Printer Friendly

Cronica Judicial de Derecho Eclesiastico en los Estados Unidos de Norteamerica (2015-2017).

SUMARIO: I. Cronica judicial de los dos ultimos anos 2015-2017. II. Salud. III. Matrimonio. IV Educacion. V. RLUIPA. VI. Oraciones legislativas. VII. Libertad de expresion religiosa. VIII. Simbologia. IX. Trabajo. X. Ejercito. XI. Inmigracion y seguridad. XII. Controversias internas. XIII. Privilegio de confidencialidad. XIV. Otros casos. XV Nuevos tiempos para la libertad primera con Trump y sin Scalia.

Recordemos que toda referencia al derecho eclesiastico en los Estados Unidos de Norteamerica debe respetar la estructura federal del pais en cada uno de sus tres poderes, judicial, ejecutivo y legislativo (1). Al ser esta una cronica jurisprudencial, los tiempos vienen marcados por cada ano judicial (term) del Tribunal Supremo, la United States Supreme Court, en adelante USSC (2), actor principal de esta historia. Nuestro analisis de los ultimos dos anos comienza asi el primer lunes de octubre del 2015 y llega al primer lunes de ese mismo mes del ano 2017. En cuanto a su contenido, por tratarse solo de una memoria, esta quedara limitada a las cuestiones que estimemos de mayor interes para el derecho de libertad religiosa en funcion de su novedad, repercusion o trascendencia, contenido y fin.

I. CRONICA JUDICIAL DE DOS ANOS (2015-2016; 2016-2017)

A juzgar por los datos ofrecidos a continuacion, las controversias sobre libertad religiosa siguen tenido que ver principalmente con el libre ejercicio de la religion (free exercise) de internos en ciertas instituciones, sobre todo en centros penitenciarios. Es decir, el objeto de la segunda clausula de la ley federal del 2000 Religious Land Use Institutionalized Persons Act, RLUIPA (la seccion 3 de la ley). De todos los tribunales, los federales de distrito se siguen llevando el mayor numero de los casos.

En el primer ano judicial 2015-2016 encontramos, sirviendonos del buscador juridico Lexis-Nexis, 664 controversias con referencia a alguna de las clausulas de libertad religiosa, 431 sobre libre ejercicio y 233 de no establecimiento. Comenzando por la free exercise clause, la inmensa mayoria de ellas (353 de las 431) se plantearon en los tribunales federales de distrito, 27 se sustanciaron en los tribunales federales de apelacion (circuitos), una en un tribunal federal de quiebra y otras dos en la USSC (Ben-Levi el 29 de febrero de 2016 y Storman's Inc. el 28 de junio de 2016), y las demas en diferentes tribunales de 23 Estados (Alabama, Alaska, California, Connecticut, Florida, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Texas, Washington y Wisconsin, amen del District of Columbia). Por su parte, de los litigios en los que se vio afectada la garantia constitucional de no establecimiento (establishment clause), 166 (de los 233 existentes) tuvieron lugar en tribunales federales de distrito y 28 en circuitos de apelacion; el resto se planteo en 24 Estados (Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Maryland, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas y Washington, asi como en el District of Columbia).

Ademas, los casos que citaron la Religion Freedom Restoration Act (RFRA) de 1993, o alguna de las estatales (state RFRAs), fueron 181. De ellos, 149 se vieron en tribunales federales de distrito, 10 en circuitos de apelacion, dos casos en el tribunal federal de quiebra, otros cuatro en otros tribunales federales (US Court of Federal Claims y Court of Appeals for Armed Forces, CAAF) y uno en la USSC (Zubik v. Burwell, el 16 de mayo de 2016). El resto tuvieron lugar en los tribunales estatales de Florida, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Michigan, New York, Ohio, Pennsylvania y Texas. Finalmente, se plantearon 591 litigios en los que se vio afectada la RLUIPA: 527 en los tribunales federales de distrito, 42 en los circuitos de apelacion, uno en la jurisdiccion militar (CAAF) y otro mas en la USSC (Ben-Levi v. Brown, el 29 de febrero de 2016). A estos habria que anadir los surgidos en 12 Estados: Arkansas, California, Connecticut, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania y Texas. Si buscamos casos relativos a la seccion sobre ordenacion urbana de esta ley (zoning law) solo encontraremos ocho: 5 en tribunales federales de distrito, 2 en los circuitos de apelacion y uno en Pennsylvania. Pero, cuando la afectada fue la de los internos en centros penitenciarios (prisons) el numero se eleva a 465 controversias: 423 en tribunales federales de distrito, 31 en circuitos de apelacion, una en la USSC (Ben-Levi) y las demas en los Estados de California, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Oregon y Texas. Por ultimo, si incluimos las necesidades religiosas de la dieta (religious diet) surgen 78 casos: 74 en tribunales federales de distrito, 3 en circuitos de apelacion y uno en Massachusetts; y si anadimos la regulacion sobre aseo o aspecto fisico (grooming rules) de los presos el balance es de 50 casos: 43 en tribunales federales de distrito, 6 en circuitos y uno en Oregon. A todo ello habria que anadir los 212 que citaron la Affordable Care Act (ACA) del 2010 (entre ellos los tres de la USSC: Gobeille v. Liberty, el 1 de marzo, Zubik el 16 de mayo y Whole Women's Health v. Hellerstedt, el 27 de junio de 2016), los 125 que trataron el same-sex marriage y las 166 controversias que tuvieron por objeto cuestiones relativas a las asi llamadas personas transgenero.

Pasando ahora al segundo ano judicial, 2016-2017, de octubre a septiembre de este ultimo ano, Lexis-Nexis refiere 535 casos con alusion a alguna de las clausulas de libertad religiosa, 342 sobre libre ejercicio y 193 de no establecimiento. En relacion a la free exercise clause: 284 en los tribunales federales de distrito, 30 en los federales de apelacion (circuitos), uno mas en la USSC (Trinity Lutheran Church v. Comer, el 26 de junio de 2017) y el resto en diferentes tribunales de 19 Estados (Arizona, California, Connecticut, Florida, Illinois, Indiana, Kansas, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Washington y Wisconsin, ademas del District of Columbia). Si vamos al no establecimiento: 121 en tribunales federales de distrito, 38 en circuitos de apelacion, dos en la USSC (Trinity Lutheran Church y Trump v. Internacional Refugee, el 26 de junio), uno en el tribunal federal de quiebra y el resto en 21 Estados (California, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New York, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Texas, Washington, West Virginia y Wyoming). Ademas la RFRA, la federal y/o las estatales, fue citada en 137 (97 en tribunales federales de distrito y 23 en circuitos de apelacion). Por su parte, la RLUIPA fue citada en 552 casos: 488 en los tribunales federales de distrito, 47 en los circuitos de apelacion, asi como los de los 13 Estados siguientes: Arizona, Arkansas, California, Illinois, Indiana, Michigan, New York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Tennessee y Texas. De todos esos casos, 11 tuvieron por objeto la seccion sobre regulacion del suelo de esta ley (apreciando su lento descenso): 8 en tribunales federales de distrito, 2 en los circuitos de apelacion y uno mas en New York. Por su parte, la situacion de los internos en centros penitenciarios aparecio en 427 casos (confirmando asi su paulatino ascenso): 383 en tribunales federales de distrito, 35 en circuitos de apelacion y los estatales de California, Indiana, Pennsylvania, Oregon y Tennessee. De ellos, 76 casos comprendieron las necesidades religiosas de la dieta (religious diet): 75 en tribunales federales de distrito y uno en circuitos de apelacion. Las controversias sobre aseo de los presos llegaron a 42: 35 en tribunales federales de distrito, 5 mas en circuitos y dos en los tribunales estatales de Oregon y Tennessee. Finalmente, por completar el cuadro de este ano, 228 sentencias incluyeron en sus textos la ACA del 2010, 102 mas trataron el same-sex marriage y 194 se ocuparon de la cuestion polemica de los transgenero.

Como es imposible ofrecer una relacion completa de este tipo de casos cuando, como aqui, no se pretende mas que la cronica de los dos ultimos anos, por el momento, a la espera de un estudio mas reposado de la cuestion sobre la Corte Roberts (3), nos contentaremos con indicar los casos resueltos por la USSC, tanto a traves de sus fallos como de ciertos recursos rechazados en los ultimos veinticuatro meses. Las apelaciones (writs of certiorari) no admitidas, en casos directa o indirectamente relacionados con el derecho de libertad religiosa, fueron 28: 17 en el ano judicial 2015-2016 y las 11 restantes en el siguiente (4). Cinco vinieron del noveno circuito y tres mas del decimo; dos del tercero, otros dos del quinto y dos mas del sexto; y uno de cada uno de los circuitos siguientes: segundo, cuarto, septimo, octavo, undecimo, y para el Distrito de Columbia. Un caso le llego a la USSC del circuito federal y otro de la jurisdiccion militar. Los restantes fueron en apelacion de sentencias de tribunales estatales de Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota y New York. El repaso de todos estos recursos revela la evolucion de la jurisprudencia federal y estatal en nuestra materia, al tiempo que ofrecen una interesante radiografia de las controversias sociales, culturales y religiosas que se han ido desarrollando en los Estados Unidos durante estos ultimos anos y que van desde la cobertura de seguro medico de la <<Obamacare>> con la polemica surgida por la inclusion de material contraceptivo, a los matrimonios entre personas del mismo sexo y su validez en los Estados, pasando por esa terapia sobre cambio de orientacion sexual en menores de 18 anos, oraciones en cuerpos legislativos, adaptaciones religiosas como el uso de prendas en el trabajo o de barba en centros penitenciarios, asistencia financiera en escuela religiosa o exenciones fiscales en planes de pensiones, garantias procesales incluyendo medidas sobre honorarios de abogados, discriminacion por razon de orientacion sexual en establecimientos publicos, o libertad de expresion en asuntos religiosos.

En los dos anos judiciales que nos ocupan, la USSC ha resuelto controversias que, por importantes que sean, solo afectan tangencial o marginalmente al derecho de libertad religiosa. Asi, por ejemplo, el alto tribunal ha querido garantizar la defensa de los derechos civiles federalmente reconocidos tanto en los tribunales estatales como en los federales aplicando en unos y otros las mismas reglas sobre los honorarios de los abogados (James v. City of Boise, el 25 de enero de 2016, y CRST Van Expedited Inc. v. EEOC, el 19 de mayo de 2016). Y cuando volvio a plantearsele la oportunidad de entrar en la cuestion de la cobertura de material contraceptivo exigida por la ACA, en relacion a organizaciones religiosas no lucrativas, el Supremo anulo las decisiones recurridas y reenvio los casos a los tribunales de procedencia (Zubik v. Burwell). Esto mismo hizo en el caso del acceso a los banos por menores con problemas de identidad de genero, tras el cambio de normativa en el Departamento de Educacion por la administracion Trump (Gloucester County v. G.G., el 6 de marzo de 2017). Mas decidida se mostro la USSC cuando anulo una ley de Texas que restringia el aborto (Whole Women's Health) o se pronuncio a favor de la consideracion como <<eclesiales>>, bajo una ley federal (ERISA), de aquellos planes de pensiones ofrecidos no por Iglesias sino por hospitales afiliados religiosamente a organizaciones eclesiales, a fin de poder beneficiarse de sus exenciones (Advocate Health Care Network v. Stapleton, el 5 de junio de 2017). El Supremo aposto tambien por la libertad de expresion, aunque su contenido pudiera resultar ofensivo, en un caso de registro de marcas (Matul v. Tam, el 19 de junio de 2017), asi como por la igualdad de trato en un caso de certificado de nacimiento para personas casadas del mismo sexo (Pavan v. Smith, el 26 de junio de 2017). Con todo, los dos casos que mas trascendencia mediatica y repercusiones futuras pueden tener son los que resolvio en este ultimo ano al permitir ayudas publicas en una escuela religiosa por la garantia de libre ejercicio religioso sin violacion del no establecimiento (Trinity Lutheran Church) e intervenir en el asunto de las ordenes presidenciales restrictivas sobre entrada de nacionales de seis paises mayoritariamente musulmanes ante las cuestiones de establecimiento religioso que pudieran estar implicadas en ellas (Trump v. International Refugee y Trump v. Hawaii). En todo caso, y al margen de su mayor o menor importancia, puesto que una cronica no es terreno propicio para comentar sentencias, nos limitaremos aqui a dejar constancia de ellas por materias e incluiremos tambien alguna que otra controversia de interes en la jurisdiccion federal o estatal.

II. SALUD

Zubik v. Burwell, 136 S.Ct. 1557 (2016). El 6 de noviembre de 2015 la USSC garantizo el recurso de apelacion que se le presento en una serie de casos en los que organizaciones religiosas sin animo de lucro (hospitales, universidades o iniciativas asistenciales o caritativas), todas contrarias, por razones de conciencia, a la exigencia de cobertura de material contraceptivo de la ACA (5), habian denunciado la adaptacion religiosa ofrecida por la administracion Obama. Y es que la respuesta ofrecida por el gobierno, intentando encontrar una salida para que pudieran ejercer su objecion religiosa, seguia colocando a esas organizaciones ante un grave dilema moral que quedo esplendidamente trazado en el escrito presentado, entre otros, por la Conferencia episcopal de los Estados Unidos. Despues de afirmar el poderoso interes publico en la viabilidad y continuidad de las FBOs (es decir, <<faith-based organizations>>), en serio peligro como consecuencia de las sanciones a las que se enfrentarian de no cumplir con aquello que su conciencia no permitia (6), asi como de su contribucion al bien comun, los obispos catolicos quisieron ir al fondo del asunto. Frente al intento de banalizacion del acto exigido, el problema que planteaba el ejercicio de la adaptacion religiosa no era el de rellenar un simple impreso o notificar una situacion para poder acogerse a la exencion. La historia de los martires estaba llena de ejemplos en los que los creyentes habian ido a la muerte por negarse a decir unas palabras, firmar un papel o realizar cualquier otro acto contrario a su conciencia, desde San Policarpo de Esmirna ante el emperador a Santo Tomas Moro ante el rey Enrique VIII, pasando por la historia de Eleazar en el libro de los Macabeos (7). El problema nunca habia sido lo que podia o no podia hacer el gobierno, sino lo que a ellos se les exigia, algo que no les era permitido hacer en conciencia porque se harian complices, cooperadores materiales, de un grave pecado con consecuencias inmediatas en el presente y nefastas para la vida eterna. La mima cuestion de ahora como la de entonces era o la obediencia a la conciencia o cargar con sanciones de millones de dolares.

El Supremo, al aceptar el recurso en Zubik, lo limito a la cuestion acerca de si la normativa denunciada ofendia o no el derecho al libre ejercicio religioso de esas organizaciones segun la Religious Freedom Restoration Act de 1993. Los siete casos llegaron del tercer circuito (Zubik v. Burwell y Geneva College v. Burwell), del quinto (East Texas Baptist University v. Burwell), del decimo (Little Sisters of the Poor v. Burwell y Southern Nazarene University v. Burwell), asi como del circuito para el Distrito de Columbia (Priests for Life v. Department of Health & Human Services y Roman Catholic Archbishop v. Burwell) (8). Todos ellos habian mantenido como valida la adaptacion religiosa ofrecida por la administracion, a diferencia de otros dos casos del octavo circuito en los que este tribunal si se habia manifestado en contra de ella como una violacion de la RFRA (Sharpe Holdings, Inc. v. U.S. Department of Health and Human Services y Dordt College v. Burwell) (9). La discusion del caso tuvo lugar el 23 de marzo de 2016, un mes despues de la muerte inesperada del juez Scalia. Una semana mas tarde, el 29 de marzo, la USSC solicito a las partes el envio de escritos adicionales que explicaran como las exigencias del contraceptive mandate pudieran ser cumplidas respetando al mismo tiempo las objeciones religiosas de los demandantes, sin verse implicados en nada mas que su propia decision de ofrecer cobertura sanitaria sin esos productos o servicios contraceptivos. Parecia que lo creia posible cuando se aventuro a ofrecerles un ejemplo de ello. Las partes respondieron en sendos escritos que le hicieron llegar al Tribunal los dias 12 y 20 de abril, evidenciando en el contenido su falta de acuerdo, aunque de algun modo si se percibia un cierto avance. Con todo, el gobierno seguia pensando que la exencion pedida suponia una carga excesiva y las demandantes no veian mas camino que el de la adaptacion para proteger su conciencia. Una y otras se exponian asi a una decision del Tribunal si consiguiera los votos suficientes en uno u otro sentido, lo que no parecia previsible. Y la respuesta esperada llego por fin el 16 de mayo, en Zubik v. Burwell, una sentencia per curiam que anulo sin mas los juicios de los circuitos tercero, quinto, decimo y del Distrito de Columbia, reenviando los casos a estos tribunales y pidiendo que fueran resueltos de modo consistente con esta opinion. La sentencia, sin entrar en el fondo del asunto, pidio a la administracion que siguiera trabajando en la linea de ofrecer a las organizaciones religiosas un modelo que respetara su libre ejercicio religioso, eso si, quedando tambien garantizado el igual acceso de las mujeres al material contraceptivo. Una semana despues, el Tribunal Supremo insistia en lo mismo: a traves de dos ordenes GVR (<<granted-vacated-remanded>>), aceptaba el recurso presentado en un par de casos similares a Zubik, anulaba las decisiones recurridas, y enviaba los casos al segundo (Catholic Health Care System) y sexto circuito (Michigan Catholic Conference) para que fuera resuelta la objecion de esas organizaciones religiosas no lucrativas al mandato de contraception segun lo indicado en Zubik (10). Por su parte, la respuesta del gobierno a esta sentencia llego el 22 de julio cuando las tres agencias federales implicadas en este asunto, el HHS, el IRS, y la EBSA, respetando lo dispuesto por el Supremo en Zubik, a traves de un texto publicado en <<Federal Register>> y a fin de elaborar unas reglas finales sobre esta cuestion, pidieron les fueran remitidas antes del 20 de septiembre sugerencias sobre como ajustar las objeciones de conciencia de las organizaciones elegibles a la cobertura de servicios de contraception (11). Los comentarios superaban los 50.000 en las primeras semanas de enero de 2017 y la administracion tuvo que reconocer su incapacidad de resolver la cuestion. Ya con Trump en la Casa Blanca, el Departamento de Justicia pidio en abril mas tiempo, el 4 de mayo firmo el presidente una orden ejecutiva para que las agencias implicadas de su administracion enfrentaran la solucion al problema de conciencia que planteaba la adaptacion existente y el 23 de ese mes se publico un texto provisional de 125 paginas (12). Y el 6 de octubre la administracion Trump, fiel al compromiso adquirido, aprobo finalmente unas nuevas reglas, concediendo directamente la objecion de conciencia al mandato contraceptivo de la ACA por razones religiosas y morales. Pero es que, pocos dias despues, el 12 de octubre, el presidente firmo un Memorandum promoviendo la eleccion del consumidor en el campo de la salud, un duro golpe a la viabilidad de la ACA. Dos fuentes de controversias futuras.

El 11 de enero de 2016 la USSC, en Cutler v. Department of Health and Human Services, 136 S.Ct. 877 (2016), no quiso entrar en un caso en el que el circuito del Distrito de Columbia habia rechazado la pretension de inconstitucionalidad, como algo contrario a la debida sepracion exigida por la garantia de no establecimiento religioso, de la excepcion religiosa al mandato individual de la ACA para miembros de ciertos tradicionales grupos religiosos como los amish o los menonitas (13). Y el 4 de agosto de 2017 el tercer circuito, en Real Alternatives Inc. v. Secretary Department of HHS, 2017 U.S. App. LEXIS 14361 (3rd Cir., 2007), rechazo la denuncia de discriminacion por el trato excepcional concedido a las organizaciones religiosas sin animo de lucro.

Stormans Inc. v. Wiesman, 136 S.Ct. 2433 (2016). El 28 de junio de 2016 la USSC no quiso entrar en un recurso de apelacion que se le presento frente a una sentencia del noveno circuito que habia resuelto a favor de una comision estatal de Washington (<<Washington Pharmacy Quality Assurance Commission>>) que solo habia permitido una adaptacion religiosa limitada para farmaceuticos que objetaran a la entrega de pildoras contraceptivas del dia despues. La objecion de conciencia no se aplicaria a las farmacias pues pesaba sobre todas la obligacion de dispensar ese farmaco, aunque el dueno no quisiera por esa clase de razones. Sin embargo, un farmaceutico lo que si que podria, por su conciencia religiosa, era negarse a entregarlo siempre que en ese establecimiento hubiera otro para hacerlo (14). Aunque el Supremo rechazo el recurso planteado, el juez Alito no desaprovecho la oportunidad de manifestar su desacuerdo en una opinion disidente a la que se sumaron el Chief Justice Roberts y el juez Thomas. Para Alito estabamos ante un caso claro de hostilidad hacia las creencias cristianas contrarias al aborto y contracepcion del titular de la farmacia (15).

Chamorro v. Dignity Health, Case CGC 15-549626 (CA Super., January 14, 2016). En este otro caso de objecion de conciencia en materia sanitaria, un tribunal estatal de California fallo a favor de un hospital catolico que, fiel a sus creencias, no deseaba practicar a las mujeres ligaduras de trompas por razones contraceptivas. Desde los anos 70 del pasado siglo la Conferencia norteamericana de obispos catolicos habia ido respondiendo a ciertos desafios eticos en el area de la salud a traves de unas directrices aprobadas por su comite de doctrina, la quinta edicion en 2009: Ethical and Religions Directives for Catholic Health Care Services (16). La demandante en este caso era una mujer de 33 anos, Rebecca Chamorro, que pedia al tribunal una orden que obligara al hospital catolico a realizar esa operacion pues, asi entendia, lo contrario supondria una discriminacion de genero prohibida por la Constitucion estatal. El tribunal concluyo que la politica del hospital operaba igual para hombres que para mujeres, negandose a la esterilizacion en ambos casos (17).

Means v. U.S. Conference of Catholic Bishops, 836 E3d 643 (6th Cir., Sept. 8, 2016). Una mujer embarazada de cuatro meses y medio denuncio al hospital catolico y a la Conferencia de obispos por las directrices dadas en la materia, al no haberle ofrecido la oportunidad de terminar su embarazo a pesar de la seria infeccion que le hubiera podido causar infertilidad e incluso su muerte. El sexto circuito desestimo aqui la denuncia frente a la USCCB, dudo que existiera un deber por parte de la Conferencia y de los hospitales de actuar en contra de sus creencias religiosas pero, aun existiendo esa obligacion, en el litigio la demandante no habia probado la presencia de un dano fisico actual que el derecho de Michigan exigia en los casos de responsabilidad por una accion negligente.

Stenehjem v. MKB Management Corp., 136 S.Ct. 981 (2016). El 25 de enero de 2016 el Supremo nego el recurso de apelacion que se le presento contra una decision del octavo circuito que declaro inconstitucional una ley de North Dakota prohibiendo el aborto a partir del momento en el que es detectable el latido cardiaco del feto (18).

Whole Woman's Health v. Hellerstedt, 136 S.Ct. 2292 (2016). El 13 de noviembre de 2015 la USSC acepto a tramite el recurso planteado frente a una ley de Texas que, al regular las condiciones en las clinicas donde se realizaban abortos (que los medicos pudieran acudir a hospitales cercanos o que esas clinicas cumplieran con los requisitos propios de todo centro quirurgico ambulatorio), podria poner en riesgo el ejercicio de ese derecho al aborto ante el cierre de muchas de esas clinicas. La discusion del caso tuvo lugar el 2 de marzo y la respuesta de la USSC llego el 27 de junio cuando anulo la ley estatal en una decision 5 a 3. La opinion mayoritaria corrio a cargo del juez Breyer calificando la normativa de obstaculo sustancial para el libre acceso de la mujer al aborto. Los jueces Kennedy, Ginsburg, Sotomayor y Kagan lo suscribieron. El juez Alito ofrecio una opinion disidente a la que el Chief Justice Roberts y el juez Thomas se sumaron. Pero el Estado de Texas no fue el unico que habia legislado restrictivamente en la materia. Cuando le llegaron al Supremo otras dos leyes similares de Mississippi y Wisconsin, la USSC rechazo al dia siguiente, el 28 de junio, el recurso planteado (19).

