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Dos decadas de conflicto en torno al uso propio de semillas de soja geneticamente modificada en Argentina: fases del enfrentamiento, acumulacion de capital y actores sociales (1996-2018).

Two decades of conflict over seed saving of genetically modified soybeans in Argentina: conflict phases, capital accumulation, and social actors (1996-2018)

INTRODUCCION

A mas de dos decadas del momento en que las variedades de semillas geneticamente modificadas (GM) comenzaron a estar disponibles en el mercado, el numero de discusiones disparadas por el uso de esta tecnologia no ha hecho sino multiplicarse. En efecto, los cuestionamientos iniciales respecto de posibles efectos adversos sobre el consumo humano (directo o mediado por el consumo animal) y el medio ambiente (impulsados, en un gran numero de casos, por organizaciones ecologistas) no lograron impedir la veloz expansion en su siembra, lo que dio lugar a la emergencia de nuevos debates (veanse, por ejemplo, Massieu Trigo, 2009 y Perelmuter, 2011). Entre estos destaca la caracterizacion del "modelo agricola" deseable para la Argentina, asi como las consecuencias sociales y ambientales que emergen como consecuencia de la forma concreta que toma actualmente la acumulacion de capital en la rama agraria (1). Con el impulso a la produccion que sucedio a la expansion en la siembra de semillas GM, estas discusiones han cobrado una nueva dimension (Gras y Hernandez, 2009) (2).

Por otra parte, la aceleracion del proceso de concentracion y centralizacion del capital en algunas ramas de la produccion resulto en la consolidacion de un grupo relativamente pequeno de capitales biotecnologicos, que comenzaron a tomar en sus manos buena parte del proceso de investigacion y desarrollo anteriormente impulsado por los Estados nacionales (Kloppenburg, 2004; Filomeno, 2013). Este hecho suscito criticas respecto de la perdida de la llamada "soberania tecnologica", asi como de la expansion de los derechos de propiedad intelectual (DPI) sobre las semillas y sus componentes (Massieu Triggo, 2009; FAA, 2005; Perelmuter, 2011). Asimismo, estos capitales desarrollarian una creciente capacidad de presion sobre los Estados nacionales (Newell, 2009), lo que resultaria en una serie de enfrentamientos en una escala global, algunos de los cuales giran en torno a las regalias exigidas.

La Argentina es, en este ultimo aspecto, un caso paradigmatico. En efecto, se trata de un espacio nacional que fue pionero no solo en autorizar la siembra de semillas GM, sino tambien en alumbrar un conflicto de alcance internacional por el cobro de regalias en el cual tomaria parte nada menos que Monsanto (hoy adquirida por Bayer), un capital historicamente vinculado al desarrollo de agroquimicos que en las ultimas decadas se consolido tambien en el sector de las biotecnologias agrarias[3]. No seria, sin embargo, el unico capital en exigir el pago de un canon por los DPI sobre las semillas. A pesar de que, de manera general, Monsanto se convirtio en centro de la atencion en buena parte de los analisis sobre la cuestion, tambien los criaderos de variedades vegetales reclamaban el pago de regalias por la reproduccion para uso propio de las semillas, por lo que se constituyeron en aliados de aquella.

Este enfrentamiento ha transitado por dos fases principales. La primera, que se extendio desde fines de la decada de 1990 hasta principios de la actual, presenta algunos aspectos peculiares. En primer lugar, Monsanto fue incapaz de imponer sus pretensiones de cobro a lo largo de mas de una decada. Esta derrota, por otra parte, le fue infligida por una alianza sostenida por el gobierno nacional y las principales asociaciones agrarias, quienes al mismo tiempo no dejarian de enfrentarse entre ellos en relacion a aspectos especificos de la politica economica. Hacia principios de la presente decada, no obstante, el conflicto inicio una segunda fase en la que se evidencia una marcada transformacion en el accionar del gobierno, que ya no fue capaz de contener los embates de Monsanto. Asi, la empresa logro imponer un esquema de regalias adecuado a sus propositos.

En este contexto, la propuesta del trabajo consiste en indagar sobre esta particular dinamica del conflicto, deteniendonos sobre algunos de sus aspectos economicos y politicos, y tomando como marco la especificidad del proceso argentino de acumulacion de capital. Asi, tras referirnos al contexto en el que tuvo lugar la introduccion y difusion de las semillas de soja GM en la Argentina, sintetizaremos algunos de los episodios mas salientes del enfrentamiento, estructurandolo en las dos fases ya mencionadas y haciendo hincapie en el accionar de algunos sujetos sociales involucrados y sus estrategias. En particular, nos detendremos sobre las acciones de Monsanto y los criaderos, el gobierno nacional, y las asociaciones agrarias, que representan a buena parte de los actores sociales de la produccion que utilizan estas tecnologias. En relacion a estas ultimas, nos centraremos especificamente en la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federacion Agraria Argentina (FAA). Sobre estas bases, indagaremos posteriormente en el contenido del enfrentamiento, a partir del cuestionamiento sobre el caracter de la riqueza social disputada.

Al respecto, plantearemos que las regalias que Monsanto no fue capaz de cobrar durante la primera fase del conflicto fueron apropiadas por una fraccion de la clase terrateniente bajo la forma de renta de la tierra. Como veremos, sin embargo, debido a la forma especifica de acumulacion de capital en la Argentina, los terratenientes no son los unicos apropiadores de la renta que fluye hacia aqui: mediante distintos mecanismos a los que da curso el Estado, una porcion de aquella es apropiada por los capitales del sector industrial. Esto permite explicar que, a lo largo de la primera fase del conflicto, el gobierno procurara retener dicha masa de riqueza para el proceso nacional de acumulacion, de forma de potenciar su capacidad de expandirse. El desarrollo de una nueva biotecnologia por parte de Monsanto, no obstante, cambiaria la correlacion de fuerzas en su favor, ya que su lanzamiento comercial constituyo una fuerte carta de negociacion. Sin embargo, como veremos, el sistema de cobro que logro implementar se sostiene aun de manera precaria.

Para avanzar en este analisis, utilizaremos tanto notas de periodicos como documentos de las asociaciones, lo que nos permitira reconstruir los principales aspectos del conflicto. Por otra parte, nos valdremos tanto del corpus legal como de bibliografia secundaria a la hora de referirnos al marco juridico argentino y sus transformaciones a lo largo del periodo. Por ultimo, hemos realizado entrevistas a miembros de las camaras de obtentores y funcionarios del INASE.

1. EL MARCO JURIDICO E INSTITUCIONAL

Hacia principios de la decada de 1990, la Argentina se convertiria en uno de los primeros paises en regular el uso de biotecnologias agricolas. Sucedio que, por una parte, los capitales aplicados a la produccion de eventos biotecnologicos se hallaban en la necesidad de extender la brecha temporal durante la cual realizar ensayos de campo, hasta alli limitada a los meses de siembra del hemisferio norte. Por otra parte, en la Argentina existia una buena cantidad de instituciones que albergaban a cientificos dedicados a la investigacion en biologia molecular y disciplinas afines (Burachnik & Traynor, 2002).

Asi, a instancias de dichos capitales, en 1991 se crearia la Comision Nacional de Biotecnologia Agricola (CONABIA) (4), como organo principal de evaluacion y consulta de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca (SAGPYA) (5). Inmediatamente despues de su creacion se presentarian tres requerimientos para realizar ensayos de campo por parte de capitales extranjeros, que fueron rapidamente autorizados (Vara, 2005) (6). En ese mismo ano tambien se creo el Instituto Nacional de Semillas (INASE), que gestiona el registro nacional de variedades de semilla y de sus propietarios, regula juridicamente las cuestiones vinculadas a la LS, y detenta el poder de policia para hacer cumplir las reglamentaciones. Con la creacion de esta agencia, el gobierno buscaba incrementar su control respecto de los derechos de propiedad sobre las nuevas variedades de semilla, y particularmente sobre las autogamas, de las cuales un 75 % circulaba de forma ilegal en el mercado (International Seed Federation, 2015) (7).

Pero, a pesar de la instrumentacion de una red institucional especificamente destinada a la regulacion del comercio de semillas GM, pronto emergeria un problema vinculado con la proteccion de los DPI (8). Al respecto, cabe destacar en primer lugar que la legislacion argentina en materia de patentes, condensada en la Ley de Patentes (LP) 24.481 y sus modificaciones, no contempla las variedades vegetales. Permite, sin embargo, el patentamiento de material biologico no preexistente en la naturaleza, y particularmente de los eventos biotecnologicos (9 10).

Claro que esto no implica la inexistencia de un sistema de proteccion de propiedad intelectual en lo referente a variedades: en la legislacion argentina, como en muchas otras, este papel lo juega el derecho de obtentor de variedades (DOV) (11). Se trata de un sistema alternativo al de las patentes, destinado especificamente a cubrir las particularidades de la innovacion en la industria semillera, que esta regulado por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogeneticas 20.247 (LS) sancionada en 1973, asi como su reglamentacion y sus posteriores modificaciones. El uso de un sistema de DOV, a su vez, esta enmarcado en otro acuerdo de alcance global: el Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales (UPOV), adoptado en 1961 y sujeto a sucesivas enmiendas, entre las que destacan las realizadas en 1978 y 1991. En 1994, la Argentina adhirio al convenio UPOV 1978 (12), cuyas disposiciones armonizaban con la LS. Asi, con la introduccion de los desarrollos biotecnologicos la regulacion del derecho de propiedad intelectual sobre semillas GM pasaria a estar dividida entre ambos sistemas: las variedades vegetales quedarian encuadradas bajo la LS, mientras que los eventos biotecnologicos podrian ser protegidos mediante patentes (13).

