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El codigo penitenciario y el tratamiento del trabajo.

The prison code and treatment of labor

Introduccion

Mucho se ha hablado de la vida de los condenados a pena privativa de la libertad en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Colombia. Cuando leemos noticias y nos damos cuenta que funcionarios del cuerpo de custodia del INPEC han sido condenados por cobrarles a las personas privadas de la libertad para que puedan acceder a puestos de trabajo, estudio y ensenanza. Aunque estas actividades hacen parte del tratamiento penitenciario como parte del objetivo de resocializacion, existen ya condenas a funcionarios del cuerpo de custodia del INPEC, por el cobro de dineros a personas privadas de la libertad para poder acceder a un puesto de trabajo, estudio y ensenanza para comenzar a redimir pena. Programas de educacion en donde se abona un dia de reclusion por dos de estudio, y se entendera por un dia cada 6 horas de estudio, tenian los costos mas bajos, los programas de trabajo en donde se "abonara un dia de reclusion por dos dias de trabajo", existian los costos mayores.

El tratamiento penitenciario no es un curso del que se aprueba o se reprueba, pues aun despues de recorrer por ultima vez la rampla, mirar hacia atras y ver las caras desconocidas del patio 1, la despedida de los que apenas ingresaban, mirar a cada uno de los dragoneantes que antes cerraban rejas, abrirlas, ver como se abria el porton azul, pero la pena no termina ahi porque el logo de pospenado lo seguira toda la vida, incluso al momento de conseguir trabajo, pues entre los documentos que se exigen para ingresar a trabajar estan el certificado de la policia de antecedentes judiciales y el certificado de la Procuraduria.

De la misma manera, la etiqueta de pospenado sigue portandose anos despues, cuando las entrevistas de trabajo se convierten en novelas de ficcion al responder sobre el lapso de anos sin estudiar y sin trabajar que aparece en la hoja de vida. No obstante, todo vuelve a la realidad cuando entregan el listado de documentos para presentar y firmar contrato, despues de pasar por 2 o 3 entrevistas, 3 pruebas psicotecnicas, el ultimo filtro para ingresar a una empresa privada se presenta cuando solicitan los documentos para firmar contrato, fotocopias de la cedula, fotocopia de la libreta militar, certificado de afiliacion a salud, fondo de pensiones y de riesgos laborales. De la misma manera, la firma de autorizaciones que no tienen sentido, para que la empresa pueda acceder a consultar el estado financiero o calificaciones financieras; se dice sin sentido, porque la empresa ya lo ha hecho al momento de llamarlos a solicitarla.

Sin embargo, causa asombro la exigencia del documento en el que se indica, bajo la gravedad de juramento que no se ha estado vinculado a ningun proceso penal, ni ha sido condenado penalmente. Solo hay que imaginarse a un persona pospenada, que despues de algunos anos sin conseguir trabajo y a quien el fin resocializador del tratamiento penitenciario le enseno, que todo tiene un costo, por lo que queda muy facil firmar y si es necesario volver a firmar otro documentos de estos y para dejar constancia pedir una biblia, para hacerlo de manera oral. Sin embargo, el ultimo filtro ocurre cuando dentro de los documentos para ingresar a una empresa privada, se solicita antecedentes judiciales, antecedentes disciplinarios (certificado de procuraduria) y el certificado de contraloria. Terminando de comprender que, la resocializacion deberia tener su lugar en un desfile de mitos y leyendas.

De igual manera, la lectura del Tambor de Hojalata o la lectura del libro Historia de la Tortura de Lewis Lyons, los que hicieron descubrir desde miradas diferentes, que la venganza, el castigo, las penas, sobreviven con la naturaleza humana. Sin embargo, no hay grandes pretensiones con este texto, pues en ningun momento se va tratar los problemas del proceso penal, no se hablara de culpables o inocentes, ni siquiera interesaran los delitos. Este es un intento de establecer los limites del Derecho Fundamental al Trabajo dentro de un Establecimiento Penitenciario y Carcelario.

No se pretendera cambiar la manera de pensar de quienes lean este escrito, sobre la prision, ni se buscara que se vayan en contra de esta institucion, no son las prisiones las del problema, es la manera como se pretenden justificar, disimulando y ocultando problemas sociales evidentes. Es importante tener en cuenta que toda sancion penal y en especial la pena privativa de la libertad, implica la aplicacion de un juicio de reproche. Por lo tanto, "tratar al infractor como una persona que ha realizado un dano (wrongdoer) es central para la idea de castigo", por lo que a quien se le realiza dicho juicio, se le limitaran y vulneraran, legalmente, sus derechos.

Lo que dirige este escrito, tiene que ver con las faltas de garantias plenamente establecidas para quienes se encuentran condenados a la pena privativa de la libertad y el trabajo que ejercen dentro del Establecimiento Penitenciario y Carcelario, no la pena en si, es decir, el reconocimiento que existe colision entre principios constitucionales cuando no se aplican los derechos laborales a los condenados y un conflicto entre reglas del mismo nivel. No es pensar en la prision como instrumento con el que se cambia a un individuo, lo que realmente interesa es describir y llegar a comprender, si existe, como se resuelve, la colision de los principios que desarrollan el derecho fundamental al trabajo.

El trabajo es uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho, se encuentra establecido desde el Preambulo de nuestra Constitucion Politica de 1991, como fundamento de la Republica de Colombia. Como Derecho Fundamental, nuestra Constitucion Politica lo establece en el articulo 25, como un derecho y una obligacion social. Por otro lado, existe una prohibicion de orden constitucional en el articulo 17, la cual establece que "Se prohiben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas". En esta medida, dentro del territorio del colombiano, no puede existir la esclavitud y que todas las formas de trabajo deberan estar acordes a la Constitucion y al Estado Social de Derecho en el que se constituyo la Republica de Colombia.

Se hara un esfuerzo para la busqueda de conceptos sobre las funciones de la pena y los derechos fundamentales que han sido desarrollados por la Corte Constitucional, ademas sobre lo que se ha tratado en el Congreso de la Republica, para conocer que establece el organo legislativo sobre el cumplimiento de las garantias constitucionales del Trabajo, como Derecho Fundamental, descubrir que ha dicho la Doctrina y la Jurisprudencia en Colombia sobre el Derecho Fundamental al Trabajo de las personas condenadas con pena privativa de la libertad.

Las personas privadas de la libertad que se encuentran condenadas y entran en los programas de redencion de penas, no tienen ninguna relacion laboral vigente, ni con el Establecimiento Penitenciario, ni con el encargado del puesto de trabajo, por lo que se presenta una vulneracion de uno de los principios basicos del Derecho Laboral: la realidad de las formas.

De igual manera, la importancia del Derecho Laboral radica en que "las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden publico y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley". El origen de esta disposicion se plantea desde la Constitucion Politica de Colombia de 1991, en donde se expresaron las bases del Estado Social de Derecho, el Derecho Fundamental al Trabajo, como derecho y como obligacion.

Para este escrito resulta importante disponer de la interpretacion que le ha dado la Corte Constitucional a lo que se entiende por "actividad humana libre", al establecer que muy posiblemente no hay puntos de comparacion con las actividades que realizan las personas que se encuentran condenadas a penas privativas de la libertad y realizando actividades humanas, material, transitoria, conscientemente al servicio de la institucion penitenciaria y carcelaria. Teniendo en cuenta que indicar que no existe una regulacion expresa sobre el trabajo penitenciario y que la Ley 65 de 1993, solo establece algunos parametros difusos y muy amplios sobre los derechos de los condenados a pena privativa de la libertad que realicen trabajos para redencion de la condena. Y aunque el trabajo es un derecho, tambien es una obligacion, planteada desde nuestra Constitucion y establecida legalmente como una obligacion social en el articulo 7 del Codigo Sustantivo del Trabajo.

Este trabajo se desarrollo bajo la vigencia de la Ley 65 de 1993, con la que la realidad de la situacion juridica de los condenados que trabajan en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del pais se ve enmarcada por la falta de interes por regularla, en la medida que aunque podrian existir elementos que hagan que se distinga una real relacion laboral entre los condenados y el Establecimiento, no se le han brindado mecanismos con los que puedan ejercerse sus posibles garantias y derechos a los que tendrian lugar si se estableciera la existencia del vinculo laboral, entre otras, derecho al ingreso al sistema de seguridad social integral, partiendo de la idea que aunque en principio se les garantiza el derecho a la Salud, si se confirma el vinculo laboral el origen seria este y tendrian derecho a Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, elementos que nunca han sido tenido en cuenta por el Estado, cuando se intenta desarrollar el fin de la resocializacion de las Penas, y en principio, se podria decir que existe un falacia al establecer el trabajo como "obligatorio para los condenados como medio terapeutico adecuado a los fines de la resocializacion." (Ley 65 de 1993)

El problema no es lo que se pueda entender por resocializacion o fines de la pena, el problema radica en lo que se entiende por trabajo, por derecho al trabajo, por derecho fundamental al trabajo y por trabajo penitenciario. La libertad en el trabajo, no limita la libertad de realizar la actividad. La pena privativa de la libertad, no es privativa de la libertad de decidir si redime o no redime penas. Solo limita algunos derechos entre ellos la libertad de locomocion y de otros derechos que no son el objeto de este escrito.

Hay que tener en cuenta que, al 31 de enero de 2014 (1), la poblacion de personas privadas de la libertad de los Establecimientos del pais era de ciento veinte mil seiscientos veintitres (120.623), de los cuales segun las cifras del INPEC, ochenta y dos mil ochocientos sesenta y ocho (82.868) son condenados. Encontrando que solo treinta y ocho mil doscientos diez y ocho (38.218) internos condenados estan realizando actividades de trabajo, como medio terapeutico para resocializarse y cuarenta y tres mil novecientos cuarenta y siete (43.947) personas en actividades de estudio y ensenanza. Cifras que cuestiona la obligatoriedad del trabajo como medio terapeutico para resocializar y cumplir uno de los fines de la pena.

El codigo penitenciario y el tratamiento del trabajo

Es de aclarar que al momento de comenzar a escribir este trabajo, cursa en el Senado de la Republica el Proyecto de Ley 201 de 2013, que fue de iniciativa del Ejecutivo, por medio del cual se expide Codigo Penitenciario y Carcelario, solo se abarcara este trabajo desde lo contemplado en el Codigo Penitenciario y Carcelario, Ley 65 de 1993, que esta vigente. Sin embargo, se hara una resena de lo que en el proyecto de Ley 201 de 2013 hace referencia. (2)

La Ley 65 del diez y nueve (19) de agosto de mil novecientos noventa y tres (1993), establece once principios rectores legalidad; igualdad; penas y medidas de seguridad; respeto a la dignidad humana; penas proscritas {prohibiciones); motivos de la privacion de la libertad; legalizacion de la captura y detencion; funciones y finalidad de la pena y las medidas de seguridad; finalidad del tratamiento penitenciario; finalidad de la detencion preventiva; y sistema progresivo; algunos de estos, mas que principios, podran entenderse como definiciones a los conceptos que se establecen para una mayor comprension del Codigo, sin embargo se indicaran algunos de los principios basicos:

Legalidad. Indica el articulo 2 que,

Toda persona es libre. Nadie puede ser sometido a prision o arresto, ni detenido sino en virtud de mandamiento escrito proferido por autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

Igualdad. El articulo 3 de la misma Ley establece que,

Se prohibe toda forma de discriminacion por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religion, opinion politica o filosofica. Lo anterior no obsta para que se puedan establecer distinciones razonables por motivos de seguridad, de resocializacion y para el cumplimiento de la sentencia y de la politica penitenciaria y carcelaria.

Respeto a la dignidad humana. Curiosamente toda nuestra legislacion establece a este como un principio y al mismo tiempo como un Derecho Fundamental, en el articulo 5 de la Ley 65 de 1993 se reglamenta asi,

En los establecimientos de reclusion prevalecera el respeto a la dignidad humana, a las garantias constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohibe toda forma de violencia siquica, fisica o moral.

Ahora bien, la de Ley 1709 de 2014, se establecen muchos mas principios rectores del que seria el nuevo Codigo Penitenciario y Carcelario, los cuales seran transcritos,

Articulo 40. Modificase el articulo 5 de la Ley 65 de 1993 el cual quedara asi:

Articulo 50. Respeto a la dignidad humana. En los establecimientos de reclusion prevalecera el respeto a la dignidad humana, a las garantias constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente reconocidos. Se prohibe toda forma de violencia siquica, fisica o moral.

Las restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estaran limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los objetivos legitimos para los que se han impuesto.

Lo carencia de recursos no podra justificar que las condiciones de reclusion vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

Articulo 10. Modificase el articulo 2 de la Ley 65 de 1993, el cual quedara asi:

Articulo 20. Legalidad. Toda persona es libre. Nadie puede ser sometido a prision o arresto, ni detenido sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

Nadie podra ser sometido a pena, medida de seguridad, ni a un regimen de ejecucion que no este previsto en la ley vigente.

La detencion preventiva de las personas que estan siendo investigadas o juzgadas es excepcional.

Articulo 7. Libertad de conciencia, pensamiento y culto. Se garantiza la libertad de conciencia, pensamiento y de culto, la cual estara limitada unicamente por razones de seguridad, convivencia o salubridad. Ningun interno o vigilado sera molestado por razon de sus creencias o convicciones ni sera obligado a divulgarlas.

Articulo 65. Modificase el articulo 104 de la Ley 65 de 1993, el cual quedara asi:

Articulo 104. Acceso a la salud. Las personas privadas de la libertad tendran acceso a todos los servicios del sistema general de salud de conformidad con lo establecido en la ley sin discriminacion por su condicion juridica. Se garantizaran la prevencion, diagnostico temprano y tratamiento adecuado de todas las patologias fisicos o mentales. Cualquier tratamiento medico, quirurgico o psiquiatrico que se determine como necesario para el cumplimiento de este fin sera aplicado sin necesidad de resolucion judicial que lo ordene. En todo caso el tratamiento medico o la intervencion quirurgica deberan realizarse garantizando el respeto a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad.

En todos los centros de reclusion se garantizara la existencia de una Unidad de Atencion Primaria y de Atencion Inicial de Urgencias en Salud Penitenciaria y Carcelaria.

Se garantizara el tratamiento medico a la poblacion en condicion de discapacidad que observe el derecho a la rehabilitacion requerida, atendiendo un enfoque diferencial de acuerdo a la necesidad especifica. (Ley 1709 de 2014)

La gran cantidad de principios que suponen van a regir, a partir de la expedicion del nuevo Codigo Penitenciario y Carcelario, son reflejo de un sistema legislativo que se ve empanado por lo politico, plasmando en papel elementos esenciales que ya existian de acuerdo a los desarrollos jurisprudenciales, a partir de la Constitucion de 1991. No hay que olvidar que en la exposicion de motivos del proyecto de Ley presentado por el ejecutivo, se indicaba que seria el nuevo Codigo, un "estatuto de derechos y libertades de los internos."

Los argumentos que se exponen cuando se presenta el proyecto del nuevo Codigo Penitenciario y Carcelario, van encaminados a la busqueda de una reforma formal del sistema penitenciario. Sin embargo, la problematica que la poblacion penitenciaria y carcelaria se mantiene al violarsele constantemente derechos fundamentales, que no se acaban con la expedicion de un nuevo Codigo, pues aunque se exponga una coherencia y falta de coordinacion con las demas areas del derecho, no son solamente problemas de norma, sino que es necesaria una reforma real al sistema penal y al sistema penitenciario y carcelario, coordinada y pensando en una organizacion politica que requiere una politica criminal, reforzada en los principios del Estado Social de Derecho y no en politicas que son dirigidas por los medios que ejercen poder entre la sociedad, para distraer de los verdaderos problemas de hacinamiento, de derechos humanos, en entender y comprender, sin distracciones los fines de la prision.

Las prisiones se crearon en un momento como centros de reclusion temporales durante el juicio hasta el momento de la lectura de la condena, sin embargo, hoy, es la prision el eje central de la pena, al ser en donde se recluye al condenado a penas privativas de la libertad. Se entiende por penitenciarias como los "establecimientos destinados a la reclusion de condenados y en las cuales se ejecuta la pena de prision" (Ley 65 de 1993). Mientras las carceles son establecimientos dirigidos a la reclusion de personas en detencion preventiva y contravenciones que impliquen privacion de la libertad, tal como lo indica el articulo 21 del Codigo Penitenciario y Carcelario.

La Ley 65 de 1993, establece que el trabajo no tendra caracter aflictivo, ademas de no podra ser aplicado como sancion (Cfr: articulo 76 de la Ley 65 de 1993). En Colombia se prohibe el trabajo forzoso, ratificando el convenio sobre prohibicion del trabajo forzoso, sin embargo se excepciona el trabajo realizado dentro de los centros penitenciarios y carcelarios.

Finalidad del trabajo en los establecimientos penitenciarios y carcelarios

Es finalidad del tratamiento penitenciario esta delimitada en el articulo 10 del Codigo Penitenciario y Carcelario, Ley 65 del 19 de agosto de 1993, que indica, "El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocializacion del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a traves de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formacion espiritual, la cultura, el deporte y la recreacion, bajo un espiritu humano y solidario" (Ley 65 de 1993).

Ahora bien, el trabajo que se realiza dentro de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios debe ir acorde con este fin del tratamiento penitenciario. En el articulo 10 del actual Codigo Penitenciario y Carcelario, nos indica como el trabajo es uno de los medios por los que debe buscarse la resocializacion del infractor penal. La formalidad con que se desarrolla el trabajo penitenciario "supone que, en su oferta e instrumentacion, pueden participar empresas privadas que ofrezca empleos con observancia a la ley laboral, o la misma autoridad penitenciaria ofrezca directamente los empleos, con igual base legal" (Hernandez, 2011, p. 25).

La Corte Constitucional ha indicado que la pena "tiene en nuestro sistema juridico un fin preventivo, que se cumple basicamente en el momento del establecimiento legislativo de la sancion, la cual se presenta como la amenaza de un mal ante la violacion de las prohibiciones; un fin retributivo, que se manifiesta en el momento de la imposicion judicial de la pena, y un fin resocializador que orienta la ejecucion de la misma, de conformidad con los principios humanistas y las normas de derecho internacional adoptadas." (Corte Constitucional, Sentencia C- 806 de 2002)

Se considera que entre los fines de la pena, se encuentra el de la prevencion especial positiva, es la resocializacion del individuo, teniendo en cuenta su autonomia y su dignidad.

De igual forma, la Corte Constitucional teniendo en cuenta elementos de politica criminal, desarrolla los fines de la pena y los entrelaza con las finalidades de los centros de reclusion, Identifica una de las finalidades de los centros de reclusion, como lo es el proceso de reamoldamiento del recluso a las condiciones de la vida social.

Definen el papel y las funciones de los instrumentos del derecho penitenciario y carcelario "En la politica criminal los centros de reclusion juegan un papel de significativa trascendencia: no se trata de meras edificaciones que empleando medidas de seguridad mas o menos rigurosas, confinan en su interior a quienes han delinquido con el unico interes de castigarlos privandolos de la libertad. No se trata simplemente de una expiacion, sino de un proceso de reamoldamiento del recluso a las condiciones de la vida social, esto es, a un ambiente en el que se respeten los derechos de los demas y en el que se contribuya a la comunidad en la medida de las inclinaciones, los gustos, las oportunidades y los talentos de cada cual." (Corte Constitucional, Sentencia C--184 de 1998).

Establecen criterios de mitigacion y humanizacion de la sancion punitiva, mediante el establecimiento de subrogados penales. "En el marco del Estado social de derecho la pena, como instrumento adecuado para servir a los fines de prevencion, retribucion y resocializacion, debe ser necesaria, util y proporcionada; esto significa que si los mismos fines pueden lograrse por otros medios sancionatorios, debe preferirse el menos severo (pues el mas restrictivo dejaria de ser necesario y util), en aras de garantizar la dignidad del condenado." (Corte Constitucional, Sentencia C --679 de 1998)

Como se ha dicho, la finalidad del tratamiento penitenciario es la resocializacion, fin que es perseguido, entre otros, a partir del estudio, el trabajo, la formacion espiritual, el deporte y la cultura. El articulo 79 del Codigo Penitenciario y Carcelario, indica que es obligatorio para los condenados el trabajo, ya que es un medio para buscar el fin de la resocializacion. No obstante, a los detenidos preventivos que han sido privados de la libertad en cumplimiento de la medida de aseguramiento de detencion preventiva, esta obligacion del Codigo no les es aplicable, pues solo tendria razon, en la medida que existiera una condena. Sin embargo, los detenidos preventivos, con autorizacion del director del centro penitenciario y carcelario, podran trabajar, estudiar o participar en las actividades de trabajo, estudio y ensenanza, permitiendoseles mejorar sus condiciones de vida, sus habilidades y destrezas. Sin olvidar, que su tiempo de trabajo y/o estudio se puede computar, si resultan condenados, para poder redimir la pena.

La obligatoriedad del trabajo, como se habia indicado se establece desde el articulo 79 del Codigo Penitenciario y Carcelario, Ley 65 de 1993:

Articulo 79. Obligatoriedad del trabajo. El trabajo en los establecimientos de reclusion es obligatorio para los condenados como medio terapeutico adecuado a los fines de la resocializacion. No tendra caracter aflictivo ni podra ser aplicado como sancion disciplinaria. Se organizara atendiendo las aptitudes y capacidades de los internos, permitiendoles dentro de lo posible escoger entre las diferentes opciones existentes en el centro de reclusion. Debe estar previamente reglamentado por la Direccion General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Sus productos seran comercializados. (Ley 65 de 1993)

El anterior articulo fue modificado por el articulo 55 de la Ley 1709 de 2014, quedando de la siguiente manera,

Articulo 55. Modificase el articulo 79 de la Ley 65 de 1993, el cual quedara asi:

Articulo 79. Trabajo penitenciario. El trabajo es un derecho y una obligacion social y goza en todas sus modalidades de la proteccion especial del Estado. Todas las personas privadas de la libertad tienen derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. En los establecimientos de reclusion es un medio terapeutico adecuado a los fines de la resocializacion. Los procesados tendran derecho a trabajar y a desarrollar actividades productivas. No tendra caracter aflictivo ni podra ser aplicado como sancion disciplinaria. Se organizara atendiendo las aptitudes y capacidades de los internos, permitiendoles dentro de lo posible escoger entre las diferentes opciones existentes en el centro de reclusion. Debe estar previamente reglamentado por la Direccion General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Sus productos seran comercializados.

Las actividades laborales desarrolladas por las personas privadas de la libertad estaran intimamente coordinadas con las politicas que el Ministerio del Trabajo adoptara sobre la materia, las cuales fomentaran la participacion y cooperacion de la sociedad civil y de la empresa privada, a traves de convenios, tanto dentro como fuera de los establecimientos.

Se dispondran programas de trabajo y actividades productivas tan suficientes como se pueda para cubrir a todas las personas privadas de la libertad que deseen realizarlos. Dichos programas estaran orientados a que la persona privada de la libertad tenga herramientas suficientes para aprovechar las oportunidades despues de salir de la prision. Se buscara, hasta donde sea posible, que las personas privadas de la libertad puedan escoger el tipo de trabajo que deseen realizar.

Se dispondran programas de trabajo y actividades productivas que atiendan la perspectiva de enfoque diferencial y necesidades especificas para la poblacion en condicion de discapacidad privadas de la libertad, promoviendo la generacion e implementacion de ajustes razonables como la eliminacion de las barreras fisicas y actitudinales.

Paragrafo. El Ministerio del Trabajo expedira, durante el ano siguiente a la vigencia de la presente ley, la reglamentacion sobre las especiales condiciones de trabajo de las personas privadas de la libertad, su regimen de remuneracion, las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional y las demas que tiendan a la garantia de sus derechos. (Ley 1709 de 2014)

Entre las modificaciones que trae la Ley 1709 de 2014 esta que, reconoce (por fin) que el trabajo penitenciario, como una modalidad de trabajo en libertad, como un derecho y una obligacion social, por lo que goza con proteccion especial del Estado. Reconoce, como nucleo esencial del trabajo penitenciario, las condiciones dignas y justas. De igual manera, indica que es el Ministerio de Trabajo quien coordinara las actividades con politicas sobre la materia.

Especial es el paragrafo del articulo 55 de la Ley 1709 de 2014, al generar mayores expectativas en torno a la orden del legislador al indicar que "la reglamentacion sobre las especiales condiciones de trabajo de las personas privadas de la libertad, su regimen de remuneracion, las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional y las demas que tiendan a la garantia de sus derechos".

Se establece en el articulo 56, un elemento nuevo, tal como la no exclusion del trabajo material y el trabajo intelectual, dandole igualdad.

Dentro de todo el articulado se hace mencion a las normas de seguridad industrial, elemento que la anterior legislacion (ley 65 de 1993) no traia. De igual manera, se reconoce por parte del Estado que existia un vacio legal al no afiliar al individuo privado de la libertad al sistema de seguridad social, Sistema General de Riesgos Laborales y de Proteccion a la Vejez (articulo 57 Ley 1709 de 2014); y aunque no se ha reglamentado su desarrollo, es otro avance que genera gran expectativa.

El Estado colombiano, ha ratificado en diferentes pactos y tratados de orden internacional, por lo que hay que tener en cuenta que las normas nacionales tienen concordancia a lo dispuesto en:

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos (3), que en su articulo 10.3 establece: "El regimen penitenciario consistira en un tratamiento cuya finalidad esencial sera la reforma y readaptacion social de los penados". Lo anterior, por cuanto el trabajo debe contribuir a potenciar las cualidades de los internos y prepararlos para su vida en libertad. (Corte Constitucional, Sentencia C--865 de 2012)

De igual manera, no seran obligados al trabajo dentro de las prisiones, "los mayores de 60 anos, las mujeres durante los tres meses anteriores al parto y el mes siguiente, asi como los que padezcan una enfermedad que los inhabilite para ello." (Corte Constitucional, Sentencia C-865 de 2012).

Resocializacion

Es la organizacion politica que establece la Constitucion Politica de Colombia, alrededor del Estado Social de Derecho, la que filosoficamente y por su naturaleza, establece que las penas no son solamente, la retribucion por la infraccion a una norma, de igual manera, no puede ser la aplicacion de la pena privativa de la libertad, como un simple elemento para alejar al condenado de la sociedad. En la medida que las funciones de la pena que establece la Ley 599 de 2000, actual Codigo Penal Colombiano en su articulo 4 establece que son "de prevencion general, retribucion justa, prevencion especial, reinsercion social y proteccion al condenado" (Ley 599 de 2000). De esta manera, el estado colombiano, establece la existencia de elementos que humanizaran la pena y que al momento de la ejecucion de la misma, se desarrollaran las funciones de prevencion especial y de reinsercion social.

Asi, en ejecucion de la pena privativa de la libertad, el Estado debe garantizar el cumplimiento de la funcion de reinsercion social, por lo cual en el Codigo Penitenciario y Carcelario, se establece que la finalidad del tratamiento penitenciario debe buscar la resocializacion del infractor para su regreso a la libertad, para lo cual entre otros, se garantiza el derecho al trabajo.

De una lectura de la legislacion y de las politicas penitenciarias, se encuentra que la base de la resocializacion se encuentra en la garantia de los Derechos Humanos, la asistencia social y el tratamiento penitenciario, por lo que el Trabajo como medio para alcanzar la finalidad de resocializacion en teoria se alcanzaria si se logran los anteriores.

Ademas la Corte Constitucional reconoce y establece que el Trabajo Penitenciario cumple dos dimensiones: "de una parte, (i) las importantes finalidades que cumple en orden a la resocializacion del recluso, y de otra, (ii) la evidente vinculacion de este derecho especifico con la libertad personal en la medida que dada su potencialidad redentora, promueve, propicia y acerca la esperanza de libertad" (Corte Constitucional, Sentencia T--1303 de 2005). Por lo tanto la pena "tiene un caracter resocializador que debe aplicarse de modo civilizado, conforme al Derecho, sin que el Estado -que tiene la funcion de administrar justicia- abuse de sus atribuciones ni se iguale al delincuente." (Corte Constitucional, Sentencia T- 718 de 1999)

La base del tratamiento penitenciario esta alrededor de la resocializacion, ya se ha entendido plenamente que desde la Constitucion Politica, el Estado Social de Derecho en el que se configura Colombia, busca fines comunes y desarrollos de cada individuo con respeto a la dignidad y demas principios fundantes.

Aun cuando, el Codigo Penitenciario y Carcelario establece la resocializacion como finalidad del tratamiento penitenciario, el Estado colombiano no reconoce que el tratamiento penitenciario cumpla con este, en la medida que no regula y protege al pospenado.

Las teorias de reinsercion social y resocializacion, se quedan en letras muertas, cuando se intenta describir un sistema penal como el colombiano y cuando se conoce el interior de los Establecimientos penitenciarios y carcelarios, en donde el llamado tratamiento penitenciario se limita a intentar ubicar a 6.168 internos (4) en planes de trabajo, estudio y ensenanza, para mantenerlos ocupados, pero no existen elementos desarrollados, para reeducar o por lo menos mostrarles diferentes opciones de vida a los condenados. Las prisiones y carceles colombianas no son mas que centros en donde florecen valores desconocidos para algunos de los condenados a penas privativas de la libertad, la ley del mas fuerte y de quien tiene poder podra sobrevivir. Las condiciones infrahumanas de las carceles, tampoco son nicho de desarrollo de nuevos y mejores seres humanos, ya que la vulneracion de derechos humanos, solo puede ser perceptible desde adentro, de un patio de establecimientos penitenciarios y carcelarios, como en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellin, llamado popularmente como Bellavista.

En el articulo 102 de la Ley 1709 del 20 de enero de 2014, se establece un termino para que se elabore un "programa de resocializacion y reintegracion social que debera implementar se y ejecutarse en todos los establecimientos carcelarios y penitenciarios del pais. Dicho programa incluira componentes de bienestar social del interno, educacion, deporte y cultura, emprenderismo y trabajo con enfoque diferencial" (Ley 1709 de 2014). Se le da este mandato al Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Ministerio de Educacion Nacional, el Ministerio de Salud y de la Proteccion Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura, el SENA y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

La calidad de vida de las personas privadas de la libertad se ve vulnerada, por el hacinamiento, las falta de garantias de cumplimiento de derechos como la salud, la vida digna, etc. La marginalidad del condenado, se ve maximizada dentro de los establecimientos penitenciarios, en donde el dinero compra comodidades, en donde quienes tienen acceso a camarotes son muy pocos, pues, el comun de los presos, se van a ver marginados a dormir en los pasillos o en los banos. El acceso a una habitacion, a un puesto de trabajo o estudio, se podria alcanzar mas facil con dinero.

Redencion

Se indica en el articulo 79 de la Ley 65 de 1993 el trabajo es obligatorio y se establece un elemento adicional en el articulo 82 del mismo estatuto. Hay que tener en cuenta que la Ley 1709 de 2014, no modifico este ultimo articulo, por lo que sigue vigente. Este elemento es considerado como un estimulo para que el condenado, al concedersele Redencion de la Pena por el trabajo. La cual se establece asi

Articulo 82. Redencion de la pena por trabajo. El juez de ejecucion de penas y medidas de seguridad concedera la redencion de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.

A los detenidos y a los condenados se les abonara un dia de reclusion por dos dias de trabajo. Para estos efectos no se podran computar mas de ocho horas diarias de trabajo. (...)

De esta manera, ademas de pretender por este medio cumplir con la finalidad del tratamiento penitenciario, se logra que no se haga mas penosa la ejecucion de la pena privativa de la libertad en Establecimiento Penitenciario y Carcelario, pues podra durar menos tiempo recluido, si se cumplen con los elementos establecidos en la legislacion.

Como se evidencia, la mayor dificultad del condenado a pena privativa de la libertad radica en el acceso a los planes de trabajo dentro de los establecimientos penitenciarios. Asi, este estimulo y medio por el cual se pretende mantener no hacinadas los establecimientos penitenciarios y carcelarios, se convierte en un negocio, para quienes detentan los medios para indicar quienes acceden.

Conclusiones

El Estado Social de Derecho, configura elementos que garantizan Derechos Fundamentales de orden social, entre los cuales se encuentra el Derecho Fundamental al Trabajo, que en ejecucion de la pena privativa de la libertad debe entenderse limitado, por las condiciones en las que se realiza la labor del condenado.

Este trabajo intento hacer referencia a las diferencias entre el derecho laboral y el derecho fundamental al trabajo. Encontrando que como se intuye, el derecho laboral, hace parte del desarrollo del Derecho Fundamental al Trabajo. Ahora bien, existe una diferencia clara cuando se habla de derechos laborales de los condenados a penas privativas de la libertad, pues el solo concepto de libertad es basico establecer los derechos laborales.

Se encuentra que, fundado el Estado colombiano, en un Estado Social de Derecho, los principios y valores que desarrollan en funcion a este, deben garantizarse para el desarrollo de la sociedad. En la especial relacion que tiene el ciudadano con el Estado, cuando se encuentra en mayor situacion de vulnerabilidad, por la ejecucion de una pena privativa de la libertad, hacen por si misma que el Estado debe proteger la vida y la dignidad de quienes se le prive de la libertad.

No es de la lectura de las Sentencias de la Corte Constitucional que se llegan a diferentes conclusiones frente a los alcances y limites del Derecho Fundamental al Trabajo cuando un ciudadano es condenado a pena privativa de la libertad, sino las condiciones facticas en las que se desarrolla esta condena. Es alrededor del hacinamiento, de las desigualdades sociales, de la constante vulneracion de derechos humanos, que se establecen esos limites. Las condiciones minimas de dignidad humana, llegan a un minimo diferente cuando se trata de quienes estan condenados y aunque la Constitucion Politica, las normas y las Sentencias de la Corte Constitucional establezcan elementos para garantizar el Derecho Fundamental, no puede el Estado cumplir con estas garantias.

Intentando elaborar conclusiones libertinas, es dificil comprender como en las condiciones actuales del pais, existan propuestas e intereses para aumentar las penas y llegar incluso a penas como la cadena perpetua. Aunque se comprende los intereses morales y religiosos alrededor de estas propuestas, el trasfondo juridico es mas complicado, pues no hay manera de establecer, solo en el tema que interesa en este escrito, garantias para que un condenado trabaje durante todo el tiempo de su condena, olvidando el fin resocializador de la pena.

La poblacion de internos condenados segun cifras del INPEC, consolidadas al 31 de octubre de 2013, el total de poblacion de internos del pais es de 1 10.877, de los cuales 83.523, son condenados (5). De este total, los condenados que se encuentran en actividades de trabajo en el pais es de 36.459, para esta misma fecha, lo que quiere decir que 47.064 de la poblacion de internos condenados, no pudieron acceder a puestos de trabajo. Pero no se puede leer esta cifra asi, se debe tener en cuenta que el tratamiento penitenciario, en busqueda de su fin resocializador, tiene tambien como actividades, el estudio y la ensenanza, que sumados a la anterior cifra de 36.459, indican que 79.679 de los condenados, se encuentran en las diferentes actividades por las cuales pueden ocuparse y pueden redimir sus penas. Ahora bien, 3.844 condenados no han tenido acceso a ninguna de las actividades del tratamiento penitenciario, sean de trabajo, estudio o ensenanza.

El Derecho Fundamental al Trabajo, puede decirse que tiene mayor garantia, en ejecucion de la pena privativa de la libertad, cuando el condenado se encuentra en condicion de subordinacion y sumision del Estado, pues una vez el ciudadano recupera la libertad, el Estado no garantiza su Derecho Fundamental, a pesar de la condicion de pospenado, a pesar de que alcanzo el fin ultimo del tratamiento penitenciario, la resocializacion, y el fin de la pena, la reinsercion social. No existen politicas publicas alrededor de lo que el condenado aprende dentro de las carceles, hecho que puede entenderse, como se dijo en su momento, si el Estado no puede garantizar todos los Derechos de los ciudadanos libres, mucho menos va a garantizar los derechos de quienes fueron condenados a pena privativa de la libertad, por la infraccion a la ley penal. Se tiene que decir que, a pesar de la expedicion de la Ley 1709 del 20 de enero de 2014, el poco tiempo que tiene, el tiempo que le dio el legislador al Gobierno Nacional y al Ministerio de Trabajo, para reglamentar los temas, generan expectativas y esperanzas de un trabajo carcelario y penitenciario en verdaderas condiciones dignas y justas. Por lo que no se podran dar mayores conclusiones alrededor de la nueva legislacion, pero en principio concluir que se creo un interes del Estado, para comenzar a garantizar el derecho al Trabajo de los condenados a penas privativas de la libertad.

Referencias

Hernandez, M. (2011). Trabajo y derecho en la prision. Una relacion entre legalidad y normatividad alterna. Mexico D.F.: Editorial Porrua.

Republica de Colombia. Congreso de Colombia. Gaceta del Congreso Numero 65, del veintisiete (27) de febrero de dos mil trece (2013). Proyecto de Ley 201 de 2013. Mediante el cual se expide el nuevo Codigo Penitenciario y Carcelario y se dictan otras disposiciones En: http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3. (junio de 2014).

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Republica de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-679/98, Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Diaz, demanda de inconstitucionalidad contra el articulo 522 (parcial) del Decreto 2700 de 1991, Codigo de Procedimiento Penal. En este fallo la Corte analiza las facultades de los jueces de ejecucion de penas para negar o revocar subrogados penales y declara la constitucionalidad de la norma demandada.

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Republica de Colombia. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia. Version digital disponible en: http://www.inpec.gov.co/portal/page/ portal/Inpec/Institucion/Estad%EDsticas. (junio de 2014).

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* El articulo de investigacion que se presenta a continuacion, se inscribe en el proyecto de investigacion titulado: Derecho fundamental al trabajo: ?existe para los condenados a penas privativas de la libertad en Colombia?, con el cual fue desarrollada la monografia juridica para optar por el titulo de abogado en la Universidad de Antioquia, bajo la asesoria del docente e investigador Sebastian Naranjo.

Pedro Alejandro Pico Hernandez, Abogado titulado de la Universidad de Antioquia.

Correo electronico:pedropicoher@gmail.com

Recepcion 13 de junio de 2014

Revision: 23 de junio de 2014

Aprobacion: 25 de junio de 2014

(1) Estos datos se pueden encontrar en la pagina web del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, INPEC. Version digital disponible en: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ SeccionInpeccomoinstitucion/Consolidado_estadistico. (junio de 2014).

(2) El 20 de enero de 2014, se promulgo la Ley 1709 de 2014, "por medio de la cual se reforman algunos articulos de la Ley 65 de 1993, la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985". Los pocos meses de vigencia de la Ley 1709 de 2014 impiden una investigacion de fondo sobre la materialidad de lo que se ha plasmado en la misma, no obstante, se hara una breve mencion a las modificaciones que se realizacion en relacion al tema de este articulo.

(3) Adoptado por el ordenamiento juridico colombiano mediante la ley 74 de 1968.

(4) Dato extraido de la pagina web del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, para el 31 de febrero de 2014, en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellin. Version digital disponible en: http://www.inpec.gov.co/portal/ page/portal/Inpec/Institucion/Estad%EDsticas. (junio de 2014)

(5) Dato extraido de la pagina web del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellin. Version digital disponible en: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estad%EDsticas. (junio de 2014).
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Title Annotation:Articulo de investigacion
Author:Pico Hernandez, Pedro Alejandro
Publication:Revista CES Derecho
Date:Jan 1, 2014
Words:8077
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