Printer Friendly

Denying the Past: Reparations in Guatemala and El Salvador/ Negar el pasado: reparaciones en Guatemala y El Salvador/ Negar o passado: reparacoes na Guatemala e em El Salvador.

Introduccion

Toda violacion de un derecho humano da lugar a un derecho a obtener reparacion, (1) que puede abarcar diversas formas. (2) Para garantizar tal derecho corresponde a los Estados "establecer programas nacionales de reparacion y otra asistencia a las victimas cuando el responsable de los danos sufridos no pueda o no quiera cumplir sus obligaciones" (CCJ 2007, 224), asi como cumplir con el pago de las reparaciones que les impongan sentencias nacionales y extranjeras. En el marco de los principios para la lucha contra la impunidad y para la reparacion establecidos por la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU), este articulo analiza lo que ha sucedido en materia de reparaciones a favor de las victimas de los crimenes de los conflictos armados en Guatemala y El Salvador, desde las transiciones hasta la paz, e indaga posibles explicaciones de tales avances. (3)

En Guatemala y El Salvador las transiciones estuvieron determinadas por la necesidad de poner fin a conflictos armados. (4) La paz de El Salvador se firmo en enero de 1992, luego de una serie de acuerdos donde se preveia el establecimiento de una comision de la verdad, una comision ad hoc para la depuracion de las fuerzas militares, y donde ademas se advertia sobre la urgencia de reformas estructurales al sistema de justicia ("El PNUD y las Naciones Unidas" 2008). En Guatemala la paz fue firmada en diciembre de 1996 y, como ocurrio en el pais vecino, los acuerdos plantearon la necesidad de reformar el sistema judicial (Pasara y Wagner 2000) y establecer una comision de la verdad, conocida como la Comision de Esclarecimiento Historico (CEH).

Durante las dos decadas siguientes a la firma de los acuerdos, la presidencia de la republica de El Salvador fue ocupada sin interrupcion por candidatos de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), partido politico estrechamente ligado con militares responsables de atrocidades del pasado. (5) En 2009 se dio la primera alternancia politica, llegando a la presidencia Mauricio Funes, por el Frente Farabundo Marti para la Liberacion Nacional (FMLN), partido politico creado por la guerrilla--del mismo nombre--luego de los acuerdos de paz. En 2014 el FMLN llego de nuevo a la presidencia con Salvador Sanchez Ceren. Funes era conocido por su oficio como periodista, no estaba historicamente ligado al partido y recibio apoyos de figuras y agrupaciones de fuera de este, y Sanchez Ceren hizo parte de la comandancia general del FMLN durante el conflicto y participo como negociador de los acuerdos.

En 1999 llego al poder en Guatemala Alfonso Portillo, por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), en las primeras elecciones celebradas despues de los acuerdos de paz. (6) En 2003 fue elegido presidente Oscar Berger, por la Coalicion Gran Alianza Nacional (GANA), en un proceso electoral marcado por la violencia. (7) En la campana de 2007, caracterizada de nuevo por una gran violencia politica, compitieron Alvaro Colom, del partido de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien resulto electo, y Otto Perez Molina, del Partido Patriota (PP), quien llego a la presidencia en 2011.

Perez Molina renuncio en septiembre de 2015, luego de una gran movilizacion de la sociedad civil en contra de la corrupcion y la detencion de su vicepresidenta, Roxana Baldetti. En octubre del mismo ano gano en segunda vuelta Jimmy Morales, figura del entretenimiento nacional, quien asumio el poder en enero de 2016 por el Frente Convergencia Nacional (FCN). Como se ve, mientras que en El Salvador el poder politico se ha repartido entre las partes firmantes del acuerdo, que tambien acaparan los votos del Parlamento (Martinez y Gutierrez 2016), en Guatemala desde 1999, e incluso antes, ningun partido politico ha conseguido mantenerse en la presidencia de la republica por mas de un periodo (Martinez-Roson 2016).

En ambos paises, tras la firma de la paz, se busco enfrentar el pasado violento a traves del esclarecimiento de la verdad (Sieder 2002). No obstante, se advirtio tambien sobre la necesidad de reformar instituciones, reducir la impunidad y juzgar a los maximos responsables. A su vez, como se vera mas adelante, tanto los acuerdos de paz como los informes de las comisiones de la verdad senalaron que debian implementarse programas de reparacion a favor de las victimas, alcanzando resultados dispares a lo largo del tiempo.

Pero ?cual ha sido el avance en materia de reparaciones materiales y simbolicas en Guatemala y El Salvador y como se explica tal avance? Para responder a esas preguntas el primer apartado del articulo se ocupa de establecer los criterios para evaluar los programas de reparaciones masivas, asi como del analisis de dichos programas en cada uno de los paises; en la segunda parte se hace lo mismo para las reparaciones simbolicas; en el tercer acapite se sintetizan los avances alcanzados en ambos paises y se exploran sus posibles explicaciones, que se relacionan principalmente con actores que niegan el pasado violento. Tambien se senalan el perfil de las victimas y su coordinacion y organizacion, asi como el apoyo electoral que reciben quienes desconocen los derechos de las victimas y la influencia de los militares en politica. Por ultimo, se cierra con las conclusiones.

1. Programas de reparaciones materiales masivas

Varios instrumentos de derechos humanos senalan la necesidad de que la reparacion sea completa, (8) y si bien De Greiff (2011) sostiene que las reparaciones mediante programas de cobertura masiva deberian diferenciarse de las ordenadas por via judicial, dada la dificultad practica para que un programa de reparaciones cumpla con los estandares del derecho internacional, (9) tales dificultades no eximen al Estado de sus obligaciones.

Por ello, este analisis reflexiona sobre las iniciativas de reparacion en los paises estudiados, para determinar si pueden considerarse programas de reparaciones masivas dirigidos a compensar a las victimas de forma completa, efectiva y justa, en su condicion de tales, atendiendo los principios para la reparacion como mandatos de optimizacion, que guian la actuacion del Estado en la medida de lo posible (Alexy 1993).

En ese sentido, se diferencia entre "programas que distribuyen bienes a los que tienen derecho [sus beneficiarios] como ciudadanos y no necesariamente como victimas" (De Greiff 2011, 439) y programas de reparaciones propiamente dichos. Asi, por ejemplo, no se tienen en cuenta aqui programas de vivienda o empleo dirigidos a la sociedad en general, que no benefician de forma exclusiva a quienes son reconocidos como victimas, al no ir dirigidos a compensarlas en su condicion de tales. (10)

Partiendo de lo anterior, para analizar los programas de reparaciones masivas se consideraran: 1) su estabilidad y respaldo institucional, 2) la publicidad en su diseno e implementacion, 3) la objetividad y publicidad en la definicion y delimitacion de la condicion de victima como sujeto legitimado para acceder a los beneficios, 4) la difusion de requisitos y facilidades que se otorguen a los reclamantes para acceder a los programas y 5) el alcance de las reparaciones.

La estabilidad y el respaldo institucional de que se dote a dichos programas estan dados por las garantias institucionales de continuidad que tengan, derivadas de su procedencia del Poder Ejecutivo o del Legislativo. Se espera que los programas de reparacion originados en el Legislativo tengan mayor continuidad, asi como mas independencia, mientras que los originados en el Ejecutivo estan sujetos a la voluntad del gobierno de turno, en cuanto a su implementacion y alcance.

En materia de publicidad en su diseno e implementacion es importante observar los niveles de participacion y coordinacion entre la sociedad civil, las victimas y el Estado en estas materias. Para determinar la objetividad y publicidad en la definicion y delimitacion de la condicion de victima, y la difusion de los requisitos para acceder a los programas, se tienen en cuenta el establecimiento de reglas claras, los canales de transmision de esta informacion y la facilidad para su comprension, que debera ser accesible a ciudadanos de diversas condiciones sociales, etnicas, y todas aquellas que caractericen a las victimas.

Para determinar el alcance de los programas de reparacion se considera, por un lado, el tipo de beneficios que se ofrece a las victimas, y por el otro lado, el numero de victimas beneficiadas. Se espera que, tratandose de programas masivos, tiendan a beneficiar a la gran mayoria de victimas o al menos a un porcentaje significativo de ellas; para ello se calcula el porcentaje de poblacion beneficiada con respecto al numero estimado de victimas. Sin perder de vista que calcular el monto de recursos que debe invertir un Estado para reparar adecuadamente a las victimas del conflicto resulta en extremo dificil, se comparan los montos de estas reparaciones administrativas con aquellos que se ha ordenado desembolsar al Estado para cumplir condenas judiciales. (11)

a. Reparaciones materiales masivas en Guatemala

En 1999 la CEH recomendo al Estado promover una politica de reparaciones, advirtiendo que correspondia al Gobierno presentar al Congreso "un proyecto legislativo [...] que impulse el Programa Nacional de Reparacion" (CEH 1999, 62), incluidas medidas de restitucion, indemnizacion, rehabilitacion y satisfaccion, individuales y colectivas. (12) No obstante, en el Congreso no se aprobo la "Ley de Reparaciones" presentada en su momento de forma consensuada entre la sociedad civil y el Ejecutivo (Impunity Watch 2008, 81).

Ello llevo a que en 2003 la presidencia de la republica creara el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), (13) para el "resarcimiento individual y/o colectivo de las victimas civiles de violaciones a los derechos humanos y de delitos de lesa humanidad, cometidos durante el conflicto armado interno", (14) con una vigencia de trece anos, posteriormente extendida hasta el 31 de diciembre de 2023.

La estabilidad del programa se vio afectada, al no conseguirse su aprobacion desde el Legislativo, lo que implica que pueda ser constantemente modificado por los distintos gobiernos, como de hecho lo ha sido, a pesar de mantenerse a lo largo del tiempo (Evans 2012). A lo anterior se anade que su financiacion se dejo en manos de una asignacion anual incluida en el presupuesto general del Estado, sumada a lo que se recibiera via cooperacion local e internacional, lo que tambien hace muy variable su capacidad de ejecucion, que se encuentra en cabeza de la Secretaria de Paz de la presidencia (SEPAZ). (15)

En cuanto a la publicidad en el diseno e implementacion del programa, como acaba de verse, el proyecto consensuado no fue aprobado por el Congreso y termino imponiendose un programa por iniciativa del Poder Ejecutivo de la epoca. No obstante, el acuerdo gubernativo de creacion del PNR reconoce ser resultado del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y un grupo de organizaciones sociales, conocidas como la Instancia Multi-institucional por la Paz y la Concordia.

Con el PNR de 2003 se creo la Comision Nacional de Resarcimiento (CNR) como responsable de la coordinacion, la supervision y el seguimiento del programa. Inicialmente la Comision contaba con representantes de la sociedad civil, pero sus reformas la dejaron por fuera (Leonardo 2011). Al respecto se ha senalado que "entre los representantes de sociedad civil surgieron diferencias de diverso tipo, generando tensiones y conflictos que llegaron practicamente a paralizar la CNR y que abrieron la puerta para que, al modificarse nuevamente el acuerdo gubernativo, la sociedad civil perdiera su espacio en la conduccion del PNR" (Impunity Watch 2008, 82), lo que ocurrio con el Acuerdo Gubernativo 619-2005, que dispuso que la CNR estaria integrada por cinco miembros, todos dependientes del presidente de la republica.

Sobre la objetividad y publicidad en la definicion y delimitacion de la condicion de victima, las violaciones que se considera deben ser resarcidas se listan en el acuerdo gubernativo de 2003 y sus modificaciones. (16) Sin embargo, no hay reglas claras sobre como establecer o probar la ocurrencia de dichas violaciones.

En la misma linea, en cuanto a difusion de requisitos y facilidades a los reclamantes para acceder a los programas, se han hecho criticas al PNR, que "descarga en las victimas la obligacion de demostrar su condicion, por medio de la recoleccion de la documentacion requerida para probar su caso y recibir resarcimiento" (Leonardo 2011, 211; Impunity Watch 2008). (17) A lo anterior se suma que la gran mayoria de las victimas guatemaltecas son de origen rural e indigena, lo que dificulta su acceso a las reparaciones, (18) y que en 2015 la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) senalaba que "luego de diez anos de existencia del PNR, aun se evidencian la falta de certeza sobre los criterios de seleccion, [y] demoras de hasta siete anos en los requerimientos de resarcimiento" (CIDH 2015, 191).

Las medidas previstas para implementar el PNR son: la dignificacion de las victimas, el resarcimiento cultural, la reparacion psicosocial y la rehabilitacion, la restitucion material y el resarcimiento economico. En materia de restitucion material y resarcimiento economico, entre diciembre 2005 y diciembre 2007 "el PNR entrego resarcimiento economico a un total de 15.367 victimas por un monto de [...] aproximadamente US$36.7 millones" (Impunity Watch 2008, 86). Segun las Memorias de labores del PNR entre 2008 y 2016, en 2008 hubo 8.518 resarcimientos monetarios, frente a 64.705 reclamos, asi como indemnizaciones a 9.827 personas, por aproximadamente US$26.2 millones. En 2009 se restituyeron 888 viviendas, con resarcimiento monetario a 4.088 beneficiarios, por aproximadamente US$12.2 millones.

En 2010 se registraron 70.435 victimas, se restituyeron 924 viviendas, con resarcimientos economicos por US$4.7 millones a favor de 1.769 personas. En 2011 se entregaron 1.137 viviendas y resarcimientos economicos por US$4.5 millones a 1.685 victimas. En 2012 se presentaron resarcimientos economicos a 868 beneficiarios, por US$2.1 millones, aproximadamente (PNR 2012). En el periodo 2013-2014 se beneficiaron 1.148 personas con reparaciones economicas, por US$2.5 millones (PNR 2014). Entre 2015 y 2016 se beneficiaron 359 personas a traves de transferencias condicionadas para restitucion de viviendas, y 11 con resarcimientos economicos, sin incluir informacion sobre montos de dinero asignados, en uno y otro caso (PNR 2016) (ver la tabla 1). (19)

La comparacion entre el numero de victimas beneficiadas con el programa (43.629) y las victimas del conflicto (estimadas en 200 mil muertos y desaparecidos) arroja que se ha beneficiado aproximadamente un 21% de dichas victimas, sin incluir todas aquellas victimas indirectas, asi como a las que sufrieron hechos victimizantes que en un inicio fueron dejados de lado, como la violencia sexual. En cuanto a los recursos economicos ejecutados, al compararlos con las ordenes de pago libradas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en quince casos relacionados con el conflicto armado, por una suma aproximada de US$92.9 millones, (20) llama la atencion la diferencia entre los montos de las reparaciones dispuestas por lo programas masivos y aquellas ordenadas por fallos del Sistema Interamericano, que en todo caso pueden referirse a varias victimas o grupos de ellas.

El PNR no ha estado libre de cuestionamientos. No solo es evidente la disminucion de sus beneficiarios y de los recursos ejecutados a traves del tiempo, sino que, segun informaciones de prensa, el presupuesto que se le asigna se destina en gran parte a gastos de funcionamiento (Reynolds 2011), (21) y entre 2008 y 2011 buena parte de los recursos no fueron ejecutados, tal como se ve en la tabla 2, situacion que, de acuerdo con Impunity Watch (2012), se remonta a 2005.

El programa tiene tambien graves falencias en materia de informacion. La informacion disponible no siempre es completa, y se ha advertido que los "datos financieros [...] difieren de una fuente a otra, [...] dado que en la administracion de los fondos del PNR han intervenido diversos actores [...] [y] Los datos sobre victimas y delitos resarcidos deben tomarse con similar precaucion" (Impunity Watch 2008, 79).

Adicionalmente se ha cuestionado al PNR por privilegiar aspectos economicos (Leonardo 2011), lo que se reconoce desde su interior, como consta en el Informe de la Evaluacion Conjunta del PNR y de los Programas de Apoyo al PNR de GTZ y PNUD, 2007, que advierte que "la ausencia de una politica integral del Estado con relacion al proceso de reconciliacion responde especialmente al hecho que el Organismo Legislativo no ha aprobado leyes sobre las que dicha politica pueda cimentarse" (PNR 2007, 7).

El contenido de las reparaciones fue un tema que implico divisiones entre las organizaciones civiles y de victimas que hasta 2005 conformaron la Comision Nacional de Reparacion (CNR), comoquiera que "las organizaciones con base social en las areas rurales golpeadas por la violencia insistian en la premura del resarcimiento economico; mientras que organizaciones de derechos humanos instaban a procesos de reparacion mas integrales, pero cuyo diseno e implementacion tomaria mas tiempo" (Impunity Watch 2008, 87-88).

Asi mismo se le ha reprochado al programa que se prioricen injustificadamente ciertas peticiones y se retrasen otras (Impunity Watch 2008). Es decir que las victimas no solo encuentran dificultades para hacer la reclamacion, sino que no se respeta un orden justo en los pagos. Por otro lado, en Guatemala "las reparaciones exclusivamente economicas a las victimas se confunden con indemnizaciones que se entregan a ex PAC (22), asi como con las transferencias condicionadas de 'Mi familia Progresa'" (Leonardo 2011, 211). (23)

Un aspecto para tener en cuenta en el conflicto guatemalteco es que desde 1981 se implantaron las PAC, grupos civiles reclutados forzosamente, a efectos de controlar las comunidades. Fueron reconocidas por el Acuerdo Gubernativo No. 222 de 1983, que determinaba que las patrullas estaban subordinadas jerarquicamente a los militares (CIDH 2001). Las PAC fueron legalizadas mediante el Decreto No. 19 de 1986, como Comites Voluntarios de Defensa Civil, y posteriormente desmontadas con el Decreto No. 143 de 1996 (Congreso de Guatemala 1996).

Mediante el Decreto No. 28 de 2004 el Congreso enaltecio la actuacion de las PAC y otorgo un "beneficio pecuniario como aporte de capital, por la actividad civica desarrollada durante el conflicto armado" (articulo 2, Congreso de Guatemala 2004), correspondiente aproximadamente a US$712 para cada uno de sus exintegrantes. Este decreto fue declarado inconstitucional en 2005, por infringir normatividad sobre erogaciones presupuestarias (Corte de Constitucionalidad de Guatemala 2005). Ya en 2004 se habia declarado la inconstitucionalidad del Acuerdo Gubernativo 566-2003, por falta de competencia del Ejecutivo para ordenar dicho gasto (Corte de Constitucionalidad de Guatemala 2004). En dicha oportunidad la Corte llamo la atencion sobre la inconveniencia de otorgar sumas de dinero a los ex-PAC, abogando por "otras formas de resarcimiento de violaciones de los derechos humanos", lo que llevo al presidente de la epoca a crear un programa para el otorgamiento de beneficios a favor de los ex-PAC, que, segun Impunity Watch (2008), a 2007 superaban los otorgados a las propias victimas.

El hecho de que el Estado abordara simultaneamente un plan de resarcimiento a las victimas y uno de pagos a los ex-PAC genero "una especie de prolongacion de identidades y roles derivados del conflicto" (Impunity Watch 2008, 95), (24) a lo que se suma que las reclamaciones de los ex-PAC y las de las victimas fueron canalizadas politicamente, privilegiando las primeras. (25) Por si fuera poco, que la Corte equiparara en su sentencia de 2004 los pagos a los exPAC al resarcimiento por violaciones a los derechos humanos es, cuando menos, desafortunado, aunque lo hubiese hecho a manera de ejemplo.

b. Reparaciones materiales masivas en El Salvador

El Acuerdo de Paz de Chapultepec establecio que debia implementarse un Plan de Reconstruccion Nacional (PRN), que favoreciera "tanto a los lisiados como a los familiares de las victimas entre la poblacion civil [...] [con beneficios tales como] becas, empleos y pensiones, programas de vivienda y para la instalacion de empresas" ("El PNUD y las Naciones Unidas" 2008). Asi mismo, entre las recomendaciones de la Comision de la Verdad se contemplaban las reparaciones morales y materiales, advirtiendo las limitaciones financieras del pais y senalando la necesidad de constituir un fondo nutrido con dineros nacionales y extranjeros, para compensar a las victimas de la violencia (CV-ES 1993).

El Plan de Reconstruccion Nacional (PRN), implementado entre 1992 y 1996, estaba dirigido--entre otras materias--a la integracion de los reinsertados en el sistema productivo, con financiamiento de diversas fuentes internacionales, principalmente de Estados Unidos, y con proyectos a cargo de la Mision de las Naciones Unidas para El Salvador (ONUSAL) y la Secretaria de Reconstruccion Nacional (SRN), que beneficiarian a cerca de 41 mil personas (Silva 2000). La SRN, creada en febrero de 1991, hizo publicos algunos informes sobre avances de reconstruccion, pero Wood (1999) advierte que muestran un panorama incompleto, comoquiera que no todos los fondos destinados a reconstruccion pasaron por dicha Secretaria.

Se lanzaron estrategias diferenciadas para el campo y la ciudad. En el ambito urbano se busco apoyar microempresas y pequenos negocios, "de los 2,897 beneficiarios que recibieron creditos se constituyeron 1,743 empresas de las cuales el 48% seguian en operacion en 1996" (Silva 2000, 17), asi como otorgar becas de estudio, a favor de "1,140 personas" (Silva 2000, 17). En las areas rurales se establecio un Programa de Transferencia de Tierras, cuyo proposito era convertir en productores agricolas a aquellos que en su momento fueron desplazados del campo, con un total de 36.597 beneficiarios. Sin embargo, el programa fue calificado como un fracaso por la inadecuada explotacion del suelo (Silva 2000), lo que llevo a que quienes tenian las tierras se vieran ahogados por las deudas que adquirieron para pagarlas (Albiac 2000).

El Instituto para la Paz de Estados Unidos senalo en 1992 que el Gobierno no habia cumplido las recomendaciones de pagar reparaciones a las victimas (Instituto para la Paz- EE. UU. 1992), mientras que en 1993 el secretario general de la ONU se pronuncio sobre las demoras y dificultades en los programas de restitucion de tierras y reintegracion de excombatientes y lisiados de guerra (Martinez y Gutierrez 2016). En el mismo sentido se pronuncian Segovia (2006) y Martinez, Gutierrez y Rincon (2012).

El 13 de diciembre de 1992 la Asamblea Legislativa expidio el Decreto Legislativo No. 416, que previo el otorgamiento de compensaciones economicas y la incorporacion al sistema de prestaciones sociales a favor de los "lisiados o discapacitados" como consecuencia directa del conflicto armado, asi como de los padres adultos mayores y los hijos menores e "incapaces" que perdieron a sus familiares por las mismas causas, segun los terminos usados en el decreto citado. Las compensaciones serian otorgadas a traves del Fondo de Proteccion de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD), y estaban dirigidas a exintegrantes de las Fuerzas Armadas, la guerrilla y sus familiares, asi como a los civiles con lesiones y secuelas permanentes a consecuencia del conflicto. Los civiles no solo aparecen al final de la lista del articulo 24 del Decreto No. 416, sino que ademas no se previeron beneficios a favor de sus familiares en caso de fallecimiento, como si ocurrio con los de los excombatientes de las Fuerzas Armadas y del FMLN.

Para acceder a los beneficios, las personas deben inscribirse en un registro a cargo de una Comision Tecnica Evaluadora del Fondo, y se contemplaron prestaciones economicas (por una sola vez o de forma periodica), en especie (protesis y aparatos ortopedicos) y en servicios de salud. (26) Los pagos previstos en el Decreto No. 416 fueron suspendidos entre 1993 y 1995, como lo reconocio en 2010 el entonces presidente Funes, cuando anuncio el pago de 19,5 millones de dolares ("El Gobierno pagara pensiones" 2010). Que las compensaciones se dirigieran exclusivamente a exintegrantes de los bandos en conflicto o a personas con lesiones permanentes a consecuencia de este, y no a los familiares de las victimas civiles muertas o desaparecidas, explica que diversas fuentes coincidan en que en El Salvador en realidad no se han desarrollado planes de reparacion (Sieder 2002; ONU 2008; Segovia 2009); al menos no programas de reparaciones masivas, tal como se entienden en este trabajo.

En 2010 se creo la Comision Nacional de Reparacion a las Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el conflicto armado interno, conformada por la Secretaria de Inclusion Social y varios ministros, con el fin de "proponer al presidente de la republica, mediante un informe debidamente fundamentado, el establecimiento de un programa presidencial de reparacion a las victimas". (27)

Sin que tal informe se hiciera publico, por Decreto No. 204 del 23 de octubre de 2013 la presidencia de la republica establecio el Programa de Reparaciones a las Victimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos Ocurridas en el Contexto del Conflicto Armado Interno, donde, ademas de reconocerse expresamente la existencia de dichas victimas, se dispuso la creacion de un registro de estas, a cargo del Consejo Directivo del Registro de Victimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el Contexto del Conflicto Armado (CODREVIDH), conformado por tres funcionarios del Ejecutivo y dos representantes de las victimas, que se constituyo el 4 de julio de 2014.

El Decreto No. 204 preve medidas de rehabilitacion (como cobertura en salud y becas), indemnizacion, dignificacion y no repeticion, sujetas a los recursos disponibles. Los montos previstos para indemnizaciones van de 15 a 20 dolares mensuales por familia, salvo para los mayores de 55 anos, quienes tienen derecho a 50 dolares mensuales por persona. Al comparar estas sumas con las ordenes de pago libradas a cargo del Estado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuatro casos relacionados con el conflicto armado, por una suma total, aproximada, de US$19.9 millones, (28) los montos para resarcimiento en el orden interno resultan irrisorios.

Entre las medidas de dignificacion se preve el impulso de la publicacion del informe de la Comision de la Verdad, el reconocimiento de responsabilidades y la revision de planes de estudio. Asi mismo, el decreto enumera las organizaciones civiles (ONG) que asume como representativas de las victimas, senalando la posibilidad de que otras organizaciones o personas naturales soliciten su acreditacion ante el consejo directivo. (29)

En cuanto a la definicion de la condicion de victima se senala que pueden ser incorporadas en el registro en dos modalidades, por ingreso masivo y por peticion de la propia victima, de forma directa o por intermedio de las ONG reconocidas. Se preve que corresponde al consejo directivo evaluar las solicitudes de incorporacion "de las personas que cumplan con las caracteristicas necesarias para ser incluidas como beneficiarias del Programa" (articulo 5); sin embargo, no se especifica cuales son tales caracteristicas.

Las medidas previstas a favor de las victimas en el Decreto No. 204 no estan centralizadas; asi, algunas se asignaron al Ministerio de Salud, otras al Ministerio de Educacion y a la Presidencia de la Republica, al Ministerio de Agricultura y Ganaderia, y las indemnizaciones, al Fondo de Inversion Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL). En 2016 el Ejecutivo expidio el Decreto No. 36 del 1 de junio, para garantizar la aplicacion del Decreto de 2013.

En el primer decreto se previo la creacion de una mesa de seguimiento de su cumplimiento, asi como la presentacion de informes trimestrales al jefe del Ejecutivo (articulo 21) por parte de la Secretaria de Inclusion Social de la Presidencia, que coordina el CODREVIDH. Solo cuatro informes se han emitido a la fecha (2018): en octubre de 2014, en abril de 2015, en enero de 2016 y en enero de 2018 (Secretaria de Inclusion Social 2014, 2015, 2016 y 20i8). (30) Lo que evidencian estos informes es el establecimiento de mesas de coordinacion y la celebracion de reuniones entre representantes de las victimas y las distintas autoridades encargadas de implementar las reparaciones, con pocos resultados tangibles.

Desde el informe de 2015 se dejo constancia de que las victimas reclamaban la ampliacion y ejecucion de las medidas contempladas en el programa de reparaciones. No obstante, el informe de 2016 senala que el Ministerio de Hacienda no asigno recursos para el programa de indemnizacion a favor de las victimas, y que el Ministerio de Salud no cuenta con el registro de victimas de la CODREVIDH para adelantar las labores a su cargo. Ello pese a que en este informe, la Secretaria de Inclusion Social habla de 4.707 victimas registradas.

A finales de agosto de 2017, organizaciones civiles presentaron a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de reparacion integral, con fundamento en las recomendaciones de la Comision de la Verdad y en la decision de julio de 2016, donde la Sala de Constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia resolvio una peticion de inconstitucionalidad de la amnistia de 1993, declarando la invalidez de la ley (Corte Suprema de Justicia de El Salvador 2016). Al presentar esta propuesta de ley las organizaciones dejan constancia de la falta de resultados y las dificultades en la implementacion del programa impulsado por Funes, que quedo en letra muerta (Mejia 2017).

El informe que rindio la Secretaria de Inclusion Social a la Presidencia en 2018, sobre ejecucion del programa de reparacion, habla de 1.375 victimas que atendieron jornadas de grupos de apoyo psicosocial, y de transferencias economicas a cargo del FISDL por un monto de US$725.140,00, repartidos entre salud, educacion, pagos a victimas y adultos mayores, con 3.332 personas atendidas en el ultimo mes reportado. Asi mismo este informe deja constancia de dificultades de coordinacion con las organizaciones representantes de las victimas.

Asi las cosas, el Programa de Reparaciones creado en 2013 no goza de estabilidad y respaldo institucional, pues se trata de una iniciativa presidencial, que, si bien se ha mantenido durante los gobiernos del FMLN, no tiene respaldo legislativo. Tampoco puede hablarse de publicidad en su diseno e implementacion, pues, aunque en la ejecucion del programa ha participado la sociedad civil, las organizaciones que la representan no participaron en su diseno y se han mostrado disconformes con su desarrollo. Por otro lado, no solo no hay publicidad y objetividad en la definicion de victima, sino que este es un tema que todavia se discute. (31) Ademas, el programa de transferencias beneficia tambien a personas que participaron directamente en la guerra, lo que evidencia confusion en torno a la definicion de victima, al incluirse como tales, de forma generalizada, a exintegrantes de los bandos en conflicto.

Ademas, la informacion sobre el programa no esta disponible de manera abierta, siendo necesario adelantar tramites burocraticos previstos en la ley de acceso a la informacion para acceder a ella. Por ultimo, el alcance de las reparaciones en ningun caso puede ser considerado masivo, pues en el unico ano del que hay constancia de ejecucion del programa, que es 2017, se beneficio a 4.4% de las victimas directas que se estima dejo el conflicto, y se ejecutaron transferencias por el 3.6% de los montos que ha ordenado pagar la Corte IDH.

Finalmente, cabe llamar la atencion sobre el hecho de que los informes de 2016 y 2018 de la Secretaria de Inclusion Social senalan como medidas de reparacion algunas encaminadas a la no repeticion, tales como la formacion en derechos humanos de miembros de la fuerza publica y la policia, y la educacion en convivencia pacifica, derechos humanos, inclusion, genero, educacion ambiental y cambio climatico, a docentes de educacion basica y media.

2. Reparaciones simbolicas

Al lado de los programas masivos y de las reparaciones individuales estan las medidas simbolicas, que "tienden a modificar el imaginario politico y social en el que se tienen que insertar las victimas" (Gomez Isa 2006, 53), mas aun cuando "en los casos de graves violaciones de los derechos humanos y violencia extrema no solo las victimas individuales resultan danadas, sino que es toda la sociedad quien acaba siendo traumatizada" (Gomez Isa 2006, 54).

Para determinar el alcance de las reparaciones simbolicas se examina: 1) si se han disenado y puesto en marcha politicas de reparaciones simbolicas o politicas de memoria; 2) si--ya no como parte de una politica, sino por iniciativas aisladas--se han levantado monumentos, se han declarado fechas conmemorativas o se ha rendido homenaje a las victimas, y, finalmente, 3) la difusion de tales medidas, a traves de medios como la television y la prensa. Todo ello con fundamento y en desarrollo de los principios para la reparacion de la ONU.

a. Reparaciones simbolicas en Guatemala

En el capitulo de recomendaciones, la CEH (1999) senalo la necesidad de implementar medidas para preservar la memoria de las victimas, como el reconocimiento por parte del presidente, el Congreso y la URNG de los hechos contenidos en el informe y la peticion de perdon por los hechos de violencia del conflicto; la declaracion de un dia conmemorativo de las victimas; la construccion de monumentos y parques memoriales; la asignacion de nombres de victimas a edificios y vias publicas, todo ello tomando en cuenta el caracter multicultural de la nacion.

No obstante, el informe de la Comision fue tachado de falso por el Ejercito y de sesgado por la derecha. La posicion inicial del Gobierno se hizo publica mediante un comunicado del 16 de marzo de 1999, donde el presidente Alvaro Arzu rechazo muchas de sus recomendaciones ("Posicion Inicial del Gobierno" 1999). Tampoco la URNG expreso un verdadero reconocimiento de sus responsabilidades. (32)

Poco despues fue elegido presidente Alfonso Portillo, quien en su discurso de toma de posesion manifesto su compromiso con el cumplimiento de las recomendaciones de la CEH y nombro como ministra de Cultura a Otilia Lux de Coti, quien formo parte de la Comision. Si bien el partido con el que alcanzo la presidencia Portillo fue fundado y dirigido por el exdictador Rios Montt, quien presidio la ceremonia de relevo de gobierno en condicion de presidente del Congreso, en agosto de 2000 Portillo reconocio publicamente que los gobiernos anteriores venian cometiendo violaciones de los derechos humanos, admitiendo la participacion del Ejercito en las masacres de Plan de Sanchez y Dos Erres (Mision de las Naciones Unidas para Guatemala-Minugua 2004). Portillo busco legitimarse ante la comunidad internacional con esta estrategia de mostrarse respetuoso de los derechos humanos, lo que ademas le servia para desincentivar el uso del Sistema Interamericano por parte de las victimas (Evans 2012; Mersky y Roth-Arriaza 2007).

Sobre la declaracion de fechas conmemorativas, a pesar de que desde anos atras las ONG venian recordando a las victimas el 25 de febrero, dia en el que se hizo publico el informe final de la CEH, "sin mediar una consulta previa con la sociedad civil, el Congreso de la Republica emitio el Decreto Legislativo 61-2002, que declaro el 31 de marzo como el Dia Nacional de las Victimas de la Violencia" (Minugua 2004, 16). Posteriormente se cambio la fecha, mediante Decreto No. 06-2004 de 25 de febrero de 2004, reformado por el Decreto No. 48-2008 de 16 de septiembre de 2008, senalando el 25 de febrero como fecha oficial para conmemorar el Dia Nacional de la Dignidad de las Victimas del Conflicto Armado.

La llegada a la presidencia de Otto Perez Molina, que coincidio con el juicio por genocidio contra Rios Montt, implico un resurgimiento de tesis revisionistas. El mandatario, exmilitar senalado de estar involucrado en crimenes del pasado, sostuvo en diversas oportunidades que en Guatemala no hubo genocidio: asi lo afirmo en conferencia de prensa en enero de 2012 (Castillo 2012), posicion que reitero meses despues ("Presidente Otto Perez niega" 2013), y mas tarde, cuando fue senalado por un testigo judicial de participar en masacres indigenas (Ramos, Valdez y Vasquez 2013).

La negacion de la ocurrencia de genocidio por parte de Perez Molina no tiene que ver con su afinidad a Rios Montt, sino con las acusaciones en su contra por casos de derechos humanos. A pesar de ser ambos militares, en su momento representaron tendencias distintas dentro del Ejercito. Cuando Portillo fue elegido presidente parecia que se decantaria por Perez Molina como ministro de Defensa; sin embargo, Rios Montt se opuso a ese nombramiento por la participacion de aquel en el golpe de 1983. Al final Portillo nombro a un coronel en el mencionado ministerio, forzando el retiro de diecinueve generales (Schirmer 2001).

Pero la posicion de negar lo ocurrido no se limito al entonces presidente, tambien lo nego Zury Rios, hija del exdictador (Sanz 2013), al igual que el ministro de Gobernacion de Perez Molina (Melini 2014), y finalmente el Congreso de la republica, con el voto de 87 de sus 158 diputados ("Aprueban punto resolutivo que niega genocidio" 2014), refiriendose a la condena emitida el 10 de mayo de 2013 contra Rios Montt, que poco despues quedo sin efectos por la anulacion parcial de la causa que hizo la Corte de Constitucionalidad. Frente a estas posiciones negacionistas, la sociedad civil, especificamente el Centro para la Accion Legal en Derechos Humanos (CALDH), respondio con la apertura de un museo en febrero de 2014, llamado "Casa de la Memoria", que busca preservar el conocimiento de lo ocurrido durante el conflicto, con financiamiento nacional e internacional.

Por otro lado, como se ha visto, desde 2003 se establecio un programa presidencial de reparacion, con un enfoque principalmente economico, pero a partir de 2008 se ha buscado implementar un enfoque mas integral, de forma no siempre afortunada. (33) En todo caso, el enfoque integral no es una politica es tructurada, sino mas bien un conjunto de actos aislados. (34) Mas recientemente se viene hablando de actos de conmemoracion colectivos o en memoria de personas especificas (PNR 2012), y de actos de dignificacion (PNR 2014), entre los que se contabilizan las exhumaciones (PNR 2016). Asi mismo, por orden de la Corte IDH se han elevado solicitudes de perdon en casos especificos. (35)

b. Reparaciones simbolicas en El Salvador

Tras la publicacion del informe de la Comision en 1993, el Gobierno, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial lo rechazaron (36) y el presidente Alfredo Cristiani le recrimino no contribuir a la reconciliacion nacional. Tampoco el FMLN se mostro satisfecho con los resultados del reporte. (37) Ello se explica por cuanto entre las recomendaciones de la Comision se encontraban la separacion de sus cargos de aquellos oficiales de las Fuerzas Armadas, funcionarios de la administracion publica y la judicatura senalados como responsables de las violaciones, y la inhabilidad para el ejercicio de funciones publicas--por un lapso no inferior a 10 anos--de cualquier implicado en los hechos investigados, fuera civil, militar o del FMLN. (38)

Entre las recomendaciones de la Comision de la Verdad se contemplaba, ademas:

1. La construccion de un monumento nacional en San Salvador con los nombres de todas las victimas del conflicto, identificadas. 2. El reconocimiento de la honorabilidad de las victimas y de los graves delitos de los que fueron victimas. 3. El establecimiento de un feriado nacional recordatorio de las victimas del conflicto y de afirmacion de la reconciliacion nacional. (CV-ES 1993, 197)

No obstante, los reconocimientos simbolicos en memoria de las victimas durante los gobiernos de ARENA, el Parque Memorial de las Victimas del Mozote y el levantamiento en 2003 del Monumento a la Memoria y a la Verdad (39) fueron promovidos por organizaciones no gubernamentales (Lazo y Rey 2011). Como si la falta de reconocimiento inicial del informe de la Comision de la Verdad no fuera suficiente, en 2006 Elias Antonio Saca, en su condicion de jefe de Estado, realizo actos publicos honrando a perpetradores de los crimenes develados por la Comision. (40)

En cumplimiento de una sentencia de la Corte IDH, la Asamblea Legislativa expidio el Decreto No. 829 de 2005, declarando el "Dia del Reencuentro Familiar de las Ninas y Ninos que por Diversos Motivos se Extraviaron Durante el Conflicto Armado". Posteriormente dicho decreto tuvo que ser derogado, puesto que no hacia referencia expresa al fenomeno de la desaparicion, lo que se enmendo con el Decreto No. 197 del 5 de enero de 2007, que declaro el 29 de marzo como "Dia dedicado a los ninos y ninas desaparecidos durante el conflicto armado".

En noviembre de 2009 Funes entrego a los familiares de los sacerdotes jesuitas asesinados en la Universidad Centroamericana Jose Simeon Canas (UCA) la maxima condecoracion estatal, expresando la necesidad de construir memoria colectiva. Su discurso no incluyo reconocimiento de responsabilidad estatal en el crimen ("Condecoran con Orden Jose Matias Delgado" 2009), lo que hizo en enero de 2010, al celebrarse el aniversario numero 18 de los acuerdos de paz, convirtiendose asi en el primer presidente salvadoreno en reconocer responsabilidades y pedir perdon por crimenes cometidos por agentes del Estado.

El 24 de marzo de 2010, Funes pidio perdon y reconocio la responsabilidad del Estado en el crimen de monsenor Romero. A mediados de 2010, el 24 de marzo fue declarado "Dia internacional por el derecho a la verdad acerca de las graves violaciones a los derechos humanos y la dignidad de las victimas" por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Lazo y Rey 2011, 230). El mismo ano, la Asamblea Legislativa declaro esa fecha como "Dia nacional de monsenor Oscar Arnulfo Romero Galdamez", resaltando la defensa que hizo el religioso de los menos favorecidos, sin hacer alusion alguna al conflicto (Decreto No. 294 del 4 de marzo de 2010), y se levanto un mural en su memoria, en el muelle internacional del aeropuerto de San Salvador.

No obstante, en octubre de 2013 el Ejercito rindio homenaje a dos de los comandantes que intervinieron en la masacre de El Mozote (Valencia 2013), pese a que, al celebrarse los 20 anos de los acuerdos de paz, en enero de 2012, Funes habia reconocido la responsabilidad estatal por estos hechos y ordenado al Ejercito que se abstuviera de exaltar como heroes a sus responsables. En diciembre de 2013, el entonces candidato Sanchez Ceren anuncio que militares retirados se sumaban a su campana a la presidencia. Uno de dichos militares era Rene Roberto Lopez Morales, coronel a cargo del cuartel donde el 7 de agosto de 2011 recibio refugio un grupo de militares reclamados por la justicia espanola para responder por el crimen de los jesuitas. (41)

Ya en condicion de presidente, Sanchez Ceren reacciono a la decision de inconstitucionalidad de la amnistia acusandola de afectar la institucionalidad y convivencia, asi como de no tener en consideracion los "verdaderos y actuales problemas del pais" (Renteria 2016). Poco despues, en agosto de 2016, el presidente pidio perdon en nombre del Estado a las victimas del conflicto, anunciando un programa de transferencias monetarias, al que ya nos referimos. En enero de 2017, al celebrar los 25 anos de los acuerdos de paz, hablo de la necesidad de impulsar una ley de reconciliacion y reparacion integral, sin pedir perdon a nombre del Estado ni de la guerrilla de la que hizo parte ("Mensaje del Presidente Salvador" 2017).

A mediados de 2017 se desato una polemica, derivada del hecho de que fondos de la cooperacion internacional espanola fueron utilizados para enaltecer la memoria de Roberto D'Aubuisson con una placa en el municipio de Santa Tecla, donde entre 2015 y 2018 funge como alcalde su hijo (Valencia y Rauda 2017). Tambien en 2014, el alcalde de San Salvador, elegido por ARENA, habia homenajeado al cuestionado militar. (42)

No obstante, desde octubre de 2015 por television nacional se emite semanalmente, los domingos, el programa Memoria viva, cuyo objetivo es incorporar temas de memoria historica en medios masivos de comunicacion, iniciativa que mas tarde se extendio a la radio, y cuya version televisada cuenta noventa emisiones a enero de 2018, y se abordan temas relacionados con los acuerdos de paz, monsenor Romero, el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y crimenes ocurridos durante el conflicto, entre otros. Asi mismo, en 2017 se declaro oficialmente lugar de memoria historica aquel donde ocurrio la Masacre de Santa Cruz, perpetrada en 1981 por las Fuerzas Armadas, lo que implica su conservacion bajo la Ley Especial de Proteccion al Patrimonio Cultural del pais (Secretaria de Inclusion Social 2018).

De lo anterior se desprende que, a pesar de los episodios negacionistas protagonizados por las elites desde el inicio de la transicion y el propio presidente Sanchez Ceren, si bien el programa de reparacion de 2013 y los gobiernos del FMLN no han logrado articular una politica de la memoria, han impulsado iniciativas aisladas en materia de conmemoraciones, pero ademas recientemente han contribuido a la difusion de temas relacionados con el conflicto y los acuerdos.

3. Posibles explicaciones

Mientras que la CEH de Guatemala recomendo en 1999 promover una politica de reparaciones de caracter legislativo, en El Salvador no se trato solo de una recomendacion, puesto que las reparaciones estaban previstas en el Acuerdo de Paz. No obstante, en ambos paises los avances en esta materia han sido escasos. Pero ?que explica los avances que se han dado y la falta de los que no han podido concretarse?

Para empezar, podria pensarse en que los diferentes mecanismos de justicia transicional interactuan de forma diversa a lo largo del tiempo. Estudios sobre America Latina han encontrado que al inicio de las transiciones, los esfuerzos se centraron en el esclarecimiento de la verdad, con un enfasis menor en la realizacion de juicios y el establecimiento de programas de reparacion (Olsen, Payne y Reiter 2010; Skaar, Garcia-Godos y Collins 2016). A la misma conclusion llego Sieder (2002), especificamente para Centroamerica. No es dificil entender que en un principio se pensara que los juicios pondrian en riesgo la estabilidad de la democracia o de la paz, segun el caso, pero ?por que las reparaciones fueron relegadas a un segundo plano, mientras se privilegiaban las comisiones de la verdad? Pueden plantearse varias hipotesis al respecto.

Las reacciones a los informes de las comisiones de la verdad en Guatemala y El Salvador, rechazando su contenido, de forma mas contundente en el segundo caso que en el primero, evidencian que los esfuerzos para el esclarecimiento de la verdad fueron mas el resultado de empenos internacionales, que de una conciencia nacional sobre los derechos de las victimas del conflicto (Roth-Arriaza 2002). Los programas de reparacion y los reconocimientos simbolicos requieren justo lo contrario, una consciencia sobre los danos infligidos y la responsabilidad que en ello cabe al Estado, ya sea de forma directa o indirecta. Aunque parezca obvio, hay que decir que las reparaciones implican ademas un importante esfuerzo economico.

En Guatemala el Ejercito se consideraba vencedor de la contienda armada y despues de la transicion retuvo gran parte de su influencia (Perez y Cordoba 2005), tanto, que mas de veinte anos despues de los acuerdos de paz no se ha conseguido la separacion entre los sectores de seguridad y defensa nacional. Esta influencia se ha visto respaldada desde las urnas, no solo a favor de Rios Montt y Perez Molina, sino tambien de politicos de la derecha como Alvaro Arzu, presidente de la republica firmante de los acuerdos y que ha sido elegido cinco veces alcalde de la capital del pais, cuatro de ellas despues de ser presidente.

Martinez-Roson (2016) advierte que es muy dificil analizar el sistema de partidos guatemalteco de acuerdo a los instrumentos convencionales de analisis basados en aspectos ideologicos, (43) pero lo cierto es que despues de los acuerdos de paz la polarizacion ideologica no se traslado al sistema de partidos y la izquierda perdio gran parte de su fuerza politica. Ello se hace evidente si se tiene en cuenta que, segun datos del proyecto de elites parlamentarias (PELA) de la Universidad de Salamanca sobre la autoubicacion de los parlamentarios en la escala derecha-izquierda, (44) entre 1997 y 2005 ningun partido guatemalteco con representacion parlamentaria se ubicaba como de izquierda, y el que mas se acercaba a tal extremo tenia una media de 4,3 (Alcantara y Rivas 2007).

Durante el gobierno de Portillo el PNR se vio como una forma de canalizar reclamos de justicia y evitar que proliferaran las ordenes de pago provenientes de la Corte IDH y de la CIDH (Mersky y Roth-Arriaza 2007; Evans 2012). En cualquier caso, los resarcimientos economicos del PNR de Guatemala muestran importantes reducciones a lo largo de los anos, siendo notorias entre 2008 y 2009, cuando se disminuyen en algo mas de la mitad; en 2010, cuando pasan a ser una tercera parte de los otorgados en 2009, y en 2012, cuando de nuevo se reducen a la mitad (tabla 1). La llegada al poder de Perez Molina en 2011 trajo consigo el resurgimiento de tesis revisionistas y negacioncitas, inspiradas en el mediatico juicio por genocidio contra Rios Montt, pero tambien esgrimidas como respuesta a las acusaciones contra el entonces presidente y su vinculacion con crimenes durante el conflicto.

Entre tanto, en El Salvador la concentracion del poder en ARENA y el FMLN, firmantes de la paz y responsables de las atrocidades del pasado, ha llevado a un desconocimiento de los derechos de las victimas, respaldado en las urnas, ya que estos partidos no solo son los unicos que han ostentado la presidencia desde la transicion, sino que se reparten el Poder Legislativo; asi, para la eleccion legislativa de 2009, ambos concentraron mas del 80% de los votos, tendencia que se ha mantenido.

En este pais la subordinacion de las Fuerzas Armadas al poder civil continua siendo minima (Perez y Cordoba 2005) y los militares mantienen una fuerte influencia en asuntos politicos, incluso despues de la alternancia de 2009. Pese a que uno de los puntos fundamentales de los acuerdos de paz era separar la defensa nacional de la seguridad, en 2012 Funes designo a dos militares en cabeza del Ministerio de Seguridad Publica y la Policia Civil, nombramientos declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2013. No obstante, y como se anoto previamente, tambien en su campana Sanchez Ceren hizo alianzas con militares retirados, algunos cuestionados por su complicidad con quienes fueron reclamados en extradicion por el crimen de los jesuitas.

Funes, quien no habia hecho parte del FMLN ni como organizacion guerrillera ni como partido politico, dio pasos encaminados al reconocimiento simbolico de responsabilidades, sin conseguir que cesen los honores a los militares implicados. En el mismo sentido se movio el gobierno de Sanchez Ceren, que incluso mostro una timida ejecucion del programa de reparaciones materiales en 2017, despues de la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistia de 1993. Parece entonces que, tambien en este pais, se quisieran diluir las demandas de justicia a traves de reparaciones, mientras en las elites pervive el discurso segun el cual el mantenimiento de la paz justifica la negacion de los derechos de las victimas.

Otro aspecto por considerar es que, si bien en ambos paises los esfuerzos iniciales se centraron en el esclarecimiento de la verdad, los informes de ambas comisiones no solo fueron rechazados desde el establecimiento, sino que tuvieron muy poca repercusion en la poblacion civil, al ser poco difundidos y conocidos por la sociedad en general. Los libros con los que los estudiantes de El Salvador aprenden historia, publicados por el Ministerio de Educacion en 1994 y reeditados en 2009, califican al informe de la Comision de la Verdad como polemico y muestran sus resultados de forma parcializada, equiparando las atrocidades que se imputan a los dos bandos (Ministerio de Educacion 2009). Algo similar ocurre en Guatemala, donde, a pesar de que desde el 2007 el curriculum nacional base incluye la ensenanza acerca del conflicto y el informe de la Comision de la Verdad, la falta de recursos y las falencias en la formacion de los maestros han dificultado que ello se cumpla (Oglesby 2007; Leonardo 2011).

A lo anterior se suman las consideraciones sobre el perfil de las victimas, que en Guatemala fueron principalmente campesinos e indigenas, muchos de los cuales no son hispanohablantes, con menores posibilidades de hacer valer sus derechos. Collins (2010) apunta que en El Salvador, la intervencion de actores internacionales en el proceso transicional de este pais tuvo el efecto no deseado de debilitar a los activistas de derechos humanos, que no desarrollaron habitos legales para encaminar sus demandas. (45) Esto habia sido advertido ya por Popkin (2000) y por Sieder (2002). Cuellar (2007), sin embargo, anota que el movimiento de derechos humanos no existio en forma articulada ni antes ni despues de la confrontacion armada, aunque algunos organismos han trabajado en iniciativas puntuales, colaborando entre si. (46)

Collins (2012), aludiendo a Benjamin Cuellar, senala ademas que posiblemente, por ser El Salvador un pais plagado de victimas--desde la guerra civil hasta la actualidad--, sea dificil que un individuo considere su propia experiencia como excepcional. Tal asuncion encuentra respaldo en un trabajo de Moodie (2010), quien sostiene que en este pais las historias de crimenes de la posguerra se narran en terminos de experiencia personal, mas que de violencia publica derivada del conflicto, lo que podria implicar una separacion de los individuos de los movimientos sociales que luchan por el cambio. (47)

En cualquier caso, lo que parece evidente en ambos paises es la falta de conciencia social sobre la responsabilidad del Estado en los danos ocasionados a las victimas de los conflictos armados, que genera una brecha entre las organizaciones que luchan por sus derechos y la poblacion en general. Pero ademas hay divisiones entre las propias organizaciones de victimas, en ambos paises, que han tenido problemas para mantenerse dentro de las iniciativas gubernamentales sobre reparaciones, debido, en parte, a la distancia entre las pretensiones de aquellos que reclaman estandares internacionales de justicia y aquellos otros que ven satisfechas sus demandas con compensaciones economicas.

Conclusiones

A partir de 2003, en Guatemala se implanto el PNR, sin garantias de publicidad en su diseno e implementacion, ni en cuanto a su continuidad y la definicion de las victimas, y sin facilidades para la acreditacion de requisitos para reclamar beneficios. Este programa surgio por iniciativa presidencial, luego de que el Congreso se negara a aprobar un proyecto consensuado entre las victimas y el Ejecutivo de la epoca. Aunque en un inicio se previo la participacion de las victimas en su implementacion, ellas dejaron de estar presentes desde 2005.

Lo que ha ocurrido en la practica con el programa es que se ha usado para desviar la atencion de las victimas y minimizar sus reclamos ante instancias internacionales, asi como para capitalizar apoyo electoral, beneficiando economicamente a unas victimas sobre otras. A todo ello se suman las criticas sobre la confiabilidad de su informacion y el reconocimiento paralelo de beneficios a exintegrantes de fuerzas paramilitares. No obstante, el programa ha beneficiado aproximadamente al 20% de las victimas estimadas, y los distintos gobiernos han invertido en el importantes recursos, que han ido disminuyendo ano a ano.

El Salvador inicialmente se enfoco en temas de tierras, asi como en beneficios a excombatientes. Este enfoque se mantuvo con la ley de proteccion de los lesionados de forma permanente a consecuencia del conflicto, emitida en 1992. Solo en 2010 se hablo de la necesidad de establecer un programa de reparacion, lo que se hizo en 2013, pero su puesta en marcha se ha estancado en tramites administrativos y reuniones, debido ademas a la difuminacion de los responsables de su ejecucion. No solo no tiene estabilidad y respaldo legislativo, sino que la publicidad en sus resultados es restringida, al igual que la difusion de requisitos y facilidades a los reclamantes. Asi las cosas, cuatro anos despues de su instauracion y veinticinco anos despues de la finalizacion del conflicto, el programa de reparaciones materiales masivas de El Salvador parece mas una declaracion de intenciones que un verdadero esfuerzo para compensar a las victimas, a pesar de lo cual ellas continuan reclamando su derecho a la reparacion integral.

En cuanto a las reparaciones simbolicas, en Guatemala no puede hablarse de una politica de reparaciones simbolicas. Antes de 2003 se contaba solo con el dia conmemorativo de las victimas, fijado en una fecha que suscito inconformidades y tuvo que ser reformada. Despues de 2008 el PNR ha buscado incluir actos simbolicos, que sin embargo no buscan alcanzar al conjunto de la sociedad, como afectada por el conflicto, sino a las victimas o comunidades especificas individualmente consideradas, de forma tan poco consistente, que incluso se han dirigido a comunidades no reconocidas como victimas sistematicas del conflicto. A todo lo anterior hay que sumar el rechazo del contenido del informe de la CEH por la institucionalidad, que se mantuvo hasta la llegada al poder de Portillo, en 1999, asi como el surgimiento de tesis negacioncitas tras el inicio del juicio por genocidio contra Rios Montt y la llegada al poder en 2011 de Perez Molina.

En El Salvador tampoco puede hablarse de una politica de reparaciones simbolicas. Se cuenta, antes de 2009, con algunas medidas aisladas y poco difundidas, provenientes de las victimas; despues hubo algunos gestos del gobierno de Funes, que constituyen esfuerzos con suficiente difusion y alcance, y se dirigen a honrar a las victimas, reconocer la responsabilidad del Estado en las atrocidades y generar conciencia social. Con la llegada al poder de Sanchez Ceren, y en el marco del programa creado por Funes, se ha incorporado el tema del conflicto y los acuerdos a medios masivos de comunicacion, y se han adelantado otras conmemoraciones aisladas.

Las dificultades para la materializacion de las obligaciones estatales en materia de reparaciones materiales masivas y simbolicas parecen relacionarse con varios factores. Para empezar, la negacion de lo ocurrido y de la responsabilidad de los actores que hicieron parte de ambos conflictos. A ello se suma el apoyo en las urnas a favor de quienes han actuado en tal sentido, que se han mantenido en politica a lo largo de los anos gracias a los votos de sus electores, asi como una continuada influencia de los militares en los circulos de poder de ambos paises. Tambien el perfil de las victimas incide: en Guatemala estan constituidas de forma mayoritaria por poblacion indigena y rural, que se enfrenta a mayores obstaculos desde el momento de plantear sus reclamaciones, y en El Salvador estan inmersas en una sociedad civil menos orientada al reclamo de sus derechos, con presencia, en ambos casos, de organizaciones sociales que evidencian fracturas entre las propias victimas, y entre ellas y el resto de la sociedad. Finalmente deben considerarse las dinamicas propias de los tiempos de la justicia transicional, que en el continente tendio a privilegiar en un inicio los esfuerzos por el esclarecimiento de la verdad, asi como las implicaciones economicas que tiene para un pais poner en marcha programas de reparacion.

Lo cierto es que decadas despues de la finalizacion de los conflictos armados centroamericanos--cuando Guatemala enfrenta constantes escandalos de corrupcion que afectan su estabilidad politica, y El Salvador, un grave problema de seguridad, relacionado con las maras y el narcotrafico--, las voces que reclaman al Estado la reparacion por los abusos del pasado todavia no se apagan y la experiencia comparada hace prever que sera asi por muchas decadas mas. Cuando hay avances en este sentido, aunque sean timidos, como ocurrio en 2017 en El Salvador, despues de la declaratoria de inconstitucionalidad de la amnistia, cabe conservar la esperanza de que el inmenso reto de reparar no se quedara indefinidamente como una tarea pendiente de estos paises. En cualquier caso, mientras los balances politicos se mantengan como hasta ahora es poco probable el establecimiento de programas de reparacion mas robustos, con respaldo legislativo.

Referencias

[1.] "A 20 anos de los Acuerdos de Paz: demandas de verdad, justicia y reparacion digna de las victimas de Enfrentamiento Armado Interno". 2017. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Guatemala, 25 de febrero, URL: goo.gl/MRC1gK

[2.] Albiac, Maria Dolores. 2000. "El Salvador: Un plan concertado de democratizacion y desarrollo sigue pendiente". En Despues de la guerra: Un manual para la reconstruccion posbelica, coordinado por Tamara Osorio y Mariano Aguirre, 143-150. Barcelona: Icaria Editorial.

[3.] Alcantara, Manuel y Cristina Rivas. 2007. "Elites parlamentarias y polarizacion en America Latina". Ponencia presentada en el VIII Congreso Espanol de Ciencia Politica y de la Administracion, Politica para un mundo en cambio. Universidad de Salamanca, Espana.

[4.] Alexy, Robert. 1993. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

[5.] "Aprueban punto resolutivo que niega genocidio en Guatemala". 2014. PrensaLibre. com, 14 de mayo, URL: http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/diputadosaprueban-punto_resolutivo-negaria- genocidio-Guatemala_0_1137486508.html

[6.] Arauz, Sergio. 2013. "El ministro Munguia Payes me ordeno que dejara entrar al cuartel a los acusados por el asesinato de los jesuitas". El Faro, 9 de diciembre, URL: http://www.elfaro.net/es/201312/noticias/14123/

[7.] Castillo, Daniela. "En Guatemala no hubo genocidio". 2012. El Periodico, 27 de enero, URL: http://www.elperiodico.com.gt/es/20120127/pais/207115

[8.] Collins, Cath. 2010. Post-transitional Justice. Human Rights Trials in Chile and El Salvador. University Park: Editorial Penn State Press.

[9.] Collins, Cath. 2012. "The End of Impunity? Late Justice and Post-Transitional Prosecutions in Latin America". En Critical Perspectives in Transitional Justice, editado por Nicola Palmer, Phil Clark y Danielle Granville, 399-423. Cambridge: Intersentia Publishing Ltd.

[10.] Comision Colombiana de Juristas (CCJ). 2007. Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones. Compilacion de documentos de la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU). Bogota: Opciones Graficas Editores Ltda.

[11.] Comision de la Verdad para El Salvador (CV-ES). 1993. De la locura a la esperanza: la guerra de 12 anos en El Salvador. San Salvador: ONU. URL: http://www. derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/elsalvador/informe-de-la-locuraa-la-esperanza.htm

[12.] Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 1994. "Informe Sobre la Situacion de los Derechos Humanos en El Salvador". OEA/Ser.L/V/II.85 Doc. 28 rev. 11 febrero 1994.

[13.] Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 2001. "Informe 59/01, Casos 10.626 y 10.627 Remigio Domingo Morales y otros. Guatemala". En Informe Anual, 2000. OEA/Ser.L/V/II.111, doc. 20 rev. 16 de abril de 2001.

[14.] Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 2015. "Situacion de los derechos humanos en Guatemala: Diversidad, desigualdad y exclusion". OEA/ Ser.L/V/II., Doc.43/15.

[15.] Comision para el Esclarecimiento Historico (CEH). 1999. Guatemala. Memoria del Silencio. Conclusiones y recomendaciones. Guatemala: UNOPS URL: http://www. undp.org/content/dam/guatemala/docs/publications/UNDP_gt_PrevyRecu_ MemoriadelSilencio.pdf

[16.] "Condecoran con Orden Jose Matias Delgado, Grado Gran Cruz Plaza de Oro, a los Sacerdotes Jesuitas". 2009. 16 de noviembre. Universidad Catolica Andres Bello, URL: http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/Home-Images/noticias/Funes.Discurso.doc

[17.] Congreso de Guatemala. Decreto No. 143-96 de 28 de noviembre de 1996. Diario de Centro America No. 55, 30 de diciembre de 1996.

[18.] Congreso de Guatemala. Decreto No. 28-04 de 11 de noviembre de 2004. Diario de Centro America No. 47, 12 de noviembre de 2004.

[19.] Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Expediente 2122-2003, sentencia del 21 de junio de 2004.

[20.] Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Expediente 2615-2004, sentencia del 8 de febrero de 2005.

[21.] Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Expediente 44-2013AC, sentencia de 13 de julio de 2016.

[22.] Cuellar, Benjamin. 2007. "El Salvador". En Victimas sin mordaza. El impacto del Sistema Interamericano en la Justicia Transicional en Latinoamerica: los casos de Argentina Guatemala, El Salvador y Peru, editado por Monica Avila, 53-100. Mexico: Fundacion para el Debido Proceso Legal y Comision de Derechos Humanos del Distrito Federal.

[23.] De Greiff, Pablo. 2011. "Justicia y reparaciones". En Justicia transicional. Manual para America Latina, editado por Felix Reategui, 407-440. Nueva York: Centro Internacional para la Justicia Transicional.

[24.] "El Gobierno pagara pensiones a lisiados". 2010. La Prensa, 3 de febrero, URL: https:// impresa.prensa.com/mundo/Gobierno-pagara-pensiones-lisiados_0_2764223642.html

[25.] "El PNUD y las Naciones Unidas en el Logro de la Paz". 2008. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 15 de enero, URL: http://www.pnud.org.sv/2007/ content/view/56/102

[26.] Evans, Christine. 2012. The Right to Reparation in International Law for Victims of Armed Conflict. Cambridge: Cambridge University Press.

[27.] Fondo de Proteccion de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD). 2009. Memoria de labores.

[28.] Fondo de Proteccion de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD). 2016. Memoria de labores.

[29.] Gomez Isa, Felipe. 2006. El derecho a la memoria. Zarauz: Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe-Diputacion de Guipuzcoa, Alberdania.

[30.] Impunity Watch. 2008. "Reconociendo el pasado: desafios para combatir la impunidad en Guatemala". Guatemala: Impunity Watch. URL: http://www.impunitywatch.org/docs/BCR_Guatemala_Spanish.pdf

[31.] Impunity Watch. 2012. "?La hora de la verdad? Monitoreo de la Justicia Transicional en Guatemala". Guatemala: Impunity Watch. URL: http://www.impunitywatch.org/docs/IW_La_hora_de_la_verdad.pdf

[32.] Instituto para la Paz de Estados Unidos. 1992. "Truth Commission: El Salvador". URL: http://www.usip.org/publications/truth-commission-el-salvador

[33.] Labrador, Gabriel. 2014. "Quijano defiende homenaje a D'Aubuisson en visperas del 35 aniversario de monsenor Romero". El Faro, 27 de noviembre, URL: http://www. elfaro.net/es/201411/noticias/16271/Quijano-defiende-homenaje-a-D'Aubuisson-envy0C3y0ADsperas-del-35o-aniversario-del- asesinato-de-monsey0C3y0B1or-Romero.htm

[34.] Lazo, Xiomara y Eduardo Rey. 2011. "?Es la justicia el precio de la paz? Logros y limitaciones en el proceso de paz salvadoreno". En Conflicto, memoria y pasados traumaticos: El Salvador contemporaneo, coordinado por Eduardo Rey Tristan y Pilar Cagiao Vila, 211-240. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.

[35.] Leonardo Segura, Monica. 2011. "Guatemala. Luces y sombras en el camino hacia la verdad, la justicia y la reparacion". En Contribucion de las politicas de verdad, justicia y reparacion a las democracias en America Latina, editado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), 191-213. San Jose: IIDH.

[36.] Martinez Barahona, Elena y Martha Liliana Gutierrez Salazar. 2018. "Impact of the IAHRS in the Fight against Impunity for Past Crimes in El Salvador and Guatemala". En Beyond Compliance: Assessing the Impact of the Inter-American Human Rights System, editado por Par Engstrom, 247-271. Londres: Palgrave Macmillan.

[37.] Martinez Barahona, Elena y Martha Liliana Gutierrez Salazar. 2016. "Un paso para adelante y dos para atras: avances discontinuos en los procesos de justicia postransicional en El Salvador y Guatemala". En Extendiendo los limites, nuevas agendas en historia reciente, editado por Guillermo Mira y Fernando Pedrosa, 367-420. Buenos Aires: Eudeba.

[38.] Martinez Barahona, Elena, Martha Liliana Gutierrez Salazar y Liliana Rincon Fonseca. 2012. "Impunidad en El Salvador y Guatemala: de la locura a la esperanza: ?Nunca mas?". America Latina Hoy 61: 101-136. URL: http://revistas.usal. es/index.php/1130-2887/article/view/9087

[39.] Martinez-Roson, Maria del Mar. 2016. "La institucionalizacion del cambio del sistema de partidos en Guatemala (1985-2015)". En Los sistemas de partidos de America Latina 1978-2015. Tomo 1: Mexico, America Central y Republica Dominicana, editado por Flavia Freidenberg, 163-226. Mexico: Universidad Nacional Autonoma de Mexico.

[40.] Martinez Ventura, Jaime. 2009. "El Salvador". En Justicia de Transicion, editado por Kai Ambos, Ezequiel Malarino y Gisela Elsner, 301-323. Montevideo: Fundacion Konrad-Adenauer.

[41.] Mejia, Jose. 2017. "Presentan proyecto de Ley de Preparacion Integral para victimas de la guerra". Transparencia Activa, 30 de agosto, URL: http:// www.transparenciaactiva.gob.sv/presentan-proyecto-de-ley-de-reparacion-integral-para-victimas-de-la-guerra

[42.] Melini, Sara. 2014. "Mauricio Lopez Bonilla: No hubo genocidio". El Periodico, 7 de mayo, URL: http://www.elperiodico.com.gt/es/20140507/pais/246913/

[43.] "Mensaje del Presidente Salvador Sanchez Ceren. Conmemoracion del 25 aniversario de los Acuerdos de Paz". 2017. Presidencia de El Salvador, 16 de enero, URL: http:// www.presidencia.gob.sv/mensaje-del-presidente-salvador-sanchez-ceren-conmemoracion-del-25-aniversario-de-la-firma-de- los-acuerdos-de-paz-16-de-enero-de-2017/

[44.] Mersky, Marcie y Naomi Roth-Arriaza. 2007. "Guatemala". En Victimas sin mordaza. El impacto del Sistema Interamericano en la Justicia Transicional en Latinoamerica: los casos de Argentina Guatemala, El Salvador y Peru, editado por Monica Avila, 17-51. Mexico: Due Process of Law Foundation y Comision de Derechos Humanos del Distrito Federal.

[45.] Ministerio de Educacion. 2009. Historia 2 El Salvador. Lima: Quebecor World. URL: http://www.mined.gob.sv/descarga/cipotes/historia_ESA_TomoII_0_.pdf

[46.] Minugua. 2004. Informe de verificacion. El estado de cumplimiento de las recomendaciones de la Comision para el Esclarecimiento Historico. Guatemala: Oficina de Informacion Publica de Minugua.

[47.] Moodie, Ellen. 2010. El Salvador in the Aftermath of Peace. Crime, Uncertainty, and the Transition to Democracy. Filadelfia: University of Pennsylvania Press.

[48.] Oglesby, Elizabeth. 2007. "Historical Memory and the Limits of Peace Education: Examining Guatemalans Memory of Silence and the Politics of Curricula Design". En Teaching the Violent Past: History Education and Reconciliation, editado por Elizabeth A. Cole, 175-202. Lanham: Rowman & Littlefield.

[49.] Olsen, Tricia, Leigh Payne y Andrew Reiter. 2010. Transitional Justice in Balance: Comparing Processes, Weighing Efficacy. Washington: United States Institute of Peace Press.

[50.] ONU. 1985. Demographic Yearbook, 37th issue. Nueva York: United Nations.

[51.] ONU. 2008. Rule-of-law Tools for Post-conflict States: Reparations Programmes. Nueva York, URL: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ReparationsProgrammes.pdf

[52.] Pasara, Luis y Karin Wagner. 2000. La justicia en Guatemala. Bibliografia y documentos basicos. Guatemala: Minugua.

[53.] Perez, Orlando y Ricardo Cordoba. 2005. "La transformacion de las relaciones civiles-militares en Centroamerica". En Democracias fragiles: las relaciones civiles-militares en el mundo iberoamericano, editado por Jose Antonio Olmeda Gomez, 523-272. Valencia: Tirant lo Blanch.

[54.] Popkin, Margaret. 2000. Peace without Justice: Obstacles to Building the Rule of Law in El Salvador. University Park: The Pennsylvania State University.

[55.] "Posicion Inicial del Gobierno de la Republica ante el informe y las recomendaciones de la Comision de Esclarecimiento Historico". 1999. Princeton University Library, 16 de marzo, URL: http://pudl.princeton.edu/sheetreader. php?obj=c247ds93x

[56.] Presidencia de El Salvador. "Decreto Ejecutivo No. 2 de 21 de febrero de 1992".

[57.] Presidencia de El Salvador. "Decreto No. 294 del 4 de marzo de 2010".

[58.] Presidencia de El Salvador. "Decreto No. 204 del 23 de octubre de 2013".

[59.] Presidencia de Guatemala. "Acuerdo Gubernativo No. 258 de 7 de mayo de 2003".

[60.] "Presidente Otto Perez niega que hubiera genocidio durante la guerra" 2013. PrensaLibre.com, 19 de marzo, URL: http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Presidente-Otto-Perez-genocidio- guerra_0_885511786.html

[61.] Programa Nacional de Resarcimiento (PNR). 2007. "Informe de la Evaluacion Conjunta del PNR y de los Programas de Apoyo al PNR de GTZ y PNUD, Guatemala". URL: http://www.berghof-peacesupport.org/publications/GT_Informe_Final_EC_PNR.pdf

[62.] Programa Nacional de Resarcimiento (PNR). 2008. Memorias de labores 2008, Guatemala. URL: http://www.pnr.gob.gt/biblioteca

[63.] Programa Nacional de Resarcimiento (PNR). 2009. Memorias de labores 2009, Guatemala". URL: http://www.pnr.gob.gt/biblioteca

[64.] Programa Nacional de Resarcimiento (PNR). 2010. Memorias de labores 2010, Guatemala, URL: http://www.pnr.gob.gt/biblioteca

[65.] Programa Nacional de Resarcimiento (PNR). 2011. Memorias de labores 2011, Guatemala, URL: http://www.pnr.gob.gt/biblioteca

[66.] Programa Nacional de Resarcimiento (PNR). 2012. Memorias de labores 2012, Guatemala. URL: http://www.pnr.gob.gt/archivos/PNR-ML2014.pdf

[67.] Programa Nacional de Resarcimiento (PNR). 2014. Memorias de labores 2013-2014, Guatemala. URL: http://www.pnr.gob.gt/archivos/PNR-ML2014.pdf

[68.] Programa Nacional de Resarcimiento (PNR). 2016. Memorias de labores 2015-2016, Guatemala. URL: http://www.pnr.gob.gt/archivos/PNR-ML2014.pdf

[69.] Ramos, J., S. Valdez y B. Vasquez. 2013. "Testigo implica a Otto Perez Molina en juicio por genocidio". PrensaLibre.com, 5 de abril. http://www.prensalibre.com/ noticias/justicia/Implican-Perez-Molina-masacres-indigenas_0_895110712.html

[70.] Renteria, Nelson. 2016. "Presidente El Salvador critica fallo que declaro inconstitucional polemica ley de amnistia". Reuters, 16 de julio, URL: http://lta. reuters.com/article/domesticNews/idLTAKCN0ZW08M

[71.] Reynolds, Luisa. 2011. "El Estado asigna pocos fondos para resarcimiento". El Periodico, 30 de marzo, URL: https://guateprensa.wordpress.com/2011/03/30/ el-estado-asigna-pocos-fondos-para-resarcimiento/

[72.] Roth-Arriaza, Naomi. 2002. "El papel de los actores internacionales en los procesos nacionales de responsabilidad". En Las politicas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdon y olvido en las nuevas democracias, editado por Alexandra Barahona de Brito, Carmen Gonzalez-Enriquez y Paloma Aguilar, 71-101. Madrid: Ediciones Istmo.

[73.] Sanz, Jose Luis. 2013. "El ejercito tenia todas las de la ley para ejecutar las acciones necesarias. Entrevista a Zury Rios". El Faro, 23 de abril, URL: http://www.elfaro. net/es/201304/noticias/11767/

[74.] Schirmer, Jennifer. 2001. Intimidades del proyecto politico de los militares en Guatemala. Guatemala: Flacso.

[75.] Secretaria de Inclusion Social. 2018. "Informe del Consejo Directivo del registro de Victimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el Contexto del Conflicto Armado Interno". San Salvador, 31 de enero.

[76.] Secretaria de Inclusion Social. 2016. "Informe del Consejo Directivo del registro de Victimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el Contexto del Conflicto Armado Interno". San Salvador, 11 de enero.

[77.] Secretaria de Inclusion Social. 2015. "Informe del Consejo Directivo del registro de Victimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el Contexto del Conflicto Armado Interno". San Salvador, 29 de abril.

[78.] Secretaria de Inclusion Social. 2014. "Informe del Consejo Directivo del registro de Victimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el Contexto del Conflicto Armado Interno". San Salvador, 2 de octubre.

[79.] Segovia, Alexander. 2009. "Transitional Justice and DDR: The Case of El Salvador". ICTJ, junio, URL: https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-DDR-ElSalvador-ResearchBrief-2009-English_0.pdf

[80.] Segovia, Alexander. 2006. "The Reparations Proposals of the Truth Commissions in El Salvador and Haiti: A History of Noncompliance." En The Handbook of Reparations, editado por Pablo de Greiff, 154-175. Oxford: Oxford University Press.

[81.] SEPAZ-Guatemala. 2016. "Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental". URL: http://www.sepaz.gob.gt/images/PNR/Octubre/NUMERAL-7-Octubre-2016.pdf

[82.] Sieder, Rachel. 2002. "Politicas de Guerra, Paz y Memoria en America Central". En Las politicas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdon y olvido en las nuevas democracias, editado por Alexandra Barahona de Brito, Carmen Gonzalez-Enriquez y Paloma Aguilar, 247-284. Madrid: Ediciones Istmo.

[83.] Silva Prada, Margarita. 2000. Migracion e integracion en El Salvador: realidades y respuestas. San Jose: Fundacion Arias para la Paz y el Progreso Humano.

[84.] Skaar, Elin, Jemima Garcia-Godos y Cath Collins (eds.). 2016. Transitional Justice in Latin America. The Uneven Road from Impunity towards Accountability. Nueva York: Routledge.

[85.] Valencia Caravantes, Daniel. 2013. "Ejercito salvadoreno homenajea a dos de los comandantes de la masacre del Mozote". El Faro, 28 de octubre, URL: http://www. elfaro.net/es/201310/noticias/13730/

[86.] Valencia, Roberto y Nelson Rauda. 2017. "Homenaje al mayor D'Aubuisson enfrenta a Santa Tecla con un ayuntamiento espanol". El Faro, 10 de agosto, URL: https://elfaro.net/es/201708/el_salvador/20712/Homenaje-al-mayor-DAubuissonenfrenta-a-Santa-Tecla-con-un-ayuntamiento- espanol.htm

[87.] Wood, Elisabeth. 1999. "Los Acuerdos de Paz y la reconstruccion de posguerra". En Ajuste hacia la paz: La politica economica y la reconstruccion de posguerra en El Salvador, coordinado por James K. Boyce, 103-140. Mexico: PNUD.

[88.] Wood, Elisabeth. 2003. Insurgent Collective Action and Civil War in El Salvador. Cambridge: Cambridge University Press.

Martha Gutierrez

Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano (Colombia)

RECIBIDO: 15 de febrero de 2018

ACEPTADO: 20 de julio de 2018

MODIFICADO: 4 de octubre de 2018

https://doi.org/10.7440/colombiaint97.2019.07

Este trabajo hace parte del proyecto "Justicia Transicional en America Latina: Trayectorias Comparadas", identificado con codigo 814-CP-17 y financiado por la Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano mediante convocatoria permanente de investigacion. Agradezco a todos aquellos que con sus comentarios contribuyeron a mejorar este trabajo, especialmente a Elena Martinez Barahona (Universidad de Salamanca), asi como las importantes sugerencias de los revisores anonimos de Colombia Internacional.

(1) Conjunto de Principios Actualizado para la Proteccion y la Promocion de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad, o Principios para la lucha contra la impunidad (CCJ 2007, 33-61).

(2) Como la restitucion, la compensacion, la rehabilitacion, la satisfaccion y las garantias de no repeticion, definidas en los Principios sobre el Derecho de las Victimas a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, o Principios para la reparacion (CCJ 2007, 215-228).

(3) Sobre ejecucion de reparaciones impuestas en el ambito judicial ver Martinez y Gutierrez (2018).

(4) Wood (2003) estima que los muertos durante el conflicto de doce anos en El Salvador fueron mas de 75 mil, mientras que, segun la Comision para el Esclarecimiento Historico (CEH), 36 anos de conflicto en Guatemala dejaron mas de 200 mil personas muertas y desaparecidas (CEH 1999, 21), que corresponden al 1,82% y 3,23% de su poblacion, respectivamente. El porcentaje de la poblacion se estima a partir de datos del libro demografico de la ONU (1985).

(5) Uno de sus fundadores fue Roberto D'Aubuisson. La Comision de la Verdad (CV-ES) lo senalo como responsable del asesinato de monsenor Oscar Arnulfo Romero, advirtiendo que fue quien impartio la orden para que se perpetrara el crimen. D'Aubuisson murio poco despues de la firma de los Acuerdos de Paz. El entonces presidente Alfredo Cristiani le confirio la Orden Nacional Jose Matias Delgado y ordeno que "se guarde a su memoria el respeto y consideracion que se merece", quien "con acendrado nacionalismo y verdadero amor a la Patria, libro trascendental lucha civico politica en defensa de la Republica, sus instituciones, la democracia y las libertades ciudadanas" (Decreto Ejecutivo No. 2 de 21 de febrero de 1992).

(6) En las que participo por primera vez la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) como partido politico.

(7) Con asesinatos de lideres de oposicion y los sucesos del 24 y 25 de julio, conocidos como "jueves negro" y "viernes de luto", donde partidarios de Rios Montt protestaron contra decisiones judiciales que--en aplicacion a una prohibicion constitucional--no le permitian ser candidato presidencial por haber gobernado de facto.

(8) El "articulo 8 de la Declaracion Universal de Derechos Humanos habla de 'compensaciones efectivas', el articulo 10 de la Convencion Americana de 'compensacion adecuada', el articulo 63 de 'compensacion justa'" (De Greiff 2011, 411).

(9) Comoquiera que "quienes estan encargados de disenar un programa masivo de reparaciones deben responder a un universo de victimas mas amplio y complejo, y deben utilizar, necesariamente, metodos y formas de reparacion adecuados a estas circunstancias" (De Greiff 2011, 412).

(10) Y, ?quien es considerado victima? Los principios para la reparacion senalan que "toda persona que haya sufrido danos, individual o colectivamente [...] como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violacion manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violacion grave del derecho internacional humanitario" (CCJ 2007, 222), asi como su familia inmediata o las personas a su cargo. Asi mimo, las personas que hayan sufrido danos al intervenir para prestar asistencia a victimas en peligro o para impedir la victimizacion. En cualquier caso, el reconocimiento del caracter de victima susceptible de ser reparada mediante un programa masivo depende de decisiones politicas y administrativas, que deberan ser fundamentadas y asegurar un trato equitativo a los reclamantes.

(11) Es compresible que los Estados tienen recursos limitados para atender sus obligaciones internacionales, y que los programas de reparaciones demasiado ambiciosos pueden terminar implicando el incumplimiento de metas trazadas, pero es tambien una realidad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado criterios jurisprudenciales sobre reparaciones, que deben servir de referencia a los Estados de la region.

(12) Se establecio ademas que: "en los casos en que proceda la indemnizacion economica individual se ha de establecer una priorizacion de los beneficiarios, tomando en cuenta la gravedad de la violacion, la condicion economica y la debilidad social de los mismos, con especial atencion a las personas ancianas, viudas, menores de edad y a quienes se encuentren en otras situaciones de desamparo" (CEH 1999, 64).

(13) Mediante el Acuerdo Gubernativo No. 258 de 7 de mayo de 2003, reformado en 2004, 2005 y 2013.

(14) Desde 2006 hay dictamen favorable para la Iniciativa de Ley 3551, presentada por la sociedad civil al Congreso y destinada a la creacion de un Programa de Resarcimiento que emane del Legislativo, iniciativa a la que sin embargo, no se ha dado curso mas de diez anos despues (PNUD 2017).

(15) De conformidad con lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 145 de 1996, de Reconciliacion Nacional.

(16) Que corresponden a: desaparicion forzada, ejecucion extrajudicial, tortura fisica y psicologica, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado de menores, violencia sexual y violacion sexual, violaciones en contra de la ninez, masacres y otras violaciones que establezca el CNR.

(17) Se ha dicho que mientras "el PNR se ha visto presionado por una parte, a garantizar que solamente se entrega reparacion (economica) en casos suficientemente documentados; simultaneamente enfrenta la presion de familiares de victimas fallecidas quienes, teniendo posiblemente derecho a reparacion, se quedan al margen por diversas razones. La carga de la prueba respecto a la verificacion de quien debe ser beneficiario del programa ha sido problema central en la implementacion de las medidas, dado que por parte de las victimas y sus organizaciones, se insiste en que esta ha recaido directamente sobre ellos, y no sobre el Programa" (Impunity Watch 2008, 89).

(18) Al respecto se ha senalado que "si bien el PNR ha realizado esfuerzos por acercarse a las victimas mediante la creacion de las sedes departamentales y regionales, tambien reconoce que las sedes no han tenido la suficiente iniciativa y mas bien esperan que las victimas lleguen a ellos. Igualmente, el PNR ha realizado esfuerzos por contratar personal indigena y mujeres, asi como personas que conocen las distintas regiones. Sin embargo, los cambios de personal--al menos tres veces entre 2005 y 2008--se convierten en factor que entorpece la continuidad en las relaciones y el acceso de las victimas al resarcimiento establecido" (Impunity Watch 2008, 93).

(19) Aunque el informe de labores 2015-2016 no incluye esta informacion, el presupuesto total de enero a octubre, que se reporta en noviembre de 2016, es de 25.000.000 quetzales (US$3.4 millones), de los cuales 6.043.037 quetzales (US$823 mil) corresponden a "transferencias corrientes a personas individuales" (SEPAZ 2016).

(20) Ver Martinez y Gutierrez (2018).

(21) Pese a que desde 2004 los Acuerdos Gubernativos que lo regulan establecen que por lo menos el noventa por ciento (90%) del monto asignado al PNR debe destinarse exclusivamente a acciones propias de resarcimiento, y el resto, a su funcionamiento.

(22) Patrullas de Autodefensa Civil.

(23) Mi Familia Progresa es un Programa de Transferencia de Ingresos con el proposito de "mejorar la calidad de vida de las familias que viven en condiciones de pobreza; mejorar los niveles de asistencia escolar en los ninos de 6 a 15 anos; velar por la salud y nutricion de los ninos menores de 6 anos y de las mujeres embarazadas y lactantes" (art. 2, Acuerdo Gubernativo 117-2008 de 16 de abril de 2008, reformado por el Acuerdo Gubernativo No. 273-2008 de 22 de octubre de 2008. Diario de Centro America No. 45, 23 de octubre de 2008).

(24) Senalando que: "mientras hay posiciones que consideran que los patrulleros fueron victimarios, otros los entienden como victimas, por tratarse de parte de la poblacion obligada a participar en estrategia contrainsurgente del Ejercito [...] la CEH les atribuyo el 18% del total de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el enfrentamiento" (Impunity Watch 2008, 95).

(25) Comoquiera que "los ex PAC eran un caudal de votos mas importante que las viudas, dado que hay un mayor porcentaje de hombres adultos votantes que mujeres, estos fueron priorizados y utilizados de manera clientelar por encima de las victimas" (Impunity Watch 2008, 94). En su informe de 2012 Impunity Watch insiste en el caracter clientelar asumido por el PNR, "instrumentalizado a nivel politico-electoral, al punto de originar conflictos entre victimas" (Impunity Watch 2012, 61).

(26) El Fondo de Proteccion de Lisiados y Discapacitados (FOPROLYD) senala en su Memoria de labores de 2016 que atendio a 23.624 beneficiarios (FOPROLYD 2016). En mayo de 2014 se presentaron resultados desde 2009 hasta 2014, segun los cuales los beneficiarios ascendian a 17.864; mientras que en 2009 se hablaba de un total de 16.508 beneficiarios de combatientes fallecidos y 16.300 beneficiarios lisiados y discapacitados, desde 1995 (FOPROLYD 2009), es decir, de un total de 32.808, cifra muy superior a las de los ultimos anos.

(27) Organo Ejecutivo de El Salvador. Decreto Ejecutivo No. 57 de 5 de mayo de 2010, Diario Oficial No. 86, tomo 387, 12 de mayo de 2010. En su momento, el Comite de Derechos Humanos de la ONU critico "la poca profundidad del contenido del Programa Nacional de Reparaciones, pues no asegura de manera amplia todos los aspectos del derecho a la reparacion adecuada y no contempla la participacion activa de las victimas" (Lazo y Rey 2011, 230).

(28) Ver Martinez y Gutierrez (2018).

(29) Las organizaciones mencionadas son: Comite de Familiares de Victimas de las Violaciones de los Derechos Humanos "Marianella Garcia Villas" (CODEFAM), Comite de Madres y Familiares Cristianos de Presos, Desaparecidos y Asesinados (COMAFAC), Comite de Madres y Familiares de Presos, Desaparecidos y Asesinados Politicos de El Salvador (COMADRES), Oficina de Tutela legal del Arzobispado (OTLA),Centro para la Promocion de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec (CPDH), Comision de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Pro Busqueda y el Comite para el Rescate de la Memoria Historica de la Paz (COREMHIPAZ).

(30) Si bien estos informes no estan a disposicion en la pagina web de la Presidencia ni de la Secretaria de Inclusion Social, fue posible acceder a ellos a traves de solicitud elevada ante la Unidad de Acceso a la Informacion Publica de la Presidencia, de acuerdo con los requisitos planteados por la Ley de Acceso a la Informacion Publica.

(31) Como consta en el cuarto informe de la Secretaria de Inclusion Social, donde se senala que en enero de 2017 se realizo un taller con el CODREVIDH para dar a conocer los estandares establecidos por la Corte IDH respecto a quienes deben ser consideradas victimas directas e indirectas de un hecho determinado.

(32) Como lo advierte la Mision de la ONU para Guatemala: "El 12 de marzo de 1999, el ex-comandante Jorge Ismael Soto, en nombre de la URNG, hizo un pronunciamiento publico en el que expreso 'Con profundo dolor y humildad pedimos perdon ... a causa de cualquier clase de excesos, equivocaciones o irresponsabilidades cometidas en el curso del enfrentamiento armado por ... las fuerzas de URNG o de sus organizaciones integrantes. ...'. Si bien esta declaracion contiene una nocion de arrepentimiento, los conceptos de 'excesos', 'equivocaciones' e 'irresponsabilidades' que se utilizaron, no expresaron adecuadamente un reconocimiento de responsabilidades por los hechos cometidos" (Minugua 2004, 15).

(33) Asi, por ejemplo, "en 2009 se reporto como reparacion un estudio sobre la musica garifuna, aunque esta poblacion no figura entre los pueblos que fueron victimas sistematicas del conflicto armado" (Leonardo 2011, 210).

(34) Como la entrega de cartas con peticion de perdon a las victimas beneficiadas economicamente a traves del PNR, la impresion de afiches o folletos y la realizacion de homenajes (PNR 2008), la construccion de mausoleos, seminarios y apoyo a iniciativas filmicas (PNR 2009), la construccion de espacios sagrados y centros interculturales (PNR 2010), la edicion de libros y la elaboracion de diagnosticos comunitarios de contexto historico (PNR 2011).

(35) Ver Martinez y Gutierrez (2018).

(36) En ese momento "la Fuerza Armada de El Salvador, emitio un comunicado, el 23 de marzo de 1993 [cuya lectura se transmitio por la television nacional], que desconoce el valor del Informe de la Comision de la Verdad, lo califica de 'injusto, incompleto, ilegal, antietico, parcial y atrevido', y afirma que 'se siente orgullosa de haber cumplido con su mision de defender a su pueblo y propiciar, como se demuestra en sus actuaciones a lo largo de este periodo (...) la pacificacion y la preservacion de nuestro sistema democratico y republicano (...)'. En cuanto al poder judicial, la rama del poder publico mas criticada por el Informe [...] su reaccion no se hizo esperar. Ademas de las declaraciones formuladas a titulo individual por miembros de esa rama, la Suprema Corte de Justicia rechazo oficialmente el Informe de la Comision de la Verdad, que recomienda la renuncia de sus magistrados" (CIDH 1994).

(37) La ONU y Estados Unidos llevaron al Gobierno a aceptar las recomendaciones de la Comision (Sieder 2002).

(38) La inhabilidad seria perpetua para actividades relacionadas con la seguridad publica o la defensa nacional.

(39) Ubicado en San Salvador, donde se plasman los nombres de mas de 25 mil victimas del conflicto.

(41) Entre ellos, a Roberto D'Aubuisson, "Domingo Monterrosa, acusado de perpetrar la masacre de El Mozote y otras matanzas de campesinos ... [y al] Coronel Arturo Armando Molina, acusado, entre otros delitos, de complicidad y encubrimiento de una sangrienta matanza de estudiantes universitarios el 30 de julio de 1977" (Martinez Ventura 2009, 322).

(41) El coronel Lopez senalo que actuo cumpliendo ordenes del depuesto ministro de Seguridad de Funes, David Munguia Payes (Arauz 2013).

(42) Afirmando que "Nunca se demostro en juicio que el mayor [...] estuviera relacionado con la muerte del arzobispo" (Labrador 2014).

(43) Debido a que se trata de un sistema fluido, donde los partidos no permanecen, sino que lo hacen diferentes grupos de politicos influyentes, que pueden estar o no agrupados en torno a un lider.

(44) Donde de 1 a 10 se consideran partidos de izquierda los que obtienen una media menor o igual a 3,5, y de derecha, aquellos con una media igual o mayor a 7,5 (Alcantara y Rivas 2007).

(45) Resalta ademas que la presion de las victimas por obtener justicia ha sido mucho menor que en el Cono Sur, donde ademas tienen un perfil distinto, al estar mas involucradas en circulos academicos e intelectuales, y mas vinculadas a redes internacionales de defensa de los derechos humanos.

(46) En sus palabras: "ni antes ni durante la guerra se puede considerar que haya existido un movimiento articulado de derechos humanos, pese a las condiciones dificiles en la que desarrollo su labor cada organismo. Sobre todo por diferencias conceptuales y metodologicas, resulto imposible ir mas alla de algunos pronunciamientos y algunas otras iniciativas puntuales. Tras el conflicto la situacion no mejoro [...] en el pais se pueden mencionar muchas expresiones de la llamada sociedad civil relacionadas con los derechos humanos en lo general y lo particular. Sin embargo, no se puede hablar--pese a que se necesita con urgencia--de una coalicion de organismos, ni mucho menos de un movimiento social aglutinado bajo la bandera de su promocion, proteccion y defensa" (Cuellar 2007, 96 y 97).

(47) La autora llama ademas la atencion sobre los sentimientos de los salvadorenos hacia la etica del deber y el cuidado social, que generan una particular relacion entre gobernantes y gobernados, comoquiera que desde la ciudadania se entiende que la gestion del riesgo corresponde a estos ultimos, individualmente considerados, y no al Estado.

Martha Gutierrez es doctora en Procesos Politicos Contemporaneos por la Universidad de Salamanca (Espana), master en Estudios Latinoamericanos por la misma universidad y abogada de la Universidad de Caldas (Colombia). Es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano (Colombia). Sus intereses de investigacion se centran en temas como el Poder Judicial, la Justicia Transicional, los Derechos Humanos y la Calidad de la Democracia en America Latina. Ha publicado articulos en la Revista de Ciencia Politica, y en la revista Juridicas. Entre sus mas recientes contribuciones a libros se encuentran capitulos en Transitional Justice in Latin America. The Uneven Road from Impunity towards Accountability (Nueva York: Routledge, 2016), Human Rights and Conflict Resolution. Bridging the Theoretical and Practical Divide (Nueva York: Routledge, 2017) y Beyond Compliance: Assessing the Impact of the Inter-American Human Rights System (Londres: Palgrave Macmillan, 2018). [Email] marthal.gutierrezs@utadeo.edu.co
Tabla 1. Programa Nacional de Resarcimiento, 2005-2016

            Resarcimientos
              economicos,
              en millones
                 de US$          No. de
    Ano       (aproximado)    beneficiados

 2005-2007        36.7           15.367
   2008           26.2           18.345
   2009           12.2           4.088
   2010           4.7            1.769
   2011           4.5            1.685
   2012           2.1             868
 2013-2014        2.5            1.148
 2015-2016        0.8             359
   Total          89.7           43.629

Fuente: elaboracion propia, a partir de datos de las
Memorias de labores del PNR (2008-2016) e Impunity Watch (2008).

Tabla 2. Ejecucion de recursos PNR, 2008-2011

                                         Presupuesto
                                          ejecutado
        Presupuesto      Presupuesto     en millones
 Ano      asignado        ejecutado         de US$     Porcentaje
        (quetzales)      (quetzales)     (aproximado)   ejecutado

2008   270.000.000,00   189.906.595,00       25.8          70%
2009   220.000.000,00   95.628.002,75         13           43%
2010   220.000.000,00   37.776.352,93        5.1           17%
2011   70.807.159,00    41.466.934,60        5.6           58%

Fuente: elaboracion propia a partir de Impunity Watch (2012).
COPYRIGHT 2019 Universidad de los Andes (Colombia)
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2019 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Gutierrez, Martha
Publication:Revista Colombia Internacional
Date:Jan 1, 2019
Words:15264
Previous Article:What memory? The political effects and the symbolic order of the official works of memory/ ?Cual memoria? Los efectos politicos y el orden simbolico...
Next Article:Democratic Transition and Precarization in Paraguay: The Effects of Low Institutional Quality and of Negative Political Behavior/Transicion y...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters