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Aproximacion a un estandar de reparacion integral en procesos colectivos de vioiacion a los derechos humanos. Jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos.

Approaches to full reparation standards in collective judicial processes aimed to protect human rights. The jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights

Donde hay violacion sin sancion o dano sin reparacion, el Derecho entra en crisis, no solo como instrumento para resolver cierto litigio, sino como metodo para resolverlos todos, es decir, para asegurar la paz con justicia. Cuestionada su eficacia, asalta la tentacion de utilizar vias extrajuridicas para obtener lo que no proveen las juridicas.

Sergio Garcia Ramirez, juez y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

1. INTRODUCCION

Uno de los mayores avances del derecho internacional de los derechos humanos ha sido erigir al ser humano como una persona capaz de reivindicar sus derechos conculcados frente a instancias judiciales de caracter nacional e internacional.

Este escrito pretende realizar una aproximacion a un estandar de reparacion integral en aquellos procesos judiciales de caracter colectivo en los cuales se presenten violaciones de derechos humanos. Para ello se establecera el concepto de victima, desde su perspectiva individual y colectiva, al igual que se hara un estudio sobre la amplitud de los mecanismos de reparacion.

Dado que los avances jurisprudenciales en el derecho interno han desarrollado sus conceptos a partir de la asimilacion de los estandares internacionales de proteccion, la aproximacion que se realizara tiene como objetivo examinar la doctrina juridica contemporanea y los avances jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante tambien "la Corte" o "la Corte Interamericana").

2. EL CONCEPTO DE VICTIMA: LA AMPLIACION RATIONAE PERSONAE

De manera general, la nocion de victima se refiere al concepto de parte lesionada, (1) en el entendido de que es aquella cuyo derecho de caracter individual ha sido denegado, afectado o danado por un acto ilegal. (2)

En el contexto de los derechos humanos debe entenderse por victima o lesionado aquella persona sobre la cual "recaen directamente los efectos del desconocimiento de las normas de los derechos humanos. La victima es entonces, aquella persona que sufre las consecuencias de la relacion causal entre un hecho danino y sus efectos nocivos". (3) En otras palabras, la victima de una violacion de los derechos humanos es aquella que ha sufrido un dano. (4)

Normativamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos define el concepto de victima como "la persona cuyos derechos han sido violados de acuerdo a la sentencia proferida por la Corte". (5) Esto es, victima es aquella persona a la cual la Corte le ha reconocido un dano o afectacion, aclarando que con la sentencia no se constituye un dano, sino que se reconoce su existencia.

A pesar de que el concepto de victima esta siendo revaluado desde un enfoque psicosocial que considera que dicha caracterizacion entrana la imagen de vulnerabilidad y dependencia extrema, niega el valor de la persona afectada (6) y ocasiona con ello una revictimizacion, (7) el presente trabajo realizara una aproximacion a la evolucion de este concepto sin pretender danar la identidad de la persona afectada por una violacion de derechos humanos (8) ni generar con ello una revictimizacion conceptual desde la academia. Para llevar a cabo dicho estudio se abordaran los conceptos de victima directa, victima indirecta y victimas comunales.

2.1. Victima directa

Atendiendo al proposito de la reparacion se distinguen dos clases de victimas, aquellas personas que sufrieron la violacion directa (victimas directas) y aquellas personas que sufrieron las consecuencias (victimas indirectas). (9)

Por victima directa se entiende la persona sobre la cual recaen de manera directa las consecuencias de una conducta ilicita o danosa violatoria de los derechos humanos, la cual no tiene intermediario, ni solucion de continuidad. (10)

En un primer periodo jurisprudencial de la Corte Interamericana (1989 a 1998) se entendio que las victimas dentro de un proceso de responsabilidad internacional contra uno o mas Estados, solo eran aquellas de las cuales podia demostrarse un vinculo juridico surgido de una relacion causa efecto. En otras palabras, se entendia que los familiares no eran victimas, sino lesionados en su patrimonio por la violacion de un derecho a un familiar.

Lo anterior significaba, por ejemplo, que en el caso de desapariciones forzadas, se entendiera que la victima era solamente aquella sobre la cual habia recaido el acto ilicito, de manera que sus familiares o dependientes economicos se legitimaban dentro del proceso como una parte lesionada a la cual le era asignada una indemnizacion por el dano causado a la victima directa. Se entendia que los hijos de la persona afectada adquirian el derecho a la indemnizacion mediante un proceso sucesoral. (11) Igualmente se establecio que en aquellos casos relacionados con torturas o detenciones arbitrarias, entre otros, la victima era la que recibia directamente la indemnizacion y los familiares podian reclamar por perjuicios que se le hubieren ocasionado a su patrimonio y que estuvieran relacionados directamente con la violacion de los derechos humanos que sufriera la victima. (12)

En todo caso, esta primera parte jurisprudencial no reconocio a los familiares como victimas indirectas, ya que les daba el tratamiento de lesionados. La Corte solo iniciaria un cambio jurisprudencial sobre su posicion a partir del caso Castillo Paez, (13) en el cual se empezo a construir una linea jurisprudencial que permite tratar a los familiares como verdaderas victimas consecuenciales del hecho danoso.

2.2. Victima indirecta y terceros lesionados

Los avances jurisprudenciales permitieron entender que podian ser consideradas tambien como victimas indirectas todas aquellas personas que tuvieran una relacion de cercania y parentesco con la victima directa, siempre y cuando de dicha relacion se desprendieran afectaciones o danos imputables al Estado. (14)

Se ha entendido que las victimas indirectas son aquellas que "padecen un dano propio y directo a sus derechos humanos, que esta radicado en si mismos [sic], no obstante, se les llama indirectas por cuanto la configuracion de tal dano depende, en principio, de una violacion dirigida a alguien mas: la victima directa. El termino indirecta implica, pues, una relacion de dependencia entre unas violaciones causadas a un sujeto pasivo principal y otras que se desprenden de aquellas". (15)

En otras palabras, el dano causado a la victima directa genera una relacion de causalidad que provoca ciertas afectaciones en virtud de relaciones de cercania o parentesco (hijos, padres y hermanos), y que otorga un derecho para recibir una indemnizacion. (16)

Este cambio jurisprudencial, en el cual se reconocen las victimas indirectas, se establecio de manera plena en el caso Blake (17) y continuo siendo aplicado en los casos sucesivos, en especial en el caso Villagran Morales y otros, en los que la Corte reconocio a los familiares la violacion de derechos propios.

Lo anterior implica el reconocimiento implicito de los familiares como victimas, en el entendido de que a pesar de no haber sido los destinatarios de los hechos violatorios principales, padecieron una serie de hechos identificables que los afectaron. (18) Como lo expone Cancado Trindade, la aceptacion juridica de que los familiares pueden ser victimas indirectas amplia la nocion de victima y crea un espectro de proteccion de mayor envergadura. (19)

La ampliacion de la nocion de victima que ha sido reconocida por la Corte consolida una caracteristica adicional, segun la cual las victimas directas e indirectas pueden sufrir afectaciones o danos en sus derechos propios que pueden ser totalmente diferentes; en otras palabras, por ejemplo, mientras que una victima directa soporta la violacion del derecho a la vida (desaparicion forzada), los familiares que son victimas indirectas pueden ser afectados en el derecho a la integridad personal (tratos crueles, inhumanos y degradantes por el manejo inadecuado de los restos del difunto).

Lo anterior refleja la aplicacion amplia de la regla pro homine que, como lo sostuviera el juez Sergio Garcia Ramirez en su voto razonado concurrente en el caso Bamaca Velasquez, refleja una fuente de interpretacion e integracion progresiva frente a la nocion de victima. (20) Esta evolucion progresiva de la victima permitio que la Corte reflejara la aplicacion del principio pro homine en casos posteriores como el Molina Theissen (21) y el caso de las hermanas Serrano Cruz. (22)

Por otra parte, la jurisprudencia de la Corte ha reconocido que ademas de victimas directas e indirectas pueden surgir terceros lesionados, que son aquellas personas que a pesar de no tener una relacion de afecto o consanguinidad con la victima directa pueden ser titulares de derechos. Se ha establecido que estos terceros lesionados tienen derecho a una reparacion, siempre y cuando demuestren que tenian una expectativa, generalmente economica, que se presume hubiera continuado de no haber muerto la victima.23

La Corte, al respecto, ha establecido que deben concurrir ciertos requisitos para reparar a un tercero lesionado, a saber: "que hubiere existido una relacion de dependencia efectiva y regular entre el reclamante y la victima, de modo que se pueda presumir razonablemente que las prestaciones recibidas por aquel continuarian si la victima no hubiese muerto; y de que el reclamante hubiera tenido una necesidad economica que regularmente era satisfecha con la prestacion efectuada por la victima". (24)

El reconocimiento de victimas indirectas y terceros lesionados amplia el espectro de proteccion en lo concerniente a violaciones de derechos humanos, debido a que no es necesario demostrar una relacion de consanguinidad para obtener una reparacion, sino que es suficiente probar una relacion de afecto o dependencia efectiva y regular.

En efecto, un examen minucioso de la tesis planteada por la Corte permitiria establecer que un familiar puede adquirir una doble vinculacion dentro de un proceso judicial, pues por una parte puede ser acreditado como victima indirecta y por otra como beneficiario sucesoral. Por ejemplo, los hijos de una persona que ha sido ejecutada extrajudicialmente adquieren el derecho de recibir la compensacion como herederos legitimos de la victima directa, pero al mismo tiempo pueden acreditarse dentro del proceso como victimas indirectas solicitando una reparacion integral por las afectaciones que se le hubieran ocasionado, tales como la demora injustificada en la investigacion judicial y en la sancion de los responsables.

Este estandar de proteccion ha sido negado por algunas legislaciones. En el caso colombiano, el Consejo de Estado niega la existencia de victimas indirectas como personas afectadas con un derecho propio, (25) al igual que la posibilidad de terceros lesionados que no tengan un vinculo de consanguinidad o afecto. (26) En general, la doctrina y la jurisprudencia se inclinan por establecer derechos de caracter sucesoral sobre los familiares sin realizar mayores esfuerzos por reconocer una calidad diferente.

2.3. Comunidades

El desarrollo de nuevos estandares de proteccion le permitio a la Corte establecer mecanismos de reparacion cuando la vulneracion de derechos afecta a un grupo de individuos con particularidades comunes.

En efecto, es posible encontrar tres categorias de sujetos de derecho que comparten rasgos comunes, a saber: los pueblos, los pueblos o poblaciones indigenas, y las minorias etnicas, linguisticas y religiosas. (27) Aunque la distincion entre estos conceptos es vaga y confusa, (28) en la normativa internacional se ha definido la acepcion de pueblo o comunidad indigena, (29) lo cual le ha permitido a la Corte Interamericana pronunciarse sobre los derechos y los estandares especiales de proteccion que merecen estos grupos.

De esta manera, se ha establecido que cuando se vulneran o afectan los derechos de un grupo o comunidad que tiene una cosmologia e identidad comunal y fuertes vinculos de solidaridad, es necesario realizar una reparacion teniendo en cuenta esta particularidad, (30) en el sentido de entender su comportamiento como un grupo humano, con derechos colectivos distintos de los derechos de las demas personas. (31)

El caso Aloeboetoe fue el primero en el que la Corte resolvio establecer una medida de reparacion social en beneficio de una comunidad, (32) posicion que marcaria una linea jurisprudencial solida en casos subsiguientes, como el de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni (33) y la Comunidad Indigena Yakye Axa. (34)

El estandar que se ha establecido permite observar que en el caso de las comunidades y pueblos indigenas la victima es de caracter colectivo, debido a que una afectacion a alguno de sus miembros puede motivar el rompimiento del tejido social y establecer formas de temor que quebrantan la composicion social. Bajo este entendido, la jurisprudencia ha permitido el desarrollo de sistemas y mecanismos de reparacion y recomposicion comunales, con el fin de no observar el dano individual, sino subsanar el colectivo.

3. LA REPARACION

3.1. Instrumentos internacionales y antecedentes

El concepto de indemnizacion, que a principios del siglo XX se equiparaba al de reparacion, aparece reflejado en el articulo 3. de la Convencion de La Haya relativa a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre, de 18 de octubre de 1907 (Convencion IV), como un estandar generico para las victimas de violaciones del derecho internacional humanitario. Alli se establece que "[l]a parte beligerante que viole las disposiciones de dicho Reglamento estara obligada a indemnizacion, si fuere el caso, y sera responsable de todos los actos cometidos por las personas que hagan parte de su fuerza armada".

La reparacion como concepto autonomo en el ambito contemporaneo internacional adquiere sus raices a partir de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos, (35) que en su articulo 8. senala: "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitucion o por la ley", aspecto recogido tambien en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, (36) el cual senala que "[t]oda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendra el derecho efectivo a obtener reparacion". (37)

Con posterioridad, se determinaron una serie de instrumentos internacionales, de caracter especifico, tendientes a establecer garantias para que los Estados, dentro de sus legislaciones internas, incluyeran mecanismos de reparacion justa y adecuada. Asi, el principio de reparacion se establecio en la Convencion Internacional sobre la Eliminacion de todas las formas de Discriminacion Racial, (38) en la Convencion contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, (39) en la Convencion sobre los Derechos del Nino, (40) y mas recientemente, en la Convencion Internacional para la Proteccion de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que preve un alto estandar de reparacion. (41) Igualmente, quedo prescrito en el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Proteccion de las Victimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I) (42) y en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. (43)

Por su parte, el Sistema Europeo de Proteccion de Derechos Humanos asimilo en el articulo 13 del Convenio Europeo para la Proteccion de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (44) un mecanismo general de reparacion, de modo similar a como se establecio en la Declaracion Universal de los Derechos Humanos; mientras que el Sistema Africano, en la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, (45) establecio el derecho a una compensacion adecuada en el caso de expoliacion de pueblos.

En el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la evolucion en cuanto al estandar de reparacion se ha evidenciado en los multiples instrumentos con que cuenta el sistema --articulado desde la Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (46) y la Convencion Americana sobre Derechos Humanos--, (47) que establecen de forma general el deber de los Estados de reparar las violaciones a los derechos humanos. De la misma forma, sus instrumentos especializados, como la Convencion Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, (48) la Convencion Interamericana sobre Desaparicion Forzada de Personas (49) y la Convencion de Belem do Para, (50) establecen la obligacion de los Estados parte de reparar a las victimas que hayan sufrido las consecuencias de una violacion en el marco de dichos instrumentos. En especial, la Convencion de Belem do Para establece un estandar tanto de reparacion como de compensacion.

Como complemento de lo anterior, el esfuerzo realizado por la Comision de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para establecer una normativa internacional relativa a los procesos de reparacion permitio la elaboracion de los denominados "Principios y directrices basicos sobre el derecho de las victimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones". (51) Estos principios ponen a disposicion de los Estados y de las victimas mecanismos, modalidades, procedimientos y metodos para el cumplimiento de las obligaciones juridicas de reparacion existentes en virtud de las normas internacionales correspondientes.

3.2. Principios y directrices basicos sobre el derecho de las victimas a interponer recursos y obtener reparaciones

Los principios y directrices aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el ano 2005 son el resultado de dos estudios:

i) sobre la sistematizacion del concepto de reparacion, iniciado por el relator especial Theo van Boven y finalizado por M. Cherif Bassiouni, y

ii) sobre impunidad, llevado a cabo por el relator especial Louis Joinet y actualizado por Diane Orentlicher.

En efecto, en el informe presentado por Theo van Boven en 1993, denominado Estudio relativo al derecho de restitucion, indemnizacion y rehabilitacion a las victimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales, (52) se senala que cuando se aborda la tematica de la impunidad se alude inevitablemente tambien al concepto de reparacion equitativa y adecuada a las victimas. Sobre este informe se prepararon dos versiones posteriores, (53) en las que se establecio la necesidad de que los Estados determinen la responsabilidad penal de los autores a las violaciones de los derechos humanos, con el fin de que las victimas puedan obtener medidas eficaces de reparacion.

Posteriormente, se designo a M. Cherif Bassiouni para revisar los principios y las directrices establecidas por Theo van Boven y compararlas con otras normas y principios desarrollados por las Naciones Unidas. Fruto de este trabajo surgio el documento El derecho de restitucion, indemnizacion y rehabilitacion de las victimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales, (54) que luego se convertiria en el documento final sobre principios y directrices.

Por otra parte, la Subcomision de Prevencion de Discriminaciones y Proteccion a las Minorias de la Comision de Derechos Humanos encargo la elaboracion de un informe a Louis Joinet sobre la impunidad de los autores de las violaciones de derechos humanos (derechos civiles y politicos). El informe final recogio un conjunto de principios para la proteccion y la promocion de los derechos humanos e incluyo un capitulo especial en el cual se recogen algunas de las directrices elaboradas por Theo van Boven sobre las reparaciones en el derecho internacional. (55) Los principios contenidos en el informe de Louis Joinet fueron actualizados posteriormente por Diane Orentlicher en otro informe presentado a la Comision de Derechos Humanos en febrero de 2005, el cual hizo manifiesta la importancia de la participacion activa de las victimas en los procesos, planes y programas de reparacion. (56)

Los informes de los estudios de reparacion e impunidad permitieron la elaboracion concreta y sistematica de los principios y directrices basicas para que las victimas puedan interponer recursos y obtener la reparacion. De manera general se establece que los Estados estan en la obligacion de tomar medidas de caracter legislativo, administrativo y/o judicial para permitir el pleno ejercicio de los derechos de las victimas para que estas obtengan una adecuada reparacion.

3.3. Estandar basico sobre las reparaciones

La reparacion en el caso de las violaciones graves a los derechos humanos intenta "reconstruir la propia existencia, lejos del terror y de la impunidad, gracias a un acto juridico y simbolico a la vez". (57)

En primer lugar, la reparacion es "juridica", porque permite que la sociedad, mediante una serie de procedimientos (leyes y procesos juridicos), pueda radicar la culpa legalmente en un sujeto o entidad "para que la culpa no circule inconscientemente en todos sus miembros" (58) y pueda lograrse un proceso de reconstruccion historica, reconciliacion y justicia. En segundo lugar, la reparacion es "simbolica", porque a pesar de que jamas podra cubrir los perjuicios sufridos por la victima, los cuales son de caracter irreparable, produce algo nuevo que representa un concepto de justicia, indispensable para la convivencia social. (59)

De esta manera, la doctrina juridica ha venido elaborando la "tematica de las reparaciones de violaciones de los derechos humanos a partir de la integralidad de la personalidad de las victimas [...] de modo a atender sus necesidades y reivindicaciones, y buscar su plena rehabilitacion". (60) Este estandar es el siguiente:

3.3.1. Restitucion o resarcimiento in natura

Se entiende que la restitucion se encamina a procurar "el restablecimiento del derecho vulnerado devolviendo a la victima la posibilidad de ejercerlo si este le fue negado, o de continuar ejerciendolo plenamente si le fue limitado con el hecho danoso". (61)

Segun los principios y directrices basicos, la restitucion
   ... siempre que sea posible, ha de devolver a la victima a la
   situacion anterior a la violacion manifiesta de las normas
   internacionales de derechos humanos o la violacion grave del
   derecho internacional humanitario. La restitucion comprende, segun
   corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los
   derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadania,
   el regreso a su lugar de residencia, la reintegracion en su empleo
   y la devolucion de sus bienes. (62)


En terminos simples, el resarcimiento in natura implica restituir plenamente la situacion anterior a la violacion. (63) Puede ser, por ejemplo, ordenar la libertad de personas que han sido detenidas arbitrariamente, (64) declarar nulos procesos judiciales o administrativos con irregularidades, (65) ordenar la reinsercion en empleos publicos o la oportunidad de acceso a un trabajo alternativo con las mismas condiciones, salarios y compensaciones que tenia la victima cuando perdio el suyo, (66) o encaminarse a devolver los derechos legales o el estatus social a la victima.

Para algunos autores, en el caso, por ejemplo, en el que se restablece la libertad, el ejercicio de las libertades individuales y el empleo, no se realiza una restitucion sino que por el contrario se configura la cesacion de la violacion continuada, lo cual en teoria evidencia los motivos por los cuales cuando se presentan violaciones a los derechos humanos no es posible realizar una restitucion. (67) En terminos del juez Sergio Garcia, "la absoluta restitutio seria, mas que una reparacion, un milagro". (68)

3.3.2. Compensacion o sustitucion o indemnizacion

La compensacion es el modo mas comun de reparacion bajo la ley internacional. (69) Usualmente se refiere a pagos de caracter eco-H nomico que deben ser realizados a la victima o sus beneficiarios por perdidas materiales ocurridas desde que se llevo a cabo la violacion (danos pecuniarios o materiales) y para compensar perdidas de caracter moral (danos no pecuniarios o inmateriales).

Segun los principios y directrices basicos la indemnizacion
   ... ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la
   gravedad de la violacion y a las circunstancias de cada caso, por
   todos los perjuicios economicamente evaluables que sean
   consecuencia de violaciones manifiestas de las normas
   internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del
   derecho internacional humanitario, tales como los siguientes: a) El
   dano fisico o mental; b) La perdida de oportunidades, en particular
   las de empleo, educacion y prestaciones sociales; c) Los danos
   materiales y la perdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d)
   Los perjuicios morales; e) Los gastos de asistencia juridica o de
   expertos, medicamentos y servicios medicos y servicios psicologicos
   y sociales. (70)


Respecto de los danos que pueden ser indemnizados se encuentra lo siguiente:

Danos pecuniarios: se ha establecido que los danos pecuniarios son aquellos que pueden ser cuantificados objetivamente en terminos monetarios, y se dividen en dano emergente y lucro cesante. (71)

Dano emergente (damnum emergens): son aquellos danos que ocasionaron perdidas o expensas a las victimas o sus familiares como resultado de la violacion. La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha reconocido que bajo este rubro pueden reconocerse gastos por servicios funerarios (que no deben probarse), (72) gastos de transporte y alojamiento en que hayan incurrido los familiares para buscar a la persona desaparecida (73) o gastos por tratamientos psiquiatricos o psicologicos, (74) entre otros. Excepcionalmente, a falta de pruebas directas la Corte Interamericana ha fijado reparaciones por dano emergente en virtud del principio de equidad. (75) En general, el dano emergente se encamina a establecer aquellos gastos en los que incurrieron los familiares o la victima como consecuencia del hecho ilicito.

Respecto de terceros que puedan considerarse afectados por una violacion a los derechos humanos, se ha establecido en el caso del sistema interamericano que pueden solicitar la compensacion, siempre y cuando puedan probar dentro del proceso las tres condiciones establecidas en el caso Aloeboetoe, a saber:

i) el pago reclamado debe estar fundado en prestaciones efectuadas realmente por la victima al reclamante con independencia de si se trata de una obligacion legal de alimentos, ii) la relacion entre la victima y el reclamante debio ser de naturaleza tal que permita suponer con cierto fundamento que la prestacion habria continuado si no hubiera ocurrido el homicidio de aquella, y iii) debe haber tenido una necesidad economica que regularmente era satisfecha con la prestacion efectuada por la victima . (76)

Lucro cesante (lucrum cessans): se entiende que son aquellos bienes evaluables economicamente que debian ingresar al patrimonio de la victima si no hubiera ocurrido el hecho ilicito. (77) En casos de desaparicion y muerte se presume el lucro cesante y para su calculo la Corte tiene en cuenta la edad, expectativa de vida e ingreso de la victima, (78) con lo cual realiza una estimacion prudente de sus ingresos posibles durante el resto de su vida probable. (79) Se admite incluso que cuando no se puede estimar el ingreso efectivo, se debe tomar un ingreso que considere la situacion real economica y social de America Latina. (80)

Asi mismo, en el caso de los sobrevivientes, la Corte ha encontrado que el calculo del lucro cesante corresponde al tiempo que la persona afectada dejo de trabajar o la incapacidad laboral ocasionada por la violacion. (81)

Danos no pecuniarios (danos morales): son los que provienen de los efectos psiquicos sufridos por la victima como consecuencia de la violacion de sus derechos, incluyen el sufrimiento, dolor y angustia que se le causaron a la victima directa o a sus familiares, asi como otros sufrimientos que no pueden ser establecidos de manera contable. (82) La Corte reconoce dos categorias de danos morales, una que puede ser compensada en terminos economicos y otra que se refiere a las garantias de satisfaccion y no repeticion. Si bien los sufrimientos no pueden ser tasados, se reconoce que pueden ser objeto de compensacion material y se determinan bajo las reglas de la equidad y el juicio. (83) En el caso de graves violaciones a los derechos humanos se presume un dano moral en los esposos, (84) padres, (85) hijos (86) y hermanos (87) de la victima, y si es posible probar una relacion de afecto cercana con la victima se puede obtener tambien una compensacion por este concepto. (88)

3.3.3. Rehabilitacion

Es aquel modo de reparacion que tiene por fin asistir a la victima en su recuperacion fisica y psicologica. (89) Segun los principios y directrices basicos la rehabilitacion "ha de incluir la atencion medica y psicologica, asi como servicios juridicos y sociales". (90) La evolucion jurisprudencial entiende que la reparacion por rehabilitacion incluye todos los gastos clinicos, de tratamiento y cuidado futuros que la victima requiera para su total recuperacion. (91)

3.3.4. Satisfaccion

Cuando el dano sufrido no puede ser completamente restituido o compensado, el Estado esta obligado a proveer satisfaccion por el dano causado a la dignidad y reputacion de la victima, (92) en otras palabras "a la victima o a sus familiares se les reafirma la existencia del derecho que les ha sido vulnerado y se reconoce la ilegitimidad de su transgresion". (93)

Segun los principios y directrices basicos la satisfaccion
   ... ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad
   o parte de las medidas siguientes: a) Medidas eficaces para
   conseguir que no continuen las violaciones; b) La verificacion de
   los hechos y la revelacion publica y completa de la verdad [...];
   c) La busqueda de las personas desaparecidas [...] d) Una
   declaracion oficial o decision judicial que restablezca la
   dignidad, la reputacion y los derechos de la victima y de las
   personas estrechamente vinculadas a ella; e) Una disculpa publica
   que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptacion de
   responsabilidades; f) La aplicacion de sanciones judiciales o
   administrativas a los responsables de las violaciones; g)
   Conmemoraciones y homenajes a las victimas; h) La inclusion de una
   exposicion precisa de las violaciones ocurridas ...". (94)


La Corte Interamericana ha reconocido que una decision favorable a la victima en el orden internacional constituye per se una forma de reparacion, (95) al igual que cuando el Estado reconoce su responsabilidad por la comision del hecho ilicito. (96) Esta linea jurisprudencial ha evolucionado y ha aceptado otras formas de satisfaccion como las disculpas publicas, (97) la identificacion de los restos de los desaparecidos98 y el deber de conocer y revelar la verdad. (99)

Posiblemente, estas medidas de satisfaccion constituyen uno de los criterios mas novedosos en cuanto a la reparacion de las victimas por graves violaciones a los derechos humanos. A pesar de que en las legislaciones internas de los diferentes Estados no se contemplan medidas de reparacion por satisfaccion, recientemente el Consejo de Estado de Colombia adopto una decision en la que asimila algunas de las medidas que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ha realizado de esta manera un avance respecto de la reparacion integral. (100)

3.3.5. Garantias de no repeticion

Bajo la ley internacional el primer deber del Estado es poner fin a los actos ilicitos y garantizar su no ocurrencia o su terminacion, (101) en otras palabras, garantizar que la victima y sus familiares no van a sufrir de nuevo los efectos y consecuencias de los actos ilicitos de los cuales fueron victimas.

Segun los principios y directrices basicos las garantias de no repeticion
   ... han de incluir, segun proceda, la totalidad o parte de las
   medidas siguientes, que tambien contribuiran a la prevencion: a) El
   ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre
   las fuerzas armadas y de seguridad; b) La garantia de que todos los
   procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas
   internacionales [...]; c) El fortalecimiento de la independencia
   del poder judicial; d) La proteccion de los profesionales del
   derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la informacion y otros
   sectores conexos, asi como de los defensores de los derechos
   humanos; e) La educacion [...] respecto de los derechos humanos y
   del derecho internacional humanitario y la capacitacion en esta
   materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, asi
   como de las fuerzas armadas y de seguridad; f) La promocion de la
   observancia de los codigos de conducta y de las normas eticas, en
   particular las normas internacionales [...]; g) La promocion de
   mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos
   sociales; h) La revision y reforma de las leyes que contribuyan a
   las violaciones manifiestas de las normas internacionales de
   derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario
   o las permitan. (102)


El desarrollo de estas garantias le ha permitido a la Corte, por ejemplo, instar a un pais a ratificar la Convencion Interamericana sobre Desaparicion Forzada de Personas, (103) asi como tipificar penalmente el delito de desaparicion forzada (104) y tortura. (105) En general se entiende que estas garantias tienen como finalidad prevenir la ocurrencia de nuevas violaciones a los derechos humanos.

3.4. Mecanismos de reparacion que ha adoptado la Corte

Interamericana de Derechos Humanos

Como se menciono, la reparacion de violaciones a los derechos humanos puede abarcar una serie de matices que dependen de la gravedad de la violacion, motivo por el cual la Corte Interamericana en su jurisprudencia ha adoptado -dependiendo del caso- diferentes medidas de reparacion. Con el proposito de exponer algunas medidas que pueden ser asumidas por los jueces dentro de la jurisdiccion interna, se presentan algunos ejemplos que podrian ser aplicados en casos de violaciones colectivas de los derechos humanos:

Un primer grupo de medidas esta destinado a la recuperacion de la memoria colectiva. (106) Entre estas se encuentran medidas como: ordenar la reapertura de un centro educativo, (107) creacion de una catedra (108) o fondo de desarrollo comunitario, (109) dotacion de recursos para la memoria colectiva, (110) designacion de una calle, plaza o centro educativo con un nombre alusivo a las victimas, (111) construccion de un monumento (112) y designacion de un dia en memoria de ellas. (113)

Un segundo grupo se orienta a establecer medidas de rehabilitacion que pueden ser de caracter colectivo y usualmente se encaminan a otorgar tratamiento fisico, psicologico y psiquiatrico, incluida la provision de medicamentos, (114) u otorgar becas y materiales educativos (115) a los familiares de las victimas. En este aspecto, es necesario destacar que las reparaciones por rehabilitacion no deben confundirse con las obligaciones que tienen los diferentes Estados respecto de la poblacion civil; de esta manera, la reparacion por rehabilitacion debe ofrecer elementos adicionales a los ofrecidos a la poblacion en general.

Un tercer grupo se encamina a otorgar reparaciones que favorezcan los intereses comunales o colectivos por medio del impulso y consolidacion de programas de desarrollo que tengan como fin difundir la cultura (pueblos indigenas), crear proyectos educacionales y agricolas, establecer centros de salud o incluso ordenar el mantenimiento de la malla vial y el mejoramiento del sistema de alcantarillado y suministro de agua potable. (116) Igualmente, se pueden contemplar programas de vivienda (117) que tengan como fin favorecer a toda la colectividad que fue afectada por el ilicito.

Un cuarto grupo se orienta a garantizar la seguridad y proteccion de los testigos y familiares, asi como de los operadores de justicia. (118) Dependiendo de la situacion, los jueces pueden ordenar medidas adicionales que se encaminen, por ejemplo, a otorgar seguridad para que las victimas y sus familiares puedan retornar a su lugar de asentamiento o vivienda con la garantia de que no sufriran represalias por su regreso. (119)

Un quinto grupo de reparaciones adquiere una doble vertiente. Por una parte impone la supresion de normas y practicas que entranen o permitan la violacion de los derechos humanos, y por otra obliga a la adopcion o expedicion de normas y practicas que permitan la observancia efectiva de estos derechos. Las medidas que se contemplan en este grupo pueden ser de caracter constitucional, (120) legislativo, (121) judicial (122) (dejar sin efecto una sentencia, (123) reiniciar procesos) (124) y administrativo (125) (anular antecedentes judiciales, administrativos o policivos, (126) mecanismos de delimitacion, demarcacion y titulacion de propiedades, (127) regulacion del procedimiento para la adquisicion de la nacionalidad (128) y capacitacion a funcionarios sobre estandares de derechos humanos). (129)

Un sexto grupo de medidas se encamina a ordenar las investigaciones necesarias para establecer los hechos e identificar, juzgar y sancionar a los responsables. (130) Asi mismo, implica en el caso de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales la busqueda, exhumacion, identificacion y entrega de restos de las victimas a sus familiares, (131) para lo cual, por ejemplo, se puede crear una comision nacional de busqueda. (132)

Las medidas enunciadas no son de caracter taxativo y por lo tanto le corresponde al juez dictaminar las reparaciones en cada caso especifico, para lo cual debera siempre tener en cuenta los factores socioeconomicos y culturales, con el objetivo de reparar de manera efectiva a las victimas y sus familiares.

4. CONCLUSIONES

El desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha impulsado la consolidacion de nuevos conceptos. El de victima, individual y colectiva, ha permitido el desarrollo de un estandar amplio de reparacion que tiende a reivindicar las necesidades y expectativas de quienes han sufrido graves violaciones a los derechos humanos.

La asimilacion de estos nuevos conceptos en el ambito interno evidencia tres aspectos que requieren adelantos por parte de los operadores juridicos.

En primer lugar, se hace evidente la necesidad de modificar la concepcion de victima dentro de los procesos judiciales. La acepcion debe permitir la integracion de victimas y familiares, asi como de comunidades y grupos.

En segundo lugar, deben desarrollarse los mecanismos de reparacion (restitucion, compensacion, rehabilitacion, satisfaccion y garantia de no repeticion), se debe evitar su mercantilizacion y establecer medidas que en realidad permitan la reparacion integral de las victimas y sus familiares.

En tercer lugar, deben impulsarse procedimientos de reparacion que tengan en cuenta la gravedad de la violacion y las caracteristicas propias del caso. Los jueces deben inclinarse por satisfacer los requerimientos y necesidades de las victimas y no por establecer un criterio uniforme de reparacion que no consulte los criterios antes expuestos.

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73. Caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C, No. 191.

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75. Caso Tristan Donoso vs. Panama. Excepcion Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C, No. 193.

76. Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C, No. 195.

77. Caso Kawas Fernandez vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C, No. 196.

Sentencias del Consejo de Estado de Colombia

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2. Seccion Tercera, Sentencia de 1 de marzo de 2006, C.P. Maria Elena Giraldo, Exp. 17256.

3. Seccion Tercera, Sentencia de 13 de septiembre de 2001, C.P. Maria Elena Giraldo, Exp. 13326.

4. Seccion Tercera, Sentencia de 29 de noviembre de 2004, C.P. Maria Elena Giraldo, Exp. 14774.

5. Seccion Tercera, Sentencia de febrero de 2009, C.P. Enrique Gil Botero, Exp. 30340.

(1) Articulo 63.1 de la Convencion Americana.

(2) James Crawford, "The International Law Commission's Draft Articles on Responsability of States for Internationally Wrongful Acts, Part II, chapter II, Articles 34-9", en The International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries, Cambridge University Press, Cambridge, U.K.: 2002, p. 254.

(3) Paola Andrea Acosta Alvarado, La persona ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tesis de grado, Universidad Externado de Colombia, Bogota, 2003, p. 77.

(4) Juan Carlos Henao Perez, El dano: analisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho colombiano y frances, Universidad Externado de Colombia, Bogota, 1998, p. 84.

(5) Disposiciones preliminares, articulo 2. Definiciones, punto 31 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos humanos.

(6) Alicia Neuburgery Victor Rodriguez Rescia, "Enfoque interdisciplinario de la terminologia y procedimientos juridicos utilizados en el litigio de casos en el sistema interamericano", en Atencion integral a victimas de tortura en procesos de litigio: aportes psicosociales, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San Jose, C.R., 2007, pp. 30-34.

(7) Entiendase este termino como la "victimizacion secundaria" que se puede presentar cuando "el mismo proceso legal causa nuevos y serios agravios a la victima". Landrove Diaz, citado por Alicia Neuburger y Victor Rodriguez, la define como "aquella que se deriva de las relaciones de la victima con el sistema juridico-penal, con el aparato represivo del Estado, y supone, en ultimo termino, el frustrante choque entre las legitimas expectativas de la victima y la realidad institucional". Neuburgery Rodriguez Rescia, "Enfoque interdisciplinario...", op. cit., pp. 34-35.

(8) "Catalogara alguien con la etiqueta de victima abre la posibilidad de que la persona perciba que se dana su identidad como un todo". Ibid., p. 31.

(9) Sergio Garcia Ramirez, "Las reparaciones en el sistema interamericano de proteccion de los derechos humanos", en Memoria del Seminario "El sistema interamericano de proteccion de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI", 2.a ed., Corte Interamericana de Derechos Humanos, San Jose, C.R., 2003, pp. 117-118.

(10) Camilo Mejia Gomez, La reparacion integral con enfasis en las medidas de reparacion no pecuniarias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tesis de grado, Universidad Externado de Colombia, Bogota, 2003, p. 5; Sergio Garcia Ramirez, Los derechos humanos y la jurisdiccion interamerciana, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexico, D.F., 2002, p. 117; y Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH), Caso Bamaca Velasquez vs. Guatemala. Serie C. 70, voto razonado concurrente del juez Sergio Garcia Ramirez, parr. 5.

(11) "Es una regla comun en la mayoria de las legislaciones que los sucesores de una persona son sus hijos. Se acepta tambien generalmente que el conyuge participa de los bienes adquiridos durante el matrimonio y algunas legislaciones le otorgan ademas un derecho sucesorio junto con los hijos. Si no existen hijos ni conyuge, el derecho privado comun reconoce como herederos a los ascendientes". CrIDH, Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam. Serie C. 15, parr. 62.

(12) "El derecho a la indemnizacion por los danos sufridos por las victimas hasta el momento de su muerte se transmite por sucesion a sus herederos. Por el contrario, los danos provocados a los familiares de la victima o a terceros por su muerte pueden ser reclamados fundandose en un derecho propio". CrIDH, Caso Castillo Paez vs. Peru. Serie C. 43, parr. 59; Caso El Amparo vs. Venezuela. Serie C. 28, parrs. 43-46; Caso Neira Alegria y otros vs. Peru. Serie C. 29, parrs. 63-65; Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia. Serie C. 31, parrs. 60-61; y Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Serie C. 39, parr. 50.

(13) CrIDH, Caso Castillo Paez vs. Peru. Serie C. 34, parrs. 81-84.

(14) CrIDH, Caso Bamaca Velasquez vs. Guatemala. Serie C. 70, parrs. 195-196; y Caso Del Caracazo vs. Venezuela. Serie C. 95, parrs. 67-74.

(15) Acosta Alvarado, La persona ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, op. cit., p. 82; en el mismo sentido, Liliana Galdamez Zelada, "Proteccion de la victima, cuatro criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: interpretacion evolutiva, ampliacion del concepto de victima, dano al proyecto de vida y reparaciones", Revista Chilena de Derecho, 2007, 34, (3), pp. 446 y ss. Disponible en: www.scielo.cl/ scielo; y Garcia Ramirez, Los derechos humanos y la jurisdiccion interamerciana, op. cit., p. 118.

(16) Mejia Gomez, La reparacion integral con enfasis en las medidas de reparacion... , op. cit., p. 7.

(17) CrIDH, Caso Blake vs. Guatemala. Serie C. 36, parrs. 112-116.

(18) Monica Feria Tinta, "La victima ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a 25 anos de su funcionamiento", Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, enero-junio, 2006, 43, pp. 160-165.

(19) CrIDH, Caso Bamaca Velasquez vs. Guatemala. Serie C. 70, voto razonado concurrente deljuez Cancado Trindade, parrs. 38-40.

(20) CrIDH, Caso Bamaca Velasquez vs. Guatemala. Serie C. 70. Voto razonado concurrente del juez Sergio Garcia Ramirez, parr. 3.

(21) CrIDH, Caso Molina Theissen vs. Guatemala. Serie C. 108, parrs. 47-51.

(22) CrIDH, Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Serie C. 120, parrs. 142-146.

(23) Galdamez Zelada, "Proteccion de la victima, cuatro criterios...", op. cit., pp. 446 y ss.; CrIDH, Caso de los "Ninos de la Calle" (Villagran Morales y otros) vs. Guatemala. Serie C. 77, parr. 68; Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala. Serie C-76, parr.85; y Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam. Serie C. 15, parr. 54.

(24) CrIDH, Caso Bamaca Velasquez vs. Guatemala. Serie C. 91, parr. 33; Caso de los "Ninos de la Calle" (Villagran Morales y otros) vs. Guatemala. Serie C. 77, parr. 68; Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala. Serie C. 76, parr. 85; y Caso Aloeboetoe y otros. Serie C. 15, parrs. 67 y 68.

(25) El Consejo de Estado de Colombia, mediante Sentencia de 10 de febrero de 2000, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza, Exp. AG. 004, establecio que para que prospere una accion de grupo es requisito que los afectados sean victimas directas, pero no es posible instaurar una accion a nombre de victimas indirectas, con lo cual cerro la posibilidad de ampliar el panorama de proteccion a victimas directas e indirectas. La jurisprudencia de este tribunal, aunque en ocasiones ha reconocido la existencia de victimas indirectas, ha establecido dicho reconocimiento en base de perjuicios morales y no como sujetos con derechos propios vulnerados, de forma independiente a la victima directa. Sentencia de 1 de marzo de 2006, C.P. Maria Elena Giraldo, Exp. 17256 y Sentencia de 13 de septiembre de 2001, C.P. Maria Elena Giraldo, Exp. 13326.

(26) Se ha establecido una fuerte linea jurisprudencial segun la cual dentro del proceso es necesario acreditar siempre la relacion familiar (v. gr. consanguinidad) para que prosperen las pretensiones. A la fecha, la jurisprudencia no ha reconocido la posibilidad de reconocer una afectacion a terceros, tal y como lo establecen los parametros de la Corte Interamericana. Sentencia de 1 de marzo de 2006, C.P. Maria Elena Giraldo, Exp. 17256 y Sentencia de 29 de noviembre de 2004, C.P. Maria Elena Giraldo, Exp. 14774.

(27) Segun Daniel O'Donnell, "un pueblo debe poseer una de las caracteristicas de una minoria etnica -una identidad cultural- pero que no toda minoria puede considerarse un pueblo. Las poblaciones indigenas invariablemente son minorias etnicas -por poseer una cultura propia- y constituyen minorias linguisticas y religiosas en la medida en que conservan su idioma y sus creencias espirituales tradicionales. No obstante, los conceptos son muy distintos: hay muchas minorias que no son indigenas y las poblaciones indigenas tienen caracteristicas que no tienen las minorias no indigenas, asi como, en consecuencia, derechos que no tienen otras minorias. Una poblacion indigena puede reunir los elementos para considerarse un pueblo -un pueblo indigena- pero no toda comunidad indigena reune estos requisitos". Daniel O'Donnell, Derecho internacional de los derechos humanos: normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bogota, 2004, pp. 851-852.

(28) Comite de Derechos Humanos, Observacion General No. 23 de 1994, parr. 2, sobre el articulo 27.

(29) La definicion de pueblo indigena se establece de manera precisa en el articulo 1.1.b del Convenio 169 de la Organizacion Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indigenas y Tribales de 1989.

(30) Luisa Alexandra Torres Acosta, La reparacion del dano en la practica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tesis de grado, Universidad Externado de Colombia, Bogota, 1998, p. 163.

(31) Comision Interamericana de Derechos Humanos, La situacion de los derechos humanos de los indigenas en las Americas, OEA/Ser.L/VII.108, Washington, D.C, 2000. Capitulo sobre "Los derechos colectivos en casos individuales referidos a poblaciones indigenas".

(32) La Comision Interamericana de Derechos Humanos ya se habia pronunciado con anterioridad sobre la posibilidad de establecer un marco de reparacion integral diferente en el caso de comunidades indigenas, al respecto se puede observar el caso 11.101 (masacre de Caloto vs. Colombia), Informe No. 35/00 de 13 de abril de 2000.

(33) CrIDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Serie C. 79, parrs. 153-154.

(34) CrIDH, Caso Comunidad Indigena Yakye Axa vs. Paraguay. Serie C.125, parrs. 211-221.

(35) Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su Resolucion 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.

(36) Adoptado y abierto a la firma, ratificacion y adhesion por la Asamblea General en su Resolucion 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. De igual forma, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos establecio la facultad del Comite de Derechos Humanos para recibir y considerar comunicaciones de individuos que aleguen ser victimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto.

(37) Articulo 9., numeral 5., tambien se encuentra establecido el principio de reparacion en el articulo 2.

(38) Articulo 6.. Convencion adoptada y abierta a la firma y ratificacion por la Asamblea General en su Resolucion 2106 A (XX), de21de diciembre de 1965.

(39) Articulo 14. Convencion adoptada y abierta a la firma, ratificacion y adhesion por la Asamblea General en su Resolucion 39/46, de 10 de diciembre de 1984.

(40) Articulo 39. Convencion adoptada y abierta a la firma y ratificacion por la Asamblea General en su Resolucion 44/25, de 20 de noviembre de 1989.

(41) Articulos 19 y 24. Convencion adoptada y abierta a la firma, ratificacion y adhesion por la Asamblea General en su Resolucion 61/177, de 20 de diciembre de 2006 (aun no ha entrado en vigor).

(42) Articulo 91. Protocolo aprobado el 8 de junio de 1977 por la Conferencia Diplomatica sobre la Reafirmacion y el Desarrollo Internacional Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados.

(43) Articulos 68 y 75. Estatuto adoptado el 17 de julio de 1998.

(44) Articulo 13. Convenio adoptado por el Consejo de Europa, en Roma, el 4 de noviembre de 1950.

(45) Articulo 21.2. Ver tambien articulo 7.. Carta aprobada el 27 de julio de 1981.

(46) Articulo XVIII. Declaracion aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogota, Colombia, 1948.

(47) Articulos 1.1, 10, 21 y 25. Adoptada en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San Jose, Costa Rica, 1969.

(48) Articulo 9., Adoptada en el decimoquinto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General en Cartagena de Indias, Colombia, 1985.

(49) A pesar de que la Convencion no preve un estandar especifico sobre reparaciones, la interpretacion armonica de los articulos I y X permite inferir que los Estados se comprometen a adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas tendientes a restablecer los derechos conculcados a las victimas de desaparicion. Adoptada en el vigesimo cuarto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General en Belem do Para, Brasil, 1994.

(50) Articulo 7., literal g. Adoptada en el vigesimo cuarto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General en Belem do Para, Brasil, 1994.

(51) Aprobados por la Asamblea General en su Resolucion 60/147, de 16 de diciembre de 2005.

(52) Documento de la Comision de Derechos Humanos, Subcomision de Prevencion de Discriminaciones y Proteccion a las Minorias, de 2 de julio de 1993. E/CN.4/Sub.2/1993/8.

(53) Documentos de la Comision de Derechos Humanos de 24 de mayo de 1996 (E/CN.4/Sub.2/1996/17) y 16 de enero de 1997 (E/CN.4/1997/104).

(54) Documento de la Comision de Derechos Humanos de 18 de enero de 2000 (E/CN.4/2000/62).

(55) Documento de la Comision de Derechos Humanos de 2 de octubre de 1997 (E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1).

(56) Documento de la Comision de Derechos Humanos de 8 de febrero de 2005 (E/CN.4/2005/102/Add.1).

(57) VerCentro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Equipo de Salud Mental, "La reparacion: actos juridico y simbolico", en Atencion integral a victimas de tortura en procesos de litigio: aportes psicosociales, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San Jose, C.R., 2007, p. 277.

(58) Ver Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Equipo de Salud Mental, "La verdad, la justicia y el duelo en el espacio publico y en la subjetividad", en Informe Anual 1998, CELS, Buenos Aires, 1998, p. 6.

(59) Jean LaPlanche, citado por CELS, Equipo de Salud Mental, "La reparacion: actos juridico y simbolico", op. cit., p. 282.

(60) CrIDH, Caso de los "Ninos de la Calle" (Villagran Morales y otros) vs. Guatemala. Serie C. 77, voto razonado concurrente del juez Cancado Trindade, parr. 28.

(61) Torres Acosta, La reparacion del dano en la practica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, op. cit., pp. 73-74; y Rodolfo E. Piza Rocafort, Responsabilidad del Estado y derechos humanos: el aporte del derecho administrativo, del derecho internacional y del derecho de los derechos humanos, Universidad Autonoma de Centro America, San Jose, C.R., 1988, pp. 196-197.

(62) Organizacion de las Naciones Unidas, Asamblea General, Principios y directrices basicos sobre el derecho de las victimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, parr. 19.

(63) Arturo J. Carrillo, "Justice in Context: The Relevance of Inter-American Human Rights Law and Practice to Repairing the Past", en Pablo de Greiff (ed.), The Handbook of Reparations, Oxford University Press, New York, 2006, p. 512.

(64) CrIDH, Caso Maqueda vs. Argentina. Serie C. 18, parrs. 21 y 27; Caso Loayza Tamayo vs. Peru. Serie C. 33, parrs. 83-84.

(65) CrIDH, Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Peru. Serie C. 52, parrs. 217-222; Caso Cantoral Benavides vs. Peru. Serie C. 88, parrs. 77-78; y Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago. Serie C. 94, parrs. 214-215.

(66) CrIDH, Caso Loayza Tamayo vs. Peru. Serie C. 42, parrs.113-114; y Caso Baena Ricardo y otros vs. Panama. Serie C. 72, parr. 203.

(67) Mejia Gomez, La reparacion integral con enfasis en las medidas de reparacion..., op. cit., pp. 15-16.

(68) Garcia Ramirez, "Las reparaciones en el sistema interamericano de proteccion de los derechos humanos", op. cit., p. 142; y Maria Cecilia M'Causland Sanchez, Tipologia y reparacion del dano no patrimonial: situacion en Iberoamerica y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Universidad Externado de Colombia, Bogota, 2008, p. 146.

(69) Carrillo, "Justice in Context: The Relevance of Inter-American Human Rights Law...", op. cit., p. 512.

(70) Principios y directrices basicos sobre el derecho de las victimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, parr. 19.

(71) CrIDH, Caso Velasquez Rodriguez vs. Honduras. Serie C. 07, parrs. 38-39; Caso Godinez Cruz vs. Honduras. Serie C. 08, parrs. 36-37; Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam. Serie C. 15, parr. 50; Caso El Amparo vs. Venezuela. Serie C. 28, parr. 16; Caso Neira Alegria y otros vs. Peru. Serie C. 29, parr. 38; y Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia. Serie C. 31, parr. 17.

(72) CrIDH, Caso Del Caracazo vs. Venezuela. Serie C. 95, parr. 85.

(73) CrIDH, Caso Juan Humberto Sanchez vs. Honduras. Serie C. 99, parr.166; y Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia. Serie C. 92, parr.74.

(74) CrIDH, Caso Juan Humberto Sanchez vs. Honduras. Serie C. 99, parr. 166; y Caso Del Caracazo vs. Venezuela. Serie C. 95, parr. 87.

(75) Caso El Amparo vs. Venezuela. Serie C. 28, parr. 21; y Caso Neira Alegria y otros vs. Peru. Serie C. 29, parr. 42.

(76) Michael Reisman, "Compensation for Human Rights Violations. The Practice of the Past Decade in the Americas", en Albrecht Randelzhofer y Christian Tomuschat (eds.), State Responsibility and the Individual: Reparation in Instances of Grave Violations of Human Rights, Martinus Nijhoff, The Hague, 1999, pp. 85-91; y CrIDH, Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam. Serie C. 15, parr. 68.

(77) Dinah Shelton, Remedies in International Human Rights Law, Oxford University Press, New York, 1999, pp. 244 a 245.

(78) Garcia Ramirez, "Las reparaciones en el sistema interamericano de proteccion de los derechos humanos", op. cit., p. 145.

(79) CrIDH, Caso Velasquez Rodriguez vs. Honduras. Serie C. 07, parr. 49; y Caso Godinez Cruz vs. Honduras. Serie C. 08, parr. 47.

(80) CrIDH, Caso Neira Alegria y otros vs. Peru. Serie C. 29, parr. 50.

(81) CrIDH, Caso del Tribunal Constitucional vs. Peru. Serie C. 71, parr. 114; y Caso El Amparo vs. Venezuela. Serie C. 28, parr. 30.

(82) Shelton, Remedies in International Human RighWlaw, op. cit., pp. 226-227 y 261-264; CrIDH, Caso de los "Ninos de la Calle" (Villagran Morales y otrcSfrs. Guatemala. Serie C. 77, parr. 105; Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Serie C. 101, parr. 255; y Caso Bulacio vs. Argentina. Serie C. 100, parr. 90.

(83) CrIDH, Caso Castillo Paez vs. Peru. Serie C. 43, parrs. 84-90.

(84) CrIDH, Caso Suarez Rosero vs. Ecuador. Serie C. 44, parr. 66; y Caso Bamaca Velasquez vs. Guatemala. Serie C. 91, parr. 65.

(85) CrIDH, Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam. Serie C. 15, parr. 76; Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Serie C. 30, parr. 95; Caso Loayza Tamayo vs. Peru. Serie C. 42, parr. 142; Caso Cantoral Benavides vs. Peru. Serie C. 88, parr. 61; Caso de los "Ninos de la Calle" (Villagran Morales y otros) vs. Guatemala. Serie C. 77, parr. 66; Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala. Serie C. 76, parr. 108; y Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Serie C. 39, parr. 62.

(86) CrIDH, Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Serie C. 101, parr. 264.

(87) CrIDH, Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala. Serie C. 76, parr. 109; Caso Cantoral Benavides vs. Peru. Serie C. 88, parr. 61; y Caso de los "Ninos de la Calle" (Villagran Morales y otros) vs. Guatemala. Serie C. 77, parr. 68.

(88) CrIDH, Caso Del Caracazo vs. Venezuela. Serie C. 95, parr. 105.

(89) Carrillo, "Justice in Context: The Relevance of Inter-American Human Rights Law...", op. cit., p. 512; y Shelton, Remedies in International Human Rights Law, op. cit., pp. 302-303.

(90) Principios y directrices basicos sobre el derecho de las victimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, parr. 21.

(91) M'Causland Sanchez, Tipologia y reparacion del dano no patrimonial..., op. cit., p. 156; CrIDH, Caso Barrios Altos vs. Peru. Serie C. 87, parr. 42; Caso Durand y Ugarte vs. Peru. Serie C. 89, parr. 36-37; Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Serie C. 192, parr. 227; Caso Heliodoro Portugal vs. Panama. Serie C. 186, parrs. 254-256; Caso Garcia Prieto y otros vs. El Salvador. Serie C. 168, parr. 201; Caso Cantoral Huamani y Garcia Santa Cruz vs. Peru. Serie C.167, parr. 200; y Caso Kawas Fernandez vs. Honduras. Serie C. 196, parrs. 207-209.

(92) Crawford, "The International Law Commission's Draft Articles...", op. cit., p. 231.

(93) Torres Acosta, La reparacion del dano en la practica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, op. cit., p. 75.

(94) Principios y directrices basicos sobre el derecho de las victimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, parr. 22.

(95) M'Causland Sanchez, Tipologia y reparacion del dano no patrimonial..., op. cit., p. 155; CrIDH, Caso Velasquez Rodriguez vs. Honduras. Serie C. 7, parr. 36; Caso Neira Alegria y otros vs. Peru. Serie C. 29, parr. 56; Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Serie C. 192, parr. 224; Caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia. Serie C. 191, parr. 130; y Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Serie C. 195, parr. 413.

(96) CrIDH, Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia. Serie C. 31, parr. 58; y Caso El Amparo vs. Venezuela. Serie C. 28, parr. 62.

(97) CrIDH, Caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia. Serie C. 191, parrs. 161-163; Caso Escue Zapata vs. Colombia. Serie C. 165, parrs. 175-177; Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. Serie C. 117, parrs. 136-137; Caso Masacre Plan de Sanchez vs. Guatemala. Serie C. 116, parrs. 100-101; y Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Peru. Serie C. 160, parr. 445.

(98) CrIDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Serie C. 140, parr. 270-273; Caso Del Caracazo vs. Venezuela. Serie C. 95, parrs. 123-125; y Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia. Serie C. 92, parrs. 112-117.

(99) CrIDH, Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala. Serie C. 76, parr. 200; Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam. Serie C. 15, parr. 109; Caso Godinez Cruz vs. Honduras. Serie C. 5, parr. 191; Caso Velasquez Rodriguez vs. Honduras. Serie C. 4 parr. 174; Shelton, Remedies in International Human Rights Law, op. cit., pp. 303-304 y Salvador Tinajero Esquivel, "Verdad y Justicia", en Claudia Martin, Diego Rodriguez y Jose Guevara (comps.), Derecho internacional de los derechos humanos, Universidad Iberoamericana - Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario - Washington College of Law - American University, Mexico, D.F., 2004, pp. 393-397.

(100) En el caso que estudio el Consejo de Estado se establecio que el 26 de marzo de 2002 Wilson Duarte fue capturado y llevado a la Estacion de Policia de Saravena, en donde fue torturado, y posteriormente fue conducido a un despoblado en el que le dispararon los agentes por la espalda. En el fallo se ordena que "[l]a Policia Nacional presentara publicamente, en una ceremonia en la cual esten presentes los familiares [...], excusas por los hechos de tortura y muerte [...] [asi como] a traves de su personal asignado en dichas instalaciones, disenara e implementara un sistema de promocion y respeto por los derechos [...], en el cual la poblacion tenga conciencia de los derechos humanos de los cuales es titular cada individuo. La parte resolutiva de la presente sentencia, sera publicada, en un lugar visible, en el Comando de Policia Saravena, porel termino de seis (6) meses...". Sentencia de febrero de 2009, C.P. Enrique Gil Botero, Exp. 30340.

(101) Carrillo, "Justice in Context: The Relevance of Inter-American Human Rights Law...", op. cit., p. 526.

(102) Principios y directrices basicos sobre el derecho de las victimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, parr. 23.

(103) CrIDH, Caso Benavides Cevallos vs. Ecuador. Serie C. 38, parrs. 51-52.

(104) CrIDH, Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia. Serie C. 92, parr. 98; C. 186, parr. 259; y Caso Gomez Palomino vs. Peru. Serie C. 136, parr. 149.

(105) CrIDH, Caso Heliodoro Portugal vs. Panama. Serie C. 186, parr. 259.

(106) Santiago Velez Posada, La reparacion del dano en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tesis de grado, Universidad Externado de Colombia, Bogota, 2008, p. 27-30.

(107) La Corte ordeno la reapertura de la escuela en donde debian de estudiar los hijos de las victimas. CrIDH, Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam. Serie C. 15, parr. 96.

(108) La Corte establecio que se debia crear una catedra universitaria a nombre del lider indigena del resguardo de Jambalo, German Escue Zapata. CrIDH, Caso Escue Zapata vs. Colombia. Serie C. 165, parr. 178; y Caso Huilca Tecse vs. Peru. Serie C. 121, parr. 113.

(109) Se establecio que el rescate y conservacion de la memoria colectiva debian realizarse mediante "obras en beneficio de la comunidad en el que el ejercia cierto tipo de liderazgo". CrIDH, Caso Escue Zapata vs. Colombia. Serie C. 165, parr. 168.

(110) La Corte ordeno destinar ciertos recursos para el mantenimiento y mejoras en la infraestructura de la capilla en la cual las victimas rendian tributo a aquellas personas que fueron ejecutadas con ocasion de la masacre Plan de Sanchez. CrIDH, Caso Masacre Plan de Sanchez vs. Guatemala. Serie C. 116, parr. 104.

(111) CrIDH, Caso Servellon Garcia y otros vs. Honduras. Serie C. 152, parr. 199; Caso Baldeon Garcia vs. Peru. Serie C. 147, parr. 205; y Caso de los Hermanos Gomez Paquiyauri vs. Peru. Serie C. 110, parr. 236.

(112) CrIDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Peru. Serie C. 160, parr. 454; Caso Vargas Areco vs. Paraguay. Serie C. 155, parr. 158; Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Serie C. 148, parr. 408; Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Serie C.140, parr. 278; Caso de la Masacre de Mapiripan vs. Colombia. Serie C. 134, parr. 315; Caso Huilca Tecse vs. Peru. Serie C. 121, parr. 115; y Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Serie C. 109, parr. 273.

(113) CrIDH, Caso Huilca Tecse vs. Peru. Serie C. 121, parr. 114; y Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Serie C. 120, parr. 196.

(114) CrIDH, Caso Loayza Tamayo vs. Peru. Serie C. 42, parr. 129; Caso Vargas Areco vs. Paraguay. Serie C. 155, parr. 159-160; Caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia. Serie C. 163, parr. 298; Caso Cantoral Huamani y Garcia Santa Cruz vs. Peru. Serie C. 167, parr. 200; Caso Garcia Prieto y otros vs. El Salvador. Serie C. 168, parr. 201; Caso Heliodoro Portugal vs. Panama. Serie C. 186, parrs. 254-256; y Caso Escue Zapata vs. Colombia. Serie C. 165, parr. 172.

(115) CrIDH, Caso De la Cruz Flores vs. Peru. Serie C. 165, parr. 170; Caso Gomez Palomino vs. Peru. Serie C. 136, parrs. 144-148; Caso Comunidad Indigena Yakye Axa vs. Paraguay. Serie C. 125, parr. 221; y Caso de los Hermanos Gomez Paquiyauri vs. Peru. Serie C. 110, parr. 237.

(116) CrIDH, Caso Masacre Plan de Sanchez vs. Guatemala. Serie C. 116, parr. 110; y Caso Comunidad Indigena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Serie C. 146, parrs. 224 y 229-230.

(117) CrIDH, Caso Masacre Plan de Sanchez vs. Guatemala. Serie C. 116, parr. 105; Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Serie C. 148, parr. 407; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Serie C. 140, parr. 276.

(118) CrIDH, Caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia. Serie C. 163, parr. 297.

(119) CrIDH, Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Serie C. 148, parr. 404; Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Serie C. 140, parr. 275; y Caso de la Masacre de Mapiripan vs. Colombia. Serie C. 134, parr. 313.

(120) CrIDH, Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago. Serie C. 123, parr. 133; Caso "La Ultima Tentacion de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. Serie C. 73, parrs. 88 y 97-98.

(121) CrIDH, Caso Vargas Areco vs. Paraguay. Serie C. 155, parr. 163-164; Caso Tristan Donoso vs. Panama. Serie. C. 193, parr. 207-209; Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador. Serie C. 179, parr. 269; Caso Zambrano Velez y otros vs. Ecuador. Serie C. 166, parr. 154; Caso Vargas Areco vs. Paraguay. Serie C. 155, parr. 164; Caso Montero Aranguren y otros (Reten de Catia) vs. Venezuela. Serie C. 150, parrs. 143-144; Caso Gomez Palomino vs. Peru. Serie C. 136, parr. 149; y Caso Raxcaco Reyes vs. Guatemala. Serie C. 133, parr. 132.

(122) CrIDH, Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Serie C. 135, parr. 253; y Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Serie C. 107, parr. 195.

(123) CrIDH, Caso Tristan Donoso vs. Panama. Serie C. 193, parr. 193-195; y Caso Raxcaco Reyes vs. Guatemala. Serie C. 133, parr. 133.

(124) CrIDH, Caso Fermin Ramirez vs. Guatemala. Serie C. 126, parr. 130.

(125) CrIDH, Caso Montero Aranguren y otros (Reten de Catia) vs. Venezuela. Serie C. 150, parrs. 143-144; Caso Comunidad Indigena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Serie C. 146, parr. 235; y Caso Blanco Romero y otros vs. Venezuela. Serie C. 138, parr. 107.

(126) CrIDH, Caso Chaparro Alvarez y Lapo Iniguez. vs. Ecuador. Serie C. 170, parrs. 258-260 y 270; y Caso Bayarri vs. Argentina. Serie C. 187, parr. 180.

(127) CrIDH, Caso de la Comunidad Moiwana vs. Surinam. Serie C. 124, parrs. 209-211; y Caso Comunidad Indigena Yakye Axa vs. Paraguay. Serie C. 125, parrs. 215-218.

(128) CrIDH, Caso de las Ninas Yean y Bosico vs. Republica Dominicana. Serie C. 130, parrs. 236-241.

(129) CrIDH, Caso de la Masacre de Mapiripan vs. Colombia. Serie C. 134, parr. 316; CrIDH, Caso de las Ninas Yean y Bosico vs. Republica Dominicana. Serie C. 130, parr. 242; Caso Tibi vs. Ecuador. Serie C. 114, parrs. 262-264; y Caso Blanco Romero y otros vs. Venezuela. Serie C. 138, parr. 106.

(130) CrIDH, Caso La Cantuta vs. Peru. Serie C. 162, parr. 222; Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Peru. Serie C. 160, parrs. 436-442; Caso Vargas Areco vs. Paraguay. Serie C. 155, parrs. 153-156; Caso Servellon Garcia y otros vs. Honduras. Serie C. 152, parrs. 192-196; Caso Montero Aranguren y otros (Reten de Catia) vs. Venezuela. Serie C. 150, parrs. 137-141; Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Serie C. 149, parrs. 245-248; y Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Serie C. 148, parrs. 399-401.

(131) CrIDH, Caso La Cantuta vs. Peru. Serie C. 162, parr. 232; Caso Goiburu y otros vs. Paraguay. Serie C. 153, parr. 171; Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Serie C. 140, parrs. 270-273; Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Serie C. 109, parr. 265; Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Peru. Serie C. 160, parrs. 443-444; Caso Montero Aranguren y otros (Reten de Catia) vs. Venezuela. Serie C. 150, parr. 142; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Serie C. 140, parrs. 270-273.

(132) CrIDH, Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Serie C. 120, parrs. 183-188.

Carlos-Mauricio Lopez-Cardenas *

Universidad del Rosario, Bogota D.C., Colombia

* Abogado de la Universidad del Rosario. Adelanta estudios de Maestria en Derecho Administrativo en la Universidad del Rosario. Correo electronico: carloslop12@hotmail.com

Fecha de recepcion: 16 de julio de 2009

Fecha de aceptacion: 1 de septiembre de 2009
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Author:Lopez-Cardenas, Carlos-Mauricio
Publication:Revista Estudios Socio-Juridicos
Article Type:Report
Date:Jul 1, 2009
Words:16165
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