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Cronica de jurisprudencia 2016. Derecho eclesiastico espalol.

Resumen: Recoge la jurisprudencia mas relevante dictada por los tribunales espanoles en relacion con el factor religioso a lo largo del ano 2016. En una breve sintesis se presenta el contenido de cada resolucion. Incluye una referencia final a los casos resueltos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Union Europea.

Palabras clave: Derecho eclesiastico, Jurisprudencia espanola, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Libertad religiosa.

Abstract: This chronicle is a compilation of the most significant jurisprudence handed down by the Spanish courts in relation to religious issues over the course of 2016. Each resolution is presented in a brief summary form. It includes a final reference to cases settled by the European Court of Human Rights and the Court of justice of the European Union.

Keywords: Ecclesiastical Law, Spanish Jurisprudence, European Court of Human Rights, Religious Freedom.

SUMARIO: 1. Abusos sexuales. 2. Aspectos economicos. Solicitud de extension de la asignacion tributaria a la FEREDE. 3. Aspectos laborales y de Seguridad Social. 3.1. Religiosa sin relacion laboral: no liquidacion del IRPF. 3.2. Religiosa sin relacion laboral: alta en el RETA. 3.3. Asistencia sanitaria en favor de una religiosa. 3.4. Objecion de conciencia laboral. 4. Ensenanza. 4.1. Denegacion de concieno. 4.2. Libre eleccion de centro. 5. Ensenanza de la religion. 6. Entidades religiosas. 6.1. Asociaciones canonicas: gestion de bienes patrimoniales. 6.2. Asociaciones canonicas: libertad de organizadon interna. 6.3. Testamento en favor de una entidad religiosa. 6.4. Personalidadjuridica de entidades eclesiasticas y actividad empresarial. 6.5. Personas juridicas interpuestas y liquidacion del IBI. 7. Libertad ideologica. 8. Patrimonio historico de la Iglesia. 9. Profesores de religion. 9.1. Perdida de la idoneidad. 9.2. Complementos economicos. 10. Tribunal de Justicia de le Union Europea (TJUE). 11. Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

1. ABUSOS SEXUALES

El actor, pastor de la Iglesia Evangelica a la que pertenecia la menor, aprovechando la ascendencia que tenia sobre ella y su familia, mantuvo con la nina durante meses una relacion intima con relaciones sexuales. Ante el temor de verse descubierto, convencio a la menor para que dijera que sufria abusos sexuales en su entorno familiar, acusando falsamente a su padre, hermano y a un antiguo inquilino. La Audiencia Provincial de Madrid condeno al ahora recurrente como autor de un delito de abuso sexual y de otro de acusacion y denuncia falsa. El monto de la indemnizacion a la victima se fijo en sesenta mil euros, de cuyo pago tambien se haria cargo, como responsable civil subsidiaria, la Iglesia Evangelica Apostolica del Nombre de Jesus.

Se formalizaron recursos de casacion por infraccion de ley y quebrantamiento de forma contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, por parte del condenado asi como por parte de la mencionada Iglesia.

Ambos recursos se sustentan sobre cuatro motivos identicos (1). El primero invoca el error iuris del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; el segundo, el error facti del art. 849.2 del mismo texto legal, consecuencia del error en la valoracion por parte del Tribunal, que se acreditaria con los documentos que se citan en el motivo; el tercer motivo denuncia violacion del derecho a la tutela judicial efectiva alegando insuficiencia de la motivacion de la sentencia; en el cuarto motivo se invoca el quebrantamiento de forma con apoyo en los arts. 851.1 y 851.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ninguno de los motivos puede prosperar; la Sala confirma la sentencia de la Audiencia Provincial e impone las costas a los recurrentes.

2. ASPECTOS ECONOMICOS. SOLICITUD DE EXTENSION DE LA ASIGNACION TRIBUTARIA A LA FEREDE

La Federacion de Entidades Religiosas Evangelicas de Espana (FEREDE), ejerciendo el derecho de peticion, solicito del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas que se incluyera en la declaracion del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas una casilla para que los contribuyentes que lo deseen puedan optar por destinar el 0,7% de su cuota a la Iglesia Protestante o Evangelica. La resolucion de 26 de enero de 2015 de aquel departamento ministerial contesto que la actual prevision de una casilla mediante la cual los contribuyentes que asi lo quieren pueden decidir que ese porcentaje de la cuota de su impuesto se entregue a la Iglesia Catolica se fundamenta en los Acuerdos de Espana con la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, y que, a falta de un convenio similar, no es posible acceder a esa peticion.

Contra la resolucion de 26 de enero de 2015 FEREDE interpuso recurso ante la Audiencia Nacional. Estimo la Sala que la contestacion ofrecida por la resolucion de 26 de enero de 2015 era respetuosa con los preceptos de la Ley Organica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del derecho de peticion. Asimismo, corroboro la distinta situacion en que se halla FEREDE respecto de la Iglesia Catolica y confirmo que la respuesta ofrecida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas era coherente con la peticion y suficientemente fundada en Derecho.

En la respuesta al recurso de casacion, recuerda la Sala que FEREDE presento su solicitud en ejercicio del derecho fundamental de peticion, figura que se distingue por servir de cauce para aquellas pretensiones que no tienen estatuto de derecho ni de interes legitimo y las unicas facultades que comporta son las de exigir el acuse de recibo y la comunicacion de la decision adoptada al respecto o bien la remision a quien sea competente para tomarla, quien habra de dar esa respuesta. En ningun caso conlleva el derecho de peticion la obligacion por parte del poder publico frente al que se ejerce de acogerla materialmente (2).

Avala el Alto Tribunal la sentencia de la instancia, cuya respuesta satisfizo el derecho fundamental ejercido por FEREDE, de manera que ninguna infraccion del articulo 29 de la Constitucion o de la Ley Organica 4/2001 se puede imputar a la sentencia ni a la Administracion. <<Conviene senalar -anade--que la respuesta dada a la peticionaria mas que exponer la falta de competencia del departamento ministerial autor de la resolucion recurrida en la instancia, pone de manifiesto que el ordenamiento juridico, mientras da cobertura al trato dispensado a la Iglesia Catolica, no la ofrece a las Entidades Religiosas Evangelicas de Espana. Por tanto, carece de fundamento la argumentacion que respecto a la competencia articula el escrito de interposicion>>.

Concluye, finalmente, que <<ni la sentencia, ni la actuacion administrativa incurren en infraccion de los articulos 14 y 16 de la Constitucion en ninguno de los apartados invocados por la recurrente precisamente porque se mueven en el marco del derecho fundamental que ha ejercido>>.

3. ASPECTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

3.1. Religiosa sin relacion laboral. No liquidacion del IRPF

La actora solicita la anulacion de la resolucion recurrida, asi como la devolucion del importe de la liquidacion mas la cuota a devolver resultante de su declaracion, con los intereses de demora que correspondan'. Alega que en el ejercicio 2009 desarrollo labores de profesora en su condicion de religiosa y sin relacion laboral alguna con el centro--en regimen de concierto educativo con la Consejeria de Educacion de la Comunidad de Madrid-, por lo que todos los ingresos derivados de esas tareas fueron recibidos por su congregacion y deben tributar por el Impuesto sobre Sociedades y no por el IRPF, invocando a tal fin el Acuerdo entre el Ministerio de Educacion y Ciencia y la Federacion Espanola de Religiosos de la Ensenanza de 30 de octubre de 1989, asi como diversas consultas de la Direccion General de Tributos y la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 1996.

El apartado 10.4 del citado acuerdo tiene previsto que, en concordancia con la legislacion fiscal vigente y de conformidad con el criterio expresado por el Ministerio de Economia y Hacienda, para el personal sin vinculo laboral, el importe del monto equivalente al salario no estara sometido a retencion a cuenta del IRPF, considerandose como ingreso de la entidad religiosa titular del centro a efectos de su tributacion por el Impuesto sobre Sociedades. En consecuencia, se anula la liquidacion recurrida por no ser ajustada a Derecho, condenando a la Administracion demandada a devolver a la actora la cantidad satisfecha en virtud de dicha liquidacion, mas el interes de demora desde la fecha del ingreso en el Tesoro.

3.2. Religiosa sin relacion laboral: alta en el RETA

Segun el articulo 1 del Real Decreto 3325/1981, de 29 de diciembre, por el que se incorpora al regimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autonomos a los religiosos y religiosas de la Iglesia Catolica, viene exigido que los beneficiarios desarrollen su actividad para la Comunidad Religiosa a la que pertenezcan.

Se presenta el caso de una religiosa que realiza actividades de ensenanza en un centro educativo distinto de la propia Congregacion, prestacion de servicios que encuentra su marco en un Convenio de colaboracion de naturaleza canonica suscrito entre el centro educativo--colegio diocesano--y la institucion religiosa. La Direccion del Servicio Provincial de Zaragoza estimo que no procedia tramitar el alta de la religiosa como profesora sin relacion laboral, como consecuencia de una interpretacion estricta del mencionado requisito del desarrollo de la actividad en favor de la Comunidad Religiosa de pertenencia.

La Sentencia de instancia anulo la resolucion administrativa y el Tribunal Superior confirma el sentido del fallo (4). Si bien la religiosa no presta sus servicios en un centro de la institucion, no cabe duda de que lo presta por orden de sus superiores y para la comunidad religiosa a la que pertenece, ya que su vocacion es dedicarse a la actividad educativa en centros propios u otros con los que su institucion celebre contratos de colaboracion.

Se desecha, ademas, la hipotesis de que la prestacion de la religiosa se realice en el marco de una relacion laboral. <<Es cierto--sostiene a Sala--que el encuadramiento dentro del centro educativo conlleva la sujecion a las normas propias del mismo, lo cual responde a las necesidades organizativas, pero sobre dicha sujecion prevalece la vinculacion a las ordenes de sus superiores, sin que se den las caracteristicas propias de un contrato laboral, ya que dicha religiosa presta sus servicios no por decision del centro docente, sino por designacion de su institucion, que puede en cualquier momento sustituirla, sin que tenga intervencion en dicha decision el centro educativo, no percibiendo tampoco retribucion por su actividad, ya que es la institucion a la que pertenece la que percibe los importes reconocidos por la Administracion educativa al personal docente de centros concertados>>.

3.3. Asistencia sanitaria en favor de una religiosa

La recurrente, religiosa extranjera, disponia de tarjeta sanitaria expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la provincia de Albacete y recibio la debida asistencia durante seis anos, que le fue negada posteriormente, tras un cambio de convento dentro de Espana. Aducia, asimismo, que el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha prestado asistencia sanitaria a las Esclavas del Santisimo Sacramento desde 1981.

La demandante disfrutaba en Albacete de la tarjeta sanitaria, al igual que otras religiosas de la misma Orden naturales de otros paises, circunstancia que lleva a concluir que con tal conducta la Entidad Gestora demandada ha infringido la doctrina de los actos propios, al no haber desplegado el mas minimo argumento en orden a justificar su cambio de conducta anterior, de la que se deduce de forma expresa el reconocimiento de la prestacion de asistencia sanitaria con cargo al sistema nacional de salud.

En conclusion, <<dada la seguridad que debe presidir el trafico juridico (articulo 9.3 de la Constitucion) y en aras del principio de buena fe, enderezado a proteger a quienes actuaron creyendo que tal era el criterio de la Administracion, esta ultima queda constrenida a desenvolver la conducta que aquellos actos anteriores hacian prever, no pudiendo realizar otros que los contradigan, desmientan o rectifiquen>> (5).

3.4. Objecion de conciencia laboral

Mediante Resolucion de la Direccion de Gestion, Organizacion y Desarrollo de Personas de la Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos se declaro al recurrente autor de dos faltas disciplinarias de caracter leve por ausencia del puesto de trabajo. Alega el recurrente que no se tuvo en cuenta su condicion de miembro de la Iglesia Cristiana Adventista del Septimo Dia de Espana y que la ausencia encontraba amparo en el derecho fundamental de libertad religiosa, asi como en el articulo 10 de la ley 24/1992 del 10 noviembre en relacion con el articulo 2 [seccion] 1. b) de la Ley organica 7/1980 de Libertad Religiosa y en el Convenio de la OIT numero 106, por lo que entiende que la resolucion impugnada es anulable.

Resuelve la Sala con arreglo a lo dispuesto en Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de febrero de 1985--que contempla un supuesto identico-, segun la cual no existe la pretendida vulneracion del derecho a la libertad religiosa en la resolucion impugnada, que sancionaba como infracciones disciplinarias la ausencia del recurrente de su puesto de trabajo (6).

Por otro lado, <<ha de senalarse que el art. 6.4 del Convenio de la OIT citado dispone, con relacion al descanso laboral semanal, que "las tradiciones y las costumbres de las minorias religiosas seran respetadas, siempre que sea posible"; y el art. 12 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperacion del Estado con la Federacion de Entidades Religiosas Evangelicas de Espana, establece que "el descanso laboral semanal, para los fieles de la Union de Iglesias Adventistas del Septimo Dia y de otras Iglesias evangelicas, pertenecientes a la Federacion de Entidades Religiosas Evangelicas de Espana, cuyo dia de precepto sea el sabado, podra comprender, siempre que medie acuerdo entre las partes, la tarde del viernes y el dia completo del sabado, en sustitucion del que establece el art. 37.1 del Estatuto de los Trabajadores como regla general". Por lo tanto, la fijacion del dia de descanso laboral en sabado se permite, como excepcion a la regla general de descanso el dia consagrado por la tradicion (domingo), solamente "siempre que sea posible" o bien de forma facultativa y "siempre que medie acuerdo entre las partes", sin que por lo tanto pueda ser exigido ni impuesto de forma unilateral por el trabajador o funcionario como derecho derivado del de libertad religiosa>>.

A la vista de las precedentes se desestima el recurso interpuesto.

4. ENSENANZA

4.1. Denegacion de concierto

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, sede en Sevilla, estimo el recurso contra la Orden de la Consejeria de Educacion de la Junta de Andalucia que acordo denegar la renovacion del concierto educativo para una unidad de infantil de tres anos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo casa y anula la sentencia (7).

A su parecer, debe prevalecer la proporcionalidad entre centros publicos y concertados pues de lo contrario quedarian plazas vacantes en centros publicos, a lo que anade la invocacion de los principios economia y eficiencia; y concluye que no puede imponerse un aumento de plazas concertadas cuando hay oferta en centros publicos.

Se formula Voto particular segun el cual, la sentencia mayoritaria, al estimar el recurso de casacion, <<respalda un criterio de la Administracion recurrente que, de forma expresa e intencionada, prescinde de los derechos deductibles del articulo 27 de la Constitucion: su logica llevara a que mientras existan plazas vacantes en centros publicos, se cercenara el derecho fundamental de los padres para llevar a sus hijos a un colegio de su eleccion en el que se impartan las ensenanzas obligatorias en regimen de gratuidad. Ademas coloca sobre tal derecho fundamental otro argumento: en los centros publicos "la sexta unidad no se puede suprimir de ningun modo porque la totalidad del profesorado de Educacion Infantil tiene caracter definitivo en estos centros, lo que supondria desplazamiento del personal funcionario"; es decir, por encima de los criterios deducibles del articulo 109 de la Ley Organica de Educacion" se coloca tal argumento que excede de la potestad de programacion>>.

En definitiva--continua-, <<contempla la gestion de un servicio publico atribuyendo a la ensenanza concertada una funcion subsidiaria y esta Sala, apartandose de una andadura jurisprudencial pro libertate, ampara un criterio segun el cual una accion de fomento--que es en definitiva el sistema de conciertos-se ejerce al margen del mandato del articulo 9 [seccion] 2 de la Constitucion: "corresponde a los poderes publicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas". No entra en la logica administrativa que mediante el sistema de conciertos que gestiona se creen las condiciones para que los derechos educativos sean reales y efectivos>>.

4.2. Libre eleccion ele centro

La Sentencia considera conforme a derecho la desestimacion de la reclamacion interpuesta frente a la no admision de una candidata en un centro concertado, toda vez que la causa de la denegacion fue la ausencia de plaza vacante en el colegio, lo que se ajusta al procedimiento formalizado previsto en el Decreto 53/2007 de la Comunidad Autonoma de Andalucia (9). Sostiene la Sala que no pueden alterarse en via jurisdiccional las ratios educativas establecidas por la Administracion, al tratarse de una cuestion vinculada a la politica publica educativa. Recuerda tambien que la libre eleccion de centro no es un derecho absoluto y que se cumple lo dispuesto en el articulo 27 [seccion] 3 de la Constitucion, pues la Administracion se ha ocupado de la escolarizacion de la nina con las garantias procedimentales debidas al ofertarle una plaza en un centro escolar.

En conclusion, <<no se puede considerar vulnerado el derecho a la eleccion de Centro con la decision de la Administracion, pues ningun impedimento existe a que los padres puedan ejercitar ese derecho, lo que no ha de implicar necesariamente que dicha eleccion tenga que ser satisfecha, pues ello dependera de la existencia o no de plazas. Como recoge la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de septiembre de 2001, el derecho a obtener una ensenanza basica gratuita, que nadie niega, no comprende el que se preste en un centro determinado>>.

5. ENSENANZA DE RELIGION

El Arzobispado de Oviedo presento recurso contra el Decreto 42/2015 de 10 de junio por el que se regula la ordenacion y se establece el curriculo del bachiller en el Principado de Asturias, en el punto referido a la regulacion de la asignatura de religion. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ del Principado de Asturias dicto Sentencia en fecha 19 de octubre de 2015, estimando parcialmente el recurso y anulo el Decreto citado en lo que respecta al primer curso de bachillerato, por lo que se refiere a la ensenanza de religion, por existir vulneracion del derecho de igualdad y no discriminacion, manteniendolo en todo lo demas. La no prevision de una asignatura complementaria a la religion, con igual carga lectiva--en efecto-, conlleva que el Decreto impugnado vulnere el principio fundamental de la igualdad y no discriminacion por motivos religiosos.

No lo entiende de ese modo la Sala de Casacion (10). <<En el Decreto al que la Sala de instancia atribuyo la lesion del principio de igualdad y no discriminacion -sostiene--la asignatura de religion constituye una materia perteneciente al bloque de asignaturas especificas de la misma naturaleza que las otras once con las que comparte tal calificativo pudiendo el alumnado elegir un minimo de dos y un maximo de tres>>. Quienquiera que opte por la asignatura de religion puede hacerlo del mismo modo que puede no escoger tal asignatura quien no desee cursarla, <<respetandose asi-continua--tanto el art. 14 como el 16 de la Constitucion. Tanto unos alumnos como otros se encontraran en identica situacion a la hora de ser calificadas las materias elegidas pertenecientes al bloque de asignaturas especificas. Todos seran evaluados en igualdad de las asignaturas especificas>>.

En conclusion, <<no se vislumbra con tal regulacion que la no prevision de una asignatura complementaria o alternativa a la religion con igual carga lectiva vulnere el principio de igualdad. La asignatura de religion, tal cual esta prevista en el Decreto cuestionado, constituye una materia evaluable, de oferta obligada y de libre eleccion al igual que las otras once cualquiera de las cuales puede ser escogida por quien no desee cursar religion>>.

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Los articulos 10 y 11 del Decreto 35/2015 de 15 de mayo, de las Islas Baleares, establecen que, entre las asignaturas especificas, solamente la segunda lengua extranjera se imparta obligatoriamente, por lo que, a sensu contrario, la religion es una asignatura de oferta voluntaria por parte de los Centros, concretamente por parte de los claustros y equipos directivos que son los organos que hasta la fecha estan decidiendo en los centros publicos si se oferta o no como asignatura especifica la religion.

Entiende la Sala que, desde la perspectiva del articulo 27 [seccion] 3 de la Constitucion, el tratamiento que se le da a la ensenanza de religion como simplemente optativa por parte de los centros rompe la neutralidad en la que situa la Constitucion a los poderes publicos y al Estado, y deja sin efecto la garantia que aquellos deben a los padres de que sus hijos seran educados de acuerdo a sus convicciones y principios morales y eticos (11).

Por otra parte, en el ambito de la libertad religiosa, afirma el Tribunal, <<esta el derecho reconocido en el apartado 1. c) del articulo 2 de la LOLR que senala el derecho a recibir e impartir ensenanza e informacion religiosa de toda indole, y elegir para si, y para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera del ambito escolar, la educacion religiosa y moral que este de acuerdo con las propias convicciones>>. Constituye una manifestacion del derecho a la libertad religiosa, concluye, <<no solamente poder educar a los hijos en las creencias que profesen los padres, sino tambien y desde la perspectiva del alumno, el derecho de este a recibir esa ensenanza, viendose ilegitimamente privado de ella>>. Anade finalmente que <<desde la perspectiva de la confesion religiosa se esta tambien impidiendo poder impartir su ensenanza, teniendo derecho a ello en el modo y forma que el desarrollo legislativo de ese derecho configure ese modelo educativo de esa asignatura>>.

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Resulta impugnada la Orden 3814/2014, de 29 de diciembre, de la Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte, de la Comunidad de Madrid, por la que se desarrolla la autonomia de los centros educativos en la organizacion de los planes de estudio de la Educacion Primaria en el punto relativo a la formacion del profesorado para impartir docencia bilingue, que nunca incluyo a los profesores de religion (12). Tampoco se tuvo en cuenta ningun periodo de adaptacion y preparacion para que estos pudieran obtener la habilitacion linguistica, y por ello el resultado es que no habia profesores habilitados para impartir religion en lengua extranjera.

No se aprecia, sin embargo, que las alegaciones efectuadas cuenten con los debidos fundamentos, <<porque la parte actora alega desventaja y discriminacion para los profesores de religion, a los que siempre se ha excluido de los planes de formacion, pero una vez que la Comunidad de Madrid vario su posicion al respecto, en ejercicio de la potestad discrecional que le corresponde, dicto la Orden que ahora se combate para incluir tambien la asignatura de religion y, en logica armonia con esa decision, comenzo a incluir a los docentes de tales materias como destinatarios de los planes que los mismos para que adquieran la correspondiente habilitacion en lengua extranjera>>.

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La asociacion madrilena de ateos y librepensadores interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolucion de la Direccion General de Evaluacion y Cooperacion Territorial del Ministerio de Educacion de 11 de febrero de 2015, que publican el curriculo de la asignatura de religion catolica para primaria y ESO y para bachillerato respectivamente (13).

La demanda se refiere al derecho a recibir educacion veraz. La asignatura de religion catolica incluye contenidos sobre cuya veracidad, al parecer de la recurrente, no hay prueba alguna, no tiene por objetivo transmitir conocimientos tecnicos, humanisticos, historicos o esteticos, tal como establece el art. 2. c) de la LODE. Refiere que nada impide que se ensenen temas como historia y actualidad de las religiones, y entiende que esta asignatura no busca esto, y que si bien es un derecho de los padres en base al art. 27 de la Constitucion espanola, los poderes publicos no pueden hacer dejacion de funciones, y no pueden permitir que se conculquen derechos de los menores y las finalidades esenciales del sistema educativo mediante estas ensenanzas.

Los argumentos del recurrente no pueden acogerse. <<En primer lugar, porque se trata de una asignatura cuyo contenido se determina por la Conferencia Episcopal en base a los acuerdos entre el Estado Espanol y la Santa Sede, en segundo lugar, porque es una opcion de los alumnos el cursar o no tal asignatura, y de los padres de estos, quienes tienen el derecho reconocido tanto en el art. 16 de la CE, como en el art. 27 [seccion] 3 de la CE y finalmente por que solo quienes opten por esta asignatura han de cursar las materias cuyo contenido cuestiona el aqui recurrente>>.

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Se impugna, por el procedimiento de vulneracion de derechos fundamentales, el Decreto 98/2016 de 5 de Julio, de la Consejeria de Educacion de Extremadura, por el que se establecen la ordenacion y curriculo de la ESO y del bachillerato para la Comunidad Autonoma de Extremadura, por la reduccion de la carga horaria de la asignatura de religion.

Sostiene la actora que la total libertad de las Comunidades Autonomas para fijar el horario podria llegar a cercenar el derecho fundamental que asiste a los padres para que sus hijos reciban formacion religiosa y moral que este de acuerdo con sus propias convicciones. El parecer de la Sala, sin embargo, es que <<no se viola el derecho a la libertad religiosa por reducir su carga horaria a la asignatura de religion ya que se garantiza el estudio de la religion o su alternativa de valores eticos, de modo que la carga horaria que fija la norma, o la manera especifica de llevarla a efecto junto con otra asignatura, sea o no ajustada a Derecho, no puede considerarse incluida en el nucleo del derecho fundamental, que consiste precisamente en el deber del Estado de garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formacion religiosa o moral que este de acuerdo con sus convicciones>> (14).

Las discordancias aducidas en la demanda en relacion con la carga horaria de otras asignaturas podra ser ajustado o no a derecho, pero desde el prisma de un problema de legalidad ordinaria. Los derechos fundamentales que la actora entiende conculcados no llegan a los extremos peticionados.

6. ENTIDADES RELIGIOSAS

6.1. Asociaciones canonicas: gestion de bienes patrimoniales

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 30 de septiembre de 2013, en accion declarativa de dominio y accion reivindicatoria de la propiedad y posesion ejercitada por Arzobispado de Madrid, reconocio su derecho frente a la <<Fundacion de Santa Rita de Casia>>, la <<Asociacion Civil Santa Rita de Casia-Madrid 1834>> y la <<Fundacion Real Fabrica de Tapices>>, sobre una coleccion de veintitres tapices, alegando que sobre dichos tapices, que fueron de la <<Asociacion Canonica Santa Rita de Casia>>, extinguida por resolucion del Tribunal Supremo de la Signatura Apostolica, detentaban la indebida posesion las demandadas, <<Asociacion Civil Santa Rita de Casia-Madrid 1834>> y la <<Fundacion Santa Rita de Casia>>, estando depositados los tapices en la <<Fundacion Real Fabrica de Tipices>>.

Con una parte del patrimonio de la genuina asociacion canonica--los tapices objeto de litigio--se pretendio constituir en 2001 una fundacion civil. En 2004 la asociacion canonica fue suprimida y los bienes eclesiasticos recuperados por el Arzobispado de Madrid. En 2009 se constituyo una asociacion civil con el proposito de continuar la actividad de la asociacion canonica anterior, pero con independencia de la Iglesia. En sede jurisdiccional civil se establecio la innegable naturaleza canonica de la asociacion originaria y la competencia del Derecho canonico para regir su vida interna y su regimen patrimonial. El incumplimiento de los requisitos establecidos en el Codigo de Derecho Canonico -licencia eclesiastica--en caso de disposicion o administracion equivalente a la misma, cuando resulta aplicable la legislacion canonica en cuanto derecho estatutario, como sucede en este caso, provoca la ausencia del consentimiento y, por ende, la nulidad del contrato.

El Tribunal Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 30 de septiembre de 2013, que <<declara acreditado la existencia de un titulo valido a favor de la entidad recurrida para justificar el dominio de los tapices y tambien, como presupuesto de la accion reivindicatoria, la ausencia de derecho de la parte recurrente--"Asociacion Civil Santa Rita de Casia Madrid 1834" y la "Fundacion Santa Rita de Casia"--a poseerlos, al tratarse de entidades diferenciadas de la primera asociacion religiosa>> (15).

La Sala rechaza <<cualquier vulneracion de la teoria del titulo y el modo y la doctrina jurisprudencial sobre su aplicacion, tal como en el recurso se denuncia, en la medida en que la sentencia ha declarado la validez de un modo de adquisicion de la propiedad de caracter originario por mor de un decreto canonico de extincion y reversion que, a su vez, fue consecuencia de la prevision estatutaria que la propia asociacion extinta--"Asociacion Santa Rita de Casia"--se confirio, lo cual situa la razon decisoria de la sentencia en un ambito ajeno a la aplicacion de la teoria del titulo y el modo, que se proyecta a las adquisiciones derivativas de los derechos en el ambito de la relaciones negociales de caracter contractual>>.

6.2. Asociaciones canonicas: libertad de organizacion interna

Se impugnaron ante la jurisdiccion civil ciertos acuerdos adoptados en la sesion del Cabildo General y Elecciones de una Hermandad canonica, relativos a la presentacion del presupuesto, aprobacion del estado de cuentas y balance economico y elecciones a Junta de Gobierno. La Hermandad demandada interpuso recurso de apelacion contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, en el que impugnaba que este no hubiera declinado el conocimiento del asunto por corresponder a la jurisdiccion eclesiastica, asi como que se le hubiera condenado al pago de las costas. La Audiencia Provincial dicto sentencia en la que considero que la cuestion planteada en la demanda debia quedar resuelta en el estricto ambito jurisdiccional eclesiastico, puesto que surgia en el propio seno de la Hermandad demandada y afectaba de forma exclusiva a su regimen y funcionamiento interno. Por ello, estimo el recurso de apelacion, revoco la sentencia del Juzgado de Primera Instancia y acordo <<no ser competente el orden jurisdiccional civil para el conocimiento del asunto litigioso, correspondiendo al eclesiastico>>.

El Tribunal Supremo estima el recurso extraordinario por infraccion procesal interpuesto contra la sentencia de la Audiencia, anulandola en lo relativo a la estimacion de la falta de competencia del orden jurisdiccional civil para el conocimiento del asunto litigioso por corresponder al eclesiastico, reponiendo las actuaciones para que la Audiencia Provincial prosiga el conocimiento del asunto y resuelva la impugnacion de la condena en costas (16).

Entiende la Sala que <<el conocimiento de una demanda de proteccion jurisdiccional civil del derecho fundamental de asociacion interpuesta por un ciudadano espanol contra una asociacion inscrita en un registro administrativo espanol y domiciliada en territorio espanol, por hechos acaecidos en Espana, corresponde a la jurisdiccion espanola, y en concreto a la jurisdiccion civil>>. Y anade que <<actualmente no pueden plantearse conflictos de jurisdiccion, positivos o negativos, entre una de las jurisdicciones estatales (sea civil, penal, contencioso-administrativa, social o militar) y la jurisdiccion eclesiastica>>.

Sin embargo, como es propio de un Estado aconfesional y respetuoso de la libertad religiosa, los litigios en los que <<se demanda a personas juridicas constituidas en el seno de las confesiones religiosas reconocidas por el Estado Espanol y, en concreto, en el de la Iglesia Catolica, deben solucionarse a partir del reconocimiento de un amplio ambito de autoorganizacion a las asociaciones religiosas que determine que la demanda no pueda prosperar cuando la pretension afecte a este ambito en el que las asociaciones religiosas pueden autoorganizarse, sin que sea posible la intervencion de las autoridades estatales y, en concreto, de las judiciales>>.

6.3. Testamento en favor de una entidad religiosa

Se formulo demanda de juicio ordinario contra la residencia de personas mayores regentada en Huesca por la Congregacion de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, por la que se instaba la nulidad del testamento abierto en el que el testador, tras ordenar varios legados a algunos parientes, habia instituido como heredero a la demandada. Se instaba la nulidad por considerar que en el otorgamiento el fallecido no tenia capacidad para testar y, ademas, alegaba que, pese a que en el testamento se indicaba que el testador tenia vecindad civil aragonesa, en realidad la tenia catalana, y por tanto la demandada era inhabil para suceder conforme a lo dispuesto en el articulo 412. 5 c) del Codigo Civil Catalan, segun el cual <<el religioso que ha asistido al testador durante su ultima enfermedad, asi como el orden (sic), la comunidad, la institucion o la confesion religiosa a que aquel pertenece>>.

Admite la Sala (17) ser de aplicacion al caso el corpus juridico catalan y advierte que el precepto invocado <<tiene su correspondencia y precedente en el articulo 752 del Codigo Civil que dispone que "no produciran efecto las disposiciones testamentarias que haga el testador durante su ultima enfermedad en favor del sacerdote que en ella le hubiese confesado, de los parientes del mismo dentro del cuarto grado, o de su Iglesia, cabildo, comunidad o instituto">>. Ambos preceptos son una manifestacion de la proteccion que el ordenamiento juridico proporciona al testador vulnerable en defensa de su libertad de testar. Se trata de <<normas preventivas que tienen su fundamento en garantizar la total libertad dispositiva del testador, evitandole sugestiones o captaciones en un trance que le hace vulnerable a las presiones de quien, por razon de su ministerio, puede ejercer una gran influencia en el animo del enfermo>>.

Con todo, estima el Alto Tribunal, no debe confundirse asistencia social con asistencia religiosa o espiritual. Una cosa es asistencia espiritual y otra prestacion de servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza analoga en virtud de una relacion contractual. Y concluye, conforme a la valoracion de la prueba practicada, que <<se esta en presencia del segundo supuesto, ya que no se ha acreditado que las religiosas pertenecientes a la Congregacion favorecida le prestasen asistencia espiritual>>.

A partir de la naturaleza religiosa del centro, en definitiva, <<no puede incardinarse la asistencia que en el se presta con aquella a que se refiere el articulo 412.5 c) del Codigo Civil Catalan, que no es otra que la "religiosa o espiritual">>. La interpretacion sostenida por los recurrentes conduciria a una flagrante discriminacion de las entidades religiosas frente a las organizaciones laicas que desempenaran actividades semejantes.

6.4. Personalidad juridica de entidades eclesiasticas y actividad empresarial

La demanda sustancia el conflicto colectivo planteado por miembros del comite de empresa de EDEBE (Ediciones Don Bosco) contra la propia empresa y la Obra Salesiana de la Inspectoria Maria Auxiliadora, en procedimiento de modificacion sustancial de condiciones de trabajo. El Tribunal Supremo declara la nulidad de la medida por no promoverse el procedimiento por la empresa real (18). EDEBE se considera empresa aparente y procede la aplicacion de la doctrina del levantamiento del velo para que la verdadera empresa asuma las responsabilidades contraidas por EDEBE con su propia actuacion.

La personalidad juridica corresponde a la Sociedad de San Francisco de Sales o Congregacion Salesiana o Salesianos de Don Bosco, Inspectoria de Nuestra Senora de la Merced de Barcelona, inscrita en el Registro de Entidades Religiosas, dependiente de la Direccion General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, el 15 de octubre de 1982. Ediciones Don Bosco forma parte de la Obra salesiana de la Inspectoria Mare de Deu de la Merce de Barcelona para desarrollar la actividad de edicion y venta de libros de la Inspectora antes dicha.

La Sala entiende que la Inspectoria creo la empresa EDEBE como una obra salesiana para llevar a cabo la actividad de edicion y venta de libros de la propia Inspectoria, pero que <<no aparece como una empresa diferenciada de dicha Inspectoria pues no consta haber sido erigida en la forma legal establecida ni consta su inscripcion registrai en el Registro de Entidades Religiosas dependiente de la Direccion General del mismo nombre del Ministerio de Justicia, ya que no vale como tal inscripcion la generica de las Casas de la Congregacion y solo consta la de la referida Inspectoria, lo cual permite concluir que se trata de una sola empresa--la Inspectoria-, actuando EDEBE como empresa aparente a la que se pretende fraudulentamente asignar una personalidad juridica propia, siendo asi que actua en exclusivo beneficio del grupo o de la empresa dominante. Y siendo esto asi, esta justificada la indagacion de tal entramado empresarial mediante la aplicacion de la teoria del levantamiento del velo>>.

Sentado lo anterior, <<es de toda pertinencia traer al proceso a la Inspectoria en calidad de codemandada, que era la que realmente deberia haber promovido la medida de modificacion sustancial de condiciones adoptada por EDEBE y ello constituye el uso abusivo de la personalidad de EDEBE que aprecia la sentencia recurrida y conduce, como veremos, a una condena solidaria de ambas entidades>>.

Siendo la Inspectoria la que controlaba directamente el funcionamiento de EDEBE, en cuanto desarrollaba una de las actividades propias de la Inspectoria, <<no deberia, en aras del principio de buena fe, propiciar que EDEBE se escudase en una supuesta personalidad juridica para justificar el desplazamiento de sus activos principales a la repetida Inspectoria, adoptando despues la medida de modificacion sustancial de las retribuciones para cumplir "una decision estrategica ... tomada notoriamente por la Inspectoria", ante el descenso de ventas de libros>>.

La jurisprudencia admite la aplicacion de la doctrina del levantamiento del velo en la creacion de empresas aparentes, asociadas a la utilizacion fraudulenta de la personalidad juridica, subrayando, que la legitima direccion unitaria puede ser objeto de abusivo ejercicio--determinante de solidaridadcuando se ejerce anormalmente y causa perjuicio a los trabajadores, como en los supuestos de actuaciones en exclusivo beneficio del grupo o de la empresa dominante.

6.5. Personas juridicas interpuestas y liquidacion del IBI

El Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristiana--Distrito Madrid constituyo dos sociedades--arrendatarias de sendos inmuebles--para la realizacion de fines educativos, que en la sentencia de instancia se consideran sociedades instrumentales porque representan junto con el Instituto un unico interes economico. Resolvio en consecuencia que <<la inexistencia de un interes economico diferenciado y la instrumentalizacion de la actividad por medio de personas juridicas interpuestas han de determinar, en el supuesto que examinamos, la improcedencia del reconocimiento de la exencion (del IBI) en los terminos solicitados por la actora, porque, a nuestro juicio, resulta contraria a la finalidad prevista en la norma y supone una vulneracion de la excepcion a la excepcion prevista en el inciso final del articulo 15.1 de la Ley 49/2002, toda vez que el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristiana--Distrito Madrid no se limita a alquilar las fincas sino que, en realidad, las tiene afectadas a explotaciones economicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades, en concreto a la realizacion de actividades de granja escuela que desarrollan en ellas los alumnos de centros docentes propios o concertados religiosos>>.

La Sala de apelacion revoca la sentencia anterior y anula la actuacion administrativa impugnada en dicho procedimiento en tanto no ajustada a Derecho (19). Entiende, por una parte, que la sentencia recurrida acude a la doctrina del levantamiento del velo societario y a la figura del fraude de ley para fundamentar la desestimacion del recurso y el consiguiente no reconocimiento de la exencion postulada. Sin embargo, no puede afirmarse sin mas que la actora haya creado sociedades instrumentales al efecto de obtener tal beneficio fiscal, dadas en especial, ademas de otras consideraciones sobre la actuacion tributaria de la entidad recurrente, las fechas de creacion de ambas y las fechas de su dominio accionarial por la recurrente, alejadas en el tiempo.

Por otra parte, la Sala interpreta extensivamente--en conformidad con la doctrina del Tribunal Supremo--el articulo 15 de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de regimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Reconoce, en consecuencia, que la exencion del IBI se extiende a todos los bienes de los que sean titulares las entidades sin animo de lucro, salvo los que se excluyen en la norma: los afectos a explotaciones economicas no exentas del Impuesto de Sociedades. Resulta irrelevante en este caso la actividad que un tercero desarrolle en los inmuebles arrendados por la Fundacion, estando obligada al pago solo cuando en ellos realice por cuenta propia una actividad economica no exenta del impuesto sobre sociedades.

En resumen, <<la exencion del IBI resulta aplicable precisamente a inmuebles por rentas obtenidas de su patrimonio inmobiliario, que son rentas exentas a efectos del impuesto sobre sociedades, no considerandose la explotacion del patrimonio propio (arrendamiento), a estos efectos, una explotacion economica (articulos 3.3 y 6.2 de la Ley citada, en relacion con el articulo 15 de la misma)>>.

7. LIBERTAD IDEOLOGICA

Entienden los recurrentes que la practica del nudismo, como ideologia, no puede ser objeto de limitacion sino mediante ley organica, sin que la clausula de salvaguardia del orden publico o de regulacion de las <<relaciones de convivencia de interes local>> (articulo 139 de la LRBRL) permita a los Ayuntamientos establecer su prohibicion o sancionar el incumplimiento de las conductas prohibidas.

A juicio de Tribunal Supremo, <<los motivos de casacion que denuncian la infraccion del articulo 16.1 de la Constitucion y, por ello, del articulo 53.1 del mismo texto legal, en cuanto exige regulacion por ley organica de las limitaciones de aquel derecho fundamental, deben rechazarse, pues la Sala no considera que la prohibicion de estar desnudo en los lugares publicos de la ciudad o transitar por los mismos en banador, asi como la prevision de una infraccion por su incumplimiento, conculquen los derechos fundamentales recogidos en aquel precepto constitucional>> (20). Y anade que <<no puede tacharse de discriminatoria una resolucion que determina que en los espacios de uso publico no se puede practicar el nudismo habida cuenta de la utilizacion general y mayoritaria de dicho espacio, de la necesidad de preservar la convivencia pacifica y del hecho, que entendemos notorio, de que la practica del nudismo en esos espacios publicos dista mucho de ser, en el momento actual, aceptada con el grado mayoritario que las recurrentes pretenden>>.

8. PATRIMONIO HISTORICO DE LA IGLESIA

Continua el complejo pleito que enfrenta a las Comunidades Autonomas de Aragon y de Cataluna en torno a los bienes del Monasterio de Sigena.

Por Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instruccion num. 1 de Huesca de 8 de abril de 2015, como se recordara, fueron estimadas la demandas de la Comunidad Autonoma de Aragon y del Ayuntamiento de Villanueva de Sigena contra la Generalidad de Cataluna, el Museo Nacional de Arte de Cataluna (MNAC), las Reverendas Sanjuanistas del Monasterio de Sigena, las Reverendas Sanjuanistas del Monasterio de Valldoreix y la Orden de San Juan de Jerusalen (Orden religiosa Sanjuanista), sobre nulidad de pleno derecho de las compraventas perfeccionadas entre la Generalidad de Cataluna (en 1983 y 1992) y las monjas Sanjuanistas del Real Monasterio de Sigena, y entre estas mismas y el MNAC (en 1994), respecto de determinados bienes procedentes de ese Monasterio, declarando la nulidad de pleno derecho de las referidas compraventas y que la propiedad de los bienes en cuestion es de la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sigena, por lo que se ordena reintegrar a su propietario la posesion material, para lo cual debera procederse al traslado material de esos bienes (que se relacionan en el anexo de la Sentencia) a dicho Monasterio, sito en el termino municipal de Villanueva de Sigena.

Habiendo sido interpuesto recurso de apelacion por la Generalidad de Cataluna contra dicha Sentencia, que se sustancia ante la Audiencia Provincial de Huesca, el Juzgado de Primera Instancia e Instruccion num. 1 de Huesca dicto, a instancias de la Comunidad Autonoma de Aragon y del Ayuntamiento de Villanueva de Sigena, el Auto de I I de junio de 2015, ordenando la ejecucion provisional de la Sentencia contra la Generalidad de Cataluna, el MNAC, las Reverendas Sanjuanistas del Monasterio de Sigena, las Reverendas Sanjuanistas del Monasterio de Valldoreix y la Orden de San Juan de Jerusalen (Orden religiosa Sanjuanista) y requiriendo a los ejecutados para que procedan el 25 de septiembre de 2015 a trasladar al Monasterio de Sigena los bienes a los que se refiere la Sentencia, con las habituales medidas de seguridad para los casos de traslado de bienes entre museos.

Notificado que le fue el Auto referido, la Generalidad de Cataluna, invocando la Sentencia del Tribunal Constitucional 6/2012, de 18 de enero suscito un conflicto ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdiccion, procediendose por el Juzgado mediante providencia de 22 de junio de 2015 a suspender el procedimiento de ejecucion provisional hasta que se resolviese por la Sala de Conflictos de Jurisdiccion el conflicto. Este conflicto fue desestimado por Sentencia de 16 de diciembre de 2015, declarando que corresponde al Juzgado de Primera Instancia e Instruccion mini. I de Huesca la competencia para conocer de la accion promovida y de la ejecucion de la sentencia dictada (21).

El Tribunal de Conflictos de Jurisdiccion razona que <<la STC 6/2012 en la que se apoya el conflicto jurisdiccional planteado no es aplicable al caso, ya que la misma resuelve un conflicto positivo de competencia entre las Comunidades Autonomas de Cataluna y Aragon en materia de cultura y patrimonio cultural, mientras que en el proceso judicial se ha discutido la titularidad de la propiedad de los bienes por posibles vicios en su enajenacion, cuestion que la propia STC 6/2012 atribuye a la jurisdiccion ordinaria>>.

Recibida la Sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdiccion en el Juzgado de Primera Instancia e Instruccion num. 1 de Huesca, este, por Auto de 25 de enero de 2016, acordo alzar la suspension del procedimiento de ejecucion provisional y continuar su tramitacion.

Por escrito registrado en el Tribunal Constitucional el 10 de febrero de 2016, el Gobierno de la Generalidad de Cataluna plantea seguidamente incidente de ejecucion de la Sentencia del Tribunal Constitucional 6/2012, de 18 de enero, respecto de la Sentencia de 8 de abril de 2015 del Juzgado de Primera Instancia e Instruccion num. 1 de Huesca y del Auto del mismo Juzgado de 11 de junio de 2015.

Sostienen los Abogados de la Generalidad de Cataluna que la ejecucion provisional de la Sentencia del Juzgado de 8 de abril de 2015, que el Auto de 25 de enero de 2016 ordena continuar, con la entrega de los bienes y su traslado al Monasterio de Sigena, va directamente en contra de lo decidido por el Tribunal Constitucional en la STC 6/2012. En ella se resuelve--afirman--que dichos bienes <<permanezcan en la Comunidad Autonoma en la que se encuentran>> (STC 6/2012, FJ 8, in fine) por lo que debe declararse la nulidad de las resoluciones judiciales contra las que se promueve el incidente de ejecucion, <<de modo que se respete la permanencia de los bienes a los que aquellas se refieren en los Museos de Cataluna, en donde ya se encuentran debidamente protegidos>>.

El objeto de la resolucion del Tribunal Constitucional que se encuentra en el centro de analisis (22) <<se contrae, entonces, a si lo decidido en la referida Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instruccion num. 1 de Huesca, en cuanto ordena la devolucion de los bienes en cuestion al Monasterio de Sigena, contradice o menoscaba de algun modo lo resuelto por este Tribunal en la citada sentencia 6/2012, que estimo el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Generalidad de Cataluna frente al Gobierno de Aragon, y declaro la inconstitucionalidad y nulidad de las Ordenes del Consejero de Educacion y Cultura de la Diputacion General de Aragon de 8 de agosto de 1997 y 10 de febrero de 1998, relativas al ejercicio del derecho de retracto respecto de determinados bienes provenientes del tesoro artistico del Monasterio de Sigena y adquiridos en su momento por la Generalidad de Cataluna (los mismos a los que se refiere la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instruccion num. 1 de Huesca)>>.

La sentencia 6/2012, en suma, se inclino por la prevalencia de la competencia de la Comunidad Autonoma de Cataluna en materia de proteccion del patrimonio historico, para conservar los bienes procedentes del Monasterio de Sigena, por hallarse en el territorio de Cataluna. Pero el pronunciamiento del Tribunal Constitucional no se extiende en modo alguno a la determinacion de la titularidad de esos bienes, su calificacion, la legalidad de las enajenaciones de los mismos y a otras cuestiones de legalidad ordinaria que pudieran afectarles, que corresponde dilucidar a la jurisdiccion ordinaria; la propia sentencia 6/2012, FJ 2, se cuido expresamente de precisarlo y asi lo recuerdan en sus alegaciones en este incidente tanto el Ministerio Fiscal como el Letrado de la Comunidad Autonoma de Aragon.

En definitiva, determina el Pleno, <<el examen del contenido de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instruccion num. 1 de Huesca de 8 de abril de 2015, que declara la nulidad de las compraventas de los bienes procedentes del Monasterio de Sigena y ordena el reintegro de la posesion material de los mismos a su propietario y, por ello, el traslado de esos bienes al referido Monasterio, permite concluir que no se aprecia en el fallo ni en la fundamentacion juridica de la misma (como tampoco en los Autos que acuerdan la ejecucion provisional y su continuacion) ningun pronunciamiento contrario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 6/2012 o que suponga de al gun modo un intento de menoscabar la eficacia juridica o material de lo decidido en esta. Lo resuelto por el Juzgado, en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, no excede del ambito de la legalidad ordinaria sobre la naturaleza y la calificacion de los bienes procedentes del Monasterio de Sigena y sobre los vicios de legalidad en la enajenacion de los mismos en sucesivos momentos a la Generalidad de Cataluna, extremos todos ellos que de manera expresa fueron excluidos en la propia Sentencia del Tribunal Constitucional 6/2012, FJ 2, del objeto del conflicto positivo de competencias por ella dirimido, por corresponder su conocimiento a la jurisdiccion ordinaria>>.

En consecuencia, se rechaza la pretension formulada por la Generalidad de Cataluna en su escrito planteando incidente de ejecucion de la Sentencia del Tribunal Constitucional 6/2012 de que se declare la nulidad de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instruccion num. 1 de Huesca de 8 de abril de 2015.

9. PROFESORES DE RELIGION

9.1. Perdida de la idoneidad

Tras once anos de prestacion de servicios para la Consejeria de Educacion, Cultura y Universidad como profesora de religion catolica en centros publicos, la actora se incorporo a la Iglesia evangelica, bautizandose en la misma, y asi se lo hizo saber al obispo de Menorca, quien hasta entonces habia verificado su idoneidad y la habia propuesto para impartir ensenanza de la religion catolica.

El obispo dirigio comunicacion a la Direccion General de Personal Docente retirando la propuesta de la actora, sustituyendola por otra persona. La actora planteo demanda de despido frente a la Consejeria, que fue estimada parcialmente, siendo declarada su improcedencia. Pero la sentencia de suplicacion ahora impugnada estima el recurso de la Administracion demandada y revoca dicha resolucion por entender que la actora no fue despedida (por ineptitud sobrevenida del art. 52 Estatuto de los Trabajadores), sino que le fue retirada la habilitacion al no ser propuesta por el obispado de Menorca para su contratacion como profesora de religion catolica para el curso 2013-2014, por lo que es claro que su no renovacion no constituye despido.

La Sala acuerda la inadmision del recurso de casacion para la unificacion de doctrina contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de fecha 23 de septiembre de 2014 al apreciar la falta de contradiccion con la sentencia citada de contraste (23). En esta ultima la trabajadora tenia reconocida la condicion de indefinida desde el 11 de noviembre de 1999, circunstancia que no se produce en la sentencia recurrida, siendo ademas diferentes las causas que determinan la extincion de la relacion, porque en la recurrida fue debido a que el obispado le retiro la missio canonica por profesar la actora otra religion distinta a la catolica, mientras que en la de contraste la trabajadora era diplomada y no tenia la titulacion de licenciada exigida para impartir la asignatura, no constando que una y otra circunstancia sean equiparables a los efectos pretendidos de acreditar la contradiccion.

* * *

La revocacion de la propuesta por parte del obispo--con arreglo a los motivos que establece el ordenamiento--conduce a la extincion del contrato de trabajo del profesor de religion. Asi lo entiende la Sala de suplicacion: <<una vez revocada la missio canonica por el obispo, el actor no podia seguir impartiendo clases como profesor de religion catolica, por tratarse de un requisito sine qua non, cuya concesion o no compete al obispo, teniendo en cuenta el ambito doctrinal en que estamos ubicados, donde operan intensamente los principios de confianza, lealtad y fidelidad, a la luz de la doctrina que se imparte, tanto desde un punto de vista formal como de fondo>> (24).

Si bien es a la Administracion a la que corresponde formalizar la extincion frente al trabajador, <<dadas las peculiaridades de esta relacion, que se basa en ese prias, esto es, la previa existencia de esa suerte de mandato, venia, licencia o autorizacion del Obispo que habilita para transmitir o impartir tal doctrina o ensenanza de dimension moral, con lo que ello conlleva en relacion con el ejemplo a dar. Dicha venia otorga a la doctrina que se imparte por el profesor elegido el marchamo de "genuina" o sin impostura o heterodoxa, pues con ella se procura asegurar que se imparte una buena doctrina, que sea autentica>>.

Coherentemente con ello, en conclusion, <<la fecha de extincion del contrato se produjo con la comunicacion realizada por la Administracion, notificandole su cese en el trabajo por la revocacion de la missio canonica, con fuerza ejecutiva segun su naturaleza, que esta recogida como causa de extincion del contrato en el art. 7 del RD 696/2007 y en el art. 15 del Anexo IV del Convenio Colectivo, lo que evidencia que no se esta en presencia de un despido, sino ante una causa extintiva del vinculo juridica existente, que, en un terreno de patrocinio espiritual, reside en la missio canonica, cuya concesion o revocacion entra dentro de las atribuciones del Sr. Obispo, punto sobre el que no se ofrece controversia>>.

9.2. Complementos economicos

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo reconoce el derecho del profesorado de Religion dependiente del Ministerio de Educacion, cultura y Deporte al devengo y a la retribucion del Complemento de Formacion Permanente (sexenios) en las condiciones y cuantia que les corresponda a los funcionarios interinos docentes del mismo nivel educativo del MECD (25).

Equipara a los funcionarios interinos con los de carrera, con invocacion de la Directiva 1999/70 CE, dictada tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea, de 9 de febrero de 2012, que respondio a la cuestion prejudicial formulada por un juzgado de lo contencioso administrativo en el sentido de que la situacion de funcionario interino y de carrera son equiparables a los efectos del complemento especifico por formacion permanente (sexenios).

Posteriormente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2012, dictada en interes de ley, desestimo el recurso frente a la sentencia reconocedora del derecho al funcionario interino. Por ultimo, el 16 de septiembre de 2013 se publica la Instruccion de la Subsecretaria del Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte en la que literalmente se dice: <<Consecuentemente, si la Directiva 1999/70/CE es de obligatoria aplicacion por los organos de la Administracion, esta debera atender las reclamaciones que sobre esta materia presenten los funcionarios interinos, sin que ello suponga obviar el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de octubre de 1991, sino su aplicacion en consonancia con la citada Directiva y sin perjuicio de promover su ampliacion para su adaptacion a la normativa europea>>.

10. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNION EUROPEA (TJUE)

En el caso Parris se discute si una normativa nacional que, en el marco de un plan de pensiones de empleo, supedita el derecho de las parejas registradas superstites de los afiliados a disfrutar de una prestacion de supervivencia al requisito de que la union civil registrada se haya celebrado antes de que el afiliado haya cumplido la edad de 60 anos, siendo asi que el Derecho nacional no permitia a dicho afiliado celebrar una union civil registrada antes de alcanzar ese limite de edad, no constituye una discriminacion basada en la orientacion sexual (26).

Declara el Tribunal que los Estados miembros disponen de la libertad de prever o no el matrimonio para personas del mismo sexo o una forma alternativa de reconocimiento legal de su relacion, asi como, en su caso, de prever la fecha a partir de la cual un matrimonio o una forma alternativa de ese tipo producira sus efectos. En consecuencia, el Derecho de la Union, y en particular la Directiva 2000/78 del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupacion, no obligan a Irlanda ni a prever, antes del 1 de enero de 2011, el matrimonio o una forma de union civil para las parejas homosexuales, ni a dar efectos retroactivos a la Ley de uniones civiles y a las disposiciones adoptadas en aplicacion de dicha Ley, ni tampoco, por lo que respecta a la prestacion de supervivencia controvertida en el litigio principal, a prever medidas transitorias para las parejas del mismo sexo en las que el afiliado haya cumplido ya los 60 anos de edad en la fecha de entrada en vigor de la citada Ley.

Tampoco entiende el Tribunal que se haya producido una discriminacion basada en la edad. Una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal que, en el marco de un plan de pensiones de empleo, supedita el derecho de las parejas registradas superstites de los afiliados a disfrutar de una prestacion de supervivencia al requisito de que la union civil registrada se haya celebrado antes de que el afiliado haya cumplido la edad de 60 anos, mientras que el Derecho nacional no permitia a dicho afiliado celebrar una union civil registrada antes de alcanzar ese limite de edad, no constituye una discriminacion basada en la edad.

11. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (TEDH)

11.1. Objecion de conciencia al servicio militar

Tres sentencias abordan cuestiones relativas a la objecion de conciencia al servicio militar, dos relativas a Turquia y una a Grecia.

Enver Aydemir, ciudadano turco, afronto una serie de procesos penales y condenas sucesivas a partir de que en 2007 se opusiera a la prestacion del servicio militar obligatorio, invocando creencias religiosas incompatibles con el uso de las armas. El Tribunal Europeo aprecia la violacion del articulo 3 del Convenio, que prohibe ser sometido a penas o tratos degradantes o inhumanos, pero no del articulo 9, sobre la libertad de pensamiento, de conciencia y de religion, porque no toda forma de manifestacion religiosa o de creencia encuentra amparo en la citada disposicion (27).

Papavasilakis, ciudadano griego, alego sin exito razones religiosas para no prestar el servicio militar obligatorio. Su recurso ante el Tribunal Supremo Administrativo no prospero. El Tribunal Europeo aprecio violacion del articulo 9 del Convenio, considerando que el examen de la demanda en el procedimiento interno no ofrecio las necesarias garantias de imparcialidad e independencia (28).

Halil Savda, ciudadano turco, leyo un manifiesto antimilitarista ante la embajada de Israel en Estambul en solidaridad con los objetores de conciencia israelies. Fue condenado en aplicacion del articulo 318 del Codigo Penal, que contempla la incitacion a no realizar el servicio militar. Aunque las palabras que contenia la declaracion en litigio manifestaban una postura hostil hacia el servicio militar, no incitaban al uso de la violencia, a la resistencia armada o a la agitacion, y no podian ser interpretadas como un discurso de odio o con capacidad de causar un perjuicio. El Tribunal Europeo estima que la condena del demandante a una pena de prision no era <<necesaria en una sociedad democratica>> y declara la violacion del articulo 10 del Convenio, que ampara la libertad de expresion (29).

11.2. Libertad religiosa. Lugares de culto

En el caso Izzettin Dogan y otros contra Turquia se revisan las limitaciones al ejercicio de la libertad religiosa que soportan en ese pais los ciudadanos turcos que profesan la fe alevi, una rama de la religion islamica. Denuncian particularmente las dificultades que encuentran para poder establecer sus lugares de culto (cemevi) y ver reconocidas ciertas prerrogativas de quienes actuan como ministros de esa religion (dede). La Gran Sala aprecia violacion del articulo 9 de la Convencion, porque la injerencia denunciada no puede estimarse necesaria en una sociedad democratica; y asimismo determina que la diferencia de trato recibida por los recurrentes no encuentra una justificacion objetiva y razonable, por lo que se ha producido una violacion del articulo 14 en relacion con el articulo 9 (30).

Tambien denuncian obstaculos para el ejercicio en Turquia de la libertad religiosa mediante el establecimiento de lugares de culto los Testigos de Jehova. Una agrupacion de varias entidades de esta identidad religiosa denuncia la violacion del articulo 9 de la Convencion alegando la existencia de una ley que prohibe la apertura de lugares de culto en espacios no designados para esa finalidad asi como la exigencia de requisitos para las edificaciones y solares que hayan de albergarlos. Estima la Corte que se ha producido la violacion del articulo 9, porque las limitaciones no resultan proporcionadas para obtener la finalidad perseguida ni se demuestran necesarias en una sociedad democratica (31).

11.3. Libertad religiosa en centros penitenciarios

Cuatro casos afrontan aspectos relativos al ejercicio del derecho de libertad religiosa por parte de internos en centros penitenciarios o personas en situacion de libertad de circulacion restringida.

En Mozer contra Republica de Moldavia y Rusia la Gran Sala aprecia la vulneracion del articulo 13 (sobre derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional en caso de violacion de derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio) en relacion con los articulos 3, 8 y 9 de la Convencion (32).

En el caso Suveges contra Hungria se aprecia la violacion del articulo 6 [seccion] 1 del Convenio, porque la duracion del proceso excedio del tiempo razonable, pero no del articulo 9, considerado que la restriccion del derecho a asistir a la Misa dominical como consecuencia del arresto se encontraba justificado para garantizar fines legitimos, particularmente el orden publico (33).

En Janusz Wojciechowski contra Polonia el demandante, internado en centro penitenciario, denuncia restricciones en el derecho a la practica religiosa, particularmente para asistir a la Misa. Ciertamente, el centro no tenia capacidad para permitir que todos los internos practicantes de la religion catolica pudieran asistir a la Misa siempre que lo desearan, sino que habia un procedimiento de seleccion y unos turnos, pero el Tribunal no estima que la practica religiosa del demandante pueda considerarse impedida por las autoridades de la prision y la demanda ha de considerarse infundada (34).

En Berghea y Turan contra Rumania los recurrentes denuncian los obstaculos para ejercer su libertad de religion en prision, como consecuencia, por ejemplo, de la negativa a comunicarse con un rabino, en caso del recurrente judio, o de disponer de una dieta adaptada a las prescripciones de la propia religion, en el caso del musulman. Entiende la Corte que los recurrentes no agotaron los recursos jurisdiccionales internos (35).

11.4. Autonomia de la Iglesia e idoneidad de profesores de religion

El Tribunal Europeo reconoce la autonomia de la Iglesia en un caso de retirada de la autorizacion canonica para ensenar religion en la escuela publica como consecuencia del divorcio y posterior union civil de un profesor de esa disciplina. En Croacia rige un Concordato que preve la autorizacion del obispo para impartir docencia de religion catolica en la ensenanza oficial. La falta de testimonio publico de coherencia con los principios morales de la Iglesia justifico la retirada del mandato canonico por parte de la Corte Constitucional croata y ese fue tambien el parecer del Tribunal Europeo (36).

(1) Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Seccion Ia), Sentencia num. 855/2016 de 11 noviembre (RJ 2016 5450).

(2) Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Seccion 4a), Sentencia num. 2612/2016 de 14 diciembre (RJ 2016 6287).

(3) Tribunal Superior de Justicia de Aragon (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Seccion 5a), Sentencia num. 680/2016 de 7 junio (JT 2016 1051).

(4) Tribunal Superior de Justicia de Aragon (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Seccion 1a), Sentencia num. 398/2016 de 16 septiembre (JUR 2016 225507).

(5) Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Social, Seccion 1a), Sentencia num. 513/2016 de 1 marzo (AS 2016 1074).

(6) Tribunal Superior de Justicia de Aragon (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Seccion 7a), Sentencia num. 793/2016 de 3 diciembre (JUR 2016 34255).

(7) Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Seccion 4a), Sentencia num. 1126/2016 de 18 mayo (RJ 2016 3078).

(8) <<1. En la programacion de la oferta de plazas, las Administraciones educativas armonizaran las exigencias derivadas de la obligacion que tienen los poderes publicos de garantizar el derecho de todos a la educacion y los derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales>>.

(9) Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Granada (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Seccion 1a), Sentencia num. 1357/2016 de 16 mayo (JUR 2016 152344).

(10) Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Seccion 4a), Sentencia num. 2491/2016 de 22 noviembre (RJ 2016 6144).

(11) Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Seccion 1a), Sentencia num. 64/2016 de 9 febrero (RJCA 2016 256).

(12) Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Seccion 8a), Sentencia num. 23/2016 de 26 enero (JUR 2016 55490).

(13) Tribunal Superior de Justicia de Aragon (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Seccion 6a), Sentencia num. 398/2016 de 16 septiembre OUR 2016 225507).

(14) Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Seccion 1a), Sentencia num. 315/2016 de 15 septiembre (JUR 2016 241983).

(15) Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Seccion 1a), Sentencia num. 7/2016 de 25 enero (RJ 2016 357).

(16) Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Seccion 1a), Sentencia num. 78/2016 de 18 febrero (RJ 2016 556).

(17) Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Seccion Ia), Sentencia num. 231/2016 de 8 abril de 2017 (RJ 2016 3659).

(18) Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Seccion Ia), Sentencia num. 475/2016 de 2 junio (RJ 2016 3550).

(19) Tribunal Superior de Justicia de Aragon (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Seccion 9a), Sentencia num. 802/2016 de 16 junio (JUR 2016 1361).

(20) Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Seccion 4a), Sentencia num. 1052/2016 de 11 mayo (RJ 2016 2593).

(21) Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Seccion Ia), Sentencia num. 1/2015 de 16 diciembre (RJ 2015 5738).

(22) Tribunal Constitucional (Pleno), Auto num. 128/2016 de 21 junio (RTC 2016 128).

(23) Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Seccion 1a), Auto de 10 de marzo 2016 (JUR 2016 96156).

(24) Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Sala de lo Social, Seccion Ia), Sentencia num. 1096/2015 de 21 diciembre (TUR 2016 37408).

(25) Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Seccion Ia), Sentencia de 9 febrero 2016 (RJ 2016 932).

(26) Tribunal de Justicia de la Union Europea (Sala Primera), Caso David L. Parris contra Trinity College Dublin y Otros, Sentencia de 24 noviembre 2016 OUR 2017 16702).

(27) TEDH (Seccion 2a), Caso Enver Aydemir contra Turquia, Sentencia de 7 junio 2016 (JUR 2016 125840).

(28) TEDH (Seccion 1a), Caso Papavasilakis contra Grecia, Sentencia de 15 septiembre 2016 (JUR 2016 202807).

(29) TEDH (Seccion 2a), Caso Savda contra Turquia, Sentencia de 15 noviembre 2016 (TEDH 2016 116).

(30) TEDH (Gran Sala), Caso Izzettin Dogan y otros contra Turquia, Sentencia de 26 abril 2016 OUR 2016 84992).

(31) TEDH (Seccion 2a), Caso Association De Solidarite Avec Les Temoins De Jehovah y otros contra Turquia, Sentencia de 24 mayo 2016 OUR 2016 121369).

(32) TEDH (Gran Sala), Caso Mozer contra Republica de Moldavia y Rusia, Sentencia de 23 febrero 2016 OUR 2016 50678).

(33) TEDH (Seccion 4a), Caso Suveges contra Hungria, Sentencia de 5 enero 2016 (JUR 2016 11756).

(34) TEDH (Seccion 4a), Caso Janusz Wojciechowski contra Polonia, Sentencia de 28 junio 2016 (JUR 2016 191646).

(35) TEDH (Seccion 4a), Caso Berghea y Turan contra Rumania, Sentencia de 8 noviembre 2016 (IUR 201 260630).

(36) TEDH (Seccion 2a), Caso Travas contra Croacia, Sentencia de 4 octubre 2016 (JUR 2016 231916).

DOI 10.15581/016.113.013

Jorge OTADUY

Profesor Ordinario de Derecho Eclesiastico

Universidad de Navarra. Facultad de Derecho Canonico

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Author:Otaduy, Jorge
Publication:Ius Canonicum
Date:Jun 1, 2017
Words:12706
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