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Autoridad y legitimacion: de vuelta al anarquismo.

1. Introduccion

Este articulo tiene por objetivo reivindicar la critica en contra del deber moral de obedecer a la autoridad politica, planteada tipicamente desde el anar-quismo filosofico (1). La propuesta general es reenfocar la perspectiva tradicional de la filosofia politica atendiendo a las criticas anarquistas (2) sobre el deber de obediencia a la autoridad, para dar cuenta de un marco normativo adecuado en la consideracion de la legitimidad de la autoridad politica.

Se propone que la consideracion de las criticas anarquistas resulta fundamental en la discusion filosofica sobre la autoridad dado que en las discu-siones contemporaneas sobre filosofia politica suele asumirse la legitimidad general del Estado suponiendo cierto valor moral intrinseco de esa forma de organizacion politica (3). La pregunta por la obligacion moral de obedecer a la autoridad suele resolverse poniendo la obediencia como el estandar moral para la accion, haciendo salvedad de los casos de grotesca injusticia (por ejemplo, en John Rawls (4)). Recuperar la posicion anarquista permite una inversion de dicho supuesto (la presuposicion seria la falta de vinculatoriedad moral de las ordenes de la autoridad politica), permitiendo una perspectiva mas activa de la sociedad civil y abriendo posibilidades alternativas para el planteamiento de teorias de, por ejemplo, justicia global (5).

La relacion de las personas con el Estado se ha mantenido como una interaccion clave en la discusion sobre las obligaciones y deberes morales en filosofia politica, aun con el relativo declive de la soberania en tiempos de globalizacion. En general, el mundo se reparte entre Estados, y el reconocimiento que se tiene (a traves de la nacionalidad, la residencia, etcetera) por parte de estos determina las posibilidades y restricciones respecto de las acciones, derechos, capacidades y obligaciones de las personas. En el plano domestico, la relacion que se establece con el Estado y sus instituciones genera no solo derechos y obligaciones, sino que define nuestro rol, dota de sentido especifico nuestras obligaciones y deberes, y genera limites y umbrales espaciales y temporales desde el discurso normativo encarnado en la ley (6).

Adicionalmente, la pretension que tienen los Estados, a traves de su sistema legal, de reglamentar la vida de las personas es mucho mas amplia de lo que por lo general se dice explicitamente en las justificaciones en favor de la existencia y manutencion del Estado. Se pretende que toda accion u omision de las personas encuentre cabida en las reglamentaciones institucionales (7). Incluso las acciones que no son objeto directo de la intervencion estatal se clasifican y delimitan, se definen y se apropian, moldeando asi las posibilidades de conducta percibidas por la ciudadania. Ante este panorama, surgen cuestio-namientos de como se vinculan estas relaciones jerarquicas con las demandas de derechos, libertad y autonomia, y sobre los problemas eticos que pueden generarse a partir de ellas.

Asi, este articulo se ocupa de hacer un analisis de esas relaciones basan-dose, especificamente, en las nociones de autoridad, obediencia y legitimidad, con el fin de aclarar la discusion y poner en evidencia las fuertes limitaciones de los intentos de legitimacion (8) de la autoridad politica. Para lograr este objetivo, el trabajo aclara el concepto de autoridad, indaga por la necesidad de justificacion para el ejercicio de la autoridad, retoma las objeciones anarquistas de Robert Paul Wolff y de John Simmons, y propone limites al alcance de la justificacion de la legitimidad de la autoridad politica.

2. La autoridad politica

Aunque la autoridad practica no se limita a la autoridad politica, dadas las condiciones en que se ha desarrollado la historia social, politica y legal en el ultimo siglo, el analisis del Estado esta intimamente relacionado con la pregunta por la autoridad (9). Ya que el Estado encauza y modifica las acciones de los individuos, genera normas, asigna tareas, confiere permisos y poderes, da autorizaciones, etcetera, la pregunta por la autoridad del Estado, por sus limites y por sus condiciones de legitimacion resulta ser notablemente importante. En un estudio normativo como el que aca se propone, mas alla de la consideracion de las instancias existentes de autoridad politica, la pregunta por la legitimidad y, por ende, la posible fundamentacion de la existencia y ejercicio de la auto-ridad, resulta un requisito ineludible para hacer una evaluacion general del concepto de autoridad politica. Se comenzara entonces con una descripcion del concepto de autoridad y en particular de autoridad politica.

Como el Estado necesita poder asegurar la aquiescencia de la ciudadania a fin de conseguir la coordinacion y regulacion del orden social, acudiendo a la nocion de autoridad podemos explicar el proceso mediante el que se consigue ese cometido. Asi, antes que nada, habra que distinguir la autoridad de dos nociones que pueden confundirse con ella: coercion y argumentacion (10).

Al pensar en la manera en que el Estado asegura que sus ordenes sean acatadas, normalmente se acude a la nocion de coercion. Suele decirse, tal vez inspirados en la nocion hobbesiana de la fuente de la autoridad estatal, que es a traves de la sancion que el Estado logra el acatamiento de sus normas (11).

Sin embargo, como menciona Martha Nussbaum (12), la pura sancion tiene el problema de que no da campo a una comprension util, por parte del sujeto de quien se pretende determinado comportamiento, de por que deberia acomodarse a ciertas formas de conducta. La simple aplicacion de la coercion no permite ni la comprension de la norma ni su extrapolacion a diferentes circunstancias, perdiendo asi la posibilidad de la interiorizacion de la regla y de la conducta demandada. Consecuentemente, la obediencia basada solo en la coercion lleva a la inestabilidad de la obediencia, dado el desconocimiento del contenido y justificacion de la orden.

Aparentemente, este problema podria solucionarse por medio de la argumentacion. Sea por arreglo a fines o por arreglo a principios, a traves de la persuasion racional podriamos convencer al individuo de adoptar ciertas conductas ofreciendole buenas razones para que actue en conformidad con ellas. No obstante, el funcionamiento social resulta imposible si debemos probar racionalmente, en todos los casos, por que deben obedecerse las ordenes del Estado. Precisamente por eso Kant, en su Respuesta a la pregunta ?que es la ilustracion? (13), postula el uso privado de la razon, en el que se supone una unanimidad artificial entre los participantes de una institucion que avale la accion coordinada sin necesidad de la defensa racional de las ordenes emitidas como herramienta indispensable para el funcionamiento coordinado de varios sujetos.

Adicionalmente, cuando pensamos en nuestras opciones de comportamiento, normalmente excluimos posibilidades que van en contravia de lo requerido por el Estado sin pensar en su justificacion racional o en la sancion prevista para quien lo haga. Las razones para excluir esas posibilidades son multiples, pero una de ellas es sencillamente que consideramos que se trata de una imposibilidad practica sin mas. Tal como propone Robert Gordon pensando en la autoridad de la ley: "Nunca se tiene mas poder que cuando se han apropiado los simbolos de la autoridad de manera tan exitosa que las propias acciones no son vistas en lo absoluto como ejercicios de poder, sino simplemente como expresiones del sentido comun pragmatico e irrebatible" (14).

Asi, ni argumentacion ni coercion bastan para agrupar y coordinar las acciones de los sujetos que conforman la sociedad. Ni siquiera la conjuncion de argumentacion y coercion son suficientes dado que resulta descriptivamente obtuso postular que las personas obedecen a la ley solo en virtud de tener en cuenta la disuasion de la coercion o un balance de razones (15) que les permita avalar el contenido de las ordenes recibidas. Es ahi, entre lo que falta a la coercion y argumentacion para asegurar la aquiescencia que lleva a la coordinacion y la accion, donde encontramos la autoridad.

Inicialmente entenderemos por "autoridad" una forma especial de influencia o poder que es, en si misma, una razon. Se trata de un acto de habla que al ser emitido se convierte en razon para la modificacion de conductas o creencias. ?Cuales son, entonces, las caracteristicas que permiten definir el concepto positivamente?

En terminos generales, podemos decir que la caracteristica primordial del ejercicio de la autoridad (16) es que modifica la conducta de las personas a traves de actos de habla. Diremos que un sujeto X tiene autoridad sobre un sujeto Y en caso de que Y actue conforme a las ordenes de X por el hecho de que sea X, en particular, quien haya emitido la orden (17).

Encontramos, entonces, una cuestion de interes para entender el problema: en la autoridad politica, al igual que en la autoridad practica en general, es la fuente de la orden y no su contenido, ni el individuo particular que la profiere, la que genera la influencia sobre los sujetos (18).

Asi, para la realizacion de la relacion de autoridad, es indispensable que haya signos que permitan, a las personas involucradas, el reconocimiento tanto del rol de autoridad como de las personas o instituciones investidas, a traves del rol, con dicha autoridad. Se necesita la posibilidad de reconocer quien tiene el derecho o la autorizacion de la potestad de mandar. Como lo menciona R.B. Friedman, "... debe haber una forma publica de identificar a la persona cuyas proclamaciones han de tomarse como autoritativas... alguna forma publica de identificar la autoridad es un requerimiento logico de la obediencia deferente donde sea que esta se halle en la sociedad" (19). En este mismo sentido, H.L.A. Hart (20) propone la necesidad de reglas de reconocimiento al interior de los sistemas legales. Dado que la obediencia a la autoridad se basa en la posicion desde la que se emite la orden, y no en la evaluacion del contenido de la misma, es fundamental tener un metodo para saber a quien obedecer. Sin la posibilidad de saber quien es la autoridad, la unica salida que tenemos es basarnos en el propio juicio para la evaluacion de las razones que justifican los requerimientos de cada orden particular, haciendo que la distincion entre autoridad y argumentacion racional colapse.

3. La necesidad de justificacion

Especificamente despues de la Segunda Guerra Mundial, cuando los acusados nazis adujeron el respeto a la ley, el apoyo a su comunidad y la fidelidad al Estado como defensa en contra de las acusaciones que se les formu-laban, las reflexiones y analisis sobre la relacion entre individuo y Estado, y las nociones de legitimidad y autoridad recobran importancia en la discusion filosofica. Una de las razones para el resurgimiento del debate es que si, a traves de la formacion de un Estado y de la eleccion democratica de un gobierno se puede dar paso a la realizacion de acciones abiertamente inmorales y se puede atentar no solo contra otros Estados, sino contra la libertad y bienestar de los ciudadanos de dicho Estado, resulta necesario reconsiderar la actitud que se deberia tener de cara a los fundamentos propuestos para su legitimidad.

Cuando nos referimos a la autoridad, hablamos necesariamente de la pretension de legitimidad. El poder de la autoridad como forma de control social se ejerce desde la pretension del uso legitimo del poder. En consecuencia, resulta pertinente hacer una nueva distincion, a saber, entre autoridad de facto y de jure.

Para aclarar la diferencia entre autoridad de facto y autoridad de jure podemos acudir a una distincion hecha por Wolff respecto de dos posibilidades de aproximarnos al estudio de la autoridad, a saber, descriptiva o normativa. En el plano descriptivo nos referimos a personas o instituciones que reclaman tener autoridad y la ejercen; a esto lo llamamos autoridad de facto. Tal es el caso de personas o instituciones que de hecho generan obediencia o lealtad basadas en el reconocimiento de su autoridad. El punto aca es que la influencia del Estado sea efectiva y reconocida como autoritativa, independientemente de los meritos argumentativos y morales de la justificacion de su legitimidad. En tanto que se cumplan las ordenes del Estado por ser este quien las emite, podemos senalar la existencia de autoridad de facto.

Por otra parte, con respecto a la autoridad de jure, nos encontramos con el sentido normativo de autoridad. Aqui lo importante no es la influencia, sino si quien la detenta puede probar la legitimidad de su derecho a mandar. En esta vertiente del concepto, la evaluacion no recae sobre la efectividad de la autoridad y de su reconocimiento, sino sobre la evaluacion de las razones que se ofrecen para respaldar su ejercicio. La evaluacion de estas razones reviste tal importancia que da pie a toda una rama de la disciplina filosofica. Segun Wolff, el estudio en filosofia politica se dedica a proveer colecciones de parametros en favor de la legitimidad de alguna forma de gobierno, para luego establecer que quienes se cinen a esos parametros serian autoridades de jure.

Normativamente, cuando se pretende verificar la existencia del derecho a mandar hay dos caminos: verificar que se cumplan los criterios internos de legitimidad o contrastar las caracteristicas de la autoridad con criterios independientes (externos) de juzgamiento. La aproximacion desde el interior del sistema normativo tipicamente juzga si el sistema de autoridad se ajusta a sus propias reglas de funcionamiento -el sistema legal de un Estado-, haciendo una verificacion de la concordancia entre la autoridad y las reglas de regulacion imperantes en el sistema politico. La anterior es la tipica aproximacion del positivismo legal. Por otra parte, en el intento de justificacion desde principios o consideraciones externas al sistema normativo, la preocupacion se centra en que la autoridad se acomode a criterios de evaluacion morales y prudenciales, a criterios generales de racionalidad y razonabilidad que apliquen al juzgamiento de la autoridad y de sus reglas internas de justificacion. Me ocupo aca de la justificacion externa dado que la justificacion interna deja de lado el estudio de la legitimidad moral que se adelanta en este escrito.

Al pensar en que es aquello que se habria que justificar respecto de la autoridad, lo primero es la pretension de una obligacion de obediencia por parte de aquellos sujetos a la autoridad. Como lo propone Stanley Milgram, "... la obediencia es el mecanismo psicologico que vincula la accion individual con el proposito politico. Es el pegamento disposicional que vincula a los hombres con sistemas de autoridad" (21). No hay autoridad sin obediencia.

4. Autoridad y obediencia: el problema de la autonomia

Quien obedece actua de manera independiente de su propio juicio sobre el caso particular. Autores como Philip Zimbardo (22) y Wolff (23) proponen que obedecer se basa en actuar por la voluntad de alguien mas, eludiendo el propio juicio. De esta manera, la obediencia puede verse como una forma de abdicacion del juicio. Esta aproximacion al concepto abre campo para criticas morales a la obediencia, especialmente en la esfera politica.

En general, la critica dira que la obediencia es irracional e inmoral. Irracional por no basarse en el propio balance de razones e inmoral porque falta al deber de ejercer la autonomia moral. Respecto a la cuestion de la racionalidad, se podria decir que hay una incompatibilidad entre esta y la obediencia a la autoridad porque, suponiendo que la racionalidad requiere que los sujetos actuen siempre basados en los balances de razones propios y teniendo en cuenta que el reconocimiento de la autoridad supone la obediencia a sus mandatos incluso cuando pueda parecer irracional, los principios de racionalidad y de autoridad serian contradictorios (24). Aca encontramos el problema de la autonomia moral: no podemos asegurar la legitimidad de un sistema politico que se base en la heteronomia.

Se supone que los seres humanos somos responsables por nuestras acciones y que lo somos en la medida en que decidimos sobre ellas. Wolff (25) dice que tenemos la obligacion de asumir la responsabilidad por nuestros actos y que, ademas, tenemos la obligacion moral de reflexionar y buscar la correccion de nuestra accion. Para Wolff, cualquier forma de heteronomia del ciudadano resulta en la relacion practica de autoridad politica, en una muestra del ejercicio de un poder ilegitimo. De esa manera, en la medida en que reconozcamos una obligacion y nos rijamos por ella sin que esta nos convenza, estamos actuando de forma tal que limitamos nuestra autonomia, nuestra libertad y, por lo tanto, estamos permitiendo una humillacion (26). Para el anarquismo de Wolff (o anar-quismo a priori), estar bajo cualquier forma de autoridad es humillante.

No obstante, ante este problema, en la filosofia politica contemporanea (27) se han dado intentos de explicacion en los que se propone que obviar el ejercicio del propio juicio no necesariamente implica una enajenacion absoluta y, por ende, que la obediencia a la autoridad puede ser tanto racional como moralmente aceptable. Estas perspectivas pretenden mostrar dos cosas: que no resulta necesariamente irracional o inmoral la obediencia a la ley, y que aun en casos de obediencia puede haber responsabilidad o imputabilidad.

Un ejemplo de este enfoque es el que elabora Joseph Raz (28), aludiendo a razones de primer y segundo orden. Raz propone que la irracionalidad asignada a la obediencia (al igual que la inmoralidad) se basa en una pobre apreciacion de la razon practica. El punto es que dicha perspectiva olvida que podemos llegar a la accion bien sea por consideraciones directamente relacionadas con la accion (razones de primer orden) o por consideraciones sobre las razones que tenemos para actuar (razones de segundo orden). Si consideramos solo las razones de primer orden como motivos para la accion, la critica mencionada aplicaria: no habria ninguna intervencion relevante del sujeto. No obstante, al considerar tambien las razones de segundo orden, es posible mostrar que la obediencia puede ser racional (29).

La idea de Raz es circunscribir la autoridad como forma practica de obrar a traves de razones de segundo orden (30) generando, a su vez, un limite en el alcance de dichas razones y, asi, la posibilidad de enfrentar razones al reclamo de obediencia por parte de la autoridad. El argumento de Raz propone que las razones de segundo orden solo excluyen ciertas razones de primer orden (no todas) y que, por ende, puede haber casos en los que las razones de primer orden se ponderen contra las razones de segundo orden, renunciando a la obediencia en los casos en los que la autoridad entra en conflicto con el deber moral.

No obstante, esta propuesta tiene el problema de fijar un limite vago entre la obediencia y la reflexion sobre las ordenes. En otras palabras, la cuestion es que la autoridad tiene una jurisdiccion o alcance limitado pero, en caso de que el sujeto renuncie a revisar o tener razones propias, resulta imposible saber si las ordenes emitidas se encuentran dentro de los limites de operacion de la autoridad. La pretension de una orden de una autoridad es que siempre sea obedecida dentro de los marcos legales incluso si no hay claridad, por parte del sujeto, sobre si la orden de la autoridad cabe dentro de esos marcos.

Aca entraria de nuevo la critica de que si establecemos que, por ejemplo, la Constitucion es legitima, todo lo que de ella emane supondra el deber de obediencia. Sin embargo, Raz dira que, aunque respetar la ley es una opcion viable (en el sentido de que puede ser racional y moralmente aceptable), no hay una obligacion, siquiera prima facie, de obedecerla. En consecuencia, incluso si pudiese asignarse algun valor moral al Estado, no habria un vinculo de obligacion moral de obediencia con este.

5. ?Que derecho puede reclamar la autoridad?

Hasta este punto hemos mostrado que la pregunta por la autoridad prac-tica permite entender tanto la relevancia como el concepto basico de la auto-ridad politica. A su vez, encontramos que la autoridad politica es usualmente encarnada por el Estado moderno que es soberano, o clama serlo (31), y que para justificarla necesita de un argumento que pruebe su legitimidad. Sin embargo, el derecho del Estado a mandar y a ejercer el poder no resulta ser un derecho que por definicion tenga necesariamente una obligacion correlativa por parte de terceros. Sabiendo que la coercion suele ser algo que en sentido moral resulta negativo, se precisa de una justificacion para su ejercicio. El derecho que pretende el Estado no es un derecho de reclamacion (claim-right) como el descrito por Joel Feinberg (32), sino, como lo propone Robert Ladenson (33) siguiendo el argumento de Feinberg, un derecho de justificacion (justification-right) (34).

Esto quiere decir que es un derecho que necesita de una justificacion adecuada para ser reconocido. Es un derecho cuyo ejercicio, por las consecuencias que tiene en otros, necesita probar que sea util o bueno. No obstante, para que pueda reconocerse el derecho a este por parte del Estado se puede recurrir a mostrar que, bajo los reglamentos especificos de un sistema legal, resulta ser una buena herramienta para la proteccion de los derechos humanos de la poblacion (se muestra que es algo moralmente deseable o aceptable) y que facilitan la coordinacion de la sociedad (se argumenta en favor de su utilidad). En caso de lograrse una justificacion similar, la ciudadania podria reconocer la autoridad del Estado y obedecer decididamente sus ordenes.

Sin embargo, puede haber Estados que cuenten con el reconocimiento y obediencia de la ciudadania y que resulten, sin embargo, moralmente ilegitimos. Encontramos entonces que la autoridad politica necesita mostrar una justificacion para el ejercicio y monopolio del poder, pero aun asi, una vez establecida la utilidad o bondad del Estado, volvemos al problema mencionado anteriormente. Independientemente de las apreciaciones propias del sujeto, el mandato de la autoridad de ser reconocida como legitima, genera la percepcion del deber de obediencia basados en la fuente de la orden y no en el contenido mismo de lo ordenado.

Inicialmente se podria rechazar el postulado anarquista por medio de la alusion a casos como el de la aceptacion de los preceptos medicos que nos ofrece un oncologo. Pareceria que cumplimos con las ordenes del medico en virtud de su autoridad, dada nuestra ignorancia respecto de las cuestiones sobre las que el, de alguna manera, legisla. Decir que hay humillacion en un caso como ese parece contra-intuitivo o nos lleva a afirmar que cualquier aceptacion o cumplimiento de los preceptos de un agente externo constituye una humillacion y, consecuentemente, reconocer que para conservar la vida o para vivir en sociedad es necesaria la humillacion. Sin embargo, la posicion anarquista no es ingenua.

Dado que lo que se busca refutar desde el anarquismo es la legitimidad de la autoridad y no la necesidad de actuar conforme a preceptos que se originan fuera del individuo, el anarquista puede contra argumentar que, en el caso de la medicina, la aceptacion y cumplimiento de las ordenes medicas no se basan tanto en el reconocimiento de la autoridad como en la perseverancia en el interes individual. En ese caso, obedecemos al medico no en virtud de que este sea, en efecto, un medico, sino porque vemos en esa aceptacion la prolongacion de nuestra libertad de intentar preservar la calidad de vida y la vida misma. Segun la distincion entre autoridad teorica y autoridad practica vemos que el reconocimiento de la prescripcion medica se basa en que se supone que el medico, por experiencia, sabe lo que prescribe y se decide actuar conforme a lo que el dice por razones propias. El medico no necesita argumentar en favor de su prescripcion, no tiene medios objetivos de sancion ni cambia directamente las razones para la accion del paciente. Solo hace que por la consideracion de su autoridad se genere la creencia sobre ciertos requisitos para lograr un fin haciendo una consideracion prudencial para actuar conforme a la prescripcion.

No obstante, en casos de autoridad politica, los limites entre una y otra rara vez son faciles de distinguir y podriamos extrapolar el salvamento que hace Wolff de la autoridad practica a muchos casos de ejercicio de la autoridad politica, lo que restaria fuerza a su critica. Ademas, Wolff, siguiendo a Kant, cree que las promesas generan obligacion moral y, si atendemos a la propuesta de Raz de razones de primer y segundo orden, la promesa resulta ser una razon de segundo orden indistinguible de las razones de segundo orden que aplican en el entorno politico, por lo que deberiamos desechar la critica de Wolff (35). Raz propone que, al igual que en el caso en el que prometemos cuestiones que luego no querremos cumplir pero que estamos racionalmente avocados a cumplir, resulta racional seguir una razon de segundo orden de obedecer a la ley para facilitar y agilizar nuestras acciones cotidianas.

Consecuentemente, si por diferentes razones llegamos a un acuerdo sobre la razonabilidad de la existencia de normas que nos rijan y las seguimos, mas que por ser buenas, por el hecho de ser razonable tenerlas, parece que estamos haciendo una legitimacion de la autoridad politica (36).

El problema estaria resuelto (y el anarquista habria sido refutado) de no ser porque se puede tomar esa aceptacion de la autoridad estatal como un caso injustificado y probablemente inmoral de reconocimiento de la autoridad, afirmando la autoridad de facto y negando la existencia de la autoridad de jure. El argumento anarquista -tanto a priori como a posteriori- postula que podemos renunciar a nuestra autonomia y que no por eso estariamos legitimando la autoridad a la que nos sometemos.

Partiendo de este punto podemos postular un paralelo (salvando las diferencias) entre el ideal anarquista y el rechazo de la ilustracion contra todo prejuicio basado en la autoridad (37). Siguiendo esta idea, solo podemos ser autonomos en la medida en que aceptemos de manera informada y libre las normas que se nos imponen. Esto, de nuevo, deslegitima la autoridad de las instituciones porque la justificacion de la legitimidad de las normas que elaboran no recae sobre ellas, sino sobre la racionalidad individual. De esa manera, no hay una legitimacion de la autoridad por ella misma sino de la autoridad de la norma. De hecho, no hay siquiera la validacion de la autoridad de la norma en tanto que norma del Estado sino en tanto que norma acorde con principios morales que el individuo acepta. Se deslegitima, tambien, en los casos en que las instituciones buscan la aceptacion de obligaciones que van en contra del resultado de la aplicacion de la racionalidad individual o que van mas alla de las posibilidades de comprension del sujeto de esas obligaciones (casos que suelen ser frecuentes). Eso, sin embargo, plantea el problema de la imposibilidad que hay en la actualidad de que los ciudadanos puedan tomar posturas informadas acerca de todos los temas sobre los que legisla el Estado y, ademas, nos deja el problema de tener que legitimar todas las reglas a las que nos cenimos por medio de la reflexion y el estudio. Ese problema parece solo poder resolverse a traves de una sociedad en la que la poblacion pueda dedicar el tiempo suficiente a la reflexion. Esta seria una sociedad muy dificil, por no decir imposible, de encontrar en la actualidad (38).

6. Dificultades en el planteamiento del problema

La cuestion de la discordancia entre autoridad y autonomia puede ser el resultado de una aproximacion desacertada al concepto de autonomia. En Harm to Self (39), Feinberg trata el enfrentamiento que hay entre una lectura racionalista objetiva y una lectura legislativa de la nocion de autonomia de Kant (40). Dice Feinberg que, de preferir la primera opcion, como lo hace Rawls en la Teoria de la justicia (y como lo hace David Estlund en Autoridad democratica (41)), habria principios morales objetivamente correctos a los que todo ciudadano estaria sujeto independientemente de sus elecciones y preferencias. Para Rawls (42), como lo propone Feinberg, "estos son los principios fundamentales que serian escogidos por un grupo hipotetico de personas racionales e imparciales en una posicion de igualdad" (43). Asi, parece que podria eludirse la critica anarquista basada en la necesidad del consentimiento efectivo de cada persona para que la autoridad del Estado resulte vinculante, dado que el grupo hipotetico aseguraria la racionalidad de la eleccion de principios y, en el caso en que una persona particular no consintiese, se asumiria que su postura seria poco razonable o irracional y que, de ser racional, aceptaria los mismos principios adoptados por el grupo hipotetico mencionado.

Por otra parte, si asumimos la autonomia kantiana desde la perspectiva de la auto-legislacion (como se propone en la tercera formulacion del imperativo categorico), en la que cada uno debe darse la ley a si mismo aun cuando sea la misma para todos (44), podriamos avalar la critica de Wolff: "Como lo sostuvo Kant, la autonomia moral es una combinacion de libertad y responsabilidad; es una sumision a las leyes que uno ha hecho para si mismo: el hombre autonomo, en tanto que sea autonomo, no esta sujeto a la voluntad de otro" (45).

En consecuencia, segun los enfoques mencionados, se podria respaldar, desde diferentes lecturas de Kant, una teoria anarquista como la de Wolff o una procedimental democratica como la de Rawls. Asi, llegariamos a un impase al partir de la idea kantiana de autonomia dado que, segun el enfasis que se haga, podriamos o bien encontrar que la autoridad es necesariamente ilegitima o que puede resultar moralmente justificada. Incluso si aceptamos esta segunda lectura de Kant tendriamos el problema de la existencia de una brecha entre la autonomia como concepto regulativo impersonal y las razones objetivas de las personas.

La propuesta de Feinberg para salir del impase es que lo central de la autonomia es la constante revision y acomodamiento, por parte del sujeto, de sus creencias y valores: "... en tanto que la vida de la persona autonoma sea moldeada por creencias morales, estas no se derivan ni del conformismo ciego ni de la obediencia irreflexiva a la autoridad, sino de un proceso comprometido de reconstruir continuamente el sistema de valores que ha heredado" (46). Asi, Feinberg propone una alternativa a las perspectivas de Wolff y de Rawls de la autonomia, que nos ponen en aprietos al momento de hablar de autoridad politica dado que, al menos en las propuestas kantianas vistas hasta ahora, se partiria de un concepto truncado de autonomia (47). Mas adelante afirma: "El ideal de una persona autonoma es el de un individuo autentico cuya autodeterminacion es tan completa como consistente con el requerimiento de que es, obviamente, miembro de una comunidad" (48). Lo propuesto por Feinberg se enfoca en una perspectiva de la autonomia que permite dar cuenta de lo que las perspectivas kantianas de Rawls y Wolff parecen dejar de lado: que el comportamiento autonomo se muestra, en especial, cuando por conflictos entre deberes debemos ajustar y ponderar nuestras creencias y principios morales. Lo fundamental es que la persona autonoma construye continuamente su andamiaje moral mediante la constante revision y reacomodacion de las relaciones entre sus opiniones y principios; lo que lo lleva a tener opiniones morales tentativas respecto de diversos temas, que ira ajustando con la reflexion. Pensar, como en el caso de las interpretaciones kantianas recien mencionadas, que las convicciones morales se configuran a manera de codigo totalmente organizado lleva al problema de la limitacion de la nocion de autonomia que es denunciado por Feinberg.

De esta manera, la cuestion a resolver no es como conciliar la autonomia moral con la autoridad politica en terminos generales, sino como atender a los diferentes casos en que puede presentarse dicho conflicto (49). Pensar en la legitimacion ultima de la autoridad del Estado, desde una perspectiva moral, puede resultar un intento vano. Para el caso de la legitimacion politica, pedir el aseguramiento de la legitimidad de una forma de gobierno resulta excesivo: implicaria un intento fundacionalista de la legitimidad politica, el cual, aunque teoricamente interesante, en la praxis resulta muy problematico.

7. El alcance de la justificacion

Dado que el problema que aca se plantea se enmarca en la etica aplicada a la autoridad politica, como lo propone Tom L. Beauchamp (50), nos encontraremos con buenos argumentos que en el mejor de los casos, se acercan a la necesidad practica. No obstante, considerando que se trata de principios moralesteorias generales-, dificilmente obtendremos una inferencia valida para lograr una legitimacion del Estado en general. En este sentido, la afirmacion de Wolff sobre la imposibilidad de hacer una legitimacion ultima del Estado seria acertada y su propuesta de abandonar dicha empresa en favor de subsumir esa preocupacion como un analisis casuistico desde la etica aplicada seria la opcion adecuada (51).

Asi, la cuestion de la legitimidad es aproximativa cuando se trata de una institucion cuyo margen de ejercicio de la autoridad practica es tan amplio. Necesariamente, como lo propondria Wolff, tendriamos que juzgar caso por caso las decisiones del Estado y dejar de lado la posibilidad de justificar una obligacion moral de caracter general, de obedecer la ley.

La diferencia entre derechos de justificacion y de reclamacion (52) permitiria, sin embargo, oponerse a la perspectiva anarquista de Wolff ya que la discusion sobre principios permite tener varios grados de cumplimiento, mientras que en el caso de las reglas no hay tal posibilidad: solo podemos cumplir o incumplir. Los derechos son principios (que constituyen minimos) y no solo dependen, para tenerlos, de capacidades, sino que tambien son susceptibles a razones que los limiten o que haga razonable abdicarlos. Como lo menciona Ladenson, a traves de una justificacion prudencial puede resultar razonable, para los ciudadanos, otorgar el derecho del Estado a la interferencia con la libertad individual. Si logramos rechazar la fundamentacion ultima podriamos, luego, conciliar la racionalidad con la obediencia a la autoridad a la vez que afirmamos la inexistencia de una obligacion moral de obediencia.

Recordemos que, como lo propone Raz, "la autoridad solo puede asegurar la coordinacion si los individuos involucrados defieren a su juicio [el de la autoridad] y no actuan basados en el balance de razones sino en las instruc-ciones de la autoridad" (53). Esto, al parecer, nos vuelve a un punto similar al del comienzo de la discusion en el que debemos defender tanto la existencia de la institucion como la autonomia de los ciudadanos involucrados, asegurando que los segundos no tienen obligacion moral general de obediencia y que, a la vez, el primero tiene el derecho a comandar dada la necesidad de proteccion y coordinacion de los sujetos involucrados.

En este punto hay que hacer una aclaracion que resulta pertinente para enfocar la discusion: que resulte moralmente aceptable que la autoridad emita ciertas ordenes y que aquellos sujetos a dicha autoridad acaten la orden no implica que una orden, en cuanto orden, sea moralmente obligatoria. Esto puede explicarse desde las consideraciones planteadas por John Simmons en Moral Principles and Political Obligations (54) y en "Justification and Legitimacy" (55).

Como se ha dicho hasta ahora, las defensas de la obligacion politica tienen la pretension de delimitar, explicar y justificar los ambitos de tal obligacion. Simmons, por su parte, pone en cuestion la base misma de estas defensas al preguntarse, en primera instancia, si puede existir tal obligacion. Su cuestionamiento se basa en que la tipica pretension respecto de las obligaciones politicas es que se trata de obligaciones morales, es decir, que una obligacion politica es un requerimiento moral de actuar de ciertas maneras en el ambito politico. Ademas, los requerimientos de la autoridad politica hechos bajo la idea de obligaciones politicas implican tanto el seguimiento de la ley como la disposicion adecuada respecto de la relacion de autoridad por parte de los ciudadanos.

Sin embargo, el primer problema que se presenta, dice Simmons, es que uno puede tener una obligacion y al mismo tiempo tener el deber moral de no llevarla a cabo. Podemos tener deberes y obligaciones basadas en nuestra participacion en esquemas institucionales como el Estado, pero tales deberes y obligaciones, en tanto que se basan en la relacion institucional y no en las acciones o actitudes requeridas, no pueden llegar a ser moralmente obligatorios.

Para sostener dicha posicion, acude a la nocion de deber posicional. Este tipo de deber es un requerimiento de cumplir cierto papel o llevar a cabo ciertas acciones en virtud de ser parte de un esquema institucional. Asi, por ejemplo, se espera que un soldado afronte el peligro en la batalla, que un presidente cumpla con declarar una guerra solo bajo el permiso del senado, que un profesor atienda a las clases que se le han encargado y que un miembro del KKK lleve a cabo actividades criminales. Tanto el presidente como el miembro del KKK, senala Simmons, tienen deberes posicionales en el mismo sentido (56). La diferencia radica en que habra deberes posicionales que concuerden con las exigencias morales (y, por lo tanto, hagan un requerimiento de una accion moralmente obligatoria), otros que sean moralmente aceptables y otros que resulten inmorales. Lo que se propone con estas anotaciones es que los deberes posicionales, entre los que se cuentan las llamadas obligaciones politicas, no nos dicen nada por si mismos que nos permita establecer si son un requerimiento moral. Estos deberes solo nos dan reglas de juego cuyo acatamiento puede ser moralmente evaluado desde lo requerido por ellas o las acciones que nos llevan a estar bajo dichas reglas (acciones moralmente relevantes como la promesa o el consentimiento) (57).

Las exigencias moralmente permitidas del Estado tendrian, por un lado, la restriccion de no tratar a los ciudadanos como meros medios: ni siquiera bajo la justificacion paternalista de procurarles un beneficio que ellos mismos no se procuran o que no desean. Por otro lado, las exigencias del Estado deben corresponderse con las libertades y recursos que este provee o garantiza a la ciudadania. Ello puede explicarse de la siguiente manera: en determinadas circunstancias, dadas la situacion y caracteristicas institucionales, resulta muy dificil postular el caracter vinculante de las normas legales. Para la posibilidad de una exigencia moralmente permitida es necesario el establecimiento de ciertas condiciones minimas.

Un sistema normativo que obliga a la ignominia, a la autodestruccion o a la perdida sustantiva de la autonomia no puede ser un sistema vinculante. No es, desde la idea misma de la moral, un sistema aceptable. Esto se relaciona con lo propuesto por Herbert Marcuse en "Tolerancia represiva" (58), cuando muestra que las estructuras politicas y sociales pueden hacer que resulte moralmente inaceptable la observancia de muchas regulaciones normativas propuestas por el Estado aun cuando prima facie parezcan reivindicar un principio moral. Algo que puede ayudar a aclarar este punto es que Marcuse a la vez niega el derecho constitucional a la insurreccion y afirma su abstencion de juzgar al oprimido que usa la violencia o que desobedece. En este punto, la diferenciacion entre las exigencias legales y morales resulta esclarecedora: un Estado puede garantizar el castigo efectivo del incumplimiento de sus normas a la vez que resulta incapaz de justificar la obligacion del individuo a obedecer. Asi, en muchos casos podemos ser legalmente responsables y moralmente inimputa-bles. De esta manera, y teniendo en cuenta los postulados de Wolff y Simmons, podemos decir que solo en tanto que haya una promesa valida de obediencia por parte del sujeto (como en los casos de juramento al ser nombrado como oficial de gobierno) o que la orden se corresponda con un deber moral (como asistir a una persona en estado de necesidad), podria afirmarse una obligacion moral de conformidad con la ley.

La critica anarquista funciona, pero pareceria conducirnos, a final de cuentas, a una reivindicacion del Estado de bienestar en terminos prudenciales o morales. De hecho, podria parecer que tal como se desarrolla en este trabajo, el argumento anarquista conduciria a su propio desmonte: estaria postulando razones morales y de justicia en favor de la obligacion de obedecer a la autoridad. Empero, en este punto hay que hacer dos aclaraciones. En primera instancia, a diferencia de las propuestas de defensa de la obligacion de obedecer a la autoridad que se basan en experimentos mentales, escenarios hipoteticos y paradigmas normativos, el anarquista se basa en las relaciones y decisiones que de hecho se dan. Por esta razon, muchos anarquistas afirman que no hay ni ha habido Estados legitimos pero que cabe la posibilidad de que llegue a haberlos (59). Asi, postular condiciones bajo las que podrian justificarse ordenes particulares del Estado no implica que haya, en el mundo real, Estados que cuenten con la legitimidad general pretendida por los intentos de justificacion. En segunda instancia, hay que tener en cuenta las posibles consecuencias de esta primera consideracion. Si el cumplimiento de principios puede darse por grados, lo mismo deberia suceder con la legitimidad.

No obstante, hablar de gradaciones en la obligacion resulta contraintuitivo: por ejemplo, resulta extrano decir que las personas estan "parcialmente obligadas" a obedecer una orden. Consecuentemente, deberia poderse establecer si hay o no hay obligacion. Por ello, lo que aca se postula es que bajo ciertas condiciones tenemos el deber moral de llevar a cabo ciertas acciones a causa del valor moral de las mismas. Sin embargo, esto no implica la obligacion moral de obediencia. Decir que por haber acciones obligatorias que se corresponden con ordenes, todas (o la mayoria de) las acciones requeridas por la autoridad lo son, resulta inapropiado (60).

De cualquier manera, se podria insistir en que, al menos en sociedades que no sean abiertamente inmorales, podemos avalar la autoridad politica y sus acciones -incluso la coercion- bajo la apelacion a la defensa y servicio de la ciudadania. No obstante, como lo menciona Marcuse, estas loables defensas pueden llevar a la prolongacion de la opresion que pretende ser legitima (61). La legitimacion moral general del Estado sigue siendo problematica. Habria que analizar cada accion en terminos de la ampliacion y respeto de libertades individuales de forma tal que se analice que cada accion en particular sea moralmente aceptable u obligatoria.

De hecho, siguiendo una perspectiva sobre los derechos como la de Jeremy Waldron (62), la agencia moral implica el derecho a la decision, por lo que, en principio, habria un derecho moral a elegir la accion ilegal. Por ende, existiria un derecho a quebrantar la ley sin que haya, al menos directamente, un deber moral que quebrantemos mediante el ejercicio de ese derecho. Esto sirve para mostrar que el valor moral de una orden, en tanto que orden, siempre resulta ser nulo; y que solo podemos hacer un analisis moral casuistico sobre la legitimidad moral de la obediencia a la autoridad.

En este punto vale la pena hacer una aclaracion importante: se ha hablado de posibilidades para la conciliacion de las ordenes del Estado con las posibles exigencias morales que puedan postularse. Hay que resaltar que, en ese intento de conciliacion, solo hemos llegado a decir que las ordenes del Estado pueden ser moralmente aceptables. Recordando la distincion que hace Simmons entre deberes posicionales y morales, se puede senalar que bajo ninguna circunstancia podremos encontrar deber moral de cumplir lo exigido por una orden en virtud de haber sido ordenado.

La relacion de los individuos con el Estado es, entonces, esencialmente prudencial, mientras que nuestros deberes resultarian ser de talante moral. Ahora bien, no podemos suponer la vinculatoriedad moral de la obediencia al Estado desde principios generales objetivos. Cada caso merecera un ejercicio de apreciacion de etica aplicada en el que se debe medir la imputabilidad, culpabilidad o valor moral de la accion del sujeto segun las circunstancias, a la vez que el castigo y la intervencion del Estado siempre estara sujeto al mismo analisis en la medida en que las acciones que emprenda vulneren intereses relevantes de los sujetos involucrados (63).

Conclusion

La evolucion de los Estados modernos nos lleva a repensar la nocion tradicional de soberania limitando los alcances de su justificacion. En esa medida, se propone aca un minimalismo coercitivo del Estado asi como garantias en terminos de derechos y capacidades. Esto no debe confundirse con la idea de una sociedad de mercado (64) o con la idea neoliberal de la defensa de la libertad personal. Lo discutido en este articulo se restringe a la relacion entre autoridad y obligacion moral sin comprometerse con una particular teoria de la justicia. La afeccion de intereses (por ejemplo, patrimoniales), mientras no constituya una vulneracion de los intereses fundamentales y sirva al interes de los menos favorecidos, podria ser moralmente permisible. No obstante, ser moralmente permisible y ser un deber moral siguen siendo dos cuestiones diferentes

Si bien las tesis anarquistas se encuentran con problemas especialmente relacionados con la viabilidad de una vida social sin instituciones politicas en el contexto contemporaneo, el punto en el que se quiere enfatizar es que estas tesis proponen un punto de reflexion importante: debemos tener en cuenta la inexistencia de una obligacion moral general de obedecer a la autoridad. Aun cuando haya, de facto, sistemas politicos que resulten funcionales y en general justos, su manutencion, mejoramiento y control dependen de la tenencia de la actitud esceptica, sugerida por el anarquismo filosofico, respecto del actuar estatal.

Ademas de haber problemas en la justificacion de la autoridad, hay una importante brecha entre las justificaciones teoricas y la implementacion practica de la autoridad. Esto apunta a que los alcances practicos del ejercicio de la autoridad politica por parte del Estado amenazan con la postulacion y el aseguramiento de reglas y obligaciones que exceden tanto la posibilidad formal de justificacion como los requerimientos de la justicia en la practica.

Consecuentemente, se propone la necesidad constante de cuestionar los deberes y derechos que admitimos y reconocemos en el Estado de forma tal que, aun cuando pueda no haber un solo estado plenamente legitimo (cuestion que, junto a los anarquistas, considero cierta), si puedan promoverse Estados mas decentes a partir del involucramiento civil en politica a traves de la duda sobre la autoridad de la ley. En otras palabras, la idea general del presente articulo ha sido analizar los problemas y peligros que representa la asuncion de las teorias de legitimacion del Estado a fin de reivindicar cuestionamientos anarquistas que en muchas ocasiones son obviados o rapidamente descartados en estas discusiones.

Recibido: 16/12/2016

Aceptado: 28/08/2018

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David Hernandez-Zambrano

Universidad del Rosario/Tilburg University

(*) Todas las traducciones de las citas tomadas de libros en ingles han sido realizadas por el autor del presente trabajo.

(1) Me refiero aca al anarquismo filosofico que se caracteriza por propender por la necesaria ilegitimidad moral del Estado y, consecuentemente, por la eliminacion de presunciones morales en favor de la obediencia o conformidad con las ordenes del Estado (sea este propio o ajeno). Omito aca el anarquismo politico (y por ende la presuposicion de la obligacion de resistir o enfrentar a la autoridad politica) y me enfoco en el anarquismo filosofico como herramienta critica dentro de la filosofia politica que afirma, o bien la ilegitimidad de los Estados actuales pero dejando abierta la posibilidad de existencia de un estado legitimo (anarquismo a posteriori) o la necesaria ilegitimidad del Estado (anarquismo a priori). Para una descripcion mas completa del anarquismo filosofico, ver el sexto capitulo de Justification and Legitimacy (Simmons, J., Justification and Legitimacy, Nueva York: Cambridge University Press, 2001).

(2) En este texto me enfoco en R.P. Wolff y J. Simmons, siendo las cabezas mas visibles del anarquismo filosofico contemporaneo (el primero es un representante del anarquismo a priori y el segundo del anarquismo a posteriori). De igual manera, escojo estos dos autores dado que permiten analizar las bases conceptuales fundamentales de este articulo: la autoridad y el alcance de la justificacion de la autoridad.

(3) Comunitaristas como David Miller (cf. Miller, D., "National Responsibility and International Justice", en: Critical Review of International Social and Political Philosophy, v. XI, 4 (2008), pp. 383-399) ponen gran enfasis en el valor moral de la comunidad politica, pero hay tambien otras perspectivas que resaltan, si bien no un compromiso moral intrinseco, si la necesidad moral del Estado.

(4) Rawls, J., Teoria de la justicia, Mexico: FCE, 2006 [1971].

(5) No desarrollo este ultimo tema en este texto pero vale la pena resaltar que las teorias de justicia global podrian nutrirse del anarquismo filosofico en tanto que fundamenta la permisividad de la accion estatal en, por ejemplo, principios como los derechos humanos, cuya justificacion siempre resulta mas cercana a la justificacion de la libertad individual que a la presuposicion del valor moral de las instituciones politicas.

(6) Cf. Raz, J., Authority of Law, Nueva York: Oxford University Press, 2009, p. 115ss.

(7) Cf. Raz, J., Practical Reason and Norms, Oxford: Oxford University Press, 1990, pp. 150ss.

(8) A grandes rasgos, se asume la legitimidad como el derecho moral a mandar y ser obedecido (partiendo desde Weber, M., Economia y Sociedad, Madrid: Fondo de Cultura Economica, 2002, p. 170). Esta es la definicion mas usada en filosofia politica.

(9) Cf., Raz, J. Authority of Law; Wolff, R.P., In Defense of Anarchism, Los Angeles: University of California Press, 1998; Friedman, R., "On the Concept of Authority in Political Philosophy", en: Raz, J. (ed.), Authority, Nueva York: New York University Press, 1990, pp. 56-91; Estlund, D., La autoridad democratica, Barcelona: Siglo XXI Ediciones, 2011; y McMahon, C., Authority and Democracy, Nueva Jersey: Princeton University Press, 1997.

(10) Esta distincion es la base para la indagacion de las investigaciones sobre el concepto de autoridad (cf. Arendt, H., Between Past and Future, Nueva York: The Viking Press, 1961, Capitulo 3; Friedman, R., "On the Concept of Authority in Political Philosophy"; Raz, J., Authority of Law,; y Wolff, R.P., In Defense of Anarchism).

(11) De cualquier manera, cuando Hobbes postula el estado natural en El Leviatan esta proponiendo una base teorica para mostrar que permanecer en el Estado resulta razonable dado que, de lo contrario, "... la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve" (Hobbes, T., Leviatan, Mexico D.F.: Fondo de Cultura Economica, 2005, p. 103). La fuente de conformidad de la conducta no es, entonces, la pura coercion. Resulta importante, por lo menos en el caso de la teoria de Hobbes, que haya la posibilidad de mostrar que resulta razonable permanecer dentro de un esquema social organizado.

(12) Cf. Nussbaum, M., Hiding from Humanity, Nueva Jersey: Princeton University Press, 2004, especialmente el capitulo uno. Aunque Nussbaum se enfoca en el problema de las emociones, el punto que quiero enfatizar es que la pura motivacion del castigo hace imposible una identificacion clara de lo requerido por la orden y de como interpretarla y extrapolarla a otros escenarios.

(13) Cf. Kant, I., Filosofia de la historia - Que es la ilustracion, La Plata: Terramar Ediciones, 2003.

(14) Gordon, R.W., "Critical Legal Histories", en: Feinberg, J. y otros (eds.), Phiosophy of Law, Boston: Wadsworth Cengage Learning, 2014, p. 207.

(15) Cuando hablamos de balance de razones nos referimos al proceso de ponderacion de razones para la accion asociado con la deliberacion. "Balance de razones" es usado por Joseph Raz para, entre otras cosas, explicar la diferencia entre orden y consejo o amenaza. Mientras que la primera pretende excluir el balance de razones de las motivaciones para la accion y convertirse en razon, en si misma, para la accion, tanto el consejo como la amenaza buscan influir en el balance a fin de inclinar al sujeto en favor de ciertas razones del balance o crear nuevas razones para inclinar la decision en otro sentido.

(16) Para entender el papel de la autoridad en relacion con la coordinacion de las acciones a nivel social, conviene discutir brevemente la distincion entre dos tipos de autoridad: la practica y la teorica. Sabiendo que la autoridad es un tipo de influencia, la distincion se basa en que la autoridad practica tiene influencia sobre la conducta de las personas, mientras que la autoridad teorica la tiene sobre sus creencias. La primera refiere a la determinacion de las acciones y decisiones de los sujetos basandose en la obediencia, mientras que la segunda apunta, especificamente, a la injerencia sobre las creencias de los sujetos, basandose en el supuesto de que quien detenta la autoridad tiene el conocimiento y experiencia suficientes como para no poner en duda la veracidad de sus aserciones. Si bien es cierto que los dos tipos de autoridad mencionados no son necesariamente excluyentes, la distincion permite mayor claridad en el acercamiento al problema. De cualquier manera, en el presente escrito me enfoco casi exclusivamente en la autoridad en su sentido practico.

(17) La idea es tomada de la definicion de autoridad que ofrece Raz en Raz, J., Authority of Law, pp. 11-13.

(18) En muchos casos, como lo menciona Weber, la persona revestida de autoridad resulta ser importante porque basa su autoridad en el carisma o en meritos personales (Weber, M., Economia y Sociedad, pp. 170-241). No obstante, me centrare por ahora en sistemas que, como el demo-cratico, giran en torno a un sistema legal y no en torno a personas particulares. La razon para hacerlo es que en estos casos es donde parece haber mas fiabilidad en la justificacion de la autoridad y, por ende, resultan un mejor punto de partida para evaluar el concepto. Ademas, dado que la autoridad politica abarca a diversos funcionarios de un gobierno, habra siempre una mayoria que detente autoridad basada en su posicion y en la autorizacion que recae sobre esa posicion, y no sobre su identidad personal.

(19) Friedman, R., "On the Concept of Authority in Political Philosophy", p. 69.

(20) Hart, H.L., The Concept of Law, Oxford: Clarendon Press, 1961, pp. 100-110.

(21) Milgram, S., Obedience to Authority, Nueva York: Harper Perennial Modern Classics, 2009, p. 1.

(22) Cf. Zimbardo, P., El efecto lucifer, Barcelona: Paidos, 2008. Se incluye a este autor, quien trabaja en psicologia social, para enfatizar que la definicion de obediencia ofrecida no es simplemente un supuesto teorico del anarquismo filosofico.

(23) Cf. Wolff, R.P., In Defense of Anarchism.

(24) Cf. ibid, pp. 3-19.

(25) Cf. ibid, p. 12.

(26) Tomo la expresion "humillacion" de Margalit, A., La sociedad decente, Barcelona: Paidos, 1997, para referir a la condicion de ser tratado como menos valioso de lo que se es o de ver afectados los propios intereses de forma injusta. Margalit rechaza el anarquismo, pero, dado que no entra en detalles sobre las perspectivas aca mencionadas, omitire los comentarios al respecto. Lo que quiero retomar de Margalit es que la humillacion se da cuando se desprecia la dignidad humana y, en este caso especifico, se asume que el pleno ejercicio de la autonomia es condicion necesaria para tal dignidad.

(27) Por ejemplo: Rawls, J., Teoria de la justicia; Raz, J., Authority of Law; y Estlund, D., La autoridad democratica.

(28) Raz, J., Authority of Law, pp. 22-23.

(29) Cf. ibid., pp. 25-27.

(30) Cf. ibid.; Raz, J., Practical Reason and Norms.

(31) Entiendo aca soberania en un sentido amplio: como autoridad suprema sobre un territorio y poblacion determinados. Dejo de lado los debates acerca de la posibilidad de autoridad absoluta o exclusiva (recurrentes especialmente en filosofia del derecho), fundamentalmente porque no resultan necesarios para la discusion presente.

(32) Cf. Feinberg, J., "The Nature and Value of Rights", en: The Journal of Value Inquiry, v. IV (1970), pp. 243-257.

(33) Cf., Ladenson, R., "Two Kinds of Rights", en: The Journal of Value Inquiry, v. XIII, 3 (1979), pp. 161-172 y "In a Defense of a Hobbesian Conception of Law", en: Raz, J. (ed.), Authority, Nueva York: New York University Press, 1990, pp. 32-55.

(34) La diferencia entre "claim-rights" y "justification-rights" es, para los propositos del presente texto, que los primeros implican necesariamente deberes correlativos por parte de terceros, mientras que los segundos se limitan a justificar una accion que resultaria, prima facie, inmoral. En palabras de Ladenson, las personas "invocan derechos de justificacion [justification-rights] como respuesta a la demanda de justificacion de su comportamiento y no para imponer demandas a otros, como lo harian al invocar derechos de reclamacion [claim-rights]" (Ladenson, R., "In a Defense of a Hobbesian Conception of Law", p. 36).

(35) Cf., Raz, J., Authority of Law, pp. 25-27.

(36) En los intentos de justificacion de la autoridad encontramos por lo menos tres vertientes que pretenden explicar como la autoridad facilita la cohesion social. La primera es una vertiente comunitarista en la que el conglomerado de la comunidad tiene ideas autoritativas sobre el sentido de la vida y la teleologia de las acciones por medio de lo cual la autoridad -en este caso, el Estado--facilita la cohesion y el mutuo reconocimiento reflejado en que las ordenes respaldan las creen-cias compartidas de la comunidad. Por otro lado, hay un enfoque en la regulacion autoritativa de la conducta por parte del Estado. Se propone que el Estado facilita no la realizacion de ideales compartidos, sino la posibilidad de convivencia de individuos con ideales radicalmente diferentes. Individuos diferentes se suman a las reglas estatales independientemente de su acuerdo puntual con dichas reglas porque el hecho de seguir un sistema unificado de reglas permite perseguir sus propios fines. El Estado aparece, entonces, como solucion a la perdida o inexistencia de creencias compartidas. La tercera justificacion se basa en el juego limpio. En pocas palabras, esta justifica-cion muestra la autoridad como una forma de coordinar y hacer cooperar a las personas de una comunidad y, asi, su razon principal en la defensa de la autoridad es que permite generar marcos de coordinacion en los cuales cada sujeto ha de poner su justo aporte para las empresas de la comunidad. El punto central de la tesis del juego limpio es que, en un marco social, la aceptacion de los beneficios generados por esquemas cooperativos es suficiente para generar obligaciones politicas. Asi, en virtud de la reciprocidad del juego limpio, aquel que acepte los beneficios gene-rados por los esquemas cooperativos del Estado estara obligado a cumplir con las leyes cuyo cumplimiento, por parte de los demas, le ha beneficiado.

(37) Esta descripcion de la perspectiva ilustrada se puede encontrar en: Gadamer, H.-G., Verdad y Metodo, Salamanca: Sigueme, 2003, pp. 331-377.

(38) La deslegitimacion de la autoridad, en tanto que se basa en la imposibilidad conceptual o practica de legitimacion (como en la oposicion autonomia-autoridad planteada por Wolff) se cons-tituye como una posicion del anarquismo a priori, mientras que, en caso de tratarse de fallas que puedan solucionarse mediante mejoramientos argumentativos e institucionales, correspondera a una posicion del anarquismo a posteriori.

(39) Cf. Feinberg, J., Harm to self, Nueva York: Oxford University Press, 1986, pp. 27-51.

(40) El problema de la autonomia como confrontada con la autoridad, si bien tiene muchos enfo-ques, usualmente es discutido de cara a la concepcion kantiana de la autonomia.

(41) "Podriamos decir que usted esta bajo mi autoridad porque seria moralmente incorrecto rehu-sarse a consentir, y esto es lo que denominamos consentimiento normativo. El consentimiento normativo es meramente hipotetico: usted habria consentido si hubiese actuado correctamente cuando se le dio la oportunidad de consentir. Esto significa que tiene el deber de hacer lo que le pide. No significa que yo pueda ejercer coaccion sobre usted; solo significa que esta moral-mente obligado a ayudarme, bajo mi autoridad incluso aunque no haya consentido esa autoridad" (Estlund, D., La autoridad democratica, p. 35). Estlund supone que el consentimiento normativo (que se basa en la objetividad racional de los principios morales) es la base de la autoridad estatal.

(42) Cf., Rawls, J., Teoria de la justicia, pp. 464-470.

(43) Feinberg, J., Harm to self, p. 36.

(44) Feinberg (cf. ibid.) dice que la perspectiva de Wolff se basa simplemente en la independencia de la voluntad sin hacer caso a la perspectiva racionalista a la que acude Rawls. No obstante, aun sabiendo que las perspectivas de los dos autores son conflictivas, y aunque Wolff se centra en la autonomia como responsabilidad, creo que no resulta demasiado problematico para el que pueda haber objetividad moral. De hecho, dice que asi se renuncie a la reflexion sobre las propias maximas de accion, la responsabilidad se mantiene. Por ello, la critica de Wolff tiene que ver con la suposicion de la necesidad de consentimiento explicito para que pueda haber vinculatoriedad y, mas especificamente, del consentimiento moral de la accion requerida por quien la ordena.

(45) Wolff, R.P., In Defense of Anarchism, p. 14.

(46) Feinberg, J., Harm to self, p. 37.

(47) Ibid, pp. 35-39.

(48) Ibid, p. 47. La mencion de la comunidad en la cita de Feinberg nos permite senalar la relevancia moral del respeto y la proteccion mutua de la autonomia tanto para los intentos de justificacion de la autoridad como para las criticas anarquistas. Independientemente de que se defienda una posicion liberal clasica o una posicion comunitarista en la que el individuo se constituye como parte de un grupo social mas amplio, la discusion sobre la legitimidad de la autoridad esta nece-sariamente determinada por la consideracion que se tiene por el individuo y su agencia racional y moral. Un buen analisis sobre la continuidad e interdependencia entre liberalismo y comunita-rismo puede encontrarse en Walzer, M., "The Communitarian Critique of Liberalism", en: Political Theory, v. XVIII, 1 (1990), pp. 6-23.

(49) No todos los casos de relacion de autoridad resultan moralmente relevantes para esta discu-sion: en muchos, tanto la orden como su acatamiento son mejor entendidos en terminos pura-mente instrumentales y su contenido moral no se vincula directamente con dicha relacion (por ejemplo, el sentido del trafico vehicular).

(50) Beauchamp, T.L., "The Nature of Applied Ethics", en: Frey, R. y C.H. Wellman (eds.), A Companion to Applied Ethics, Oxford: Blackwell Publishing, 2003, pp. 1-16.

(51) Wolff, R.P., In Defense of Anarchism, p. 11.

(52) Ladenson, R., "In a Defense of a Hobbesian Conception of Law", pp. 32-55.

(53) Raz, J., Practical Reason and Norms, p. 64.

(54) Cf. Simmons, J., Moral Principles and Political Obligations, Capitulos 1 y 2.

(55) Cf. Simmons, J., "Justification and Legitimacy", en: Ethics, v. CIX, 4 (1999), pp. 739-771.

(56) Simmons, J., Moral Principles and Political Obligations, p. 21.

(57) Para ver en detalle esta discusion, cf. ibid, Capitulo 1.

(58) Marcuse, H., "Tolerancia represiva", en: Wolff, R.P. y otros (eds.), Critica de la tolerancia pura, Madrid: Editorial Nacional, 1977.

(59) Esta perspectiva es el llamado anarquismo a posteriori expuesto por Simmons (Simmons, J., Justification and Legitimacy, pp. 102-121). Esta forma de anarquismo se distingue del anarquismo a priori, como el de Wolff, porque este ultimo propone que las caracteristicas esenciales del Estado hacen que no haya nada que pueda a la vez caracterizarse como Estado y contar con legitimidad moral.

(60) Esta critica aplica a las teorias del juego limpio. En general, es posible postular que, aunque la pretension es la de fundar todas las obligaciones legales en el deber de juego limpio -siempre y cuando se trate de un esquema justo de cooperacion en el que cada cual reciba lo que por justicia le corresponde-, la obligacion que puede postularse es limitada. Por una parte, en la medida en que haya parte de la comunidad que no reciba su justa parte (lo que, aunque puede resultar dificil de medir, parece pasar en todos los Estados conocidos), la obligacion se desvanece. Por otra parte, a diferencia de teorias como las del consentimiento, es posible para el sujeto adquirir vinculos morales sin tener conciencia de ello. Consecuentemente, la identificacion de las obligaciones basadas en el juego limpio resulta dificil y, mas aun, dado que las ordenes de un Estado exceden los posibles requerimientos morales de tal principio de justicia. En otras palabras, hay muchas ordenes legales que no se relacionan directamente con los beneficios basados en la reciprocidad de la comunidad.

(61) Un buen ejemplo son las llamadas democracias de baja intensidad. Cf., Gills, B., y J. Rocamora, "Low Intensity Democracy", en: Third World Quarterly, v. XIII, 3 (1992), pp. 501-523. Estas democracias, como la colombiana, son democracias formalmente legitimas (segun estandares como los de Estlund) que en la practica resultan ser formas de opresion, perdida de la soberania y abandono de la ciudadania.

(62) Waldron, J., "A Right to do Wrong", en: Ethics, v. XCII, 1 (1981), pp. 21-39.

(63) Asi, por ejemplo, se puede avalar la aplicacion de un castigo a un asesino a la vez que se pueden poner en cuestion leyes que, privilegiando las importaciones, vulneren la economia nacional.

(64) Sigo la precision que hace Sandel (cf. Sandel, M., Lo que el dinero no puede comprar, Madrid: Debate, 2013) entre economia de mercado y sociedad de mercado, donde la segunda se trata de una sociedad que, como las occidentales contemporaneas, hacen de la racionalidad de mercado el unico y omniabarcante estandar para valorar todos los aspectos de la vida practica.

https://doi.org/10.18800/arete.201901.005
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Author:Hernandez-Zambrano, David
Publication:Arete
Date:Jan 1, 2019
Words:12095
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