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Consultar no es informar de una decision ya tomada. Comentario de la Sentencia de la Signatura Apostolica de 27 de noviembre de 2012.

Presento aqui un breve comentario de la sentencia del Tribunal de la Signatura Apostolica fechada el 27-XI-2012 (Prot. n. 46165/15 CA), cuyo texto original latino se publica en este fasciculo de Ius canonicum. La sentencia dio solucion a un contencioso originado con ocasion de un decreto administrativo de 8-II-2011, que habia suprimido una parroquia por union extintiva a otra parroquia proxima en la misma diocesis. Tras haber pedido infructuosamente al arzobispo de la diocesis la revocacion del decreto de supresion de la parroquia, el administrador parroquial de esta interpuso recurso jerarquico el 6-IV-2011 ante la Congregacion para el Clero. El 5-XI-2011 la Congregacion rechazo el recurso y confirmo la decision diocesana impugnada.

Asi las cosas, el administrador de la parroquia suprimida presento un recurso contencioso--administrativo ante la Signatura Apostolica. Tras la admision del recurso para discutir las alegaciones, la Signatura fijo asi la duda que habria de resolverse: <<Si consta la violacion de la ley en el procedimiento o en la decision respecto a la resolucion de la Congregacion para el Clero de 5-XI-2011>>.

Finalmente, la sentencia de la Signatura declara que la decision de la Congregacion del Clero al resolver el recurso jerarquico habia supuesto una violacion de ley in procedendo aunque no in decemendo. Podemos repasar sumariamente la argumentacion del Tribunal, que acompanaremos con alguna anotacion brevisima por nuestra parte.

El motivo principal de violacion de la ley en el procedimiento fue, segun la Signatura al dar la razon al recurrente, que el decreto del ordinario diocesano era contrario a lo indicado en el c. 515 [seccion] 2 del CIC. Este canon dispone que <<Corresponde exclusivamente al obispo diocesano erigir, suprimir o cambiar las parroquias, pero no las erija, suprima o cambie notablemente sin haber oido al Consejo presbiteral>>. Es una norma que obliga al superior (obispo diocesano) a convocar el colegio (Consejo presbiteral) y pedir la opinion de las personas que lo componen, segun lo dispuesto con caracter general por el c. 127 [seccion] 1 del CIC. La decision final corresponde siempre al superior, que no tiene obligacion de acceder al consejo que reciba, aunque, como dispone el mismo canon, <<el superior no debe apartarse del dictamen, sobre todo si es concorde, sin una razon que, a su juicio, sea mas poderosa>> (1).

Segun el relato de los hechos que ofrece la sentencia de la Signatura, en este caso concreto no tuvo lugar propiamente la peticion de consejo prevista por los canones 127 [seccion] 1 y 515 [seccion]2 del CIC. Sucedio, en cambio, que el obispo diocesano ya habia adoptado, antes de convocar al Consejo presbiteral, la decision de suprimir la parroquia para unirla a otra ya existente. De este modo, lo que hizo el obispo fue informar al Consejo de la decision ya tomada, pero sin escuchar propiamente la opinion de este colegio consultivo. Esto resulto probado por el hecho de que, antes de que el Consejo se reuniera, habia sido leida en una celebracion eucaristica una carta dirigida a la comunidad parroquial en la que se hacia publica la decision de suprimir la parroquia. Al mismo tiempo, los comentarios del obispo (2) en la reunion del Consejo presbiteral venian a expresar una decision ya adoptada, que el consideraba necesaria para el bien de la diocesis.

La sentencia da la razon al promotor de justicia y al recurrente cuando afirman que en realidad el Consejo presbiteral no fue escuchado y anade que la jurisprudencia de la Signatura Apostolica ya se habia ocupado de casos semejantes (3). Un elemento esencial de la consulta prevista por el c. 515 [seccion] 2 es que la peticion de consejo se realice antes de que el obispo adopte la decision de suprimir la parroquia y no comunique a otros su criterio como si fuera definitivo y no hiciera falta ninguna consulta. Por estos motivos, la Congregacion para el Clero violo la ley en el procedimiento, al confirmar el decreto diocesano de supresion de la parroquia. Aunque la sentencia no lo diga expresamente, al apreciarse la violacion de ley en el procedimiento, las autoridades diocesanas tendran que cumplir la obligacion de restituir la iglesia parroquial a la condicion que tenia antes de que se decretara su supresion por union extintiva con la parroquia vecina (4). En el caso de que se mantenga la voluntad de suprimir la parroquia, sera necesario un nuevo decreto del obispo, que tendra que cumplir rigurosamente la obligacion de consultar previamente al Consejo presbiteral.

Los argumentos alegados en la sentencia son completamente logicos a proposito de la funcion consultiva, que tanta importancia tiene en la accion de gobierno de la Iglesia. El voto consultivo que trasmiten a la autoridad eclesiastica algunas personas individuales o algunos colegios de la organizacion eclesiastica no es una simple formalidad. Aunque a veces pueda retrasar los procedimientos de gobierno, pues el colegio tiene que ser convocado legitimamente, reunirse, deliberar y dar su opinion, la funcion consultiva tiene grandes ventajas. Viene justificada ante todo por la necesaria prudencia en el gobierno. De hecho, los problemas presentan frecuentemente una cierta complejidad y hay distintos aspectos de orden juridico, economico, sociologico, y sobre todo espiritual y pastoral, que la autoridad desconoce y ni siquiera esta en condiciones de conocer bien.

Pero no es solamente una cuestion de pura eficacia tecnica la que justifica el voto consultivo. La colegialidad es un instrumento juridico que defiende a la Iglesia frente al peligro de autoritarismo, que viene a ser una deformacion del verdadero sentido de la autoridad. En efecto, al exigir el derecho canonico la realizacion de la consulta, que no queda al mero arbitrio del superior o gobernante, ayuda a evitar el peligro de una actuacion incontrolada, abusiva o incluso caprichosa, con los graves danos que esta actitud individual podria causar en la Iglesia.

Al mismo tiempo, la consulta colegial es una buena praxis para facilitar la participacion de los fieles en la mision de la Iglesia, de acuerdo con su propia condicion. En el caso del Consejo presbiteral, la realizacion del voto consultivo es una expresion de la cooperacion del presbiterio con el obispo al servicio de la diocesis. Es este un principio de gran importancia en el gobierno de la Iglesia particular, que no puede ser entendida sin el presbiterio como elemento constitucional (5). En efecto, el obispo gobierna la diocesis con la cooperacion del presbiterio: los presbiteros constituyen con el obispo un solo presbiterio, en cuanto <<cooperadores del orden episcopal>> (6), unidos en comunion jerarquica con su pastor por los vinculos de la consagracion y mision del sacramento del orden (7). Estos criterios basicos explican y justifican la participacion consultiva del Consejo presbiteral en el gobierno (8) de la diocesis, de acuerdo con la naturaleza y las caracteristicas propias de este colegio, es decir, de acuerdo con las normas del CIC y de los estatutos de cada Consejo presbiteral.

Esta participacion del Consejo presbiteral en el gobierno de la diocesis se expresa, por ejemplo, en la consulta que se le debe hacer cuando el obispo pretenda suprimir una parroquia, como ocurre en el supuesto de hecho de la sentencia que aqui se comenta. Esa consulta debe ser autentica y no limitarse a un formalismo vacio; es decir, debe convocarse oportuna y legitimamente al Consejo presbiteral en sesion ordinaria o extraordinaria, con el fin de estudiar las cuestiones indicadas en el orden del dia, que habra de trasmitirse a los consejeros con la antelacion suficiente, de acuerdo con lo previsto en los estatutos del Consejo. Una vez constituida validamente la sesion del Consejo, los miembros deberan ser informados sobre las distintas cuestiones y a su vez deberan ser oidos por el obispo, que presidira ordinariamente la reunion. Despues del necesario y libre intercambio de opiniones, el Consejo presbiteral podra dar su opinion al obispo, por mayoria de votos o incluso por acuerdo unanime acerca de las cuestiones sobre las que debe ser oido. Por su parte, el obispo es libre de seguir o no el dictamen que el Consejo le ha trasmitido y no esta obligado a dar su opinion en la misma reunion, sino que puede reservarse un tiempo de prudente valoracion y resolver mas adelante. De ordinario, el obispo seguira el dictamen del Consejo, sobre todo si ha sido fruto de un amplio acuerdo; pero es posible tambien que el obispo no lo siga, si tiene razones importantes en contra, razones que no esta obligado a expresar.

En todo caso, la funcion consultiva de los colegios prevista por el derecho canonico no se realiza cuando la autoridad eclesiastica se limita a informar de una decision ya adoptada, precisamente porque la consulta es un elemento que integra el proceso por el que la autoridad llegara a la decision definitiva. La informacion es parte de la funcion consultiva, pero lo que esta exige objetivamente es un dictamen (consilium, consensus: c. 127), no simplemente recibir o dar una informacion.

RECIBIDO: 24 DE JUNIO DE 2015 / ACEPTADO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Antonio Viana

Profesor Ordinario de Organizacion Eclesiastica

Facultad de Derecho Canonico. Universidad de Navarra

aviana@unav.es

(1) Asi el c. 127 [seccion] 2, 1 del CIC. Hay que observar que el texto citado se refiere a los consejeros individualmente considerados, pero pienso que a fortiori debe referirse al asesoramiento colegial, pues no hay razon que excluya la alta conveniencia de seguir el asesoramiento colegial, especialmente si este es unanime.

(2) El texto de la sentencia habla del ordinario (c. 134 [seccion][seccion] 1 y 2), pero por el contexto parece referirse al obispo diocesano (c. 134 [seccion] 3), arzobispo en este caso.

(3) Cfr. en tal sentido las sentencias de la Signatura Apostolica de 20-VI-1992, n. 8 (Prot. N. 22036/90 C.A.) y de 16-I-1993, n. 19 (Prot. N. 21883/90 C.A.).

(4) Cfr. en tal sentido la Sentencia de la Signatura Apostolica de 20-VI-1992, en un caso semejante.

(5) En efecto, la Iglesia particular es <<una porcion del Pueblo de Dios, cuyo cuidado pastoral se encomienda al obispo con la cooperacion del presbiterio (aim cooperatione presbyterii), de manera que, unida a su pastor y congregada por el en el Espiritu Santo mediante el Evangelio y la Eucaristia, constituya una Iglesia particular, en la cual verdaderamente esta presente y actua la Iglesia de Cristo una santa, catolica y apostolica>>.

(6) Const. Lumen gentium, n. 28.

(7) Decr. Presbyterorum ordinis, nn. 7 y 8.

(8) Cfr. c. 495 [seccion] 1: <<cuius est Episcopum in regimine dioecesis ad normam iuris adiuvare>>.
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Author:Viana, Antonio
Publication:Ius Canonicum
Date:Dec 1, 2015
Words:1911
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