 y "Curatos y doctrinas del arzobispado de Mexico: antiguos problemas, nuevas realidades (1700-1748)". Inedito.

(28.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 1285, exp. 23.

(29.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 1285, exp. 23.

(30.) Archivo Historico del Arzobispado de Mexico (AHAM), caja 36, exp. 15 (Real Cedula al arzobispo de Mexico sobre la recaudacion del subsidio de 2 millones de ducados, cobrando el 6% de las rentas del clero, de 20 de marzo de 1722 e instrucciones a los jueces eclesiasticos del arzobispado). Los jueces de doctrina eran de Chalco, Cuernavaca, Meztitlan, Apa, Actopan, Ixmiquilpan, Tulancingo, Cadereyta, Queretaro, Toluca, Texcoco, Valle de Amilpas y Tochimilco.

(31.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 739, exp. 12.

(32.) El termino de "red de juzgados" la tomo de Jorge Traslosheros, Iglesia, justicia y sociedad.

(33.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 1231, exp. 25 "Cordilleras para que se presenten titulos de jueces eclesiasticos". "Me ha parecido conveniente el que vuestras mercedes, por si o por sus procuradores, presenten en mi secretaria, dentro de un mes que les asigno por termino perentorio, los titulos en cuya virtud ejercen la judicatura eclesiastica para reconocerlos, y en su vista, si lo estimare por necesario mandar, o que se refrenden o que se despachen de nuevo, y en el interin que vuestras mercedes hacen la presentacion de los referidos titulos, dentro del termino prefijo, se les confiere la facultad de ejercer dicha judicatura eclesiastica. Dios guarde a vuestras mercedes muchos anos. Mexico y junio cinco de 1731. Juan Antonio, arzobispo electo de Mexico [rubrica]".

(34.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 1030, exp. 1 (Diversos escritos y cartas sobre distintas pretensiones en el gobierno del senor arzobispo de Mexico). En 1739, por ejemplo, al morir repentinamente el juez de Actopan, en tanto se designaba a uno nuevo, el juzgado fue anexado al de Pachuca, provocando una sobrecarga de trabajo que motivo a este ultimo a pedir cuanto antes el nombramiento del nuevo juez.

(35.) Los jueces eclesiasticos de los reales mineros son un buen ejemplo; o los de la region mas meridional del arzobispado, son otro.

(36.) Por ejemplo los de Ixmiquilpan, Actopan, Tulancingo, Texcoco, Chalco o Cuernavaca.

(37.) Son ejemplos de buenos jueces el de Pachuca, el de Chiapa de Mota o el de Teoloyuca.

(38.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 1061 exp. 21. Hacia 1704 el vicario y juez eclesiastico de Queretaro, el licenciado Juan Caballero y Ocio, denuncio ante el arzobispo Ortega que algunos clerigos de esa ciudad se ausentaban sin pedir las licencias necesarias, especialmente el bachiller Nicolas de Armenta, "medico de profesion", con dispensa papal: "Este sujeto, senor, es tan presumido que se ha salido de este arzobispado cuatro veces sin avisar de cortesia o cumplimiento, y tiene una casa donde ha hecho hospital sin licencia de ningun superior ni eclesiastico, ni secular, y procede con la libertad que sus pocas obligaciones le han ensenado: cura por estipendio o paga, no rezando asi su boleto, pues contradice a el en todo cuanto obra [...]" Ortega ordeno a Nicolas comparecer, y luego de ello unicamente le pidio que cuando fuera a curar a los pobres, su principal tarea, avisara de ello al juez de Queretaro.

(39.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 1030, exp. 2 (Ano de 1746, "Diversos escritos y cartas sobre distintas pretensiones en el gobierno del senor arzobispo de Mexico"). En carta dirigida al arzobispo, el nuevo juez eclesiastico de Queretaro, Juan Manuel Rodriguez de Suasnavar, pedia un ayudante para que lo supliera en sus ausencias, de 16 de febrero de 1746.

(40.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 1030, exp. 1 ("Diversos escritos y cartas sobre distintas pretensiones en el gobierno del senor arzobispo de Mexico").

(41.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 992 exp. 44 (Ano de 1739, "El cura ministro de la doctrina de Xochimilco, sobre que el licenciado don Francisco Leyte, juez eclesiastico de Chalco, se ha introducido en muchos de los pueblos de su jurisdiccion y pide se le contenga").

(42.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 992, exp. 18.

(43.) Reservandose para el ordinario las causas beneficiales, matrimoniales y criminales, en cuyo caso solo debia levantar informaciones con testigos y enviarlas a la mitra.

