Printer Friendly

El desarrollo normativo posterior a la Constitucion Apostolica Pastor Bonus de los tribunales de la Curia Romana.

Resumen: Aparte de la Penitenciaria Apostolica, competente para el fuero interno, la Constitucion Apostolica Pastor Bonus senala como tribunales la Signatura Apostolica y la Rota Romana. A estos dos habria que anadir el Supremo Tribunal de la Congregacion para la Doctrina de la Fe. Sin detenerse en el examen de otros dicasterios que ejercen algunas competencias de caracter judicial, el articulo estudia los actos pontificios emanados despues de la Pastor Bonus, que han ido configurando la composicion y las funciones de estos tres tribunales. A raiz de los datos estudiados, se proponen algunas consideraciones acerca de la ausencia de algunas exigencias formales en la emanacion de los actos examinados y sobre la tendencia a seguir la via administrativa para la Imposicion de penas. Por ultimo, se sugieren algunas reflexiones acerca del papel de la jurisprudencia, remarcando la distincion entre la doctrina jurisprudencial y la doctrinal e intentando delimitar la funcion de la Rota en este ambito.

Palabras clave: Tribunales, Curia Romana, Jurisprudencia.

Abstract: Apart from the Apostolic Penitentiary, whose area of competence covers the internal forum, the Apostolic Constitution Pastor Bonus designates the Apostolic Signature and the Roman Rota as tribunals of the Roman Curia. The Supreme Tribunal of the Congregation for the Doctrine of the Faith could also be included on this list. Without addressing other dicasteries that exercise some jurisdictions of a legal nature, this article studies the pontifical acts following Pastor Bonus, which have shaped the structure and functions of these three courts. A study of the available information prompts some consideration of the lack of formal requirements in the issuance of the acts under examination, and a tendency to follow administrative procedures in imposing penalties. Finally, a number of reflections on the role of jurisprudence are set out, highlighting the distinction between jurisprudential doctrine and general teaching, so as to better define the role of the Roman Rota in this regard.

Keywords: Tribunals, Roman Curia, Jurisprudence.

Normative Development of the Courts of the Roman Curia Following the Apostolic Constitution Pastor Bonus

**********

Para afrontar el tema de las competencias de los tribunales de la Curia Romana hay que definir en primer lugar cuales son estos tribunales, asunto que puede parecer baladi, pero que requiere en realidad una atenta consideracion. La Constitucion Apostolica Pastor Bonus (1) (en adelante PB), bajo la rubrica tribunalia trata de la Penitenciaria Apostolica, del Supremo Tribunal de la Signatura Apostolica y del Tribunal de la Rota Romana. En este trabajo no tomare en consideracion la Penitenciaria Apostolica porque no se trata de un tribunal que juzgue los derechos de causas contenciosas, sino que su funcion judicial se mueve en el ambito del llamado fuero interno. En cambio, estudiare el Supremo Tribunal de la Congregacion para la Doctrina de la Fe, que, como es sabido, tiene una gran importancia en el ambito penal y ha sido objeto de un notable desarrollo normativo posterior a la PB. No me entretengo, en cambio, en algunas competencias de otros dicasterios que podrian ser consideradas de algun modo judiciales, como seria la actividad procesal en las causas de canonizacion o en las decisiones administrativas penales tomadas por algunos dicasterios en virtud de facultades extraordinarias.

El objetivo del presente trabajo es, luego de recordar los desarrollos normativos que han tenido lugar con posterioridad a la promulgacion de la PB en relacion con los tres tribunales citados, proponer algunas reflexiones que en cierta medida pueden ser consideradas como sugerencias de lege ferenda. Por tanto, se trata primero de repasar--sin ninguna pretension de originalidad--las distintas intervenciones que la autoridad competente ha realizado sobre estos tribunales, pues, a pesar de que son de sobra conocidas, resulta util recogerlas con orden para tomar mayor conciencia de los cambios operados y de su alcance. En un segundo momento, intentare recoger los hilos para apuntar algunas observaciones que suscitan los desarrollos normativos habidos en esta materia.

1. LA CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE

Los articulos 48 a 55 de la PB describen la Congregacion para la Doctrina de la Fe (en adelante CDF), asignandole el papel principal de promover y tutelar la doctrina, lo que puede llevarse a cabo mediante actos administrativos: licencias, aprobaciones, prohibiciones, advertencias y tantas otras medidas de gobierno o actos que administran el bien publico relativo a la custodia y promocion de la fe. Por lo que se refiere al desarrollo de su funcion principal, no hay ningun inconveniente en que este dicasterio sea calificado como Congregacion y, por tanto, como uno de los organismos de la Curia Romana que ejercen la funcion administrativa dentro de su competencia (en este caso definido por un criterio material) con potestad vicaria.

Para ejercer la funcion de proteger la doctrina es necesario, entre otras acciones, "juzgar" los escritos. Se trata de realizar una operacion intelectual de valoracion, pero de caracter objetivo, referida a un escrito, y no a la conducta del autor. Esa valoracion o "juicio" puede llevar consigo la provision de algunas medidas en relacion con el escrito e incluso respecto al autor (por ejemplo, retiro de la venia docendi), pero, en mi opinion, no hay inconveniente para que el conjunto de estas actividades se realice segun un procedimiento administrativo justo, quedando encuadradas dentro de la funcion administrativa. Las normas emanadas para el examen de las doctrinas permiten defender la ortodoxia de la opinion sub iudice dentro de un procedimiento administrativo (2).

En cambio, el juicio sobre el comportamiento de quien expresa una determinada opinion, juicio que puede llevar consigo la imposicion de penas canonicas, constituye sin duda una actividad de tipo judicial. Naturalmente, para juzgar un delito contra la fe primero hay que proceder a la valoracion objetiva de la doctrina en cuestion. Se comprende por esto la vis atractiva de la estimacion doctrinal objetiva, que lleva a que el mismo organo encargado de esta actividad juzgue las conductas delictivas sobre la misma materia, aunque, en mi opinion, es posible separar ambas actividades, y, desde el punto de vista de la tutela de los derechos de los fieles, resulta deseable.

Pero esta fuerza atractiva ha ido mas lejos, ya desde su inicio historico, haciendo que esta Congregacion se ocupase tambien de juzgar conductas, no tanto contrarias a la fe, sino sencillamente contra la moral, quizas porque eran consideradas reflejo de una actitud contraria a la fe, como es el caso de aquellas que delatan falsas conversiones o deficiencia en la creencia en los sacramentos u otras desviaciones doctrinales (3).

La tendencia a concentrar en el mismo organismo la funcion de valorar la ortodoxia y la competencia sobre el juicio de las conductas delictivas que pueden tener relacion con la doctrina ha llevado a asignar a este mismo organismo la tarea de juzgar tambien los delitos mas graves contra la moral, aun cuando no estuviesen relacionados con la doctrina. La Constitucion Apostolica Regimini Ecclesiae Universae hacia referencia a la competencia de la CDF sobre la tutela de las buenas costumbres (art. 29) y de la dignidad del sacramento de la Penitencia (art. 36), en terminos que daban por supuesto su competencia judicial, si bien no determinaba cuales eran los delitos sobre los que podia juzgar (4). Siguiendo esta tendencia, el art. 52 de la PB dispone que este dicasterio <<delicia contra fidem necnon graviora delicta tum contra mores tum in sacramentorum celebratione commissa, quae ipsi delata fuerint, cognoscit atque, ubi opus fuerit, ad canonicas sanctiones declarandas aut irrogandas ad normam iuris, sive communis sive proprii, procedit>>.

Durante los primeros anos de vigencia de la PB quedaba indeterminada la competencia judicial de la Congregacion (5). El Codigo promulgado en 1983 habia abrogado todas las leyes penales emanadas por la Santa Sede que no estuviesen recogidas en el mismo Codigo (can. 6, [seccion] 1, 3) y en materia penal habia establecido algunas reservas a favor de la Santa Sede, sin especificar cual era el dicasterio competente, si bien presuponia que la CDF tendria competencia judicial en este ambito, pues, al tratar de la prescripcion de la accion criminal, excluia los delitos reservados a esta Congregacion (can. 1362, [seccion] 1, 1).

Hasta 1983 existia una norma no promulgada, producida en 1962 (que consiste sustancialmente en una reedicion de una precedente Instruccion, tampoco promulgada, de 1922) (6), que tipificaba y establecia el proceso de punicion ante la CDF del crimen sollicitationis y del crimen pessimum, o sea, el delito de homosexualidad perpetrado por un clerigo, al que se equiparaba el delito <<cum impuberibus cuiusque sexus vel cum brutis animantibus>>. Con la entrada en vigor del Codigo--que, como se ha dicho, abrogaba las leyes penales emanadas por la Santa Sede no recogidas en el mismo Codigo (can. 6, [seccion] 1, 3)--se ha pensado que la Instruccion de 1962 permaneciese en vigor (en la medida en que puede estar vigente de hecho una norma general no promulgada) en lo que se refiere a la parte procesal respecto al delito de solicitacion, que habia sido recogido en el can. 1387, y acerca del delito contra sextum, ya que quedaba tipificado en el can. 1395 (7). En virtud de esta Instruccion la CDF seria competente para conocer las apelaciones contra la pena impuesta por estos delitos, amen de la posibilidad de juzgar en primera instancia por encargo o avocacion.

Asi las cosas, en 1994, como consecuencia de los graves y numerosos escandalos que surgieron, se dieron unas normas especiales para los Estados Unidos mediante un rescripto ex audientia Ss.mi, concernientes al delito de pederastia, en las que se afirmaba expresamente que no quedaba derogado el can. 1444, [seccion] 1,1, relativo a la competencia de la Rota como tribunal de apelacion (8). Ahora bien, esa referencia a la Rota parecia excluir la competencia de la CDF y la vigencia (de hecho) de la Instruccion de 1962 (9).