Esta configuracion juridica tiene consecuencias relevantes a la hora de entender el conflicto desatado en torno a las regalias. En primer lugar, la LS establece para los agricultores la posibilidad de ejercer el llamado "derecho de uso propio"; esto es, de replicar semilla sin requerir autorizacion del obtentor ni pagarle un canon siempre que la accion no se realice con fines comerciales, es decir, que el producto de la cosecha no se venda como semilla, sino como grano. Dado que la ley no ofrece precisiones en torno a que limites tiene este derecho o quienes pueden hacer uso de el, esto sera posteriormente objeto de disputa. Por otra parte, permite el uso experimental de las variedades protegidas para obtener otras nuevas sin el permiso del obtentor. Estas excepciones no estan contempladas en la legislacion sobre patentes, con lo cual la reproduccion para uso propio de semillas que contengan componentes patentados constituiria, en principio, una violacion a los DPI del titular (Witthaus, 2006; Gianni, 2010).

A esta cuestion se sumaria el volumen relativamente alto de semillas autogamas que circularon historicamente en el mercado. Aquel comenzaria a contraerse hacia principios de la decada de 1990, con base tanto en los controles del INASE como en el accionar de los obtentores, que en 1990 se nuclearian en una nueva camara: la Asociacion Argentina de Proteccion a las Obtenciones Vegetales (ARPOV). Dicha entidad pondria en marcha un sistema de control sobre los semilleros que multiplicaban las variedades protegidas, lo que inicialmente redujo el tamano del mercado ilegal de semillas (Gutierrez, 1994). Con la aprobacion del evento RR para semillas de soja, sin embargo, el escenario volveria a cambiar.

2. LA TECNOLOGIA RR EN LA ARGENTINA: DIFUSION, PROPIEDAD INTELECTUAL E INICIO DEL CONFLICTO

La tecnologia RR para soja seria el primer evento en ser aprobado en la Argentina. Desarrollada por Monsanto, consiste en una secuencia genetica que brinda a la planta resistencia al glifosato, un herbicida no selectivo creado y comercializado por la misma empresa desde 1970 bajo la marca Roundup (de ahi que el nombre comercial del evento sea RR, siglas de Roundup Ready). En marzo de 1996, y mediante un tramite sumamente irregular (Pagina/12, 26/04/2009), la SAGPYA aprobaria la comercializacion de variedades que incorporasen este evento, cuyo uso Monsanto licenciaria a los criaderos para incorporarlo a sus variedades a cambio del pago de un canon. La empresa, sin embargo, no lograria obtener DPI sobre el evento: ya sea debido a una estrategia deliberada o a un error administrativo, solicitaria las patentes correspondientes cuando ya habia expirado el plazo legal para hacerlo. Asi, esta biotecnologia acabaria pasando a dominio publico (14).

La siembra de las variedades RR se difundio rapidamente en la region pampeana: en la campana 2000/1, a apenas cuatro anos de su lanzamiento, estas explicaban ya mas del 90 % de la superficie sembrada con soja (Qaim & Traxler, 2005).. Distintas razones pesarian a la hora de explicar este veloz avance. En primer lugar, el uso del glifosato tiende a reducir los costos de produccion, al reemplazar el paquete de herbicidas utilizado tradicionalmente (Alapin, 2008). Por otra parte, su costo habia caido fuera de los EE.UU. En efecto, si bien alli lograria extender la patente de su formula hasta el ano 2000, Monsanto habia perdido los derechos de propiedad intelectual sobre el herbicida en la mayoria de los restantes paises hacia 1991 (Szekacs & Darvas, 2012). Con la expansion en la siembra de soja RR y, consecuentemente, de la demanda de glifosato, la aparicion de numerosos competidores haria caer su precio marcadamente (Alapin, 2008). La combinacion de soja RR y glifosato permitio ademas la generalizacion de la produccion mediante el sistema de siembra directa, cuyo principal problema radicaba precisamente en el control de las malezas. En esencia, se trata de una tecnica por la cual se siembra sobre los rastrojos de la cosecha anterior, lo que ahorra el trabajo mecanico de labranza. De esta forma, no solo se reduce el consumo de combustible y la utilizacion de fuerza de trabajo, sino que se logra un mayor aprovechamiento del agua y una menor erosion del suelo (15). Por ultimo, al reducir los ciclos de produccion aumenta la posibilidad de realizar un doble cultivo (Caligaris, 2016)

Pero el avance en la siembra de variedades de soja RR tuvo tambien otro trasfondo, que constituiria el eje del conflicto. Por un lado, buena parte de las semillas sembradas habia sido reproducida al amparo del derecho de uso propio; por el otro, una porcion no menor del mercado estaba constituida por semillas de "bolsa blanca", esto es, reproducidas ilegalmente para su venta, por lo que no pagaban regalias a los obtentores, ni tampoco, consecuentemente, a Monsanto (16). Asi, el uso de semillas no certificadas (17) volvio a expandirse a partir de 1996: en el ano 2001, la SAGPYA afirmo que solo el 35 % de las semillas sembradas se hallaba fiscalizado y estimaba que otro 35 % se enmarcaba dentro del uso propio, con lo cual la venta ilegal de semillas ascendia a un 30 % (La Nacion, 09/06/2001).

Sin embargo, las cosas no marchaban del todo mal para Monsanto. Por una parte, habia logrado instalar el uso de una tecnologia que, incluso antes de ser lanzada al mercado, habia despertado polemica. Y no solo se difundiria en la Argentina: antes de su aprobacion oficial, la siembra de soja RR se extenderia tanto a Brasil como a Paraguay por medio del contrabando. Por la otra, si bien la empresa ya no poseia el monopolio de la venta de glifosato, el Round Up conservaba aun una porcion significativa del mercado argentino (18). Esto significaba que, indistintamente del origen de las semillas sembradas, Monsanto habia multiplicado las ganancias obtenidas por la venta del herbicida.

Resultaba evidente, no obstante, que Monsanto no se resignaria a aceptar este estado de cosas, e intentaria cobrar regalias tecnologicas sobre el evento, a pesar de no poseer las patentes (19). Para ello, encontraria un aliado en los obtentores nucleados en ARPOV, con los que habia logrado mantener los acuerdos de pago por el evento RR (20), y que a su vez perseguian el cobro de regalias por el uso propio en concepto de desarrollo del germoplasma (21). En 1999, dicha camara lanzo formalmente el sistema de regalias extendidas. Este consistia en un contrato por el cual los compradores de semillas se obligaban a pagar regalias por el uso propio. Por otra parte, el contrato facultaba a ARPOV a ingresar a las explotaciones para tomar muestras de granos con el objeto de fiscalizar su procedencia.

Se trataba del primer intento por parte de los obtentores de cobrar por el uso propio. (22) Sin embargo, el sistema constituia tambien la forma de apropiar ganancias de Monsanto, ya que, en el caso de la reproduccion de semillas que contuvieran el evento RR, las regalias exigidas por los obtentores ciertamente incluian el canon que se habian obligado a pagar a Monsanto por la inclusion de dicho evento en sus variedades. Esto desataria un conflicto en dos frentes simultaneos: por una parte, el pago de regalias a los obtentores por el desarrollo del germoplasma se estrellaba contra la LS, que permitia el uso propio; por la otra, el hecho de que Monsanto tambien buscara apropiar por ese medio regalias tecnologicas sobre el evento resultaba aun mas chocante, puesto que no habia podido patentarlo localmente.

Asi, los esfuerzos por implementar el sistema desatarian inmediatamente el rechazo de un diverso arco de actores sociales. De manera general, sin embargo, el enfrentamiento contra Monsanto seria liderado por las cuatro asociaciones agrarias. Estas no solo representan a una fraccion de los sujetos sociales vinculados a la produccion de soja--los capitalistas y terratenientes agricolas-, sino que suelen tener acceso fluido a los funcionarios gubernamentales (23).

En particular, serian la Federacion Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) las que, con distintas estrategias y posiciones politicas, tomarian las riendas de la oposicion al pago de regalias. De este modo, la FAA denunciaria que

las empresas trasnacionales utilizan el problema de la semilla ilegal como una excusa para reformar la legislacion de fondo de semillas y avanzar con la figura del patentamiento en vegetales, en detrimento de los derechos del agricultor al acceso y utilizacion de los recursos geneticos, particularmente el derecho del uso de semilla propia para la nueva siembra (FAA, 2005, p. 22).

Asimismo, apuntaba a distinguir la cuestion de la bolsa blanca del uso propio amparado por la Ley de Semillas, al mismo tiempo que rechazaba las atribuciones de fiscalizacion que se arrogaba ARPOV:
   a "bolsa blanca" no es producto de la reserva y uso de semilla
   propia por los agricultores. La ley actual da las suficientes
   atribuciones al organo de aplicacion para controlar el comercio
   ilegal de semillas. No es admisible, tampoco, la privatizacion del
   poder de policia (p. 186).


En relacion a la venta de semillas no fiscalizadas, la posicion de la entidad consistia en "fortalecer la capacidad de fiscalizacion del INASE" (p. 49).

Por su parte, la SRA tambien rechazaria el sistema de regalias extendidas con similares objeciones. En primer lugar, argumentaria la existencia de "clausula predispuesta", es decir que por mas que las condiciones de compra hayan sido publicitadas mediante diversas vias, los compradores de semillas jamas firmaron contrato alguno ni mucho menos discutieron sus terminos. Por otra parte, coincidian en que el sistema de regalias extendidas violaba el derecho de los agricultores a ejercer el uso propio, y que los obtentores "tratan de confundir a la gente con el tema de la bolsa blanca". Al respecto, afirmaban que "la SRA siempre estuvo en contra de la bolsa blanca porque es un delito (...) pero no hay que confundir bolsa blanca con uso propio" (SRA, 2004, p. 15). De igual forma rechazaban que los obtentores nucleados en ARPOV se arrogaran el poder de policia, con el argumento de que dicha capacidad solo podia ejercerla el Estado, y apelaban al accionar del INASE para enfrentar la venta de semilla no certificada: "para que quede demostrada la existencia de bolsa blanca los semilleros tienen que decirle al INASE que actue y meta presos a los evasores. Y no que trate de confundir las cosas" (p. 15). La SRA se encargaria de abogar por estas posiciones incluso a nivel global. Lo haria en el seno de la Federacion Internacional de Productores Agricolas (FIPA) (24), que plantearia a Monsanto su oposicion a que use los medios tecnicos (semillas esteriles) y legales (contratos), y le sugeriria "buscar soluciones economicas que le dieran un retorno de sus inversiones sin menoscabar el derecho de los productores a sembrar semilla guardada del ano anterior" (SRA, 1999, p. 24) (25).

En sintesis, si bien las entidades reconocian la existencia de un mercado ilegal de semillas, rechazaban el sistema implementado alegando que vulneraba el derecho de uso propio, asi como el hecho de que ARPOV se arrogara el poder de policia que correspondia al INASE. Asi, el sistema tuvo un exito relativamente escaso a la hora de incrementar las regalias obtenidas. De momento, sin embargo, Monsanto no tomo parte directa en el conflicto, a pesar de haberse constituido como aliado de hecho de los obtentores en el cobro de regalias. Mientras tanto, la siembra de variedades RR seguia expandiendose.

3. MIL INTENTOS POR UN EVENTO: MONSANTO PIERDE LA BATALLA INICIAL

Con la disputa planteada en estos terminos, Nestor Kirchner iniciaria su mandato presidencial a mediados del 2003 nombrando a Miguel Campos como titular de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca (SAGPYA). El nuevo gobierno parecio buscar revertir este escenario a apenas dos meses de asumir, cuando a partir de la caida de la venta de semillas certificadas, la SAGPYA promulgo una resolucion (no 52/2003) que buscaba avanzar en la regulacion del mercado de semillas. En ella se establecia que, si fuera requerido por el organismo, los agricultores tendrian que informar la cantidad de semilla sembrada y demostrar que habia sido adquirida legalmente. A su vez, el organismo se reservaba la facultad de ingresar en las explotaciones e imponer multas ante infracciones. Todas estas cuestiones fueron rechazadas en duros terminos por la FAA. Sin embargo, poco tiempo despues, y ante una interpelacion de esta entidad, la SAGPYA declaro que no iba a convalidar el sistema de regalias extendidas, tras lo cual la FAA comenzo a ofrecer asesoria juridica a quienes hubieran sido afectados (FAA, 2005). El conflicto comenzaba asi a endurecerse.

A mediados de octubre, Monsanto comenzo a presionar al Estado argentino. Lo hizo mediante el anuncio de la suspension de una inversion de 40 millones de dolares, la cual se justificaba por la debilidad del sistema de DPI (26). En este escenario, las cuatro organizaciones agrarias lograron introducir y aprobar en diciembre un comunicado en el Senado, en el que se requeria al Poder Ejecutivo que se pronunciara oficialmente en contra del sistema de regalias extendidas (Curletti, 2003). Por su parte, en alianza con Monsanto, los obtentores seguian presionando por modificar la legislacion en el seno de la Comision Nacional de Semillas (CONASE) (27), de la cual emergeria un proyecto de ley para adecuar la legislacion argentina a los efectos de adherir al convenio UPOV 1991, que extendia los DPI. Esencialmente, la adecuacion incluia no solo mayores restricciones a la reproduccion de semillas para uso propio (estableciendo una limitacion a la superficie sembrada, presumiblemente a 50 ha), sino tambien el pago de regalias (FAA, 2005). Este proyecto, sin embargo, no prosperaria.

En enero del 2004, Monsanto anuncio que debido a la caida de sus ganancias interrumpiria sus actividades en la Argentina vinculadas con el programa de mejoramiento de variedades de soja y dejaria de vender semillas (Clarin, 21/01/2004; La Nacion, 24/01/2004). Ciertamente, su participacion en el mercado local de semillas de soja, liderado por Nidera, era bastante reducida. Distinta era, por supuesto, la cuestion del evento RR, que a esta altura incorporaba casi el 100 % de las variedades sembradas. Al respecto, la empresa afirmo que consideraba la posibilidad de iniciar juicios en el exterior para cobrar regalias tecnologicas.

Estos anuncios fueron interpretados como una nueva presion al gobierno para establecer regulaciones mas estrictas. Asi, ante la falta de consenso para modificar la legislacion existente, Campos anuncio la decision de elaborar un proyecto para implementar un nuevo sistema de regalias, bautizado regalias globales. En esencia, se trataba de un impuesto que se cobraria sobre la primera venta de granos en un monto inferior al 1 % de su valor; ademas se devolveria la tasa a los compradores de semillas fiscalizadas, y se destinaria un 95 % de lo recaudado al pago de DPI a los obtentores (el resto se reservaria para fomentar el mejoramiento de cultivos no rentables) (28).

De esta forma, a diferencia del sistema de regalias extendidas--en el cual se perseguia cobrar sobre la siembra de semillas protegidas por DPI--, en esta propuesta se busca cobrar sobre la venta de granos. Consecuentemente, el pago se independiza de la cantidad de semilla sembrada, y pasa a regirse por la cantidad de grano cosechado. En este sistema, por otra parte, el cobro de regalias tecnologicas seguia unido al de regalias sobre el germoplasma, puesto que se consideraba realizar un unico pago a los obtentores.

El proyecto, sin embargo, no conformo ni a estos, ni a las organizaciones rurales, ni tampoco a Monsanto, que objeto el largo plazo que tomaria su aprobacion en el Congreso. Paralelamente, tras amenazar con iniciar juicios en los paises importadores de grano o de sus derivados (donde si poseia la patente) para cobrar regalias, la empresa habia iniciado conversaciones con las asociaciones agrarias, en las que se proponia modificar la forma de cobro: en lugar de cobrar por la reproduccion de semillas para uso propio buscaba hacerlo en las terminales portuarias al momento de embarcar el grano. Esto hubiera diferido temporalmente, por otra parte, el pago correspondiente a las regalias sobre el germoplasma, en caso de que se realizara. La propuesta cosecho respuestas dispares, con rechazos por parte de la SRA y la FAA (La Nacion, 25/09/2004).

En este escenario, la SAGPYA volvio a intervenir en el conflicto. Tras calificar las amenazas de Monsanto como una "extorsion", Campos inicio negociaciones con la empresa, y anuncio haber acordado la implementacion de un Fondo de Compensacion Tecnologica, de caracter similar al fallido anteproyecto. A pesar de que esta nueva propuesta obtuvo consenso rapidamente, el secretario anuncio que su implementacion se postergaria hasta la siguiente campana, esto es, 2005/6. Paralelamente, Monsanto volvio a proponer a las entidades agrarias el cobro de regalias tecnologicas sobre la venta de grano. La propuesta obtuvo el rechazo de los obtentores nucleados en ASA y ARPOV (La Nacion, 19/02/2005). En cuanto a las asociaciones agrarias, las respuestas fueron dispares: la SRA la rechazaria de plano, mientras que la FAA no acepto siquiera participar en las negociaciones; por su parte, CONINAGRO, CRA, AAPRESID y AACREA continuaron las conversaciones. Pero estas no llegaron a buen puerto, y Monsanto advirtio en diciembre que, de no alcanzarse un acuerdo, a partir de marzo comenzaria a retener 3 US$/tn de soja al momento del embarque por medio de los capitales exportadores (La Nacion, 25/09 y 17/12/2004; El Cronista, 22/12/2004).

Un nuevo anteproyecto de ley que, se alegaba, zanjaria definitivamente la cuestion fue presentado por Campos en enero del 2005. Alli se estipulaba un plazo de siete anos para el cobro de regalias, se acotaba a 65 hectareas la superficie sobre la cual se podia hacer uso propio de semillas, se establecia el pago de un maximo de 70 % de regalias sobre el valor de la primera compra para sembrar semilla de produccion propia, y se imponia un sistema de penalidades a aplicar por el INASE en caso de detectar ilegalidades. Si bien regulaba restrictivamente el derecho de uso propio al limitarlo a explotaciones menores a 65 ha, se trataba de un sistema que distaba bastante de las exigencias de Monsanto: no solo excluia la posibilidad de cobrar por la tecnologia RR, sino que la limitacion de los derechos a un plazo de siete anos era sensiblemente inferior a los veinte que establecia la legislacion en materia de DPI; por otra parte, reducia el monto a pagar a partir de la primera resiembra. Tanto distaba que, a excepcion de la FAA, las restantes entidades agrarias manifestaron su conformidad con la propuesta (La Nacion, 26/01/2005) (29).

Como cabia esperarse, Monsanto rechazo los terminos del proyecto. Con las negociaciones estancadas volvio a amenazar con iniciar acciones legales en paises de la Union Europea. Por su parte, Campos comenzo a buscar apoyo entre sus pares del Cono Sur para rechazar de manera conjunta el intento por cobrar sobre la venta de granos, cosa que logro en marzo (La Nacion, 30/04/2005).

Poco tiempo despues Monsanto cumpliria finalmente con su amenaza, logrando hacer incautar embarques argentinos en puertos europeos. El gobierno argentino reacciono ante este escenario por partida triple: por una parte, se presento como parte en la demanda, a la que considero como "cosa de Estado", en enero del 2006 (Pagina/12, 07/07/2010); por la otra, la SAGPYA contraataco iniciando un pleito local (que acabaria perdiendo en el 2009) contra la empresa en la Comision Nacional de Defensa de la Competencia, alegando que el reclamo planteado en la UE configuraba una conducta anticompetitiva (La Nacion, 19/01/2009). Paralelamente, Campos nombro a un dirigente de la FAA, que ya se habia constituido en la mas intransigente de las entidades agrarias, como titular del INASE (La Nacion, 06/03/2006). Al mismo tiempo, sin embargo, la Secretaria emitio una nueva resolucion (no 338/2006) que regulaba el uso propio, y que implicaba solicitar autorizacion al obtentor para sembrar semilla en una cantidad superior a la adquirida en la primera compra. La resolucion fue inmediatamente cuestionada tanto por las entidades agrarias como por los obtentores, y no llego a instrumentarse (Pagina/12, 15/04/2012; La Nacion, 21/06/2006; TodoAgro, 26/06/2006).

A partir de ese ano, el gobierno anunciaria en reiteradas ocasiones la discusion de proyectos para modificar la LS, en los que se eliminaba o restringia fuertemente el uso propio (LaNacion, 08/09/2007). Sin embargo, ninguno de ellos llegaria a presentarse jamas en el Congreso, a pesar de las presiones ejercidas por la embajada estadounidense en nombre de Monsanto (Pagina/12, 03/03/2011).

Entre los anos 2007 y 2010, los tribunales europeos se expidieron en favor de los argumentos argentinos (30) y dejaron a la empresa con las manos vacias. Ya para ese momento, sin embargo, a las patentes del evento RR les quedaba poca vida: segun la empresa, estas vencian en los anos 2011 y 2014, con lo cual su estrategia apuntaria, como veremos, hacia el cobro de los desarrollos tecnologicos venideros (Pagina/12, 07/07/2010). Monsanto habia perdido esta batalla, pero la guerra estaba lejos de haber terminado.

4. UNA BATALLA NO ES LA GUERRA: EL CAMBIO EN LA CORRELACION DE FUERZAS

Hasta aqui, como vimos, la accion del gobierno resulto clave para enfrentar las pretensiones de Monsanto. A partir de 2012, sin embargo, el escenario comenzaria a cambiar. En efecto, tras un encuentro auspiciado por el Council of Americas entre funcionarios del gobierno argentino y capitalistas extranjeros, celebrado en junio en New York, la presidenta Cristina Fernandez, electa el ano anterior para su segundo mandato, exclamaria que: "como ahora nosotros hemos logrado patentes propias, nos hemos convertido en defensores de las patentes" (La Vaca, 24/09/2012). En el mismo sentido se expresaria posteriormente Norberto Yauhar, a cargo del recientemente restablecido Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Agroindustrias (MINAGRI).

El saldo oficial de dicha reunion fue tambien anunciado alli por Fernandez, que anticiparia la instalacion de una planta de procesamiento en la provincia de Cordoba (31), lo que significaba que Monsanto volveria a invertir en el pais. Apenas dos meses mas tarde, por otra parte, y nuevamente sin realizar estudios propios ni divulgar los expedientes (La Vaca, 09/06/2015), el Ministro anuncio la aprobacion de una nueva biotecnologia para la soja, denominada Intacta RR2Pro (32), la cual ya habia sido aprobada para su comercializacion no solo en los EE.UU., sino tambien en Brasil y Paraguay (La Politica Online, 16/08/2012). Lo hizo junto a representantes de Monsanto, afirmando que "hay que respetar la propiedad intelectual (...). Si se paga por la semilla de maiz y la de girasol o se compran camionetas 4x4, no veo escollos para la soja". Por su parte, desde la empresa reconocieron que "los mecanismos de consenso se estan alcanzando, trabajamos con un gobierno que ha abierto el dialogo". Inmediatamente, volvieron a intentar instaurar un sistema de regalias, que pusieron a prueba con agricultores localizados al norte de la region pampeana. Al ano siguiente, por otra parte, Monsanto volveria a vender sus propias semillas de soja, bajo la marca Asgrow. Mientras tanto, el MINAGRI preparaba un nuevo anteproyecto para modificar la LS (La Nacion, 22/08/2012). Asi, el gobierno parecia haber alcanzado, finalmente, un acuerdo con Monsanto.

En este contexto, el conflicto adquiriria una nueva dinamica. Una primera expresion de esto puede hallarse en el anteproyecto propuesto por el MINAGRI. Elaborado con el consenso de los obtentores, se trataba de una propuesta sumamente restrictiva, que limitaba el uso propio gratuito a un grupo de pequenos agricultores inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, mientras que para los restantes se creaba la figura del "uso propio oneroso", limitado a la cantidad de semilla adquirida originalmente por la cual se pagarian DPI. Dicho registro, sin embargo, podria ser modificado posteriormente por el INASE. Como podia esperarse, la FAA se retiro de la mesa de negociaciones denunciando tanto que el anteproyecto daria lugar a una "pulverizacion" del uso propio, como que favorecia abiertamente a Monsanto. La SRA, por su parte, parecio resignarse a que el escenario habia cambiado, y se conformo con que el anteproyecto permitia "preservar el uso gratuito aun con limitaciones", y con que establecia que con una adecuada formulacion legal se podria "evitar que en un futuro, no muy lejano, la Ley de Patentes anule el derecho del productor establecido por la Ley (de Semillas) vigente" (La Nacion, 24 y 29/09/2012; Valor Soja, 04/10/2012).

Al igual que en ocasiones anteriores, no obstante, el anteproyecto jamas llegaria al Congreso. La oposicion mas tenaz provendria esta vez desde las entranas del propio MINAGRI. Alli, Emilio Persico, lider del Movimiento Evita (una de las agrupaciones que conformaban el kirchnerismo y se hallaba vinculada a organizaciones gremiales y piqueteras) y recientemente designado para conducir la Subsecretaria de Agricultura Familiar, se opuso tenazmente a cualquier tipo de modificacion a la LS. Asi, no solo el propio gobierno habia dejado de ser capaz de articular una posicion univoca, sino que el conjunto de organizaciones y movimientos vinculados a pequenos productores, cuya agenda politica diferia sustancialmente de la planteada por las entidades agrarias (y particularmente de la de la SRA), ganaba peso propio en la disputa (33). La situacion se repetiria, incluso bajo el mando de un nuevo ministro, en los anos 2014 y 2015: con mayor o menor grado de aprobacion por parte de los obtentores, nuevos borradores de anteproyecto de indole similar al anterior jamas trascenderian la orbita del Ministerio (34).

Pero la expresion mas clara de esta transformacion en la dinamica del conflicto se evidenciaria no tanto en lo que haria el gobierno, sino en lo que dejaria de hacer. En efecto, mientras el primer anteproyecto aun se hallaba en discusion, Monsanto comenzaria a comercializar su tecnologia Intacta, y afirmaria poseer, esta vez, las patentes correspondientes. Tras licenciar su uso a los criaderos de variedades, buscaria imponer su propio sistema de regalias mediante contratos privados con los capitalistas agricolas. Solo que, en esta ocasion, lo conseguiria.

Dichos contratos incluian, en efecto, la llamada "clausula Monsanto", que consistia en la firma de una licencia de uso por parte de los agricultores en la que estos se comprometian a pagar regalias por el uso propio de variedades protegidas durante 20 anos, y facultaban a acopiadores y exportadores a realizar controles en su nombre sobre la circulacion de granos y, en caso de encontrar infractores, a descontar compulsivamente un canon de mayor valor. El sistema fue generalizado a partir de la campana 2014/15, lo que desato las esperadas replicas por parte de la SRA y la FAA, e incluso de los acopiadores, quienes denunciaban que la empresa los utilizaba gratuitamente como cobradores (Clarin, 22/02/2013; El Cronista, 03/09/2014; Pagina/12, 01/09/2014; La Nacion, 01/04 y 14/10/2015). El gobierno, sin embargo, se abstuvo esta vez de accionar, limitandose a reunir a las partes para intentar llegar a algun tipo de consenso, que preferentemente incluyera la marcha atras de Monsanto con su polemica clausula (La Politica Online, 08/04/2015). Vista la falta de acuerdo, opto por no intervenir, dejando en pie el sistema. Asi, la situacion comenzaba a revertirse para Monsanto: si bien la legislacion permanecia aun inalterada, habia logrado algo incluso mejor: imponer sus propias condiciones de cobro, independizandose al mismo tiempo de la suerte de los obtentores.

Tras la asuncion del gobierno de Mauricio Macri, en diciembre de 2015, la balanza siguio inclinandose hacia su lado. En efecto, ante la multiplicacion de las protestas por la imposicion de la "clausula Monsanto", la empresa decidio aceptar un nuevo metodo de cobro propuesto en el ambito de la Bolsa de Cereales, llamado Bolsatech. Este eliminaba el cobro compulsivo en nombre de la empresa por parte del acopiador o exportador, y establecia que en el caso de detectarse la presencia no declarada del evento Intacta se notificaria a aquella entregandole un certificado que le permitiria iniciar la demanda correspondiente en la camara arbitral de la Bolsa (35). Ya bajo el mando de Ricardo Buyaille (miembro de la clase terrateniente y expresidente de la CRA), el Ministerio emitio una resolucion que daba de baja ambos sistemas de cobro solo para implementar posteriormente el sistema Bolsatech de manera oficial, y declaro que el mecanismo se sostendria hasta la aprobacion de una nueva LS en el Congreso (36). Asi, el nuevo gobierno terciaria en la disputa en favor de la empresa, oficializando lo que hasta alli era un sistema paraestatal de control y cobro.

El ultimo episodio del conflicto tuvo lugar a mediados del 2016, cuando el gobierno de Macri envio al Congreso un proyecto de ley para modificar la LS, a partir de la regulacion de dos aspectos principales. Por una parte, el pago de la propiedad intelectual se agotaria en la semilla (esto es, en su compra o reproduccion) y seria efectuado unicamente a los obtentores. Esto implica que las patentes tendrian validez solo frente a estos, mas no frente a los agricultores, con lo cual su titular no estaria autorizado a reclamar ningun tipo de pago que la ley propuesta no contemplara. Las reglamentaciones del proyecto, por otra parte, permitian reproducir semilla para uso propio al 80 % del total de agricultores, lo que significaba que hasta el 60 % de la produccion podria pagar regalias. En particular, se establecia que si durante tres campanas no se superara la superficie original, el agricultor deberia pagar regalias solo durante ese lapso, a menos que superara posteriormente dicha superficie. Por ultimo, quedaria excluido del derecho de uso propio quien guardara mas semilla que la que compro, por lo que se veria obligado a realizar un pago por cada nueva siembra (bastaria, sin embargo, comprar otra variedad para evitar caer en el caso) (La Nacion, 20/08/2016). Cabe destacar, asimismo, que el proyecto establecia que el pago de regalias sobre la semilla seria de "orden publico". Esto impediria la puesta en funcionamiento de sistemas mas gravosos de cobro mediante contratos privados. Esto se tornaria el aspecto mas resistido del proyecto por parte de los obtentores, que buscaban dejar abierta la posibilidad de establecer sistemas de cobro mediante contratos (Valor Soja, 16/10/2016). Por su parte, si bien desde Monsanto afirmaron que "no podemos pronunciarnos sobre el proyecto porque eso le corresponde de ASA", dejaron trascender su rechazo (iProfesional, 04/10/2016).

Se trata de un proyecto mucho menos restrictivo respecto del que habia sido formulado en el 2012. Tanto es asi que la CRA lo califico como "interesante", mientras que desde FAA se limitaron a senalar que "el uso propio es mas acotado de lo que proponemos", sin rechazarlo de plano (La Nacion, 20/08/2016). Por su parte, los obtentores nucleados en la otra camara del sector, la Asociacion de Semilleros Argentinos, no lograron modificar el proyecto acorde a sus propuestas, y acabaron por rechazarlo con criticas al gobierno, argumentando tanto su caracter "inconstitucional" como el hecho de que no promoveria la venta legal de semillas ni mecanismos fiables de control (La Politica Online, 08/09/2016; La Nacion, 20/09 y 12/10/2016). Si bien este proyecto fue presentado en el Congreso a mediados de octubre de 2016, ni este ni otros introducidos en fecha similar llegaron a ser discutidos (37).

5. EL CONTENIDO DEL CONFLICTO EN EL MARCO DE LA ACUMULACION DE CAPITAL EN LA ARGENTINA

Repasemos lo visto hasta aqui. Comenzaremos por sintetizar el escenario en el que se produce la disputa. Tras la aprobacion comercial del evento RR, que en la Argentina quedaria librado al dominio publico, su uso se difundio rapidamente sobre la base del uso propio y la venta de semillas no fiscalizadas. Hacia finales de la decada, cuando las variedades RR ya explicaban casi la totalidad de la superficie sembrada con soja, y a pesar de no contar con la proteccion legal de su desarrollo, Monsanto intentaria imponer el sistema de regalias extendidas de manera conjunta con los obtentores nucleados en ARPOV.

Las exigencias de aquella acabaron por desatar, como vimos, un conflicto de alcance internacional que involucro a una multiplicidad de actores. Entre ellos, serian las organizaciones agrarias las que liderarian, con distinta vehemencia, el enfrentamiento contra el pago de regalias. Y a partir de una alianza de hecho con esas organizaciones, el gobierno actuaria medio de la SAGPYA. Su accion seria determinante a la hora de preservar el statu quo, al menos durante el primer periodo.

5.1. La derrota de Monsanto durante la primera fase del conflicto

El primer intento de cobro consistio en el sistema de regalias extendidas, lanzado por ARPOV. Alli se buscaba cobrar las regalias sobre el germoplasma y sobre el evento RR de manera simultanea y por medio de los obtentores, que incrementarian el valor exigido sobre la venta y reproduccion de variedades de soja RR de forma que se incluyera el canon que les habia licenciado Monsanto. El punto debil de dicho sistema estaba constituido tanto por la venta ilegal de semillas como por la posibilidad de reproducir variedades para uso propio. Y si bien la legislacion impide esta practica respecto de los eventos patentados, Monsanto no habia logrado proteger su tecnologia RR. En este contexto, su estrategia inicial fue mantener el sistema en pie, dado que al no poseer DPI sobre su invencion, los intentos de cobro de regalias de manera diferenciada carecerian de sustento legal, con lo cual el cobro a traves de contratos privados con los obtentores se constituyo en su opcion preferencial. De este modo, quedaba determinada una coincidencia objetiva de intereses entre aquellos y Monsanto para el cobro conjunto: para los primeros, constituia la posibilidad de aliarse a un capital que, a priori, parecia tener mas potencia que ellos a la hora de imponer el reclamo; para la segunda, se trataba del modo de cobrar por una tecnologia sobre la cual no poseia patente.

Ante el fracaso de este sistema y la imposibilidad de modificar la LS, Monsanto busco diferenciar el cobro de regalias tecnologicas estableciendolo sobre la venta del grano, dejando asi a los obtentores librados a su suerte. Carente de todo tipo de base legal para hacerlo, el intento fue infructuoso, y la empresa decidio jugar el ultimo as que le quedaba bajo la manga, el recurso a las cortes europeas de justicia, sin embargo no tuvo mejor suerte.

Asi, y a pesar de la variedad de recursos que puso en juego, Monsanto no logro doblegar al gobierno que, aliado a las organizaciones agrarias, impidio tanto la consolidacion de un sistema efectivo de pago de regalias como que se modificara sustancialmente la LS. En efecto, en primer lugar no convalido el sistema de regalias extendidas; por otra parte, si bien promulgo resoluciones que regulaban restrictivamente el derecho de uso propio, no se esforzo por hacerlas cumplir. Asimismo, tras haber acordado con las camaras de obtentores un sistema alternativo, anuncio que postergaria su implementacion para despues no hacerlo jamas, y cuando finalmente se anuncio el envio de un proyecto de ley al Congreso, este no solo excluia del pago a la tecnologia RR, sino que establecia un plazo de pago de regalias significativamente menor al contemplado internacional y localmente. Por ultimo, ante el inicio de un litigio en los tribunales europeos, el gobierno tomo parte y acabo venciendo a Monsanto, ademas de iniciarle una demanda en la justicia local por competencia desleal. Posteriormente, y a pesar de reiterados anuncios, no envio al Congreso ningun proyecto para modificar la legislacion.

Por su parte, las organizaciones agrarias jugaron el papel de enfrentar cada intento de avance de Monsanto y de los obtentores. Lo hicieron denunciando vez tras vez el avasallamiento de los derechos de los agricultores, tras lo cual el gobierno permitia que algunas de sus propias disposiciones quedaran en letra muerta bajo el argumento de que no era necesario modificar la legislacion, sino simplemente exigir al INASE mayor rigor a la hora de fiscalizar la venta de semillas. Este, sin embargo, no solo no vio incrementada su capacidad de fiscalizacion, sino que la SAGPYA llegaria a poner a su cargo a un dirigente de FAA, precisamente la entidad que se habia opuesto a todo tipo de modificacion de la situacion existente.

Resulta evidente, en este sentido, que al amparo del hecho de que Monsanto carecia de derechos de propiedad sobre el evento RR, la accion del gobierno fue clave para reproducir el statu quo tal como reclamaban las organizaciones rurales. Para dar cuenta de por que su accion tomo esta direccion, detengamonos en el contenido de la alianza entablada con aquellas, y en el caracter de la riqueza social disputada.

5.2 Los actores sociales del conflicto y la especificidad de la acumulacion de capital en la Argentina: en torno a la riqueza social en disputa

La alianza entablada entre las organizaciones agrarias y el gobierno kirchnerista resulta uno de los aspectos mas llamativos del enfrentamiento. En efecto, no se trato de una coalicion habitual bajo este periodo, sino mas bien lo contrario: a lo largo del mandato presidencial de Nestor Kirchner, el vinculo con aquellas se resentiria rapidamente debido a la implementacion de politicas economicas aplicadas sobre la circulacion interna de mercancias agrarias, entre las que destacan los acuerdos de precios, la sancion de precios maximos, el cierre temporal de exportaciones y, especialmente, el alza de los impuestos a la exportacion. De hecho, en el ano 2006 las entidades enfrentaron al gobierno mediante dos paros, los primeros que sufriria el kirchnerismo: el primero seria realizado exclusivamente por la CRA, mientras que al segundo se sumarian tanto la SRA como la FAA, que hasta alli habia procurado mantener un buen vinculo con el gobierno. Dos anos mas tarde, ya con Cristina Fernandez en la presidencia, las cuatro asociaciones actuarian coordinadamente para enfrentar la sancion de la Resolucion 125, lo que dio lugar a uno de los conflictos agrarios mas trascendentes de toda la historia argentina (Perez Trento, 2017) (38). Cabe preguntarse entonces cual era el caracter de esta alianza que durante la primera fase del conflicto habia tenido potencia suficiente para detener los embates de un capital de la talla de Monsanto.

Comencemos por dar cuenta del caracter de la riqueza social disputada. Aqui entra en juego, en primer lugar, la autogamia de la planta de soja, esto es, su capacidad para reproducirse conservando practicamente inalterada su carga genetica (39). De esta forma, los agricultores tienen la posibilidad de obtener una segunda generacion de semillas con iguales caracteristicas que la anterior (lo que incluye, ciertamente, las modificaciones geneticas) sin tener que volver a comprarlas ante cada reinicio del proceso de produccion. Sucede, sin embargo, que la realizacion de la ganancia normal (40) de los capitales aplicados al desarrollo de eventos biotecnologicos resulta incompatible con el volumen de ventas que hasta epocas recientes estaba asociado a la produccion de semillas autogamas (41). En efecto, dado que la posibilidad de reproducir semillas para uso propio tiende a contraer el tamano del mercado, dicha ganancia deberia estar portada en una cantidad de mercancias relativamente pequena, lo que llevaria su precio a niveles que no encontrarian demanda social solvente. Por lo tanto, dichos capitales solo pueden realizar su ganancia normal a traves de un numero determinado de ventas repetidas en el tiempo, o, en su defecto, del pago de regalias tecnologicas ante la reproduccion para uso propio.

En este ultimo caso, la apropiacion de ganancias por el desarrollo de variedades autogamas y de eventos biotecnologicos se diferencia de lo que sucede con la generalidad de las mercancias. Por tanto, la forma juridica bajo la cual se realiza necesariamente dicha apropiacion excede, como destacan Starosta y Caligaris (2017) respecto de las llamadas "mercancias cognitivas" (42), la simple codificacion de su posesion como propiedad legal, ya que debe extenderse para regular las condiciones especificas de apropiacion de su valor de uso, a partir del establecimiento, en este caso concreto, de las condiciones de su consumo productivo (43).

Como vimos, esto requirio el desarrollo de un marco juridico destinado especificamente a regular los parametros de su reproduccion y circulacion. En este sentido, la creacion y extension del sistema de DOV establecido por los convenios UPOV constituyo un intento a escala global por establecer y expandir los DPI sobre variedades. En el caso de los eventos biotecnologicos, encuadrados en el sistema de patentes, el control sobre la reproduccion de semillas protegidas se ha extendido considerablemente mas alla de los limites fijados por los DOV. El ejemplo mas evidente lo constituyen los EE.UU., en los que la reproduccion para uso propio de semillas de soja RR esta prohibida por el sistema contractual implementado por Monsanto, asi como por la posibilidad de obtener patentes sobre variedades.

Es precisamente la capacidad adquirida por los capitales biotecnologicos para regular la reproduccion de estas mercancias lo que, en buena medida, determino el eje del enfrentamiento. En efecto, las pretensiones de cobro de Monsanto, que se sumaron a las de los criaderos, enfrentaron una fuerte resistencia, que impidio virtualmente el cobro de regalias de todo tipo. ?Quien se convirtio en beneficiario de esta situacion? Habiamos planteado que la masa de plusvalia disputada constituye la ganancia de Monsanto. Pero en la medida en que el no pago de regalias se conviertiera, como lo hizo, en una condicion normal de la produccion, esta caida en los costos de produccion redundaba en una ganancia extraordinaria para los capitalistas agricolas. Y en cuanto tal, dicha ganancia extraordinaria acabo siendo apropiada por los terratenientes bajo la forma de renta diferencial de la tierra (Marx, 2009 [1894], pp. 823-833) (44). En este sentido, la alianza entablada entre el gobierno y las organizaciones agrarias tuvo como objetivo inmediato la reproduccion de este statu quo originario.

Surge entonces la pregunta por el contenido de la accion politica realizada por el Estado, que a pesar de enfrentarse sistematicamente a las asociaciones agrarias entablo con ellas una alianza para enfrentar las pretensiones de Monsanto y los obtentores. La respuesta se halla en la forma especifica bajo la que se acumula el capital en la Argentina.

De acuerdo al analisis desarrollado originalmente por Inigo Carrera (1998; 2007; 2013 [2003]), uno de los rasgos mas destacados de la economia argentina lo constituye la apropiacion de fracciones de renta de la tierra por los capitales del sector industrial (45). En efecto, ademas de un gran numero de pequenos capitales de origen nacional, en dicho sector operan filiales de los capitales mas concentrados del mundo, que aqui producen casi exclusivamente para un mercado interno de pequeno tamano. La reducida escala a la que operan determina la puesta en marcha de una productividad del trabajo marcadamente menor a la normal y, consecuentemente, de una tasa de ganancia igualmente inferior. En este sentido, una de las formas en que estos capitales se resarcen esta dada por la apropiacion de porciones de renta diferencial de la tierra mediante distintos mecanismos a los que da curso el Estado en calidad de representante politico general del proceso nacional de acumulacion de capital (46).

Desde esta perspectiva, no resulta sorprendente la relacion entablada entre el gobierno kirchnerista y las asociaciones agrarias. Por una parte, en la medida en que estas representan a la clase terrateniente, el vinculo en cuestion estuvo caracterizado por el conflicto, cuyo eje principal estuvo relacionado con las politicas economicas bajo las que discurrio la apropiacion de renta (y en particular, de las retenciones a la exportacion de mercancias agrarias). Por la otra, no obstante, tanto el gobierno como aquellas estan igualmente interesados en expandir la masa de renta de la tierra que fluye hacia el proceso nacional de acumulacion de capital, indistintamente de la forma en que esta acabe apropiandose. Asi, al actuar de forma tal de incrementar dicha masa, el gobierno no hizo sino afirmarse como representante politico de este proceso en procura de potenciar su expansion.

Durante la primera fase del conflicto, como vimos, la potencia de esta alianza fue suficiente para impedir tanto una transformacion juridica que regulara mas estrictamente el uso propio, permitiendo tanto a los criaderos como a Monsanto cobrar algun tipo de regalias, como el establecimiento de un sistema de cobro sui generis por parte de esta ultima. Al menos para Monsanto, no obstante, este escenario cambiaria marcadamente a partir del 2012.

5.3 El desarrollo de un nuevo evento biotecnologico y el cambio en la relacion de fuerzas

La relacion de fuerzas comenzaria a invertirse con el desarrollo de un nuevo evento para la soja, tras lo cual el conflicto iniciaria una segunda etapa. En efecto, tras batallar frontalmente contra la empresa, el gobierno kirchnerista modificaria significativamente su posicion. Por una parte, el ministro de Agricultura consensuaria con las camaras de obtentores un anteproyecto de ley sumamente restrictivo, distanciandose asi de la politica ejecutada anteriormente por Campos. Si bien ni este ni los que lo siguieron lograron atravesar su camino hacia el Congreso, debido a que fueron torpedeados desde adentro por la Subsecretaria de Agricultura Familiar, el permitio que Monsanto implementara un sistema de cobro de regalias. Se trata de un metodo que brinda a la empresa mejores condiciones de las que podria reconocerle cualquier modificacion legislativa, puesto que en este caso impuso ella misma los terminos de cobro (47). Asi, por primera vez, comenzaria a apropiar regalias tecnologicas sobre casi la totalidad de las variedades que incorporan el evento Intacta. En este sentido, si bien el conflicto se mantendria aun irresuelto cuando el gobierno kirchnerista se retirara del poder hacia el final del 2015, su potencia a la hora de enfrentar a Monsanto habia mermado fuertemente. Este proceso siguio su curso tras la asuncion del gobierno de Macri, que oficializo el sistema Bolsatech, el cual le dio una patina de legitimidad a esta forma de cobro y garantizo su reproduccion hasta tanto se modifique la LS.

?De donde broto esta renovada fortaleza exhibida por Monsanto a la hora de imponer sus exigencias? Como vimos, el momento en que el kirchnerismo comenzo a virar su posicion coincide con la aprobacion de una nueva biotecnologia para la soja, sobre cuya propiedad intelectual Monsanto parece haber obtenido algun grado de control. La cuestion, sin embargo, no se reduce simplemente a la obtencion de DPI:

... si Monsanto tuviera la patente [sobre la tecnologia RR] en el pais el conflicto no seria muy diferente al actual, porque lo que no se termino de acordar es cual es el mecanismo mas eficiente para restringir el uso propio gratuito que realizan los productores locales amparados en la ley de semillas (Pagina/12, 19/02/2006).

Esto habia sido afirmado desde la SRA ya en el ano 2006, y era una posicion que compartia el propio Campos.

En efecto, si la dinamica del conflicto comenzo a transformarse con la irrupcion de una nueva biotecnologia, no se debio simplemente a que Monsanto poseyera patentes. Esto no fue mas que la condicion para que la empresa pudiera poner en marcha una estrategia extremadamente simple, que le permitio colocarse en una posicion mucho mas favorable: la amenaza de no comercializar localmente el evento, lo que acabaria por dejar a la Argentina rezagada en la competencia por la exportacion de granos y derivados de soja. Asimismo, este rezago implicaria la contraccion en la magnitud de renta de la tierra que fluye hacia aqui. De aqui que tanto la representacion de la fraccion mas concentrada de la clase terrateniente, encarnada en la SRA, como la cabeza del propio gobierno nacional hayan comenzado a mostrarse mas dispuestos que antes a hacer concesiones.

Es sobre estas bases que la empresa cobraria suficiente fuerza para variar su estrategia, y lograria asi imponer un efectivo sistema de cobro sobre la venta de granos. De forma contrapuesta, los obtentores perderian, al menos momentaneamente, un aliado clave.

CONCLUSIONES Y PALABRAS FINALES

En este trabajo hemos procurado dar cuenta del contenido del enfrentamiento desarrollado en la Argentina en torno al pago de regalias, en el cual toman parte una diversidad de actores sociales. En particular, mientras Monsanto y los criaderos reclaman el pago de regalias por el uso propio de las semillas, tanto las asociaciones agrarias como el gobierno enfrentaron estas demandas.

Desde nuestro punto de vista, el cambiante desarrollo del conflicto esta vinculado con la especificidad de la acumulacion de capital en la Argentina, caracterizado por la apropiacion de fracciones de renta de la tierra por parte de los capitales mas concentrados del sector industrial. En efecto, la imposibilidad de cobrar regalias por el uso propio tiene como resultado la expansion en la masa de renta diferencial de la tierra, parte de la cual alimento la valorizacion de dichos capitales mediante distintas politicas economicas a las que dio curso el gobierno nacional. Es sobre esta base que se conformo una alianza de hecho, limitada a la disputa por las regalias, entre las asociaciones agrarias y el gobierno nacional.

Como senalamos, esta alianza demostro tener la suficiente potencia como para impedir virtualmente la apropiacion de todo tipo de regalias, al menos durante la primera fase del conflicto. En buena medida, esto se debio a que Monsanto jamas logro obtener DPI sobre el evento RR. Con el desarrollo de un nuevo evento para variedades de soja, sin embargo, dicha empresa incremento su capacidad de presion, ya que pudo comenzar a utilizar el marco juridico en su favor. Esto resulto en que logro implementar su propio mecanismo de cobro.

De este modo, la posibilidad de modificar la LS comenzo a operar en sentido contrario. En efecto, hasta ese momento, esto constituia una de las formas posibles bajo las cuales Monsanto podria cobrar regalias tecnologicas, ya que hubiera permitido a los criaderos cobrar regalias sobre el germoplasma e incluir en esa suma el canon correspondiente a Monsanto. La instauracion de un nuevo sistema de cobro de regalias sobre el evento Intacta, sin embargo, invirtio la cuestion, al menos en lo que refiere a esta empresa.

En efecto, en el escenario abierto actualmente, las modificaciones de la LS tendrian efectos desiguales sobre los capitales aplicados al desarrollo tanto de variedades de semilla como de eventos biotecnologicos. Por una parte, una nueva regulacion del uso propio forzaria a dar de baja al sistema Bolsatech, planteado como alternativa de cobro temporaria, y retrotraeria la situacion a su fase inicial al convertir nuevamente a Monsanto en aliado objetivo de los obtentores, en cuyas manos volveria a concentrarse el cobro de todo tipo de regalias. Dado que la venta de semillas certificadas y el cobro de regalias extendidas no se ha incrementado significativamente a lo largo de estos anos (International Seed Federation, 2015), esta posibilidad afectaria negativamente a Monsanto. Por otra parte, al menos hasta aqui, las distintas propuestas de modificacion de la LS no anulaban el derecho de uso propio gratuito, sino que lo restringian en distinto grado. Esto tambien afectaria a Monsanto, que con el sistema impuesto ha logrado cobrar sobre la venta de practicamente la totalidad del grano que incorpora el evento Intacta. De esta forma, la sancion de una nueva LS se convertiria en la forma bajo la cual el Estado podria regular el cobro de regalias, restringiendo la capacidad de maniobra de Monsanto a la hora de establecer sus condiciones de cobro. En contraposicion, los obtentores saldrian fortalecidos, puesto que volverian a encontrar en aquella a un aliado de peso a la hora de presionar para incrementar la proporcion de semilla sembrada sobre la que se pagan regalias. Por ultimo, resulta evidente que, en vista de que el conflicto sigue abierto, tanto el gobierno como los terratenientes necesitan seguir enfrentando los avances de Monsanto.

Por lo demas, resulta evidente que tampoco el gobierno actual tiene la voluntad de modificar la ley complaciendo todos los requerimientos de la empresa y los criaderos. Asi, a dos decadas de haberse iniciado, el conflicto permanece abierto.

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NOTAS

(1) La forma concreta que adopto la expansion en la produccion agricola, particularmente en lo que refiere al desarrollo de nuevas tecnologias, el incremento en la escala de capital necesaria para poner en marcha los procesos de produccion, y las consecuentes transformaciones en la estructura social vinculadas con estos procesos es frecuentemente referida por la literatura especializada como agronegocios o agribusiness. Al respecto, pueden consultarse los trabajos de Gras y Hernandez (por ejemplo, 2009 y 2013), Giarracca y Teubal (2008), y Reboratti (2010), entre muchos otros.

(2) A su vez, el desarrollo de biotecnologias se inserta en una fase de veloz desarrollo de las tecnologias de produccion agricolas, usualmente referida como "revolucion verde" (Perelmuter, 2011).

(3) Como senalan Delvenne et al. (2013), esta empresa condensa ademas una gran cantidad de representaciones: ademas de constituirse como la quintaesencia de la corporacion multinacional, se la suele asociar tambien al paradigma de la expansion economica como unico indicador de bienestar, las practicas colonialistas de las potencias mundiales, y la explotacion de los recursos naturales de Latinoamerica por parte de aquellas.

(4) En relacion a la composicion de los miembros de la CONABIA, que representan tanto al sector publico como al privado, y a sus vinculos con los principales capitales de las distintas ramas de la produccion agricola, vease Newell (2009), y especialmente Pellegrini (2013) y Aranda (2017). Respecto de esta ultima cuestion, resulta notorio que un gran numero de sus integrantes representa a los capitales que producen los eventos transgenicos, particularmente tras la reforma del 2017.

(5) Si bien la CONABIA quedo a cargo de la investigacion de posibles riesgos ambientales asociados a la biotecnologia, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria (SENASA), creado en 1996, seria la institucion encargada de dar cuenta de riesgos asociados al consumo humano de los productos que la incorporan. Por ultimo, la Direccion Nacional de Mercados Agropecuarios (DNMA) tendria a su cargo el analisis de riesgos comerciales (Trigo, Chudnovsky, Cap y Lopez, 2002). Esta tarea seria iniciada en 1997, momento en que la UE comenzaria a endurecer sus posiciones respecto de la importacion de este tipo de grano (Pellegrini, 2013). Todos estos organismos, por otra parte, dependen de la SAGPYA.

(6) Cabe destacar que la creacion de una red institucional destinada a la regulacion del uso y experimentacion con biotecnologias se produjo poco tiempo despues de un incidente sucedido hacia finales de la decada de 1980, cuando se descubrio que laboratorios extranjeros estaban probando secretamente una vacuna recombinante contra la rabia en el ganado local. El episodio dejo a la vista la existencia de un vacio legal en torno a la investigacion biotecnologica en la Argentina (Kloppenburg, 2004; Pellegrini, 2013).

(7) No sorprende, en este sentido, que la creacion del INASE este vinculada, al menos parcialmente, a presiones de las camaras semilleras (Domingo, 2003). Respecto de sus capacidades de accion, sin embargo, cabe destacar que en primer lugar que se trata de un organismo que debio siempre autofinanciarse, y que, en segundo lugar, hacia 1994 apenas lograba gestionar un personal de 70 empleados, de los cuales 20 eran inspectores (Gutierrez, 1994). En este sentido, la contraccion del mercado negro de semillas probablemente deba ser atribuida en mayor medida, como veremos, a la conformacion y accionar de ARPOV.

(8) Un analisis pormenorizado del marco juridico en torno a los derechos de propiedad intelectual sobre biotecnologia puede hallarse en el documento de Basso y Genovesi (2016).

(9) Por evento se entiende la coleccion de genes o secuencias geneticas que, al ser introducidas en el genoma vegetal de una variedad, le confieren una propiedad distintiva.

(10) El organismo encargado de analizar y expedirse sobre los requerimientos de patentes es el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI).

(11) Los obtentores, por lo tanto, son aquellos que han desarrollado y registrado una variedad vegetal. De manera general, comprenden tanto a los criaderos como a las instituciones publicas, entre las que destaca el Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA).

(12) En buena medida, la adecuacion a esta forma juridica de regular la propiedad intelectual respondio a presiones de los gobiernos de paises como los EE.UU. En efecto, la escala global que alcanza esta armonizacion juridica permite a los capitales que operan a escala transnacional poseer una mayor potencia a la hora de apropiar ganancias. Al respecto, vease el trabajo de Perelmuter (2011).

(13) Lo cual, por otra parte, es consistente con version de 1978 del convenio UPOV, que prohibe la doble proteccion de variedades (esto es, mediante patentes y derechos de obtentor).

(14) Ante la denegacion de la patente, Monsanto inicio un pleito legal que se resolveria en el ano 2000 mediante una sentencia de la Corte Suprema que tendria el efecto de hacer caer todas las reivindicaciones amparadas en la figura legal de patente de revalida, de la cual se habia valido la empresa. Vease, al respecto, el Caso "Unilever NV c. INPI", fallo del 24/10/2000.

(15) Se ha senalado, no obstante, que a pesar de la generalizacion de la siembra directa, la expansion agricola sigue poniendo en riesgo la sustentabilidad de las tierras. Vease, por ejemplo, Pengue (2009).

(16) La expansion del mercado ilegal de semillas tendria sin embargo una consecuencia notable: el menor precio de estas arrastraria hacia la baja el de las semillas certificadas. En efecto, si en 1997 el precio de la bolsa de 50 libras de las variedades que incorporaban la tecnologia RR promediaba los 25 dolares, hacia 1999 su valor habia caido a un promedio de 9 US $, en torno al cual oscilaba la venta de semillas de bolsa blanca. En contraste, el precio se mantuvo entre 20 y 23 US$ en los Estados Unidos durante dicho periodo (United States General Accounting Office, 2000).

(17) El INASE obliga a todo vendedor de semillas a inscribirlas en alguna de las categorias determinadas por la LS. Asi, mientras que las semillas que no poseen propiedad intelectual deben estar registradas como identificadas, la categoria de semillas certificadas es expedida a aquellas que, luego de ser inscriptas para su comercializacion en el registro oficial, son multiplicaciones de semillas originales provistas por el obtentor y destinadas a su venta para siembra. En este sentido, tanto la produccion de la semilla original como su multiplicacion requieren de fiscalizacion por parte del INASE para poder ingresar al mercado.

(18) Probablemente oscilaba en torno al 50 % hacia finales de la decada (Vara, 2005).

(19) E incluso, a sabiendas de que no tenia forma legal de hacerlo, como reconocieron sus dirigentes ante funcionarios comisionados por el Congreso estadounidense para la elaboracion de un informe sobre la disparidad en los precios de las semillas en EE.UU. y Argentina: "according to Monsanto, it is not feasible to charge a technology fee on soybean seeds in Argentina without patent protection" (United States General Accounting Office, 2000, p. 14).

(20) Tras la denegatoria de patentes, los obtentores no necesitarian ya de licencia alguna para incorporar el evento, y por tanto no estaban forzados a pagarle un canon a Monsanto, aunque no hacerlo probablemente los hubiera excluido de acceder a tecnologias futuras.

(21) Se trata del material genetico que contiene las caracteristicas heredadas por cada variedad vegetal, y que les confiere su caracter especifico.

(22) De hecho, el primer intento de cobrar regalias se realizo sobre una variedad de trigo (Baguette 10) desarrollada por Nidera (FAA, 2005), y que no portaba evento biotecnologico alguno.

(23) Esto no significa, ciertamente, que organizaciones ecologistas o vinculadas a campesinos, comunidades de pueblos originarios y pequenos productores, entre otros, no enfrentaran tambien las pretensiones de Monsanto. Respecto de los casos de Greenpeace y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, puede consultarse el trabajo de Poth (2010). Resulta evidente, sin embargo, que la agenda politica de estas organizaciones (muchas de las cuales acabarian confluyendo posteriormente en la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas) era marcadamente distinta, ya que tendian a impugnar el llamado "modelo agricola" en su generalidad.

(24) Se trata de una organizacion que reunio a asociaciones agrarias de distintos paises del mundo. Su objetivo declarado consistia en oficiar de foro en el cual los lideres de estas pudieran definir sus intereses y adoptar una accion coordinada para promoverlos, asi como oficiar de portavoz reconocido de los agricultores a nivel mundial, expresando sus preocupaciones ante reuniones internacionales de gobiernos y otros organismos (Boletin informativo del CNA de Mexico, 2006). Fue creada en 1946 y, antes de disolverse en 2010 por falta de fondos, llego a agrupar a 120 entidades pertenecientes a 79 paises.

(25) Asimismo, la FIPA se haria eco de las preocupaciones que comenzaban a aparecer en relacion a las biotecnologias. En efecto, en las memorias de su reunion con las autoridades de Monsanto se evidenciaria el temor por la "excesiva dependencia de un numero reducido de empresas proveedoras de semillas en un contexto internacional de liberalizacion economica" y en el que "los desarrollos cientificos mas avanzados estan pasando a ser privados y a estar protegidos por patentes".

(26) Como senala Vara (2005), el anuncio estuvo tambien vinculado a la desestimacion del caso presentado por Monsanto ante Defensa de la Competencia por la importacion de glifosato chino a precios de dumping.

(27) La CONASE es el organismo encargado de asesorar al INASE en materia de semillas. Esta compuesta por 10 miembros, de los cuales 5 representan al sector publico y los otros 5 al sector privado. Esta segunda mitad suele estar integrada tanto por miembros de las camaras de obtentores como de las asociaciones agrarias.

(28) Inicialmente, el proyecto habia sido impulsado por la Asociacion de Semilleros Argentinos (ASA), que proponia cobrar un porcentaje de 4 % (Clarin, 22/11/2004).

(29) En estos terminos, no solo los obtentores hubieran dejado de percibir regalias por el germoplasma de variedades registradas hacia mas de siete anos, sino que tampoco lo hubiera hecho Monsanto por el evento RR incorporado a ellas.

(30) El gobierno plantearia que la legislacion del bloque solo reconoce la vigencia de la patente del evento RR en aquellos productos en los que este exprese su funcion genetica, esto es, la tolerancia al glifosato. Y para que ello suceda, la semilla debe utilizarse con fines de siembra y propagacion. Y dado que la UE no importa granos de soja, sino productos derivados (principalmente harina), Monsanto carece de todo tipo de derecho sobre estos.

(31) Esto desataria un intenso conflicto que articularia a los pobladores locales con organizaciones ambientalistas y partidos de izquierda, que lograrian impedir la puesta en funcionamiento de la planta. Un analisis del conflicto puede encontrarse en el trabajo de Barros (2016).

(32) Se trata de una tecnologia que apila dos eventos: el RR2Y, que permite incrementar el rendimiento potencial de la RR tradicional al introducir el gen en otra region del ADN, y el BT, consistente en una resistencia contra insectos lepidopteros que ya se utilizaba en variedades de maiz y algodon (de ahi que tambien se conozca esta tecnologia como RR2BT). Ninguno de estos dos eventos es en si mismo novedoso, lo que daria lugar a impugnaciones sobre la validez de las patentes reclamadas por Monsanto. A ello se sumo un informe del INPI (2015) en el que se senalaba que Monsanto solo contaba con patentes sobre "partes de los eventos".

(33) Lo harian no solo a traves de dicha Subsecretaria de Agricultura Familiar (posteriormente devenida secretaria), sino tambien mediante su convergencia en la llamada Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas. La campana contra la modificacion de la Ley de Semillas llego incluso a articularse en la realizacion de unas jornadas de debate publico realizadas en el Congreso Nacional hacia fines del 2014, en la que participaron tambien diputados de la oposicion (Notas --Periodismo popular, 20/11/2014).

(34) Ya bajo el mando de Casamiquela, el MINAGRI volveria a elaborar un anteproyecto de ley, excluyendo esta vez a las camaras de obtentores de la redaccion final. Sus principales lineamientos serian presentados en mayo del 2014, junto a representantes de movimientos campesinos y de la agricultura familiar (Perfil, 16/05/2014). A mediados del 2015, ante un nuevo momento algido del conflicto, el jefe de Gabinete anunciaria que la cuestion iba a resolverse mediante la sancion de un decreto, para afirmar tres semanas despues que se estaba trabajando en un nuevo anteproyecto (Telam, 10/06/2015).

(35) Por supuesto, el consenso no seria absoluto en el interior del Consejo Directivo: los representantes de SRA y CRA votaron en contra, mientras que los de la FAA ni siquiera acudieron a votar. Monsanto, por su parte, manifesto inmediatamente su conformidad (La Nacion, 21/12/2015).

(36) La efectividad del mecanismo implementado fue particularmente elevada: durante la campana 2016/17, un 94 % de la cosecha de soja seria analizada, y dicho analisis arrojo que un 15 % incorporaba la tecnologia Intacta (Bichos de Campo, 30/09/2017).

(37) Un esquema comparativo de los proyectos puede verse en La Nacion, 01/11/2016.

(38) Notoriamente, la irrupcion de este conflicto no tuvo consecuencias respecto del accionar del gobierno y de las corporaciones agrarias en torno al conflicto por las regalias. Distintos analisis sobre este conflicto pueden hallarse tanto en el trabajo citado de Perez Trento como en los que fueron recopilados en el volumen editado por Giarrracca y Teubal (2010), entre muchos otros. Por otra parte, como destacan Perelmuter y Poth (2009), el conflicto permitio la emergencia de algunos de los debates vinculados con la forma concreta que toma actualmente la produccion agricola.

(39) En contraposicion, las plantas alogamas (entre las que destaca el maiz en cuanto al volumen global de produccion) se reproducen mediante fertilizacion cruzada. Esto facilita la creacion de variedades hibridas, en las que a partir de la cruza de dos lineas parentales distintas se obtiene una variedad superior. Y a diferencia de las plantas autogamas, la descendencia de estas no reproduce los caracteres geneticos de la semilla sembrada, por lo que pierde el llamado vigor hibrido, y obliga a los agricultores a volver a comprar semillas cada temporada. De ahi que suela afirmarse que poseen una especie de "proteccion natural" contra la violacion de los DPI.

(40) Se trata de la tasa de ganancia apropiada por los capitales normales, esto es, los que se hallan concentrados en la magnitud necesaria para participar activamente en el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social.

(41) Lo mismo sucede, a pesar de su menor magnitud, con los capitales aplicados al desarrollo de variedades.

(42) Vease el trabajo referido para una critica de estos desarrollos teoricos.

(43) El paralelismo entre la reproduccion de semillas y la de software protegidos por derechos de propiedad intelectual es presentada por Rapela (2006a). Mas alla de las similitudes, resulta evidente que existen marcadas diferencias entre las semillas y las mercancias constituidas como paradigmas del "capitalismo cognitivo".

(44) En este sentido, cabe preguntarse si la relativamente baja apropiacion de regalias sobre las variedades desarrolladas por los criaderos tambien constituye actualmente una fuente de apropiacion de renta diferencial. En efecto, si bien el uso propio de semillas de soja viene decreciendo marcadamente en los EE.UU. desde la decada de 1960, la irrupcion de las variedades RR duplico la velocidad de reduccion, cosa que no puede sorprender si se considera la veloz generalizacion en la siembra de estas variedades y la imposibilidad de hacer uso propio establecida en los contratos de licencia de Monsanto (Mascarenhas & Busch, 2006). Asi, los agricultores se ven forzados a volver a comprar semillas ante cada reinicio del ciclo de produccion. Y, como senala Rapela respecto de este mercado, "bolsa vendida equivale a regalia cobrada" (2006b, p. 544).

(45) De manera general, esta caracteristica se presenta tambien en buena parte de los restantes paises de America Latina. Para un analisis de algunos de ellos sobre estas mismas bases, veanse (entre otros) los trabajos de Grinberg (2010), Starosta & Grinberg (2014), Kornblihtt, Seiffer, & Mussi (2016), Caligaris, (2017), Fitzsimons & Starosta (2017), y Dachevsky y Kornbhlitt (2017).

(46) Entre ellos destacan, por su magnitud, los impuestos a la exportacion de mercancias agrarias y la sobrevaluacion de la moneda. La primera afecta una porcion del precio de dichas mercancias constituido por la renta de la tierra, y sigue su curso hacia sus destinatarios finales mediante distintas politicas (como el pago de subsidios, el prestamo de fondos publicos a una tasa de interes real negativa, la generacion de la capacidad de compra para las mercancias producidas por los capitales en cuestion, etc.). La segunda lo hace de forma indirecta, al retener en la mediacion cambiaria una fraccion de la renta que luego apropian los capitales industriales al importar medios de produccion abaratados. Ambos mecanismos, por otra parte, abaratan tambien el valor de la fuerza de trabajo que pagan estos capitales, sin afectar las condiciones materiales en las que esta se reproduce. Lo hacen como consecuencia de la competencia entre los capitales agrarios por vender sus mercancias, lo que resulta en que tambien la porcion de estas destinada al consumo interno circula por debajo de su precio de produccion, y abarata asi los medios de vida en cuya produccion aquellas entran directa o indirectamente.

(47) En este nuevo escenario, una modificacion de la LS operaria ahora mas bien en sentido contrario, esto es, restringiendo la capacidad de maniobra de Monsanto a la hora de establecer sus condiciones de cobro. Respecto de los criaderos, sin embargo, tal modificacion seguiria constituyendo la unica forma en que pueden apropiar regalias.

Nicolas Perez Trento

Universidad Nacional de Quilmes, CONICET, Argentina

nicolaspereztrento@hotmail.com

Recepcion: 19 junio 2018 | Aceptacion: 03 diciembre 2018 | Publicacion: 05 abril 2019

https://doi.org/10.24215/15155994e105
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Author:Perez Trento, Nicolas
Publication:Mundo agrario: Revista de estudios rurales
Date:Apr 1, 2019
Words:15495
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