(44.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 1030, exp. 1 (ano de 1739) Se halla una orden del gobernador del arzobispado al juez de la doctrina de Aculco, que expresa asi: "... el juez eclesiastico del dicho pueblo de Aculco despachara licencia al reverendo padre cura ministro de la doctrina de el para que los amoneste segun disposicion conciliar [...]".

(45.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 1030, exp. 1 (ano de 1739) Igualmente se le autorizaba para "... nombrar notario, fiscal, interprete y demas ministros conducentes a dicho empleo, hacer embargos, depositos, prisiones y otras diligencias, y en los casos y causas que necesitaren del real auxilio lo podra pedir y demandar a las justicias de su majestad a quienes exhortamos y requerimos se lo den e impartan entera y cumplidamente en las cuales y en todo lo demas procedera conforme derecho ...".

(46.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 992, exp. 18.

(47.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 269, exp. 18.

(48.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 236, exp. 26 (Ano de 1711, "El bachiller don Bernardo de Morales Toledo, vicario, juez eclesiastico, colector y administrador de los diezmos del partido de Tulancingo, dice que por hallarse muy gravoso en la administracion de los diezmos, no puede asistir a las cosas tocantes a su jurisdiccion eclesiastica").

(49.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 1016, exp. 9 (Ano de 1721-1722, "Diligencias ejecutadas por el juez eclesiastico de Apa, Tepeapulco y sus anexos, doctrinas, en virtud de comision del arzobispo de Mexico").

(50.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 1061, exp. 21. En 1704 el vicario y juez eclesiastico de Queretaro, licenciado Juan Caballero y Ocio, denuncio ante Ortega que algunos clerigos de esa ciudad se ausentaban sin pedir las licencias necesarias, especialmente el bachiller Nicolas de Armenta, medico de profesion con dispensa papal: "Este sujeto, senor, es tan presumido que se ha salido de este arzobispado cuatro veces sin avisar de cortesia o cumplimiento, y tiene una casa donde ha hecho hospital sin licencia de ningun superior ni eclesiastico, ni secular, y procede con la libertad que sus pocas obligaciones le han ensenado: cura por estipendio o paga, no rezando asi su boleto, pues contradice a el en todo cuanto obra ..." Ortega ordeno a clerigo medico comparecer, y luego de ello, le pidio que, cuando fuera a curar a los pobres, su principal tarea, avisara de ello al vicario de Queretaro.

(51.) AGNM, Clero regular y secular, vol. 93, fs. 48v-49 (Anos de 1719-1721: "De ruego y encargo para que el ilustrisimo senor arzobispo de esta diocesis, en conformidad de su jurisdiccion, y de lo determinado por el santo concilio de Trento, de las providencia conducentes a fin de que se ponga en el pueblo de Huitzilac un vicario de pie que cuide de su puntual administracion como se previene"). El virrey, por su lado, pidio parecer al fiscal de la audiencia, el que opino que la division no era urgente ni necesaria por ahora, y que, en todo caso, se pidiera a Lanciego que obligara a la doctrina de Cuernavaca a poner un vicario de pie en Huitzilac.

(52.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 992 exp. 44 (Ano de 1739, "El cura ministro de la doctrina de Xochimilco, sobre que el licenciado don Francisco Leyte, juez eclesiastico de Chalco, se ha introducido en muchos de los pueblos de su jurisdiccion y pide se le contenga").

(53.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 1212 expediente 27 (Ano de 1729, "El cura ministro de la doctrina de Queretaro, contra el juez eclesiastico de la misma jurisdiccion, sobre puntos de ella").

(54.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 150, exp. 13 (Ano 1730, "Despacho para que se notifique al reverendo padre fray Tomas de Prado y demas doctrineros de la ciudad de Santiago de Queretaro, no se introduzcan en los actos que tan solo pertenecen a los jueces eclesiasticos").

(55.) Relaciones geograficas del arzobispado de Mexico. 1743 (Madrid: Coleccion Tierra Nueva e Cielo Nuevo. V Centenario del Descubrimiento de America. CSIC--Dpto. de Historia de America, 1988, tomo II) 484: "... la mucha que se toman los eclesiasticos y con especialidad los que tienen cargo de administracion alguna, pues estos admiten en si cualquier demanda de primera o segunda instancia, y aun las buscan por sus mismas personas, sin distinguir las suyas de la justicia secular; pues es cierto que llegan los vecinos, y con mas especialidad los indios e indias, a amenazar a cualquiera justicia de su jurisdiccion con el doctrinero de ella ...".

(56.) Relaciones geograficas del arzobispado, 485-486.

