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Casos colombianos fallados por la corte interamericana de derechos humanos, estudio a traves de la teoria del derecho procesal.

RESUMEN

El Estado colombiano hasta diciembre de 2012, ha sido juzgado y condenado en trece ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; al analizar cada una de las sentencias proferidas por este Tribunal, a traves de la teoria del Derecho Procesal, se encuentran practicas probatorias no convencionales que pueden considerarse desfavorable para Colombia cuando es juzgado. Lo cierto es que dichas practicas pueden llegar a justificarse a traves de las reglas procesales internacionales de Derechos Humanos o la gravedad de los asuntos tratados por esta jurisdiccion, aspectos que se analizan a traves del escrito.

Palabras clave: Corte Interamericana de Derechos Humanos, violacion de derechos humanos, sentencias, etapas procesales, desfavorecimientos probatorios, libertad probatoria, "iura novil curia

ABSTRACT

The Colombian State until December 2012, has been tried and convicted on thirteen occasions by the Court of Human Rights to analyze each of the judgments issued by the Court, through the theory of procedural law, evidentiary practices are not conventional be considered unfavorable to Colombia when judged, the fact is that these practices may be justified by the procedural rules of international human rights or the severity of the issues raised by this jurisdiction, aspects analyzed through written.

Keywords: Inter-American Court of Human Rights, human rights violation, judgments, procedural steps, Procedural disadvantages, probation, "iura novit curia".

COLOMBIAN CASE FAILED BY THE INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS, STUDY THROUGH LITIGATION THEORY

[ILUSTRACION OMITIR]

1. INTRODUCCION

La jurisdiccion de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte IDH) ha recibido una serie de criticas, entre varios motivos, debido a que tiene una tendencia hacia el eficientismo cuando el Estado es el demandado, en el sentido de que aspectos procesales como los probatorios, en algunos casos se aplican en favor de las victimas o se interpretan diferente a la teoria clasica del derecho procesal, como ocurre con la amplia libertad otorgada el juez para traer pruebas practicadas en el escenario de un proceso judicial con sentencia en firme a otro que se encuentra en tramite, o como los favorecimientos probatorios dados a las victimas de las violaciones de derechos humanos, como es el caso de la valoracion de los testimonios o peritajes practicados ante fedatario publico, la denominada prueba affidavit (Cadavid Cano y otros 2012).

Sin embargo, las reglas para acceder a la competencia de la Corte IDH y para que el Estado sea juzgado, no estan al arbitrio de los individuos que se sienten vulnerados en sus derechos, tanto asi, que solo la Comision Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comision IDH) se constituye como parte para llevar los casos contra el Estado que deban ser juzgados por la Corte IDH.

El presente escrito tiene como finalidad hacer un analisis a la luz de la denominada teoria general del Derecho Procesal de los trece fallos emitidos por la Corte IDH en los cuales ha sido condenado el Estado colombiano, que datan desde diciembre 8 de 1995 hasta diciembre 31 de 2012. En este sentido, se hara un estudio de las reglas en materia probatoria aplicadas en los procesos; analizando si en tales se incurre o no en lo que la teoria del derecho ha denominado como eficientismo procesal en aras de la defensa de los derechos humanos (Cadavid Cano y otros 2012).

El texto se distribuye en dos apartados, en el primero se realiza una descripcion de los trece fallos emitidos por la Corte IDH en donde es juzgada Colombia, detallando el tramite procesal que se debe agotar para que la Corte IDH emita la sentencia, resaltando figuras procesales desarrolladas en algunas de las sentencias; en el segundo se realiza el analisis critico de algunas de las reglas probatorias utilizadas por la Corte IDH a la luz de los principios de liberad probatoria y el "iura novit curia", llegando a las conclusiones de su injustificado eficientismo o la legitimacion de estas medidas por considerarse necesarias para la defensa de los derechos humanos.

2. DESCRIPCION DE LOS FALLOS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LOS QUE SE HA JUZGADO AL ESTADO COLOMBIANO POR LA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS

Las trece sentencias proferidas por la Corte IDH en las que se ha declarado que el Estado colombiano ha vulnerado derechos humanos, por la violacion de alguna de las normas contenidas en la Convencion Americana de Derechos Humanos de 1969 (en adelante la Convencion ADH), se abordaran con una secuencia cronologica de acuerdo con la fecha de expedicion del fallo. No se describiran plenamente los aspectos procesales de todas las sentencias, ya que resultaria repetitivo, mas bien se hara una exposicion de los aspectos procesales comunes para todas, teniendo en cuenta el reglamento de la Corte IDH que se haya aplicado al momento de conocer el caso, asi mismo se resaltaran figuras procesales que pueden tener una trascendencia teorica importante dentro del derecho procesal.

Se debe iniciar precisando que la Corte IDH desde 1980 y hasta el ano 2012 ha funcionado mediante seis reglamentos internos diferentes, los cuales fueron promulgados o modificados en los anos 1980, 1991, 1996, 2000, 2003 y 2009; en los casos en los cuales se ha visto al Estado colombiano como demandado se han aplicado 5 de estos seis reglamentos, partiendo del que fue emitido del 9 al 18 de enero de 1991, que se aplico para conocer del caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia del 8 de diciembre de 1995.

Si bien los cambios del reglamento son importantes, es preciso resaltar que en terminos procesales las diferencias entre cada uno, no han implicado una transformacion del tramite necesario a agotar para que la Corte IDH emita una sentencia juzgando a un Estado por la violacion de la Convencion ADH, sin embargo, se debe resaltar que desde el Reglamento de septiembre 16 de 1996, el papel de la victima y su representante se ha hecho mas activo, pues desde esa epoca se otorgo la posibilidad para pronunciarse en una etapa de reparaciones. Posteriormente con la aplicacion del Reglamento del ano 2000, se da un traslado para que las victimas presenten argumentos, solicitudes y pruebas, de igual modo pueden presentarse alegatos y hechos supervinientes a la demanda de la Comision IDH, con la limitante de que los hechos ocurridos con antelacion a la presentacion de la demanda deben haber sido alegados al momento de la presentacion.

De manera que, previamente, los afectados frente a cada uno de los casos que ha conocido la Corte IDH, presentaron denuncias por la violacion de derechos humanos ante la Comision IDH; dicha institucion luego de evaluar las circunstancias facticas emitio informes dirigidos al Estado colombiano, otorgando la oportunidad para que actuaran internamente, en algunos casos se ordenaron medidas cautelares dependiendo de los derechos de la Convencion ADH vulnerados. Es oportuno precisar que la Comision IDH antes de presentar la demanda debe darle la oportunidad al Estado para reparar el dano ocasionado por sus propios medios ya que esta jurisdiccion es subsidiaria, de manera que, ante la inoperancia del Estado colombiano, la Comision IDH presenta demanda contra Colombia, actuando como parte demandante del proceso por la violacion de alguno de los articulados de la Convencion ADH.

Una vez admitida la demanda, el proceso jurisdiccional internacional constara de tres etapas, la primera de ellas se compone de todas las actuaciones que se deben agotar para trabar la "litis" de forma adecuada, es decir que en esta se encuentra la presentacion, admision, notificacion y contestacion de la demanda, asi como el escrito de solicitudes por parte de los representantes de las victimas.

Entre tanto, notificada la demanda, el Estado demandado puede proponer excepciones preliminares, que se trasladan a la Comision IDH y a los representantes de las victimas para pronunciarse sobre estas, lo cual se decidira mediante una providencia que eventualmente terminaria el proceso, o continuarlo para un pronunciamiento de fondo sobre los hechos objeto de discusion o sobre las reparaciones, lo ultimo tambien sucedera cuando el Estado demandado se ha allanado a los hechos en su contestacion de demanda, es decir que la sentencia de fondo versara solo sobre las reparaciones (Corte IDH, caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia).

Por otro lado, la segunda etapa se compone por una fase oral en la que se escucharan a los testigos y a los peritos, y se formularan alegatos por las partes y los representantes de las victimas. Finalmente, en la tercera etapa se delibera, permitiendosele a las partes y a las victimas que presenten los alegatos finales escritos. El fallo proferido en principio no tiene recurso, pero eventualmente puede ser revisado cuando existan nuevos hechos que impliquen una modificacion del fondo de la sentencia, por lo que la identificacion de falsas o nuevas victimas por hechos que tienen sentencia ejecutoriada no implican una revision del fondo del fallo (Corte IDH, casos de la Masacre de Mapiripan Vs. Colombia Resolucion de supervision de cumplimiento, 2012).

Es de precisar que la Corte IDH ha establecido que en las sentencias proferidas, la responsabilidad internacional del Estado se funda en actos u omisiones de cualquier organo o poder estatal que violen la Convencion ADH, generandose el ilicito internacional, lo cual no implica que se deba identificar individualmente a los agentes estatales, autores o participes de la violacion de la Convencion ADH, de manera que, para determinar si el Estado violo los derechos humanos es suficiente que se hayan incumplido las obligaciones contenidas en la norma internacional (Caso las Palmeras Vs. Colombia, caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia); asimismo se ha determinado por el Tribunal Internacional al momento de establecer la competencia, que al examinar si las acciones u omisiones de un Estado violan la Convencion ADH, se pueden interpretar los derechos contenidos en esta, a la luz de otras normas internacionales, especialmente de Derecho Internacional Humanitario (Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia).

Es importante anadir, que en las sentencias analizadas, es posible encontrar en las dos primeras, que las reparaciones se cineron a ordenar el pago de indemnizaciones economicas, posteriormente, a partir del tercer fallo, estas dejaron de circunscribirse al pago de indemnizaciones economicas, ordenandose en multiples sentencias, una serie de actos simbolicos como el de construir monumentos en memoria de los desaparecidos, o medidas de no repeticion como el de disculpas publicas, o la difusion de normas sobre derechos humanos a las diferentes entidades estatales que se han visto implicadas en la violacion de derechos humanos, sin embargo, muchas de estas no se han cumplido por el Estado colombiano (Corte IDH, Caso Gutierrez Soler Vs. Colombia, caso de la Masacre de Mapiripan Vs. Colombia, caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia, caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia Resolucion de supervision de cumplimiento, 2012).

El primer fallo en el cual se condena a Colombia por la violacion de derechos humanos es el Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia proferido el 8 de diciembre de 1995. Los hechos ocurrieron el 7 de febrero de 1989 en la vereda Guaduas en el Municipio de San Alberto, Departamento del Cesar, Colombia, lugar en el cual, el senor Isidro Caballero Delgado y la senora Maria del Carmen Santana, fueron capturados ilegalmente por una patrulla militar adscrita al Ejercito Nacional de Colombia con sede en el Municipio de Bucaramanga Santander, aparentemente por la labor sindical del senor Isidro y por su militancia en el Movimiento 19 de abril (M-19); luego de la detencion, las personas fueron asesinadas por civiles y por los agentes que realizaron la detencion y posteriormente desaparecieron sus cuerpos, sin que hasta el 27 de febrero de 2012 sus restos hayan sido encontrados (Corte IDH, caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia, Resolucion de supervision de cumplimiento, 2012).

La segunda sentencia fue proferida bajo el nombre de Caso Las Palmeras Vs. Colombia de diciembre 6 de 2007; esta se remonta a los hechos ocurridos el 23 de enero de 1991 en la localidad de Las Palmeras del Municipio de Mocoa en el Departamento de Putumayo, en donde el Comandante de la Policia Departamental de Putumayo ordeno una operacion armada con apoyo del Ejercito Nacional de Colombia, la cual tuvo como resultado la ejecucion de seis personas en los alrededores y dentro de la escuela de la localidad. Luego de la masacre perpetrada los agentes de la Policia y el Ejercito Nacional, vistieron con uniformes militares a algunas de las victimas, quemaron sus ropas, y sus cuerpos fueron presentados como subversivos muertos en combate.

El tercer pronunciamiento de la Corte IDH, es el Caso los Diecinueve (19) Comerciantes Vs. Colombia proferido el 5 de julio de 2004, cuyos hechos ocurrieron en el Departamento de Santander el 06 de octubre del ano 1987, lugar en el cual desaparecieron 19 comerciantes que se dedicaban al transporte y compra de mercancias en la frontera Colombo venezolana, para la venta en las ciudades de Medellin y Bucaramanga, entre otras.

Para el ejercicio de la actividad comercial estas personas atravesaban el Municipio de Puerto Boyaca, en el Departamento de Boyaca, el cual se encontraba bajo el control de paramilitares; 17 de ellos fueron detenidos por el grupo delincuencial, llevados a la finca de uno de los comandantes, en donde fueron asesinados, descuartizando sus cuerpos para lanzarlos al cano "El Ermitano" afluente del rio Magdalena, en cumplimiento de la decision que se tomo conjuntamente con miembros del Ejercito Nacional que operaba en la zona, por no pagar los "tributos" impuestos por ellos y, al considerar que vendian armas a los grupos subversivos situados en el Magdalena Medio. La misma suerte corrieron dos personas allegadas de uno de los comerciantes, quienes 15 dias despues de la desaparicion de aquellos, iniciaron la busqueda en el sector de los hechos, sin que se volviera a saber de su destino.

La cuarta sentencia en la que se condena a Colombia por violacion de derechos humanos, es el Caso Gutierrez Soler Vs. Colombia de septiembre 12 de 2005, en el cual el Estado colombiano acepto los hechos que originaron la demanda, que consisten en que el senor Wilson Gutierrez Soler el 24 de agosto de 1994 en la ciudad de Bogota D.C. fue detenido por un ex teniente coronel del Ejercito Nacional y por un coronel de la Policia Nacional, perteneciente a la Unidad Nacional Antiextorsion y Secuestro de la Policia Nacional. Una vez privado de la libertad, el senor Wilson Gutierrez fue trasladado a un sotano en donde fue torturado, hasta que se vio en la obligacion de firmar una declaracion en la que aceptaba los cargos de extorsion. La defensa que se le asigno por el agente del Estado colombiano, fue realizada por una religiosa y no por un abogado, como indica la Constitucion Politica de Colombia y la legislacion penal interna.

De esta providencia se resalta la orden que se le imparte al Estado colombiano de investigar, juzgar y sancionar a los agentes del Estado que terminaron absueltos en los procesos judiciales y disciplinarios internos, pues segun el Tribunal Internacional frente a estos procesos se constituyo "cosa juzgada fraudulenta", ya que segun esta, las investigaciones internas estuvieron perneadas por vicios, por lo que los procesos internos no han hecho transito a cosa juzgada al vulnerar el debido proceso y no cumplir con los lineamientos de la Convencion ADH (Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia).

Resulta oportuno agregar que en el derecho interno colombiano, la Ley 1448 de 2011, denominada "Ley de victimas y restitucion de tierras " en el articulo 91 literal L, establecen la excepcion a la "cosa juzgada", pues consagran la posibilidad de declararse nulas las sentencias ejecutoriadas, emitidas en procesos de pertenencia, que se hayan proferido sobre bienes inmuebles despojados o abandonados entre enero 1 de 1991 y el ano 2021. Por su parte, la Corte Constitucional tambien ha hecho una amplia referencia sobre a la excepcion de este principio y del "non bis in idem" como materializacion de la "cosajuzgada", determinando que dicha figura no puede ser absoluta cuando entra en colision con la justicia material del caso concreto, lo cual justifica la revision de las sentencias en firme en casos excepcionales, cuando el fallo judicial denota un alto grado de injusticia, al respecto esta corporacion en Sentencia C-004 de 2003, se ha pronunciado los siguientes terminos: "La revision, que no es un recurso sino una accion, pretende, como ha senalado la doctrina y la jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos nuevos que afectan la decision adoptada y el sentido de justicia que de ella emana".

El quinto fallo, es el Caso de la Masacre de Mapiripan Vs. Colombia con sentencia de septiembre 15 de 2005, en este, el Estado colombiano acepto que entre el 15 y el 20 de julio de 1997, en el municipio de Mapiripan en el Departamento de Meta, el grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, liderada por Carlos Castano Gil, ingreso al lugar de los hechos, en connivencia con agentes militares del Estado colombiano, quienes ademas de apoyar su ingreso, abandonaron a la poblacion, permitiendo que se realizaran multiples matanzas y torturas a la comunidad, estimandose al momento de la sentencia que el numero de victimas oscila entre 20 y 47 personas, sin que se tenga claridad al respecto, pues el grupo armado ademas de asesinar a los miembros de la poblacion, arrojo los cuerpos al rio Guaviare.

El sexto pronunciamiento de la Corte IDH para referirse, es el del Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia proferido en enero 31 de 2006, en el que la Corte IDH encontro como probado que en enero 13 de 1990, sesenta paramilitares aproximadamente, altamente armados, pertenecientes al denominado grupo de los "Tangueros" liderado por Antonio Castano Gil, partieron del Municipio de Valencia en el Departamento de Cordoba, hacia el Corregimiento de Pueblo Bello en el Municipio de Turbo en el Departamento de Antioquia, para secuestrar a 43 personas que consideraban colaboradores de la guerrilla. El 14 de enero de 1990 estas personas fueron secuestradas en dicho municipio y trasladas a Valencia, cruzando por diferentes retenes militares del Ejercito Nacional colombiano, seis de ellas fueron encontradas asesinadas y con rastros de tortura, las otras 37 se encontraban desaparecidas al momento del fallo.

La septima sentencia a comentar es el denominado Caso de la Masacre de huango Vs. Colombia, sentencia de julio 1 de 2006; los hechos aceptados por el Estado colombiano en el proceso, se remontan al ano 1996 y 1997 en el Municipio de Ituango del Departamento de Antioquia, en los corregimientos de la Granja y el Aro, durante el mandato del entonces Gobernador de Antioquia Alvaro Uribe Velez. El 10 de junio de 1996 el Batallon Girardot dio la orden de retirar las unidades militares en varios sectores del municipio, al siguiente dia, 22 miembros de grupos paramilitares armados, cruzaron por el comando de la policia del sector sin que fueran detenidos, tomaron militarmente el corregimiento de la Granja y ejecutaron de forma selectiva a varios habitantes de la comunidad.

Posteriormente en el ano 1997, miembros del Batallon Girardot del Ejercito Nacional y grupos paramilitares se reunieron, para que posteriormente estos iniciaran una travesia de masacres, partiendo el 22 de octubre del Municipio de Valdivia en el Departamento de Antioquia, hasta el Corregimiento del Aro del Municipio de Ituango el 25 de octubre de 1997, asesinando y torturando poblacion civil, entre los que se identificaron a menores de edad, robando bienes de dichas comunidades.

El octavo pronunciamiento a referir, fue proferido en mayo 11 de 2007, con el nombre de Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, en la cual el Estado si bien acepto la responsabilidad internacional por la violacion de la Convencion ADH, y adelanto un acto publico de reconocimiento de responsabilidad, la sentencia no dio paso directo al analisis de las reparaciones, por encontrarse en debate la existencia de unos hechos que son probados mediante el acervo probatorio recogido en el Caso de los 19 Comerciantes vs. Colombia. La situacion factica se circunscribe a los hechos ocurridos el 18 de enero de 1989, en el Departamento de Santander, en el Municipio de Barrancabermeja, en la Rochela, lugar donde 12 funcionarios judiciales fueron asesinados y tres sobrevivieron, mientras realizaban las investigaciones por la desaparicion de 19 comerciantes.

Los 15 funcionarios judiciales hicieron presencia en la region, con el fin de recibir declaraciones de la comunidad, por la desaparicion de los comerciantes en el Departamento de Boyaca; durante el trayecto fueron detenidos por hombres armados que se hicieron pasar por miembros del grupo guerrillero de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia "FARC", quienes previamente acordaron con el Ejercito Nacional de Colombia que darian muerte a los investigadores judiciales, les quitaron las armas de dotacion y los amarraron bajo la excusa de hacerlos parecer como secuestrados ante un eventual enfrentamiento con el Ejercito Nacional de Colombia, luego de transportarlos por cerca de 20 minutos en la zona, se detuvieron y les dispararon con la intencion de asesinarlos a todos, quedando sobrevivientes tres de los funcionarios debido a la confusion del momento.

Este grupo se encontraba bajo el mando de los paramilitares que perpetuaron la masacre de los 19 comerciantes, quienes, para hacer mas creible que los hechos habian sido perpetrados por el grupo guerrillero, inscribieron consignas haciendo alusion a amenazas contra grupos paramilitares, ademas hurtaron los expedientes judiciales portados por los funcionarios judiciales.

El noveno caso objeto de este escrito, es el encontrado en la sentencia de julio 4 de 2007, denominado como el Caso Escue Zapata vs. Colombia, proceso en el cual, al igual que el anterior, el Estado colombiano reconoce la ocurrencia de los hechos, con la diferencia de que con dicho reconocimiento cesa el debate por los hechos, continuandose con el analisis de las reparaciones.

Los hechos probados en el proceso y confesados por el Estado colombiano en este caso, ocurrieron en el Resguardo Indigena de Jambalo ubicado en el Departamento del Cauca el 1 de febrero de 1988, donde un informante indigena del Ejercito Nacional de Colombia manifesto que en un lugar de la comunidad habia unas armas de la guerrilla que estaban siendo escondidas por la poblacion; en el desarrollo de la operacion, los miembros del Ejercito Nacional de Colombia ingresaron al domicilio del indigena, el Sr. German Escue Zapata, siendo agredido mientras buscaban las supuestas armas. Luego este fue conducido por varios minutos a una zona en donde fue asesinado por los militares, quienes posteriormente informaron que este habia perdido la vida en un enfrentamiento con la guerrilla mientras lo trasladaban de lugar.

La decima sentencia a referir es la proferida el 27 de noviembre de 2008 que ha sido publicada con el nombre de Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, en el que se prueba por la Comision ADH que el 27 de febrero de 1998 el defensor de derechos humanos, Jesus Maria Valle Jaramillo, fue asesinado en las instalaciones de su oficina mientras se encontraba en compania de dos familiares, quienes presenciaron el asesinato y posteriormente fueron victimas de amenazas por las denuncias y declaraciones presentadas ante las instancias de investigacion y juzgamiento internas; la motivacion del asesinato del abogado fue su activa participacion en la defensa de los derechos humanos, en especial por las denuncias impetradas por la masacre de Ituango (Corte IDH, caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia).

El siguiente caso es el denominado Caso Manuel Jose Cepeda Vargas Vs. Colombia, con sentencia de mayo 26 de 2010, en este se reclama por la Comision IDH la tutela judicial efectiva de la jurisdiccion internacional de la Corte IDH, por el asesinato de quien fuera senador de la Republica de Colombia, por el extinto partido politico Union Patriotica (UP), Manuel Jose Cepeda Vargas, el 9 de agosto de 1994 en la ciudad de Bogota D.C. teniendose como probado por la instancia judicial que en los hechos participaron dos sargentos del Ejercito Nacional de Colombia.

Al igual que en la anterior sentencia, pese a que el Estado acepta la violacion de los derechos contenidos en la Convencion ADH, en especial el derecho a la vida, a la proteccion judicial y a las garantias judiciales, surge la discusion sobre el contexto.

La penultima sentencia fue proferida en septiembre 03 de 2012 y lleva el nombre del Caso Velez Restrepo y familiares Vs. Colombia, en esta providencia judicial se demando por la Comision ADH la tutela judicial efectiva de los derechos humanos por la instancia internacional, del senor Luis Gonzalo Velez Restrepo, su conyuge y su dos hijos, quienes desde 1997 y 1998 se vieron obligados a exiliarse por una labor periodistica que realizaba el senor Luis Gonzalo Restrepo.

Los hechos que originaron el exilio del periodista, ocurrieron el 29 de agosto de 1996, cuando el se encontraba como camarografo del programa nacional Colombia 12:30, en el Municipio de Morelia en el Departamento de Caqueta, cubriendo unas marchas y protestas que se realizaban contra las fumigaciones de los cultivos de coca que terminaron en disturbios y agresiones fisicas de las fuerzas Armadas de Colombia contra la poblacion civil y contra el periodista, quien grabo todos los sucesos que posteriormente fueron transmitidos en las cadenas televisivas. A partir +de ese momento, el periodista recibio amenazas telefonicas y escritas, hasta que decidio salir del pais por un intento de secuestro perpetrado en las afueras de su casa el 6 de octubre de 1996; desde ese ano y hasta la fecha de proferida la sentencia, el vive con su familia en Estados Unidos.

La ultima sentencia proferida por la Corte IDH en el ano 2012 juzgando a Colombia, fue proferida el 30 de noviembre de este ano bajo la denominacion de Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Los hechos que la Corte IDH encontro como probados en el proceso que origino este fallo ocurrieron el 13 de diciembre de 1998 durante una operacion militar en la vereda de Santo Domingo en el Municipio de Arauca en el Departamento que lleva el mismo nombre, durante una operacion militar contra la guerrilla de las fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia "FARC", tripulacion de un helicoptero de la Fuerza Aerea Colombiana lanzo un dispositivo compuesto por seis bombas de fragmentacion, armamento prohibido por el Derecho Internacional Humanitario, ocasionando la muerte de diecisiete personas de las cuales seis eran ninos e hiriendo a veintisiete personas y desplazando a otras a municipios cercanos a los hechos, quienes fueron agredidos por disparos de ametralladoras de miembros de la Fuerza Aerea mientras se trasladaban de lugar; por el uso de los explosivos de fragmentacion y la muerte de los ciudadanos colombianos, el Estado colombiano en la Jurisdiccion Penal interna declaro penalmente responsables a los tres tripulantes de la aeronave desde donde se lanzo dicho dispositivo y, la Jurisdiccion Contenciosa Administrativa ordeno reparaciones economicas para algunas de las victimas.

Ya esbozados los fallos, resulta oportuno mencionar que en las trece sentencias objeto de estudio, ademas de condenarse al Estado a reparaciones se encuentra como aspecto en comun, que en casi todas se declara que Colombia ha incurrido en la violacion de los articulos 4, 5, 8 y 25 de la Convencion ADH, que consagran el derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantias judiciales y a la proteccion judicial; es decir los aspectos facticos que han incidido en la intervencion de los organos jurisdiccionales internacionales estan perneados por la tortura o muerte de seres humanos dentro del territorio colombiano con aquiescencia u omision del Estado, al igual que su incapacidad para juzgar de manera adecuada por la ocurrencia de los hechos que generaron la muerte, tortura desaparicion o amenazas de las victimas. Asi mismo que las sentencias tienen en comun aspectos probatorios, como el alcance del allanamiento de los hechos que realiza el Estado, la practica de la prueba documental en lo que tiene que ver con la declaracion affidavit, la admision de documentos de prensa entre otros, que seran analizados a continuacion.

3. ANALISIS CRITICO DE REGLAS PROBATORIAS UTILIZADAS POR LA CORTE IDH EN LOS CASOS QUE SE HA JUZGADO AL ESTADO COLOMBIANO

El sistema de juzgamiento de la Corte IDH, si bien materializa y aplica aspectos procesales atendiendo a reglas del Derecho Procesal clasico, es decir, bajo principios procesales probatorios como el de contradiccion o el de defensa, con el argumento de proteger los derechos humanos contenidos en la Convencion ADH, ha incursionado en practicas procesales que en el sistema judicial interno del Estado colombiano llegarian a considerarse como violacion al debido proceso, pues, minimizan las formalidades en cuanto a la produccion de la prueba o se prueban hechos no formulados en la demanda; sin embargo, ello puede llegar a ser justificable si se tiene en cuenta la dificultad practica para acceder a esta jurisdiccion, tambien por lo riesgoso que puede resultar para las victimas o para los testigos rendir una declaracion testimonial ante la jurisdiccion internacional, o por la gravedad de los derechos humanos violados por el Estado colombiano, quien en todos los procesos judiciales ha sido demandado por falta de proteccion judicial y de garantias judiciales.

Dichas practicas procesales, en especial las probatorias, teoricamente pueden ser analizadas desde diferentes puntos de vista, ya sea a la luz de los principios probatorios, o simplemente de forma descriptiva, por ejemplo, haciendo una comparacion entre la forma como se practica una prueba, como la documental, dentro del sistema colombiano y el interamericano. De manera que este apartado realizara un analisis de algunas de las practicas probatorias de la Corte IDH en las sentencias contra el Estado colombiano, a partir del principio de la libertad probatoria, vinculadas con las formalidades, los medios y el objeto, para finalmente encaminar el analisis teniendo en cuenta los alcances del principio "iura novit curia", determinando si en las sentencias proferidas por la Corte IDH en las que se juzga el Estado colombiano, la practica probatoria resulta desfavorable y, si es asi, si podria ser justificable.

3.1 LIBERTAD PROBATORIA

Los reglamentos expedidos por la Corte IDH no han establecido expresamente un sistema de valoracion probatoria (Fix-Zamudio, 2003), sin embargo, en las sentencias analizadas en el presente escrito, de los casos por los que Estado colombiano es demandado, se encuentra que el sistema de apreciacion de la prueba utilizado por la Corte IDH se rige bajo el principio de "la sana critica", el cual tiene su fundamento en las reglas de la logica y la experiencia, siendo obligacion de la corporacion, fundamentar de forma cuidadosa los motivos por los cuales las partes han probado o no, los hechos que fundamenta su peticion o sus excepciones; al respecto la Corte IDH se refirio en los siguientes terminos:

La Corte ha senalado anteriormente, en cuanto a la recepcion y la valoracion de la prueba, que los procedimientos que se siguen ante ella no estan sujetos a las mismas formalidades que las actuaciones judiciales internas, y que la incorporacion de determinados elementos al acervo probatorio debe ser efectuada prestando particular atencion a las circunstancias del caso concreto y teniendo presentes los limites trazados por el respeto a la seguridad juridica y al equilibrio procesal de las partes. Ademas, la Corte ha tenido en cuenta que la jurisprudencia internacional, al considerar que los tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas segun las reglas de la sana critica, ha evitado siempre adoptar una rigida determinacion del quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo... (Corte IDH, Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia).

La anterior precision resulta pertinente para este punto debido a que dicha apreciacion de la prueba tiene incidencia en las formalidades, en el objeto y en el medio de producirla o allegarla al proceso; es decir, en un sistema con apreciacion legal o "tarifa legal" de la prueba judicial, los medios de conviccion estaran limitados a los establecidos normativamente (Barbosa, 2002, pag. 246).

De acuerdo con la aplicacion del sistema de valoracion de la prueba bajo el principio de "la sana critica", implica a su vez una libertad probatoria en cuanto a las formalidades, al medio y al objeto a probar; Devis Echandia (2006) se ha referido al tema, arguyendo que bajo el principio de libertad probatoria se le debe permitir al juez calificar si lo solicitado tiene alguna relevancia probatoria, y si el hecho a probar tiene alguna relevancia influyente en la decision. Al respecto se ha encontrado en los reglamentos de la Corte IDH la disposicion para que el juez pueda decretar de oficio en cualquier momento las pruebas que el considere (Abreu, 2003) y, ademas, en los casos colombianos, se han practicado pruebas a traves de diferentes medios, para objetos especificos, incluso con terminos extemporaneos.

Bovino (2005) por su parte ha senalado que los medios de incorporacion de la prueba en la jurisdiccion internacional de la Corte IDH son mas informales en comparacion con los de los procedimientos de derecho interno, pues se tiene como criterio rector descubrir la verdad acerca de la posible violacion de uno o mas derechos de la Convencion ADH. Entre tanto, se encuentra que en los reglamentos aplicados en el juzgamiento del Estado colombiano hay una ausencia de estrictas formalidades en lo que respecta a la prueba, de hecho en el reglamento de 1991, bajo el que se profirio el caso Caballero Santana Vs. Colombia, no se establecia un capitulo especifico relacionado con la prueba, por lo que el desarrollo de la misma, ademas de tener una amplia libertad, no consagraba ninguna formalidad en su admision, practica y contradiccion.

En los reglamentos que se han aplicado desde 1996, es decir, en los once casos restantes donde ha sido demandado Colombia, las estipulaciones normativas referentes a la admision de la prueba, varian un poco en la oportunidad procesal para presentarla, como en el del ano 1996, que permitian aportar al momento de presentacion de la demanda y en el escrito de contestacion los elementos materiales probatorios (Corte IDH, caso las Palmeras Vs. Colombia). En los otros procesos se admitieron las pruebas bajo las mismas oportunidades, agregando ademas la posibilidad para que los representantes de las victimas aporten en su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, y eximiendo de la practica las que fueron realizadas por la Comision IDH, con la posibilidad ademas de que posteriormente se presenten otras, cuando se trate de probar hechos supervinientes (CORTE IDH, Reglamento 1996, Articulo 43, Reglamento 2000, Articulo 43, Reglamento 2003, Articulo 44, Reglamento 2009, Articulos 57, 35.1, 40.2 y 41).

Ahora bien, pese a encontrar regulado el momento procesal para la admision de la prueba, la Corte ha admitido documentos de forma extemporanea, como en el caso Manuel Jose Cepeda Vs. Colombia, en donde los representantes de las victimas aportaron documentos que contenian leyes, procesos judiciales y documentos de prensa, siendo admitidos por esta corporacion, bajo el argumento de que los mismos aportaban informacion de los procesos penales en curso y que ademas, algunos de estos hacian parte de los alegatos finales y no del acervo probatorio aportado.

En el mismo sentido en otros casos en los que se ha juzgado a Colombia, la Corte IDH ha admitido documentos en la etapa oral, es decir, extemporaneamente como "pruebas para mejor resolver" bajo el argumento de que aplica la figura de la prueba de oficio, pero desvirtuando el concepto de tal, pues lo que comunmente ocurre en un sistema jurisdiccional interno es que el juez como director del proceso decreta y practica las pruebas oficiosamente cuando considere que son de utilidad para el caso, sin que hayan sido incorporados por las partes, o que ya no pueden ser allegados y no como ocurre claramente en este caso, que las partes incumplieron con su carga, pero la Corte IDH admite dichas pruebas sin que hayan sido pedidas por esta en la oportunidad procesal pertinente (Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia).

Por otro lado, en lo referente a la libertad de los medios de prueba, resulta pertinente precisar, que si bien a lo largo de las trece sentencias analizadas en este escrito se pueden identificar algunos aspectos desfavorables en materia probatoria para el Estado colombiano, el debate probatorio en cada una de las sentencias no radica en probar los hechos que motivaron la presentacion de la demanda, pues en diez de las trece sentencias analizadas, el Estado colombiano acepto su responsabilidad en la ocurrencia de los hechos, razon por la cual la Corte IDH trata de establecer en que medida los hechos ocurridos violan la Convencion ADH, asi mismo esta propende por establecer el contexto en el que ocurrieron, en identificar las victimas, o en fijar las reparaciones pertinentes.

La actuacion procesal del Estado colombiano descrita en el aparte anterior ha sido reiterativa en casi todos los procesos tramitados ante la Corte IDH, teniendo una posicion resistente en solo tres procesos jurisdiccionales internacionales, que terminaron en la primera, tercera y ultima sentencia proferida por el Tribunal Internacional, es decir en los casos, Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia de diciembre 8 de 1995 el caso de los Diecinueve Comerciantes Vs. Colombia de julio 5 de 2005 y caso de la Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia del 30 de noviembre de 2012.

Entre tanto, como un desfavorecimiento probatorio contra el Estado, en cuanto a los medios, se encuentra como punto en comun en las trece sentencias analizadas, la practica y valoracion de la prueba affidavit, que no es mas que una declaracion de testigos, peritos o victimas ante funcionario publico del Estado demandado, quien no ha tenido la posibilidad de controvertir su practica en audiencia publica ante la Corte IDH, y que ademas es valorada por la jurisdiccion interamericana como prueba documental. En algunas sentencias analizadas ni siquiera hay una declaracion ante el funcionario publico, sino que se autentica el escrito que lleva el declarante, siendo admitido tambien como documento por la Corte IDH bajo la figura de affidavit (Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia).

Bovino (2005) advierte que algunas practicas, como la mencionada, pueden atentar contra el principio de inmediacion del procedimiento ante la Corte IDH, sin embargo habria que precisar que en la mayoria de los procesos judiciales en los que se ha demandado al Estado colombiano se ha alegado la violacion de los articulos 8. y 25 de la Convencion ADH que hacen referencia a la proteccion judicial y las garantias judiciales, ademas de alegarse la vulneracion del articulo 4 del derecho a la vida o del articulo 5 que corresponde a la integridad personal, asi como tambien que las victimas o testigos han manifestado recibir amenazas en su contra a lo largo de los procesos internos, por lo que restringir las declaraciones a la audiencia concentrada, generaria limitantes para acceder a esta prueba dadas las condiciones de seguridad para los declarantes o los testigos y ante la gravedad de los hechos que generan el conocimiento de la Corte IDH (Caso Gutierrez Soler Vs. Colombia, caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, caso Velez Restrepo y Familiares Vs. Colombia).

Entre tanto, existen otros medios de prueba admitidos en algunos casos en los que se ha juzgado a Colombia por la violacion de derechos humanos, y comunmente no se consagran en el derecho interno, como es el caso de los documentos electronicos que no han sido aportados por las partes, sino, que se senala el enlace electronico, para lo cual la Corte IDH arguye que son valorados cuando cualquier persona pueda acceder a ellos, en tanto que no se afecta la seguridad juridica ni el equilibrio procesal (Caso Escue Zapata Vs. Colombia, caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia). Otro aspecto no muy comun en el sistema interno es que la Corte IDH, a lo largo de las sentencias valora noticias de prensa como prueba documental por considerar que recogen hechos notorios (Caso Velez Restrepo y Familiares Vs. Colombia, caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia).

Finalmente en lo que respecta a la libertad de objeto de prueba, es decir, los hechos sobre los cuales recae la actividad probatoria en los trece casos sometidos ante la Corte IDH, resulta pertinente puntualizar que segun Devis Echandia (2006), el objeto de prueba, o tema a prueba en la teoria general del derecho procesal, implica la aplicacion de principios como el de pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba; principios que a su vez limitan la libertad de la prueba, pues, con la pertinencia se determina que el medio y el hecho por probar tengan una relacion logica o juridica y por la conducencia se establece que la norma juridica permita probar los hechos por ese medio.

De forma que, en principio, los hechos alegados por la Comision ADH en la demanda, o los supervinientes despues de presentada la misma, son los que determinan el objeto a probar, sin embargo, se encuentran varias de las sentencias judiciales de los casos donde el demandado ha sido Colombia, la Corte IDH resalta la importancia de probar el contexto en el cual ocurrieron los hechos; y no es que se este desbordando el objeto a probar sino, mas bien, que por los hechos alegados por la Comision ADH y las pruebas aportadas por las partes o decretadas de oficio, es posible determinar que los sucesos acaecidos no fueron situaciones aisladas, sino que se desarrollaron bajo un escenario politico, juridico, social e historico que agrava la situacion de determinadas poblaciones.

La primera de las sentencias proferidas por la Corte IDH que establecio la importancia del contexto politico social o juridico en el que se desarrollaron los hechos, fue la del Caso los Diecinueve (19) Comerciantes, en la cual se establecio que en el Estado colombiano, se conformaron una serie de grupos armados de guerrilleros desde la decada de 1960, que para contrarrestar esta situacion se emitio el Decreto Legislativo 3398 de diciembre 24 de 1965, que posteriormente se consagraria como Ley 48 de 1968, dando como fundamento legal la creacion de grupos de autodefensas, permitiendosele a la sociedad civil realizar funciones propias de las fuerzas armadas del Estado, quienes en la decada de 1980 se convirtieron en grupos delincuenciales llamados comunmente paramilitares, que luego guardarian relacion con algunos miembros de las fuerzas armadas del Estado colombiano.

Esta sentencia, ademas de contener un valor historico importante para identificar algunos de los factores que han incidido en el conflicto politico, social, armado interno, que hasta la fecha se mantiene en el Estado colombiano, en terminos practicos le ha servido a la Corte IDH para analizar el contexto en el que han ocurrido otras violaciones de derechos humanos, ya que bajo los argumentos de que existe una coincidencia de tiempo y espacio entre los casos, de que la alegacion de responsabilidad estatal es comun y en aplicacion del concepto de comunidad de prueba, el Tribunal Internacional, ha trasladado pruebas practicadas y valoradas en este y otros procesos, para ser analizadas en procesos que se encuentran para fallo, algunas veces a peticion de parte y otras oficiosamente (Caso Valle Jaramillo y Otros Vs. Colombia).

Entre tanto, dicha practica fue llevada a cabo en las sentencias del caso de la masacre de Mapiripan de septiembre 15 de 2005, en el caso de la masacre de Pueblo Bello con sentencia de enero 31 de 2006, en el analisis del caso de la masacre de Ituango con sentencia de julio 1 de 2006, en el caso de la masacre de la Rochela con sentencia de mayo 11 de 2007 y en el caso del asesinato del defensor de derechos humanos Jesus Maria Valle Jaramillo con sentencia de noviembre 27 de 2008.

En dichas providencias judiciales, luego del analisis probatorio que realizo la Corte IDH del contexto encontro que esta considera probado como aspecto en comun, la formacion de los grupos paramilitares, la relacion entre estos y las Fuerzas Armadas del Estado colombiano, que incidieron de forma directa a la violacion de derecho humanos en las regiones donde ocurrieron los hechos; precisandose ademas por la Corte IDH las diferencias contextuales de cada una de las regiones en las que ocurrieron los hechos, o como en el caso Valle Jaramillo, que establece que la violacion de derechos humanos ligados a la muerte de Valle Jaramillo, se dio en un contexto de desproteccion y persecucion a defensores de derechos humanos, retomando la Sentencia T-590 de 1998 de la jurisdiccion interna de la Corte Constitucional de Colombia, quien declaro que al momento de los hechos existia un Estado de cosas inconstitucional por la desproteccion de los defensores de derechos humanos.

Entre tanto, en las ultimas tres providencias proferidas por esta corporacion, en el que el demandado es el Estado colombiano, se determino por la Corte IDH, que el proceso judicial no podria estudiarse sin analizar los elementos contextuales en el que se ilustran al juez sobre las circunstancias historicas, materiales, temporales y espaciales; en este sentido se tiene como probado para la Corte IDH que en el caso Manuel Jose Cepeda Vargas Vs. Colombia con sentencia de mayo 26 de 2010, ocurrio en un contexto de violencia sistematica contra los miembros del partido politico Union Patriotica "UP"; asi mismo, en uno de los mas recientes casos proferidos por la Corte IDH, de septiembre 3 de 2012, se considero por la corporacion juzgadora, que en la epoca en la que ocurrieron los hechos, en los cuales se vulneraron varios de los derechos humanos del periodista Velez Restrepo, existia un contexto de peligrosidad contra periodistas y comunicadores sociales en relacion con el cumplimiento de sus labores (Caso Velez Restrepo y Familiares Vs. Colombia).

Del mismo modo en el Caso Masacre de Santo Domingo Vs Colombia, la Corte IDH al analizar el contexto determino que el conflicto armado del departamento de Arauca esta ligado a la explotacion petrolera por ser la actividad economica mas importante de la region, lo cual origino la creacion de grupos armados ilegales y el incremento de la militarizacion de la zona, asumiendose por parte de las empresas extractivas del petroleo un apoyo economico a las Fuerzas Militares de Colombia para ampliar su intervencion, ocasionandose una situacion de violencia generalizada que afectaba a la poblacion civil al momento de los hechos.

En conclusion, en lo referente al objeto de prueba, al analizarse el contexto, la corporacion juzgadora internacional ha considerado que tomarlo en cuenta resulta relevante, pues el entorno politico e historico es determinante para el establecimiento de las consecuencias juridicas y de la naturaleza de las violaciones de la Convencion ADH. Asi mismo para la corporacion establecer los hechos y todos los elementos en tomo al contexto del asunto objeto de analisis, constituyen una de las formas de reparacion, y lo ha expresado en los siguientes terminos:

Teniendo en cuenta las atribuciones que le incumben de velar por la mejor proteccion de los derechos humanos y el contexto en que ocurrieron los hechos del presente caso, el Tribunal estima necesario dictar una sentencia en la cual se determinen los hechos y todos los elementos del fondo del asunto, asi como las correspondientes consecuencias, lo cual constituye una forma de reparacion para los familiares de las victimas, una contribucion a la preservacion de la memoria historica y a evitar que se repitan hechos similares, y a satisfacer, en suma, los fines de la jurisdiccion interamericana sobre derechos humanos (Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia).

3.2 EL PRINCIPIO "IURA NOVIT CURIA"

El principio "Iura Novit Curia" ha sido objeto de multiples analisis, encontrandose que este puede ser definido como una presuncion, en el sentido de que se presume que el juez es quien conoce del derecho aplicable al asunto en debate, o como un principio, es decir como la regla que le indica al juez que debe conocer y aplicar la norma del caso concreto (Meroi, 2006); asi mismo en diferentes escenarios doctrinales del derecho, por ejemplo en materia procesal penal se ha dicho que este expresa, que el tribunal llamado a juzgar no se encuentra vinculado a la calificacion juridica propuesta en la acusacion, o, en otros terminos, que el tribunal puede calificar estos hechos de una manera distinta, siempre que se atienda al principio de congruencia y el derecho de defensa (Alfonso, 2011).

Por su parte en el sistema interno del Estado colombiano, en el caso de la accion de tutela se ha aplicado ampliamente este principio por la Corte Constitucional en Sentencia T-146 de 2010, bajo las siguientes consideraciones:
   El principio general del derecho iura novit curia, que significa
   'el juez conoce el derecho', es una de las columnas vertebrales de
   la accion de tutela. En la medida que la tutela es un recurso
   judicial informal que puede ser interpuesto por personas que
   desconocen el derecho, es deber del juez de tutela, en principio,
   analizar el caso mas alla de lo alegado por el accionante.


Algo similar ha ocurrido en el escenario de lo contencioso administrativo en la jurisdiccion colombiana, pues, en algunos eventos, el Consejo de Estado al conocer demandas de reparacion directa, determinando que cuando se trata de establecer la responsabilidad patrimonial del Estado por una falla del servicio, es posible analizarlo bajo un titulo de imputacion diferente a aquel invocado en la demanda; de igual forma, en los supuestos de hecho en los cuales se pretenda establecer un dano antijuridico ocasionado a un soldado que ha prestado el servicio militar obligatorio, el juez debe verificar si este resulta imputable o atribuible al Estado con fundamento en uno o cualquiera de los titulos de imputacion que ha desarrollado esta jurisprudencia (Consejo De Estado, Radicacion 27001-23-31-000-1996-02299-01(22655) de octubre 3 de 2007, Radicacion 18001-23-31-000-1996-00770-01 (17543) de febrero 03 de 2010, Radicacion 25000-23-26-000-1996-03221-01 (19159) de marzo 10 de 2011).

Entre tanto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia colombiana, tambien ha tenido procesos en los que ha entendido que los jueces civiles deben aplicar el principio "iura novit curia" con el fin de corregir la calificacion de las pretensiones aducidas en la demanda, cuando los casos sean de responsabilidad civil contractual y se denominen erroneamente como un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, o viceversa (Radicado. 11001310302003-00282-01 de febrero 03 de 2009).

Al referirse al sistema interamericano se ha dicho que bajo este principio, el juez posee la facultad y el deber de aplicar las disposiciones juridicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente (Garcia, 2006), otros han agregado que dicha facultad permite que el tribunal pueda ir mas alla de lo pedido, incluso en lo atinente a las reparaciones. Ello tiene explicacion por cuanto la Corte IDH podria en la sentencia de fondo ampliar la responsabilidad internacional del Estado, al igual que la correspondiente indemnizacion que acompanaria la condena (Barbosa, 2002, pag. 246).

En este sentido se han presentado tres sentencias en las cuales la Corte IDH ha hecho aplicacion del principio "iura novit curia", la primera de ellas es la proferida el 15 de septiembre de 2005, conocida como el caso de la Masacre de Mapiripan Vs Colombia, en la cual, ademas de hacer un recuento jurisprudencial sobre dicho principio, se precisa que si bien la demanda es el marco factico del proceso, aquella no representa una limitacion a las facultades de la Corte IDH para determinar los hechos del caso, siempre que sea con base en las pruebas practicadas, declarando asi la violacion de la Convencion ADH en el articulo 19, que no habia sido presentado como violacion en la demanda sino que se argumento como tal en los alegatos de los representantes de las victimas.

De una forma similar, en el caso de la masacre de Pueblo Bello contra el Estado colombiano, al analizarse el alcance que tienen las victimas al intervenir en el proceso, mediante el escrito de argumentos y solicitudes, estos presentaron la alegacion de la violacion de unos derechos de la Convencion que no habian sido alegados por la Comision ADH en la demanda; la Corte IDH considero que dicho escrito no tiene el caracter de demanda, pero ello no implica que no puedan alegar la violacion de otros derechos, ya que son las victimas los titulares de los derechos humanos comprendidos en la Convencion ADH, y ademas que en virtud del principio "iura novit curia", la Corte IDH tiene la competencia y la obligacion para aplicar las disposiciones pertinentes en un proceso, aunque no hayan sido alegados en la demanda, siempre que se garantice el derecho de defensa.

Finalmente, el principio aca analizado se aplico en el caso de la masacre de Ituango, en el que se determino como necesario por la Corte IDH, el analisis de la posible violacion del articulo 11,2 de la Convencion ADH, pese a que no se alego su violacion en la demanda ni en el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes de las victimas. En este caso dicha corporacion considero que ante la gravedad de los hechos analizados, en el cual hubo quema de bienes inmuebles, existio una violacion del derecho a la propiedad privada, al domicilio y a la vida privada, razon por la cual, hace el estudio mencionado bajo el principio "iura novit curia" (Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia).

Entre tanto, en la actualidad se han generado criticas a este principio, toda vez que se considera que puede ir en contravia con la imparcialidad del juez en el escenario de que existan muchas indeterminaciones normativas, en las cuales el juez juega un papel interpretativo muy importante, en tanto que este puede hacer valer sus preferencias valorativas, debido a predisposiciones con las partes, o al decidir conforme a convicciones morales, religiosas o politicas. Sin embargo, las criticas tambien han encontrado que si el papel de las partes es mas activo y se garantiza plenamente el principio de contradiccion y el derecho de defensa, la participacion de las partes tendra como consecuencia necesaria que el papel del juez sea efectivamente el de direccionar el proceso, y solo eventualmente, aplicar el derecho que no haya sido alegado por estas (Meroi, 2006).

CONCLUSIONES

Las reglas procesales para que un individuo pueda obtener una tutela judicial efectiva por medio de sentencia judicial en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, por parte de la Corte IDH resultan ser muy estrictas, ya que no es a traves de un abogado titulado que se acude a dicha jurisdiccion, como ocurre en el sistema judicial interno, sino que es otra institucion internacional como lo es la Comision ADH, quien determina en ultimas cuales son los casos que deben ser objeto de un proceso judicial ante esta jurisdiccion, tal como se observa en las sentencias analizadas.

Al realizar un analisis de los trece fallos proferidos por la Corte IDH, en los que el Estado colombiano ha sido demandado, se puede encontrar que bajo el principio de la libertad probatoria se hayan practicas probatorias que podrian considerarse desfavorables, precisandose que en diez de los procesos hubo allanamiento por parte del Estado colombiano, y ante la gravedad de los hechos, dichas practicas pueden resultar justificables, ya que por ejemplo la prueba documental affidavit puede ser la unica forma de obtener la declaracion de un testigo o una victima, o porque si se niega la admision de una prueba documental, aunque sea de forma extemporanea, podria implicar que ciertos hechos no sean probados por un procedimentalismo que no puede ser bienvenido en este escenario, por encontrarse en controversia bienes juridicos que hacen parte inherente de la humanidad.

En sintesis, habria que argumentar que ante el juzgamiento de un Estado como el colombiano, por violacion de derechos humanos, en los trece casos analizados, resultan justificables las practicas probatorias encontradas, pues, los hechos estan perneados por desapariciones, como en el caso de la masacre de Mapiripan en el que se desconoce la cantidad de las victimas, o como en el caso de Pueblo Bello en el que se encuentran desaparecidas muchas de estas.

De igual forma, resulta justificable, porque en este escenario se evidencian hechos en los cuales la poblacion colombiana se ha visto vulnerable por la omision o accion de agentes del Estado, quienes permitieron la creacion de grupos paramilitares, como quedo evidencia en el Caso los Diecinueve (19) Comerciantes, o por que han participado en la persecucion de partidos politicos como la Union Patriotica (UP), por el asesinato de defensores de derechos humanos como Jesus Maria Valle Jaramillo, por la persecucion a periodistas, o por la tortura a la que fueron sometidas diferentes personas en cada uno de los casos analizados.

Fecha de recepcion: abril 6 de 2013

Fecha de aprobacion: mayo 21 de 2013

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Julio Cesar Cuastumal Madrid, Abogado Especialista en Derecho Procesal, este escrito es el resultado de sus estudios de posgrado de Derecho Procesal, al cual se le otorgo mencion especial por medio de Resolucion No. 004 de marzo 5 de 2013, expedida por e l Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la Universidad de Antioquia. juliocuastumal@yahoo.es y juliocuastumal@gmail.com
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Author:Cuastumal Madrid, Julio Cesar
Publication:Estudios de Derecho
Article Type:Ensayo
Date:Jun 1, 2013
Words:11217
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