Foothill Church v. Rouillard, 2017 U.S. Dist. LEXIS 142325 (ED CA., Sept. 1, 2017). Un tribunal federal de distrito de California fallo en contra de la pretension de tres iglesias que pedian respetar planes de salud para sus empleados conformes a sus creencias religiosas, excluyendo de ellos el aborto. El departamento estatal de salud habia enviado en agosto del 2014 una serie de cartas que exigia a siete aseguradoras privadas eliminar de sus polizas toda clausula que excluyera o limitara esa clase de servicios. Este tribunal federal habia descartado en julio del ano anterior las peticiones que se le habian hecho por las garantias de no establecimiento y de libertad de expresion, dejando a salvo para su examen las de libre ejercicio de la religion e igual proteccion (20). Ahora resolvio que las cartas eran de neutral y de general aplicacion sin verse afectadas, por ello, las garantias de libre ejercicio o de igualdad.

Phillips v. New York, 136 S.Ct. 104 (2015). El 5 de octubre de 2015, la USSC no quiso entrar en un recurso que le llego del segundo circuito en el que este tribunal, confirmando la sentencia recurrida, habia respaldado la exigencia de New York (N.Y. Pub. Health Law [seccion] 2164[7] [a]) sobre vacunacion obligatoria de los ninos en las escuelas publicas; la normativa contemplaba la posilidad de excepciones por razones medicas o religiosas, asi como de ausencias, autorizadas por los funcionarios, de los alumnos exentos de vacunacion durante el tiempo del brote de la enfermedad prevenible por esa vacuna (21). En este caso, unos padres catolicos (a dos de ellos si se les habia concedido la objecion religiosa solicitada y enviado a los menores a casa durante un episodio de varicela, mientras que al tercero--tambien catolico--se le habia denegado) juzgaban que la regulacion estatal contravenia las garantias de igual proteccion, libre ejercicio, proceso justo, asi como de la Novena Enmienda. En realidad, las controversias sobre la exigencia de vacunacion forman parte de un capitulo que ha ido en aumento, a juzgar por los casos siguientes.

Watkins-El v. Department of Education, 2016 U.S. Dist. LEXIS 139860 (ED NY, Oct. 7, 2016). En esta ocasion, el tribunal nego que las objeciones morales, no propiamente religiosas, estuvieran incluidas dentro de la exencion exclusivamente religiosa a la exigencia de vacunacion escolar contemplada en la legislacion estatal de New York. En este caso unos padres musulmanes--con creencias islamicas Moor--no habian podido demostrar que sus objeciones a la vacunacion de sus hijos escolarizados en Queens, por contenerse en esas vacunas ciertas sustancias que no podian consumir, fueran exigencias de su fe.

Flynn v. Estevez, 221 So. 3d 1238 (F1 App., June 27, 2017). Este tribunal estatal de Florida sostuvo aqui que una escuela catolica si podia exigir la vacunacion a todos los alumnos del centro, a pesar de las objeciones religiosas que se pudieran presentar. El argumento para ello fue la doctrina de la autonomia de la iglesia, algo que impide al tribunal civil entrar a definir el catolicismo a fin de precisar si la politica del centro escolar era o no conforme a los principios de esa creencia.

In the Interest of M.H.D., K.S.D., and O.H.D., Case No. 116, 821 (KA App., July 14, 2017). En este caso, un tribunal estatal de primera instancia en Kansas habia privado temporalmente de la custodia de sus hijos a una madre y resuelto que los menores fueran vacunados. La madre presento entonces sus objeciones religiosas, dandole el tribunal el tiempo oportuno para presentar sus alegaciones, tras lo cual decidio seguir adelante con la vacunacion. Fue entonces cuando la madre apelo la decision del tribunal y ahora el de apelaciones rechazo su competencia (22).

In Re the Paternity of: G.G.B.W., a Minor Child, J.B. v. S.W, Case No. 49A04-1611-JP-2474 (IN App., July 26, 2017). En este caso, el tribunal estatal de Indiana fallo a favor del convenio regulador de divorcio por encima de la ley estatal sobre vacunacion de Indiana. El matrimonio en ese convenio habia dispuesto que si fuera exigida la vacunacion de los menores, para poder entrar en una escuela, se procediera a ella. La madre, cuando llego el caso, se opuso a la vacunacion de su hija por razones religiosas, acogiendose a la objecion prevista por la ley de ese Estado. Sin embargo, el padre si deseaba que la menor fuera vacunada a fin de evitar el riesgo que supondria para los hermanos menores. El tribunal dio la razon al padre, resolviendo a favor de la clausula del convenio (23).

In Re Elianah T.-T, 326 Conn. 614 (CT Sup. Ct., Aug. 15, 2017). Aqui el tribunal Supremo de Connectcut anulo el fallo recurrido y dijo que el Estado (<<Commissioner of Children and Families>>) no podia imponer la vacunacion de aquellos menores en custodia temporal cuandos sus padres hubieran manifestado objeciones a ella, en este caso por razones religiosas. Las vacunas, ausente un dano, enfermedad o lesion, no eran tratamiento medico sino preventivo.

Nikolao v. Lyon, 238 F. Supp. 3d 964 (ED MI, Feb. 23, 2017). En esta ocasion una madre catolica de cuatro hijos en edad escolar en un condado de Michigan que no queria, por razones religiosas, vacunarlos, interpuso una denuncia contra el departamento de salud, cuando considero que el modo como se accedia a la objecion solicitada habia violado su derecho al libre ejercicio religioso y habia supuesto una vulneracion de la garantia constitucional de no establecimiento. Una normativa estatal del 2014 exigia, por razones de informacion y para poder acogerse a esa clase de objecion religiosa, que la solicitante expusiera ante una enfermera la religion que profesaba, asi como sus objeciones, entrando en una discusion sobre los beneficios o riesgos que esto supondria para la salud de los menores. En este sentido, el departamento de salud habia elaborado una serie de materiales para que los funcionarios pudieran disuadir a los padres de esa decision, e incluso para contra argumentar las posibles objeciones religiosas que se pudieran plantear. Pues bien, en esas conversaciones con el personal del departamento, se vertiron, segun la demandante, mentiras acerca de su fe catolica y de declaraciones del Papa. Al final si se le concedio la objecion pedida pero no por razones religiosas, sino por otro tipo, tambien permitido en la ley. El tribunal federal de distrito, en contra de las pretensiones de la demandante, nego que la madre hubiera sido forzada a tomar una decision en contra de sus creencias, por muy desagradable que le pudiera haber resultado o por las mentiras vertidas a su parecer durante el proceso seguido, siendo asi que la normativa no desfavorecia ni una ni todas las religiones, sin tener, como principal efecto, el avance o no de la religion.

Magazu v. Department of Children and Families, 473 Mass. 430 (MA Sup. Jud. Ct., Jan. 4, 2016). En este caso, una agencia nego la acogida y/o adopcion de unos ninos a una pareja cristiana que empleaba el castigo corporal como forma de disciplina. La normativa estatal prohibia esa clase de correccion sobre los menores acogidos o adoptados. Los padres aceptaron esa condicion aunque no excluyeron la posibilidad de azotes o medidas similares en la educacion de sus propias hijas naturales. Esto fue lo que provoco el rechazo de su solicitud y los padres lo denunciaron como violacion del libre ejercicio de su religion. El tribunal aqui entendio que el limite sustancial sobre las creencias religiosas de la familia quedaba justificado por la presencia de un poderoso interes publico como era la proteccion del bienestar fisico y emocional de los menores. Meses despues, un tribunal estatal de apelacion de Wisconsin, en State of Wisconsin v. Caminiti, 369 Wis. 2d 223 (WI App., April 7, 2016), condeno a unos padres cristianos que castigaban a sus hijos como abuso fisico intencionado, sin que esa prohibicion pudiera interferir con los derechos de conciencia y libre ejercicio religioso.

State of Oregon v. Hickman, 358 P.3d 987 (OR Sup. Ct., Oct. 8, 2015). En este caso, unos padres de Oregon miembros de un grupo religioso, <<Followers of Christ Church>>, fueron condenados por homicidio involuntario en segundo grado tras la muerte de su hijo David nacido prematuramente y al que, gravemente enfermo, habian dejado morir sin atencion medica a las pocas horas de nacer. Por sus creencias religiosas, lo habian ungido con aceite y rezado sobre el a fin de curarlo. El Tribunal Supremo de Oregon confirmo la sentencia recurrida sin aceptar la pretension de estos padres que buscaban en su defensa la prueba del conocimiento que esa practica, para ellos curativa, produciria la muerte de su hijo para poder ser considerados responsables de ella.

Koch v. Koch, 207 So. 3d 914 (FL App., Sept. 28, 2016). Aqui, un tribunal de apelacion estatal confirmo la orden recurrida del tribunal inferior que, dentro del regimen de visitas acordado en un proceso de divorcio, habia prohibido al padre tratar asuntos religiosos con sus tres hijos durante las dos horas de visita semanal que tenia. Los comentarios del padre, amenazas de castigo y demonizacion de la madre colocaban a los hijos en un estado de ansiedad y grave angustia emocional. De ahi que el bienestar y el interes superior de los menores aconsejaban esa prohibicion.

Calgaro v. St Louis County, 2017 U.S. Dist. LEXIS 79551 (D. MN, May 23, 2017). En esta ocasion, una madre de un menor de 17 anos que no vivia con ella y era independiente economicamente no pudo acceder al historial clinico y educativo de su hijo. El menor habia comenzado a medicarse para un cambio de sexo sin consentimiento de la madre. El joven no habia obtenido ninguna orden judicial de emancipacion, pero un abogado si le habia facilitado una carta en la que se aseguraba estar emancipado legalmente. Y es que en el Estado de Minnesota la emancipacion es un hecho del padre que debe ser apreciado segun las circunstancias del caso, normalmente a juicio de un jurado. En este caso, el menor no podia ser considerado emancipado hasta que una orden judicial lo dispusiera, de ahi que la madre continuara con la custodia legal y fisica del menor. Sin embargo, ante la negativa a facilitarle los informes solicitados, la madre denuncio esta situacion creyendo que, sin proceso justo, se le habia privado de ejercer sus derechos parentales en el cuidado de su hijo. El tribunal federal de distrito en esta sentencia fallo a favor del condado y en contra de las pretensiones de la madre. Y es que aun suponiendo que los demandantes pudieron considerar emancipado al menor, esto no entranaba el fin de los derechos parentales de la madre, algo que solo podria suceder por orden judicial.

Doe v. Christie, 136 S.Ct. 1155 (2016). El 29 de febrero de 2016 el Supremo nego el recurso de apelacion que le habia presentado <<Liberty Counsel>> el 10 de agosto de 2015 contra una decision del tercer circuito favorable a la validez de una ley de New Jersey de 2013 (Bill A3371) por la que a los profesionales de salud no se les permitia asistir a menores de 18 anos que desearan cambiar de orientacion sexual (<<sexual orientation change efforts>>, SOCE) (24). Aunque la ley no imponia sanciones, si que dejaba abierta la via a expedientes disciplinares. Unos doctores cristianos y dos organizaciones denunciaron esa ley como violacion de sus derechos constitucionales de libertad de expresion y religion. Como hiciera antes el noveno circuito con una ley similar de California (25), el tercer circuito mantuvo ahora la ley de New Jersey, aunque con una notable diferencia. Por un lado, confirmo la sentencia recurrida y nego que el libre ejercicio de la religion hubiera sido violado. Pero por otro, si entendio, a diferencia del tribunal de distrito y del fallo del noveno circuito, que habia en juego aqui un tipo de discurso profesional (no conduct sino speech) protegido por la Primera Enmienda. Esa discrepancia de pareceres entre estos dos circuitos sobre la calificacion de la actividad como expresion profesional provoco el recurso sin exito ante la USSC (apelacion rechazada el 4 de mayo de 2015 en King v. Christie, 135 S.Ct. 2048), volviendo a plantear de nuevo el recurso que una vez mas fue rechazado en esta ocasion. Ya sabemos que la administracion Obama, a traves de la Casa Blanca, habia pedido en el mes de abril del 2015 el fin de esta clase de terapias sobre jovenes (26). Por su parte, los democratas introdujeron en el Congreso un proyecto de ley (Therapeutic Prevention Act, HR 2450) al mes siguiente, instando a los Estados a su prohibicion (27). El Distrito de Columbia era el unico que tenia una ley como las de California y New Jersey hasta el 20 de agosto de 2015, fecha en la que el gobernador de Illinois firmo la Youth Mental Health Protection Act, HB 217, aunque no entro en vigor hasta el 1 de enero de 2016. A estos Estados se sumaron ciudades como las de Cincinati en Ohio a primeros de diciembre de 2015, New York el 6 de febrero de 2016, Seattle el 3 de agosto de 2016, o la de Toledo en Ohio el 7 de febrero de 2017, aprobando incluso una prohibicion aun mas amplia para cubrir no solo a los menores sino a toda persona. Mientras tanto, el 15 de febrero de este ano 2017 un tribunal federal de distrito de Illinois, en Pastors Protecting Youth v. Madigan, 237 F. Supp. 3d 746 (ND IL 2017), afirmo que esa ley no era de aplicacion al asesoramiento religioso o pastoral. Y el 1 de mayo de 2017, la USSC volvio a rechazar, en Welch v. Brown, 137 S.Ct. 2093 (2017), un nuevo recurso contra la ley SB 1172 de California, tras una sentencia del noveno circuito que no veia en ella violacion alguna de las garantias constitucionales de libre ejercicio y/o de no establecimiento religioso (28).

Advocate Health Care Network v. Stapleton, 137 S.Ct. 1652 (2017). Los dias 12 y 15 de agosto de 2016 llegaron al Supremo diversos escritos solicitando la revision de un par de casos a fin de esclarecer si la excepcion contenida en la Employee Retirement Income and Security Act (ERISA) de 1974 sobre los planes eclesiales (church plan) de jubilacion era o no de aplicacion a aquellos planes que no eran establecidos por una iglesia en sentido estricto sino por organizaciones de salud afiliadas religiosamente a la iglesia. El caso tenia su importancia por hallarse en juego cerca de tres mil millones y medio de dolares y millones de trabajadores, 750.000 de ellos empleados en hospitales catolicos. En ese primer momento, las controversias sobre las que se pedia al Supremo su intervencion procedian del tercero y del septimo circuito. El 29 de diciembre de 2015, el primero de los circuitos, en Kaplan v. St. Peter's Healthcare System, 810 F.3d 175 (3rd Cir. 2015), habia respondido a la cuestion negativamente, de modo que esos planes, creados por ese sistema particular de salud y no por la diocesis catolica de Metuchen, New Jersey, no disfrutaban de la exencion prevista en la ERISA. Pocos meses despues, el septimo circuito, haciendo una lectura literal de la normativa, llegaba a la misma conclusion en otro caso resuelto el 17 de marzo de 2016: Stapleton v. Advocate Health Care Network, 817 F.3d 517 (7th Cir. 2016). A estos dos casos se unio un tercero con identica respuesta, en esta ocasion en el noveno circuito: Rollins v. Dignity Health, 830 F.3d 900 (9th Cir., July 26, 2016). El 2 de diciembre de 2016 la USSC admitio los recursos de apelacion presentados uniendolos. La discusion tuvo lugar el 27 de marzo de 2017, llegando la sentencia el 5 de junio. La decision, tomada por unanimidad de 8 jueces en un fallo en el que el recien incorporado Gorsuch no tomo parte, anulo las sentencias recurridas juzgando que los planes de jubilacion de esos sistemas de salud propios de organizaciones religiosas afiliadas a las iglesias podian considerarse <<planes eclesiales>> a efectos de la exencion prevista en la ERISA.

III. MATRIMONIO

V.L. v. E.L., 136 S.Ct. 1017 (2016). En esta opinion per curiam del 7 de marzo de ese ano, la USSC anulo una decision del Tribunal Supremo de Alabama que no habia querido reconocer la jurisdiccion de Georgia en un caso de adopcion por una pareja de lesbianas que habian convivido entre 1995 y 2011. Lina de ellas, E.L., concibio por inseminacion artificial tres hijos mientras convivia con su pareja V.L. Las dos mujeres se desplazaron entonces a Georgia donde se le concedio a V.L. la adopcion de esos hijos. Regresaron a Alabama y cuando se rompio esa relacion se busco la custodia compartida y un convenio regulador de visitas, sin que Alabama reconciera esa adopcion. Como puede verse, los hechos ocurrieron antes de que la USSC sostuviera en Obergefell v. Hodges, 135 S.Ct. 2584 (June 26, 2015), decision 5-4 a cargo del juez Kennedy, que las garantias de igual proteccion (equal protection) y de proceso justo (due process) de la Decimocuarta Enmienda consagraban en los Estados Unidos el derecho fundamental de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio (same-sex marriage), respondiendo favorablemente a las dos cuestiones que se le plantearon: todo Estado debia conceder licencia para casarse a personas del mismo sexo y todo Estado debia reconocer esa clase de matrimonio legalmente celebrado en otro Estado.

Pues bien, en relacion a Obergefell, el 7 de abril de 2016 el primer circuito, en In re Conde-Vidal, 818 F.3d 765 (1st Cir. 2016), aplico esta sentencia a Puerto Rico en contra del parecer de una decision previa de un tribunal federal de distrito que no la habia creido vinculante (29). Pero es que esa sentencia del Supremo no supuso mas que el origen de una serie de controversias que llegan hasta el presente. Algunas tan absurdas como la de aquel hombre que pretendio casarse con su ordenador portatil e interpuso una demanda contra el rechazo a concederle la correspondiente licencia para casarse en Kentucky, escrito en el que invoco a su favor la decision del Supremo (30). Aunque mas importantes han sido aquellas en las que las personas del mismo sexo se han sentido discriminadas cuando no se les ha querido ofrecer ciertos servicios publicos relativos a la celebracion de su matrimonio. Aqui los casos se han disparado con todo tipo de hipotesis: desde ceremonias en hoteles (31), tartas de boda, reportajes fotograficos o videograficos del enlace (32), disenos de tarjetas de invitacion o de paginas web de bodas (33), o adornos florales, sin olvidar algun caso de venta de camisetas (34), o inclusion en ferias de granjeros (35), hasta de prestacion de servicios funerarios (36).

El 26 de junio de 2017, la USSC aceptaba entrar en un caso que le llegaba desde Colorado, una vez que su Tribunal Supremo habia rechazado el recurso de apelacion el 2 5 de abril. Se trataba del propietario de una pasteleria que se habia negado a ofrecer una tarta de boda a dos hombres para el dia de su boda: Masterpiece Cake Shop v. Colorado Civil Rights Commission, 137 S.Ct. 2290 (2017). El tribunal estatal de apelacion habia fallado en contra del dueno de ese negocio, sin entender que sus derechos de libre ejercicio religioso y de libertad de expresion hubieran sido conculcados cuando la Comision estatal de derechos civiles le sanciono por violar la legislacion de establecimientos publicos (37). El caso es que otra controversia similar, en este caso no con pasteles de boda sino con flores, se le presento tambien a la USSC solicitando al Tribunal que uniera los dos casos para ofrecer una misma solucion o, al menos, suspendiera su ejecucion hasta resolviera el aceptado. Aqui, en Arlene's Flowers, Inc. v. State of Washington (cert, filed, July 14, 2017), fue la floristeria la que se nego, por razones religiosas, a vender flores para una boda entre personas del mismo sexo. El Tribunal Supremo de Washington tambien dijo aqui que esa decision suponia un trato discriminatorio contrario a la ley (38). Habra que esperar al proximo ano judicial para poder ver la respuesta de la USSC. Tambien se le ha pedido que se pronuncie, en Neely v. Wyoming Commission on Judicial Conduct and Ethics (cert. Filed, August 4, 2017), sobre el caso del juez de Wyoming que, por razones religiosas, rechazaba la celebracion de matrimonios del mismo sexo y que el Tribunal Supremo de ese Estado juzgo que contravenia su codigo de conducta judicial (39).

Dumont v. Lyon, no. 2:17-cv-13080-PDB-EAS (ED MI, filed September 20, 2017). Michigan aprobo unas leyes en el 2015 (House Bills 4188, 4189 y 4190) por las que agencias de servicios sociales, religiosamente afiliadas, pudieran operar como centros de acogida y adopcion. En este caso, dos matrimonios de personas del mismo sexo y un contribuyente del Estado, con la asistencia legal de la ACLU, denunciaron el empleo de criterios religiosos que las agencias hacian en sus decisiones, descartando por su orientacion sexual a familias cualificadas, algo que, a su juicio, violaba las clausulas de no establecimiento y de igual proteccion. Aun es pronto para predecir el recorrido del caso.

Brown v. Buhman, 137 S.Ct. 828 (2017). El 23 de enero de este ano la USSC rechazo el recurso presentado por la familia poligama protagonista del show televisivo <<Sister Wives>> contra la legislacion de Utah que prohibe la poligamia. El decimo circuito habia respaldado la ley estatal (40).

Pavan v. Smith, 137 S.Ct. 2075 (2017). El pasado 26 de junio la USSC, al aceptar el recurso que se le planteo, anulo una decision del Tribunal Supremo de Arkansas a fin de ofrecer a los esposos del mismo sexo igual tratamiento legal que los heterosexuales, reenviando el caso al tribunal inferior para proceder segun los principios asentados en Obergefell. El caso tenia que ver con certificados de nacimiento y es que, segun la ley de Arkansas, solo el esposo, no la esposa, de la mujer que daba a luz figuraba en ese certificado (41). El juez Gorsuch dejo constancia de su desacuerdo con la decision de la USSC y esa logica expansiva de Obergefell en una opinion disidente a la que se le unieron los jueces Thomas y Alito (42).

McQueen v. Gadberry, 507 S.W.3d 127 (MO App., November 15, 2016). En este caso, un tribunal estatal de Missouri, en un poceso de divorcio, sostuvo que los embriones congelados por fecundacion in vitro, a partir del esperma del esposo y de los ovulos de la mujer, eran propiedad del matrimonio, es decir, <<cosas>> que no debian ser tratados como <<personas>>. La esposa deseaba que fuera asi para que se le concediera la custodia sobre ellos a fin de poder implantarselos en orden a un posible embarazo futuro y no tener que contar necesariamente con la autorizacion del esposo, como propiedad comun que era. En cambio, el tribunal estatal penso que esa pretension de la mujer podria vulnerar los derechos del esposo (su privacidad y su derecho a no procrear).

IV. EDUCACION

Gloucester County School Board v. G.G., 137 S.Ct. 1239 (2017). El 6 de marzo de 2017, la USSC reenvio al cuarto circuito, anulando la decision recurrida, un caso de acceso a los banos y vestuarios en la escuela por alumnos con una identidad de genero distinta a la biologica, es decir, un transgenero. El Supremo habia admitido la apelacion el 28 de octubre de 2016 y probablemente se hubiera pronunciado sobre el fondo del asunto si el 22 de febrero de 2017 los Departamentos de Justicia y Educacion, en la recien estrenada administracion Trump, no hubieran acordado revocar la politica anterior de Obama cuya aplicacion, por otra parte, habia quedado paralizada por una orden de un tribunal federal de distrito de Texas en agosto de 2016 (43). Pues bien, la interpretacion que hacia la administracion Obama del Titulo IX de las Education Amendments de 1972, coherente con su accion en otras areas como las relaciones laborales, el campo de la salud o del ejercito (44), exigia en este caso que los alumnos, para evitar cualquier discriminacion por razon de sexo, pudieran acceder a esos banos y vestuarios escolares segun su identidad de genero, una cuestion que suscito una extraordinaria polemica durante esos anos desde que quedara abiertamente manifiesta la postura de la administracion en una carta del departamento de educacion fechada el 7 de enero de 2015 (45). El caso es que esas directrices, con el cambio habido en la Casa Blanca, fueron anuladas por las nuevas (46) provocando un cambio en las circunstancias del caso sobre el que debia pronunciarse la USSC, razon por la que decidio anular la sentencia recurrida y reenviar el caso al tribunal de apelacion para que resolviera segun esa nueva politica de la administracion con instrucciones muy precisas desde el mes de junio de 2017 a fin de evitar hostilidad en la escuela hacia esos alumnos (47). El cuarto circuito se pronuncio el 2 de agosto de este ano en Grimm v. Gloucester County School Board, 2017 U.S. App. LEXIS 14158 (4th Cir. 2017). Aqui este tribunal de apelacion resolvio reenviar tambien el caso al tribunal federal de distrito de Virginia para ver si se podia cerrar, tras el cambio de direccion. En este litigio recordemos que una junta escolar de un condado de ese Estado habia exigido que los alumnos usaran los banos que correspondieran a su sexo biologico, no a su identidad de genero, corrigiendo asi ciertas adaptaciones que habia autorizado uno de sus institutos. Esa medida fue denunciada por Gavin Grimm, el alumno transgenero al que, nacido nina, se le habia permitido el acceso al bano de los chicos de su high school, como discriminacion contraria a la igualdad exigida por el Titulo IX de la ley federal de educacion asi como por la garantia constitucional de igual proteccion. El cuarto circuito le dio la razon el 19 de abril de 2016 en G.C. v. Gloucester County School Board, 822 E3d 709 (4th Cir. 2016), siguiendo la interpretacion que ofreciera el 7 de enero de 2015 la oficina de derechos civiles del Departamento de Educacion, segun la cual cuando una escuela decidiera separar sus estudiantes por razon de sexo, como seria el caso del acceso a los banos, los alumnos transgenero deberian ser tratados segun su identidad de genero. Pues bien, al mes siguiente de la sentencia del cuarto circuito, el 13 de mayo de 2016, los Departamentos de Justicia y Educacion ofrecieron una guia a seguir por escuelas y universidades a fin de garantizar los derechos civiles de los estudiantes transgenero en la misma direccion (48). La reaccion no se hizo esperar y el 25 de mayo once Estados (Alabama, Arizona, Georgia, Louisiana, Maine, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia, Wisconsin) demandaron a la administracion Obama por la interpretacion que hacia del Titulo IX de la ley de ensenanza y del Titulo VII de la Rights Civil Act de 1964 en materia de trabajo en State of Texas v. United States, Case 7:16-cv-00054-0 (Filed May 25, 2016) (49). Pero, volviendo ahora al caso de Virginia, el departamento escolar no se conformo y quiso reabrir el caso en banc, algo que volvio a ser rechazado el 31 de mayo, razon por la que se pidio intervenir a la USSC.

Whitaker v. Kenosha Unified School District, 858 F.3d 1034 (7th Cir., May 30, 2017). Antes de que se pronunciara en agosto el cuarto circuito sobre la cuestion del acceso a los banos por los estudiantes transgenero, tras el reenvio del caso por la USSC en Gloucester, el septimo circuito en un caso similar dijo a finales de mayo que a un alumno de Wisconsin de 17 anos, y con una identidad de genero distinta a la de su nacimiento, se le debia permitir el acceso a los banos de los chicos, pues lo contrario supondria un dano irreparable en el proceso de transicion del alumno y para su bienestar emocional. El tribunal no tuvo en cuenta el derecho de privacidad o intimidad de los otros alumnos, llegando a afirmar tal cual que la presencia del transgenero no entrana mas riesgo para sus companeros que la de un chico del mismo sexo demasiado curioso que quisiera echar un vistazo a sus colegas. Y precisamente este es el argumento en el que se baso la demanda interpuesta por un alumno de una high school de Pennsylvania denunciando la politica escolar al permitir a estudiantes transgenero la entrada a su bano y vestuario. En Doe v. Boyer-town Area School District, Case No. 17-1249 (ED PA, filed, March 21, 2017), el demandante, Joel Doe, nos habla de verguenza, de violacion de privacidad, de intimidad, de humillacion, degradacion, o perdida de dignidad, cuando se encontro compartiendo vestuario con un individuo parcialmente desnudo que era anatomicamente una mujer (50). Pues bien, el 25 de agosto el tribunal federal de distrito, cuando se habian sumado a la posicion demandante otros tres menores, en Doe v. Boyertown Area School District, 2017 U.S. Dist. LEXIS 137317 (ED PA, August 25, 2017), nego la orden solicitada por ellos a fin de evitar esa politica escolar por mas tiempo. El tribunal no creyo que su dano fuera irreparable y no aprecio un derecho constitucional de privacidad tan amplio como pretendian.

Payne v. University of Southern Mississippi, 137 S.Ct. 475 (2016). El 14 de noviembre de 2016 la USSC no admitio el recurso presentado ante una decision del quinto circuito que mantuvo el fallo recurrido de un tribunal federal de distrito de Mississippi para el que la garantias constitucionales de la Primera Enmienda free speech y free exercise) no impedian la sancion disciplinaria impuesta a un profesor de una universidad publica por sus expresiones religiosas, cristianas, en el ejercicio de sus deberes como profesor (51). Y ese mismo dia, en COPE v. Kansas State Bd. of Educ., 137 S.Ct. 475 (2016), la USSC tampoco quiso entrar en otro caso en el que el decimo circuito habia fallado a favor del curriculo escolar de ciencias en secundaria sin ver en el nada contrario a la garantia constitucional de no establecimiento, no obstante las objeciones poco convincentes, a juicio del tribunal, del demandante de querer promover con ello una cosmovision no religiosa (52).

Kennedy v. Bremerton School District, 2017 U.S. App. LEXIS 16106 (9th Cir., 2017). El 23 de agosto de este ano, el noveno circuito nego la peticion presentada por un entrenador de futbol americano de una high shool de Washington que, desafiando la politica del distrito escolar, se arrodillaba y rezaba tras los partidos en la linea de las 50 yardas del campo. Este tribunal de apelacion confirmo la decision recurrida y dijo que el entrenador, como funcionario publico que era, no podia expresarse en ese momento de un modo contrario al requerido por la escuela.

Trinity Lutheran Church of Columbia, Inc. v. Comer, 137 S.Ct. 2012 (2017). El 26 de junio de 2017, tras la discusion del caso el 19 de abril, la USSC en una sentencia 7 a 2 fallo a favor de la iglesia luterana demandante a la que el Estado de Missouri, a traves de su departamento de recursos naturales, le habia negado la ayuda pedida, dentro de un programa secular de subvenciones, para revestir el patio de recreo de su guarderia y escuela infantil con material extraido de neumaticos desechables. El Estado sostenia que la <<Enmienda Blaine>> de su Constitucion (Articulo I, Seccion 7 por la que no pueden destinarse fondos publicos a la <<ayuda de alguna iglesia, seccion o denominacion religiosa>>) no permitia esa clase de asistencia financiera directa cuando la beneficiaria fuera una iglesia. Y el octavo circuito le habia dado la razon sin ver en la citada Enmienda, ni en la decision tomada, nada contrario a las garantias constitucionales de libre ejercicio religioso, no establecimiento de la religion o de igual proteccion de la Primera y Decimocuarta Enmiendas (53). La opinion mayoritaria del Tribunal fue redactada por su presidente, el Chief Justice Roberts, al que se unieron plenamente los jueces Kennedy, Alito y Kagan. Tambien lo hicieron los jueces Thomas y el recien incoporado Gorsuch, salvo en una nota a pie de pagina de la opinion mayoritaria que parecia limitar el resultado al caso presente. Por eso ofrecieron cada uno su propia opinion, uniendose reciprocamente el uno al otro, concurriendo en parte y defendiendo el libre ejercicio religioso de la parte demandante. Pues bien, para la mayoria, la politica del departamento estatal suponia una discriminacion clara que solo obedecia al caracter religioso del destinatario de la ayuda. La iglesia, miembro de la comunidad, no pedia directamente ninguna ayuda para si sino solo participar en un programa secular de subvenciones sin verse excluida del mismo por su caracter religioso. Esa decision del gobierno exigia la aplicacion del mas estricto escrutinio que no superaba. No lo vieron asi las jueces Sotomayor y Ginsburg. La primera dejo constancia de su oposicion en una larga opinion disidente de 27 paginas a la que se unio la juez Ginsburg. Para ella, la USSC se apartaba de todo precedente e historia en las relaciones entre Iglesia y Estado, invalidando las medidas constitucionales de 39 Estados y reconociendo por primera vez que el gobierno si podia destinar fondos publicos a las iglesias. Al dia siguiente del fallo del Supremo, este mismo Tribunal reenvio cuatro casos de ayuda escolar pendientes de revision a los tribunales inferiores para que procedieran segun lo dispuesto en Trinity Lutheran Church: cuatro de esos casos venian de Colorado y uno de New Mexico (54). Y una de las primeras aplicaciones federales de la sentencia del Supremo tuvo lugar el 25 de julio cuando un tribunal de Michigan, en Council of Organizations and Others for Education About Parochiaid v. State of Michigan, Case No. 17-000068-MB (MI Ct. CL, July 25, 2017), sostuvo que la decision no se podia aplicar a la prohibicion neutral de financiacion de escuelas privadas. En este caso, el legislador estatal habia asignado una partida de dos millones y medio de dolares para que las escuelas privadas pudieran cumplir con las exigencias estatales y fue entonces cuando una orden judicial paralizo esta decision. Ahora este tribunal federal no veia ninguna razon para levantar esa orden a pesar de la sentencia reciente de la USSC, pues la medida prevista en el Articulo 8, seccion 2 de la Constitucion estatal, era de neutral y general aplicacion, sin expresa discriminacion (55). Y el 6 de octubre de 2017, el Supremo de Vermont tuvo en cuenta esta decision de la USSC, Trinity Church Lutheran (2017), en un caso de subvencion municipal destinada a la rehabilitacion de un edificio historico que era una iglesia (la <<United Church of Cabot>>): Taylor v. Town of Cabot, 2017 VT 92, 2017 Vt. LEXIS 114 (VT, Oct. 6. 2017).

CBM Ministries of South Central Pennsylvania v. Richards, 2017 U.S. Dist. LEXIS 151305 (MD PA, September 19, 2017). En este caso, el tribunal federal sostuvo la regulacion estatal de Pennsylvania sobre inspeccion de autobuses de la escuela empleados para el traslado de alumnos de centros publicos en programas escolares de tiempo libre (release time programs). Estos programas de un maximo de 36 horas al ano permitian asistir a los estudiantes que asi lo desearan, con la autorizacion de sus padres y durante el dia escolar, a clases de biblia que eran impartidas en iglesias y centros comunitarios cercanos a la escuela. Este tribunal mantuvo ahora la normativa como neutral y de general aplicacion sin violar la garantia de libre ejercicio invocada por la organizacion cristiana no lucrativa que denuncio la normativa.

V RLUIPA: PRESOS Y URBANISMO

La RLUIPA del 2000, 114 Stat. 803, 42 U.S.C. [seccion] 2000cc et seq., fue aprobada tras ser anulada la aplicacion estatal de la RFRA de 1993 en City of Boeme (1997). El fin era ofrecer mayor proteccion federal y estatal al libre ejercicio de la religion en dos areas de especial necesidad: regulacion urbana (seccion 2) y normativa penitenciaria o de otras instituciones que tuvieran internos (seccion 3). En estos casos se debia operar un equilibrio de intereses (ibalancing test o Sherbert test, seguido en Sherbert 1963 y Yoder 1972 pero no en Smith 1990): para que un ejercicio religioso pudiera ser limitado sustancialmente (substantial burden), el gobierno--federal, estatal, o local--deberia demostrar que lo exigia asi un poderoso interes publico (compelling state interest), siendo esta la medida menos restrictiva posible (least restrictive means).

Andon v. City of New Port News, 813 E3d 510 (4th Cir., February 9, 2016). El cuarto circuito fallo a favor de la junta de urbanismo de una ciudad de Virginia que habia rechazado la peticion de modificar el uso del suelo para permitir una Iglesia en el. Al confirmar la decision recurrida, el tribunal de apelacion no juzgo que el libre ejercicio de la religion garantizado por la RLUIPA se hubiera visto afectado cuando la negativa municipal no suponia una carga sustancial si los demandantes no tuvieron una expectativa razonable de uso religioso como Iglesia de esa propiedad, mas bien lo contrario, al ser advertidos, cuando presentaron la peticion de cambio, que la solicitud no seria concedida por no cumplir uno de los requisitos legales, de ahi que asumieran ya entonces un posible resultado desfavorable.

Livingston Christian Schools v. Genoa Charter Twonship, 858 F.3d 996 (6th Cir., June 2, 2017). Una escuela cristiana decidio cambiar de lugar y situarse en el terreno de una iglesia en otra ciudad de Michigan con la que firmo un contrato de arrendamiento. Fue entonces cuando la ciudad notifico a la escuela arrendataria que debia contar con una licencia de uso especial antes de empezar a operar como escuela. La iglesia arrendataria solicito entonces de la junta de urbanismo la oportuna licencia que le fue denegada y la escuela lo denuncio como contrario a la garantia de libre ejercicio religioso bajo la RLUIPA. El tribunal federal de distrito le dio la razon a la ciudad y el sexto circuito confirmo esa decision recurrida al negar que la ciudad hubiera impuesto una carga sustancial sobre el libre ejercicio de la escuela por no haber probado que el lugar en el que se encontraba la escuela antes fuera inadecuado o que no hubiera otra posible alternativa en la nueva ciudad. Es mas, si la negativa municipal le ocasiono a la escuela retrasos, gastos e incertidumbres fue en gran medida por causa suya al haber arrendado su propiedad una vez iniciado el litigio.

Tree of Life Christian Schchols v. City of Upper Arlington, 823 F.3d 365 (6th Cir., May 18, 2016). El sexto circuito, corrigiendo el fallo recurrido, dijo que una ciudad de Ohio podia haber discriminado, en contra de la clausula legal de <<equal terms>> de la RLUIPA, a una escuela religiosa cuando le habia negado la licencia pedida para cambiar el uso del suelo en una zona comercial. La ciudad justifico su negativa por el interes municipal de maximizar sus ingresos fiscales, sin embargo la ley urbana si permitia a otras entidades no religiosas sin animo de lucro como hospitales o centros de atencion ambulatoria, en similares circunstancias, establecerse en esa zona. Por eso el tribunal de apelacion reenvio el caso al inferior para resolver si habia habido o no discriminacion.

Affordable Recovery Housing v. City of Blue Island, 860 F.3d 580 (7th Cir. June 21, 2017). Una organizacion, dedicada a la atencion, residencia y recuperacion de hombres adultos con problemas de drogadiccion y alcoholismo, convencio a unas monjas catolicas en una ciudad al sur de Chicago para que les dejaran alojarse en sus propiedades a cambio de una renta. La ciudad exigio que, para ocupar los edificios, debian instalar en las habitaciones aspersores contra incendios, la organizacion no lo hizo y los residentes se vieron forzados a abandonar el lugar. Entonces fue cuando la demandante denuncio sin exito que esa medida habia violado su libre ejercicio religioso, tanto bajo la Illinois RFRA como bajo la RLUIPA, pues la expulsion de los residentes habia obedecido en su momento a una preocupacion sobre su seguridad y, en relacion a la RLUIPA, no se exigio finalmente el requisito contra incendios en las habitaciones (una regla de urbanismo cuyo cumplimiento podria condicionar el uso del edificio) tras la obtencion del permiso del establecimiento como casa de rehabilitacion con una altura menor de cuatro pisos.

Harbor Missionary Church v. City of San Buenaventura, 642 Fed. Appx. 726 (9th Cir., March 14, 2016). El noveno circuito anulo el fallo recurrido y determino que el libre ejercicio religioso de esta iglesia, ocupada en el cuidado y atencion de los sin techo como parte integral de su religion, habia sido sustancialmente limitado al negarles la ciudad la licencia solicitada por los gastos ocasionados, la incertidumbre creada y el retraso sustancial. Ademas, para este tribunal, el interes de la ciudad en la prevencion del crimen y en garantizar la seguridad podria ser importante, pero este no justificaba que el tribunal de distrito hubiera concluido sin mas analisis que la denegacion de la licencia fuera la medida menos restrictiva para lograr ese poderoso interes.

Mesquite Grove Chapel v. DeBonis, 633 Fed. Appx. 906 (9th Cir., Dec. 18, 2015). El noveno circuito confirmo la decision recurrida en un caso en el que a una mezquita el inspector y la junta de urbanismo le habia negado la licencia solicitada por no entrar dentro de la definicion urbana de iglesia. El Tribunal de apelacion nego que la carga impuesta sobre la mezquita, el cambio de lugar o la necesidad de presentar una solicitud modificada, fueran sustanciales, cuando no habia prueba que otra zona fuera inadecuada.

Martin v. Houston, 196 F. Supp. 3d 1258 (M.D. Ala., June 25, 2016). Un pastor cristiano ocupado en la rehabilitacion de delincuentes sexuales varones consideraba su mision religiosa recibir a esas personas en una parcela de su propiedad adyacente a su iglesia e imponerles unas reglas de convivencia a fin de facilitar su recuperacion y reinsercion. El legislador de Alabama (Chilton County Anti-Clustering Law, HB 556) en 2014 decidio intervenir prohibiendo, en el condado de Childton, que esa clase de convictos ni residieran en la misma casa ni lo hicieran a menos de 90 metros (300 pies). Esto hacia imposible la mision del pastor. La medida fue denunciada como un acto contrario a su libre ejercicio religioso bajo la RLUIPA y un tribunal federal de distrito entendio que la normativa entraba dentro de la esfera de la ley federal del 2000 (como zoning law que era) y que se habia producido en el caso una limitacion sustancial de su libre ejercicio al forzarle a dejar su ministerio. La ley fue derogada finalmente el 30 de agosto de 2016.

Milosavlejevic v. City of Brier, 2017 U.S. Dist. LEXIS 145012 (WD Wash., Sept. 7, 2017). En este caso, un tribunal federal de Washington dijo que una ciudad de este Estado no habia violado la RLUIPA cuando nego al demandante el permiso para construir en su propiedad una capilla ortodoxa con dos cupulas de casi catorce metros. El tribunal dijo que el libre ejercicio del demandante no habia sido lesionado de forma sustancial cuando tenia a su disposicion lugares alternativos de oracion y la ciudad no le impedia rezar en ellos o en su casa.

Immanuel Baptist Church v. City of Chicago, 2017 U.S. Dist. LEXIS 154965 (ND 111., September 22, 2017). Una iglesia baptista de Chicago que no habia podido comprar un edificio para sus servicios, denuncio la validez de la ordenanza municipal sobre aparcamiento que se le aplicaba. La iglesia pedia ser tratada como una biblioteca y la ciudad se lo nego. Para el tribunal esa diferencia de trato respondia a la situacion distinta de una y otra, sin que se viera afectada la clausula de <<equal terms>> de la RLUIPA, aunque si dejaba abierta la puerta para que la demandante retomara el argumento de esta reclamacion, una vez corregida.

In the Matter of the Application of Bonnie Septimus v Board of Zoning Appeals for the Incorporated Village of Lawrence, 22 N.Y.S.3d 815 (NY Sup. Ct., Dec. 16, 2015). En este caso una sinagoga que queria ampliar sus servicios se encontro con la negativa del vecindario por los problemas de trafico que ello podria suponer. Cuando la sinagoga quiso ampliar su edificio, el departamento local de urbanismo levanto las restricciones que habia puesto anteriormente al uso diario bajo una serie de condiciones: se lo concedio por el periodo de un ano, reevaluable al ano siguiente. El tribunal encontro esta decision del ente local como la medida menos restrictiva para alcanzar el poderoso interes gubernamental en mantener el orden de la zona residencial. De ahi que el Supremo de New York rechazara la peticion de Septimus contra la decision local.

Bruce v. Samuels, 136 S.Ct. 627 (2016). El 12 de enero de 2016 la USSC resolvio por unanimidad una controversia que tuvo que ver con una de las secciones de la Prison Litigation Reform Act (PLRA), 28 U.S.C. [seccion] 1915. La ley fue aprobada por el Congreso en 1996 a fin de reducir el numero creciente de litigios federales por parte de la poblacion reclusa. Desde 1892, Act of JULY 20, ch. 209, 27 Stat. 252, todo ciudadano norteamericano puede acceder a los tribunales de los Estados Unidos aunque su pobreza le haga imposible costear los gastos. Es lo que se conoce como una accion informa pauperis (IFP). Aplicado a los presos sin dinero suficiente, la ley les permite no pagar previamente las tasas o abonar solo ciertos gastos. El caso es que la PLRA introdujo tambien aqui limitaciones cuando el preso habia iniciado varias acciones. El contenido y alcance de estas medidas ha llegado a la USSC en los dos ultimos anos y de su respuesta dependen muchos casos relativos al libre ejercicio de la religion de los presos bajo la RLUIPA. En primer lugar, bajo la seccion de la PLRA, 28 U.S.C. [seccion] 1915(g), conocida como los three strikes (no confundir con las leyes que aumentan las condenas en caso de reincidentes tras el tercer delito, las three strikes laws), para que un preso pueda acogerse al IFP, de tener varios procesos en curso, no le deben haber desestimado la accion civil, mientras estaba encarcelado o detenido, en tres o mas ocasiones previas, por su caracter frivolo o malicioso, salvo peligro inminente de grave dano fisico. Los circuitos no se ponian de acuerdo sobre si la desestimacion de un caso, cuando aun estaba en apelacion, entraba tambien dentro del computo de los tres. A diferencia de la mayoria de los circuitos y como antes hiciera el septimo en el 2002 (56), el sexto dijo que si en el ano 2013 (57) y la USSC, en opinion del juez Breyer para un tribunal unanime, confirmo esa decision el 18 de mayo en Coleman v. Tollefson, 135 S.Ct. 1759 (2015). En segundo lugar, la otra cuestion del IFP tenia que ver con el limite mensual del 20% a la hora del pago de las tasas. Segun la PLRA, 28 U.S.C. [seccion] 1915(b), la accion in forma pauperis impone el pago de una parte del gasto en el momento de la presentacion de la demanda y fija los pagos ulteriores hasta satisfacer el total en el 20% de los ingresos mensuales del preso. Pero, ?y si el preso se encuentra inmerso en diversos casos o apelaciones? No estaba muy claro si ese tope maximo debia aplicarse sobre el total de sus ingresos con independencia del numero de casos (perprisoner approach), por lo que nunca sobrepasaria el 20%, o si este limite se debia poner por cada litigio que mantuviera (per-case approach), es decir, llegando al 40% si tiene dos, al 60% si son 3 y al 100% de haber procedido en cinco ocasiones. No habiendo acuerdo entre los circuitos, el del Distrito de Columbia se inclino por el de aplicacion por casos, siguiendo el parecer de los circuitos quinto, septimo, octavo y decimo (58). El caso afectaba a cinco presos federales. La USSC acepto el recurso de apelacion el 15 de junio de 2015, discutio el caso 4 de noviembre y lo resolvio el 12 de enero del ano siguiente por medio de una sentencia redactada por la juez Ginsburg confirmando la sentencia recurrida, inclinandose entonces por el criterio de aplicacion del limite no sobre el total de los ingresos del preso sino por litigio, por casos.

Ross v. Blake, 136 S.Ct. 1850 (2015). El 11 de diciembre de 2015 la USSC resolvio por unanimidad un caso sin relacion directa con el libre ejercicio religioso de un preso, aunque con repercusiones sobre litigios de esta naturaleza. Y es que, segun la PLRA, para que un preso pudiera interponer una demanda judicial debia haber agotado previamente la via administrativa. Pues bien, en la decision recurrida que corregia la solucion del tribunal de distrito, el cuarto circuito habia fallado a favor del preso al considerar satisfecha esa exigencia legal en <<circunstancias especiales>> cuando el demandante razonable, pero erroneamente, creia haberla agotado. La juez Kagan, encargada de redactar la decision del Tribunal, reacciono contra esta lectura que hacia el de apelacion como algo inconsistente con el texto e historia de la ley federal por lo que anulo el fallo recurrido. Ahora bien, el preso no necesita agotar esa via previa cuando el remedio administrativo no le fuera disponible. Los jueces Breyer y Thomas concurrieron parcialmente y el ultimo en el juicio. El caso fue reenviado al cuarto circuito para proceder segun lo dispuesto.

Ben-Levi v. Brown, 136 S.Ct. 930 (2016). El 29 de febrero de 2016 la USSC rechazo el recurso presentado en un caso en el que el cuarto circuito habia respaldado la politica penitenciaria de North Carolina que exigia la presencia de al menos diez reclusos, o de un rabino, para poder formar un grupo de estudio biblico en la prision. La cuestion es que a otros grupos religiosos no se imponia un numero minimo de miembros o un voluntario de fuera. Al tomar esta decision parece que el departamento de prisiones habia tenido en cuenta la doctrina religiosa del judaismo. El juez Alito manifesto su desacuerdo con esta decision del Supremo y no entendia como habia sido posible negar al preso lo pedido basandose en la inadecuada comprension de su propia religion, algo que segun los tribunales inferiores no habia lesionado su libre ejercicio religioso. Las pruebas demostraban justo lo contrario, sin que el departamento estatal hubiera podido probar un legitimo interes penitenciario para tratar los presos judios con mayor rigor que los internos de otras religiones.

Knight v. Thompson, 136 S.Ct. 1824 (2016). El 2 de mayo de 2016 la USSC no quiso entrar a examinar un caso en el que el undecimo circuito habia respaldado la decision de un centro penitenciario de Alabama que, aplicando la normativa sobre aseo, habia prohibido a presos nativos americanos llevar el pelo largo, aunque ello fuera por razones religiosas. Si podia ser verdad que el libre ejercicio de la religion de esos presos hubiera sido limitado de modo sustancial, tambien era cierto que el departamento estatal habia probado la existencia de un poderoso interes estatal por razones de seguridad, disciplina y aseo, permitiendo una excepcion de cabello corto como un medio menos restrictivo para lograr ese interes. No constaba en el caso discriminacion de trato entre presos segun su raza o religion.

