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El cuidado del familiar dependiente: analisis de genero en la politica social espanola.

The care of dependent family members: Gender analysis in Spanish social policy

Sumario: 1. Introduccion; 2. Metodologia; 3. El Estado de bienestar familista; 4. El Sistema de Autonomia y Dependencia en Espana: (des) responsabilizar del cuidado al familiar; 5. Entre lo cultural hecho norma, la necesidad economica convertida en virtud y las desigualdades perpetuadas por derecho; 6. Conclusiones; 7. Referencias bibliograficas.

1. Introduccion

El analisis de genero en las politicas familiares y de provision del cuidado suponen un objeto de estudio central desde las ciencias sociales. La manera en la que se ha entendido y atendido las necesidades de las familias ha constituido una evidente desigualdad entre hombres y mujeres. El marco sociocultural tradicional otorga a las mujeres una funcion reproductora y familiar, cinendolas a las labores de crianza, cuidadoras y amas de casa (Cano-Lopez, 2017).

La investigacion sobre los mecanismos de gobernanza a traves de las politicas de cuidados nos proporciona claves analiticas para examinar los roles y desigualdades de genero. En los proximos apartados indagamos el papel que el Estado espanol otorga a las familias, especialmente a las mujeres, como agentes proveedores de cuidados. Nos centramos en la Ley estatal 39/2006 de Promocion de la autonomia personal y atencion a las personas en situacion de dependencia (LAAD). Mas de diez anos despues de la adopcion de esta relevante politica publica, es imprescindible examinar de que forma los cuidados familiares estan presentes en la gobernanza de la administracion publica.

2. Metodologia

En este trabajo analizamos el papel que se le concede al cuidado familiar en la atencion a la dependencia en el contexto espanol. Desde diferentes miradas criticas reflexionamos sobre los elementos de genero y desigualdad que subyacen en los servicios sociales publicos. Utilizamos una metodologia cualitativa, apoyandonos en tecnicas y procesos de investigacion como la revision documental, el analisis de discurso de normas legislativas y la explotacion de datos secundarios extraidos del Sistema publico espanol para la Autonomia y Atencion a la Dependencia. La metodologia seleccionada nos ha permitido triangular el enfoque interpretativo, la investigacion narrativa (Montagud-Mayor, 2015) y el conocimiento multisituado (Haraway, 1995). De esta forma incorporamos el potencial analitico del Trabajo Social por el espacio destacado que tiene entre la investigacion y la practica. Por tanto, la construccion de conocimiento se realiza tambien desde la propia experiencia profesional del investigador como trabajador social vinculado al Sistema espanol para la Autonomia y atencion a la Dependencia.

3. El Estado de Bienestar familista

En Espana, al igual que en otros paises de la Europa mediterranea, el pilar del bienestar se ha apoyado tradicionalmente en la familia (Esping-Andersen, 2004; Moreno, 2006). Autores clasicos como EspingAndersen (2004) consideran que el modelo de bienestar espanol es "extraordinariamente familista" (p. 46). Gran parte de los estudios que manifiestan el rol realizado por la familia muestran el apoyo material y afectivo de las mujeres como contribuidoras del desarrollo de politicas de bienestar (Campillo 2010; Tobio-Soler, 2013).

Resulta bastante ilustrativa la investigacion realizada por Salido y Moreno (2007), para reflejar el escaso apoyo gubernamental en Espana desde mediados de los anos 90 hasta la entrada del Sistema publico de Autonomia y Atencion a la Dependencia (SAAD) en el 2007. Los autores realizaron un analisis de las politicas sociales familiares de los gobiernos del Partido Popular -PP- (1996-2004) y del Partido Socialista Obrero Espanol -PSOE- (2004 hasta 2007). En la discusion de resultados aluden a que estos gobiernos han disenado sus propuestas politicas considerando a las familias, muy especialmente, a las mujeres como recursos de atencion y cuidado. Del intervalo que comprende desde el ano 1996 al ano 2004 destacan como las medidas de conciliacion de la vida familiar y laboral se disenan bajo la consideracion de que las responsabilidades de las tareas domesticas y de cuidado familiar son propias de las mujeres y no de la sociedad en su conjunto. Estos autores reflejan que la politica de mayor repercusion social propiciada por el Gobierno del PP fue la denominada como la "paga para madres trabajadoras", acometida en 2002. Se trata de una ayuda mensual de 100 euros para ciertas madres con ninos/as menores de 3 anos. Las madres deben ser trabajadoras por cuenta ajena a tiempo completo, o a tiempo parcial siempre que, como minimo, coticen a la Seguridad Social 15 dias de cada mes (jornada completa) o el 50% de la jornada (tiempo parcial). Tambien se incluye a las trabajadoras por cuenta propia. No obstante, estas medidas son cuestionadas por no favorecer el desarrollo de formas que superen el paradigma convencional de organizacion del trabajo domestico que asume que es la mujer quien soporta la mayor carga de trabajo domestico familiar (Salido y Moreno, 2007).

Tobio-Soler (2005) designo como la "doble presencia" al hecho por el que las mujeres participan en el mercado de trabajo pero sin abandonar la actividad domestica. Al respecto, Duran-Heras (2005) resalto hace mas de una decada que la doble presencia "es pura y simple explotacion y no puede enmascararse bajo el argumento de que se trata de una opcion voluntaria" (p. 3). Navarro-Ardoy (2006) centro esta cuestion a partir del analisis de genero y su repercusion en la configuracion de los modelos familiares. Un aspecto clave es el tipo de relacion que se fragua entre la mujer y el hombre a partir del concepto de "contrato de genero". Este hace referencia a los factores culturales y las expectativas de rol que adopta cada genero en distintas situaciones vitales, tanto publicas como privadas. Asi, el contrato "tradicional" se materializa en el predominio de una estricta separacion de roles entre mujeres y hombres, en la que a ellos les queda asignado el trabajo extra-domestico y remunerado, mientras que a ellas se les atribuyen las tareas de cuidado del hogar y de la familia que no son remuneradas (Navarro-Ardoy, 2006).

En el ambito de la investigacion social se ha prestado especial atencion a los esquemas de reparto de trabajo a partir de los analisis de los usos del tiempo. Duran-Heras y Rogero-Garcia (2010), Rogero-Garcia (2010a y 2010b), Meil-Landwerlin y Rogero-Garcia (2012 y 2014), Meil-Landwerlin (2017) han abordado, en la ultima decada, la informacion sobre los usos del tiempo vinculados al trabajo no remunerado (actividades domesticas y a cuidado de otras personas). La importancia de estos estudios estriba en que nos refleja modos de vida que demuestran que son finalmente las mujeres quienes asumen este tipo de tareas. Estas aportaciones muestran, ademas, como la falta de otros soportes publicos o privados son factores explicativos que conducen a la ausencia de las mujeres en los espacios publicos y en otros ambitos como el del trabajo remunerado en el mercado.

Esta situacion se mantiene actual a pesar de los cambios producidos en la composicion familiar: familias de segundo matrimonio, las familias monoparentales, las familias que viven sin hijos, las familias reconstituidas, las familias transnacionales, etc. En cualquier caso, todas las mujeres con arreglo a elementos de genero y generacion comparten el hecho de que realizan grandes esfuerzos por compatibilizar el ambito familiar y laboral (Aznar-Marquez y Belmonte-Martin, 2013). En la publicacion del Instituto Nacional de Estadistica (2017) se evidencia que el porcentaje de mujeres que dedican al menos varios dias a la semana al cuidado de hijos y/o familiares mayores o con discapacidad o hacer tareas domesticas es superior en todos los casos al porcentaje de hombres que realizan estas mismas tareas. Con respecto al numero de horas, la dedicacion diaria de la mujer casi duplica la dedicacion del hombre (4 horas y 29 minutos de la mujer, frente a las 2 horas 32 minutos del hombre). Respecto a las personas que realizan las actividades domesticas y de cuidado, segun tipo de hogar, es superior la dedicacion media diaria de las mujeres en todos los tipos de hogar, pero especialmente en el caso de familia formada por pareja con hijos (4 horas y 37 minutos la mujer, 2 horas 34 minutos el hombre). Esta diferencia de dedicacion es casi la misma en el caso de pareja sola (4 horas y 45 minutos la mujer, 2 horas y 34 minutos el hombre).

Las transformaciones en los modelos de familia y sociedad no han llevado aparejado un equilibrio en las responsabilidades domesticas entre hombres y mujeres. Siguiendo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadistica (2017) el 91,9% de las mujeres (de 10 y mas anos) dedican una media de 4 horas y 29 minutos a las tareas domesticas, de cuidado de ninos, ancianos y personas dependientes. En cambio, solo el 74,7% de los hombres dedican un promedio 2 horas y 32 minutos a estas labores. Se pone de manifiesto que buena parte de los hombres no asumen las actividades relacionadas con el hogar y cuidado de familiares, y cuando las asumen hay una desigualdad en la intensidad de dedicacion. Atendiendo a la situacion laboral, las mujeres ocupadas dedican 3 horas y 46 minutos diarios a las actividades de hogar y familia y 2 horas y 21 minutos los hombres. La incorporacion de las mujeres al trabajo remunerado no supone que la carga total de tareas domesticas sea menor para las mujeres, sino que se promueve la "doble jornada" o "doble presencia" de estas en los dos ambitos de actividad. Las responsabilidades familiares se perciben, de hecho, como un obstaculo en la trayectoria ocupacional de las mujeres. Esto se traduce en el doble esfuerzo que han de realizar las mujeres y que no se ha reducido ni en los primeros anos de crisis economica espanola donde el desempleo en los hombres ha sido mayor que el de las mujeres (Tobio-Soler, Agullo-Tomas, Gomez, y Martin-Palomo, 2010).

La importante incorporacion de la mujer al mercado de trabajo ha llevado a que la distribucion de los tiempos y tareas se haya visto cuestionada con respecto a lo que seria el modelo de familia tradicional: una familia donde solo el hombre trabaje fuera de casa y la mujer sea la que se ocupa, exclusivamente, de las tareas del hogar y del cuidado de los/as hijos y personas en situacion de dependencia (Navarro-Ardoy, 2006). Examinar este hecho, junto a otras transformaciones demograficas, economicas y politicas, muestra las premisas basicas que dibujan el contexto actual en Espana. El aumento del envejecimiento de la poblacion y de la esperanza de vida ha desembocado en una creciente demanda de cuidado (Abades y Rayon, 2012; Martinez-Lopez, 2017; Rogero, 2010b). Estos hechos se han agudizado en Espana ya que han coincidido el envejecimiento poblacional con la expansion de las politicas neoliberales de recortes publicos, limitando severamente los recursos en materia de servicios sociales (Garcia et al., 2017). Estas circunstancias han ayudado a conformar un panorama analiticamente complejo que vuelve a poner de manifiesto el debate publico en torno a los cuidados y el tradicional "apoyo informal" que realizan las mujeres en el entorno familiar (Abellan-Garcia y AyalaGarcia, 2012; Abellan-Garcia, Esparza y Perez-Diaz, 2011; Abellan et al., 2017; Duran-Heras, 2014; Garcia-Alcaraz, Delicado-Useros, Alfaro-Espin y Lopez-Torres, 2015). Rescatando la investigacion de Salido y Moreno (2007), se sena la Ley 39/2006 de Promocion de la autonomia personal y atencion a las personas en situacion de dependencia (LAAD) como una de las politicas familiares de mayor relevancia del periodo legislativo, iniciado en 2004 y gobernado por el PSOE. Esta Ley se enmarca dentro de un nuevo Sistema para la Autonomia y Atencion a la Dependencia y reconoce un nuevo derecho universal y subjetivo de ciudadania. El proposito con el que se disena es el de garantizar la atencion y cuidados a las personas en situacion de dependencia, dando asi cobertura a las necesidades de los familiares y, muy especialmente, a las mujeres (Rodriguez-Cabrero, 2007).

4. El Sistema de Autonomia y Dependencia en Espana: (des) responsabilizar del cuidado al familiar

En el ano 2007, con la aprobacion de la LAAD, se produce una (re) configuracion de los servicios sociales espanoles con el proposito de implantar un sistema universal de promocion y atencion de las personas en situacion de dependencia (Tercera Edad y personas con discapacidad). Se dispone asi, principalmente, una cobertura de servicios profesionales (domiciliarios, residenciales, centros de dia y ocupacionales) y de prestaciones economicas para los cuidados familiares.

La propia LAAD en la exposicion de motivos alega que:

La atencion a este colectivo de poblacion se convierte, pues, en un reto ineludible para los poderes publicos, que requiere una respuesta firme, sostenida y adaptada al actual modelo de nuestra sociedad. No hay que olvidar que, hasta ahora, han sido las familias, y en especial las mujeres, las que tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas dependientes, constituyendo lo que ha dado en llamarse el <<apoyo informal>>. Los cambios en el modelo de familia y la incorporacion progresiva de casi tres millones de mujeres, en la ultima decada, al mercado de trabajo introducen nuevos factores en esta situacion que hacen imprescindible una revision del sistema tradicional de atencion para asegurar una adecuada capacidad de prestacion de cuidados a aquellas personas que los necesitan (Ley 39 de 2006, Art. 2).

En el texto legislativo de la LAAD se justifica como linea basica de diseno de esta politica publica los factores demograficos y sociales acaecidos en las ultimas decadas en Espana. Simbolicamente, la poblacion en situacion de dependencia se presenta como un problema que tiene que ver sobre todo con la llamada "crisis de los cuidados" (Cerri, 2015, PerezOrozco, 2006). Se manifiesta una desestabilizacion del modelo tradicional de reparto de las responsabilidades sobre los cuidados, que se relaciona con una reestructuracion del conjunto del sistema socioeconomico, en el que la disponibilidad de las cuidadoras familiares disminuye como consecuencia de su incorporacion generalizada al empleo (Tobio-Soler, 2005). A la vez, hay una serie de cambios demograficos; la tasa de natalidad disminuye y la esperanza de vida aumenta, que hace que la demanda de atencion de personas dependientes crezca en intensidad, sin que se haya alterado por ello la division sexual del trabajo en los hogares ni la segmentacion de genero en el mercado laboral (Ezquerra, 2012).

La LAAD podria entenderse como un impulso politico para desresponsabilizar a las familias, y en especial a las mujeres, de la atencion de las personas en situacion de dependencia, transformando el cuidado informal en un sistema publico de proteccion social. Fantova (2007) situaba en este punto a los servicios sociales como una pieza clave para la construccion de un nuevo pacto entre el Estado y la sociedad, para buscar nuevas sinergias entre la responsabilidad publica sobre el bienestar social y los dinamismos familiares.

En nuestras manos esta, entiendo yo, aprovechar las energias positivas y oportunidades que trae esta Ley, que no son despreciables, para empujar hacia un fortalecimiento de los servicios sociales y, en particular, para la construccion, segun entiendo, de un sistema publico de servicios sociales cada vez mas universal y equitativo, cada vez mas eficaz y eficiente, amigable con las familias, atravesado por el enfoque comunitario y, con todo ello, herramienta clave para el avance de igualdad entre las mujeres y los hombres (Fantova, 2007, pp. 7).

Nos encontramos en el marco de un contexto que pretende visibilizar politicamente los discursos de genero en relacion a los cuidados, desplazandolos de los espacios privados y silenciados a los que tradicionalmente estaban sometidos. Una pretension que ha servido para justificar que la LAAD en sus inicios fuera esperada y calificada como "el cuarto pilar del Estado de Bienestar" (De Lorenzo-Garcia y Martinez-Rivero, 2006). El desarrollo de la Ley, no obstante, ha introducido nuevos escenarios sobre los que analizar y cuestionar las intenciones reflejadas en su redaccion (Fuente de la, Y. y Sotomayor-Morales, 2015). Especialmente las relacionadas con el cuidado como responsabilidad compartida entre el Estado y la familia.

La LAAD establece la prioridad de los servicios frente a la Prestacion economica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales (en adelante PECEF). El propio desarrollo legislativo senala que ante un caso de una persona en situacion de dependencia se debe primar que esta reciba atencion profesional de un servicio (domiciliario, residencial o centro de dia) frente a una prestacion economica para que sea cuidado por un familiar. En el articulo 18 de la LAAD se senala explicitamente que las PECEF son asignaciones economicas para que un familiar cuide a otro familiar dependiente, pero que estan disenadas para casos excepcionales. Concretamente, se manifiesta que podria recibirse esa prestacion cuando en una zona geografica determinada no exista cobertura de servicios profesionales y sea necesaria la atencion al dependiente. Siempre y cuando el familiar cuidador pueda ejercer la actividad sin perjuicio para su bienestar y el de la persona dependiente. Sin embargo, en la implementacion de la norma se evidencia que la figura del cuidado familiar tiene un gran peso desde los inicios de la puesta en marcha de la LAAD (Escudero 2007; Martin-Cano y Ruiz-Seisdedos, 2010; MartinezBujan, 2014; Minguela-Recover y Camacho-Ballesta, 2015).

Las estadisticas proporcionadas por el Sistema para la Autonomia y Atencion a la Dependencia del Gobierno de Espana muestran que, a fecha de 31 de marzo de 2018, un 32,29% del total de las asignaciones a beneficiarios corresponden a prestaciones para cuidados en el entorno familiar, frente a un 16,91% que reciben ayuda a domicilio o un 13,24 que estan institucionalizados en Residencias. En el sistema publico espanol hay proporcionalmente casi las mismas personas en situacion de dependencia siendo cuidadas por familiares, en su amplia mayoria mujeres de mediana edad, que recibiendo atencion por el conjunto de servicios profesionales de Ayuda a domicilio, Residencias y centros de dia (37,79%). Incluso en distintos territorios geograficos los cuidados familiares superan a los servicios profesionales, como son la Region de Murcia, con un 53,74%, y la Comunidad Foral de Navarra que tiene 56,93% de personas dependientes valorados por el Sistema publico y cuidados por la familia (Sistema para la Autonomia y Atencion a la Dependencia, 2018).

Tras mas de diez anos de desarrollo de la LAAD, las PECEF superan en numero y proporcion a cualquier otro servicio o prestacion del Sistema publico. Una tendencia que se ha mantenido permanentemente durante el desarrollo de la LAAD (Asociacion de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, 2018). No obstante, los poderes publicos han ejecutado diversas actuaciones que han frenado el ritmo de crecimiento de las PECEF.

Una de las principales medidas que ralentiza la crecida de las PECEF se toma en julio de 2012 entre Comunidades Autonomas y el Gobierno Central. En el "Acuerdo del 10 de julio de 2012 del Consejo Territorial para la mejora del SAAD, publicado por la Resolucion de 13 de julio de 2012 de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad", se senala que;

Como medida para estimular la atencion a los dependientes mediante servicios profesionalizados, generadores de empleo y actividad economica, se considera oportuno que la distribucion de los creditos de los Presupuestos Generales del Estado a transferir a las Comunidades Autonomas para la financiacion de la atencion a la dependencia, incorpore de forma progresiva, una variable que pondere positivamente la prestacion de servicios frente a la prestacion economica por cuidados en el entorno familiar. La distribucion entre las Comunidades Autonomas del nivel minimo de proteccion, establecido en el articulo 9 de la Ley, se efectuara conforme al numero de beneficiarios del Sistema y la cuantia por grado de dependencia reconocida para cada uno de ellos, ponderando positivamente la prestacion de servicios respecto a la prestacion economica por cuidados en el entorno familiar, en la forma que se determine reglamentariamente (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012, p. 55667).

El propio Observatorio de Dependencia de la Asociacion estatal de Directoras y Gerentes, indica que la menor asignacion de PECEF "ha podido venir incentivada por un cambio en la gestion de las Comunidades Autonomas que van a resultar penalizadas en su financiacion si optan por no dar servicios debido a la modificacion en los criterios de distribucion de las aportaciones estatales (Nivel Minimo)" (Asociacion de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, 2015, p. 24).

El Consejo Territorial del SAAD establece asi una medida para incentivar economicamente a las Comunidades Autonomas que prioricen la asignacion de servicios profesionales frente a las PECEF. Ante el progresivo y excesivo peso que adquieren en los primeros anos de implantacion de la LAAD, el SAAD se ve obligado a intentar invertir el peso, asignando mas servicios profesionales que cuidados familiares. Es importante destacar que la implantacion del SAAD es gradual y la entrada al sistema comenzo por las personas valoradas con gran dependencia, que es el maximo nivel reconocido. Por tanto, la mayoria de personas en situacion de dependencia con necesidades de apoyo mas altas estarian siendo cuidadas por familiares.

Otra de las acciones mas significativas desarrolladas por el Gobierno espanol y que ha impactado de mayor manera en el ambito de los cuidados familiares es el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Esta norma contiene una serie de actuaciones que, frente a la situacion de crisis que atraviesa el estado espanol, pretenden conseguir un ahorro en el gasto publico. Segun indica el propio Real Decreto:

La situacion economica por la que atraviesa la economia espanola y la exigencia de cumplimiento de los objetivos de deficit publico, requieren la adopcion por el Gobierno de medidas urgentes de naturaleza economica que se traduzcan en ahorros inmediatos en el gasto de las administraciones publicas (Jefatura del Estado de Espana, 2012, p. 50435).

En este sentido, por un lado, se reducen las cuantias maximas de las prestaciones economicas para cuidados en el entorno familiar. Por otro, las cotizaciones de las cuidadoras/es familiares en la Seguridad Social pasan a ser voluntarias y a cargo exclusivamente del familiar que ejerce el cuidado. Estos hechos implican que un/a cuidador/a familiar de una persona dependiente reconocida con el maximo grado de dependencia y, por tanto, con una intensidad de ayuda continuada durante el dia para realizar las actividades basicas de la vida diaria, percibiria como maximo 442,59 euros si ha sido valorada antes del 1 de agosto de 2012, o 387,64 euros si el reconocimiento de dependencia es posterior. Ademas, si quiere cotizar a la Seguridad Social, que se consideraba obligatoria y ahora es voluntaria, tendria que abonar la/el cuidadora/or la cantidad correspondiente que antes pagaba el Estado.

Nos encontramos de esta manera, con unas politicas publicas que regulan como derecho subjetivo cuantias maximas en torno a los 400 euros para ejercer el cuidado de un familiar dependiente (2). Sabiendo ademas que esta actividad requiere de una intensidad de atencion de 24 horas al dia y 354 dias al ano. En este sentido es importante senalar que las PECEF no pueden complementarse con ningun otro servicio profesional publico. Por lo que la cuidadora familiar y la persona en situacion de dependencia no tienen ningun otro servicio de cuidado publico en el marco del Sistema de Autonomia y Atencion a la Dependencia. De otra parte, el Estado deja de abonar la cantidad correspondiente de la Seguridad Social. Las cotizaciones tienen caracter voluntario y deberan ser pagadas por la propia persona cuidadora. No estar dada de alta en la Seguridad Social para esa actividad de cuidado familiar no se contemplaria como una situacion irregular, pero no se estaria cotizando para la jubilacion, incapacidad permanente, y/o prestaciones de muerte y supervivencia derivadas de accidente o de enfermedad.

A pesar del avance de estas medidas de austeridad y recortes en la prestacion, como hemos mencionado con anterioridad, las cifras oficiales publicadas por el Gobierno de Espana senalan que la mayoria de personas en situacion de dependencia estan siendo atendidas por cuidadoras familiares. Lo que si han provocado estos recortes es una disminucion muy considerable de las mujeres y hombres que estan dados de alta en el Regimen Especial de cuidadores no profesionales. La cifra de cuidadores/ as familiares que han dejado de cotizar en la Seguridad Social desde la implantacion del Real Decreto-Ley 20/2012 se situa en torno un 94% (Asociacion de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, 2018).

Estos recortes conllevan una precarizacion en las condiciones en las que la unidad familiar ejerce el cuidado y un retroceso en el valor social de la atencion a las personas en situacion de dependencia. El Estado, bajo la apariencia de una prestacion publica, esta reduciendo su responsabilidad y transfiriendo a la familia la autogestion del cuidado, bajo peores condiciones y nuevas expresiones de desigualdad. Los cuidados familiares se utilizan como elemento de reajuste del sistema socioeconomico devolviendo la invisibilidad de este trabajo. Disminuye el peso del sector publico, dando por hecho que existe un trabajo familiar para realizar lo que debe ser responsabilidad publica y para sustituir la falta de servicios basicos (PerezOrozco, 2010). En este sentido, toman fuerza de nuevo los debates desde una perspectiva feminista sobre quien realiza el cuidado (mujeres) y quienes deberian asumirlo (cuestion de estado). Desde un punto de vista estructural se manifiesta que esta politica publica no contempla una mirada de genero puesto que no cuestionan elementos cruciales para el debate como la division sexual del trabajo remunerado, la redistribucion de tareas en el ambito privado o la necesidad de servicios publicos. Por el contrario, las medidas establecidas en la norma refuerzan los roles asignados por cuestion de genero propios del sistema patriarcal (Martin-Cano y Ruiz-Seisdedos, 2010).

5. Entre lo cultural hecho norma, la necesidad economica convertida en virtud y las desigualdades perpetuadas por derecho

A pesar de que la LAAD ofrece distintas alternativas de atencion, los cuidados familiares han sido, y siguen siendo, protagonistas. En las paginas anteriores hemos esbozado el proceso por el que las familias son proveedoras de servicios sociales legitimadas por la Ley. No obstante, en este analisis tambien conviene destacar ciertos factores socio-culturales que actuan tambien como mecanismos a la hora de atribuir el cuidado familiar. Cano-Lopez (2013) introduce estos analisis desde el deber moral en el que la mayoria de las mujeres han sido socializadas. Este sociologo senala que todavia juega un papel fundamental la construccion del valor de la buena hija, esposa o madre que se relaciona con el caracter cultural por el que se acaba asumiendo el cuidado cotidiano de un familiar:

Se trata de la reproduccion social de unas practicas incorporadas por las mujeres a traves de los esquemas simbolicos de caracter cultural que imperan en una sociedad neoliberal regida bajo un sistema patriarcal. Las mujeres de clases populares no solo cuidan en casa porque no tienen recursos para mercantilizar el cuidado, sino porque su reputacion esta en juego: la construccion de "el valor de buena hija (o esposa)" depende de la consumacion de la buena praxis en el cuidado cotidiano de su familiar: sus iguales juzgan, presionan y controlan -en la mayoria de las ocasiones inconscientemente, sin que exista una practica reflexiva detras-el trabajo de estas mujeres cuidadoras informales (Cano-Lopez, 2013, p. 8).

El modelo de afecto maternal, el amor de madre, es el referente normativo que se manifiesta como incondicional y se traduce en el deber de una entrega absoluta de la cuidadora familiar hacia la persona dependiente (Martin-Palomo, 2014). Artiaga-Leiras (2015) refleja como los afectos amorosos son centrales para explicar quien realiza los cuidados, justificando la entrega y el sacrificio personal.

Esta concepcion de los cuidados que favorece la exclusividad y la entrega personal sin limites en la relacion afectiva inhibe la logica de las responsabilidades sociales ante las situaciones de vulnerabilidad social, incluso en el caso de las personas que son conscientes de estas sujeciones (...). La consideracion de los cuidados como una relacion de amor, personal e intransferible, concibe los cuidados como un problema que ha de resolverse en el ambito privado del hogar y no tanto como un problema social y que, como tal, requiere una respuesta colectiva (Artiaga-Leiras, 2015, p. 326).

La LAAD ha institucionalizado ese deber cultural, transfiriendo a las familias la obligacion de dispensar los cuidados. Una actividad que aglutina apoyos fisicos, psicologicos, sociales y de recursos economicos que son necesarios para la atencion a la persona en situacion de dependencia (Martin-Palomo, 2013; Martinez-Bujan, 2014; Minguela-Recover y Camacho-Ballesta, 2015).

Las repercusiones del cuidado han sido abordadas desde el campo de las ciencias sociales a partir de las intensidades de apoyo (Duran-Heras, 2014). El cuidado puede implicar una dedicacion exclusiva, prolongandose durante un largo tiempo, provocando que la/el cuidador/a tenga la necesidad de tener que abandonar el trabajo laboral o reducir la jornada (Rogero-Garcia, 2010a). Las PECEF, al ser prestaciones que tienen por finalidad garantizar los apoyos que necesitan las personas en situacion de dependencia, implican una dedicacion total de la cuidadora para atender las actividades basicas de la vida diaria. Este hecho supone que el/la cuidador/a se organice en funcion del familiar dependiente. Esto es, adaptarse a sus horarios de rutinas, de comidas, de actividades, etc., por lo que el cuidado tiene que ejercerse casi durante todo el dia y, ademas, en otros espacios distintos a la vivienda. Perez-Orozco (2010) se refiere a este hecho como un "circulo vicioso" que existe entre ejercer el cuidado, la generacion de desigualdad y la exclusion. Esta autora senala que encargarse de los cuidados familiares impone serias limitaciones para la incorporacion al mercado laboral, o el mantenimiento de jornadas prolongadas de empleo, y, por tanto, menos capacidad economica para afrontar los costes de la atencion.

Es importante recordar que en los primeros anos de desarrollo de la LAAD las familias espanolas sufren importantes consecuencias debido a la crisis economica, especialmente por un elevado endeudamiento y una disminucion, o ausencia, de ingresos (Asociacion de Directoras Gerentes de Servicios Sociales, 2011; Llano, 2015; Zamora, 2014). Frente al debilitamiento de los servicios sociales (Garcia, et al., 2017), en la eleccion de la estrategia de cuidado adquieren gran importancia los calculos monetarios con el fin de buscar la maxima "rentabilidad". Martinez-Bujan (2014) indica que el cuidado familiar se postula como la opcion mas preferible para las familias, antes que un servicio profesional publico por el que no se recibe ninguna prestacion economica. Este hecho, desde un punto de vista de genero, puede convertir las PECEF en un mecanismo institucional que someta a muchas mujeres al ambito familiar, reforzando el modelo que la propia LAAD pretendia minimizar.

Los hogares espanoles ante la falta de ingresos economicos prefieren las PECEF como medida para paliar estas situaciones. Al tiempo que la Administracion favorece esta via, transfiriendose a las familias la obligacion de dispensar los cuidados fisicos, psicologicos, sociales y de recursos economicos necesarios para atender al familiar. Los ingresos economicos condicionan las oportunidades de poder externalizar la atencion mediante servicios publicos, pero tambien de mercantilizar el cuidado en un contexto en el que el Estado no asume una responsabilidad plena en la atencion a la poblacion dependiente. Las PECEF no solo encubren que la responsabilidad sigua recayendo en los hogares sino tambien que las personas en situacion de dependencia, que viven en unidades de convivencia con escasos recursos economicos, vean reducidas las oportunidades de satisfacer sus necesidades a traves de otros apoyos complementarios al cuidado familiar. En consecuencia, el reparto de trabajos y la calidad de vida del cuidador/a y del dependiente es extremadamente desigual (Perez-Orozco, 2014). Asi, la carencia de redes sociales y los apoyos en la co-gestion de las situaciones de dependencia marcan, tambien, los procesos de desigualdad/exclusion de cuidadoras y dependientes. Ante la dedicacion del cuidado, que incluye gran cantidad de tiempo que limita las posibilidades de construir y/o fortalecer la vida social y ante la ausencia de cambios significativos en las identidades masculinas (Colectivo loe, 2012), el cuidado sigue en manos de las mujeres. Las familias intentan desplegar diversas estrategias de conciliacion, que ni son suficientes para cubrir todas las necesidades de cuidados, ni son satisfactorias para poder tener la vida deseada y, en algunos casos, se basa en una posicion subordinada hacia quienes se delega el cuidado. Como senala Perez-Orozco (2014);
   Este agotarse en lo cotidiano se acompana de delegar gran parte del
   cuidado a otras mujeres: abuelas, a lo largo de un eje marcado por
   la edad, y empleadas de hogar, a lo largo de ejes marcados por la
   desigualdad de clase, etnia y pais que se habita y transita (p.
   214).


El genero continua teniendo un papel esencial en la reorganizacion del cuidado de la persona dependiente. Bien dentro del propio ambito familiar, delegando tareas a sobrinas, hijas, madres etc., o mediante la mercantilizacion del cuidado. En esta ultima opcion suelen ser las mujeres inmigrantes, en ocasiones en situacion administrativa irregular, las que se ocupan de la atencion a las personas dependientes mediante economia sumergida, sin contrato laboral, y con retribuciones economicas mas bajas que al ser contratadas por empresas (Robledo-Martin, Martin-Crespo, Pedraz-Marcos, Cabanas-Sanchez y Segond-Becerra, 2017).

6. Conclusiones

En este trabajo se desvelan aspectos significativos para comprender los modos de articular la politica social espanola en el ambito de la atencion a las situaciones de dependencia. Destacamos que la respuesta politica ante la crisis economica se basa en una socializacion de la deuda privada de grandes capitales (Perez-Orozco, 2014), provocando recortes sociales que afectan directamente al conjunto de la poblacion y, como hemos visto, de manera particular a las familias/mujeres cuidadoras. Esta disminucion de la inversion en servicios sociales no solo enfatiza la autogestion de los problemas sociales, sino que plantea una cuestion central relacionada con la equidad. Esto es, la transferencia de la responsabilidad de cuidar del Estado a la familia. El Estado de Bienestar espanol no ha garantizado una politica social que construya alternativas a las desigualdades de genero. Por el contrario, la LAAD (re)produce un modelo que fuerza a las mujeres a asumir roles tradicionales y, severamente, discriminatorios.

A partir de la implementacion de la LAAD, se reestructura una politica tradicional familista que emerge en un nuevo contexto de crisis economica. Las familias adquieren una nueva obligacion legal de responsabilizarse y ejercer el cuidado de las personas dependientes. Para algunas familias las PECEF pueden verse como un ingreso economico en momentos de dificultad, pero conlleva de forma encadenada una precarizacion en las formas de ejercer el cuidado y una reproduccion de las desigualdades de genero.

Este nuevo Sistema publico de atencion a la dependencia institucionaliza las discriminaciones de genero. Se ha creado un modelo que perpetua la division sexual del trabajo (ambito privado y publico) y refuerza los estereotipos asignados a los generos. Ademas, el espacio privado ocupado por las mujeres cuidadoras, y otorgado por los poderes publicos, es un espacio sumamente precario. Las condiciones en las que el Estado favorece el cuidado familiar se basan en una vulneracion sistematica de derechos. La cotizacion voluntaria a la Seguridad Social, y que debe pagar la propia cuidadora, las escasas retribuciones economicas por ejercer el cuidado y la inexistente posibilidad de apoyo publico complementario conforman un modelo social que se cimienta sobre la invisibilizacion, la precarizacion y la vulneracion de los derechos de las mujeres cuidadoras familiares.

Creemos necesario introducir estos elementos de genero en el analisis de las politicas de atencion a las personas en situacion de dependencia. El reto que nos ocupa no es solo dar cobertura a una poblacion mundial mas envejecida sino replantearse el modelo social con el que se quiere abordar. Tenemos la responsabilidad de asumir los cuidados como una cuestion de Estado. Un desafio que nos obliga a avanzar hacia un modelo publico de provision social que sea justo y equitativo tambien en el ambito de la igualdad de genero.

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Jesus Muyor-Rodriguez *

* Doctor por la Universidad de Jaen (Espana), a traves del programa de doctorado en Ciencias Sociales y Juridicas. Trabajador Social. Master Oficial en "Dependencia e Igualdad en la Autonomia Personal" y Master Oficial en "Gerontologia Social: Longevidad, Salud y Calidad", con la especializacion en "Politicas y Direccion Gerontologica", por la Universidad de Jaen (Espana). Profesor del Area de Trabajo Social y Servicios Sociales en la Universidad de Cadiz (Espana). Correo electronico: jesus.muyor@uca.es.

Universidad del Valle. Recibido: 02/05/2018 Aprobado: 23/10/2018

ISSN: 0122-1213 ISSN-e: 2389-993X Doi: 10.25100/prts.v0i27.6474

(1) Este articulo es resultado de la investigacion Problematizar la diversidad funcional: sobre la (de)construccion de la dependencia y el accionar del Trabajo Social. Del contexto local a la mirada global, realizada en el Doctorado en Sociales y Juridicas de la Universidad de Jaen-Espana (2012-2016).

(2) El salario medio en Espana es de 1.639 euros mensuales (Adecco, 2018) y el salario minimo interprofesional es de 735,90 euros al mes (14 mensualidades) (Real Decreto 1077/2017 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social).
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Author:Muyor-Rodriguez, Jesus
Publication:Prospectiva
Date:Jan 1, 2019
Words:8696
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