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Astudillo, C. (2018). El derecho electoral en el federalismo mexicano.

Astudillo, C. (2018). El derecho electoral en el federalismo mexicano. Mexico: Secretaria de Cultura, Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de Mexico, Secretaria de Gobernacion, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Instituto de Investigaciones Juridicas.

El libro El derecho electoral en el federalismo mexicano viene a enriquecer la literatura especializada sobre la historia politica de Mexico. La obra hace un escrupuloso examen de uno de los topicos mas acusados de la materia: el derecho electoral. Cesar Astudillo ofrece al lector una reflexion enterada y de largo aliento, a partir de la independencia de Mexico (1821) hasta llegar a la Constitucion vigente, promulgada en 1917.

En el primer capitulo, titulado "El derecho electoral en los textos constitucionales de Mexico", presenta un estudio de caracter historico-constitucional sobre la legislacion concerniente a la renovacion de los poderes publicos, partiendo de la Carta Magna de 1824 hasta finales del siglo XX. No solamente se hace un analisis de los requisitos, las formalidades, los mecanismos y las instituciones vinculados a las elecciones y sus participantes, sino que se plasman las circunstancias prevalecientes en la sociedad mexicana. Las constituciones revisadas son la ya mencionada de 1824; la centralista de 1836: Bases y Leyes Constitucionales de la Republica Mexicana, tambien llamada las Siete Leyes; el Acta Constitutiva y de Reformas del 21 de mayo de 1847; la Constitucion Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, y la Constitucion de 1917.

Por su parte, en el capitulo segundo, "La evolucion del derecho electoral a traves de las generaciones de reformas", el autor presenta lo que el considera son las cuatro generaciones de reformas en materia electoral. La primera de ellas, ubicada en las modificaciones constitucionales y legales de 1963, 1977 y 1986, encontro su asiento en la "decision encaminada a depositar en las elecciones y los partidos la garantia de heterogeneidad politica y social de Mexico, cuyo proposito fundamental fue fomentar la presencia publica de las minorias en los organos de representacion politica" (p. 79). La segunda generacion abarca el establecimiento de que la organizacion de las elecciones federales seria una funcion estatal y, con ello, se creo el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Federal Electoral. Al IFE, de manera posterior, concurrieron personas de la sociedad civil, hasta que en 1996 el Instituto fue dotado de autonomia, y el Tribunal Electoral se incorporo al Poder Judicial. La tercera generacion abarca las reformas de 1993 hasta la de 2007, periodo en el que se introdujo la regulacion inicial del financiamiento privado, y se establecio la predominancia del financiamiento publico (70 %) sobre el privado (30 %). En 2007 se construyo un nuevo modelo de comunicacion politica para equilibrar el acceso de los partidos a los medios, y se fortalecieron las capacidades de fiscalizacion de la autoridad electoral al crear una unidad tecnica en la materia. La cuarta generacion se relaciona con la creacion de una autoridad electoral de caracter nacional, encargada de la organizacion de los procesos electorales federales, estatales y municipales; de esta manera, desaparece el IFE y se crea el Instituto Nacional Electoral (INE).

"Los derechos politico-electorales" es el titulo del tercer capitulo, en donde se revisa la naturaleza de este tipo de derechos, como una categoria al interior de los derechos fundamentales, que le permiten al ciudadano participar en los asuntos publicos, teniendo el derecho al voto (activo y pasivo) como su quintaesencia. La Constitucion mexicana determina cuatro cualidades del voto: universal, libre, secreto y directo. Universal en cuanto se debera prescindir de cualquier circunstancia discriminatoria que tenga por objeto acotar el numero de personas a quienes se les reconoce este derecho. El voto libre se refiere a que se debe mantener al margen cualquier tipo de coaccion, amenaza o condicionamiento que vulnere la libertad del elector. El secreto se refiere a que el ciudadano debe tener la certeza de que nadie conocera su decision, y es directo porque busca garantizar la inmediatez del sufragio, lo cual impide que el voto se mediatice y exprese a traves de terceras personas (pp. 117-118).

El analisis de las organizaciones que pueden participar en los procesos comiciales es atendido en el cuarto capitulo, "Los partidos politicos", mismos que son las unicas formas asociativas reconocidas en el ordenamiento mexicano con fines electorales. Con la reforma politica de 1977 ocurrio la constitucionalizacion del regimen juridico de los partidos, reconociendolos como entidades de interes publico. En la actualidad existen partidos politicos nacionales y estatales; los primeros pueden competir en cualquier eleccion en el pais (siempre que tramiten y acrediten su reconocimiento ante las autoridades electorales del estado correspondiente), mientras que los segundos se limitan a concurrir en procesos comiciales locales. Hace no muchos anos (2014) se publico la Ley General de Partidos Politicos con el proposito de reglamentar las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos politicos nacionales y locales. En este capitulo se analizan, ademas, los requisitos para la constitucion, el registro y la acreditacion de los partidos; sus documentos basicos; los derechos, deberes y prerrogativas; las obligaciones en materia de transparencia, y la perdida de registro y liquidacion; asi como la facultad para formar frentes, coaliciones y fusiones.

En el capitulo quinto, "Composicion de los organos de representacion politica", se examina al Poder Legislativo mexicano, integrado por dos camaras: una de Diputados y otra de Senadores, y a los organos administrativos (ayuntamientos y Poder Ejecutivo federal y locales). La primera esta integrada por 500 legisladores, y la segunda por 128. En su conformacion se emplean dos principios de representacion: el de mayoria relativa y el de representacion proporcional. El principio de mayoria relativa consiste en que el ganador es aquel individuo que obtiene el mayor numero de votos que las opciones alternativas, sin tener en cuenta alguna otra consideracion. Por su parte, el principio de representacion proporcional se refiere a que "el porcentaje de votos obtenido por un partido se refleje lo mas fielmente en la integracion del organo legislativo, lo cual conduce a que los votos de los ciudadanos se conviertan lo mas fielmente en posiciones legislativas" (pp. 170-171). La Camara de Diputados incorpora ambos principios, lo que resulta en un sistema electoral mixto con dominante mayoritario; esto es asi debido a que 300 legisladores son electos por mayoria relativa y 200 por representacion proporcional. En la Camara de Senadores, 64 senadores son de mayoria, 32 de primera minoria y 32 mas de representacion proporcional. A nivel local, los congresos estatales incorporan, tambien, un sistema electoral mixto. Los legisladores son electos en distritos o circunscripciones electorales. Los ayuntamientos son organos colegiados encargados de funciones de gobierno y administracion en cada uno de los municipios, cuyos integrantes se eligen por voto popular. Se componen de una presidencia municipal y un numero variable de sindicaturas y regidurias. A diferencia de los titulares del Ejecutivo federal y estatales, el alcalde si puede ser reelecto.

"El modelo de organizacion electoral" es la denominacion del capitulo sexto, que "comprende la arquitectura que define a las instituciones que tienen la responsabilidad de llevar a cabo las actividades necesarias para que los ciudadanos puedan ejercer y defender, en su caso, los derechos politico-electorales de los que son titulares, esencialmente el derecho a votar y ser votado, a traves de actos de gestion u organizacion de las elecciones, instancias de tutela de los derechos y control de la regularidad juridica de los actos o justicia electoral y mecanismos de persecucion de conductas que vulneran la libertad y autenticidad del sufragio" (p. 201). El autor menciona que la organizacion de las elecciones fue elevada a la condicion de funcion estatal en 1990, lo que origino que dicha organizacion fuera un espacio institucional propio.

"Los institutos electorales" es el capitulo septimo, en el que se examinan las autoridades administrativas encargadas de organizar las elecciones a nivel federal y local. Antes de 2014, en Mexico existian instituciones encargadas de preparar los comicios para presidente de la republica y legisladores federales, e institutos responsables de la renovacion de las gubernaturas, congresos estatales y ayuntamientos. Como consecuencia de la reforma del ano mencionado, desaparecio el Instituto Federal Electoral y se creo el Instituto Nacional Electoral, buscando impulsar un sistema nacional de elecciones, dentro de un esquema hibrido caracterizado por la coexistencia de una autoridad de caracter nacional y un conjunto de organismos publicos locales electorales que, inicialmente, mantienen la organizacion de sus respectivas elecciones. Esto genero, a juicio de Astudillo, que un conjunto de competencias vinculadas a las actividades de la funcion electoral les fueran sustraidas a los organismos locales, y que los organismos publicos locales electorales puedan verse privados total o parcialmente de sus competencias.

En el octavo capitulo, "La justicia electoral", se analiza la evolucion de la autoridad jurisdiccional en esta materia: del Tribunal de lo Contencioso Electoral al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion (TEPJF). El Tribunal Electoral, organo de relevancia constitucional, es la maxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, tiene caracter de organo permanente, es depositario de una competencia exclusiva y excluyente sobre los medios de impugnacion a su cargo, y posee la capacidad de resolver "en forma definitiva e inatacable" los asuntos de su competencia, lo cual dota de especial fuerza a sus resoluciones (p. 266). A nivel local existen tribunales similares de naturaleza colegiada. El TEPJF funciona con una Sala Superior integrada por siete magistrados electorales, a diferencia de sus cinco salas regionales y la especializada, cada una compuesta por tres magistrados. En los estados, el numero de magistrados oscila entre tres y cinco. Todos los magistrados electorales, tanto los federales como los estatales, son designados por un unico organo del Estado: el Senado de la Republica. En este capitulo tambien se examinan los medios de impugnacion existentes (juicio de revision constitucional electoral, juicio para la proteccion de los derechos politico-electorales del ciudadano, recurso de revision, recurso de apelacion, juicio de inconformidad, y recurso de reconsideracion).

Finalmente, en el capitulo noveno, "El proceso electoral", este es entendido como aquel "conjunto de actos ordenados por la Constitucion y la ley que se encuentran a cargo de las autoridades electorales, los partidos politicos, asi como los ciudadanos orientados a posibilitar el ejercicio del sufragio para la eleccion de los representantes populares y la consecuente renovacion periodica de las instituciones representativas del Estado en el ambito federal, estatal y municipal" (p. 313). Las modalidades para decretar el arranque del proceso referido y su finalizacion son tres: 1) el inicio del proceso electoral se produce en una fecha o en un plazo puntalmente delimitado por la legislacion; 2) cuando la autoridad electoral en la que recae la organizacion de los comicios celebre la primera sesion o la sesion de apertura del proceso, y 3) desde el momento en que se realice la convocatoria a elecciones. Las etapas del proceso electoral mexicano, por su parte, son: actualizacion del padron electoral; expedicion de la credencial para votar, con fotografia, y elaboracion de las listas nominales de electores; definicion de la geografia electoral; en fin, designacion de los consejeros electorales de los organismos publicos locales. Una vez iniciado el proceso electoral, empieza la etapa de preparacion de las elecciones; la siguiente es la jornada electoral, y termina con la etapa de resultados y declaracion de validez de las elecciones.

La obra comentada representa un aporte significativo a los estudiosos del derecho, la ciencia politica y la historia, ya que la claridad expositiva y el rigor de la investigacion la haran una fuente de consulta permanente.

DOI: https://doi.org/10.18601/16578651.n24.10

Eduardo Torres Alonso, Politologo y administrador publico, Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM). Profesor UNAM, Ciudad de Mexico (Mexico). [etorres@unam.mx], [https://orcid.org/0000-0002-0868-2240].
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Author:Torres Alonso, Eduardo
Publication:Observatorio de Politicas, Ejecucion y Resultados de la Administracion Publica (OPERA)
Article Type:Resena de libro
Date:Jan 1, 2019
Words:2131
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