Ali v. Stephens, 822 F.3d 776 (5th Cir., May 2, 2016). A un preso musulman de Texas el quinto circuito, confirmando la decision recurrida, permitio, en ejercicio de sus derechos religiosos bajo la RLUIPA, el uso de barba de 10 centimetros asi como de su gorro kufi en el centro penitenciario. El departamento estatal de Texas no habia podido demostrar que su politica penitenciaria en esta materia, con esa prohibicion sobre la barba de los presos, fuera la medida menos lesiva para garantizar un poderoso interes estatal en combatir contrabando o evitar gastos; y en relacion al kufi, no pudo probar que la prohibicion fuera la medida menos restrictiva para lograr la identificacion correcta del preso.

Knowles v. Pfister, 829 F.3d 516 (7th Cir., July 13, 2016). El septimo circuito anulo aqui una decision de un tribunal federal de distrito de Illinois permitiendo ahora a un preso neopagano Wicca llevar alrededor del cuello un medallon de una pulgada con una estrella plateada de cinco puntos en su interior. El centro penitenciario se lo habia confiscado y ahora este tribunal de apelacion concedia su uso, equiparando ese simbolo a la cruz de los cristianos.

United States v. Secretary, Florida Department of Corrections, 828 F.3d 1341 (11th Cir., July 14, 2016). El undecimo circuito defendio, bajo las exigencias de la RLUIPA, la entrega de comida Kosher a presos de Florida que la solicitaran por sus sinceras creencias religiosas sin que su negativa pudiera considerarse la medida menos restrictiva para lograr el interes estatal de contencion de gastos cuando el Departamento federal de prisiones y otros Estados si que ofrecian esa clase de comida a los presos, o cuando el departamento estatal si proporcionaba otras dietas vegetarianas o terapeuticas con costes similares.

Crowder v. Lariva, 2016 U.S. Dist. LEXIS 122966 (SD IN, Sept. 12, 2016). Un tribunal federal de Indiana, en un caso en el que a un preso judio no se le autorizo dieta Kosher, sostuvo que, como preso federal que era, tenia una accion de reparacion y resarcimiento de danos mas amplia bajo la RFRA de 1993 que bajo la RLUIPA del 2000.

Hauseur v. Clark, 2017 U.S. Dist. LEXIS 13372 (ED CA, January 31, 2017). Un tribunal federal de distrito de California sostuvo que los presos de su Estado, ademas de las garantias reconocidas en la RFRA y RLUIPA, podrian tambien recurrir en sus demandas de libre ejercicio religioso a una ley estatal (California Bane Act, Civil Code Sec. 52.1) a fin de lograr una indemnizacion o reparacion del dano causado cuando hubiera existido amenaza, intimidacion o coaccion. En este caso, un preso judio, que habia denunciado los criterios sobre dieta Kosher y la negativa de ciertos servicios religiosos, habia sufrido amenazas por parte de los funcionarios de la prision de seguir negandole esos servicios si no retiraba sus denuncias. Un juez federal no quiso aplicar la normativa estatal de la Bane Act por no haber alegado el preso violencia o amenaza de violencia. En cambio, este tribunal federal juzgo suficientes las amenazas y coacciones sufridas.

Brown v. Bureau of Prissons, 2017 U.S. Dist. LEXIS 50227 (D CT, March 31, 2016). Un tribunal federal de Connecticut permitio a una mujer encarcelada, devota musulmana, que procediera bajo la RFRA en su denuncia contra el departamento de prisiones en un caso en el que habia sido cacheada por un funcionario masculino sin circunstancias especiales que asi lo exigieran. Una de las escasas denuncias de mujeres en centros penitenciarios. El caso fue desestimado por este tribunal federal por falta de claridad en la ley a aplicar a estas controversias cuando ni el Tribunal Supremo ni el de apelacion o circuito habia resuelto si ese cacheo estaba o no permitido. Si no era clara la solucion, mientras tanto, los funcionarios gozaban de inmunidad cualificada, debiendo asi ser desestimada la demanda.

McLenithan v. Williams, 2016 U.S. Dist. LEXIS 45290 (D OR, April 4, 2016). Un tribunal federal de distrito de Oregon rechazo aqui las denuncias de violacion de libre ejercicio e igual proteccion bajo la RLUIPA de un preso al que se le habia negado el acceso a una dieta Kosher. Se trataba de un adventista del septimo dia que practicaba el judaismo como segunda religion. El posible coste que supondria abrir esa clase especial de dieta religiosa a presos no judios justificaba el poderoso interes en limitar dicho alimento solo a los judios, ofreciendo en cambio a esos otros un tipo de comida diferente como medida menos restrictiva.

VI. ORACIONES LEGISLATIVAS

American Humanist Association v. Birdville Independent School District, 137 S. Ct., no. 17-178 (filed July 31, 2017). El 31 de julio de 2017 le llego a la USSC el recurso de apelacion presentado en un caso en el que el quinto circuito acababa de respaldar en mayo la practica de un departamento escolar que invitaba a comenzar sus reuniones con presentaciones de estudiantes que, con frecuencia, incluian oraciones o plegarias. Para la solucion del caso no siguio la doctrina sobre oracion escolar sino la de las oraciones legislativas, segun el precedente del Supremo en Town of Grace v. Galloway (2014). La presencia de los estudiantes no transformaba el caso en uno de oracion escolar pues la mayoria de los asistentes en esas reuniones eran adultos, las plegarias tenian lugar en el momento introductorio o ceremonial de la reunion y la peticion de levantarse no coaccionaba a la oracion (59).

Bormuth v. County of Jackson, 2017 U.S. App. LEXIS 17174 (6th Cir., Sept. 6, 2017). El sexto circuito se pronuncio en banc a favor de la validez constitucional de ciertas invocaciones religiosas, practicamente todas ellas cristianas, tenidas en la junta de representantes de un condado de Michigan por sus miembros elegidos, mas que por un capellan o clerigo invitado, sin que ello supusiera ninguna amenaza a la garantia de no establecimiento religioso. En ningun caso se trataba de un acto en el que hubiera habido coaccion o se estuviera respaldando una cierta religion, siendo muy diversas las confesiones cristianas de los miembros de la junta que alli habian participado.

VII LIBERTAD DE EXPRESION RELIGIOSA

American Freedom Defense Initiative v. King County, Washington, 136 S.Ct. 1022 (2016). El 7 de marzo de 2016 la USSC rechazo la apelacion de un caso de publicidad en autobuses que le habia llegado del noveno circuito en el que, confirmando la sentencia recurrrida, habia defendido el rechazo, razonable y neutral en foro no publico, de una clase de publicidad que la agencia estatal de transporte del Estado de Washington (METRO) habia juzgado falsa (60). La asociacion demandante queria poner en los buses un anuncio muy similar, aunque con informacion que no se ajustaba a la realidad, al que el Departamento de Estado habia hecho tiempo antes con la cara de terroristas yihadistas buscados y la recompensa ofrecida por su captura. Un anuncio que habia generado mucha polemica. El juez Thomas en el Supremo se opuso al rechazo del recurso en una opinion disidente a la que se sumo el juez Alito. A su jucio, el Tribunal estaba dejando escapar una oportunidad estupenda para pronunciarse sobre una cuestion en la que los tribunales de apelacion (circuitos) no coincidian: si el espacio de publicidad creado en el caso de esos autobuses era un <<limitado foro publico>> o un <<designado foro publico>>.

Cressman v. Thompson, 136 S. Ct. 1452 (2016). El 21 de marzo de 2016 la USSC rechazo la apelacion presentada frente a una decision del decimo circuito que se habia pronunciado a favor de la constitucionalidad de una matricula de automovil estandar que el Estado de Oklahoma empleaba y en la que figuraba un indio nativo americano disparando una flecha al cielo. Para el demandante cristiano monoteista, esa imagen, segun las creencias indigenas, representaba la conexion del hombre con los dioses a traves de la mediacion de la flecha. Esto le obligaba entonces a comunicar un mensaje panteista con el que no podia estar de acuerdo, algo contrario a su derecho de libertad de expresion. Sin embargo, el tribunal de apelacion no lo vio asi porque la imagen primero no era propiamente una idea o expresion de ella y segundo porque no suponia mas que un recuerdo de la cultura y herencia del pueblo nativo americano de Oklahoma (61). Pero este no fue el unico caso en el que se vieron implicadas las matriculas de los coches durante estos ultimos anos. Asi, por ejemplo, <<American Civil Liberties Union, ACLU>> y <<Freedom From Religion Foundation>>, en Hart v. Thomas, no. 3:16-cv-00092-GFVT (ED KY, filed November 22, 2016), denunciaron por discriminatorio al departamento estatal de Kentucky encargado de conceder la autorizacion de las matriculas especiales cuando rechazo la presentada por un ateo que deseaba figurara en ella las letras <<IM GOD>>. El departamento no la permitio por entender que era ofensiva al buen gusto y decencia.

Wayne County v. Bible Believers, 136 S.Ct. 2013 (2016). El 16 de mayo de 2016 la USSC no quiso entrar en un caso en el que el sexto circuito en bane habia fallado a favor de un grupo cristiano (Bible Believers) que en un festival de Michigan lleno de musulmanes (<<Michigan Arab International Festival>>) se habia dirigido a ellos con animo proselitista en una actitud provocadora y ofensiva. Los ayudantes del sheriff se lo impedieron por la reaccion hostil que provoco en la multitud y, al hacerlo, violaron sus derechos de libertad de expresion y libre ejercicio de la religion (62). Pues bien, ese mismo dia, el 16 de mayo, el Supremo tambien rechazo, en Rogers v. Roman Catholic Archbishop of Boston, 136 S. Ct. 2013 (2016), el recurso que le llego de un tribunal estatal de apelacion de Massachusetts que habia prohibido a los antiguos fieles de una parroquia catolica seguir ocupando la iglesia desacralizada. Esos feligreses lo llevaban haciendo los ultimos diez anos con vigilias de 24 horas, desde que el Cardenal Sean O'Malley decidiera cerrar la Iglesia dentro del plan de reorganizacion de su Diocesis (63).

En el mes de agosto de 2016 se alcanzo un acuerdo que cerro el litigio (American Atheists, Inc. v. Watson, ED TN, filed May 6, 2016) entre un condado de Tennessee y una asociacion de ateos (American Atheists) por los comentarios cristianos del sheriff Watson del condado de Bradley vertidos en la pagina oficial de <<Facebook>>. El acuerdo llego cuando el condado acepto el pago de 15.000 dolares en danos a la asociacion y otros 26.000 para cubrir los honorarios de abogados. Ademas el sheriff se habia comprometido a cancelar la pagina web y crear una nueva sin referencia religiosa alguna, quedando a salvo la pagina personal del sheriff en la que pueda incluir todas las opinones personales que quisiera (64).

Fort Des Moines Church of Christ v. Jackson, 215 F. Supp. 3d 776 (SD IA, Oct. 14, 2016). En medio de la guerra surgida en el acceso a los banos por las personas transgenero, el 14 de octubre de 2016 un tribunal federal de distrito de Iowa respaldo la normativa estatal contraria a la discriminacion en razon de la identidad de genero en lugares de publica admision como era una iglesia en este caso. Las leyes permitian excepciones ante actos religiosos de esas instituciones pero la iglesia deseaba publicar en su website y en el boletin parroquial su politica de limitar el uso de los banos segun la identidad biologica del sujeto, tal y como esta figurara en el certificado de nacimiento. El tribunal rechazo el argumento de libertad de expresion de la demandante por lo muy improbable que la normativa se impusiera sobre sus actividades, todas ellas religiosas, ante la excepcion presente en ellas. Y tambien rechazo su argumento de libre ejercicio religioso contra la normativa estatal por entender que esta era neutral y de general aplicacion.

Payden-Travers v. Talkin, 2017 U.S. Dist. LEXIS 82466 (D DC, May 31, 2017). En este caso, un tribunal federal de distrito de DC rechazo la peticion de los demandantes contra la normativa que prohibia manifestarse en el area delante del edificio del Tribunal Supremo. Para ellos, su fe les exigia expresarse publicamente en contra de la guerra, tortura y pena de muerte, de modo que hacerlo en la acera, pero no en la plaza, como si se les concedia, no permitia conectar con claridad sus objeciones con las acciones del Tribunal. A su juicio, esto les suponia una violacion de sus derechos de libre ejercicio religioso bajo la RFRA. Por el contrario, para este tribunal de distrito, las acciones denunciadas no limitaban sustancialmente su libre ejercicio pues no habian demostrado que su religion exigiera, como parte de la misma, esa conexion de su protesta con el Tribunal Supremo, teniendo ademas a su alcance otras muchas vias para mostrar publicamente su disconformidad.

Matul v. Tam, 137 S.Ct. 1744 (2017). Una ley del Congreso de 1946, Lanham Act, permitia al gobierno (<<Patent and Trademark Office>>) negar el registro de aquellas marcas que pudieran suponer un desprecio hacia las personas, vivas o muertas, hacia instituciones, creencias (politicas, ideologicas o religiosas) o simbolos nacionales, o bien hacerles perder su fama o respeto hacia ellas. Esto planteo la cuestion del alcance de la libertad de expresion y de la proteccion de la religion frente a la blasfemia que fue el objeto de este caso que le llego al Supremo desde un tribunal de apelacion para el ciruito federal de 22 de diciembre de 20156S. El recurso de apelacion al Supremo fue aceptado el 29 de septiembre de 2016 y la discusion del caso tuvo lugar el 18 de enero de 2017. Aqui, la agencia gubernamental habia rechazado el registro de la marca <<The Slants>> para una banda de rock por el uso despectivo que, en el lenguaje vulgar (slang), se hacia de esa expresion para designar a los asiaticos. El tribunal de apelacion fallo en contra del gobierno porque suponia una clara violacion de la clausula de libertad de expresion de la Primera Enmienda y el Supremo le dio la razon porque precisamente lo que impedia esa libertad era prohibir aquello que podia ofender. La opinion unanime de la USSC quedo reflejada en una sentencia redactada por el juez Alito con apartados diversos en los que fueron sumandose el resto de los jueces sin la intervencion de Gorsuch. Asi pues, en relacion a la libertad religiosa, queda abierta la posibilidad de registrar marcas que puedan resultar ofensivas para personas e instituciones religiosas.

VIII. SIMBOLOGIA ESTATICA: DECALOGOS Y CRUCES

City of Bloomfield v. Felix, no 17-60 (2017). El 6 de julio de 2017 fue recurrida a la USSC la sentencia del decimo circuito que habia rechazado en bane, con el desacuerdo de dos jueces, la revision de un caso en el que un panel de tres jueces habia sostenido con anterioridad que el Decalogo situado en el jardin del ayuntamiento de una ciudad de New Mexico era inconstitucional como algo contrario a la garantia de separacion exigida por la clausula del no establecimiento. En el recurso presentado se le plantearon al Supremo dos cuestiones: primero, los criterios que deben seguirse a la hora de evaluar los simbolos estaticos como son los monumentos; y segundo, si es suficiente criterio para tener legitimacion activa al denunciar estos monumentos el sentirse ofendidos por ellos. Pues bien, el Decalogo fue denunciado en este caso por unos residentes politeistas de la ciudad y el decimo circuito dijo que enviaba un claro mensaje de respaldo religioso a todo <<observador razonable>> por el lugar en el que se encontraba, por las circunstancias que rodeaban su inauguracion, y por su financiacion. Ni la presencia de otros monumentos seculares ni las declaraciones en contra habian sido suficientes para superar esa impresion (66). Pues bien, el 25 de septiembre trece escritos en defensa de la posicion de la demandante habian sido registrados ante la USSC, frente al unico en apoyo de las tesis de la demandada. No importo el numero porque el 16 de octubre el recurso de apelacion fue rechazado por el Supremo. Pero esta no fue la unica polemica planteada en relacion a un Decalogo.

El 7 de abril de 2015 el legislador de Arkansas aprobo la <<Ten Commandments Monument Display Act>> (SB 939), una ley por la que se comisionaba al Secretario de Estado para la busqueda de fondos privados a fin de poder colocar un Decalogo en el congreso de Arkansas. Un ano despues, en agosto de 2016, la <<American History and Heritage Foundation>> solicito a esa Secretaria la colocacion de un monumento de casi dos metros de altura y unos 2.700 kilos. Se trataba de un Decalogo muy parecido al que Texas habia colocado en su Congreso y que habia permitido la USSC en Van Orden v. Perry (2005). Tras consultar el Secretario con la comision estatal correspondiente (<<Capitol Arts and Grounds Commission>>), el monumento fue levantado finalmente el 27 de junio de 2017 y el senador estatal que respaldo la iniciativa dijo que por fin ya habia en el Capitolio un monumento que honraba la fundacion moral de la ley, sin haberle costado nada al contribuyente. Por su parte, la ACLU dijo que llevaria el Decalogo a los tribunales a fin de ser removido. No pasaron ni 24 horas antes que un hombre lo destrozara con su coche, parece que el mismo sujeto que tres anos antes habia destrozado del mismo modo el monumento a los Diez Mandamientos de Oklahoma. Un nuevo Decalogo fue ordenado inmediatamente.

El 28 de septiembre de 2017, un tribunal federal de Pennsylvania, en Freedom From Religion Foundation, Inc., v. County of Lehigh, 2017 US Dist. LEXIS 160234 (ED PA, Sept. 28, 2017), sostuvo que la presencia de una cruz latina en el sello y bandera de un condado de ese Estado no violaba la separacion entre Iglesia y Estado que garantizaba la clausula de no establecimiento de la Primera Enmienda pero si los criterios del lemon test (faltaba el proposito secular de la medida) y del endorsement test (enviaba un mensaje de respaldo religioso a un observador medio, razonable). Para el juez Smith, la cruz en el sello y bandera era un simbolo pasivo que ni obligaba a nadie a adherirse al cristianismo ni establecia esa religion.

IX. TRABAJO

Es sabido que ademas de la garantia constitucional de igual proteccion de la Decimocuarta Enmienda, el Titulo VII de la Civil Rights Act de 1964, 42 U.SC. [seccion] 2000e, prohibe toda discriminacion en el trabajo por razon de raza, color, religion, sexo y origen nacional ([seccion] 2000e-2[a]). Por religion la ley entiende todo aspecto de observancia y practica religiosa, asi como de creencia. El empresario debe ofrecer una adaptacion razonable del ejercicio religioso ([seccion] 2000e[j]). Desde el 2 de julio de 1965, la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) es la agencia federal encargada de hacer cumplir la ley en la materia, evitando la discriminacion en el mundo del trabajo.

Sin tener que ver directamente con la religion, aunque presente en el fondo de muchos casos, la principal cuestion surgida en estos anos ha tenido que ver con la discriminacion por razon de sexo, tras la discrepancia entre la EEOC y el Departamento de Justicia en esta materia (67), siendo asi que unos tribunales han querido incluir dentro del campo de comprension del Titulo VII la orientacion sexual y otros no. Entre los primeros: U.S. Equal Employment Opportunity Commission v. Scott Medical Health Center, 217 F. Supp. 3d 834 (WD PA, Nov. 4, 2016); Hively v. Ivy Tech Community College of Indiana, 853 F.3d 339 (7th Cir., April 4, 2017); Christiansen v. Omnicom Group, Inc., 852 F.3d 195 (2nd Cir., March 27, 2017). Partidarios de la exclusion de la orientacion sexual del marco de la discriminacion por razon de sexo han sido: Christiansen v. Omnicom Group, Inc., 167 F. Supp. 3d 598 (SD NY, March 9, 2016); Hively v. Ivy Tech Community College, 830 F.3d 698 (7th Cir., July 28, 2016); Matavka v. Board of Education of J. Sterling Morton High School District 201, 2016 U.S. Dist. LEXIS 100108 (N.D. III. 2016, Aug. 1, 2016); Evans v. Georgia Regional Hospital, 850 F.3d 1248 (11th Cir., March 10, 2017); State of West Virginia v. Butler, (Sup. Ct. WV, May 9, 2017). Un tribunal federal de distrito de Kentucky, en Mickens v. General Electric Co., 2016 U.S. Dist. LEXIS 163961 (WD KY, November 29, 2016), ha creido incluidas, dentro del Titulo VII y de la discriminacion por razon de sexo, a las personas transgenero, en este caso un trabajador afroamericano. No lo vio de la misma manera un tribunal federal de distrito de Michigan cuando nego que el transgenero fuera una clase protegida bajo el Titulo VII de la Civil Rights Act. En EEOC v. R. G. & G.R. Harris Funeral Homes, Inc., 100 F. Supp. 3d 594 (ED MI, April 21, 2015) el tribunal sostuvo esta tesis aunque permitio al EEOC, sobre la base del estereotipo sexual, proceder en la causa de despido del trabajador de la funeraria por no cumplir con el codigo de vestuario previsto para los trabajadores masculinos. Mas tarde, el 18 de agosto de 2016 en EEOC v. R.G. & G.R. Harris Funeral Homes, Inc., 201 F. Supp. 3d 837 (ED MI, 2016), este mismo tribunal acogio el argumento de libertad religiosa ofrecido por la empresa bajo la RFRA pues permitir al trabajador (hombre en proceso de cambio de identidad de genero a mujer) no respetar el codigo de la funeraria hacia participar a esta en un mensaje contrario a sus creencias. El dueno del negocio como cristiano que era creia que la identidad de genero era un regalo inmutable que Dios daba a los hombres en su concepcion, de suerte que de permitir a sus trabajadores actuar de modo distinto al sexo recibido estaria violando un mandato divino. El tribunal dijo que la EEOC podia tener un interes poderoso en evitar discriminacion pero no habia ofrecido a la empresa una adaptacion razonable que fuera la medida menos restrictiva, lo que se hubiera satisfecho con un codigo neutral de vestido. El sexto circuito discutio el caso en apelacion el miercoles 4 de octubre de 2017. Veremos el recorrido que presenta el caso en los proximos meses. Por su parte, el fiscal general Jeff Sessions, ese mismo dia, 4 de octubre, dos antes del Memorandum del Departamento de Justicia en orden a la proteccion de la libertad religiosa, corrigio la politica de la administracion Obama afirmando sin lugar a dudas que el Titulo VII de la Civil Rights Act no incluia entre sus protecciones la discriminacion en el caso de las personas transgenero.

CRST Van Expedited, Inc. v. EEOC, 136 S. Ct. 1642 (2016). La USSC anulo la decision recurrida del octavo circuito y sostuvo el 19 de mayo de 2016 en esta sentencia unanime, redactada por el juez Kennedy con una opinion concurrente de Thomas, que, en aquellos casos de discriminacion en el empleo, los acusados que hubieran ganado el caso, fuera tanto por razones procesales como sustanciales (sobre el fondo o merito del asunto discutido), tendrian derecho a recuperar los honorarios de los abogados. En uno y otro caso serian considerados parte vencedora (prevailing party) a estos efectos. El octavo circuito defendia que lo fueran solo cuando el tribunal entrara en el fondo del asunto y fallara a su favor. El caso, como se puede ver, tendra notable repercusion sobre los litigios de discriminacion religiosa en el mundo del trabajo.

McLane Co. v. EEOC, 137 S. Ct. 1159 (2017). La juez Sotomayor para una mayoria 7 a 1, con el voto parcialmente disidente de la juez Ginsburg, resolvio, en un caso de discriminacion por razon de sexo y edad en el despido de una trabajadora tras un permiso de maternidad, que los tribunales de apelacion no debian revisar de novo las ordenes de apercibimiento dadas por los tribunales inferiores de distrito para conseguir las pruebas necesarias cuando la EEOC no las hubiera logrado de la empresa y se hubiera dirigido asi al tribunal en busca de ellas. Esa revision de la decision del tribunal inferior solo debia ocurrir en caso de abuso de discrecion. Con este criterio mostraba el Supremo una actitud deferente que no habia respetado el noveno circuito, fallo que fue anulado aqui (68) y reenviado el caso para que procediera segun lo dispuesto. Al volver al noveno circuito, este tribunal encontro que la revision de la orden dada por el tribunal inferior de distrito habia sido pertinente pues el de distrito habia abusado de su discrecion al excluir una prueba que si era relevante para la solucion del litigio (69). De nuevo este caso tendra su importancia tambien en los casos de discriminacion religiosa en el empleo.

X. EJERCITO

Klingenschmitt v. United States, 137 S.Ct. 93 (2016). El lunes 3 de octubre de 2016, comienzo del ano judicial, la USSC rechazo el recurso presentado frente a una sentencia del tribunal federal de apelacion que habia resuelto en contra de la reclamacion presentada por un capellan militar que servia a la Armada. Gordon James Klingenschmitt era un ministro cristiano al que no se le quiso renovar en el servicio, despues de perder el respaldo de la iglesia episcopal y sin ser admitidas directamente las credenciales que habia conseguido de otra confesion cristiana, amen de otras deficiencias en el ejercicio de su trabajo como saltarse la cadena de mando, de informes negativos que fueron reflejandose en informes anuales de aptitud cada vez peores, asi como de su resistencia a seguir la politica del departamento de defensa sobre oraciones inclusivas y mas <<ecumenicas>> de lo que acostumbraban ser sus sermones, parece que demasiado cristianos (70).

Sterling v. United States, 137 S.Ct. 2212 (2017). El 5 de junio de 2017 la USSC no quiso entrar tampoco en un caso en el que a una militar cristiana no se la habia permitido poner en su escritorio, espacio de trabajo compartido, ciertos signos que contenian citas biblicas. El tribunal federal de apelacion para las fuerzas armadas dijo que el caso no era claro desde que la demandante no habia logrado identificar con claridad sus sinceras creencias religiosas, ni como la eliminacion de unas citas (del estilo de <<ningun arma contra mi prosperara>> en el contexto de un enfrentamiento personal con sus superiores) limitaba sustancialmente su ejercicio religioso bajo la RFRA (71). En apelacion se pidio al Supremo pronunciarse sobre la cuestion de si una eleccion forzada entre la religion y el mandato del gobierno era necesaria o no para establecer un limite sustancial bajo esa ley. Pero la USSC no quiso entrar en el asunto.

En cualquier caso, la polemica mas importante en la esfera de las fuerzas armadas ha tenido que ver con la politica del departamento de defensa sobre los militares transgenero. El 30 de junio de 2016 el tercero de los Secretarios de Defensa bajo la administracion Obama, Ashton Carter (2 5 Ministro de Defensa, en el cargo del 17 de febrero de 2015 al 20 de enero de 2017), anuncio, en la linea LGTB de Obama, que se levantaria la prohibicion de servir en el ejercito a las personas transgenero (72). Los que estuvieran dentro podrian hacer publica su condicion, como anos atras se habia permitido con los gays hasta entonces reprimidos bajo el famoso axioma <<Don't ask, don't tell (DADT)>>, y recibir el tratamiento adecuado a la transicion de genero si lo necesitaran (73). Fue entonces cuando un grupo de capellanes hicieron ver los problemas de conciencia que podria crear esta medida (74). El cambio de administracion en la Casa Blanca con la llegada de Donald Trump a la presidencia altero esta situacion. En uno de sus famosos tweets a finales de julio de 2017 el presidente dijo que, tras consultar con generales y expertos militares, el ejercito no aceptaria mas ni permitiria el servicio de personas transgenero, cuando todos los esfuerzos debian destinarse a la victoria de sus batallas sin consentir el freno que supondrian esta clase de personas (75). Un mes despues, el 25 de agosto, Trump publico un Memorandum dirigido a los Secretarios de Defensa y de <<Homeland Security>> en el que daba a conocer la nueva direccion emprendida por su administracion (76). Para el presidente Trump era necesario volver a la antigua politica, antes del cambio operado por Obama, para no permitir el alistamiento en el Ejercito de personas transgenero a partir del 1 de enero de 2018 y, en relacion a las que hubiera, se detendra el desvio de fondos para los procesos quirurgicos de reasignacion de sexo a partir del 23 de marzo de 2018, salvo en aquellos casos en los que fueran necesarios para proteger la salud de alquien que ya lo hubiera iniciado. El nuevo Secretario del Departamento de Defensa, James M. (Jim) Mattis, hizo saber el 29 de agosto que, para mejor cumplir las indicaciones del presidente Trump, se crearia un panel de expertos que evaluaran lo necesario para conseguir el fin del ejercito, su eficacia en el combate para la victoria en el campo de batalla. Mientras tanto la politica en la materia seguiria igual que estaba (77).

XI. INMIGRACION Y SEGURIDAD

Trump v. International Refugee Assistance Project, 137 S.Ct. 2080 (2017). El 26 de junio de 2017 la USSC, en una opinion per curiam, levanto la prohibicion parcial que impedia el cumplimiento de la segunda orden ejecutiva de Trump de 9 de marzo de 2017 (Executive Order No. 13780, [seccion][seccion] 2[c] and 6[a] and [b], 82 Fed. Reg. 13209) que, sobre la estela de la anterior (las dos conocidas como la <<Muslim ban>> del presidente Trump), en materia inmigratoria y de seguridad, suspendia durante 90 dias la entrada en el pais a los nacionales de seis paises de mayoria musulmana (Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria y Yemen) por razones de interes nacional ante el alto riesgo terrorista que existia. Un tribunal federal de distrito y el cuarto circuito habian decidido paralizar la ejecucion de la orden presidencial por violar la garantia constitucional de separacion contenida en la clausula religiosa de no establecimiento de la Primera Enmienda.

En los primeros dias al frente de la Casa Blanca, Donald Trump firmo una primera orden ejecutiva el 27 de enero de 2017, la Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States Executive Order, No. 13.769, 82 Fed. Reg. 8977 (Feb. 1, 2017). El presidente pidio en esta orden de enero a los Secretarios de los Departamentos de <<Homeland Security>> y de Estado que evaluaran si eran suficientes los mecanismos existentes para detectar la presencia de extranjeros peligrosos que quisieran entrar en el pais para hacerle dano. Mientras tanto se prohibiria, seccion 3 (c) de la orden, la entrada durante tres meses (90) dias a los nacionales de siete paises (en esta orden de enero tambien figuraba en la lista Irak), todos ellos musulmanes. Por otra parte, en el caso de los refugiados, seccion 5, la orden presidencial suspendia su entrada en el pais por un periodo de 120 dias y en el caso de los sirios por tiempo indefinido. En todo caso, los refugiados perseguidos por razones religiosas tendrian prioridad (seccion 5 [b]). Trump estaba pensando en los cristianos martirizados en el Medio Este y en especial en Siria, segun dijo en una entrevista que le hiciera CBN News el 30 de enero (78). La reaccion de la ACLU no tardo, apuntando a lo que seria una de las acusaciones recurrentes contra la decision presidencial: tomar como criterio una religion sobre otra poma en riesgo la separacion debida entre Iglesia y Estado (79). Una de las primeras denuncias contra la orden, por violacion del no establecimiento, tuvo lugar en un tribunal federal de California: People of the United States of America and the State of California v. Trump, Case no 3:17-cv-451 (ND CA, filed January 28, 2017). Y el <<Council on American-Islamic Relations>> (CAIR) anuncio su intencion de denunciar, en representacion de un grupo de mas de 20 individuos, la validez constitucional de la medida en un tribunal federal de Virginia pues el objetivo de la orden era evitar que los nacionales musulmanes de paises de mayoria de esa confesion entraran en Estados Unidos (80): amenaza cumplida en Sarsour v. Trump, Case no 1:17cv00120 (ED VA, filed January 30, 2017) cuando denuncio la validez de la orden ejecutiva como contraria al libre ejercicio de la religion y al no establecimiento (81). El 1 de febrero de 2017 la seccion consular de la embajada norteamericana en Tel Aviv dijo que los viajeros con un visado valido en su pasaporte de Israel, aunque fueran originarios de esos paises incluidos en la lista de la orden presidencial, podrian viajar a Estados Unidos sin problemas, quedando la entrada, como siempre, a jucio final del agente de aduanas (82).

Pues bien, esta primera orden presidencial de enero de 2017 provoco una avalancha de denuncias en diversos tribunales. El 3 de febrero un tribunal federal de Washington paralizo el cumplimiento de la orden en Washington v. Trump, 2017 U.S. Dist. LEXIS 16012 (WD WA., 2017), aunque no por razones de establecimiento religioso (si hablaba de efectos perjudiciales en el area del empleo, de la educacion, de los negocios, de las relaciones familiares o de la libertad de circulacion) cuando existia cierta discrepancia sobre la violacion o no de este (83), y dias despues el noveno circuito per curiam, en Washington v. Trump, 847 F.3d 1151 (9th Cir., February 9, 2017), no quiso detener la prohibicion sobre la orden mientras durara la apelacion; su argumentacion giro sobre la clausula del proceso justo de la Quinta Enmienda sin entrar tampoco ahora en la cuestion del no establecimiento y la discriminacion religiosa (84). Como consecuencia de esta decision del noveno circuito, el presidente Trump, tras la recomendacion del fiscal general y del Secretario de <<Homeland Security>>, decidio emitir una nueva orden ejecutiva, la segunda (EO-2: Executive Order No. 13.780, 82 Fed. Reg. 13.209 [Mar. 9, 2017]), a principios de marzo que, revocando la primera de enero y corrigiendo posibles defectos, fijaba su entrada en vigor para el 16 de marzo. La seccion 2(c) de la nueva orden ejecutiva suspendia la entrada en Estados Unidos de los nacionales de aquellos seis paises (Irak cayo de la lista ante la colaboracion del gobierno iraqui y se decia de esas seis naciones restantes que respaldaban o patrocinaban el terrorismo, que mantenian vinculos con organizaciones terroristas o que contenian zonas de conflicto activo) mientra se evaluaba si estaban ofreciendo informacion adecuada para la prevencion de la infiltracion en America de terroristas infiltrados. Y, mientras tanto, la orden prohibio nuevamente la entrada durante 90 dias de esos extranjeros aunque clarificando ahora, tras las observaciones planteadas en diveros tribunales, que esta suspension de entrada afectaria: unicamente a los extranjeros de esos seis paises que estuvieran fuera de Estados Unidos en el momento de la entrada en vigor de la orden (16 de marzo de 2017), carecieran a esa fecha de un visado valido y no tuvieran esta en la fecha de la orden de enero. La suspension de la entrada no afectaria a los residentes permanentes legales y figuraba tambien un examen individualizado alli donde negar la entrada causara un dano o dificultad excesiva sin amenaza para la seguridad nacional o fuera en interes nacional. La nueva orden fijaba incluso un elenco no exhaustivo de circunstancias en las que la entrada en Estados Unidos pudiera ser considerada apropiada como podria ser el caso de un familiar cercano (esposo, hijo o padre) de un ciudadano norteamericano, de un residente permanente legal o de un extranjero que hubiera entrado con un visado valido. Pues bien, dos tribunales federales, uno en Hawaii, el 15 de marzo, y otro en Maryland, al dia siguiente, se pronunciaron en contra de la EO-2, mientras que uno de Virginia, el 24 de marzo, la sostuvo (85). En el caso de Hawaii, ese tribunal transformo su primera decision de paralizar la ejecucion de la orden presidencial en una prohibicion de hacerlo (de una TRO, <<temporary restraining order>>, a lo que se conoce en derecho norteamericano como una preliminar injunction), ante la posibilidad de exito de los demandantes en su alegacion de establecimiento religioso bajo el primero de los elementos del Lemon test, es decir, el proposito secular de la ley (86). Esta decision fue recurrida al noveno circuito que discutio el caso el 15 de mayo, fallando per curiam el 12 de junio, en State of Hawaii v. Trump, 859 E3d 741 (9th Cir., June 12, 2017), parcialmente a favor de la prohibicion de la segunda orden presidencial EO-2 (en contra de las dos principales medidas incluidas en la seccion 2 [c] y 6 [a] y [b]), sin entrar en el fondo del argumento del no establecimiento religioso sino por contravenir la Inmigration and Nationality Act (INA) de 1952, Pub. L. 82-414, 66 Stat. 163, al exceder la orden la autoridad del Presidente bajo dicha la ley, discriminando sobre criterios de nacionalidad. Antes, el 2 5 de mayo, el cuarto circuito, International Refugee Assistance Project v. Trump, 857 E3d 554 (4th Cir., May 25, 2017), tambien habia mantenido en banc (10 a 3) la prohibicion temporal de la EO-2 que el tribunal federal de Maryland habia concedido. Ese mismo dia el fiscal general ya anuncio su intencion de recurrir esta decision a la USSC y el 14 de junio Trump extendio la fecha de entrada en vigor de la EO-2, suspendida por esas ordenes judiciales, al tiempo en el que fueran levantadas las mismas.

Asi estaban las cosas cuando el 26 de junio la USSC se pronuncio sobre la validez de la EO-2. A fin de levantar parcialmente las prohibiciones que pesaban sobre esta orden presidencial, el Tribunal, en su opinion per curiam, recurrio a una via intermedia entre los tribunales de apelacion o circuitos y el ejecutivo, solucion construida sobre el concepto de la buena fe. En relacion a la seccion 2 (c) sobre la prohibicion de entrada en el pais de los nacionales de esa serie de seis paises, ahora, decia el Supremo, no estarian sujetos a esa prohibicion los que pudieran demostrar la existencia de una relacion de buena fe con una persona o entidad en Estados Unidos. Tal seria el caso de las relaciones familiares, mientras que para el resto de extranjeros seguiria operando validamente la medida y no podrian entrar en el pais. En el caso de las entidades o personas juridicas, la relacion de buena fe deberia ser formal, ordinaria y documentada, sin intencion alguna de evadir lo dispuesto en la EO-2 (ejemplos de estas relaciones serian los de un estudiante con la Universidad americana que lo admite, un trabajador que acepta una oferta de trabajo de una empresa norteamericana o un conferenciante invitado a dirigirse a una audiencia americana en Estados Unidos; en cambio, no seria el caso de aquellos con los que entraron en contacto organizaciones no lucrativas norteamericanas de inmigracion para luego reclamar esa conexion que les eximiria de la prohibicion). Ademas, ese mismo concepto de buena fe fue aplicado por la USSC en relacion a la otra medida controvertida de la EO-2 referida a los casos de refugiados, levantando tambien aqui de modo parcial la prohibicion judicial que sobre esta medida pesaba. En este sentido, dijo la USSC que un individuo o entidad americana que tuviera una relacion de buena fe con una persona buscando refugio podria reclamar el dano concreto que provocaria de ser excluida; para los demas casos, la seguridad nacional exigia deferencia a la decision del gobierno. Aun asi, la USSC aplazo la discusion del caso durante la primera sesion del proximo ano judicial. El juez Thomas, al que se le unieron los jueces Alito y Gorsuch, ofrecio una opinion en parte disidente en la que hubiera preferido paralizar, completamente y sin mas, la orden judicial que prohibia la aplicacion de la EO-2, sin gustarle ese concepto de <<relacion de buena fe>> cuya clarificacion llenaria de controversias los tribunales.

El 13 de julio el tribunal federal de distrito de Hawaii, en State of Hawaii v. Trump, 2017 U.S. Dist. LEXIS 109034 (D HI, July 13, 2017), denuncio la interpretacion restrictiva que queria hacer el gobierno de ese concepto de <<relacion de buena fe>> al que habia llegado la USSC y sostuvo que esa clase de relacion, en el caso de las familias, debia incluir abuelos, nietos, cunados, tios, sobrinos y primos de personas en los Estados Unidos. Ademas, dijo que un refugiado tendria esa relacion de buena fe con una entidad estadounidense cuando una agencia hubiera asegurado que proporcionara a esa persona los servicios necesarios de recepcion, como era el caso de un programa federal desde 1990, el Lautenberg Program que surgio para refugiados de la antigua Union Sovietica. Pues bien, ese mismo dia la administracion Trump pidio al Supremo que clarificara la situacion y dijera si la lectura que hacia ese tribunal federal de su decision era o no la correcta. Y fue entonces cuando, el 19 de julio de 2017, la USSC, en Trump v. Hawaii, 2017 U.S. LEXIS 4322 (2017), no quiso suspender la parte de las sentencia de ese tribunal de distrito que permitia la entrada en el pais a las personas con esas relaciones familiares como de buena fe. En cambio, si suspendio temporalmente, mientras el caso estuviera en apelacion ante el noveno circuito, la otra parte de la sentencia de Hawaii relativa a los refugiados. De nuevo los jueces Thomas, Alito y Gorsuch hubieran detenido por entero la ejecucion de la sentencia recurrida. El 7 de septiembre, el noveno circuito respaldaba la sentencia apelada del tribunal de distrito en los dos capitulos vistos: State of Hawaii v. Trump, 2017 U.S. App. LEXIS 17340 (9th Cir., 2017). Pero el 12 de septiembre la USSC emitio una orden deteniendo la ejecucion de lo dispuesto por el noveno circuito en relacion a los refugidados. Asi el Supremo zanjo la discusion en Trump v. Hawaii, 2017 U.S. LEXIS 4432 (2017), insistiendo en que todos los refugiados de los paises incluidos en la prohibicion de la orden presidencial cuya conexion con Estados Unidos fuera solo un seguro de colocacion seguirian sujetos a la prohibicion de la EO-2, hasta que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre el fondo de esta cuestion, la validez de la orden ejecutiva, en el proximo ano judicial a partir del mes de octubre de 2017. Mientras tanto, el domingo 24 de septiembre Trump hizo publica una nueva proclamacion presidencial en materia migratoria para entrar en vigor el 18 de octubre prohibiendo de forma indefinida la entrada en el pais a una serie de extranjeros procedentes de siete naciones, algunas de ellas ahora no musulmanas: Iran, Libia, Siria, Yemen, Chad, Venezuela y Corea del Norte. Esto es lo que seguramente podra evitar las denuncias sobre su validez constitucional. De la pasada lista de paises se ha eliminado ahora a Sudan y se han anadido otros como los de Chad, Corea del Norte y Venezuela. Los nacionales de Irak, de Somalia y ciertos colectivos de Venezuela estaran sujetos a restricciones y controles mas rigurosos (87). El caso es que el 3 de octubre de este ano 2017 volvia a plantearse la cuestion de la validez constitucional de esta nueva iniciativa de Trump en la materia como una violacion del no establecimiento, de la <<Immigration and Nationality Act>>, asi como de otras medidas de la Primera y Quinta Enmienda en Iranian Alliances Across Borders v. Trump (D MD, October 3, 2017). A la semana, el 10 de octubre, en Trump v. Int'l Refugee Assistance, et al., 2017 US LEXIS 6265 (2017), la USSC ordeno la anulacion de la sentencia recurrida del cuarto circuito y el envio del caso a ese tribunal con instrucciones para considerarlo no justiciable (moot case) ante la nueva iniciativa presidencial del 24 de septiembre que evitaba ya considerarlo un caso o controversia. La juez Sotomayor mostro su desacuerdo acerca de la orden dada que anulaba la decision recurrida. Y el 17 de octubre un tribunal federal de Hawaii volvio a paralizar, con una nueva TRO, la tercera orden presidencial, la del 24 de septiembre, en State of Hawaii v. Trump, 2017 US Dist. LEXIS 171242 (D. HI, Oct. 17, 2017).

XII. CONTROVERSIAS INTERNAS

Pfeil v. St. Matthews Evangelical Lutheran Chuixh, 137 S.Ct. 493 (2016). El 28 de noviembre de 2016 la USSC rechazo la apelacion de una controversia del Supremo de Minnesota en el que, por la doctrina de la abstencion eclesiastica, este Tribunal no quiso conocer la accion de difamacion planteada contra una iglesia y sus pastores por las declaraciones realizadas durante un proceso disciplinar que buscaba la excomunion de los demandantes, cuando esas declaraciones solo se habian vertido a los miembros de la iglesia y a los que participaban en esa clase de proceso disciplinario (88).

Tungv. China Buddhist Association, 137 S.Ct. 628 (2017). En esta ocasion, la USSC, el 9 de enero de 2017, rechazo el recurso presentado ante una decision de un tribunal de New York que habia rechazado ordenar a un templo budista sostener una reunion en un caso de elecciones internas cuando los miembros estaban excomulgados. El tribunal entendio que el caso era de naturaleza religiosa y no secular, no siendo posible la aplicacion a el de principios neutrales de derecho (89).

Board of Pensions of the Evangelical Lutheran Church v. Bacon, 137 S.Ct. 1213 (2017). El 27 de febrero de 2017 la USSC no vio la oportunidad de entrar en un caso en el que un tribunal estatal de Minnesota habia sostenido que la doctrina de la abstencion eclesiastica de la Primera Enmienda no impedia a la jurisdiccion civil conocer el modo como habian sido gestionados los planes de jubilacion de una iglesia aplicando para ello principios neutrales de derecho a fin de poder resolver el litigio entre la institucion religiosa y sus feligreses. Los demandantes estaban reclamando incumpliento de deber y fraude (90).

Chabad-Lubavitch of Michigan v. Schuchman, 136 S.Ct. 2449 (2016). En este caso, el Supremo de Michigan habia anulado la sentencia recurrida en una controversia sobre propiedad entre el Chabad-Lubavitch estatal de Michigan y la organizacion local (91). En juego estaba la prescripcion o no de la deuda, sin que el tribunal estatal de apelacion se hubiera inmiscuido en asuntos internos de caracter religioso. La USSC no admitio el recurso de apelacion contra esa sentencia el 23 de mayo de 2016.

Nolen v. Diocese of Birmingham in Alabama, 2017 U.S. Dist. LEXIS 141496 (ND AL, Sept. 1, 2017). Este tribunal federal de distrito de Alabama invoco la doctrina de la excepcion ministerial para rechazar la denuncia planteada por la directora de una escuela elemental catolica que habia sido despedida de su puesto, segun ella por intentar frenar las practicas discriminatorias de la escuela y sus trabajadores contra las familias y alumnos hispanos. La Diocesis negaba la acusacion de discriminacion racial y ofrecia una version muy distinta de los hechos en la que la directora habia sido acusada por malversacion de fondos.

Church of God in Christ, Inc. v. L.M. Haley Ministries, Inc., 2017 Tenn. LEXIS 565 (Tenn., September 21, 2017). En este caso de disputa acerca de la propiedad de una iglesia, el Tribunal Supremo de Tennessee aplico una version hibrida de la doctrina de los principios neutrales de derecho a emplear en estos casos y dijo que, para resolver esa clase de controversias, los tribunales estatales podrian tomar en consideracion una serie de documentos relevantes como: las escrituras y cualquier otro documento de traspaso, asi como cualquier disposicion relativa a la propiedad que pudiera incluirse en las constituciones eclesiasticas locales o jerarquicas o en sus documentos de gobierno. Es mas, los tribunales civiles podrian hacer valer el fideicomiso a favor de la iglesia jerarquica incluso aunque ello unicamente figurara en la constitucion o en los documentos de gobierno de la organizacion religiosa jerarquica.

Rymerv. Lemaster, 2017 US Dist. LEXIS 165532 (MD TN, October 4, 2017). En este caso, la juez Roberts rechazo, en virtud de la doctrina de la <<ecclesiastical abstention>>, una demanda planteada por un estudiante de un College de la University of Tennessee contra un pastor baptista, Roger Oldham, que le convirtio al cristianismo. Para ello parece se habia servido de cierta informacion recibida durante las sesiones de consejeria espiritual asi como de una atractiva estudiante. El alumno Lincoln Rymer pedia mas de 15 millones de dolares por danos fisicos, psicologicos y economicos sufridos.

XIII. PRIVILEGIO DE CONFIDENCIALIDAD: SACERDOTE-PENITENTE

El 2 de noviembre de 2015 fueron publicados en el National Catholic Reporter los resultados de una investigacion sobre el alcance economico de las denuncias de abusos sexuales en el caso de la Iglesia catolica (92). Desde 1950 la Iglesia se ha gastado, estimando a la baja el coste total, cerca de 4 billones de dolares entre juicios y acuerdos extrajudiciales, terapias para las victimas, atencion a los delincuentes, honorarios de abogados, ademas de diversos esfuerzos para la proteccion de los menores y otros gastos relacionados con esta cuestion. A este dinero habria que anadir la suma de contribuciones que las caridades catolicas han dejado de recibir por los cerca de 3.000 escandalos entre 1980 y 2010, y que ciertos estudios elevan a billones de dolares. Un ano despues de la publicacion de este informe, los esfuerzos de las diocesis para gestionar adecuadamente este triste asunto seguian materializandose en iniciativas como la de la diocesis de New York creando un fondo de compensacion para las victimas de abusos sexuales, fondo gestionado por el abogado Kenneth Feinberg que habia admnistrado el fondo federal de compensacion para las victimas del 11 de septiembre. Para todos los que fueron compensados, los informes de abusos y la respuesta de la Iglesia en esos casos seguirian siendo privados a menos que las victimas quisieran hacerlos publicos. Las reclamaciones pendientes podrian presentarse hasta el 31 de enero de 2017 y desde el 1 de febrero las victimas que aun no hubieran presentado sus reclamaciones podran hacerlo.

Una de las primeras medidas que en Estados Unidos se abordaron para frenar los abusos sexuales, dentro y fuera de la Iglesia, siendo la familia el principal lugar en el que esos casos suceden, fue la obligacion de informar inmediatamente a la policia, tan pronto como los hechos de abuso sexual a menores fueran conocidos. Ahora bien, los sacerdotes catolicos tienen un ambito privilegiado de acceso a esa clase de informacion pero protegido por el sigilo sacramental, algo que va mas alla de la confidencialidad y que coloca al sacerdote en la necesidad de guardar absoluto silencio sobre lo oido en confesion sin poder identificar tan grave crimen con su verdugo. Pues bien, los Estados si han querido proteger esta relacion singular a traves de una exencion a la obligacion de informar, una exencion que opera en el area de la confesion y que es conocida como privilegio sacerdote-penitente. Sin embargo, van surgiendo voces que no aceptan este marco de inmunidad, algunos se han enfrentado a el tan abiertamente como el reciente informe de una comision australiana que pedia la denuncia a las autoridades de todo lo recibido en confesion sobre abuso sexual a menores (93). En los Estados Unidos tambien ha habido casos en los que se ha intentado, en estos dos ultimos anos judiciales, limitar esa esfera de proteccion aunque sin mucho exito. La controversia mas conocida en este asunto tuvo lugar en Louisiana cuando una joven de unos 14 anos dijo en el 2008 a un sacerdote de la diocesis de Baton Rouge, dentro del sacramento de la confesion, que habia sido abusada por un adulto de 64 anos de la comunidad parroquial, mas tarde fallecido. El sacerdote no informo de esa situacion a las autoridades porque no podia hacerlo, sino queria exponerse a una excomunion latae sententiae. Cuando surgio la controversia, los padres de la menor decidieron actuar ademas de contra el culpable, contra este sacerdote por no haber informado de ello y contra la diocesis por su responsabilidad vicaria. La ley estatal obligaba denunciar estos casos de abuso, salvo en caso de comunicacion confidencial al clero. Tratandose ademas del sacramento catolico de la confesion existia ademas para el sacerdote la exigencia de sigilo. Un tribunal estatal de apelacion corrigio el fallo recurrido y, por ser una confesion sacramental, desestimo la demanda contra el sacerdote. El Supremo de Lousiana anulo la decision apelada y reenvio el caso al tribunal de distrito para dilucidar si habia o no confesion, entrando asi en el alcance de esa comunicacion. El 20 de enero de 2015 la USSC rechazo la apelacion presentada (94). Hasta aqui lo que ya sabemos por cronicas pasadas. El caso es que en febrero de 2016 un juez estatal de un tribunal de distrito anulo la clausula legal (<<LA Children's Code>> Sec. 609[A][1]) que exigia al clero la denuncia de ese tipo de casos. Basandose en la ley estatal de libertad religiosa, <<Preservation of Religious Freedom Act>>, el tribunal sostuvo que si podia decirse que el Estado tema un poderoso interes estatal en la proteccion de los menores, sin embargo esa obligacion de informar no era la medida menos restrictiva para lograr ese interes. Por otra parte, se permitia que la demandante testificara sobre lo dicho en confesion, algo que fue confirmado posteriormente en Mayeux v. Charlet, 2016 La. App. LEXIS 1464 (La. App., July 29, 2016), aunque con el voto en contra de un juez de un tribunal estatal de apelacion, pues eso vulneraria el libre ejercicio religioso del sacerdote y la separacion debida entre la Iglesia y el Estado. Al mismo tiempo, el Supremo de Louisiana anulo la decision del tribunal de distrito que habia declarado nula la seccion de la ley que exigia el informe de esa clase de casos. El de distrito no tema que haberlo hecho cuando no era necesario, pues el sacerdote no tenia por que informar de las noticias recibidas en confesion. Y es que, en Mayeux v. Charlet, 203 So. 3d 1030 (LA, October 28, 2016), este Tribunal dijo que un sacerdote durante la confesion no era un <<informador necesario>> en el sentido de la seccion 603 del <<Louisiana Child Code>>, por lo que no estaba obligado, bajo la seccion 609, a reportar lo recibido en confesion, dado que el 603(15)(c) especificamente eximia la comunicacion confidencial al clero bajo el priviliegio del art. 511 del <<Louisiana Code of Evidence>>. Los sacerdotes catolicos podrian seguir protegidos en el ejercicio de su ministerio dentro del sacramento de la confesion.

Lamentablemente los medios de comunicacion y algunos feligreses no siempre se han movido en esta desgraciada cuestion buscando la verdad. En el modo de proceder de la Iglesia en relacion a sus sacerdotes acusados (inmediatamente es apartado del ejercicio de sus funciones, desde luego y siempre con menores, por lo que si alguien no quisiera en su parroquia a un sacerdote, esta ha sido de hecho una buena via para hacerle salir de ella) y por las cuantiosas indemnizaciones en juego, ha habido casos de falsas acusaciones contra ellos. Uno de ellos tuvo que ver con un sacerdote de origen chino en la diocesis de St Louis (Missouri) que tuvo que defenderse de una falsa acusacion de abuso infantil planteada con el unico fin de obtener dinero. Father Joseph Jiang inicio entonces una accion judicial contra los padres del menor que le habian acusado falsa e injustamente, contra los policias que le habian perseguido a causa de su religion y raza, contra la asociacion de victimas de abusos (<<Survivors Network of Those Abused by Priests>>, SNAP) por la difamacion sufrida en la campana dirigida contra el en la prensa. Si todos ellos hubieran hecho bien su trabajo se hubieran dado cuenta que el menor, mental y emocionalmente perturbado, ya habia hecho en el pasado otras reclamaciones de abuso sexual, que los padres tenian tambien una buena historia de infundadas alegaciones contra la Iglesia catolica con el fin de conseguir dinero y que habia una serie de circunstancias y evidencias claras a favor de la inocencia del sacerdote. Pues bien, un tribunal federal de distrito de Missouri resolvio, en Jiang v. Porter (ED 2015 y 2016) (95), a favor de las peticiones de igual proteccion, proceso justo y angustia emocional del sacerdote contra los dos agentes de policia, rechazando la responsabilidad vicaria de la ciudad de St. Louis y permitiendo que procediera en su demanda de difamacion contra la SNAP. Por ultimo, otro supuesto que se planteo en Louisiana tuvo que ver de nuevo directamente con el sigilio sacramental y su alcance. El caso surgio cuando la demandante tuvo conocimiento de la declaracion de un sacerdote que se referia a ella como alguien que se acercaba al confesionario sin motivos claros. Esto provoco la denuncia de lo que ella suponia quiebra del secreto y por ello planteo una demanda que no prospero en Somier v. Roman Catholic Diocese of Lafayette, 2017 U.S. Dist. LEXIS 27235 (WD LA, January 18, 2017) y 2017 U.S. Dist. LEXIS 26498 (WD LA, February 23, 2017). El tribunal no quiso entrar en esta cuestion para evitar conocer de asuntos eclesiasticos internos, como seria la definicion de la ruptura del sigilo sacramental, inmiscuyendose en cuestiones internas de la Iglesia catolica.

Fuera del caso de los sacerdotes catolicos, el privilegio de confidencialidad de los clerigos o pastores, en su relacion con los fieles, planteo tambien alguna que otra controversia en estos anos. Asi, por ejemplo, en State of Delaware v. Laurel Delaware Congregation of Jehovah's Witnesses, 2016 Del. Super. LEXIS 49 (DE Superior Court, January 26, 2016), dentro de un caso de abuso infantil entre un menor de 14 anos y una mujer miembro de esa congregacion que no habia sido reportado debidamente por sus responsables que buscaban el amparo de la clausula estatal que eximia de la obligacion de informar a la relacion cualificada entre abogado y cliente, asi como entre sacerdote y penitente dentro de una confesion sacramental (seccion 909 del Delaware Code, Title 16, Chapter 9), este tribunal estatal sostuvo que, de entenderla estrictamente, esa clausula legal seria inconstitucional porque crearia una excepcion unicamente para ciertas denominaciones religiosas. En el caso, las conversaciones, mas que con un proposito penitencial, buscaban consejo o asistencia espiritual. En otro caso que afecto a los testigos de Jehova, un tribunal estatal de apelacion de Ohio, en McFarland v. West Congregation of Jehovah's Witnesses, Lorain, Ohio, Inc., 60 N.E.3d 39 (OH App., Aug. 22, 2016), nego que la entrega de documentos solicitados a los que la demandada se resistia bajo ese privilegio de relacion clero-penitente (solo 4 de 19 podrian considerarse dentro de ese privilegio), en otro caso de abuso de menores, expusiera las creencias relativas al arrepentimiento, redencion y misericordia, asi como los procesos internos de disciplina de la iglesia, a un examen secular contrario a las garantias religiosas de la Primera Enmienda.

XIV. OTROS CASOS

Center for Competitive Politics v. Harris, 136 S.Ct. 480 (2015). El 9 de noviembre de 2015 la USSC rechazo la apelacion que le llego del noveno circuito en un caso en el que este tribunal habia mantenido la exigencia que imponia California para lograr contribuciones deducibles de impuestos en ese Estado. La ley exigia a las organizaciones beneficas o a otras sin animo de lucro (como las religiosas) la obligacion de presentar un informe anual no publico que incluyera un formulario del IRS (la agencia tributaria federal <<Internal Revenue Service>>) con los nombres y contribuciones de donantes importantes. Una de esas organizaciones habia denunciado la medida como contraria a las grantias religiosas de la Primera Enmienda pero el tribunal no creyo probada ninguna amenaza u hostigamiento por esa divulgacion (96).

James v. City of Boise, Idaho, 136 S.Ct. 685 (2016). El 25 de enero de 2016 la USSC en una opinion per curiam anulo una sentencia recurrida del Tribunal Supremo de Idaho en relacion a una cuestion sobre el pago de honorarios a los abogados en casos frivolos o sin fundamentacion de derechos civiles en el nivel estatal. La interpretacion que hacia de esta cuestion la USSC no la creyo el de Idaho vinculante en la esfera de los Estados (97). La USSC aqui, en cambio, sostuvo que una vez que ella interpreta la ley, esa lectura es vinculante y el derecho estatal debe ajustarse a ella.

Sunrise Children's Services v. Glisson, 136 S.Ct. 2449 (2016). El 23 de mayo de 2016 la USSC rechazo el recurso de apelacion que se le habia presentado desde el sexto circuito en un litigio sobre ayudas a entidades religiosas en el que estaba en juego la legitimacion activa del denunciante. Se trataba de un viejo caso en el que se habia denunciado, como contraria al no establecimiento religioso, la ayuda estatal que Kentucky ofrecia a una organizacion baptista (<<Sunrise Children's Services>>) para la atencion de ninos abusados o abandonados en sus instalaciones (98).

En United States v. Christie, 825 F.3d 1048 (9th Cir., June 14, 2016), el noveno circuito mantuvo las condenas por fabricacion y distribucion de marihuana que pesaban sobre el fundador (tambien sobre su esposa) de una organizacion religiosa llamada <<Hawaii Cannabis Ministry>> establecida en el ano 2000. Ellos creian que habia sido vulnerado su libre ejercicio religioso bajo la RFRA pero el tribunal dijo que el poderoso interes estatal en la materia habia llevado a aplicar ademas la medida menos restrictiva posible para lograrlo.

Oklevueha Native American Church of Hawaii v. Lynch, 137 S.Ct. 510 (2016). El 28 de noviembre de 2016 la USSC rechazo el recurso de apelacion presentado contra una sentencia del noveno circuito que habia fallado, a pesar de la defensa invocada de la RFRA, contra el rechazo de una exencion a las leyes federales que prohibian la tenencia y distribucion de cannabis solicitada por esa iglesia nativa americana y su fundador. Y es que no se habia podido probar en el caso que la prohibicion de cannabis les hubiera obligado a elegir entre la obediencia a su religion y la sancion criminal (99).

En New Doe Child #1 v. Congress of the United States, 2016 U.S. Dist. LEXIS 165156 (ND OH, November 30, 2016), un tribunal federal de distrito de Ohio rechazo los argumentos de libre ejercicio bajo la RFRA, de libertad de expresion y de igual proteccion por el empleo del lema federal <<In God We Trust>> de las monedas. El grupo de demandantes (ateos y sus hijos, asi como personas creyentes que veian el uso de Dios en la moneda como algo pecaminoso) no habia logrado demostrar que su libre ejercicio religioso hubiera sido sustancialmente limitado.

En United States v. Barnes, 677 Fed. Appx. 271 (6th Cir., January 26, 2017), el sexto circuito fallo en contra de la pretension del miembro de aquella iglesia nativo americana ya vista (<<Oklevueha Native American Church>>), acusado de cultivar grandes cantidades de marihuana. En defensa propia alego que la Primera Enmienda y la RFRA le permitian el cultivo de ese material para donarlo a la iglesia. El tribunal no vio que hubiera sido vulnerado sustancialmente el libre ejercicio religioso de Barnes: ni su religion le obligaba a esa clase de cultivo, por lo que se trataba mas de bien de una opcion personal, ni la marihuana tenia para esa religion caracter sacramental (la unica sustancia sagrada era el peyote) sino mas bien era una medicina.

En Mendoza v. Nordstrom, Inc., 2 Cal. 5th 1074 (CA, May 8, 2017), el Supremo de California respondio a unas cuestiones que le hizo llegar el noveno circuito a fin de clarificar el sentido del <<dia de descanso>> al que se referia la ley estatal de trabajo. Ese dia suponia una jornada de descanso a la semana de libre eleccion del trabajador o uno al menos cada siete dias, pudiendo ademas el empleado, debidamente informado de su derecho al descanso, renunciar a el.

Armstrong v. Kilmartin, 2017 U.S. Dist. LEXIS 75169 (D RI, May 17, 2017). Un tribunal federal de distrito de Rhode Island no quiso detener la acusacion contra el uso de cannabis en los rituales religiosos de una iglesia, <<Healing Church>>, por su lider religiosa y los ministros de esa iglesia, a pesar de la defensa que hacian de su libre ejercicio religioso y de discriminacion contra ellos por su religion.

Standing Rock Sioux Tribe v. U.S. Army Corps of Engineers, 205 F. Supp. 3d 4 (D DC Sept. 9, 2016). Un tribunal federal de distrito de DC rechazo paralizar la construccion de un oleoducto cerca de una reserva india que afectaba a tierras sagradas de los Sioux. Sin embargo, los Departamentos de Justicia, Ejercito e Interior decidideron no conceder el permiso hasta ver si lesionaba o no la <<National Historie Preservation Act>> (NHPA), ademas de otras leyes federales. En diciembre, el Ejercito anuncio que no iba a conceder la autorizacion para atravesar el lago Oahe en North Dakota, pero Trump, al llegar a la Casa Blanca, emitio un Memorandum el 24 de enero urgiendo al Departamento del Ejercito a proceder. Pues bien, en marzo de 2017, un tribunal federal de DC, en Standing Rock Sioux Tribe v. U.S. Army Corps of Engineers, 239 F. Supp. 3d 77 (D DC, March 7, 2017), rechazo el argumento de libertad religiosa bajo la RFRA presentado por la tribu Sioux: la aprobacion del proyecto no impedia sus creencias religiosas ni les presionaba en orden a elegir entre el ejercicio religioso y la obtencion de beneficios gubernamentales. Mejor suerte tuvo la reclamacion relativa al impacto medioambiental del proyecto pues el mismo tribunal, ahora en Standing Rock Sioux Tribe v. U.S. Army Corps of Engineers, 2017 U.S. Dist. LEXIS 91297 (D DC, June 14, 2017), pedia se tuviera en consideracion el impacto que un derrame de petroleo podria tener sobre los derechos de pesca o de caza. A decir verdad, este no fue el unico caso en el que la propiedad de unas tierras se vio afectada por el proyecto de un oleoducto. En Transcontinental Gas Pipeline Co., LLCv. Permanent Easement for 2.14 Acres, 2017 U.S. Dist. LEXIS 134851 (ED PA, Aug. 23, 2017), un tribunal federal de distrito en Pennsylvania fallo en contra de la pretension de una orden religiosa femenina (<<Adorers of the Blood of Christ>>) sobre su tierra. Las hermanas recurrian en su defensa al ejercicio de sus creencias religiosas, unas creencias que las obligaban a proteger y defender su tierra a fin de preservar la santidad de la tierra de Dios. Para el tribunal, las religiosas no habian logrado demostrar como permitir el paso del oleoducto por su tierra podria afectar al modo de ejercer su fe y difundir su mensaje.

Animal Protection and Rescue League v. City of Los Angeles, Case 8:17-cv01581-JLS-JDE (CD CA, filed September 12, 2017). Un grupo de animalistas acaban de presentar esta denuncia ante un tribunal federal de distrito de California buscando detener la practica de agitar los pollos sobre la cabeza de las personas y despues entregarlos a los pobres como un acto de caridad dentro del ritual judio pre-Yon Kippur conocido como <<Kapparot>>. Que muchos de esos animales terminen abandonados en las calles fue visto como un trato cruel por esas sociedades animalistas que han denunciado en los tribunales esa practica como contraria al no establecimiento religioso, desde el momento en el que ciudades como esta de Los Angeles y sus departamentos de policia parecian respaldar esa practica ilegal para ellos.

Gaylor v. Mnuchin, 2017 US Dist. LEXIS 165957 (WD WI, October 6, 2017). Este tribunal federal de Wisconsin, en este caso planteado por los presidentes de la asociacion <<Freedom From Religion Foundation>>, sostuvo que la medida prevista en el <<Internal Revenue Code>> (Sec. 107, 2) violaba la garantia constitucional de no establecimiento religioso desde el momento en el que permitia al clero excluir de sus ingresos la cantidad recibida y destinada a cubrir la renta de su casa o alojamiento. Eso parecia un trato especial hacia esa categoria de trabajadores que no obedecia a razones seculares. A pesar de ello, la juez Crabb emplazo a las partes a que le hicieran llegar escritos suplementarios.

Harris v. City of Clearlake, 2017 US Dist. LEXIS 167430 (ND CA, October 10, 2017). En este caso, un tribunal federal de California respaldo la regulacion municipal sobre cultivo medico de marihuana que lo restringia, entre otras condiciones, a solo seis plantas. Para la juez Gonzalez Rogers, esa normativa local era neutral y de general aplicacion, sin que el ministro y fundador de una iglesia (<<Church of the Greater Faith & Redemption>>), que cultivaba esas sustancias por razones sacramentales, hubiera podido demostrar que la prohibicion de cultivar mas de seis plantas de marihuana le fueran insuficientes para satisfacer sus necesidades religiosas o que no pudiera hacerse con mas marihuana de otro modo.

XV. NUEVOS TIEMPOS PARA LA LIBERTAD PRIMERA CON TRUMP Y SIN SCALIA

El juez asociado del Supremo Antonin Scalia fallecio repentinamente el 13 de febrero de 2016 a los 79 anos, dejandonos como herencia un elenco de importantes decisiones en las que se fue definiendo su doctrina sobre la primera de las libertades (100). Como hemos dicho en algun otro lugar, Scalia fue un textualista, originalista y, de algun modo, tambien participe de un cierto positivismo legal, mucho menos dado a recurrir al derecho natural que su colega en la USSC el juez Clarence Thomas (101). El juicio que, hace anos, hicieramos de su comprension de la libertad religiosa se fue manteniendo en el tiempo: <<El neutrality standard de Scalia--dijimos entonces--ha supuesto, en el free exercise, el abandono del Sherbert test en Smith y, en la interpretacion de la establishment clause, la adaptacion de la religion mayoritaria a traves de las dos notas presentes en la definicion del no-establecimiento: no preferencia y no coaccion>> (102). En sintesis, la comprension de Scalia de la libertad religiosa seria algo asi como una debil lectura del free exercise y una tambien debil comprension de la garantia del no establecimiento. Pues bien, el 16 de marzo de ese ano el presidente Obama hacia publico el nombre del elegido para sucederle: Merrick Garland, juez del circuito para el Distrito de Columbia durante 19 anos y como Chief Judge del mismo desde el 2013, aunque con poco escrito sobre libertad religiosa o separacion Iglesia y Estado. El caso es que, tras las elecciones de noviembre y la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, no prospero esa nominacion y se dejo morir en el Senado. Fue entonces cuando Trump eligio en su lugar, el 31 de enero de 2017, al juez federal del decimo circuito Neil M. Gorsuch. Contaba entonces con 49 anos. Nacido en Denver, Colorado, el 29 de agosto de 1967 y educado en instituciones catolicas, tras su paso por Columbia, Harvard y Oxford, donde conocio y estudio bajo el magisterio de John Finnis, Gorsuch llego al decimo circuito de la mano de George W. Bush el 8 de agosto de 2006. Se ha dicho de su filosofia judicial que es textualista y originalista en la interpretacion de la Constitucion, asi como un defensor de la jurisprudencia de derecho natural. Por lo que a nosotros nos afecta singularmente aqui parece partidario de una lectura amplia, a diferencia en este punto de Scalia (103), de la clausula religiosa de free exercise, a juzgar por el legado que nos deja su paso por el decimo circuito: opinion concurrente en Hobby Lobby v. Sebe litis, 723 E3d 1114(2013); voto disidente en Pleasent Grove City v. Summum, 499 F.3d 1170 (2007), sumandose al entonces juez Michael W. McConnell; tambien disidente en Green v. Haskell County Board of Commissioners, 574 F.3d 1235 (2009); con la opinion unanime en Abdulhaseeb v. Calbone, 600 F.3d 1301 (2010); en contra de la mayoria tambien en American Atheists, Inc. v. Davenport, 637 F.3d 1095 (2010); redactando la opinion unanime en United States v. Quaintance, 608 F.3d 717 (2010); uniendose a la opinion del tribunal en Williams v. Sibbett, 442 Fed. Appx. 385 (2011); escribiendo las opiniones unanimes del tribunal en Yellowbear v. Lampert, 741 F.3d 48 (2014) y en Ali v. Wingert, 569 Fed. Appx. 562 (2014); o de nuevo en contra de la mayoria del tribunal tanto en Little Sisters of the Poor Home for the Aged v. Burwell, 799 F3d 1315 (2015) como, en uno de sus ultimos casos, Planned Parenthood Association of Utah v. Herbert, 839 F.3d 1301 (2016). A estas opiniones en el foro habria que anadir un libro publicado en el 2006 tras sus estudios en Oxford: The Future of Assisted Suicide and Euthanasia. Estos precedentes, con los escasos datos durante los anos que nos ocupan en esta cronica (Pavan o Trinity Lutheran), nos acercan, en una primerisima aproximacion que habra que ir contrastando con el tiempo, a una lectura fuerte del free exercise y una debil comprension del no establecimiento. Nos parece que su interpretacion de la libertad religiosa se situaria en lo que tantas veces hemos venido definiendo como lectura positiva de la libertad religiosa, desde una lectura creyente de las clausulas.

Aun siendo pronto para aventurar el futuro de la libertad religiosa con el juez Gorsuch en el Supremo y el presidente Trump en la Casa Blanca, lo cierto es que alli se ha vuelto a rezar y Trump no ha dejado de invocar a Dios en su deseo de hacer de nuevo grande a America. El creyente judeocristiano no es mirado con recelo o sospecha por la administracion y diriase que el pendulo se quiere acercar a la idea de un proyecto personal de libertad, tras anos de fuerte insistencia en la igualdad. Los liberales no han renunciado, ni lo haran, a sus cotas conquistadas, pero los conservadores perciben ahora un mayor apoyo a sus reivindicaciones en la recien estrenada administracion. Y las vias, intencionalmente cerradas al discurso religioso por los liberales, se van abriendo en las dos direcciones. Por otra parte y en un movimiento sin muchos precedentes en la diplomacia vaticana, el Papa Francisco censuro abiertamente durante la campana presidencial ciertas propuestas o iniciativas del candidato Trump como la construccion del famoso muro en la frontera de Mexico. Para el Papa levantar muros no era cristiano. Mas tarde, con Trump ya en la Casa Blanca, el Santo Padre ha mantenido esa actitud critica sobre otras medidas, la ultima de ellas el 11 de septiembre a la vuelta de su viaje a Colombia cuando, aludiendo ironicamente a la condicion pro-life del presidente, censuro su iniciativa de cancelar el programa sobre ayudas a ninos y jovenes inmigrantes ilegales que habian entrado en el pais como menores (<<Deferred Action for Childhood Arrivals>>, DACA) y que habia creado la administracion Obama en junio de 2012. Para entonces, la revista de los jesuitas La Civilta Cattolica habia publicado un articulo en el que sus autores denunciaban una especie de <<ecumenismo del odio>> fruto de una mala alianza entre el fundamentalismo evangelico y el catolicismo integrista (104). Mientras tanto, todas estas criticas (internas y externas) a Trump no parecen afectarle demasiado y continua con su agenda politicamente incorrecta. Lo que ya podemos decir de estos dos ultimos anos judiciales (2015-2017) en materia de libertad religiosa es que las controversias se han ido situando entorno a: diversas consecuencias de la legalizacion del matrimonio entre personas del mismo sexo, en especial los casos de discriminacion en la prestacion de servicios por establecimientos publicos; a la exencion de conciencia provocada por el mandato contraceptivo de la Obamacare; a los derechos de las personas transgenero, tanto en la educacion como en el ejercito; a las exenciones fiscales reconocidas en los casos de planes eclesiales a efectos de la ERISA; a las ayudas economicas a centros religiosos y el alcance de las Blaine Amendments estatales; a la discriminacion laboral por la orientacion sexual del trabajador; al alcance de las doctrinas de abstencion eclesiastica y excepcion ministerial; o a la discriminacion religiosa en las prohibiciones de Trump sobre inmigracion. A todos estos capitulos habria que anadir los tradicionales acerca de la simbologia religiosa estatica (cruces y decalogos), de la conexion entre la libertad de expresion y el libre ejercicio de la religion, de las demandas de libertad religiosa bajo las dos secciones de la RLUIPA, en particular en las prisiones pero ahora tambien en las ordenanzas municipales que tratan de evitar la construccion de mezquitas, todo ello en el contexto permanente de una abierta guerra cultural entre posiciones secularizantes y creyentes, revitalizada ahora con la llegada de Trump a la Casa Blanca. A todas estas habria que sumar otras cuestiones que ya se nos presentan en el horizonte como prometedoras para interesantes cronicas futuras: es el caso del compromiso del Departamento de Educacion sobre la eleccion y bono escolar, o el deseo del presidente de revocar la Enmienda Johnson de 1954 a fin de permitir a las iglesias participar en el discurso politico sin perder por ello su caracter benefico no lucrativo.

Dejemos que la cronica de estos dos anos acabe con el recuerdo agradecido del derecho espanol al juez Scalia y que sean sus palabras pronunciadas al salir del College de Georgetown el mejor epitafio a su extraordinario legado: <<Debemos medir el exito de estos (...) anos, no por las particulas de verdad que hemos capturado, ya que solo son granos de arena a lo largo de una orilla del oceano, y pronto incluso estos saldran de nuestra memoria. Pero si, por medio de ellas, hemos aprendido a amar la verdad, el arte de hallarla, de como pensar, de como tomar una idea que yace muerta entre las paginas de un libro y hacer que viva en nuestra mente, entonces saldremos de aqui sabios, ardientes y habiles buscadores de la verdad, saldremos de aqui hombres (...) lo que tenemos que hacer, como hombres, el deber esencial y distintivo de nuestra tribu, es continuar la busqueda de la verdad. Este objetivo no puede cambiar nunca (...) Pensad en el gran numero de hombres que nunca han oido las voces del pasado, que no saben nada de la herencia de la sabiduria humana, ?quien de ellos comenzara esa empresa solos y totalmente sin ayuda? Lo pueden hacer pero nunca lo lograran. Pensad en los hombres que no han escuchado la Palabra de Cristo susurrada al alma. Ellos buscan, pero no saben lo que estan buscando. Ellos no estan persiguiendo la verdad, sino que simplemente se agarran a su sombra. Sus ojos pueden ver solo la base y su sombra, mientras que las alas de la verdad se despliegan alto por encima de ellos. Carecen de los ojos de la fe, la unica que puede penetrar en la eternidad, y por lo tanto estan condenados a perder el camino, dejar la verdad, y apagar la luz. ?Quien queda entonces? Solo nosotros mismos entrenados en la razon y en la fe (...) la vida intelectual, que es esencialmente la busqueda incesante de la verdad de la que hablamos, no pertenece solo a la universidad (...) Va mucho mas alla, llega a donde quiera que haya un hombre que lo sea y se atreva a pensar. Es nuestra tarea llevar y avanzar en todos los sectores de nuestra sociedad esta vida distintivamente humana, de la razon aprendida y de la fe creida. Si no somos capaces de hacer esto, si permitimos que las preocupaciones de la riqueza o de la fama o de una carrera especializada sofoquen el espiritu de asombro, para desviarnos de la busqueda de la verdad, para matar en nosotros lo que era mas humano, entonces nos hemos traicionado a nosotros mismos, a nuestra sociedad, a nuestra raza. Si realmente amamos la verdad, creamos que se nos ha mostrado un camino maravilloso, que debemos seguir preparandonos para seguirlo, que la vida no vale la pena vivirla si no es asi. El premio es grande. El riesgo es glorioso>> (105). Querido maestro, gracias. Descanse en paz.

RECIBIDO: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / ACEPTADO: 17 DE OCTUBRE DE 2017

Jose Ignacio RUBIO LOPEZ

Profesor estable adjunto a catedra

Universidad Eclesiastica San Damaso (UESD). Facultad de Derecho Canonico. Madrid

orcid 0000-0002-0289-5907

frjoseignaciorubio@gmail.com

DOI 10.15581/016.114.015

(1) Asi lo hemos venido haciendo desde que abrimos esta seccion anual en los numeros 51 y 52 de Ius Canonicum, en adelante IC. A ella nos remitimos para cuestiones generales que quedaron expuestas entonces para las cronicas siguientes: cfr. J. I. RUBIO LOPEZ, Cronica anual de derecho eclesiastico en los Estados Unidos (2011-2012), Partes 1 y 11, IC 51 (2011) 703-764; IC 52 (2012) 331-374. El examen conjunto de estas memorias (IC 51 [2011] 703-764; IC 52 [2012] 331-374; IC 53 [2012] 737-774; IC 53 [2013] 773-790; IC 55 [2015] 837-913) ofrece un panorama interesante de la evo lucion de la primera de las libertades en Estados Unidos durante la Corte Roberts (2005-). Con ello actualizamos el estudio de esta cuestion ofrecido desde su origen en dos volumenes: J. I. RUBIO LOPEZ, Hacia la primera libertad. Libertad religiosa en los EE.UU.: de las Colonias a la Corte Rehnquist (1600-1986), Eunsa, Pamplona 2011; IDEM, La primera de las libertades. La libertad religiosa en EE.UU. durante la Corte Rehnquist (1986-2005): una libertad en tension, Eunsa, Pamplona 2006.

(2) Acronimo preferido aqui al comun en Estados Unidos, SCOTUS, Supreme Court of the United States, en http://www.supremecourt.gov/default.aspx. Por otra parte, hasta la fecha no hemos encontrado mejor, mas general y rapido acceso al estado de la libertad religiosa en los Estados Unidos que el blog Religion Clause del profesor emerito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Toledo (Ohio) Howard Friedman. Este blog cumplio 12 anos el 17 de abril de 2017, ha sido muchas veces elegido por el ABA Journal para incluirlo dentro de la lista de los 100 mejores blogs legales y representa un punto de acceso importante para un estudio como el nuestro, cfr. http://religionclause.blogspot.com.es/ (todas las paginas de internet citadas en esta cronica frieron visitadas en el mes de septiembre del ano 2017).

(3) El Chief Justice John G. Roberts Jr. accedio a la presidencia de la USSC el 29 de septiembre del ano 2005. Entre los jueces que componian entonces el Tribunal, se encontraban los conservadores Antonin Scalia (septiembre de 1986) y Clarence Thomas (octubre de 1991), los liberales Ruth Bader Ginsburg (agosto de 1993) y Stephen G. Breyer (agosto de 1994), y el <<centrista>> Anthony M. Kennedy (febrero de 1988). Pocos meses despues de Roberts, el 31 de enero del 2006, Samuel Anthony Alito llego al Tribunal nominado por el presidente George W. Bush. Se incorporo al ala conservadora del Supremo. Los siguientes en llegar vinieron de la mano de Obama, las liberales Sonia Sotomayor (agosto de 2009) y Elena Kagan (agosto de 2010). El Tribunal quedo dividido entonces en dos bloques: el conservador con Roberts, Alito, Scalia y Thomas; y el liberal con Ginsburg, Breyer, Sotomayor y Kagan. De este modo fue resultando decisiva la posicion del juez Kennedy que fue inclinando la balanza 5-4 del lado liberal. Pero el 13 de febrero de 2016 murio repentinamente Antonin Scalia siendo sustituido por el juez federal del decimo circuito Neil McGill Gorsuch, tras su nominacion por el presidente Trump el 31 de enero de 2017. Y asi, aunque en conjunto puede afirmarse que la Corte Roberts ha sido hasta ahora un tribunal moderadamente conservador, en el ano judicial 2014-2015 se inclino del lado liberal al respaldar la Affordable Care Act (ACA) de Obama (King v. Burwell) o al reconocer el same-sex marriage (Obergefell v. Hodges) como un derecho amparado en la Decimocuarta Enmienda, no obstante sus decisiones conservadoras sobre la pena de muerte (Glossip v. Gross) o la proteccion medioambiental (Michigan v. EPA). El desmarque de Roberts en el caso planteado sobre la ACA (King) hace del juez Alito, tal vez, el mas conservador de los jueces, al no haberse alineado hasta el presente con el ala liberal. Desde entonces, la USSC ha mantenido esa direccion. Aun es pronto para ofrecer una imagen de Gorsuch en el Tribunal, juez sobre el que volveremos mas adelante.

(4) En el ano judicial 2015-2016: Phillips v. New York, 136 S.Ct. 104 (October 5, 2015); Sac and Fox Nation of Oklahoma v. Thorpe, 136 S.Ct. 84 (October 5, 2015); Center for Competitive Politics v. Harris, 136 S.Ct. 480 (November 9, 2013); Cutler v. Department of Health and Human Services, 136 S.Ct. 877 (January 11, 2016); Stenehjem v. MKB Management Corp, 136 S.Ct. 981 (January 25, 2016); Ben-Levi v. Brown, 136 S.Ct. 930 (February 29, 2016); Doe v. Christie, 136 S.Ct. 1155 (February 29, 2016); American Freedom Defense Initiative v. King County, Washington, 136 S.Ct. 1022 (March 7, 2016); Cressman v. Thompson, 136 S.Ct. 1452 (March 21, 2016); Knight v. Thompson, 136 S.Ct. 1824 (May 2, 2016); Wayne County v. Bible Believers, 136 S.Ct. 2013 (May 16, 2016); Rogers v. Roman Catholic Archbishop of Boston, 136 S.Ct. 2013 (May 16, 2016); Chabad-Lubavitch of Michigan v. Schuchman, 136 S.Ct. 2449 (May 23, 2016); Sunrise Children's Services Inc. v. Glisson, 134 S.Ct. 2449 (May 23, 2016); Storman's Inc. v. Wiesman, 136 S.Ct. 2433 (June 28, 2016); Currier v. Jackson Women's Health Organization, 136 S.Ct. 2536 (June 28, 2016); Schimel v. Planned Parenthood of Wisconsin, 136 S.Ct. 2545 (June 28, 2016). Y en el ano judicial 2016-2017: Klingenschmitt v. United States, 137 S.Ct. 93 (October 3, 2016); Melhorn v. Baltimore-Washington Conference of the United Methodist Church, 137 S.Ct. 377 (October 31, 2016); Payne v. University of Southern Mississippi, 137 S.Ct.475 (November 14, 2016); COPEv. Kansas State Board of Education, 137 S.Ct. 475 (November 14, 2016); Pfeil v. St. Matthews Evangelical Lutheran Church, 137 S.Ct. 493 (November 28, 2016); Oklevueha Native American Church of Hawaii v. Lynch, 137 S.Ct. 510 (November 28, 2014); Tung v. China Buddhist Association, 137 S.Ct. 628 (January 9, 2017); Brown v. Buhman, 137 S.Ct. 828 (January 23, 2017); Evangelical Lutheran Church in America v. Bacon, 137 S.Ct. 1213 (February 27, 2017); Welch v. Brown, 137 S.Ct. 2093 (May 1, 2017); y Sterling v. United States, 137 S.Ct. 2212 (June 5, 2017).

(5) La Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA) del 2010, comunmente conocida como Affordable Care Act (ACA) u <<Obamacare>>, apelacion despectiva de sus detractores, fue firmada por Obama el 23 de marzo del 2010. Esta ley quiso extender la cobertura del seguro de salud a un mayor numero de personas imponiendo la obligacion individual (individual mandate) de un <<minimo esencial>> del seguro de salud para muchos americanos. La USSC respaldo la ley en National Federation of Independent Business v. Sebelius, 132 S.Ct. 2566 (June 28, 2012). El caso es que, aun manteniendo su validez, muchos flecos quedaban pendientes, por lo que el Supremo habria de volver sobre ella sin tardar mucho para resolver dos cuestiones: la objecion de conciencia de empresarios que no quieren incluir cierto material contraceptivo en el seguro por razones religiosas (el Supremo garantizo esa objecion en Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc., 134 S.Ct. 2751 [2014]), algo que llevo a la administracion Obama--a traves de tres agencias o departamentos: el Department of Health and Human Services (HHS), el Internal Revenue Service (IRS), y el Employee Benefits Security Administration (EBSA)--a seguir trabajando en el capitulo de la adaptacion religiosa); o, el alcance de la ayuda federal a los Estados que la USSC dejo resuelto en King v. Burwell, 135 S.Ct. 2480 (2015), como vimos en la cronica pasada y a la que nos remitimos hasta en este punto.

(6) Cfr. BRIEF AMICUS CURIAE OF UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS ET AL IN SUPPORT OF PETITIONERS AND SUPPORTING REVERSAL, January 11, 2016, en http://www.scotusblog.com/ wp-content/uploads/2016/01/Zubik-USCCB-brief.pdf, pp. 9-10.

(7) Cfr. ibid., 27 y ss.

(8) Cfr. Geneva College v. Burwell, 778 F.3d 422 (3rd Cir. 2015); East Texas Baptist University v. Bur well, 793 E3d 449 (5th Cir. 2015); Little Sisters of the Poor v. Burwell, 794 F.3d 1151 (10th Cir. 2015); y Priests for Life v. Department of Health & Human Services, 772 F.3d 229 (DC Cir. 2014).

(9) Cfr. Sharpe Holdings, Inc. v. U.S. Department of Health and Human Services, 801 F.3d 927 (8th Cir. 2015) y Dordt College v. Burwell, 801 F.3d 946 (8th Cir. 2015).

(10) Cfr. Catholic Health Care System v. Burwell, 136 S.Ct. 2450 (May 23, 2016). El caso venia del segundo circuito que habia anulado la decision de primera instancia favorable a las organizaciones religiosas al creer que el mandato limitaba sustancialmente el libre ejercicio religioso de estas entidades en contra de la RFRA: Catholic Health Care System v. Burwell, 796 F.3d 207, at 209-210 [Pooler, J.] (2nd Cir., August 7, 2015). El otro caso era Michigan Catholic Conference v. Burwell, 136 S.Ct. 2450 (May 23, 2016), pronunciandose el Supremo aqui en los mismos terminos que antes. En este caso una sentencia del sexto circuito que confirmaba la decision recurrida sin ver ninguna violacion de la RFRA: Mich. Catholic Conf. & Catholic Family Servs. v. Burwell, 807 F.3d 738, at 740-741 [Moore, J.] (6th Cir., August 21, 2015).

(11) Cfr. DEPARTMENT OF THE TREASURY, IRS, DEPARTMENT OF LABOR, EBSA, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, Coverage for Contraceptive Services, 81 Fed. Reg. 47741 (July 22, 2016), en https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-07-22/pdf/2016-17242.pdf.

(12) Cfr. https://www.documentcloud.org/documents/3761268-Preventive-Services-Final-RuleO.html.

(13) Cfr. Cutlerv. United States HHS, 797 F.3d 1173 (D.C. Cir., August 14, 2015).

(14) Cfr. Stormans lnc. v. Wiesman, 794 F.3d 1064 (9th Cir., July 23, 2015).

(15) Cfr. Stormans Inc. v. Wiesman, 136 S.Ct. 2433, at 2433; 2440 [Alito, J., dissenting (2016).

(16) Cfr. UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, Ethical and Religious Directives for Catholic Health Care Services, Fith Edition, en http://www.usccb.org/issues-and-action/humanlife-and-dignity/ health-care/upload/Ethical-Religious-Directives-Catholic-Health-Care-Services-fifth-edition-2009.pdf.

(17) Puede accederse a la historia del caso en la pagina web de la ACLU del Norte de California que es lq que asistio legalmente a la mujer: https://www.aclunc.org/our-work/legal-docket/ chamorro-v-dignity-health-religious-refosals.

(18) Cfr. MKB Mgmt. Corp. v. Stenehjem, 795 F.3d 768 (8th Cir., July 22, 2015).

(19) Cfr. Currier v. Jackson Women's Health Organization, 136 S.Ct. 2536 (2016); Jackson Women's Health Organization v. Currier, 760 F.3d 448 (5th Cir., July 29, 2014). Y Schimel v. Planned Parenthood of Wisconsin, 136 S.Ct. 2545 (2016); Planned Parenthood of Wisconsin v. Schimel, 806 F.3d 908 (7th Cir., November 23, 2015).

(20) Cfr. Foothill Church v. Rouillard, 2016 U.S. Dist. LEXIS 89678 (ED CA., July 11, 2016).

(21) Cfr. Phillips v. City of New York, 775 F.3d 538 (2nd Cir., January 7, 2015).

(22) Cfr. http://www.kscourts.org/Cases-and-Opinions/Opinions/Unpublished/Ctapp/2017/20170714/ 116821.pdf.

(23) Cfr. http://www.in.gov/judiciary/opinions/pdf/07261701mlb.pdf.

(24) Cfr. Doe v. Governor of New Jersey, 783 F.3d 150 (3rd Cir., April 13, 2015).

(25) Una ley de California de 2012, SB 1172, tambien prohibio a profesionales de la salud mental, como psicologos, psiquiatras, terapeutas u otros, ofrecer asistencia a menores de 18 anos que quisieran cambiar o disminuir una conducta o atraccion no deseada hacia personas del mismo sexo. Sabemos por la cronica anterior que esa polemica ley fue denunciada al entender que contravenia la libertad de expresion y los derechos de los menores a recibir el asesoramiento profesional que desearan. En un principio, un tribunal federal de distrito acogio esta tesis, pero el noveno circuito en apelacion mantuvo la validez de la ley. Cuando el caso volvio a ese mismo circuito para reabrirlo en bane, el tribunal no quiso hacerlo con el voto en contra del juez O'Scannlain, al que se unieron dos jueces mas, que pidio se revisara la ley bajo principios de free speech: Pickup v. Brown, 740 E3d 1208, at 1215 (9th Cir., January 29, 2014) [O'Scannlain, J., dissenting. La USSC nego la apelacion presentada el 30 de junio de 2014 en Pickup v. Brown, 134 S.Ct. 2871 (2014), asi como en el caso similar Welch v. Brown, 134 S.Ct. 2881 (2014).

(26) Cfr. https://petitions.whitehouse.gov/response/response-your-petition-conversion-therapy.

(27) La Therapeutic Fraud Prevention Act, HR 2450, que enmendaria la Federal Trade Commission Act, fue introducida el 19 de mayo en la Camara por los representantes democratas de California Ted Lieu y de Washington Suzan DelBene. El 22 de mayo paso al subcomite de la Camara sobre comercio. Cfr. https://www.congress.gOv/bill/114th-congress/house-bill/2450.

(28) Cfr. Welch v. Frown, 2016 U.S. App. LEXIS 17867 (9th Cir., October 3, 2016).

(29) Cfr. Vidal v. Garcia-Padilla, 2016 U.S. Dist. LEXIS 29651 (D.P.R., Mar. 8, 2016).

(30) Cfr. Sevier v. Davis, Case: 0:16-cv-00080-HRW (ED KY, filed, July 1, 2016), en https://es. scribd.com/document/317571575/Sevier-v-Davis.

(31) Cfr. Wathen v. Walder Vacuflo, Inc., Charge No:2011SP2489 (IL HRC., March 22, 2016) y Wathen v. Walder Vocuflo, Inc., (IL HRC, Nov. 18, 2016). Una comision estatal de derechos humanos fallo en contra de un establecimiento Bed & Breakfast que se opuso a celebrar en el un matrimonio entre personas del mismo sexo. La <<broma>> le salio al negocio por 30.000 dolares en gastos por angustia emocional, ademas de los 50.000 dolares que tuvo que pagar como honorarios de abogados: http://ftpcontent.worldnow.com/wand/order.pdf.

(32) Cfr. Telescope Media Group v. Lindsey, 2017 U.S. Dist. LEXIS 153014 (D MN, September 20, 2017). Aqui una empresa de Minnesota que se encargaba de hacer reportajes videograficos de bodas denuncio el 6 de diciembre de 2016 la ley de ese Estado que la obligaba a aceptar y participar en eventos contrarios a sus creencias religiosas. El tribunal, el 20 de septiembre de 2017, fallaba en contra de sus pretensiones, negando que su libre ejercicio se hubiera visto violado cuando la normativa denunciada (la <<Minnesota Human Rights Act>>) era neutral y de general aplicacion. Ademas dijo que la advertencia puesta en la website de la empresa alertando de su rechazo a ofrecer servicios a parejas del mismo sexo era algo contrario a la ley, sin poder reclamar en su defensa la garantia del free speech.

(33) Cfr. Brush & Nib Studio LC v. City of Phoenix, Case No. CV 2016-052251 (AZ Super. Ct., Sept. 19, 2016), en http://www.adfmedia.org/files/BrushNibPIdecision.pdf. El tribunal estatal nego aqui la orden pedida por el demandante que hubiera impedido la aplicacion de la ordenanza municipal contraria a la discriminacion por entender que no estaban en peligro sus derechos de libertad de expresion y de libre ejercicio. Por su parte, en 303 Creative, LLC v. Elenis, Case No. l:16-cv-02372-MSK-CBS (D CO, Sept. 1, 2017), en http://www.adfmedia.org/files/303CreativeDecision.pdf, el disenador de paginas web de bodas, que solo trabajaba en caso de matrimonios heterosexuales, decidio interponer esta demanda contra un par de clausulas de la ley estatal de Colorado. El tribunal no quiso pronunciarse sobre el fondo del asunto estando pendiente de decision por la USSC un caso similar (Masterpiece Cake Shop).

(34) Cfr. Lexington Fayette Urban County Human Rights Commission v. Hands On Originals, Inc., 2017 Ky. App. Unpub. LEXIS 371 (KY Ct. App., May 12, 2017). En este caso, un tribunal estatal de Kentucky si fallo a favor del derecho de un negocio a no imprimir camisetas LGBT.

(35) Cfr. Countiy Mill Farms, LLC v. City of East Lansing, Case No. 1:17-cv-00487 (WD MI, filed 5/31/2017), en http://www.adfmedia.org/files/CountryMillFarmsComplaint.pdf. A Stephen Tennes, dueno de una granja, se le nego participar en la feria anual de granjeros (<<East Lansing Farmer's Market>>) por las declaraciones contrarias al same-sex marriage que habia hecho en <<Facebook>>. Como catolico que era, dijo que podian celebrarse matrimonios en su granja pero solo entre un hombre y una mujer. La ciudad intento presionarle para que no asistiera a la feria y finalmente cambio la ordenanza municipal para evitar su presencia. El tribunal federal de distrito acaba de darle la razon al granjero al ordenar el 15 de septiembre a la ciudad que le permita participar en la feria para poder vender sus productos: Country Mill Farms, LLC v. City of East Lansing, No. 1:17-cv-487 (WD MI, September 15, 2017), cfr. http://www.adftnedia.org/files/CountryMillFarmsPI.pdf.

(36) Cfr. Zawadski v. Brewer Funeral Services, Inc., Case No. 55CI1:17-cv-00019-CM (MS Cir. Ct., filed March 7, 2017), en http://www.lambdalegal.org/sites/default/files/legal-docs/downloads/ 012_2017-03-07_first_amended_complaint.pdf. En este caso, la funeraria retiro el acuerdo de servicios funebres, traslado del difunto y cremacion, al enterarse que se trataba de un hombre casado con otro. En juego estaba la ley estatal de Mississippi (Protecting Freedom of Conscience from Government Discrimination Act, HB 1523) cuya constitucionalidad fue impugnada sin exito en el quinto circuito: Barber v. Bryant, 860 F.3d 345 (5th Cir., June 22, 2017).

(37) Cfr. Craig v. Masterpiece Cake Shop, Ltd., 370 P.3d 272 (Colo. App., August 13, 2015). Pues bien, recurrida esta sentencia al Supremo y una vez admitida la apelacion, este Tribunal recibio del Departamento de Justicia el 7 de septiembre de 2017 un escrito, amicus brief, en defensa de la libertad de expresion del dueno de la pasteleria: http://www.scotusblog.com/wp-content/uploads/2017/09/16-111-tsac-USA.pdf. En el mismo sentido se presento ese dia otros dos escritos en apoyo de las posiciones del demandante, uno de la Conferencia de obispos catolicos (USCCB), en http://www.scotusblog.com/wp-content/uploads/2017/09/16-111-tsac-USCCB-et-al.pdf y otro de la <<Becket Fund for Religious Liberty>>, en http://www.scotusblog.com/wp-content/ uploads/2017/09/16-111-tsac_the_becket_fund.pdf. El New York Times del 16 de septiembre de 2017 aventuraba la solucion de manos del Juez Kennedy, firme defensor de la libertad de expresion pero tambien de los derechos civiles de los gays, en un tribunal eventualmente dividido: A. LIPTAK, Cake Is His 'Art'. Co Can He Deny One to a Gay Couple?, September 16, 2017, en <<New York Times>>, en https://www.nytimes.com/2017/09/16/us/supreme-court-baker-same-sex marriage.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region&region =top-news&WT.nav=top-news. Pero ?y si la situacion fuera la contraria? ?Y si una pasteleria fuera la que se opusiera a la venta de una tarta con un mensaje cristiano contrario al same-sex marriage y le fuera negada? Pues en este caso, un juez de Florida dijo que eso no era discriminacion religiosa: Mannarino v. Cut the Cake Bakery, Case No. 16-3465 (FL Div. Admin. Hearings, Feb. 9, 2017), en https://www.doah.state.fl.us/ROS/2016/16003465.pdf.

(38) Cfr. State v. Arlene's Flowers, Inc., 2017 Wash. LEXIS 222 (Wash., Feb. 21, 2017); State v. Arlene's Flowers, Inc., 2017 Wash. LEXIS 216 (Wash., Feb. 16, 2017).

(39) Cfr. Neely v. Wyoming Commission on Judicial Conduct and Ethics, 390 P.3d 728 (WY Sup. Ct., March 1, 2017).

(40) Cfr. Brown v. Buchanan, 822 F.3d 1151 (10th Cir., May 13, 2016).

(41) Cfr. Smith v. Pavan, 2016 Ark. 437 (Ark., Dec. 8, 2016).

(42) Cfr. Pavan v. Smith, 137 S.Ct. 2075, at 2079 [Gorsuch, J., dissenting] (2017).

(43) Cfr. Texas v. United States, 201 F. Supp. 3d 810, at 836 [O'Connor, J.] (N.D. Tex., Aug. 21, 2016).

(44) No obstante el numero de denuncias planteadas, la agenda de la administracion Obama en materia de igualdad de derechos para las personas transgenero siguio adelante en campos diversos: en el Ejercito permitiendo, como mas adelante veremos, el Secretario de Defensa Ash Carter, el 30 de junio de 2016, el servicio y atencion a esas personas; en todos los edificios federales autorizando el acceso a los banos publicos segun la identidad de genero por una directiva en agosto de 2016 de la <<General Services Administration>>, GSA; o en el area de salud segun una normativa del HHS de mayo de ese mismo ano. Estas acciones fueron provocando una gran tension multiplicandose las denuncias.

(45) Puede consultarse esta carta de James A. Ferg-Cadima enviada desde la oficina de derechos civiles del Departamento de Educacion en respuesta a una previa de Emily T. Prince, en http://www.bricker.com/documents/misc/transgender_student_restroom_access_1-2015.pdf.

(46) Puede verse la declaracion conjunta de los dos Departamentos de Justicia y Educacion firmada el 22 de febrero, en https://www.justice.gov/opa/press-release/file/941551/download. El Presidente Trump se unio a las tesis del nuevo fiscal general Jeff Sessions, parece mas partidario a la revocacion de esas directrices de Obama que la nueva secretaria del Departamento de Educacion Betsy DeVos, a juzgar por las declaraciones que hicieron ambos, cfr. J. W. PETERS--J. BECKER --J. HIRSCHFELD DAVIS, Trump Rescinds Rules on Bathrooms for Transgender Students, NY Times, Feb. 22, 2017, en https://www.nytimes.com/2017/02/22/us/politics/devos-sessions-transgender-students-rights.html?_r=0.

(47) Es lo que hizo el 6 de junio la Oficina de derechos civiles del Departamento de Educacion, con la intervencion directa de su Secretaria Betsy DeVoss, preocupada de la posible discriminacion, acoso o bullying a los estudiantes transgenero, incluyendo el uso de nombres o pronombres para referirse a esa clase de estudiantes que no coincidan con su nuevo genero: http://files.eqcf.org/ wp-content/uploads/2017/06/2 017.06.06_OCR-Instructions-to-the-Field-Re-TransgenderStudents.pdf. Esto provoco el descontento de algunos grupos cristianos como <<Liberty Counsel>> que vieron en estas instrucciones un paso atras en la linea emprendida por la nueva administracion.

(48) Cfr. https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-201605-title-ix-transgender.pdf.

(49) Cfr. https://www.texasattomeygeneral.gov/files/epress/files/2016/complaint_FM.pdf. Es cierto que, con el tiempo, a esos Estados se fueron anadiendo 13 mas en diversas acciones: los de Mississippi y Kentucky en Texas v. United States, 201 F. Supp. 3d 810 (N.D. Tex., Aug. 21, 2016) y Texas v. United States, 2017 U.S. App. LEXIS 2373 (5th Cir. Tex., Feb. 9, 2017); un distrito escolar de Ohio en Board of Education of the Highland Local School District v. United States Dep't of Educ., 2016 U.S. Dist. LEXIS 107614 (S.D. Ohio, Aug. 15, 2016), Board of Education of the Highland Local School District v. U.S. Dep't of Educ., 208 F. Supp. 3d 850 (S.D. Ohio, Sept. 26, 2016) y Dodds v. United States Dep't of Educ., 845 F.3d 217 (6th Cir., Dec. 15, 2016); o los Estados de Arkansas, Kansas, Michigan, Montana, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Carolina, South Dakota y Wyoming en State of Nebraska v. United States, Case 4:16-cv-03117-JMG-CRZ (D. NE., filed, July 8, 2016).

(50) Cfr. http://www.adftnedia.org/files/DoeBoyertownComplaint.pdf, p. 7, nn. 30-31.

(51) Cfr. Payne v. University of Southern Mississippi, 643 Fed.Appx. 409 (5th Cir., April 12, 2016).

(52) Cfr. COPE v. Kansas State Bd. Of Educ., 821 F.3d 1215 (10th Cir., April 19, 2016).

(53) Cfr. Trinity Lutheran Church of Columbia, Inc. v. Pauley, 788 F.3d 779 (8th Cir. Mo., May 29, 2015).

(54) Cfr. Colorado State Board of Education v. Taxpayers for Public Education, 137 S.Ct. 2325 (June 27, 2017); Doyle v. Taxpayers for Public Education, 137 S.Ct. 2324 (June 28, 2017); y Douglas City School District v. Taxpayers for Public Education, 137 S.Ct. 2327 (June 27, 2017). En estos tres casos el Tribunal Supremo de Colorado habia anulado un programa de bono o becas escolares en el condado de Douglas: Taxpayers for Pub. Educ. v. Douglas County Sch. Dist., Taxpayers for Pub. Educ. v. Douglas County Sch. Dist., Taxpayers for Pub. Educ. v. Douglas County Sch. Dist., 351 P.3d 461 (Colo., June 29, 2015), 351 P.3d 461 (June 29, 2015). En New Mexico Association of Nonpublic Schoolsv. Moses, 137 S.Ct. 2325 (June 27, 2017), el Tribunal Supremo de New Mexico habia anulado un programa estatal de prestamo de libros de naturaleza secular, no religiosa, a estudiantes de escuelas privadas y parroquiales: Weinbaum v. Skandera, 367 P.3d 838 (N.M., Dec. 17, 2015).

(55) Cfr. http://www.aclumich.org/sites/detault/files/2017-07-2S_Opinion_Prelim_Injunction.pdf.

(56) Cfr. Robinson v. Powell, 297 F.3d 540, at 541 [Posner, J.] (7th Cir., July 12, 2002). Para una relacion de los circuitos en la opinion mayoritaria (primer circuito, segundo, tercero, quinto, octavo, noveno, decimo y el DC): Henslee v. Keller, 681 F.3d 538, at 541 [Gregory, J.] (4th Cir., June 5, 2012).

(57) Cfr. Coleman v. Tollefson, 733 F.3d 175 (6th Cir. Mich., October 23, 2013) y Coleman v. Tollefson, 2011 U.S. Dist. LEXIS 15228 (W.D. Mich., Feb. 15, 2011).

(58) Cfr. Pinson v. Samuels, 761 F.3d 1, at 7-8 [Srinivisan, J.] (DC Cir., August 5, 2014).

(59) Cfr. American Humanist Association v. McCarty, 851 E3d 521 (5th Cir., March 20, 2017).

(60) Cfr. American Freedom Defense Initiative v. King County, 796 F.3d 1165 (9th Cir., August 12, 2015).

(61) Cfr. Cressman v. Thompson, 798 F.3d 938 (10th Cir. Okla., August 4, 2015).

(62) Cfr. Bible Believers v. Wayne County, 805 F.3d 228 (6th Cir., October 28, 2015).

(63) Cfr. Roman Catholic Archbishop of Boston v. Rogers, 88 Mass. App. Ct. 519 (MA App., October 14, 2015).

(64) Cfr. https://www.atheists.Org/2016/08/atheists-reach-41000-settlement-with-tennessee-countysherifF/.

(65) Cfr. In re Tam, 808 F.3d 1321 (Fed. Cir., Dec. 22, 2015).

(66) Cfr. City of Bloomfield v. Felix, 841 F.3d 848 (10th Cir., November 9, 2016). En bane, el mismo circuito se nego a reabrir el caso en City of Bloomfield v. Felix, 847 F.3d 1214 (10th Cir., February 6, 2017).

(67) En este sentido pueden compararse los escritos presentados en direcciones contrarias en el caso Zarda v. Altitude Express, Inc., 2017 U.S. App. LEXIS 13127 (2nd Cir., May 25, 2017): la posicion del USDOJ, en http://lc.org/072717Zarda-DOJ-brief.pdfy la de la EEOC, en https://assets.documentcloud.org/documents/3900222/Zarda-v-Altitude-Express-EEOC-Amicus-2nd.pdf

(68) Cfr. United States EEOC v. McLane Co., 804 F.3d 1051 (9th Cir., Oct. 27, 2015).

(69) Cfr. United States EEOC v. McLane Co., 857 F.3d 813 (9th Cir., May 24, 2017).

(70) Cfir. Klingenschmitt v. US, 623 Fed. Appx. 1013 (Fed. Cir., December 10, 2015); Klingenschmitt v. US, 119 Fed. Cl. 163 (Fed. Cir., November 24, 2014).

(71) Cfr. United States v. Sterling, 75 M.J. 407 (C.A.A.F., Aug. 10, 2016).

(72) Nos remitimos aqui a rueda de prensa de Ash Carter y del informe publicado en la web del Departamento: https://www.defense.gov/News/Article/Article/822235/transgender-service-members-can-now-serve-openly-carter-announces/; https://www.defense.gov/News/Special-Reports/0616_transgender-policy/.

(73) Cfr. https://www.defense.gOv/Portals/1/features/2016/0616_policy/Transgender-Implementation-Fact-Sheet.pdf.

(74) Cfr. http://www.chaplainalliance.org/site/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-06-Chaplain-Alliance-News -Release.pdf.

(75) La reaccion a esta declaracion de intenciones fue la presentacion de una demanda por cinco militares como discriminatoria y arbitraria contra los derechos de las personas transgenero en Doe v. Trump, 17-cv-1597 (D DC, filed August 9, 2017): https://assets.documentcloud.org/documents/3 921870/Jane-Doe-Lawsuit.pdf.

(76) Cfr. Presidential Memorandum for the Secretary of Defense and the Secretary of Homeland Security (Agust 25, 2017), en https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/08/25/presidential-memorandum-secretary-defense -and-secretary-homeland. La respuesta no se hizo esperar y una demanda fue presentada ante un tribunal federal del Estado de Washington cuando tres particulares y dos grupos en defensa de derechos civiles denunciaron en Kamoski v. Trump, No. 2:17cv-1297 (WD WA, filed August 28, 2017) la constitucionalidad de la medida por contravenir las garantias de igualdad y proceso justo de la Quinta Enmienda y libertad de expresion de la Primera, cfr. https://www.lambdalegal.org/sites/default/files/legal-docs/downloads/karnosld_us_2017082 8_complaint.pdf.

(77) Cfr. Statement by Secretary of Defense Jim Mattis on Military Service by Transgender Individuals (August 29, 2017), en https://www.defense.gov/News/News-Releases/News-Release-View/Article/ 1294351/statement-by-secretary-of-defense-jim-mattis-on-military-service-by-transgender/.

(78) La entrevista puede seguirse en la web de la CBN: http://www1.cbn.com/cbnnews/politics/2017/ january/president-trump-to-sit-down-with-news-for-exclusive-interview-friday.

(79) Cfr. D. COLE, We'll See You in Court: Why Trump's Executive Order on Refugees Violates the Establishment Clause (January 28, 2017), en https://www.aclu.org/blog/national-security/discriminatory-profiling/well-see-you-court -why-trumps-executive-order?redirect=blog/speak-freely/well-see-you-court-why-trumps-executive-order-refugees-violates -establishment.

(80) Cfr. CAIR to Announce Constitutional Challenge to Trump's 'Muslim Ban' Executive Order, en https://www.cair.com/press-center/press-releases/14062-cair-to-announce-constitutional-challenge-to-trump-s-muslim-ban -executive-order.html.

(81) Este tribunal se pronuncio sobre la garantia de no establecimiento cuando la orden ejecutiva de enero habia sido revocada por la segunda de marzo. En relacion a esta ultima, el tribunal federal de Virginia dijo que los demandantes, denunciando que la orden presidencial trataba desfavorablemente al islam, no habian probado una violacion de esa garantia: Sarsour v. Trump, 2017 U.S. Dist. LEXIS 43596, at 24-34 [Trenga, J.] (ED VA, March 24, 2017).

(82) Cfr. Message from US Embassy Tel Aviv Consular Section, en https://il.usembassy.gov/visas/message-u-s-embassy-tel -aviv-consular-section/.

(83) Por ejemplo, en Louhgbalam v. Trump, 230 F. Supp. 3d 26, at 35 [Gorton, J.] (D MA, February 3, 2017). Sin embargo, en Aziz v. Trump, 234 F. Supp. 3d 724, at 733-737 [Brinkema, J.] (ED VA, Feb. 13, 2017), otro tribunal federal, esta vez de Virginia, si creyo ver posibilidades de exito en el capitulo de la establishment clause.

(84) Cfr. Washington v. Trump, 847 F.3d 1151, at 1168 (9th Cir., February 9, 2017).

(85) Cfr. State of Hawaii v. Trump, 241 F. Supp. 3d 1119, at *31 [Watson, J.] (D HI, March 15, 2017). La reaccion del Presidente Trump fue el anuncio del recurso de esta sentencia al Supremo. El 3 de febrero de 2017 ese tribunal habia recibido la primera demanda contra la anterior version de la orden presidencial de enero por razones de establecimiento religioso y el 14 de ese mes el fiscal general anuncio que el juez del caso habia permitido anadir alegaciones de libre ejercicio bajo la RFRA. Por su parte, en Maryland, otro tribunal federal de distrito, en International Refugee Assistance Project v. Trump, 241 F. Supp. 3d 539, at *54 [Chuang, J.] (D MD, March 16, 2017) prohibio la ejecucion de la orden presidencial, con similares argumentos. En este caso la demanda habia sido introducida el 7 de febrero contra la primera version de la orden presidencial sobre argumentos de no establecimiento religioso, libre ejercicio de la religion bajo la RFRA e igual proteccion. Por el contrario, como sabemos (vid supra, nota no 81) un tribunal federal de distrito resolvio a favor de la administracion en Sarsourv. Trump, 2017 U.S. Dist. LEXIS 43596 (ED VA, March 24, 2017).

(86) Cfr. Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602, at 612-13 [Burger, C.J.] (June 28, 1971).

(87) Cfr. Presidencial Proclamation Enhancing Vetting Capabilities and Processes for Detecting Attempted Entry Into the United States by Terrorists or Other Public-Safety Threats, September 24, en https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/09/24/enhancing-vetting-capabilities-andprocesses-detecting-attempted -entry.

(88) Cfr. Pfeil v. St. Matthews Evangelical Lutheran Church, 877 N.W.2d 528 (Minn. April 6, 2016).

(89) Cfr. Matter of Ming Tung v. China Buddhist Assn., 26 N.Y.3d 1152 (NY Ct App., February 18, 2016).

(90) Cfr. Bacon v. Bd. of Pensions of the Evangelical Lutheran Church in Am., 2016 Minn. App. Unpub. LEXIS 729 (Minn. Ct. App., July 25, 2016).

(91) Cfr. Chabad-Lubavitch of Mich. v. Schuchman, 497 Mich. 1021 (Mich., May 20, 2015).

(92) Cfr. J. RUHL--D. RUHL, NCR research: Costs of sex abuse crisis to US church underestimated, November 2, 2015, en https://www.ncronline.org/news/accountability/ncr-research-costs-sex-abuse-crisis-us-church-underestimated.

(93) Cfr. Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, Criminal Justice, August 14, 2017, pp. 52-53, en https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/mediacentre/media-releases/2017 -08/report-on-criminal-justice-released.

(94) Cfr. Parents of Minor Child v. Charlet and the Roman Catholic Church of the Diocese of Baton Rouge, 139 So. 3d 519 (La., May 23, 2014); Parents of Minor Child v. Charlet, 135 So. 3d 1177 (La., April 4, 2014). Parents of Minor Child v. Charlet, 135 So. 3d 724 (La. App. 1 Cir., 2013). La diocesis de Baton Rouge reacciono inmediatamente con un comunicado en el que se oponia al fallo del Supremo de Louisiana, por ser contrario a la garantia constitucional de no establecimiento. No podia ordenar este tribunal al de distrito lo que ninguno puede hacer: determinar lo que constituye el sacramento de la reconciliacion en la iglesia catolica, cfr. http://www.diobr.org/chanceryannouncements/258-july-7 -2014-official-statement-from-diocese-re-court-cases. La USSC no quiso entrar en el caso en Roman Catholic Church of the Diocese of Baton Rouge v. Mayeux, 135 S.Ct. 1154 (writ of certiorari denied, January 20, 2015).

(95) Cfr. Jiang v. Portei-, 156 E Supp. 3d 996 (ED Mo., December 28, 2015); Jiang v. Poner, 2015 U.S. Dist. LEXIS 172215 (ED Mo., December 28, 2015); y Jiang v. Poiter, 2016 U.S. Dist. LEXIS 5244 (ED Mo, January 15, 2016).

(96) Cfr. Center for Competitive Politics v. Harris, 784 F.3d 1307 (9th Cir. Cal., May 1, 2015).

(97) Cfr. James v. City of Boise, 158Idaho713 (Idaho, May 21, 2015).

(98) Cfr. Pedreira v. Sunrise Children's Services, Inc., 802 F.3d 865 (6th Cir., October 6, 2015). El caso era el siguiente: Flastv. Cohen, 392 US 83 (1968) habia reconocido legitimacion activa (standing) a los contribuyentes para denunciar supuestos contrarios a las garantias de no establecimiento siempre que mantuvieran esos contribuyentes una relacion o nexo con la legislacion o media impugnada. El sexto circuito habia debilitado ese nexo en este caso a diferencia de las decisiones en la materia de la USSC que, por otra parte, nunca habia dicho que Flast fuera de aplicacion a los contribuyentes estatales, siendo asi que los circuitos estaban divididos. Por eso se procedio al recurso de apelacion ante la USSC, a fin de resolver dos cuestiones: (1) si Flast debiera o no ser anulada; y (2) si Flast debiera extenderse a los Estados. No obtuvieron respuesta.

(99) Cfr. Oklevueha Native Am. Church of Haw., Inc. v. Lynch, 828 F.3d 1012 (9th Cir., April 6, 2016).

(100) Cfr. Edwards v. Aguillard (1987) (opinion disidente); Employment Division v. Smith (1990) (opinion mayoritaria); Lee v. Weistnan (1992) (opinion disidente); Church of the Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah (1993) (opinion concurrente); Lamb's Chapel v. Center Moriches Union Free School District (1993) (opinion concurrente); Board of Education ofKiryasfoel Village School District v. Grumet (1994) (opinion disidente); Capitol Square Review and Advisory Board v. Pinette (1995) (opinion del tribunal); City ofBoeme v. Flores (1997) (opinion concurrente); Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. v. Village of Stratton (2002) (opinion concurrente); Locke v. Davey (2004) (opinion disidente); Van Orden v. Perry (2005) (opinion concurrente); McCreary County v. ACLU (2005) (opinion disidente); Elmbrook School District v. Doe (2014) (disintiendo del rechazo del recurso); EEOC v. Abercrombie <tr Fitch Stores, Inc. (2015) (opinion mayoritaria); Webster v. Reproductive Health Services (1989) (concurriendo en parte); Ohio v. Akron Center for Reproductive Health (1990) (opinion concurrente); Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey (1992) (concurriendo y disintiendo); Shenck v. Pro-Choice Network of Western New York (1997) (concurriendo y disintiendo); Stenberg v. Carhart (2000) (opinion disidente); Lawrence v. Texas (2003) (opinion disidente); y Obergefell v. Hodges (2015) (opinion disidente). Por otra parte, no fue la suya la unica perdida en lamentar durante el tiempo que nos ocupa en esta cronica. El 17 de abril de 2017 tambien nos dejo el juez John T. Noonan Jr. del noveno circuito a la edad de 90 anos. Entre sus libros destacan: The Lustre of Our Country: The American Experience of Religious Freedom (1998) o Contraception: A History of Its Treatment by the Catholic Theologians and Canonists (1966).

(101) Cff. J. I. Rubio Lopez, La primera de las libertades ... , cit., 226-235.

(102) Cfr. ibid., 235.

(103) Cfr. N. GORSUCH, Of Lions and Bears, Judges and Legislators, and the Legacy of Justice Scalia, 66 Case W. Res. L. Rev. 90S (2015-2016).

(104) Cfr. A. Spadaro--M. FlGUEROA, Fondamentalisrm Evangelicale e Integralismo Cattolico. Un sorprendete ecumenismo, 4010 La Civilta Cattolica 105-113 (2017), en http://www.laciviltacattolica.it/articolo/fondamentalismo -evangelicale-e-integralismo-cattolico/. Este articulo, al que se referia la edicion italiana del Osservatore Romano del 14 de julio de 2017 (no. 160) en su pagina 6, fue escrito entre el jesuita Spadaro, director de la revista y muy cercano al Papa Francisco, y el director de la publicacion argentina del Osservatore Romano, el protestante Figueroa, amigo personal del Papa, no fue muy bien recibido en Estados Unidos. El arzobispo de Filadelfia Charles Chaput intervino en la discusion a favor de la defensa publica de la fe y en contra del calificativo de <<haters>> pues a su juicio, quienes luchaban por la libertad religiosa mas que <<haters>> eran <<heroes>>: Ch. J. CHAPUT, A word about useful tools, July 18, 2017, en http://catholic philly.com/2017/07/think-tank/archbishop-chaput-column/a-word-about-useful-tools/. En medio de todas estas circunstancias, la Iglesia catolica fiel a Roma oscila entre quienes continuan fascinados por el Papa Francisco y quienes lo observan, desde su sometimiento, con cierta perplejidad a la espera de una respuesta a los dubia presentados por cuatro cardenales, entre ellos el estadounidense Raymond Leo Burke, sobre cuestiones doctrinales relativas a la moral en relacion a la exhortacion apostolica del 2016 Amoris laetitia. Con todo, a 25 de septiembre, en el grupo de los 62 catolicos intelectuales de todo el mundo que presentaron al Papa una correccion formal en agosto de 2017 no figuraban muchos estadounidenses.

(105) Cfr. A. SCALIA, Cohonguroton Oration, 86 Georgetown College Journal 12-14 (Autumn 1957), tambien en http://www.georgetownacademy.eom/blog/2016/2/21/scalias-eohonguroton.
COPYRIGHT 2017 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Rubio Lopez, Jose Ignacio
Publication:Ius Canonicum
Date:Dec 1, 2017
Words:34703
Previous Article:Comentario al Estatuto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
Next Article:Burkhard Josef Berkmann, Nichtchristen im Recht der katholischen Kirche.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |