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El "paraje San Juan" de Fox.

Los terrenos donde se ubican instalaciones militares estrategicas como el Campo Militar Numero Uno, ubicado en la zona de Tecamachalco, plantean una delicada situacion, tan delicada que la Secretaria de la Defensa Nacional se mantiene en "alerta preventiva". Resulta que los antiguos duenos de esos terrenos reclaman el pago de una indemnizacion cuyo monto duplicaria incluso el presupuesto de la propia dependencia.

Consideradas como instalaciones de seguridad nacional, las propiedades de la Secretaria de la Defensa Nacional que se localizan en la zona de Tecamachalco de la Ciudad de Mexico, entre ellas el Campo Militar Numero Uno, se encuentran en riesgo debido a un litigio entre la empresa Parques Conmemorativos, duena de los terrenos en disputa, y la Secretaria de la Reforma Agraria, que ya fue obligada por la Suprema Corte a indemnizar a la demandante, sin que hasta el momento el pago se haya hecho efectivo.

La empresa afectada considera que, en terminos actualizados, el pago que tendria que recibir del gobierno federal es de mas de 5 mil millones de pesos, casi el doble del presupuesto de la Secretaria de la Defensa Nacional y cuatro veces el gasto de la Secretaria de la Reforma Agraria.

La situacion tiene incluso en "alerta preventiva" al alto mando de la Defensa Nacional, puesto que los terrenos que se localizan en el poligono motivo del pleito judicial abarcan la zona donde se asienta la Direccion General de Industria Militar, varias unidades habitacionales de oficiales y personal de tropa, las clinicas de especialidades odontologicas y medicas, la fabrica de armas y la plaza comercial Sedena.

Los antecedentes del conflicto se remontan a noviembre de 1939, cuando el general Lazaro Cardenas firmo el acuerdo presidencial para devolver, en forma "definitiva e inmodificable", 50 de 234 hectareas que el gobierno federal habia expropiado en 1931 a la empresa mexiquense Parques Conmemorativos. La disposicion, sin embargo, fue derogada por el sucesor de Cardenas en la Presidencia, el general Manuel Avila Camacho, quien, entre otras razones, argumento que en una parte del terreno que pretendia ser devuelto a sus antiguos propietarios se comenzaban a levantar las instalaciones de lo que seria el Campo Militar Numero Uno, aledano al sitio en el que se construiria el edificio central de la Secretaria de Guerra y Marina.

Sobre las 50 hectareas de superficie mencionadas se extendian terrenos que formaban parte del antiguo ejido de San Miguel Tecamachalco, del municipio de Naucalpan, Estado de Mexico, en donde solo habia minas de arena con algunas extensiones arboladas, atravesadas por barrancas y lotes baldios. En esta parte del norponiente de la ciudad se levantaron despues fraccionamientos y zonas habitacionales, como Lomas Hipodromo, algunos de cuyos lotes fueron adquiridos por generales integrantes del alto mando de aquella epoca.

El proceso de devolucion de las 50 hectareas a sus antiguos duenos fue detenido en mayo de 1943 por acuerdo presidencial del general Avila Camacho, quien adujo que se "promoveria judicialmente su nulidad". Asi comenzo una batalla en tribunales que, 60 anos despues --con un intervalo muerto de mas de dos decadas-- aun no termina y que, a partir de 2001, ya en el gobierno de Vicente Fox, mantiene en un impasse al area juridica de la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA), luego de que el caso se reactivo mediante un juicio de "reposicion de autos".

El responsable del area juridica de esa Secretaria, Juan Antonio Salinas Castanon, fue separado de su cargo en octubre ultimo luego de que la dependencia perdio algunas resoluciones judiciales del caso.

A principios de noviembre pasado, el litigio se complico. Una resolucion de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion (SCJN) del dia 4 de ese mes provoco que el asunto trascendiera a la opinion publica mediante la prensa, sin que el asunto de fondo --la negativa del gobierno federal, desde mediados de los cincuenta, a pagar la indemnizacion a la empresa afectada por la expropiacion de las 50 hectareas-- se haya resuelto.

De acuerdo con el expediente judicial del caso, abierto a la consulta del publico en la SCJN, los limites del area en litigio son, al norte, el Hipodromo de las Americas; al sur, el arroyo que afluye a la barranca de Tecamachalco; al este, las Lomas de Chapultepec, con una barranca de por medio, y al oeste, el Campo Militar Numero Uno.

Dentro de esta superficie, el valor inmobiliario del Club Hipico La Joya, de la torre Manhatan, de una parte del Hipodromo de las Americas y del area residencial de los fraccionamientos, que junto con las instalaciones militares son algunos de los inmuebles construidos en la zona del juicio, eleva a mas de 5 mil millones de dolares el costo de las 50 hectareas en disputa, de acuerdo con estimaciones de la empresa afectada.

Pantano judicial

En octubre de 1944, un juez de distrito fallo en favor de la empresa y le otorgo un amparo contra la decision presidencial acordada un ano antes por Avila Camacho, por lo que la Secretaria de Agricultura y Fomento, en nombre del presidente de la Republica, solicito una revision a la Suprema Corte. Esta peticion la resolvio la Segunda Sala, en junio de 1946, a favor de Parques Conmemorativos, y se confirmo la decision del juez.

A partir de entonces se inicio una serie de argucias gubernamentales para no indemnizar a los afectados por la expropiacion, como ocurrio en 1953, cuando la Secretaria de Agricultura y Ganaderia y la Direccion General de la Pequena Propiedad de la presidencia de la Republica pretendian compensar a la parte quejosa conforme al valor fiscal que tenian las 50 hectareas en 1931, cuando se dicto el decreto expropiatorio. La empresa se inconformo y, en 1954, gano un nuevo amparo en el Juzgado Segundo de Distrito, el cual fue apelado por las dos dependencias federales involucradas.

En abril de 1956, la Segunda Sala de la SCJN resolvio la apelacion a favor de la empresa y establecio que esta tenia que ser indemnizada bajo las siguientes disposiciones: practicar un avaluo real de los terrenos en cuestion; que este se concretara al valor que tenian a la fecha en que la quejosa se acogio voluntariamente a la compensacion, particularmente a la fecha en que le fue acordada de conformidad, y que al realizar el avaluo se respetara a la quejosa su garantia de audiencia, esto es, que se le diera intervencion en la elaboracion.

En 1957, Parques Conmemorativos promovio de nuevo ante tribunales una queja contra las dos dependencias del gobierno federal por no cumplir con los terminos del amparo y marginarlos del avaluo. En 1960, despues de varias negociaciones, la Secretaria de Agricultura taso las 50 hectareas en un monto de 15 millones de pesos, pero por "razones administrativas" no se efectuo el pago. En 1969, la dependencia determino que "era procedente hacer el pago"; sin embargo, para esa fecha --el ultimo ano del gobierno de Gustavo Diaz Ordaz-- declaro que se habia quedado sin recursos, por lo que la indemnizacion nunca se dio.

Desde esos anos y hasta enero de 2001, cuando el caso fue tomado por el bufete juridico que encabeza Humberto Pazos Chavez, la respuesta que el gobierno federal tenia para los afectados, a traves de Agricultura y luego de la Reforma Agraria, era que "no tenian personalidad juridica" para reclamar la indemnizacion ordenada por la autoridad judicial.

De poco sirvio que el 5 de diciembre ultimo la Reforma Agraria anunciara que "acato el fallo de la Corte" del 4 de noviembre e indemnizara a Parques Conmemorativos con 82 millones 825 mil pesos por las 50 hectareas en disputa. Y es que, unos dias despues, la Secretaria General de Acuerdos de la Suprema Corte ordeno al Juzgado de Distrito en el que la dependencia deposito el pago que lo mantenga en "guarda provisional" en la caja de valores del juzgado, en tanto el pleno del maximo tribunal del pais no resuelva el nuevo recurso interpuesto por los abogados de la empresa en relacion con la sentencia del 4 de noviembre, cuando se resolvio pagar dicha cantidad. Para la defensa, esta resolucion "contradice" juridicamente la dictada por el mismo organismo en 1956, ademas de que los ministros "asumieron facultades que no les correspondian".

Segun el abogado Pazos Chavez, el caso podria resumirse como una historia de la Corte contra la Corte, en la que afloran las contradicciones juridicas en abono de la impunidad. Estas son sus argumentaciones:

"El pleno actuo de una manera muy superficial en este asunto. La Corte no tiene que valorar pruebas ni tiene que modificar peritajes, como lo dijo el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia (en entrevista con el diario Reforma, un dia despues de que fue dictada la sentencia del 4 de noviembre), porque eso solo son atribuciones de las instancias interiores, del juez de distrito o del tribunal colegiado. La Corte manifiesta que, por extension de articulo 107 constitucional, fraccion 16, puede llevar a cabo el cumplimiento sustituto de una sentencia. Eso no es verdad. En la fecha en que se hicieron las modificaciones al referido articulo por parte de las Camaras, en 1994, no se determino que el pleno de la Corte tuviese atribuciones para modificar sentencias ejecutoriadas ni todos los proveidos o resoluciones firmes que se dictaron dentro del procedimiento y que tienen el caracter de cosa juzgada. Esta prohibido, y la misma resolucion del 4 de noviembre senala que no lo pueden hacer; sin embargo, lo hacen y lo declara el ministro al senalar que podran modificar pruebas, peritajes, no solo en asuntos relacionados con expropiaciones".

Anade que, de acuerdo con la ley, para que se determine o para que se disponga de oficio el cumplimiento sustituto de una sentencia, "debe previamente determinarse el incumplimiento por parte del pleno de la Corte; en este caso, en terminos del acuerdo del 4 de noviembre, el pleno determina que no existe incumplimiento. Inclusive menciona que no existe una actitud rebelde de la autoridad para cumplir la sentencia. Si no existe incumplimiento, tampoco se podria determinar el cumplimiento", por lo que su resolucion es contradictoria.

El litigante puntualiza que el pleno de la Corte tuvo otro error evidente al dar visto bueno, sin actualizarlo, al avaluo de 1960. "Los ministros llegan hasta una cantidad de 82 millones de pesos, pero al pleno, no obstante que no tiene atribuciones, se le olvido cuantificar los recargos, porque la misma ley lo establece. Esos recargos, si se pagaran actualizandolos de la misma fecha en que se actualizaron los 15 millones de pesos, por mucho superarian seguramente la cantidad que deposito la Reforma Agraria".

Y es que, explica, esa cifra, en terminos llanos, rondaria los 4 mil o 5 mil millones de pesos, que equivaldrian casi al doble del presupuesto para 2004 de la Secretaria de la Defensa Nacional o cuatro veces el de la Reforma Agraria.

Cantidad exorbitante: SRA

Por su parte, Jorge Gomez de Silva Cano, exmagistrado del Tribunal Agrario y desde hace dos meses director juridico de la Secretaria Reforma Agraria, considera exorbitante y sin sustento el monto referido. "Si estamos tomando en consideracion que la afectacion de estas tierras se llevo a cabo en 1936, que la Presidencia de la Republica ordeno la restitucion en 1939, estimo que el valor que se debio tomar como base debio haber sido el momento en que se afecto en sus derechos a la quejosa, porque todas las inversiones que ahora existen en la zona y la plusvalia no son producto de la inversion de la empresa".

En cuanto al deposito que la SRA realizo en el juzgado de distrito, el funcionario lo justifica como respuesta a la orden dictada por la Corte en su resolucion del 4 de noviembre, la cual estipula 90 dias para hacerlo, porque de lo contrario, dice, operaria el mecanismo juridico de destitucion de funcionarios que incumplieran sentencias como la acordada.

"Nos hubiera representado una cantidad mayor en cuanto a la actualizacion, ademas de que, por razones de presupuesto, la Reforma Agraria no podia ejercer en enero este pago, ya que tenia que darse la asignacion presupuestaria, lo cual seria en marzo, y el plazo vencia en febrero. Esto dejaria a la Secretaria en una situacion de no poder darle cumplimiento a la sentencia, y entonces seria aplicable la sancion dispuesta de la destitucion".

Para Gomez de Silva, el hecho de haber depositado la garantia de indemnizacion que la Corte establecio es una forma de afirmar que la resolucion se ha acatado en plenitud. "Para la Reforma Agraria no hay ningun motivo de intranquilidad en el hecho de que el abogado de la empresa este intentando de alguna forma desvirtuar la resolucion de la Corte, pero, obviamente, estaremos atentos".

Sin embargo, para el representante de Parques Conmemorativos, en el juicio el dinero "no es lo mas importante". "El problema toral --sostiene-- ya no estriba solamente en el pago; estriba en que si ese parte-aguas juridico del que hacemos mencion resulta que va a ser ratificado por el pleno de la Corte. Eso va a determinar que en el futuro cualquier asunto, en el que las pruebas, los dictamenes, peritajes y las resoluciones dictadas por jueces o tribunales son 'incorrectos', entre comillas, puedan ser modificados a su albedrio, como si se tratara entonces de una autoridad unisustancial que no tiene otras instancias inferiores que le puedan determinar la calidad de cosa juzgada a ninguna de las sentencias que le han dictado. Eso es lo mas grave del asunto".

El caso de Parques Conmemorativos sena como "a la inversa del paraje San Juan" anade Pazos Chavez, ya que aqui, explica, no solo ha sido el gobierno federal el que por mas de 50 anos se ha negado a acatar las directrices que trazo la Corte para efectuar el avaluo de las 50 hectareas e indemnizar a los afectados, sino que el monto, por corruptelas gubernamentales de los gobiernos de aquella epoca, se ha duplicado.

En el horizonte de la batalla judicial el abogado considera la posibilidad de presentar un escrito de reversion del decreto expropiatorio, con lo que el problema se agrandaria, ya que ahora no serian 50 las hectareas en litigio, sino las 234 originales, con lo que la superficie aumentaria y la zona en disputa ocuparia casi la totalidad de las instalaciones militares. Y es que, desde el principio, la empresa, por tratarse de un fin social", renuncio en 1931 al cobro de 184 hectareas, y anos despues solo solicito el pago de las 50.

Senala: "Supuestamente, el fin para el cual fueron expropiadas fue dotar de tierras a los ejidatarios de Tacamachalco. Sin embargo, si se revisan los comunicados de la Unidad de Comunicacion Social de la Secretaria de la Reforma Agraria, ellos mismos senalan que el decreto expropiatorio del 4 de noviembre de 1931 fue para construir el Campo Militar Numero Uno A, cosa que no es cierta. La afectacion se hizo con el unico objeto de dotar de tierras a los ejidatarios de Tecamachalco. El articulo noveno de la ley de expropiacion de 1936, que es la que esta vigente para efectos de solicitar la reversion por parte de mi representada, determina que esta procedera si dentro de los cinco anos siguientes se acredita que los bienes que fueron afectados no se utilizaron para los fines para los que fueron expropiados, y en aquel entonces no se preveia ningun termino para hacer valer esta reversion".

Pazos Chavez tiene presente el argumento de la Reforma Agrada en el sentido de que como se podria pagar una cantidad actualizada a 2003 con un avaluo de esta fecha si lo que se urbanizo en la zona no lo hizo la empresa. Argumenta: "Yo quiero saber a donde se fue todo ese dinero de todas esas hectareas que se vendieron, a quien enriquecio y, obviamente, a quien le esta produciendo impuestos anualmente eso; pues al Estado, por diversos conceptos: Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Predial, IVA por todos los comercios que hay.."
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Title Annotation:antiguos duenos de terrenos reclaman compensacion por expropiacion y uso ilegal de terrenos; la empresa Parques Conmemorativos contra la Secretaria de Defensa y Reforma Agraria
Author:Velediaz, Juan
Publication:Proceso
Date:Dec 21, 2003
Words:2887
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