(57.) AGNM, Bienes Nacionales, leg.1061, exp. 24.

(58.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 236, exp. 26 (Ano de 1711, "El bachiller don Bernardo de Morales Toledo, vicario, juez eclesiastico, colector y administrador de los diezmos del partido de Tulancingo, dice que por hallarse muy gravoso en la administracion de los diezmos, no puede asistir a las cosas tocantes a su jurisdiccion eclesiastica").

(59.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 236, exp. 26.

(60.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 236, exp. 26: "[...] las cofradias de dicha sierra necesitan el tener el respecto del juez eclesiastico inmediato para no acabarse de perder con los desordenes que hay; y mal podra visitarlas quien se atemoriza tanto de los despenaderos y riesgos de la sierra, que aun a la recaudacion propia que debiera, no asiste sino envia personero [...]"

(61.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 665, exp. 12 ("Autos hechos de pedimento de Miguel Perez, gobernador del pueblo de Ecatzingo, contra el reverendo padre cura ministro de la doctrina de dicho pueblo, sobre faltas a su ministerio").

(62.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 1016, exp. 9 (Ano de 1721-22, "Diligencias ejecutadas por el juez eclesiastico de Apa, Tepeapulco y sus anexos, doctrinas, en virtud de comision del arzobispo de Mexico").

(63.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 905, exp. 5 ("El cura beneficiado y juez eclesiastico del real de Minas de Pachuca, sobre habersele impedido por el cura ministro de Actopan, la visita a la hermandad del Santisimo Cristo, fundada en el pueblo de San Salvador").

(64.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 905, exp. 5.

(65.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 905, exp. 5.

(66.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 905, exp. 5.

(67.) AGNM, Clero regular y secular, Vol. 93, f. 121v (Anos 1719-1721, "Vuestra Excelencia manda que, para que se conserve indemne la jurisdiccion que pertenece al juez eclesiastico del pueblo de Tecamac y otros, y los indios inobedientes a su llamamiento no se queden sin la debida correccion, se ejecuten las diligencias que previene este despacho").

(68.) AGNM, Clero regular y secular, Vol. 93, f. 122.

(69.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 1285, exp. 23. Segun el juez de Chiapa de Mota, los regulares se entrometian y usurpaban la "[...] jurisdiccion eclesiastica, propasandose a querer conocer, tratar y seguir en fuero contencioso las causas pertenecientes a ella, a si la justicia secular, como algunos eclesiasticos regulares, sin haber bastado para estos, repetidas notificaciones que en virtud de decreto, asi de dicho senor ilustrisimo y reverendisimo arzobispo, como de su provisor y vicario general se les han hecho, para que se abstengan de cometer semejantes excesos [...]".

(70.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 1285, exp. 23 (Ano de 1722, "El cura beneficiado del partido de Chiapa de Mota, contra los religiosos de la doctrina de Aculco, por haber roto un edicto").

(71.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 1285, exp. 23. En su respuesta, el lector Fray Francisco de Medina expresaba que el edicto: "[...] contenia proposiciones contra el concilio tridentino, las cuales eran que ningun cura reconociese ni formase autos en causa alguna de cualquiera cualidad que fuese en amancebamientos, perjuros, etc., motivo porque el teniente de dicho pueblo quiso sacar del capitulo a un amancebado, citando dicho edicto; fuimos a verlo, y hallando este, como decia dicho teniente, mirando el credito de vuestra merced, como a la defensa de los sacros canones, lo rompi diciendo que no podia hombre de razon hablar semejantes disparates [...]".

(72.) AGNM, Bienes Nacionales, leg. 1285, exp. 23.

Rodolfo Aguirre Salvador

Doctor en Historia por la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM), Mexico. Profesor Catedratico e Investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educacion, de la misma universidad. Actualmente desarrolla los proyectos de investigacion: "Iglesia, sociedad e instituciones educativas" y "El clero, las parroquias y la curia del arzobispado de Mexico en la epoca de Felipe V". Autor de varios libros, articulos, capitulos de libros y resenas, tanto en Mexico como en el extranjero. Entre sus publicaciones recientes se encuentran: El cacicazgo en Nueva Espana y Filipinas. Mexico: UNAM--Plaza y Valdes, 2005 y, en coautoria con Margarita Menegus, Los indios, el sacerdocio y la universidad en Nueva Espana. Siglos XVI-XVIII. Mexico: Plaza y Valdes, 2006. aguirre_rodolfo@hotmail.com
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Author:Aguirre Salvador, Rodolfo
Publication:Revista Historia Critica
Date:Jul 1, 2008
Words:11602
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