La incertidumbre se supero mediante la promulgacion del Motu Proprio de san Juan Pablo II, Sacramentorum sanctitatis tutela, de 30 de abril de 2001 (10). El Motu Proprio se remitia a normas sustanciales y procesales que no han sido nunca oficialmente promulgadas, pero que actualmente son accesibles facilmente (11). El art. 8 de estas normas se referia a la CDF como el Supremo Tribunal apostolico para la Iglesia latina y para las Iglesias orientales catolicas en materia de delicia graviora. Las normas indicaban cuales eran estos delitos reservados a la CDF (cuatro referentes al sacramento de la Eucaristia, tres relativos a la santidad del sacramento de la Penitencia y el delito contra el sexto mandamiento cometido por un clerigo con un menor). Prescribian la obligacion del Ordinario de informar a la CDF de la notitia criminis, a la cual competia indicar al Ordinario como proceder, dejando a salvo el derecho de avocacion del dicasterio (en primera instancia) y su competencia exclusiva (tanto respecto a los tribunales locales como a la Rota Romana) como tribunal de apelacion, quedando excluida la via administrativa (12). El termino de prescripcion de la accion criminal era fijado por estas normas en diez anos, bien entendido que en el caso del delito de pederastia el computo debia empezar a partir de que la victima cumpliese los dieciocho anos de edad.

Despues del Sacramentorum sanctitatis tutela la CDF pidio al Romano Pontifice algunas facultades especiales que facilitasen su funcion de juzgar los delitos mas graves. Asi, el 7 de noviembre de 2002, el Papa otorgo a la CDF la facultad de <<derogar los terminos de la prescripcion>> de la accion criminal en casos singulares. El 7 de febrero de 2003 fueron introducidas por el Papa otras modificaciones: la tipificacion de dos delitos mas considerados graviora (la violacion indirecta del sigilo sacramental y la grabacion, verdadera o falsa, de las confesiones o su divulgacion) y la concesion de dos facultades extraordinarias a la CDF (la facultad de dispensar de algunos requisitos a los jueces encargados de un delito reservado y la de seguir la via administrativa para la imposicion de la pena de la dimision del estado clerical o trasladar la causa directamente al Santo Padre para la dimision ex officio). En la audiencia del 14 de febrero de 2003, el Romano Pontifice establecio que todos los recursos contra los decretos administrativos penales emanados por la CDF fuesen deferidos a la Feria IV de la misma Congregacion, es decir, que fuesen excluidos del contencioso administrativo ante la Signatura Apostolica (13). Estas facultades fueron confirmadas por Benedicto XVI el 6 de mayo de 2005 (14).

Las modificaciones introducidas despues del Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela han sido recogidas en las vigentes Normae de delictis Con gregationi pro Doctrina Fidei reseruatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis, aprobadas mediante un rescripto <<ex audientia Sanctissimi>>, de 21 de mayo de 2010 (15), que fueron formalmente promulgadas junto con una Carta de la CDF a los obispos y una Relazione sobre las principales novedades respecto a las Normas de 2001 (16).

La normativa vigente, por tanto, reserva una serie de delitos al juicio de la CDF, la cual, a tenor del art. 21, [seccion] 2 de las Normas de 2010 (y contrariamente a lo previamente establecido por el art. 17 del Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela), puede juzgarlos por via judicial o administrativa (17). En ambos casos puede servirse de los jueces que lo son ipso iure por ser miembros de la Congregacion o de otros nombrados ad casum (arts. 9 y 10 de las Normas de 2010). El Supremo Tribunal de la CDF juzga en segunda instancia las causas definidas en primera instancia por los tribunales inferiores y por el mismo Supremo Tribunal (art. 20). En el caso de que la causa haya sido decidida por decreto administrativo de la CDF, cabe solamente recurso contra la Feria IV de la CDF, que juzga sobre el merito y la legitimidad del decreto impugnado, quedando excluido de esta manera el contencioso administrativo ante la Signatura Apostolica.

La doctrina ha llamado la atencion sobre algunos puntos debiles de este sistema (la via administrativa para imponer penas, la inseguridad juridica en materia de prescripcion penal y otros de este tipo), entre los que se encuentra la deficiencia del segundo grado de jurisdiccion. <<Por razon del numero de recursos>>, pero quiza para salir al paso de la falta de una verdadera segunda instancia, ha sido creado en el seno de la CDF, mediante un rescripto ex audientia Ss.mi, un Colegio formado por siete cardenales y obispos, que pueden ser o no miembros de la CDF (18). En el rescripto se afirma que este Colegio es una instancia de la que la Sesion Ordinaria (Feria IV) de la Congregacion se dota para una mayor eficiencia en el examen de los recursos, pero se anade, sin que se modifiquen las competencias de la misma CDF. Parece, pues, que en el texto de este Rescripto subyacen dos tendencias: una que intenta constituir una nueva instancia y otra que quiere proteger las competencias de la CDF. El Reglamento emanado por el Secretario de Estado, de mandato Summi Pontificis, el 12 de mayo de 2015 ha confirmado la segunda linea, de manera que queda sin resolver el problema de una verdadera segunda instancia en materia de los procesos penales ante la CDF (19).

2. EL SUPREMO TRIBUNAL DE LA SIGNATURA APOSTOLICA

La descripcion que del Supremo Tribunal de la Signatura Apostolica hace la PB (arts. 121 a 125) recoge lo establecido en el can. 1445, acerca de la competencia judicial de este tribunal, y con la configuracion que la Regimini Ecclesiae Universae habia dado a este dicasterio (arts. 104 a 108).

La Constitucion Apostolica de 1967 hablaba de dos Secciones de la Signatura. La primera se debia encargar de las competencias judiciales que le reconocian los cann. 1603 a 1605 del Codigo entonces vigente, correspondientes en lineas generales al actual can. 1445, en cuya virtud la Signatura juzga las querellas de nulidad, las peticiones de restitutio in integrum y los recursos rechazados por la Rota Romana de nova causae propositio y otros recursos contra las sentencias roiales, asi como las exceptiones suspicionis y otras causas contra los auditores de la Rota Romana; juzga tambien los conflictos de competencia entre tribunales no sujetos al mismo tribunal de apelacion. Esta primera Seccion se ocupa ademas de los aspectos de gobierno referentes a la vigilancia de la administracion de justicia. La Regimini Ecclesiae Universae introdujo la novedad de crear una segunda Seccion dentro de este dicasterio, con la competencia de ocuparse de juzgar el contencioso administrativo, o sea, de juzgar la legitimidad de los actos administrativos singulares emanados por los dicasterios de la Curia Romana. Como se ve, las dos Secciones cubrian en realidad tres ambitos: el de gobierno administrativo, caracteristico de un ministerio de justicia, el de tribunal supremo respecto a determinadas causas y el de tribunal administrativo. La PB no habla de secciones, pero mantiene la asignacion a la Signatura Apostolica de las tres funciones mencionadas.

Al igual que la Constitucion Apostolica precedente, la PB (art. 125) concluye afirmando que <<Signatura Apostolica lege propria regitur>>. Despues de la Regimini Ecclesiae Universae, con fecha de 2 5 de marzo de 1968 fueron dadas las Normae speciales in Supremo Tribunali Signatiirae Apostolicae ad experimentum servandae post Constitutionem Apostolicam Pauli pp. VI, que no llegaron nunca a promulgarse formalmente, aunque se divulgaron en distintas publicaciones. A pesar de que las normas eran ad experimentum y de que no fueron nunca promulgadas, de hecho han sido aplicadas durante cuarenta anos (con algunas pequenas reformas (20)), desde 1968 hasta la emanacion de la vigente Lex propria de la Signatura por Benedicto XVI, mediante el Motu Proprio Antiqua ordinatione, de 21 de junio de 2008, que fue oficialmente promulgado, si bien el retraso de la publicacion del correspondiente fasciculo de AAS hizo que surgiesen dudas acerca de la fecha de su entrada en vigor (21). En todo caso, el cuadro normativo vigente sobre la Signatura Apostolica esta constituido por el can. 1445 del Codigo, los arts. 121 a 125 de la PB y por la mencionada Lex propria de 2008. El desarrollo del Supremo Tribunal de la Signatura Apostolica hay que buscarlo, por tanto, en la Lex propria de 2008.

No se trata en este trabajo de examinar con detalle dicha ley (22). Basta senalar que la configuracion general de la Signatura Apostolica permanece la misma, o sea, como dicasterio encargado del sector de la funcion administrativa de vigilar y coordinar la administracion de la justicia y como tribunal con competencia sobre algunas causas contra la Rota Romana y para juzgar el contencioso administrativo. La nueva ley, en efecto, tiende a confirmar el statu quo, la estructura basica de las Normas de 1968 y la praxis de estos anos. Con todo, conviene subrayar algunas novedades.

Sobre la base de la composicion inmutada de la Signatura, consistente en un grupo de cardenales y obispos nombrados por el Sumo Pontifice, el art. 1, [seccion] 2 de la Lex propria anade que al conjunto de Miembros se pueden agregar algunos clerigos, de integra fama, doctores en derecho, que se distingan por la doctrina canonica. El anadido es importante y refleja la voluntad de dotar el Supremo Tribunal de profesionalidad, superando, si la hubiese, una mentalidad estamental, que impediria que un presbitero o diacono pudiese juzgar un acto emanado por una Congregacion presidida por un cardenal, pues entiende que la potestad de todos los jueces de la Signatura es igualmente vicaria del Papa, sin diferencias debidas a sus distintos grados de orden sagrado. Hasta la fecha esta nueva posibilidad no se ha aplicado.

La nueva ley ha reforzado la figura del Prefecto, otorgandole un poder decisorio notable en algunas provisiones relativas a la vigilancia de la administracion de la justicia y otras que puede tomar durante el proceso contencioso administrativo (23). Para entender la relevancia de la posicion juridica del Prefecto hay que considerar la existencia y las competencias del Congreso de la Signatura (24). A tenor del art. 22, [seccion] 1 de la Lex propria, el Congreso esta compuesto por el Prefecto, Secretario, Promotor de Justicia, Defensor del vinculo, Promotores de Justicia sustitutos o deputati ad casum; al Congreso pueden ser invitados los Referendarios que se considere oportuno. Al Congreso competen numerosas funciones, pero es en el proceso contencioso administrativo donde su papel es decisivo. En este proceso es competente para juzgar el recurso contra la decision del Secretario de rechazar a limine una demanda (art. 76, [seccion][seccion] 3 y 4) o de no admitir la suspension del acto impugnado (arts. 96, [seccion] 3 y 99), para aprobar la solucion pacifica alcanzada por las partes (art. 78, [seccion] 2), para dirimir las controversias sobre la ejecucion de la sentencia (art. 94) y sobre el conflicto de competencias entre los dicasterios (art. 105), y, a tenor del art. 83 de la Lex propria, es competente--esta es la prerrogativa mas relevante--para dar un juicio preliminar sobre la admisibilidad del recurso contencioso administrativo, que va mas alla de una mera valoracion de la existencia del fumus boni iuris (la cual es realizada por el Secretario a limine). Se trata en la practica de un "mini-proceso" que --ademas de plantear el problema de la prolongacion del proceso--decide su suerte, sobre todo, cuando el recurso es rechazado, ya que, si bien es posible recurrir al Colegio de Jueces contra tal decision (art. 84), de hecho el Colegio tiende a confirmar la decision del Congreso (25). Pues bien, el Congreso no es un organo colegial, sino que la decision la toma solo el Prefecto, que es el unico juez de ese organismo, de manera que los otros miembros tienen una posicion meramente consultiva, aunque de hecho pueda ser muy relevante.

A proposito del juicio sobre el contencioso administrativo, hay que decir que desde la Regimini Ecclesiae Universae (art. 106), ha quedado establecido que la Signatura solo juzga de la posible violatio legis por parte del acto administrativo singular impugnado. El art. 123, [seccion] 1 de la PB establece asimismo que la Signatura juzga <<quoties contendatur num actus impugnatus legem aliquam in decernendo vel in procedendo violaverit>>. Se comprende que se quiera excluir del juicio de legitimidad realizado por las autoridades judiciales la valoracion sobre la oportunidad de gobierno del acto administrativo, asunto que compete a la autoridad administrativa, pero el juicio sobre la mera violacion legal puede quedar de hecho demasiado restringido para que se realice verdaderamente justicia ante la actuacion ilegitima de una autoridad administrativa, y asi lo ha puesto de relieve la doctrina (26). Ya la misma PB habia extendido la competencia de la Signatura al juicio sobre la reparacion de los danos causados por el acto ilegitimo (art. 123, [seccion] 2). La Lex propria, por su parte, refuerza la posibilidad de la Signatura de hacer realmente justicia sin quedarse en un mero juicio de legitimidad formal. Ademas de dar disposiciones concretas relativas a la reparacion del dano (arts. 101 a 103), la nueva norma regula el poder del Tribunal en materia de suspension del acto impugnado (arts. 95 a 100) y, sobre todo, otorga algunos poderes al Tribunal para garantizar la efectiva ejecucion de la sentencia, tema que en la practica ha presentado dificultades (27).

En fin, un punto interesante y novedoso de la Lex propria, sobre el que volvere en sede de conclusiones, es el relativo a la publicacion de la jurisprudencia. El art. 11, [seccion] 4 establece que el Canciller tiene la funcion de ocuparse de la recoleccion de todas las decisiones (<<ut omnes decisiones colligantur>>), de las cuales algunas, elegidas todos los anos por el Prefecto en el Congreso, se publican ope Supremi Tribunali.

3. EL TRIBUNAL DE LA ROTA ROMANA

La Rota Romana es configurada en la PB (arts. 126 a 130) como Tribunal de la Sede Apostolica, que actua ordinariamente como instancia de apelacion, aunque se le asignan algunas causas en primera instancia. La PB no modifica lo dispuesto por el Codigo de Derecho Canonico en los cann. 1443 y 1444. La unica novedad introducida por la PB no se refiere a la composicion de este tribunal ni a sus competencias en sentido estricto, sino al papel que debe desempenar respecto a la jurisprudencia. Establece el art. 126 que la Rota <<provee a la unidad de la jurisprudencia y, a traves de sus sentencias, sirve de ayuda a los tribunales de grado inferior>>. Por lo demas, el art. 130 de la PB, al igual que el precedente art. 110 de la Regimini Ecclesiae Universae, remite a una ley propia.

Esa ley propia fue emanada en 1994 con el nombre Normae Romanae Rotae Tribunalis, fechada el 18 de abril de 1994 y firmadas por el Decano. En estas Normae se afirmaba que el Papa las habia aprobado (sin declarar que lo hubiese hecho en forma especifica) y que debian ser publicadas en el Acta Apostolicae Sedis, para entrar en vigor a partir del 1 de octubre de 1994 (28). Las Normas introducian algunas novedades respecto a la normativa entonces en vigor, por lo que se suscitaron algunas dudas acerca de su valor normativo, ya que solo se hacia referencia a la aprobacion generica del Papa (29). Por esa razon, meses despues se publico un Rescripto ex audientia Ss.mi, firmado por el Secretario de Estado y fechado el 23 de febrero de 1995, en el que se declaraba que las Normas recientemente promulgadas habian de ser entendidas como aprobadas en forma especifica por el Romano Pontifice, incluso derogando a la ley universal, contrariis quibusvis non obstantibus (30). De esta manera quedo confirmado inequivocamente el valor legal de las Normas.

En mi opinion, la necesidad de una intervencion del Legislador supremo no era debida solamente a ciertas disposiciones que pudiesen resultar novedosas", sino al conjunto de las Normas, ya que, ademas de que tratan de cuestiones procesales que pueden afectar directamente a cualquier fiel que se encuentre formando parte de un proceso ante la Rota, tambien las normas relativas a la composicion interna de la Rota tienen en realidad una repercusion sobre todos los fieles, por lo que es claro que estas Normas constituyen una ley universal.

No es posible aqui realizar una descripcion, ni siquiera sumaria, de todas las disposiciones contenidas en estas Normas. A los efectos que interesan al presente estudio, basta senalar que al Decano de la Rota se le atribuyen no pocas facultades en su papel de direccion del tribunal, si bien no se cambia el principio segun el cual es un juez mas del Tribunal.

Despues de las citadas Normas, Benedicto XVI, mediante el Motu Proprio Quaerit semper, de 30 de agosto de 2011, dispuso que en la Rota (<<apud hoc Tribunal>>) se constituyese el Officium, encargado de conocer las causas sobre el matrimonio rato y no consumado (juzgar sobre el hecho y sobre la existencia de la insta causa dispensationis) y sobre la validez de la ordenacion Sacerdotal (32). Se ha afirmado que tal Oficina es de naturaleza administrativa y que sus competencias administrativas no alteran la fisonomia del Tribunal judicial de la Rota Romana (33). Dicho de otro modo, se trata de una Oficina anadida a la Rota, que no modifica la composicion del Tribunal ni su funcion judicial.

Otra decision de Benedicto XVI respecto a la Rota Romana presenta mayor interes, al menos para el estudioso. Se trata del Rescripto ex audientia Ss.mi, de 11 de febrero de 2013, es decir, del mismo dia en que el Papa declaro su voluntad de renunciar al pontificado, en el que, segun la terminologia del rescripto, se concedian <<facultades especiales>> a la Rota, pero se trataba en su mayor parte de disposiciones normativas generales universales, o sea, que afectaban, no solo al funcionamiento interno de un organismo (en este caso, al Tribunal de la Rota Romana), sino a cualquier fiel que instaure una relacion juridica con la Rota, dadas solo para un trienio (34). A parte las cuestiones formales, las concretas disposiciones suscitaron criticas entre la doctrina (35).

Las decisiones del Rescripto eran las siguientes. Se anulaba la necesidad de la segunda conforme para las sentencias dictadas por la Rota que declaraban la nulidad del matrimonio, se impedia la posibilidad de presentar ante este tribunal la nova causae propositio despues de que una de las partes hubiese contraido matrimonio canonico y se negaba la apelacion contra las decisiones rotales en materia de nulidad de sentencias o decretos. Como se ve, se trata de normas generales que afectan a la posicion juridica de los fieles; la prevision de vigencia de tres anos plantea el problema de la igualdad ante la ley en cuestiones tan importantes como estas, relativas al estado de las personas. Ademas de estas normas, el Rescripto concedia al Decano la facultad extraordinaria de dispensar de las Normas de la Roia en materia procesal, lo que causa una natural aprension, pues la concesion a una autoridad judicial de un poder discrecional capaz de cambiar el desarrollo previsto del proceso pone en juego el derecho al justo proceso, por falta de seguridad juridica y porque el incumplimiento de una norma procesal provoca habitualmente una desventaja juridica para una de las partes. Por ultimo, se daba una norma de caracter mas bien exhortativo, acerca de la obligacion de los abogados rotales de cuidar que las causas no durasen mas de un ano y medio en el Tribunal apostolico.

Con la reforma del proceso de nulidad matrimonial llevada a cabo por el Papa Francisco mediante el Moiu Proprio Mitis iudex, de 15 de agosto de 2 015 (y del paralelo Motu Proprio Mitis et Misericors Iesus, de la misma fecha, para las Iglesias orientales) (36), la Rota Romana permanece como tribunal de apelacion a la Santa Sede, pero esta norma ha afectado indirectamente a la Roia, hasta el punto de que en el mismo Motu Proprio se anuncia una nueva ley propia de este Tribunal. Esa nueva ley no ha sido promulgada todavia, pero han sido emanadas algunas disposiciones que configuran las competencias de la Roia Romana.

Asi, con rescripto del Papa, de 7 de diciembre de 2015, el Romano Pontifice, ademas de declarar abrogada cualquier norma contraria hasta entonces vigente, independientemente de su rango, ha confirmado sin limite de tiempo las disposiciones de Benedicto XVI de 2013 sobre la inapelabilidad de las decisiones rotales sobre la nulidad de sentencias o decretos, sobre la improponibilidad de la nova causae propositio cuando una de las partes ha contraido matrimonio canonico (anadiendo que a no ser que conste la injusticia de la decision) y sobre la facultad del Decano de dispensar de las normas rotales en materia procesal (37). Ademas, el Papa ha establecido mediante esta norma tres disposiciones mas: que ante la Rota el dubium sea fijado mediante la formula <<an constet de matrimonii nullitate, in casu>>, es decir, sin determinar el capitulo de nulidad; que los tribunales territoriales tengan competencia sobre las causas iurium anejas a las causas matrimoniales sometidas a juicio en la Rota en grado de apelacion, y que la Rota Romana juzgue segun la gratuidad evangelica. Cada una de estas nuevas normas merecen ser estudiadas con profundidad, pero esa tarea excede de los limites de este trabajo (38). Aqui interesa, en cambio, llamar la atencion sobre un inciso presente en el proemio a las normas, cuando, al recordar la funcion de la Rota, prevista en la PB, de tutelar la unidad de la jurisprudencia, se anade que se reconoce a la Rota la funcion de subsidio a la formacion permanente de los operadores pastorales en los tribunales de las Iglesias locales.

Lo que era un inciso de la introduccion a la parte dispositiva ha tenido un desarrollo normativo. En un Rescripto ex audientia Ss.mi, fechado el 22 de enero de 2016, el Papa, ademas de instituir un Fondo para el gratuito patrocinio ante la Rota Romana, despues de haber confirmado la mision del Estudio Rotal, establece que el Decano de la Rota, oido el parecer del Colegio de Auditores en la sesion, ya celebrada de 16 de diciembre de 2015, instituya un diploma minore de formacion juridica-pastoral para eclesiasticos y laicos que no poseen los titulos de licencia o doctorado, que se conseguira mediante cursos desarrollados en la Urbe o fuera o incluso por via telematica (39). El citado Rescripto determina la disposicion decretando que una Comision de Auditores, que ha de crear y presidir el Decano de la Rota prepare el programa de tal curso, definiendo los creditos que ha de tener y la modalidad de los examenes. De esta manera, la Rota Romana, ademas de la funcion judicial y de la Oficina para las causas de dispensa del matrimonio rato y no consumado y de nulidad de la ordenacion, ha asumido una funcion docente, de formacion del personal que actua en los tribunales locales.

En este contexto ha sido difundido un Sussidio applicativo del Mitis Iudex, primero en italiano y despues en otras lenguas, en el que el Tribunal de la Rota Romana aparece como autor. En la carta de acompanamiento enviada por el Decano de la Rota a los obispos, fechada el 26 de enero de 2016, se afirma que el Subsidio ha sido elaborado per Superiore disposizione (40). Este documento ha sido visto como una manifestacion de la funcion de impartir una formacion permanente de quienes trabajan en los tribunales eclesiasticos locales (41). Aunque se reconoce su diferencia con la Dignitas connubii por su finalidad y espiritu (42), han surgido entre los autores algunas dudas acerca de su naturaleza juridica.

Por mi parte no veo ninguna dificultad en negar con certeza cualquier valor normativo a este documento, por la sencilla razon de que su autor, al ser un tribunal judicial, carece de potestad normativa, tanto legislativa como administrativa, y no consta en ningun momento que haya recibido una delegacion normativa (43). La referencia a la Superiore disposizione no anade nada: mientras no conste otra cosa, la disposicion superior consiste en que se redacte un subsidio, que es algo distinto a una norma, como se nota en el estilo mismo del documento. No obstante, la cuestion sobre su naturaleza juridica surge porque en este texto, como es casi inevitable, hay interpretaciones, explicaciones y aplicaciones que pueden ir mas alla de la norma que comenta. Me parece que en todo aquello que no se cina a la ley promulgada, las orientaciones del Subsidio no pueden pasar de ser unas opiniones, mas o menos autorizadas, pero para nada vinculantes. Otro tema es que de hecho pasen a generar costumbre (44).

4. REFLEXIONES CONCLUSIVAS

Al repasar los acontecimientos habidos despues de la promulgacion de la Constitucion Apostolica PB sobre los tres tribunales apostolicos estudiados, llama la atencion el volumen tan notable de la actividad que ha existido en torno a ellos, sin duda mayor de la que cualquiera podria haber imaginado en los anos ochenta, cuando habia quien pensaba que la normativa canonica ya habia quedado fijada despues del Vaticano II y que la praxis juridica era algo marginal y casi residual en la vida de la Iglesia. Los hechos han desmentido tal suposicion y han demostrado que las relaciones de justicia dentro de la Iglesia existen y que la naturaleza caida del hombre, aunque redimido, provoca problemas juridicos que se han de resolver. Teniendo esto en cuenta, y que no es exagerado afirmar que el derecho vive en el proceso, no es de extranar que los tribunales y los procesos reclamen revisiones normativas.

Los desarrollos normativos relativos a los tribunales apostolicos sugieren mas de una reflexion, que pueden traducirse en propuestas de iure condendo, especialmente en estos momentos en los que se desea proceder a una reforma de la Curia Romana. De esta manera, el canonista puede cumplir una de sus funciones, es decir, la de contribuir desde el punto de vista de la ciencia del derecho a mejorar las leyes.

4.1. La tutela de los derechos en los tribunales apostolicos

El jurista no puede quedar indiferente al comprobar en esta resena de los cambios y desarrollos habidos en los tribunales apostolicos las anomalias formales con las que se han realizado las reformas normativas, precisamente en una materia en la que esta en juego la defensa de los derechos de los fieles. Aplicacion de leyes no promulgadas (y, por tanto, en rigor, inexistentes), incerteza sobre la capacidad normativa del autor de las normas o incluso sobre quien es el autor, tipo formal de la norma dudoso o denominado con un nombre distinto al legal, anulacion de la vacatio legis y otras rarezas canonicas que se han ido viendo en estas paginas denotan una actitud antes estas cuestiones que no toma en consideracion las repercusiones que, para la justicia sustancial, tienen estos requisitos formales. La claridad de la norma da certeza ante ella, lo que constituye un derecho de los sujetos pasivos y un instrumento que obstaculiza el abuso de poder. Urge, por tanto, respetar la legalidad en la produccion normativa, aunque es posible que convenga para ello reformar el can. 8 relativo al modo de promulgacion de las leyes.

A la hora de examinar las intervenciones pontificias de los ultimos decenios en el campo penal, surgen numerosas consideraciones. Algunas son relativas al derecho penal mismo, que aqui solo enuncio. La atencion legislativa y judicial se han concentrado en los delitos de pederastia cometidos por clerigos para hacer frente a la avalancha de escandalos gravisimos. Esta situacion de emergencia ha podido hacer olvidar el dano que pueden producir al pueblo cristiano otros comportamientos ilicitos, como, por ejemplo, aquellos contrarios a la fe, que, en cambio, quedan de hecho impunes, de manera que la seleccion de la actividad sancionadora puede provocar en el Pueblo de Dios una concepcion distorsionada de los bienes eclesiales. Por lo demas, es comun entre los canonistas la preocupacion por algunas medidas extraordinarias y de urgencia que, para obtener la reparacion de un dano, ponen en peligro otros bienes juridicos, como es el caso de la facultad otorgada a la autoridad de prescindir del derecho a no ser castigado, adquirido mediante la prescripcion del delito.

Desde el punto de vista organizativo, surge en primer lugar la cuestion de la division de funciones. A pesar de no ser una exigencia absoluta de justicia, la division de funciones constituye un instrumento que ayuda al ejercicio justo del gobierno y como tal fue puesto como principio que habia de estar en la base del Codigo de 1983. Teniendo en cuenta que se habia identificado este principio como un buen medio para garantizar la justicia en el ejercicio de la potestad, y que es derecho de los fieles que haya un buen gobierno, llama la atencion que haya sido abandonado precisamente en la materia penal, donde estan en juego los bienes juridicos mas relevantes para las personas. Ya la PB atribuia a la CDF, organismo de naturaleza administrativa, la funcion de juzgar los delitos mas graves, dando con esto un paso atras respecto al Codigo; el desarrollo posterior ha reforzado esta tendencia. Ademas de la acumulacion de funciones en un mismo organismo, se da una confusion de funciones en el mismo procedimiento; la via administrativa para juzgar delitos e imponer penas, concebida en el Codigo como una posibilidad excepcional, se ha extendido hasta el punto de ser en la practica el procedimiento mas comun en la imposicion de las penas mas graves, a pesar de que se trata de una via que no garantiza la imparcialidad del juez ni el derecho de defensa del acusado.

Tratando de la funcion judicial de la Santa Sede, sorprende el hecho mismo de la reserva de los delitos mas graves, a la luz de la teologia de la potestad del Obispo en su diocesis: precisamente porque son delitos que revisten especial gravedad, el Obispo del lugar donde se ha producido el dano deberia intervenir con su potestad, mientras que la Santa Sede deberia quedar libre de una responsabilidad de la que dificilmente puede hacerse cargo. La trascendencia universal que pudiera tener un determinado delito puede ser reparada en la sede donde se cometio. Ademas, en materia de juicio penal resulta evidente la conveniencia de la inmediatez. En resumen, desde una perspectiva de iure condendo parece muy conveniente una desconcentracion de esta materia, especialmente en un momento en el que el mismo Romano Pontifice ha manifestado el deseo de proceder a una saludable "descentralizacion" (45), quedando a salvo, como es logico, la responsabilidad de la Santa Sede de vigilar para que se realice efectivamente la justicia en las distintas partes de la Iglesia y la posibilidad de apelar al Papa, a traves del tribunal competente, tanto por parte de la acusacion como del imputado. Por lo demas, la responsabilidad de los tribunales locales en materia de nulidad matrimonial, recientemente reforzada, impide que pueda alegarse la dificultad tecnica de juzgar un proceso penal, de por si menos arduo que el juicio sobre la validez del vinculo matrimonial (46).

4.2. El papel de la jurisprudencia

Por ultimo, merece una consideracion aparte el tema del papel de la jurisprudencia y la funcion atribuida recientemente a la Rota Romana de contribuir a la formacion permanente de los operadores pastorales en los tribunales de las Iglesias locales.

Respecto a la jurisprudencia, pienso que conviene aclarar una confusion que parece darse no pocas veces entre la doctrina cientifica y la jurisprudencial, tanto en lo que se refiere a los respectivos contenidos como a su distinto valor. La doctrina cientifica trata los temas de modo abstracto, intentado encontrar las causas de las cuestiones juridicas, y lo debe hacer con exhaustividad de argumentos y de fuentes documentales y doctrinales. El valor de un estudio doctrinal radica en su fuerza argumentativa, en la objetividad del tema tratado abstractamente y, en definitiva, en su autoridad cientifica, avalada por el uso estricto del metodo cientifico. Si una determinada opinion cientifica se convierte en constante y comun adquiere logicamente una autoridad especial, que influye en el legislador y en el juez.

El modo de proceder de la doctrina jurisprudencial, en cambio, es distinto porque su finalidad es otra. La doctrina jurisprudencial nace del razonamiento para alcanzar la justicia en el caso concreto. No es, por tanto, abstracta, sino que apunta a la solucion de un problema concreto, aunque pueda sentar un principio general por induccion o por recepcion de la doctrina cientifica. Habida cuenta de su finalidad, no necesita la exhaustividad del tratado cientifico, sino que es suficiente que exponga la ratio decisionis.

El valor de la doctrina jurisprudencial no se basa en los criterios de cientificidad sino en la fuerza del razonamiento de una solucion concreta justa, que ha causado una decision obligatoria, de suerte que al convencimiento del razonamiento se anade lo que es especifico de la jurisprudencia, o sea, el que se trata de un precedente. En el ambito del derecho canonico ya Inocencio III observo que <<in simili bus casibus ceteri teneantur similiter iudicare>> (47). En efecto, constituye un derecho del fiel ser juzgado similiter in similibus, pues ha de darse igualdad ante la justicia. Por tanto, para garantizar la recta administracion de la justicia, resulta necesario conocer todos los precedentes jurisprudenciales, los que marcan una trayectoria constante, los que representan un caso unico y los que son excepcionales, para poder defender los derechos y poder aplicar, cuando sea el caso, la analogia, segun el celebre brocardo ubi eadem ratio est, ibi eadem iuris dispositio esse debet. La conclusion logica de estas consideraciones es que resulta necesaria la publicacion de la jurisprudencia porque no se trata--vale la pena insistir--en una doctrina que goce de mayor autoridad porque proviene de una determinada instancia mas prestigiosa que la de un cierto autor o la de una determinada escuela, sino porque es un precedente de la administracion de justicia.

Ahora bien, para que la jurisprudencia tenga verdaderamente el valor que le corresponde es imprescindible que su publicacion sea completa (respetando siempre la debida reserva y fama de las personas). La praxis tradicional de la Rota Romana consiste en publicar solo una seleccion de sus decisiones. Respecto a la Signatura Apostolica, despues de anos sin poder conocer sus decisiones, la nueva Lex propria ha establecido en su art. 11, [seccion] 4 que corresponde al Prefecto elegir las sentencias que han de ser publicadas. Actualmente este Tribunal ofrece a algunas revistas de Derecho Canonico la posibilidad de publicar algunas sentencias, estableciendo en la practica el requisito de poder revisar previamente, no solo la traduccion, sino tambien el comentario con el que se publique la decision. En fin, como es sabido, se carece totalmente de la publicacion de la jurisprudencia en materia penal.

La seleccion de la jurisprudencia tiene razon de ser si su valor y finalidad fuesen los mismos que los de la doctrina cientifica. Es justo reconocer que la publicacion selectiva de la jurisprudencia ayuda al desarrollo de la doctrina y puede orientar a la jurisprudencia de los tribunales inferiores, asi como la publicacion parcial de las decisiones de la Signatura a traves de las revistas cientificas ayuda al progreso del derecho administrativo y procesal. Ahora bien, este resultado es el mismo que se puede conseguir a traves de los trabajos cientificos. Permanece en todo caso la objecion que la publicacion parcial de los precedentes judiciales no satisface las exigencias juridicas del derecho fundamental de defensa. La praxis de seleccionar las sentencias (e incluso de corregirlas materialmente antes de su publicacion), y, en el caso de la Signatura, de seleccionar tambien las revistas, supone, en mi opinion, confundir el papel de un tribunal con el de un autor privado. Por lo demas, pienso que la supeditacion de la entrega de un texto al control previo de su comentario es posible cuando el autor del texto es un privado, mientras que cuando el autor es una autoridad en el ejercicio de su funcion publica surge el problema del respeto debido al derecho fundamental a la libertad de investigacion y expresion, reconocido en el can. 218.

La falta de publicidad de la jurisprudencia y su ausencia en muchos campos del derecho han fomentado el legalismo, hasta el punto de que se ha dado la paradoja historica de que, despues de los temores para adoptar la codificacion, el derecho canonico se ha hecho en su praxis y reflexion cientifica el derecho mas "codicialista".

Ya ha quedado dicho que el art. 126 de la PB atribuye a la Rota Romana la funcion de proveer <<a la unidad de la jurisprudencia y, a traves de sus sentencias, sirve de ayuda a los tribunales de grado inferior>>. Sobre la unidad de la jurisprudencia se ha discutido en la doctrina (48). Por un lado, es deseable esa unidad por el principio de igualdad ante la justicia. Por otro, es necesario respetar la libertad y conciencia del juez. La jurisprudencia inferior no carece de valor y puede tambien iluminar la de la Rota, pero mas bien al modo con que lo hace la doctrina cientifica. En cambio, el influjo de la jurisprudencia de la Rota sobre los demas tribunales es de otro orden porque, al tratarse del tribunal de apelacion, puede contribuir a la unidad de la jurisprudencia. Cabe suponer que la eliminacion del requisito de la doble conforme supondra una disminucion notable de esta funcion de la Rota Romana.

4.3. La funcion formativa en el ambito del derecho canonico

En este contexto de la mision de la Rota de contribuir a la unidad de la jurisprudencia se ha anadido recientemente la funcion de ayudar a la formacion permanente de quienes operan en los tribunales. No se trata de una competencia mas, afin a la funcion natural del organismo, sino que es ciertamente una funcion de naturaleza totalmente distinta a la del papel propio de un tribunal (49).

La ampliacion de funciones de la Rota, no ya de gobierno, sino de formacion, ha causado algunas reacciones negativas en la doctrina. Se ha hecho notar que la formacion permanente presupone la inicial, que consiste concretamente en la licencia y el doctorado en derecho canonico (50), y se ha puesto de manifiesto que esta decision puede crear un agravio comparativo entre quienes son doctores, y quizas han hecho tambien los estudios de abogado rotal, y aquellos que poseen solo el diploma minore, con el riesgo de que una equiparacion de este tipo lleve a abandonar el estudio del derecho canonico a nivel universitario, lo que provocaria un empobrecimiento para la administracion de justicia en toda la Iglesia (51).

En efecto, la atribucion de una funcion formativa a la Rota plantea algunos problemas, en primer lugar, algunos de caracter practico. Asi, habria que ver como puede el tribunal organizar esa formacion sin desatender su trabajo propio, ya que se requiere una organizacion material y una dedicacion temporal que puede resultar incompatible con los quehaceres de los jueces, ademas de que no se puede exigir siempre al juez, aunque sea un gran conocedor de la materia, la profesionalidad de un formador, pues es distinta de la que se requiere a un juez. Es verdad que la Rota cuenta desde antiguo con el Estudio Rotal, pero se trata de un centro de formacion especializada, sito en la misma sede del tribunal, que se dirige a quienes han obtenido ya el doctorado en derecho canonico para prepararlos en el ejercicio de la profesion de abogado en el mismo tribunal. Ahora se trata de la formacion permanente--y, segun los ultimos desarrollos, de la primera formacion--de quienes actuan en los tribunales perifericos, lo que resulta muy distinto y plantea los problemas practicos a los que he aludido. Ademas, esta nueva funcion puede entrar en contradiccion con la funcion reconocida por la Santa Sede a los entes academicos que de ella dependen. Teniendo en cuenta estos problemas, comparto la idea de que la Rota debe contribuir a la formacion a traves de sus sentencias, lo que exige que sean escritas con calidad y publicadas tempestivamente (52); la publicacion de la jurisprudencia contribuye a la unidad porque ayuda al mismo tiempo a la formacion juridica de los jueces a traves de la funcion propia del tribunal apostolico de apelacion.

Al margen de estos problemas practicos, surge la cuestion de la formacion canonica en si. Sera mas o menos perentoria la necesidad de contar con personas dotadas de una pericia tecnica para desarrollar determinadas funciones en los procesos de nulidad matrimonial. Pero pienso que lo que resulta extremadamente necesario es contar con canonistas bien formados en los tribunales y en otras instancias de la Iglesia. No se trata solo de que posean un titulo academico, sino de personas con cultura juridica, con conocimiento profundo de las exigencias de justicia que se dan dentro del Pueblo de Dios.

Una sociedad en la que no hay sensibilidad por lo juridico es una comunidad retrasada. La grandeza de una civilizacion no es debida tanto a sus logros tecnicos, sino a la sabiduria con la que es capaz de gobernarse. Para lograr la paz social, que es fruto de la justicia, es necesario la labor de verdaderos juristas, no de personas que conozcan el mecanismo practico del aparato administrativo o judicial, sino de quienes sean capaces de descubrir los derechos e identificar sus limites, para proteger el respeto debido a las personas y el ejercicio justo del poder social.

Tambien la Iglesia necesita no solo el derecho", sino una cultura juridica, difundida en todo el Pueblo de Dios, pero de modo especial en quienes tienen responsabilidades publicas. El antijuridicismo practico que se ha introducido en amplios ambitos de la Iglesia a partir de los anos inmediatamente posteriores al Vaticano II ha dejado una profunda huella. Las anomalias en los actos de gobierno relativos a los tribunales apostolicos que se han visto en estas paginas no son simples deficiencias tecnicas; superarlas ayudaria a la recta administracion de la justicia en materias de grande importancia para la vida de los fieles. El problema, por tanto, no esta en preparar tecnicamente un buen numero de peritos en cuestiones marginales del proceso matrimonial. Mas aun, la habilitacion tecnica sin una adecuada base juridica puede ser deleterea para la aplicacion de la justicia. Se trata, en cambio, de formar verdaderos juristas para conseguir difundir en la Iglesia una cultura y sensibilidad juridicas que lleven al respeto de los derechos de los fieles. La formacion juridica que se necesita impartir no consiste en la mera transmision de los datos legislativos, sino en una formacion profunda, a nivel universitario, capaz de comprender las exigencias de justicia presentes en la Iglesia.

RECIBIDO: 21 DE DICIEMBRE DE 2017 / ACEPTADO: 23 DE ENERO DE 201

Eduardo Baura

Profesor Ordinario de Derecho Canonico

Pontificia Universite delia Santa Croce. Facolta di Diritto Canonico. Roma

ebaura@pusc.it

DOI 10.15581/016.115.004

Bibliografia

Arroba Conde, M., L'esperienza sinodale e la riforma del processo matrimoniale, en p. palumbo (ed.), Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo. Il M.P. Mitis iudex Dominus Iesus di Papa Francesco, Giappichelli, Torino 2016, 129-148.

Astigueta, D. G., Il nuovo Collegia aWinterno della Congregazione per la dottrina della fede e il suo regolamento, Periodica 105 (2016) 335-363.

Baura, E., Analisi del sistema canonico di giustizia amministrativa, en E. Baura -J. Canosa (eds.), La giustizia nell'attivita amministrativa della Chiesa Il contenzioso amministrativo, Giuffre, Milano 2006, 2-58.

--, Riflessioni sul valore canonico della giurisprudenza, en J. Kowal--J. Llobell (eds.), <<Iustitia et iudicium>>. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, vol. III, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2010, 1387-1406.

Boni, G., La riforma dei processo canonico di nullita matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative (parte seconda), Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2018, n. 5, 83-98.

Bonnet, P. A.--Gullo, C. (eds.), Le <<Normae>> del Tribunale della Rota romana, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 1997.

--, La lex propria del S. T. della Segnatura Apostolica, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2010.

Burke, P., La Segnatura Apostolica: gli organi individuali, en P. A. Bonnet--C. Gullo (eds.), La lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2010, 79-81.

--, Presentazione, en M. Del Pozzo--J. Llobell--J. MInambres, Norme procedurali canoniche commentate, Coletti a San Pietro, Roma 2013, 29-34.

Canosa, J., Gli organi collegiali previsti dalla <<Lex propria>> della Segnatura Apostolica, en P. A. Bonnet--C. GULLO (eds.), La lex propria del S. T. della Segnatura Apostolica, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2010, 107-116.

Cito, D., Las nuevas normas sobre los <<delicta graviora>>, Ius Canonicum 50 (2010) 643-658.

--, Congregazione per la Dottrina della Fede. Normae <<de gravioribus delictis>>, en M. Del Pozzo--J. Llobell--J. Minambres, Norme procedurali canoniche co?nmentate, Coletti a San Pietro, Roma 2013, 628-630.

Daneels, f., La nuova Lex propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Communicationes 40 (2008) 336-341.

D'Auria, A.--Papale, C. (eds.), I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, Urbaniana University Press, Citta dei Vaticano 2014.

Del POZZO, M., Il processo jnatrimoniale piii breve davanti al vescovo, Edusc, Roma 2016.

Del Re, N., La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 1998.

De Paolis, V, Norme de gravioribus delictis riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, Periodica 91 (2002) 273-312.

Fransen, G., La valeur de la jurisprudence en droit canonique, en La norma en el Derecho Canonico. Actas del III Congreso Internacional de Derecho Canonico. Pamplona 10-15 de octubre de 1916, vol. I, Eunsa, Pamplona 1976, 197212.

Green, T. J., Sacramentorum sanctitatis tutela. Reflections on the Revised May 2010 Norms on More Serious Delicts, The Jurist 71 (2011) 120-158.

Grocholewski, Z., La <<Sectio Altera>> della Segnatura Apostolica con particolare riferimento alia procedura in essa seguita, Apollinaris 54 (1981) 65-110.

Heredia Esteban, F., El proceso mas breve ante el Obispo, Anuario de derecho canonico 5 (2016) 97-122.

Llobell, J., II <<Petitum>> e la <<causa petendi>> nel contenzioso-amministrativo canonico. Profili sostanziali ricostruttivi alia luce della cost. ap. <<Pastor Bonus>>, lus Ecclesiae 3 (1991) 119-150.

--, Sulla promulgazione delle norme processuali proprie della Congregazione per la dottrina della fede in materia penale, lus Ecclesiae 9 (1997) 289-301.

--, Le norme della Rota romana in rappono alia vigente legislazione canonica: la <<matrimonializzazione>> del processo; la tutela deW<<ecosistema processuale>>; il principio di legalita nelVesercizio della potesta legislativa, en P. A. Bonnet--C. gullo (eds.), Le <<Normae>> del Tribunale della Rota romana, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 1997, 47-92.

--, Il m.p. <<Quaerit semper>> sulla dispensa dal matrimonio non consumato e le cause di nullita della sacra ordinazione, en Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica, 24/2012 (www.statochiese.it, 9 luglio 2012).

--, Processi e procedure penali: sviluppi recenti, en H. Franceschi--M. A. ortiz (eds.), <<lus et matrimonium>>. Temi di diritto jnatrimoniale e processuale canonico. V Corso di aggiomamento in diritto matrimoniale e processuale canonica. Roma, 16-20 setiembre 2013, Edusc, Roma 2015, 75-108.

Loppacher, S., Processo penale canonico e abuso sessuale su minori. Un'analisi dei recenti sviluppi normativi intomo al <<delictum contra sextum cum minore>> alia luce degli elementi essenziali di un giusto processo, Pontificia Universita della Santa Croce, Roma 2017.

Miras, J.-Canosa, J.-Baura, E., Compendio de derecho administrativo canonico, Eunsa, Pamplona (3) 2017.

Montini, G. P., Uesecuzione delle sentenze della <<Sectio Altera>> della Segnatura Apostolica. II significato di una lacuna, en K. Ludicke--H. mussinghoff H. Schwendenwein (eds.), Iustus Iudex. Festgabe fur Paul Wesemann zum 75. Geburtstag von seinen Freunden und Schulern, Ludgerus, Essen 1990, 553-571.

--, I ricorsi am??iinistrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, en Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (ed.), Il diritto nel mistero della Chiesa, vol. IV: Prassi amministrativa e procedure speciali, Lateran University Press, Citta del Vaticano 2014, 135-159.

Nunez, G., El proceso brevior: exigencias y estructura, Ius Canonicum 56 (2016) 135-155.

Rodriguez Chacon, R., Promulgacion, publicacion y entrada en vigor de las leyes en la Iglesia, en J. L. Sanchez-Giron--C. Pena Garcia (eds.), El Codigo de Derecho Canonico de 1983. Balance y perspectivas a los 30 anos de su promulgacion, Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2014, 71-105.

Sassanelli, I., Il Tribunale della Rota Romana nell'odierno sistema processuale canonico, Apollinaris 88 (2015) 659-685.

Stankiewicz, A., Un'innovazione storica, en L'Osservatore Romano, 28 settembre 2011, 7.

Studio Rotale (ed.), Le facolta speciali del Decano della Rota Romana. Una lettura storica, Quaderni dello Studio Rotale 22 (2015) 39 y 40.

Varalta, Z., De iurisprudentiae conceptu, Periodica 62 (1973) 39-57.

Woestman, W., Ecclesiastical sanctions and the penal process. A commentary on the Code of Canon Law, Otawa (2) 2003.

Zuanazzi, I., Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonia della Chiesa, Casa Editrice Jovene, Napoli 2005.

(1) San Juan Pablo II, Constitucion Apostolica Pastor Bonus, de 29 de junio de 1988 (AAS 80 [1988] 841-930).

(2) Cfr. CDF, Agendi ratio pro doctrinarum examine, de 29 de junio de 1997 (AAS 89 [1997] 830-835).

(3) Puede verse una historia de la Congregacion, realizada por ella misma, en la pagina web oficial de este dicasterio (www.vatican.va) en la seccion Storia e organizzazione. Cfr. tambien N. Del Re, La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 1998, 95-101.

(4) Cfr. pablo VI, Constitucion Apostolica Regimini Ecclesiae Universae, de 15 de agosto de 1967, AAS 59 (1967) 885-928.

(5) Cfr. J. Llobell, Sulla promulgazione delle tiorme processuali proprie delia Congregazione per la dottrina dellafede in materia penale, lus Ecclesiae 9 (1997) 289-301.

(6) Cfr. Suprema Sacra Congregatio Sancti Officii, Instructio de modo procedendi in causis sollicitationis, de 9 de junio de 1922 y de 16 de marzo de 1962, difundidas en internet (la primera se puede consultar en http://www.bishop-accountability.org/archives/Wall/1922_06_09_Solicitation_Instruction_Latin.pdf [consultado el 25 de octubre de 2017] y la segunda, por ejemplo, en http://www.cesnur.org/2007/Crimen_1962.pdf [visitado el 25 de octubre de 2017]).

(7) Cfr. D. ClTO, Congregazione per la Dottrina delia Fede. Normae <<de gi-avioribus delictis>>, en M. del Pozzo--J. Llobell--J. Minambres, Norme procedurali canoniche commentate, Coletti a San Pietro, Roma 2013, 629.

(8) San Giovanni Paolo II, Rescripto ex audientia Ss.mi, de 25 de abril de 1994, firmado por el Secretario de Estado. Puede consultarse en lus Ecclesiae 8 (1996) 193. Las normas contenidas en este rescripto fueron extendidas para Irlanda en 1996 (cfr. congregacion para la doctrina de la Fe, Le norme del motu proprio <<Sacramentorum sanctitatis tutela>>. Introduzione storica, en http://www.vatican.va/resources/resources_introd-storica_it.html [visitado el 25 de octubre de 2017]).

(9) Cfr. J. Llobell, Sulla promulgazione ..., cit., 297-298.

(10) AAS 93 (2001) 737-739.

(11) Por ejemplo, en Ius Ecclesiae 16 (2004) 313-320. El Motu Proprio concluia afirmando que <<ipsae Normae vim legis exserunt eadem die qua promulgatae sunt>>. Aparte de los problemas que plantea una inmediata vigencia de una norma penal y procesal sin ningun tipo de vacatio legis, esas normas no han sido nunca "promulgadas" a tenor del can. 8. Fue, en cambio, publicada una carta de la CDF, de 18 de mayo de 2001, a los Obispos y demas Ordinarios y Jerarcas interesados en la que se ilustraban las nuevas normas (AAS 93 [2001] 785-788).

(12) <<Delicta graviora Congregationi pro Doctrina Fidei reserva ta, nonnisi in processu iudiciali persequenda sunt>> (art. 17 del Motu Proprio Sacramentonim sanctitatis tutela).

(13) Todos estos actos (del 7 de noviembre de 2002, del 7 de febrero de 2003 y del 14 de febrero de 2003) pueden consultarse, entre otros lugares en lus Ecclesiae 16 (2004) 320 y 321, y en W. WoESTMAN, Ecclesiastical sanctions and the penal process. A commentary on the Code of Canon Law, Otawa (2) 2003, 314-316.

(14) Cfr. CDF, Breve relacion sobre los cambios introducidos en las Normae de gravioribus delictis reservados a la Congregacion para la Doctrina de la Fe, en www.vatican.va.

(15) AAS 102 (2010)419-430.

(16) Cfr. ibid., 431-434. De todos modos, la nueva normativa se divulgo antes de su promulgacion, lo que suscito algunas dudas acerca de la fecha exacta de su efectiva emanacion; cfr. S. Loppacher, Processo penale canonica e abuso sessuale su minori. Un 'analisi dei recenti sviluppi normativi intorno al <<delictum, contra sextum aim minore>> alia luce degli elementi essenziali di un giusto processo, Pontificia Universite delia Santa Croce, Roma 2017, 69-71. En esta misma obra se puede consultar el itinerario de las normas y decisiones que han llevado a la situacion vigente en materia de competencia penal de la CDF desde la promulgacion del Codigo con las oportunas refencias a los documentos y a la bibliografia cientifica que los comenta (cfr. ibid., 22-68). Sobre las modificaciones introducidas en 2010, en comparacion con la normativa emanada en el 2001, cfr. D. Cito, Las nuevas normas sobre los <<delicia graviora>>, lus Canonicum 50 (2010) 643-658; T.J. Green, Sacramentorum sanctitatis tutela. Reflections on the Revised May 2010 Noiyns on More Serious Delicts, The Jurist 71 (2011) 120-158 y los trabajos contenidos en la obra colectiva de A. D'Auria C. papale (eds.), I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina delia Fede, Urbaniana University Press, Citta dei Vaticano 2014.

(17) En cuanto a la reserva conviene advertir que no se ha de confundir con la mera reserva de la remision de la pena, ya que la reserva del delito comprende tambien la irrogacion o declaracion de la pena (cfr., por ejemplo, V. De Paolis, Norme de gravioribus delictis riservati alia Congregazione per la dottrina dellafede, Periodica 91 [2002] 299). Se ha hecho notar que la reserva de los delitos a la CDF esta unida al instituto de la avocacion, de manera que, precisamente porque se trata de avocacion, se presupone que subsiste la competencia de otro tribunal. En otras palabras, no hay que confundir la reserva con la competencia exclusiva: en primera instancia subsistiria la competencia del tribunal local, de suerte que si la CDF decidiese dar la orden de proceder al tribunal inferior, tal decision no consistiria en rigor en una prorroga de jurisdiccion (cfr. J. Llobell, Processi e procedure penali: sviluppi recenti, en H. Franceschi--M. A. Ortiz [eds.], <<lus et matrimonium>>. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonica. V Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale canonica. Roma, 16-20 setiembre 2013, Edusc, Roma 2015, 88, y S. loppacher, Processo penale canonica ..., cit., 191-195). En la practica, resulta relevante la intervencion de las autoridades inferiores (en la gestion de la notitia criminis y, en la mayoria de los casos, en la fase de instruccion). En el caso de que un tribunal inferior juzgase sin la orden de la CDF de proceder, actuaria como un tribunal con incompetencia relativa, con la consecuencia establecida en el can. 1460, [seccion] 2. La competencia de la CDF es exclusiva, en cambio, respecto a otros tribunales de la Curia Romana, y en segunda instancia lo es en terminos absolutos.

(18) FRANCISCO, Rescripto ex audientia Ss.mi, De Collegia intra Congregationem pro Docfiina Fidei constituendo ad appellatimes clericorum circa graviora delicia consider andas, 3 de noviembre de 2 014, AAS 106 (2014) 885-886. AI final del texto del Rescripto se afirma que <<il Santo Padre ha disposto che il presente decreto generale esecutivo sia promulgato...>>. Resulta claro por el contenido y por la forma del acto en cuestion que la calificacion de decreto general ejecutivo es un error, pues este Rescripto no posee en absoluto las caracteristicas del tipo de norma contemplado en el can. 31, [seccion] 1.

(19) Para el texto del Reglamento, con un comentario, vid. D. G. AsTIGUETA, II nuovo Collegia all'interno della Congregazione perla dottrina delia fede e il suo regolamento, Periodica 105 (2016) 335-363.

(20) Por ejemplo, la modificacion del art. 1, [seccion] 1, relativo a la misma composicion de la Signatura (cfr. Secretaria de Estado, Carta del 14 de marzo de 1977, Prot. N. 305831, en Z. Grocholewski, La <<Sectio Altera>> della Segnatura Apostolica con particolare riferimento alia procedura in essa seguita, Apollinaris 54 [1981] 78, en nota).

(21) El Moni Proprio fue promulgado en AAS 100 (2008) 513-538. El volumen de los Acta llevaba la fecha de 1 de agosto de 2008, por lo que la ley deberia entrar en vigor el 1 de noviembre del mismo ano, pero el fasciculo en cuestion fue distribuido mas tarde. Sobre esta y otras anomalias en la promulgacion de las leyes, cfr. R. Rodriguez Chacon, Promulgacion, publicacion y entrada en vigor de las leyes en la Iglesia, en J. L. Sanchez-Giron--C. pena garcia (eds.), El Codigo de Derecho Canonico de 1983. Balance y perspectivas a los 30 anos de su promulgacion, Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2014, 71-105.

(22) Para un comentario a la Lex propria, cfr. R. Burke, Presentazione, en Norme procedurali canoniche commentate, cit., 29-34; F. Daneels, La nuova Lex propria del Supremo Tribunale delia Segnatura Apostolica, Communicationes 40 (2008) 336-341. Para un estudio mas detallado de cada una de las partes de la ley, cfr. P. A. Bonnet--C. Gullo (eds.), La lex propria del S.T. delia Segnatura Apostolica, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2010.

(23) Cfr. R. Burke, La Segnatura Apostolica: gli organi individuali, en La lex propria del S. T. delia Segnatura Apostolica, cit., 79-81.

(24) Sobre este organismo, cfr. J. canosa, Gli organi collegiali previsti dalla <<Lex propria>> delia Segnatura Apostolica, ibid., 107-116.

(25) Sobre el papel del Congreso en el contencioso administrativo, cfr. E. Baura, Analisi del sistema canonica di giustizia amministrativa, en E. Baura--J. Canosa (eds.), La giustizia nell'attivita amministrativa delia Chiesa IIcontenzioso amministrativa, Giuffre, Milano 2006,41-42. Acerca del proceso contencioso administrativo a la luz de la Lex propria puede verse J. Miras--J. Canosa E. Baura, Compendio de derecho administrativo canonico, Eunsa, Pamplona '2017, 307-335, y G. P. montini, I ricorsi amministrativipressa il Supremo Tribunale delia Segnatura Apostolica, en Gruppo Italiano Docenti di Diritto canonico (ed.), Il diritto nel mistero delia Chiesa, vol. IV: Prassi amministrativa e procedure speciali, Lateran University Press, Citta del Vaticano 2014, 135-159.

(26) Cfr. E. Baura, Analisi del sistema canonica ..., cit., 43-56; J. Llobell, Il <<petitum>> e la <<causa petendi>> nel contenzioso-amministrativo canonica. Profili sostanziali ricostruttivi alia luce della cost. ap. <<Pastor Bonns>>, lus Ecclesiae 3 (1991) 137-138, e I. Zuanazzi, Praesis ut prosis. Lafunzione amministrativa nella diakonia della Chiesa, Casa Editrice Jovene, Napoli 2005, 417-422.

(27) Cfr. G. P. Montini, L'esecuzione dette sentenze della <<Sectio Altera>> della Segnatura Apostolica. II significato di una lacuna, en K. Ludicke--H. Mussinghoff--H. Schwendenwein (eds.), histus Iudex. Festgabe fur Paul Wesemann zum 75. Geburtstag von seinen Freunden und Schulern, Ludgerus, Essen 1990, 553-571.

(28) Cfr. AAS 86 (1994) 508-540.

(29) Cfr. J. Llobell, Le norme della Rota romana in rapporto alia vigente legislazione canonica: la <<matrimonializzazione>> del processo; la tutela del<<ecosistema processuale>>; il principio di legalita nell'esercizio della potesta legislativa, en P. A. Bonnet--C. Gullo (eds.), Le <<Normae>> del Tribunale della Rota romana, Libreria Editrice Vaticana, Gitta del Vaticano 1997, 58. Sobre el contenido de las Normae, pueden verse los otros trabajos de esta misma obra colectiva.

(30) Cfr. secretaria de Estado, Rescriptum ex audientia Sanctissimi quo Normae Rotales in forma specifica approbantur, 23 de febrero de 1995, AAS 87 (1995) 366.

(31) Por ejemplo, el art. 43, [seccion] 1 habla de la obligacion de los auditores de la reparacion del dano (<<grave detrimentum>>) causado a las partes por dolo, despues de un juicio de la Signatura Apostolica confirmado por el Romano Pontifice. El requisito de la confirmacion del Romano Pontifice no estaba previsto ni en el Codigo ni en la PB. A mi parecer, la alusion al dolo, y no a la culpa, como unica causa de la responsabilidad no permite en este caso aplicar el principio inclusio unius, exchtsio alterius, ya que la responsabilidad exculpa es una exigencia de justicia (cfr. can. 128), por haberse omitido la debida diligencia.

(32) AAS 103 (2011) 570.

(33) Cfr. A. Stankiewicz, Un'innovazione storica, en L'Osservatore Romano, 28 setiembre 2011, 7, y J. Llobell, II m.p. <<Quaerit semper>> sulla dispensa dal matrimonio non consumato e le cause di nullita delia sacra ordinazione, en Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, 24/2012 (www.statochiese.it, 9 luglio 2012).

(34) El Rescripto no ha sido promulgado en AAS. Puede consultarse, por ejemplo, en Norme procedurali canoniche commentate, cit., 216.

(35) Asi se reconoce en una editorial del Studio Rotale, aunque se citan dos precedentes de concesion de facultades extraordinarias (cfr. Le facolta speciali del Decano della Rota Romana. Una lettura storica, Quaderni dello Studio Rotale 22 [2015] 39 y 40, y los textos de las concesiones de facultades recogidos en las paginas siguientes).

(36) Cfr. AAS 107 (2015) 946-970. Los dos Motu Proprio disponian que habian de entrar en vigor el 8 de diciembre de 2015, pero el fasciculo del AAS fue publicado de hecho despues de esa fecha.

(37) Cfr. Francisco, Rescriptum circa novam legem efficiendam atque servandam de processu matrimoniali, del 7 de diciembre de 2015, AAS 108 (2016) 5 y 6. No se afirma que sea un rescripto ex audientia Ss.mi, sino que es un documento firmado por el mismo Papa (en la primera publicacion, en L'Osservatore Romano de 12 de diciembre de 2015, 8, se decia <<ex audientia Ss.mi>>). Observando la norma tal y como ha sido promulgada en AAS ha de concluirse que no estamos ante un rescripto, entendido como un acto administrativo singular del que tratan los cann. 59 y siguientes, sino ante una ley universal con un normen inris diverso al de su contenido, quizas para hacer referencia a una peticion recibida, como sucede con los rescriptos. Tratandose de una ley de alcance universal, surge la cuestion de su promulgacion en lengua vernacula.

(38) Por ejemplo, la disposicion acerca de la gratuidad evangelica que determina tal gratuidad mediante el patrocinio ex officio (<<la Rota Romana giudichi le cause secondo la gratuita evangelica, cioe con patrocinio ex officio>>) no puede interpretarse en el sentido de negar la libre eleccion del abogado de confianza porque seria contrario al derecho de defensa. Cfr. en este sentido la carta del Secretario de Estado al Decano de la Rota, de 18 de febrero de 2017 a la que se hace referencia en numerosos blogs de internet (cfr., por ejemplo, http://www.lastampa.it/2017/03/ 09/vaticaninsider/ita/vaticano/il-papa-risolve-il-pasticciaccio-della-rota-hRRESL9SfipGQN wcjnDCaM/pagina.html) (consultado el 25 de octubre de 2017).

(39) Rescriptum ex Aiidientia SS.mi, de 22 de enero de 2016, Quaderni dello Studio Rotale 23 (2016) 4748, firmado por el mismo Decano de la Rota. En el Rescripto se establece que se publique en AAS. Hasta ahora (cuando el ultimo numero de AAS es el de diciembre de 2016) no ha sido publicado.

(40) La carta puede consultarse en Quaderni dello Studio Rotale 23 (2016) 169.

(41) Cfr. M. del pozzo, IIprocesso matrimoniale pio breve davanti al vescovo, Edusc, Roma 2016, 38.

(42) Cfr. ibid., 68.

(43) Y desde luego no es deseable que llegue a tener tambien potestad normativa. J. Ferrer Ortiz, Valoracion de las circunstancias que pueden dar lugar al proceso abreviado, lus Canonicum 56 (2016) 189, ha advertido acertadamente sobre el <<peligro de dar cabida dentro de la Iglesia a un cierto activismo judicial, donde el juez asume la funcion del legislador o de interprete autentico de la ley universal>>.

(44) En la doctrina, se ha negado su valor normativo (cfr., por ejemplo, F. Heredia Esteban, El proceso mas breve ante el Obispo, Anuario de derecho canonico 5 [2016] 99) o se ha afirmado que su <<naturaleza juridica no es facil de precisar>> (G. Nunez, El proceso brevior: exigencias y estructura, Ius Canonicum 56 [2016] 136), pero de hecho los mismos autores citan y dan por buenas las afirmaciones del Subsidio, otorgandole de hecho un valor cercano al normativo. De modo mas neto y argumentado niega el valor normativo de este texto G. boni, La riforma del processo canonica di nullita matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative (parte seconda), State, Chiese e pluralismo confessionale, 2018, n. 5, 83-98.

(45) Cfr. Francisco, Exhortacion Apostolica Evangelii Gaudium, de 24 de noviembre de 2013, n. 16 (AAS 105 [2013] 1027).

(46) En el caso del proceso penal parece particularmente oportuno que sea desconcentrado en favor de jueces vicarios, ya que la titularidad de la accion penal corresponde al Obispo diocesano (can. 1721).

(47) X 2.27.19. Para algunos datos sobre el valor de la jurisprudencia en la historia del derecho canonico, cfr., por ejemplo, Z. Varalta, De iurisprudentiae conceptu, Periodica 62 (1973) 44-49, y G. Fransen, La valeur de la jurisprudence en droit canonique, en La norma en el Derecho Canonico. Actas del III Congreso Internacional de Derecho Canonico. Pamplona 10-15 de octubre de 1976, vol. I, Eunsa, Pamplona 1976, 197-212.

(48) Sobre el tema me remito a E. Baura, Riflessioni sul valore canonico della giurisprudenza, en J. Kowal --J. Llobell (eds.), <<Iustitia et indicium>>. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in (more di Antoni Stankiewicz, vol. III, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2010, 13871406 y a la bibliografia ahi citada.

(49) Es significativo, por ejemplo, que en un estudio sobre la Rota Romana no se sienta la necesidad de tratar del papel formativo de este tribunal (cfr. I. Sassanelli, II Tribunale della Rota Romana nell'odierno sistema processuale canonico, Apollinaris 88 [2015] 659-685).

(50) Cfr. M. Arroba Conde, L'esperienza sinodale e la riforma del processo matrimoniale, en p. palumbo (ed.), Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo. Il M.p. Mitis iudex Dominus Iesus di Papa Francesco, Giappichelli, Torino 2016, 139.

(51) Cfr. G. Boni, La riforma del processo canonico di nullita matrimoniale ..., cit., 94-97

(52) Cfr. en este sentido M. Arroba Conde, L'esperienza sinodale ..., cit., 139 y 140.

(53) Cfr. Benedicto XVI, Carta a los seminaristas, de 18 de octubre de 2010, n. 5 en https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/letters/2 010/documents/hf_ben-xvi_let_2 0101018_seminaristi.html (consultado el 25 de octubre de 2017).
COPYRIGHT 2018 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Baura, Eduardo
Publication:Ius Canonicum
Date:Jun 1, 2018
Words:13437
Previous Article:LIBROS RECIBIDOS.
Next Article:Decision, decisiones y consecuencias de la primera codificacion canonica: el caso de la idoneidad para recibir las ordenes sagradas.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters