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Bajo acusacion penal.

Durante casi todo el sexenio el gobierno de Vicente Fox sometio a una persecucion implacable a Julio Scherer Ibarra. El hijo de Julio Scherer Garcia, fundador y actual presidente del consejo de administracion de la empresa editora de Proceso, fue objeto de multiples acusaciones penales por delitos presuntamente cometidos durante su gestion como director general del Consorcio Azucarero Escorpion (Caze), entre 1997 y 1999. En lo que puede considerarse como una verdadera caceria, la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, con Francisco Gil Diaz a la cabeza, presento contra Scherer Ibarra 14 denuncias penales, de las cuales fue exonerado por la PGR en mayo pasado, pese a las presiones de la SHCP. Ahora, la situacion se revierte: el jueves 9 de noviembre Julio Scherer Ibarra denuncio a la SHCP por abuso de autoridad y omision de hechos sustanciales en un juicio de amparo, delitos que presuntamente cometieron los funcionarios que presentaron directamente las querellas, pero cuya responsabilidad recaeria tambien en el propio secretario Gil Diaz.

La intencion del gobierno de Vicente Fox de encarcelar por supuesta defraudacion fiscal a Julio Scherer Ibarra, hijo del fundador de Proceso, Julio Scherer Garcia, acabo por revertirsele a los funcionarios de la Secretaria de Hacienda que operaron la persecucion, atajada en definitiva en mayo pasado por la Procuraduria General de la Republica (PGR) ante la falta de sustento de las acusaciones.

El jueves 9, Scherer Ibarra presento ante la propia PGR una denuncia de hechos por los probables delitos de abuso de autoridad y omision de hechos importantes en un juicio de amparo, contra el subprocurador fiscal de Investigaciones de la Procuraduria Fiscal de la Federacion (PFF), Ambrosio de Jesus Michel Higuera, y el director general de Delitos Fiscales de la PFF, Eduardo Javier Tito Sodi Carmona, uno de los funcionarios que participo en la apertura de 14 averiguaciones previas por supuesta defraudacion fiscal de Scherer Ibarra cuando fue director general del Consorcio Azucarero Escorpion (Caze, S.A. de C.V.), entre octubre de 1997 y diciembre de 1999.

Sin embargo, el denunciante senala como responsable inmediato de la actuacion de ambos funcionarios a su superior jerarquico: el secretario Francisco Gil Diaz, quien los nombro en esos cargos y les delego las atribuciones necesarias para presentar las querellas.

Scherer Ibarra se queja tambien ante la PGR de la dolosa difusion del caso que hicieron los funcionarios de Hacienda, y considera que, en su intento de encarcelarlo, aquellos violaron la Ley de Amparo, la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Codigo Penal Federal, entre otros ordenamientos.

La denuncia contra Gil Diaz y sus colaboradores se presento al dia siguiente de que se interpusiera una demanda ante la justicia civil del Distrito Federal contra el presidente Vicente Fox, por negarse a pagar 3 millones de dolares por la asesoria legal que recibio para no ser procesado por las irregularidades que cometio durante su campana presidencial con la asociacion civil Amigos de Fox.

Las acusaciones de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico (SHCP) contra Scherer Ibarra se iniciaron en abril de 2001, a escasos meses de iniciado el gobierno foxista, pero fueron advertidas a Scherer Garcia desde diciembre de 2000 por Francisco Barrio, entonces titular de la Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo (actualmente Secretaria de la Funcion Publica).

Segun cuenta el fundador de Proceso en su libro La Pareja, publicado en 2005, el propio Fox le dijo, indiferente, que no habria ninguna accion legal contra Scherer Ibarra. Lo mismo le aseguro el entonces secretario de Gobernacion y actual coordinador del PAN en el Senado, Santiago Creel.

Pero el secretario de Hacienda, Francisco Gil Diaz, emprendio las acciones legales contra quien fuera tambien el apoderado y miembro del Consejo de Administracion del Grupo Caze, propiedad de Enrique Molina Sobrino. A principios de los noventa, Molina era el embotellador de Pepsi Cola en Mexico y quien en esos anos se confronto con su competidor mas importante, el entonces gerente de la Coca Cola en Mexico, Vicente Fox Quesada.

La acusacion contra el exdirector general del consorcio azucarero fue una sola: defraudacion fiscal. Pero se tipifico con cinco presuntos delitos, que derivaron en 14 averiguaciones previas en los distintos estados del pais donde se encuentran los nueve ingenios del grupo.

Es decir, un mismo delito amerito la presentacion de nueve querellas, una por cada ingenio de Caze: Atencingo, Casasano, La Abeja, Plan de San Luis, La Providencia, Emiliano Zapata, El Potrero, San Miguelito y El Modelo, aparte de Impulsora de la Cuenca de Papaloapan.

Ademas, las autoridades hacendarias le habian imputado a Scherer Ibarra otros cinco cargos, ahora por defraudacion fiscal: cobro del subsidio a la exportacion de excedentes azucareros anteriores a la zafra 1996-97, cobro del subsidio para el manejo de inventarios de la zafra de 1998, tentativa de cobro del subsidio a la zafra de 1999, defraudacion fiscal por omision del Impuesto Sobre la Renta de mayo y diciembre de 1999 en el ingenio Atencingo, y defraudacion fiscal por la retencion de cuotas del Seguro Social de julio de 1999 a junio de 2000 en el ingenio El Potrero.

Algunos de los cargos le imputaban hechos ocurridos cuando Scherer Ibarra ya habia salido del consorcio; ademas, se le senalaba por acciones que correspondia emprender a los gerentes de cada uno de los ingenios. Asi lo hace ver el mismo en la contra-accion legal que presento ante la PGR: le dice al Ministerio Publico Federal que luego de cinco anos de la persecucion de Hacienda, en mayo pasado la propia procuraduria decidio no ejercer accion penal al dar por cerradas las 14 demandas (Proceso 1547).

Las acusaciones de Hacienda fueron presentadas por el subprocurador Michel Higuera y por Sodi Carmona, a pesar de "tener conocimiento que el suscrito no podia ser responsable de lo que denunciaban", le manifiesta Scherer Ibarra a la Procuraduria General de la Republica.

De la misma manera, se queja de que Hacienda se haya amparado contra la determinacion de la PGR de no ejercer accion penal en una de las demandas, relacionada con el ingenio Atencingo. La gravedad de ese recurso, dice, es que la dependencia, a traves del subprocurador fiscal, omitio manifestar que el credito fiscal reclamado y objeto de la demanda ya estaba cubierto.

"Esta omision implica falsedad de declaraciones" --aduce Scherer Ibarra--, a pesar de que el subprocurador declaro bajo protesta de decir verdad. Pero tambien, agrega, violo la Ley de Amparo, cuyo articulo 9 establece que las personas morales oficiales, como es la SHCP, unicamente pueden acudir al juicio de garantias si tienen afectacion patrimonial.

De esa manera, la SHCP no solo "expresamente nego que estuviera a salvo el credito fiscal", sino tambien "evito que las areas conducentes (de la misma dependencia) rindieran el informe conducente, que acreditaba que el credito fiscal estaba cubierto".

Le senala a la PGR que la Ley de Amparo determina una pena de seis meses a tres anos de prision "al quejoso de un juicio de amparo que al formular su demanda ... omita hechos que le consten en relacion con el amparo".

Abuso de poder

En su denuncia, Scherer argumenta que no solo fue excesivo que la SHCP "haya enderezado acusacion en mi contra a sabiendas de que en realidad ninguna responsabilidad penal podria tener", sino tambien "abuso de la funcion publica en mi perjuicio" al filtrar las denuncias a la prensa.

Y en un recuento, enlista mas de medio centenar de informaciones relacionadas con las demandas que, entre junio de 2001 y octubre de 2002, difundieron periodicos, revistas, agencias de noticias y medios electronicos.

"Existe evidencia de que fui sujeto de abuso de autoridad por parte de la SHCP a traves de los servidores publicos mencionados", quienes "me acusaron con el unico proposito de vejarme ... y perseguirme", reitera.

Sostiene: "No existia razon para acusarme, evidenciandose que el unico fin para ello era involucrarme en averiguaciones previas que no solo me causaron una molestia injustificada, sino que, ademas, fueron el pretexto para exponerme al escarnio publico, a traves de las 'filtraciones' de las acusaciones".

Los funcionarios de Hacienda, asegura, difundieron las querellas de mala fe, pues "no habia nada de que acusarme, pero nada los detuvo en la violacion de las normas de derecho establecidas, como es la discrecion obligada tratandose de averiguaciones previas". Ellos, afirma, eran los unicos a los que les interesaba difundirlas.

Scherer Ibarra dice en su denuncia que constituye abuso hacia su persona el hecho de que se hayan presentado las denuncias y/o querellas en su contra sin sustento probatorio, pero tambien "el haber expresado consideraciones con las que, por un lado, se me vinculo a hechos que no realice (y que se calificaban como delitos) y, por otro lado, con las que se me imputo responsabilidad penal".

La mera presentacion de las denuncias, dice, represento el abuso de autoridad porque "se produjo un dano automatico", y le pide al Ministerio Publico Federal tomar en cuenta que "una denuncia y/o querella es lesiva cuando no solo se hace sin sustento alguno, sino sobre todo cuando la hace un servidor publico".

Mas grave es, senala, cuando ese funcionario no tiene la intencion de que las autoridades ministeriales valoren y resuelvan con la reserva y sigilos necesarios, "sino con el proposito de utilizar tales acusaciones para perseguirme y exponerme al escandalo publico".

Esa conducta, observa, esta tipificada como delito por el Codigo Penal Federal y se sanciona con una pena de uno a ocho anos de prision cuando la intencion sea la de vejar a una persona.

Scherer Ibarra finca el cargo no solo contra el subprocurador fiscal y el director general de delitos fiscales de la Procuraduria Fiscal de la Federacion, sino que hace recaer la responsabilidad en el propio secretario de Hacienda.

Explica: "Toda vez que la funcion que como servidor publico tienen aquellos que presentaron las denuncias y/o querellas y las demandas de amparo, devienen delegadas del propio secretario de Hacienda y Credito Publico, licenciado Francisco Gil Diaz, entonces debe entenderse que la responsabilidad no puede quedar simplemente en el que lleva a cabo el acto, sino que lo es tambien de aquel del que proviene la funcion con la que se cometio el abuso de autoridad y la omision prevista en la Ley de Amparo".

En los escritos de las querellas y la demanda de amparo, quien suscribe es la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, cuyo titular es Gil Diaz; ademas, quien los firma expresa que actua por delegacion de atribuciones de sus superiores jerarquicos, lo cual queda comprobado con el nombramiento que les hizo el propio Gil y con el que acreditaron su legitimacion para presentar esos escritos, anade Scherer Ibarra.

Y para establecer aun mas la responsabilidad directa de Gil Diaz, le dice a la PGR que el secretario "no puede argumentar desconocimiento del actuar de sus funcionarios", porque estos solo pueden actuar en virtud de que los nombro el secretario y, ademas, "las querellas fueron del conocimiento publico".

Por esos motivos, Scherer Ibarra le pide a la PGR que inicie las averiguaciones previas correspondientes para esclarecer los hechos y, si hay delito que perseguir, ejercite accion penal contra los senalados.

Actos discrecionales

Desde octubre de 2000, poco antes de que Fox asumiera la Presidencia y Gil emprendiera las denuncias penales, el contador publico Felipe Cristiani Romero --entonces administrador central de Fiscalizacion a Empresas que Consolidan Fiscalmente y Sector Financiero, del Servicio de Administracion Tributaria (SAT) de la SHCP--, presento los resultados de las auditorias en los que se demostraba la falta de sustento de las acusaciones contra el exdirector general de Caze relativas a los subsidios fiscales.

En un documento dirigido a J. Fidel Perez Herrera --contralor interno del SAT en ese tiempo-- y con una advertencia que dice: "entrega personal", Cristiani le dio las conclusiones de las auditorias a los nueve ingenios y la comercializadora de Caze correspondientes a los ejercicios fiscales de 1996 a 1998.

La primera conclusion senala que en una investigacion a uno de los ingenios del grupo "no se determinaron diferencias ni evidencias de que (el) azucar no hubiera sido exportada". Sin embargo, la Procuraduria Fiscal emprendio la demanda por el cobro de subsidios, ya que supuestamente no se habia realizado la exportacion.

Respecto del cargo relacionado con los subsidios a la zafra anterior a 1996-97, se encontro que, despues de auditar los nueve centros de produccion de azucar, no existia repercusion fiscal contra Hacienda. Y sin embargo se inicio la demanda.

Otra de las conclusiones establecio que tampoco habia irregularidades fiscales en los subsidios de 1998. Lo mismo ocurrio con la zafra 1998-99. En ambos casos se presento demanda.

Sobre las otras dos acusaciones, Scherer Ibarra dice en su denuncia contra los funcionarios de Hacienda:

"En el caso especifico de la querella por defraudacion fiscal por supuesta omision de enterar impuestos retenidos en el ejercicio correspondiente al ano 1999, supuestamente cometido en representacion del ingenio El Potrero, los servidores de la SCHP ya tenian pleno conocimiento de que en averiguaciones precedentes (particularmente la que se siguio por supuesta defraudacion fiscal, que hicieron consistir con omision de enterar impuestos correspondientes al ano de 1999 por parte de la empresa Ingenio de Atencingo) se habia probado, tanto que no estaba a mi cargo llevar a cabo y tomar las decisiones del pago de impuestos, como que yo habia dejado de trabajar para todo el Consorcio Azucarero a partir del 14 de diciembre de 1999".

Hacienda no solo desestimo el precedente sino que se amparo contra el y combatio sin exito la resolucion judicial que le habia dado la razon a Scherer Ibarra en el caso del ingenio Atencingo.

La discrecionalidad con la que actuo el grupo encabezado por Gil Diaz quedo demostrada cuando otorgo el perdon fiscal a uno de los coacusados: Manuel Rodriguez Arregui, tambien consejero de Caze e hijo de la secretaria del banquero Roberto Hernandez, amigo de Vicente Fox desde la universidad.

El perdon fiscal, que segun Scherer Ibarra fue el primero otorgado por Hacienda en 25 anos, habia sido negado inicialmente por la justicia, pero en noviembre de 2002 Gil Diaz se inconformo a traves de la PGR, que entonces encabezaba el general Rafael Macedo de la Concha.

El juez segundo de Distrito de Puebla, Salvador Martinez Calvillo, accedio a ratificar el perdon solicitado por Hacienda al resolver que esa dependencia si estaba facultada para otorgar ese beneficio a pesar de que "el interes fiscal" no estuviera satisfecho.

Y explico asi la exoneracion parcial: "Como la parte ofendida no ha obtenido la satisfaccion de sus intereses o derechos, ese perdon solo beneficia al inculpado en cuyo favor se otorgo" por peticion del entonces titular de la PFF, Juan Carlos Tamayo Pino, quien dependia directamente de Gil Diaz.
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Title Annotation:demanda de Julio Scherer Ibarra contra la Secretaria de Hacienda y Credito Publico
Author:Carrasco Araizaga, Jorge
Publication:Proceso
Date:Nov 12, 2006
Words:2675
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