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El Ministerio Publico en su ambito nacional e internacional y el proceso penal llevado ante el sistema jurisdiccional de la Corte Penal Internacional.

Resumen

La actividad del Ministerio Publico en los ultimos tiempos ha adquirido mayor relevancia dado el rol protagonico que ha tenido con respecto a la titularidad de la accion penal y principalmente en relacion con la persecucion del mismo orden. Ese papel protagonico se pone de manifiesto a partir de la vigencia del sistema jurisdiccional de la Corte Penal Internacional; pero con variaciones importantes, debido a que conforme al Estatuto de creacion de la CPI las respectivas Salas que integran a este tribunal ejercen controles en el desarrollo de las causas que se tramitaran ante esa jurisdiccion. En general, en el trabajo se realiza una evaluacion de los aspectos procedimentales y la actividad de los sujetos procesales de cara al diseno legal formulado en el Estatuto.

Palabras clave: Ministerio publico, corte penal internacional, competencia, formulacion de cargos, audiencia oral, juicio, acceso a la justicia, legalidad, lesa humanidad, genocidio, crimenes de guerra, agresion, doble incriminacion, acusacion, organizacion naciones unidas.

The public prosecutor in the national and international spheres and criminal procedure in the international criminal court.

Abstract

The activity of the public prosecutor has become more relevant of late, given the active role that has been assigned to this figure in the prosecution of criminal cases, especially in the pursuit of order. The prosecutor's active role became evident with the creation of the International Criminal Court; although with some important variations, because the ICC's statute gives the different Chambers control over the development of the cases that are heard. The article evaluates the procedural aspects and the activity of the key procedural actors as set out in the ICC statute.

Key words: public prosecutor, international criminal court, access to justice, crimes against humanity, genocide, war crimes, united nations

Le ministere public dans le cadre national et international et le processus penal mene devant le systeme judiciaire de la cour penale internationale.

Resume

L'activite du Ministere Public pendant ces dernieres annees a acquis une majeure importance, etant donne le role principal qul a joue par rapport a la titularisation de l'action penale et, principalement, en ce qui concerne la relation avec la poursuite du meme ordre. Ce role principale se manifeste a partir de la validite du systeme judiciaire de la Cour Penale Internationale, mais avec certaines variations importantes, puisque de conformite avec le Statut de creation de la CPI, les Salles respectives qui integrent ce tribunal, controlent le developpement des causes qui seront traitees devant cette juridiction. En general, ce travail realise une evaluation des aspects proceduraux et de l'activite des sujets proceduraux, face au modele legal formule dans ledit Statut.

Mots clefs: Ministere public, our penale international, acces a la justice, lesa humanite, genocide, crimes de guerre, organisation des nations unies, accusation.

O ministerio publico em seu ambito nacional e internacional e o processo penal levado perante o sistema jurisdicional da corte penal internacional.

Resumo

A atividade do Ministerio Publico tem adquirido ultimamente, maior relevancia devido ao seu papel como protagonista que tem desempenhado respeito a titularidade da acao penal e principalmente com relacao a perseguicao da ordem em si. Esse papel como protagonista se manifesta desde a vigencia do sistema jurisdicional da Corte Penal Internacional; mas com variacoes importantes, devido a que, em conformidade com o Estatuto de criacao da CPI as respectivas Salas que integram este tribunal, exercem controles no desenvolvimento das causas que se tramitarao perante essa jurisdicao. De forma geral, neste trabalho se realiza uma avaliacao dos aspectos procedimentais e a atividade dos sujeitos processuais face ao desenho legal formulado no Estatuto.

Palavras chave: Ministerio publico, corte penal internacional, acesso a justica, Lesa humanidade, genocidio, crimes de guerra, organizacao das nacoes unidas.

Consideraciones preliminares.

El Ministerio Publico como organo esencial para la persecucion penal publica tiene un espacio privilegiado en el desarrollo del concepto de Estado Constitucional, en resguardo de la legalidad, de los derechos y las garantias dispuestas a favor del ciudadano. A traves de esta figura no solo se trata de adelantar la potestad represiva o punitiva sino facilitar el acceso del ciudadano a la jurisdiccion para que el derecho a la tutela judicial sea un logro concreto y no una mera expectativa o quimera.

No obstante, a este instituto del proceso penal se le mira desde la unica perspectiva del sujeto procesal, que se circunscribe al rol esencial de la conduccion de la investigacion y la plasmacion acusatoria del presunto responsable del delito. Con lo cual se le atribuye la funcion de defender el interes general o colectivo de la sociedad. Pero, es obvio que la importancia de este ente sobrepasa al mero papel de propulsor de la accion penal de un modo sui generis en una perspectiva instrumental.

Al Ministerio Publico le corresponde hacer posible la actuacion de la justicia como uno de los valores esenciales de la sociedad, y ese valor se enaltece a partir de la defensa de la legalidad. De tal manera que cada vez mas comprometido con la justicia el mero perfil funcional se redimensiona a favor de la juridicidad Entonces, esa funcionalidad no puede estar inscrita en otra doctrina que no sea el de fortificar la necesidad de proteccion, la necesidad de evitar la impunidad y la necesidad de no dar cabida a la inequidad. Por ello, el Ministerio Publico al relacionarse con las instituciones del proceso penal, con los demas actores judiciales, las victimas, el victimario y demas sujetos procesales, tendra presente esos lineamientos. Por ello, se le exige actuar convencidos de los valores principales que ofrece la constitucionalidad, principalmente enalteciendo los derechos o como lo expresa la glosa de la Constitucion de la Republica: "constituye un fin del Estado la preservacion de los derechos humanos".

En consecuencia, la funcion del MP a lo interno del Estado no se agota en la representacion de este en el ejercicio de la pretension punitiva sino que al ejercer ese papel cumple con la expectativa de la sociedad a favor de los fines del Estado (derechos humanos y su garantia: justicia, igualdad, etc.), por lo tanto, no busca a un culpable sino al culpable, con lo cual debe proteger al inocente, ha de ofrecer colaboracion y auxilio a las partes en el proceso y ha de entregar su colaboracion activa en todas aquellas prestezas donde se requiera un respaldo a la legalidad.

Este deber se patentiza no solo ante el sistema jurisdiccional nacional como ya se dijo, sino que se manifiesta hacia lo externo. Es evidente que ante una sociedad cada vez mas compleja, la actividad delictiva suele estar en distintas partes sin mirar fronteras ni nacionalidades, menos aun circunscrita a una determinada clase social o grupo politico, economico u otros. Las andanzas de la criminalidad encuentran su mejor aliado en las deficiencias de la legalidad y a la desvaloracion de lo humano. De ahi que la respuesta punitiva y la defensa de los derechos resultan palpables nuevamente para enaltecer a la legalidad, y el dispositivo de la cooperacion internacional suele ser el medio idoneo para la persecucion y asi preservar esos bienes fundamentales sin necesidad de sacrificar la soberana.

De modo que se enaltece a la justicia cuando la entreayuda judicial se presenta en el mismo tono y bajo las mismas condiciones de la legalidad interna. Por ejemplo, no puede haber persecucion penal sin que exista la comision de un delito, calificado asi tanto para el requirente (Estado requirente o solicitante) de la cooperacion como a quien se le requiere el auxilio (Estado requerido). Esto es el cumplimiento del principio de la doble incriminacion. Sin embargo, de forma muy cuestionable esta regla basica de la legalidad penal estricta viene debilitandose, en los ultimos tiempos formas como esta vienen sufriendo aperturas insostenibles, sobre todo el fenomeno adquiere relevancia frente a la creciente exigencia internacional de apoyo judicial o extrajudicial de mera actividad policial (cualquiera de las dos sirven aunque con mayor preponderancia de la ultima) en materia penal. Nuevas formulas emergentes que subvierten el sistema de principios penales basicos y que intentan aligerar o simplemente desmontar el sistema de garantias al punto de plantearse el desconocimiento de este orden garantista para facilitar la intervencion foranea con acciones forzadas. Incluso, esto es posible sin que en el Estado requerido exista tipicidad, es decir, la conducta del imputado no este contemplada como delictiva en la ley penal interna.

Por otro lado, la extradicion como figura ancestral caracteristica de la cooperacion internacional bilateral o multilateral, viene siendo sustituida por "las formas de entrega", meras formulas de apoyo mutuo como el traslado o la deportacion sin mayores tramites. Asi como el consentimiento de actividades indagadoras encubiertas para promover y facilitar el delito a fin de "descubrirlo", hasta la inhumana y contraria al orden publico internacional practica de trasladar a personas investigadas a Estados donde es "legal" la tortura y una vez obtenida la confesion, utilizarla como medio idoneo para relacionar a otras evidencias y asi el Estado requirente poder acusar sin que tenga como resultado la invalidez de la prueba obtenida. Obviamente se trata de una manera tremebunda de actuacion contraria a la legalidad estricta y particularmente al debido proceso de ley.

Las practicas de nuevo cuno que se traducen en el desconocimiento de los derechos y el soslayamiento de las garantias, es palpable en temas muy sensibles como las drogas, el terrorismo y la delincuencia organizada internacional. Nadie niega que estos temas constituyen expresiones violentas contra bienes juridicos fundamentales. Pero, ello no puede utilizarse como bandera emblematica para romper con el nucleo duro de la constitucionalidad, tambien llamado bloque constitucional, menos para sustraerse de aspectos claves de la soberania de los Estados. Tampoco, puede crearse un sector delictivo discriminado para establecer desigualdades odiosas en relacion con la gama de delitos comunes, no solo frente a cuestiones relativas al tratamiento de las penas y las medidas de seguridad, sino en cuanto a las formas de agenciar la investigacion y obtener pruebas como aspecto esencial del proceso.

Al Ministerio Publico le corresponde facilitar el auxilio o la cooperacion internacional en materia de investigacion penal partiendo de los cometidos constitucionales y en la medida en que exista comprension sobre ese encuadramiento principal, podran reconocerse las limitaciones funcionales. El fiscal del Ministerio Publico sujeta su accion a las reglas propias del Estado de Derecho y por tal, no es posible considerar auxilio o cooperacion judicial o de otra indole quebrantando las reglas basicas de la legalidad. Ahora bien, ese compromiso del Ministerio Publico con la juridicidad y la legalidad ha de manifestarse del mismo modo en el ambito internacional a proposito de la creacion del sistema jurisdiccional de la Corte Penal Internacional.

Para dar una respuesta atinada es preciso considerar algunos aspectos previos en la formacion y creacion de la Corte, para luego dar paso a algunas reflexiones sobre los aspectos de competencia y de procedimiento que se encuentran dispuestos para el referido sistema.

1.-- Sintesis de la evolucion de la justicia penal internacional.

El siglo XX marco la pauta para emprender una justicia de caracter extra nacional con fundamento en las andanzas de la criminalidad que cometio desmanes contra grupos diversos de la poblacion en distintas regiones y paises del orbe, especialmente en toda Europa; bajo el escudo de la soberania de los Estados, el afan de dominacion, la segregacion, el fascismo, entre otras, fueron el escenario ventajoso para que se manifestasen las agresiones provenientes de la Primera y la Segunda Guerras mundiales (en respuesta a las medidas castradoras impuestas por la Sociedad de Naciones como consecuencia de la Primera Guerra y el aprovechamiento del escenario para realizar practicas de exterminios contra un determinado grupo de la poblacion especialmente, la judia y acciones de dominacion imperialistas). Este conflicto de caracter internacional estuvo matizado de varios componentes y la intervencion de distintos paises, unos a favor otros en contra en razon del apoyo belico. El triunvirato y otros que formaron el grupo de aliados de entonces, dieron la batalla y la vencida, logrando someter al gestor de la guerra de agresion.

A partir de este acontecimiento se plantea la necesidad de no solo fomentar un proceso judicial en contra del Estado agresor, sino tambien ejecutar la asechanza personal de los dirigentes politicos y militares. Sin embargo, el enjuiciamiento de los responsables se dio en un escenario, aunque apoyado por unanimidad, criticado extensamente por las carencias en cuanto a la legalidad, tanto en lo sustantivo como en lo procesal. Nuremberg y Tokio se convirtieron en los bastiones de esa justicia internacional, aunque otros tribunales en diferentes paises (Gran Bretana, Francia, URSS, Australia, Polonia, Paises Bajos, Noruega, Canada y China) se abrieron para juzgar a disimiles personajes protagonistas de la agresion, los llamados crimenes de guerra y los actos de exterminio.

De este proceso de la post guerra, con sus diversas manifestaciones se generaron variados documentos y principios, uno de los cuales da pauta para que se comience a manifestar un nuevo derrotero para evitar que las aventuras de la guerra dieran nuevos saldos perniciosos, al punto que se postula como norte fundamental el Principio de jurisdiccion universal desde donde se apuntala la idea de que todos los Estados pueden ejercer jurisdiccion en la persecucion de delitos atroces de caracter internacional (delitos como: Genocidio, Crimenes de Guerra, Lesa Humanidad). Por cierto reivindicado recientemente por una sentencia del Tribunal Constitucional espanol para permitir que Espana pueda adelantar juicios por delitos de este caracter cometidos tras fronteras contra no nacionales espanoles, a partir del recurso interpuesto por la lider guatemalteca Premio Nobel de la Paz Rigoberta Manchu, en relacion a los crimenes atroces cometidos en Guatemala entre 1976 y 1986.

Dados estos antecedentes se da un proceso lento, pero constante, para crear definitivamente una corte penal internacional de caracter permanente (1), cumpliendo con las reglas de juez ex ante y ley ex ante para darle un respaldo de legalidad en los terminos aceptados comunmente. Pero, en los intersticios se presentaron otros acontecimientos dantescos que originaron situaciones de genocidios y lesa humanidad (casualmente por los conflictos internos) nuevas intervenciones de la ONU, especialmente del Consejo de Seguridad, abren la via para nuevos juzgamientos de diferentes lideres (la ex Yugoslavia y Ruanda- Burundi) e incluso, el ano pasado se dicto la condena de directivos de medios de comunicacion como responsables de la politica de promocion genocida desarrollada por las etnias en conflicto (caso de Ruanda-Burundi).

A pesar de las experiencias ofrecidas desde Nuremberg, el problema es que no se trata de una sola manera de cometer delitos ni una sola forma de realizarlos, se han conocido de otras grafias que afectan al ser humano en todas las dimensiones y constituyen quebrantamientos a gran escala que continuaron y continuan lacerando serios intereses de las comunidades. Claro, el drama ha ido cambiando, pues ahora no se trata de la existencia de una "guerra" que seria la mas burda expresion de la violencia y la conflictividad; hoy existen otras maneras atroces de causar graves perjuicios a la humanidad, como son el comercio de armas, la degradacion del ambiente, desplazamiento de poblacion, las nuevas formas de esclavitud, la quiebra de las economias de Estados debiles, intervenciones foraneas solapadas (incluso apoyado por un documento internacional recientemente consensuado en la ultima sesion de la Asamblea General de Naciones Unidas y que pretende dar legitimidad a la doctrina de la "proteccion internacional" al estilo de lo acontecido en Irak), fraudes masivos entre otros. Pero quizas estas conductas no tienen la connotacion suficiente para involucrar la creacion de una justicia internacional, y probablemente el escenario interno sea mas contundente a la hora de calificar, precisar y sancionar este tipo de actuaciones con impacto a bienes juridicos colectivos o difusos e incluso individuales. No obstante, la dificultad esta en las puntualidades en torno a las conductas que se intentan prohibir; es importante insistir en las definiciones certeras en el marco de la prohibicion y el sentido de proteccion de bienes juridicos de considerable estima.

Empero lo definitivo es que ante la carencia de acciones contundentes contra la conducta delictiva que afecta al genero humano, no puede seguir en el marco de la improvisacion, sobre todo en circunstancias en que el sistema judicial del pais o paises en disputa se encuentren inoperantes o no se garantice una justicia liderada por el principio de independencia. Por esa razon la justicia internacional no puede estar circunscrita en la creacion ad hoc de tribunales para conocer ex post factum de estas desvaloradas conductas y mucho menos, pueden los tribunales constituidos de los distintos paises proceder a su enjuiciamiento de manera muy particular, bajo serias dudas sobre la funcionalidad del sistema judicial, independientemente del principio de jurisdiccion universal que los autoriza a tramitar en sede local los juicios por aquellos delitos que afectan el orden internacional de caracter humanitario. Por lo que la creacion de una corte penal internacional se justifica en tanto y cuanto ella sea garante de la autentica juridicidad en la que seria imposible o, al menos distante, la afliccion al principio de independencia y el de imparcialidad (pilares fundamental es de la gestion judicial) que muchas veces se ve trastocado por el sentimiento local sensibilizado por los vaivenes motivacionales de la opinion publica a proposito de hechos "despreciables" que en ocasiones sobrepasan las fronteras.

Quiza esta ultima idea sea el quid para comprender la necesidad de adentrarse en una dinamica internacional con miras jurisdiccionales; si bien es cierto que existen conductas punibles donde su iter se verifica en territorios nacionales, no menos cierto es que en otro genero, estas pueden tener actos preparatorios, ejecutivos y consumativos no localistas, procurandose asi una suerte de puentes a escala mundial, con trascendencia continental o con afectacion a entes bi o multinacionales o diversos. En este panorama, el juzgamiento resulta ser mas complicado puesto que los problemas de investigacion en la captacion de fuentes, organos y medios de prueba para la ejecucion del juicio se tornan de una imposibilidad casi manifiesta y por otro lado, el empeno de algunos estados (cono sin justificacion) en la preservacion del principio de nacionalidad se convierte en la manzana de la discordia, tanto en materia de jurisdiccion como en cuanto al procedimiento de extradicion de los nacionales; del mismo modo, la vigencia de los principios de territorialidad y el de defensa o proteccion juegan en este proposito, al promover, privilegiar y atender a las situaciones particulares de los estados, consagrando ideas individualistas en el marco de los hechos punibles con repercusiones internacionales e internas; estas premisas --cuya existencia y permanencia nadie niega-- se reconcilian en las dificultades para que pueda plasmarse la ansiada justicia trasnacional de orden penal; aun cuando ya es un hecho innegable la gestion de organismos jurisdiccionales internacionales que se encargan de la tramitacion y juicio por violaciones contra los derechos humanos a proposito de las convenciones cosmopolitas que recogen estos derechos.

2.-- La aprobacion del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Sin embargo a conciencia de todas estas falencias, la organizacion de las naciones unidas no abandono el empeno de crear una corte penal internacional, negociacion tras negociacion se llego a un consenso; dos tendencias estaban inmersas en las discusiones para la creacion de la CPI, un grupo que apuntaba a un organo judicial lo suficientemente independiente y eficaz en materia de preservar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y, otro grupo que desconocia la posibilidad de entregar competencias a un organismo bajo la sombra de las soberanias de los Estados y a esto se unio la participacion de los paises con presencia en el consejo de seguridad, quienes aprovecharon la ocasion para hacer preponderar el poderio del organismo. Debido a esta acumulacion de intereses y para no afectar a la jurisdiccion de los Estados, se establecio el principio de complementariedad (asunto que queda evidenciado con las cuestiones de admisibilidad) a cambio de la aceptacion automatica de competencia de corte una vez ratificado el documento. al filo de la aprobacion, entre imperfecciones y dramaticos acontecimientos, la manifestacion de votos generales fue de 120 a favor, 7 en contra y 21 abstenciones. Los votantes en contra fueron: EEUU, China, Israel, Qatar, Irak, y Libia y se abstuvieron Mexico, Turquia, Sri Lanka, Singapur, Trinidad y Tobago entre otros paises islamicos Pese a estos desatinos, en el proceso de creacion de la corte la redaccion de las figuras punitivas o delitos, no fue mas alla del circuito de los delitos tradicionales del Derecho Internacional Humanitario y de manera insolita, se deja en diferido el tema de la agresion, que a pesar de estar definida claramente en la carta de las naciones unidas, nunca se logro un consenso para determinar los pormenores de la figura tipica y los alcances de la prohibicion, asi como las sanciones a imponer. Ademas, existe un capitulo dedicado a los delitos contra la administracion de justicia para sancionar atentados contra la actividad jurisdiccional.

3.-- Algunas dificultades tecnicas del estatuto de Roma para la comprension del principio de complementariedad.

Por lo expuesto en el renglon anterior, parece sensato buscar mecanismos para garantizar la justicia internacional. Pero este discurso se monta sobre bases debiles y confusas, uno de los primeros problemas radica en la creacion de una jurisdiccion complementaria, de hecho el estatuto de Roma de la corte penal internacional plantea en su preambulo que la CPI sera complementaria de las jurisdicciones penales nacionales (2), comprometiendose los Estados signatarios a ejercer jurisdiccion penal en contra de los responsables de delitos internacionales, lo que motiva a pensar que primero se privilegia la regla de la jurisdiccion nacional bajo el esquema de los principios antes aducidos y luego, subsidiariamente, se legitimaria la actuacion de la Corte, aunque esta podria conocer --por interpretacion del articulo 20 del Estatuto, a proposito de la cosa juzgada-- cuando no se hubiere instruido la causa en forma independiente o imparcial o lo hubiere sido en circunstancias que fueren totalmente incompatibles con la intencion de someter a la persona o personas a la accion de la justicia. Es decir, que existen dos posibilidades de conocimiento para la competencia de la Corte: 1) la que se genera en respuesta a la incapacidad del Estado de atender por si mismo la violacion de un imperativo normativo con trascendencia supranacional (escapa a sus posibilidades materiales y el propio Estado reconoce que la mejor via es la que brinda la CPI). 2) la incompetencia del Estado parte debido a que se encuentran afectados los principios de imparcialidad y debido proceso; ello involucra la sospecha sobre la administracion judicial para enfrentar el dilema.

Puede indicarse un problema en el deslinde funcional de la corte, ya que el articulo 2 del Estatuto se refiere a los crimenes que son competencia de ella (el crimen de genocidio, los crimenes de lesa humanidad, los crimenes de guerra y el llamado crimen de agresion), pero que tambien resultarian ser de competencia de los estados particularmente considerados, lo que podria generar conflictos jurisdiccionales de conocer para los eventos punibles antes senalados. No obstante, la existencia del Estatuto de Roma es un hecho que no se puede desconocer ya que ha contado con el respaldo suficiente para su existencia, mas hubiera sido de mejor plante, si por unanimidad de los miembros de la ONU, se hubiera acogido la propuesta creadora de la instancia judicial internacional. Este asunto crea dudas en relacion a la eficacia del sistema jurisdiccional de la corte con respecto a la materia de su competencia. Clave para el exito de toda norma es su reconocimiento en todos los niveles, lo que pone al descubierto el problema de la validez juridica del Estatuto.

Esta reflexion resulta interesante pues ayuda a establecer la validez juridica del estatuto de Roma de la corte penal internacional, para que pueda facilitarse la aplicacion directa en los fueros internos de los Estados o sencillamente se facilite la aplicacion bajo circunstancias especiales de la legalidad interna lo que habra que mirar desde la configuracion del ambito espacial, partiendo del deslinde jurisdiccional.

El planteamiento anterior pone de relieve la clasica distincion entre el Derecho interno e internacional y la manera de establecer esas relaciones para que se logre eficacia en la asuncion de los tratados interlocales. Por lo tanto, se parte de la tesis de que el Estatuto de la CPI resulta ser un instrumento que por su contenido punitivo no puede ser asimilado y aplicado de manera directa como si se tratase de un documento self excecuting, que no requiere validacion interna por los Estados, muy a pesar de su orientacion que busca preservar derechos humanos de primera generacion; a diferencia de aquellos que se refieren a la descripcion y tratamiento de los derechos humanos que, en la mayoria de los casos se constituyen en instrumentos de asimilacion inmediata. Por ello, el caracter de ius cogens del Estatuto queda relativizado por esta especial consideracion. De modo que no es semejante limitar derechos que reconocerlos. De ahi el caracter polivalente de la propuesta. Una cosa es preservar derechos y otra es limitarlos.

Debido a estas consideraciones el tema de los derechos humanos ha estado presente en el proceso de formacion de esta linea internacional. Ello es cierto porque no se niega el caracter sistemico de los derechos humanos que interactuan en diferentes direcciones; todos se sienten representados en el sistema y para lograr su mejor reconocimiento se considera la relacion entre derechos humanos y positivacion de los mismos. Esa positivacion impulsa el reconocimiento legal y por ello, la salvaguardia o la proteccion a partir de diversas entidades juridicas. Sin embargo, la positivacion no es un tema que defina el reconocimiento de los derechos fundamentales. Pero, otra cuestion es cuando se da el proceso de prohibicion o tipificacion de categorias conductuales proclives a ser consideradas como delitos.

En el marco de las prohibiciones al afectarse derechos de las personas, la preferencia es hacia la legalidad que concibe la definicion de conductas que lesionan derechos, pero que ha de tener siempre un caracter restringido. El estatuto de Roma de la CPI es un documento represivo, independientemente del sentido de resguardo de los derechos humanos. De ahi que su aceptacion este precedida de reservas y a procesos de transformacion para que pueda asimilarse con mas propiedad el sentido de la prohibicion y proteccion de bienes juridicos.

Bajo el bastion de la legalidad por su caracter garantizador de la seguridad juridica, se construyen los tipos penales que tienen un referente internacional para afectar la libertad de los ciudadanos que se determinan en contra de las normas preservadoras, para ello, se requiere la validez alo interno como paso obligado de las instancias legitimadas en funcion de la conocida reserva legal. Por esa razon, el genocidio, la tortura, el apartheid, el exterminio, los casos de lesa humanidad y el quebrantamiento de las reglas sobre la guerra (crimenes de guerra) encuentran en el area penal y especialmente, en los codigos penales de distintos paises, el sustento mas promisorio para que los derechos humanos se sientan respaldados cuando se suceden hechos perniciosos que afligen a contingentes de personas. Asi como encuentra su mayor respaldo en el estatuto de Roma de la CPI, desde donde a pesar de los problemas tecnico-juridicos diversos, no deja de ser un ambiente que busca impulsar la justicia internacional y contrarrestar la impunidad.

El estatuto de Roma de la CPI tiene su motivacion en la necesidad de conformar un cuerpo jurisdiccional capaz de juzgar los delitos graves que afectan al Derecho Internacional Humanitario. Se trata de un tratado multilateral con normas penales, procesales, estatutarias, organizativas y regulativas que comportan obligaciones y compromisos para su real eficacia. Muchas de estas normas inciden en los fueros internos de los Estados que han suscrito y ratificado este acuerdo internacional. Pero, mas alla de plantear en este breve espacio las dificultades institucionales y organizativas del estatuto con respecto a la Corte Penal Internacional es imprescindible ver los aspectos tecnico-juridicos de caracter procesal para comprender la dinamica del Estatuto y con ello la funcion que ha de ejercer el Ministerio Publico ante la Corte.

En principio ha de puntualizarse que el Estatuto le da mayor importancia a las cuestiones del procedimiento que a otros aspectos atinentes al Derecho aplicable. Esto es elucidario para saber que un alto porcentaje del articulado del documento matriz de la CPI esta circunscrito al area procesal. De hecho como lo manifiesta Gomez Colomer, los integrantes de la Conferencia de Roma dieron mayor jerarquia a las cuestiones procesales, dado que se buscaba que se preservaran las garantias procesales, asunto que queda en entredicho cuando se adentra en las diferentes disposiciones procedimentales. Ademas, senala este autor que el procedimiento es sui generis dado que no esta identificado claramente con algun sistema en especial (sistema anglosajon o sistema continental), es decir que resulta ser una mezcla entre de ambos (2004:73).

Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, ademas ha de destacarse una evidente diaspora de las normas procesales en todo el Estatuto como se insinua al comienzo y que para mayores extremos deben ser acompasadas con las reglas del procedimiento y prueba que resulta ser tambien un documento de dificil lectura por su extendido abigarramiento y expresiones igualmente sui generis que fraguan confusion.

Es de observar, que la investigacion por los crimenes que son competencia de la Corte se inicia --conforme a lo establecido en el articulo 14, y entre otros el articulo 42.1-- por iniciativa del Fiscal, quien tiene las facultades de inquirir y ejercer la accion penal. Ademas, otro tipo de investigaciones tendran que ser conducidas por este, como es el caso de la remision que hace un Estado Parte para que se inicie la pesquisa o cuando asi lo acuerde el Consejo de Seguridad de la ONU (articulo 13), a proposito de una situacion inscrita en los aspectos tipicos penales a que se refiere el Estatuto. Ello con el objetivo de evaluar la posibilidad de acusar. En este considerando, cuando se refiera a la remision de un Estado Parte, este debera acompanar todos los recaudos necesarios. No obstante, el Fiscal conserva la potestad de analizar y procesar la informacion recibida (articulo 15). De modo que aca es evidente la exhaustiva mirada del interprete para ubicar las posibilidades de inicio de la investigacion penal.

Luego de esta propuesta, se aducen en el articulo 17 una serie de planteamientos acerca de la admisibilidad que --como ya se anoto-- introducen la tesis de la actuacion de oficio por parte de la Corte. Algo parecido puede deducirse del contenido del articulo 20 --a proposito de la cosa juzgada-- en sus paragrafos, cuando senala:
   La Corte no procesara a nadie que haya sido procesado por otro
   tribunal en razon de hechos tambien prohibidos en virtud de los
   articulos 6, 7 u 8 a menos que el proceso en el otro tribunal: A)
   obedeciera al proposito de sustraer al acusado de su
   No hubiere sido instruida en forma independiente o de la Corte. B)
   No hubiere sido instruida en forma independiente o imparcial de
   conformidad con las debidas garantias procesales reconocidas por el
   derecho internacional o lo hubiere sido de alguna maneta que, en las
   circunstancias del caso, fuere incompatible con la intencion de
   someter a la persona a la accion de la justicia.


Al mismo tiempo en el articulo 53, es decir en articulos mas adelante, en cuanto al inicio de las investigaciones, se senala que la Sala de Cuestiones Preliminares (SCP) de la corte podra revisar de oficio la decision del fiscal de no proceder a la investigacion En este supuesto, si la Sala confirma la decision del fiscal no se realizara la investigacion. Aqui se demuestra que la actividad del fiscal esta sometido a control judicial; una vigilancia parecida al sistema del COOP venezolano, donde la labor del Fiscal del Ministerio Publico esta comedida por el Juez de Control en la Fase Preliminar. Entonces, se puede deducir --tras haber hurgado al menos en las dos primeras partes del Estatuto--que en el se establece dos formas para generar la investigacion preliminar:

1.-- Bien por via del fiscal, cuando reciba la informacion respectiva y, una vez constatada, puede acusar ante la Corte. Ademas el fiscal podra abstenerse de iniciar la indagacion e incluso de acusar (3). Esta decision puede ser revisada por la Sala de Cuestiones Preliminares. Ademas el fiscal tiene amplisimas facultades para indagar (articulos 53 y 54).

2.-- La Corte de maneta oficiosa puede iniciar o continuar una investigacion. Ello por via completamente incidental (articulos 17 (4), 20 (5), 56 (6), 61 (7)). Asunto que no es facil ubicar debido a la desatencion en materia de tecnica legislativa.

3.-- Por otro lado, tambien destaca el articulo 13 el que se refiere a las cuestiones de competencia de la Corte. Donde se indica que esta podra ejercer la competencia, cuando el Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al fiscal una situacion en la que parezcan haberse cometido uno o varios de los delitos que corresponden a su atribucion funcional.

Una vez agotada la investigacion, el fiscal queda en la obligacion de solicitar la detencion, siempre que sea procedente, cuya decision debe tomar la Sala de Cuestiones Preliminares al constatar que la detencion es necesaria, que existe peligro de fuga y de obstaculizacion en torno a la investigacion (normas estas normalmente aceptadas en muchos paises, en especial Venezuela, al considerarse que para la detencion es imprescindible la constatacion de ambos extremos). Aun cuando tambien en vez de una orden de detencion se puede solicitar la comparecencia forzosa, asunto que se supone debera responder a algunas situaciones especiales o excepcionales, este escenario es parecido a la institucion del mandato de conduccion que se registra en algunas normas procesales, especialmente el COOP (8) y la Ley Organica de Proteccion del Nino y del Adolescente (9) en el procedimiento por infracciones penales en el caso venezolano. En este sentido se deriva la obligacion de todo ciudadano atender el llamado a prestar declaracion sea testigo o sea el imputado conforme a lo establecido en el articulo 58 (10). Aunque las excepciones en materia de testimonio no estan dispuestas y ello puede generar dificultades con las normas procesales en el lucro interno de los paises cuando se solicite la cooperacion internacional.

En cuanto a la sistematica del estatuto, no solo se hallan aspectos de la detencion cautelar en los articulos 58 (11) y 59 (12), sino que ademas, en el articulo 92 existen disposiciones al respecto (13). Esta manera de presentar al instituto de la detencion conduce a desconcierto y rompe con una minima regla de estilo en cuanto a la tecnica legislativa (ubicacion sistematica de las normas). Aparentemente por lo expresado en los articulos 58 y 59 (14) se puede inferir que la detencion es necesaria para la realizacion del juicio, aun cuando esta es modificable o revisable periodicamente (15). Por demas, se puede otorgar la libertad provisional, asunto que puede autorizar la Sala de Cuestiones Preliminares o el Estado al que le corresponde ejecutar la medida de detencion (articulo 60.1 (16), 2, y 3 del estatuto), aun cuando en este ultimo caso tendran que seguirse las orientaciones de la Sala autorizante (59.4 y 5 del estatuto, 118 y 119 de las reglas del PP). Otras medidas cautelares, aparte de la detencion, podrian ser decididas, cuyo cometido ha de estar circunscrito a la reclamacion civil de las victimas por los danos sufridos (articulo 75 (17)), aunque el articulo que podria justificar la medida esta dirigido especialmente a supuestos donde es evidente la condena, esto es despues del juicio.

La falta de una metodica adecuada en cuanto a medidas cautelares propicia estos efugios, a veces aventurados en relacion con la legalidad del procedimiento, si se considera la orientacion de la referida norma procesal, ya que esta se encuentra ubicada en la seccion atinente al juicio y mas especialmente en relacion con las sentencias de la fase de la primera instancia, aunque estas medidas serian juiciosas suponerlas como modalidad especial para preservar la reparacion, la restitucion o la indemnizacion al igual que lo previsto en materia de aprehension cautelar.

En cuanto al proceso de investigacion de la fase preliminar, la Sala de Cuestiones Preliminares es a la que le incumbe valorar la procedencia de ir a la siguiente fase, es decir, la vinculada con el juicio. Pero, esa misma Sala puede decidir no confirmar los cargos, en tal circunstancia, debera sobreseer o suspender el procedimiento. Pareciera mas aproximada la segunda salida ya que conforme al articulo 61.8 la no confirmacion de un cargo por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares no obstara para que el fiscal pueda presentar una nueva solicitud a condicion de que se presenten pruebas adicionales. Algo parecido ocurre en el procedimiento venezolano, cuando el fiscal al culminar su investigacion puede acusar, solicitar el sobreseimiento o archivar el expediente, en este ultimo supuesto podra presentar la acusacion posteriormente o solicitar el sobreseimiento cuando sea procedente. No obstante, en general en la audiencia preliminar al juez de control le toca valorar si es procedente avanzar a la siguiente fase de juicio.

Especial atencion debe prestarse al encabezamiento del articulo 61, pues alli no se expresa para nada, cual es el papel del fiscal a objeto de que se produzca la audiencia preliminar, de hecho el articulo dice: "la Sala de Cuestiones Preliminares celebrara una audiencia para confirmar los cargos sobre la base de los cuales el fiscal tiene la intencion de pedir el procesamiento". En este semblante, pareciera mas sensato pensar que a quien le atane solicitar la realizacion de la audiencia es al fiscal, mediante la disposicion de acusar o solicitar el enjuiciamiento de la persona responsable. En el ordinal 2 del mencionado articulo se dispone la actuacion del Fiscal o de la Sala, cuando sea en un supuesto de ausencia del acusado (no dice exactamente en cuales eventos). Si esta era la intencion resultaba mejor que se estableciera esta forma de actuacion del fiscal desde el comienzo y no por via de excepcion.

En opinion de Gomez Colomer, al fiscal le corresponde presentar la acusacion, pero advierte el citado autor que el estatuto no se refiere a la acusacion sino que utiliza la palabra "cargos", los que deben presentarse por escrito; tampoco se precisa en que consiste esa formulacion (2003:153). Sin embargo, es bueno advertir que cargos no equivale a acusacion, pues los cargos consisten en la expresion de la voluntad del fiscal de presentar el caso ante el juez indicando la formulacion de los delitos cometidos y la relacion sobre la responsabilidad penal del imputado y los elementos probatorios que sustenten esos cargos a formular en audiencia publica (18); por lo tanto, el escrito esta sometido a exigencias diferentes al correspondiente a la acusacion que sin duda refleja una composicion especial y consiste en una querella para impulsar la intervencion del organos jurisdiccional. Por ello, se explica que no existen formalidades concretas para la presentacion de los cargos, lo que motiva reflexionar sobre la diferencia entre acusacion (voluntad de querellar mediante la acusacion formal en contra del imputado por los delitos cometidos) y escrito de cargos (voluntad de presentar cargos por delitos cometidos y la pena solicitada contra el imputado, con el acompanamiento de la prueba) ante la SCP La acusacion en terminos juridicos implica el cumplimiento de requisitos donde se establezca claramente la legitimacion, la relacion procesal activa y pasiva, la imputacion, los elementos de la misma, la peticion concreta de acusar, entre otros detalles que hacen de este documento una expresion, clara, positiva y precisa de materializar la accion para que se abra el juicio correspondiente.

Resulta nomologico suponer que para los efectos de la investigacion, el fiscal, asi como la Sala de Cuestiones Preliminares deben contar con un amplio apoyo normativo para ejecutar sus funciones. Principalmente, el fiscal tiene la potestad de solicitar la cooperacion internacional, tema en que es imprescindible el soporte de la Sala de Cuestiones Preliminares (entidad que tiene facultades de supervision de la investigacion), la que puede tambien ofrecer un marco de confidencialidad a las distintas actividades de investigacion. Claro, en este caracter ha debido plantearse y garantizarse el ejercicio de defensa del o los imputados, pues una fase de investigacion conducida clandestinamente no hace mayor favor al debido proceso y no permite que se ejerza el control sobre las distintas actividades en procura de la prueba que va a ser presentada al juicio. En todo caso, ha podido regularse el acceso de las partes a las actas del expediente que se esta instruyendo, especialmente al momento de ejecutarse la detencion y fijar los motivos que impulsan la medida y preparar los descargos.

Aunque de acuerdo con Bassiouni existe en el estatuto un determinado empeno por preservar la presuncion de inocencia y demas derechos tales como: 1) audiencia publica, oral, justa, imparcial y sin dilaciones; b) derecho a ser informado de los cargos en idioma que comprenda y hable; c) disposicion de los medios y el tiempo adecuado para ejercer la defensa y para examinar a los testigos antes y durante el juicio; d) a no ser obligado a declarar en su contra (referencia de los articulos 63 a 67 del estatuto) (2000: 25).

En cuanto al desarrollo de la audiencia preliminar pareciera adaptarse a las exigencias generales en esta materia (19), pues, las partes pueden intervenir activamente en su desarrollo, tanto para recibir la prueba como para impugnarla. Aqui ha debido establecerse que la ejecucion de la audiencia no involucra en ningun caso la realizacion del juicio. Al estilo de lo que existe hoy en la regulacion procesal penal venezolana (COOP) donde los detalles de la audiencia preliminar no deben orientarse a situaciones de fondo que implique abrir un debate sobre los cargos formulados por la acusacion y los descargos de la defensa en atencion a la imputacion formulada por el Fiscal. Por lo que debe existir cierta ponderacion en la administracion de ella. En consecuencia, es forzoso concluir que no han de conducirse a la audiencia preliminar aspectos que pertenecen a la etapa del juicio, pues de no hacerse de este modo se tergiversaria la funcion de la audiencia preliminar que no es otro que fijar, las cuestiones de previo pronunciamiento y evaluar los elementos probatorios (oposicion, contradiccion y admision) ademas, de la revision de aspectos relevantes de la imputacion que van a ser tratados en el juicio o en la fase del juicio, tal como esta previsto a partir de la Parte VI del estatuto.

Una cuestion que tambien no esta determinada es la posibilidad de acumular cargos o de separarlos en caso de existencia de varios detenidos. Este asunto que tiene que ver con la acumulacion de pretensiones o acumulacion por conexidad que consiste en la posibilidad de que en una misma causa puedan admitirse todas las pretensiones que se tengan contra un mismo imputado o imputados, sobre todo porque estas sean conducentes a que se resuelvan en un unico proceso. De tal manera, que el estatuto no clarifica estas situaciones especiales que de seguro se presentaran, especialmente, porque los distintos casos que podrian ser tramitados ante la CPI pueden presentar situaciones complicadas en atencion a los distintos imputados, victimas y delitos concurrentes, a lo que ha de darse una respuesta adecuada para evitar contradicciones insalvables que podrian conducir a la inejecutabilidad de las decisiones.

En lo relativo a la audiencia preliminar, se destaca la comparecencia del acusado, cuya presencia es imprescindible para que puedan ejecutarse las audiencias; sin embargo si el imputado se fuga antes de la confirmacion de los cargos y no se le puede capturar nuevamente, a pesar de agotarse todas las diligencias para encontrarle la audiencia se realizara en ausencia. Empero, aparte de ser una solucion contraria a la regla general prevista en las normas sobre garantias procesales suscritas en las convenciones sobre derechos humanos. Al menos, la Convencion Americana de derechos humanos en su articulo 8 y en las normas preliminares del COOP, asi como en la Constitucion venezolana no es posible realizar actos de imputacion sin la presencia del imputado. Sin embargo, de la lectura combinada del articulo 61 en su primera parte y lo dispuesto en el articulo 63 (20) del Estatuto se podria deducir que la ausencia del imputado impide la continuidad del proceso. En este contexto opina Bassiouni que los juicios ante la CPI deben tener lugar en presencia del acusado (2000:25). No obstante, llama la atencion lo dispuesto en el mismo articulo 61 al indicar:

2. La Sala de Cuestiones Preliminares, a solicitud del Fiscal o de oficio, podra celebrar una audiencia en ausencia del acusado para confirmar los cargos en los cuales el Fiscal se basa para pedir el enjuiciamiento cuando el imputado:

a) Haya renunciado a su derecho a estar presente; o

b) Haya huido o no sea posible encontrarlo y se hayan tomado todas las medidas razonables para asegurar su comparecencia ante la Corte e informarle de los cargos y de que se celebrara una audiencia para confirmarlos,

En este caso, el imputado estara representado por un defensor cuando la Sala de Cuestiones Preliminares resuelva que ello redunda en interes de la justicia.

Entonces, la norma indicada deja abierta la posibilidad para que se desarrolle la audiencia sin la presencia del imputado. Empero, la interpretacion acertada de esta disposicion es entenderla en el marco de la excepcionalidad, ya que es fundamental que la legitimidad del juicio se halle en la contingencia de concretar un contradictorio adecuado y un establecimiento de lo acontecido sin margen de dudas. Pero, lo terminante es que no se sabe en cual momento el Fiscal presento la acusacion, aun cuando la expresion correcta procesalmente es la formulacion de cargos, asunto que no puede pasar desapercibido. Dado que el articulo 61 no es preciso al disponer:
   Con sujecion a lo dispuesto en el parrafo 2 y dentro de un plazo
   razonable tras la entrega de la persona a la Corte o su
   comparecencia voluntaria ante esta, la Sala de Cuestiones
   Preliminares celebrara una audiencia para confirmar los cargos
   sobre la base de los cuales el Fiscal tiene la intencion de pedir
   el procesamiento. La audiencia se celebrara en presencia del Fiscal
   y del imputado, asi como de su defensor.


No obstante, esta previsto que luego de la validacion de los cargos se ha de realizar la audiencia de juicio y a diferencia de la audiencia preliminar, en esta es imprescindible la presencia del encausado (esto hace suponer que de no estar presente el acusado no habra juicio). En atencion al articulo 63 esta conclusion es clara. Entonces, se supone que el Fiscal solicito el enjuiciamiento con base en lo establecido en el articulo 61 (21). Por ese motivo, la Sala de Cuestiones Preliminares (SCP) esta obligada a pronunciarse sobre si confirma o no los cargos. De confirmarlos se pasa a la etapa de juicio en la Sala de Primera Instancia (22). En este juicio, la primera intervencion la tiene el acusado quien debera senalar si se declara culpable o inocente (23). La mera declaracion de culpable genera el pronunciamiento inmediato de la Sala y procedera a declarar la condena, la Sala apoyara la decision con los elementos probatorios presentados por el fiscal al momento de la confirmacion de los cargos. De no ser asi, se procedera a vaciar todo lo concerniente a la prueba en la ejecucion de la audiencia. Sin embargo, ha de considerarse que la Corte en general tiene potestades oficiosas para recabar pruebas y precisar de mejor manera los hechos ocurridos. Es decir, que el procedimiento es una mezcla del desarrollo del principio dispositivo con actuaciones oficiosas de la Corte y sus Salas, actuaciones oficiosas que van en direccion a toda la actividad procesal, evitando con ello los estancamientos y la falta de impulso procesal por cualquiera de las partes.

En materia de victimas y testigos existen normas que marcan la proteccion de los mismos, es decir la Corte esta obligada a realizar las funciones necesarias para no afectar la condicion de las victimas y preservar la comparecencia de los testigos sin que se les pueda perjudicar por obra de los acusados, ha de destacarse que no se trata de una funcion del fiscal como ocurre en Venezuela. Por esa razon, existe la posibilidad de la prestacion de las declaraciones de testigos y victimas por vias electronicas y en audiencias privadas, en razon de la minoridad y en caso de violencia sexual, es decir se encuentra comprometida el pudor y la moral de las personas afectadas. La participacion de la victima a criterio de la Sala de Primera Instancia puede darse mediante opiniones y observaciones en la oportunidad del juicio cuando ella lo considere adecuado (articulo 68).

En atencion a los articulos 65, 66, 69, 70 donde se recoge lo referente al tramite del juicio, se destaca --aun con cierto desorden sistematico-- iniciativas a favor del debido proceso. Ello es un punto interesante, debido a que se demuestra la intencion de llevar un proceso balo el marco de reglas garantistas; pero que lamentablemente se ven obscurecidas por la diaspora que presenta el articulado. Cuestion que de --lege ferenda-- debera atenderse con urgencia.

En materia de apelaciones, destaca la disposicion de normas entre los articulos 81 y 82. Aun cuando en el articulo 18 y 19 tambien existen situaciones referenciales a la impugnacion. Aqui tambien se presenta la disonancia sistematica del procedimiento establecido en el estatuto. Sin embargo, puede destacarse que todas las decisiones son apelables (24). Esto es que la impugnabilidad objetiva varia entre decisiones que estan ubicadas en cualquiera de las fases del proceso. En general se parte de ese principio general de la doble instancia. Donde destaca la existencia de una Sala de Apelaciones, a la que le corresponde conocer de los recursos contra las decisiones de la Sala de Primera Instancia o de la Sala de Cuestiones Preliminares.

* La legitimacion activa de los recursos la ejerce el fiscal o el reo y su defensor, aparentemente no existe esa posibilidad para la victima. Ello, cuando corresponda a la fase de juicio o de la Sala de Cuestiones Preliminares. Pero, tambien tiene legitimacion activa el Estado que hubiere impugnado la competencia de la Corte para conocer del asunto.

* En cuanto a decisiones recurribles la mayoria de las decisiones son impugnables como ya se indico, tanto para resolver cuestiones incidentales como las que corresponden al fondo del asunto (decisiones de la sala de cuestiones Preliminares: preservacion de pruebas; cuestiones que afectan la transparencia y celeridad de la investigacion y, aquellos fallos que afecten la procedibilidad de la causa y las que decidan la culminacion del juicio).

* Los motivos de procedencia, extranamente se dividen en cuatro situaciones ubicadas a modo sui generis como son: a) vicios en el proceso; b) error de derecho; c) error de hecho; d) otras cuestiones que afecten la imparcialidad y la justicia en el desarrollo de las actuaciones de las respectivas Salas.

Empero, este capitulo ha debido establecerse con mejor orientacion y especialmente, unas normas orientadoras mas precisas, en relacion al principio de agravio, la prohibicion de reformatio in pejus, los efectos extensivos del recurso. Entre otras cuestiones era indispensable atender a las distintas dificultades que pueden hallarse en el curso del proceso, principalmente en lo que atane a las cuestiones relativas a vicios de los actos, la posibilidad de convalidacion o no de los mismos, las nulidades y los efectos.

Por otra parte, una caracteristica especial que tiene el procedimiento de apelacion es que en el caso de una sentencia absolutoria en primera instancia no se otorgara la libertad hasta tanto se confirme la absolutoria mediante la apelacion. Aqui se revela el caracter especialmente restrictivo y de evidente desconfianza de lo acontecido en la instancia de juicio, asunto que no se compadece con la orientacion general en esta materia. Es decir, para que opere la libertad es necesaria la doble conformidad. Sin embargo, con base en lo establecido en el articulo 81.3.a podria interpretarse que la Sala de Primera Instancia ha de decidir la libertad del acusado. No obstante, es un asunto que esta sometido a diversas cuestiones que posibilitan la revocatoria de la libertad en caso de no satisfacerse los extremos planteados (81.3.a. b .c, i,ii).

Otras consideraciones en materia recursiva, destaca la revision de los fallos una vez que hubiere operado la condena (Revision del Fallo Condenatorio o de la Pena). En erecto, el articulo 84 que podra procederse a la revision del fallo cuando se hubieren descubierto nuevas pruebas y que de haber sido consideradas se hubiese producido un veredicto distinto. O cuando los jueces hubieren incurrido en falta de cumplimiento de las funciones en tal magnitud para que se justifique, incluso, la separacion del cargo. En todo caso, el procedimiento consiste en convocar nuevamente a la Sala de Primera Instancia original, constituir una nueva Sala, o mantener la competencia para conocer directamente del asunto, luego de oir a las partes, para determinar la revision de la sentencia definitiva. No se describe en este articulo, la situacion cuando se produzcan modificaciones sustanciales que sean favorables a la persona condenada.

En fin, la caracteristica esencial del proceso contenido en d estatuto resulta ser mas inquisitivo que puramente acusatorio, en ello resulta concurrente la opinion de Gomez Colomer, al senalar que la mezcla de sistemas hizo patente un diseno de juicio con amplias inclinaciones oficiosas, muy pocas iniciativas ope exceptione y el afianzamiento de la desconfianza en la labor judicial desarrollada, a veces hasta en extremo. La secuencia procesal permite observar el resguardo de las garantias del justiciable y de las partes; esta premisa garantista se mantiene en un nivel minimo y con una fuerte tendencia a la presuncion de culpabilidad contrario a la presuncion de inocencia que generalmente es un principio universalmente aceptado, aun cuando, normalmente se le desconoce o se le minimiza. Sin embargo, la expresa manifestacion de la orden de detencion al inicio de las investigaciones preliminares y la insistencia del encarcelamiento, incluso, con sentencia absolutoria de la primera instancia, deja en evidencia lo expuesto. La vista general del procedimiento penal previsto en el estatuto y en las Reglas de Procedimiento y Pruebas deja ver que la intervencion del fiscal del Ministerio Publico es cardinal para iniciar la investigacion y orientar el juicio hasta la sentencia definitiva. Pero, su labor esta caracterizada como sujeto procesal --esencialmente acusador-- al estilo anglosajon del public persecutor sin que pueda apreciarse otra asignacion diferente.

En suma, ?la conformacion estrictamente acusatoria del Ministerio Publico ante el sistema jurisdiccional de la corte penal internacional, lo circunscribe a una actuacion diferente en pro de la justicia?. La respuesta es obvia, el Ministerio Publico tanto en el ambito interno como en su nuevo rol ante la corte penal internacional tiene el cometido de fortificar la necesidad de proteccion, la necesidad de evitar la impunidad y la necesidad de no dar cabida a la inequidad. Su papel se circunscribe a la juridicidad y en ello consiste su esencia a favor de la legalidad y la justicia internacional en la persecucion de delitos contra el Derecho Internacional Humanitario.

Fecha de recpecion: 10/12/2005. Fecha de aceptacion: 11/03/2006

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Bassiouni, C. (2000). La Corte Penal Internacional. Ratificacion y aplicaciones por las legislaciones nacionales. Revue Internationale de Droit. Editions Eres. Toulouse.

Gomez Colomer, J. (2003). El Tribunal Penal Internacional: Investigacion y Acusacion. Tirant Monografias. Tirant lo blanch. Valencia.

-- (2004). La investigacion del Crimen en el proceso penal ante el Tribunal Penal Internacional. Revista Penal La Ley. Numero 12. En colaboracion con: Universidad de Huelva, Salamanca, Castilla--La Mancha y Pablo Olavide. Ed. La Ley. Salamanca.

(1) Sin embargo, antes de la Segunda Guerra Mundial se planteo la creacion de una Corte Internacional Penal tras el atentado contra un jefe de estado europeo con motivo de un acto terrorista, los acontecimientos terroristas de la muerte del Primer Ministro Frances y el Rey de Yugoslavia, que genero gran escandalo internacional. Este asunto dio lugar a la creacion de la Comision que redacto un proyecto que luego se transformo en dos convenciones, la de terrorismo y otra de la Corte Penal de 53 articulos y firmada en el ano 37. esta ultima fracaso con el inicio de la guerra de 1939.

(2) El articulo 1 del Estatuto establece que la Corte estara facultada para ejercer la jurisdiccion sobre personas respecto de los crimenes mas graves de trascendencia internacional y tendra caracter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.

(3) Sobre todo cuando considere que el asunto no redundaria en interes de la justicia que segun Gomez Colomer podria interpretarse: En segon lloc, es pensa que in assumpte no redundaria en interes de la justicia si fos inutil castigar el culpable pel seu estar mental o per la seva avancada etat o estat de salud del presumpte autor i el seu Grau de participacio en el crim pero te contingut propi (2003:23).

(4) Cuestiones de admisibilidad, lo que faculta a la Corte para ejercer la competencia de modo principal.

(5) Relativo a la imposibilidad de juzgamiento por cosa juzgada. No obstante, se establecen dos supuestos como: 1) cuando se haya procedido para sustraer al acusado de su responsabilidad penal. 2) La causa no hubiere sido instruida en forma independiente o imparcial conforme a las garantias procesales reconocidas por el Derecho internacional o en cualquier caso se hubiere realizado el juicio de modo incompatible con la intencion de sustraer a la persona de la accion de la justicia.

(6) Referido a las Disposiciones que puede adoptar la Sala de Cuestiones Preliminares cuando este patente una oportunidad unica de proceder a una investigacion. El Fiscal comunicara a la Sala de Cuestiones Preliminares el permiso para reunir o verificar pruebas que sirvan para apoyar el juicio.

(7) A proposito de la confirmacion de cargos antes del juicio. La Sala de Cuestiones Preliminares podra indicarle al Fiscal que presente nuevas

pruebas o lleve a cabo nuevas investigaciones en relacion con un determinado cargo o modificar un cargo en razon de las pruebas presentadas que parecen indicar la comision de un delito distinto que sea competencia de la Corte(numeral 7 letra c.i.ii).

(8) El articulo 310 del COOP indica que el Tribunal de Control a solicitud del Ministerio Publico podra ordenar que cualquier ciudadano sea conducido por la fuerza publica en forma inmediata ante el funcionario del Ministerio Publico que solicito la conduccion.

(9) El articulo 559 de la Ley referida expresa: Identificado el adolescente el FMP podra solicitar la detencion para asegurar la comparecencia a la audiencia preliminar. Solo se acordara esta detencion si no hay otro modo de asegurara la comparecencia.

(10) El Fiscal podra pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que, en lugar de una orden de detencion, dicte una orden de comparecencia. La Sala, de estar convencida de que hay motivo razonable para creer que la persona ha cometido el crimen que se le imputa y que bastara con una orden de comparecencia para asegurar que comparezca efectivamente, dictara, con o sin las condiciones limitativas de la libertad (distintas de la detencion) que prevea el derecho interno, una orden para que la persona comparezca.

(11) Referente a la orden de detencion u orden de comparecencia dictada por la Sala de Cuestiones Preliminares. En cualquier momento luego de iniciada la investigacion, la Sala dictara a solicitud del Fiscal una orden de detencion contra una persona si tras examinar la solicitud se justifica el peligro de fuga y de obstaculizacion. Dice el articulo 58: Iniciada la investigacion, la Sala de Cuestiones Preliminares dictara, a solicitud del Fiscal, una orden de detencion contra una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas y otra informacion presentadas por el Fiscal, estuviere convencida de que: a) Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte; y b) La detencion parece necesaria para: i) Asegurar que la persona comparezca en juicio; ii) Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la investigacion ni las actuaciones de la Corte; o iii) En su caso, impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un crimen conexo que sea de la competencia de la Corte y tenga su origen en las mismas circunstancias.

(12) El que se refiere al procedimiento de detencion en el Estado de la detencion. El Estado Parte que haya recibido una solicitud de detencion provisional de detencion y entrega tomara inmediatamente las medidas para que se manifieste la detencion de conformidad con el Derecho interno.

(13) El articulo contiene algunas reglas sobre la detencion provisional, al senalar: 1) En caso de urgencia, la Corte podra solicitar la detencion provisional de la persona buscada hasta que se presente la solicitud de entrega y los documentos que la justifiquen de conformidad con el articulo 91.

(14) En los numerales 3 y 4 del articulo 59 se establece que el detenido tiene derecho a solicitar la libertad provisional y el Estado de la detencion a evaluar su procedencia y si existen las garantias para acordarla.

(15) En el articulo 60 numerales 3 y 4, se indica expresamente: La Sala (...) revisara periodicamente su decision en cuanto a la puesta en libertad o la detencion y podra hacerlo en cualquier momento en que lo solicite el Fiscal o el detenido. Por su parte, el numeral 4 senala: La Sala (...) se asegurara de que la detencion en espera de juicio no se prolongue excesivamente a causa de una demora inexcusable del Fiscal. Si se produjere dicha demora, la Corte considerara la posibilidad de poner en libertad al detenido, cono sin condiciones.

(16) Quien sea objeto de una orden de detencion podra pedir la libertad provisional. Si la Sala de Cuestiones Preliminares esta convencida de que se dan las condiciones enunciadas en el parrafo 1 del articulo 58, se mantendra la detencion. En caso contrario, la Sala de Cuestiones Preliminares pondra en libertad al detenido, cono sin condiciones.

(17) La Corte establecera principios aplicables a la reparacion, incluidas la restitucion, la indemnizacion y la rehabilitacion, que ha de otorgarse a las victimas o a sus causahabientes. Sobre esta base. la Corte. previa solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, podra determinar en su decision el alcance y la magnitud de los danos, perdidas o perjuicios causados a las victimas o a sus causahabientes, indicando los principios en que se funda.

(18) Este asunto es de igual tenor a lo que acontecia con el procedimiento ordinario bajo cl Codigo de Enjuiciamiento Criminal venezolano, donde el inicio del plenario estaba marcado con la presentacion de los cargos del Fiscal del Ministerio Publico, los que se manifestaban a traves de un escrito formal con la indicacion de los elementos que podrian apoyar o sustentar la existencia del delito v la responsabilidad penal del encausado, y el escrito estaba dirigido concretamente a la formulacion de cargos.

(19) El emblematico articulo 61 y sus extensas disposiciones dan un perfil general de lo que puede acontecer en la audiencia preliminar asi: En la audiencia, el fiscal presentara respecto de cada cargo pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometio el crimen que se le imputa. El fiscal podra presentar pruebas documentales o un resumen de las pruebas y no sera necesario que llame a los testigos que han de declarar en el juicio. 6. En la audiencia, el imputado podra: a) Impugnar los cargos; b) Impugnar las pruebas presentadas por el fiscal, y c) Presentar pruebas. 7. La Sala de Cuestiones Preliminares determinara, sobre la base de la audiencia, si existen pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometio cada crimen que se le imputa. Segun cual sea esa determinacion, la Sala de Cuestiones Preliminares: a) Confirmara los cargos respecto de los cuales haya determinado que existen pruebas suficientes y asignara al acusado a una Sala de Primera Instancia para su enjuiciamiento por los cargos confirmados; b) No confirmara los cargos respecto de los cuales haya determinado que las pruebas son insuficientes; c) Levantara la audiencia y pedira al fiscal que considere la posibilidad de: i) Presentar nuevas pruebas o llevar a cabo nuevas investigaciones en relacion con un determinado cargo; o ii) Modificar un cargo en razon de que las pruebas presentadas parecen indicar la comision de un crimen distinto que sea de la competencia de la Corte. 8. La no confirmacion de un cargo por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares no obstara para que el fiscal la pida nuevamente a condicion de que presente pruebas adicionales. 9. Una vez confirmados los cargos y antes de comenzar el juicio, el fiscal, con autorizacion de la Sala de Cuestiones Preliminares y previa notificacion al acusado, podra modificar los cargos. El fiscal, si se propusiera presentar nuevos cargos o sustituirlos por otros mas graves, debera pedir una audiencia de conformidad con el presente articulo para confirmarlos. Una vez comenzado el juicio, el fiscal, con autorizacion de la Sala de Primera Instancia, podra retirar los cargos. 10. Toda orden ya dictada dejara de tener efecto con respecto a los cargos que no hayan sido confirmados por la Sala de Cuestiones Preliminares o hayan sido retirados por el fiscal. 11. Una vez confirmados los cargos de conformidad con el presente articulo, la Presidencia constituira una Sala de Primera Instancia que, con sujecion a lo dispuesto en el parrafo 8 del presente articulo y en el parrafo 4 del articulo 64, se encargara de la siguiente fase del procedimiento y podra ejercer las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares que sean pertinentes y apropiadas en ese procedimiento.

(20) El articulo 63 expresa: 1. El acusado estara presente durante el juicio. 2. Si el acusado, estando presente en la Corte. perturbare continuamente el juicio, la Sala de Primera Instancia podra disponer que salga de ella y observe el proceso y de instrucciones a su defensor desde fuera, utilizando, en caso necesario, tecnologias de comunicacion. Esas medidas se adoptaran unicamente en circunstancias excepcionales, despues de que se haya demostrado que no hay otras posibilidades razonables y adecuadas, y unicamente durante el tiempo que sea estrictamente necesario,

(21) Es decir, cuando en el numeral primero del articulo 61 se dice: (...) la Sala de Cuestiones Preliminares celebrara una audiencia para confirmar los cargos sobre la base de los cuales el Fiscal tiene la intencion de pedir el procesamiento. La audiencia se celebrara en presencia del Fiscal y del imputado, asi como su defensor.

(22) Conforme al articulo 61 puede que exista mas de una Sala, ya que no necesariamente el juicio debera desarrollarse en la sede de la Corte Penal Internacional en la Haya, esta conclusion deriva de lo expuesto en el articulo 62 cual expresa:

A menos que se decida otra cosa, el juicio se celebrara en la sede de la Corte. Y ademas de lo expresado en el citado articulo 61.7.a :

Confirmara los cargos respecto de los cuales haya determinado que existen pruebas suficientes y asignara al acusado a una Sala de Primera Instancia para su enjuiciamiento por los cargos confirmados

(23) Como aspecto importante del juicio el encausado tiene la oportunidad de formular su aceptacion de los cargos presentados por el fiscal y confirmados por la Sala de Cuestiones Preliminares asi: 8. a) Al comenzar el juicio, la Sala de Primera Instancia dara lectura ante el acusado de los cargos confirmados anteriormente por la Sala de Cuestiones Preliminares. La Sala de Primera Instancia se cerciorara de que el acusado comprende la naturaleza de los cargos. Dara al acusado la oportunidad de declararse culpable de conformidad con el articulo 65 o de declararse inocente. Asimismo el articulo 65 reserva una serie de actuaciones que ha de hacer la Sala de Primera Instancia para que se establezca la culpabilidad del acusado asi: 1. Si el acusado se declara culpable en las condiciones indicadas en el parrafo 8 a) del articulo 64. La Sala de Primera Instancia determinara: a) Si el acusado comprende la naturaleza y las consecuencias de la declaracion de culpabilidad; b) Si esa declaracion ha sido formulada voluntariamente tras suficiente consulta con el abogado defensor; y c) Si la declaracion de culpabilidad esta corroborada por los hechos de la causa conforme a: i) Los cargos presentados por el fiscal y aceptados por el acusado; ii) Las piezas complementarias de los cargos presentados por el fiscal y aceptados por el acusado; y iii) Otras pruebas, como declaraciones de testigos, presentadas por el fiscal o el acusado. 2. La Sala de Primera Instancia, de constatar que se cumplen las condiciones a que se hace referencia en el parrafo 1, considerara que la declaracion de culpabilidad, junto con las pruebas adicionales presentadas, constituye un reconocimiento de todos los hechos esenciales que configuran el crimen del cual se ha declarado culpable el acusado y podra condenarlo por ese crimen.

(24) Conforme al articulo 81. 1, los fallos dictados de conformidad con el articulo 74 seran apelables de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba y el articulo 82. 1.a.,b,c y d. Cualquiera de las partes podra apelar, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. de las siguientes decisiones: a) Una decision relativa a la competencia o la admisibilidad: b) Una decision por la que se autorice o deniegue la libertad de la persona objeto de investigacion o enjuiciamiento: c) Una decision de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de oficio de conformidad con el parrafo 3 del articulo 56: d) Una decision relativa a una cuestion que afecte de forma significativa a la justicia y a la prontitud con que se sustancia el proceso o a su resultado y respecto de la cual. en opinion de la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera Instancia, un dictamen inmediato de la Sala de Apelaciones pueda acelerar materialmente el proceso.

PROF. CARMELO BORREGO

Universidad Central de Venezuela

Instituto de Ciencias Penales y Criminologicas

Caracas--Venezuela

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Author:Borrego, Carmelo
Publication:Revista Cenipec
Date:Jan 1, 2006
Words:12497
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