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Apogeo y declive del derecho constitucional a un juicio por jurado para causas penales en los Estados Unidos.

Rise and Fall of the Constitutional Right to a Jury Trial for Criminal Cases in the United States

CONTENIDO: I. INTRODUCCION.--II. ORIGENES.--II.1. ORIGENES DEL JURADO EN EUROPA.--II.1.1.PRIMEROSANTECEDENTES.-II.1.2.LASREFORMASDEENRIQUEII YLASCONSTITUCIONESDECLARENDON.-II.1.3. APARICION Y CONSOLIDACION DEL JUICIO POR JURADO.--II.2. EL JURADO EN LOS ESTADOS UNIDOS. II.2.1.APARICION EINCORPORACION EN LACONSTITUCIONESTADOUNIDENSE. III. EL APOGEO DEL DERECHO A UN JUICIO POR JURADO PARA CASOS PENALES Y SU EVOLUCION HASTA NUESTROS DIAS.--III.1. LA EVOLUCION DEL JURADO PENAL ESTADOUNIDENSE MODERNO.--III.1.1. EVOLUCION EN CUANTO A SUS INTEGRANTES.--III.1.2. EVOLUCION EN CUANTO A SU CAPACIDAD PARA PRONUNCIARSE TANTO RESPECTO DE LA LEY COMO RESPECTO DE LOS HECHOS.--III.2. DUNCAN V. LOUISIANA: EL APOGEO DEL DERECHO A UN JUICIO POR JURADO Y SU RECONOCIMIENTO COMO PARTE DE LA NOCION DE DEBIDO PROCESO ESTADOUNIDENSE PARA CAUSAS PENALES.--IV. REGLAS ACTUALES DEL JURADO ESTADOUNIDENSE PARA CASOS PENALES.--IV.1. SELECCION DE LOS INTEGRANTES.--IV.2. OBLIGATORIEDAD DEL SERVICIO, PENALIDAD Y NIVEL DE EDUCACION REQUERIDO.--IV.3. CANTIDAD DE INTEGRANTES, REMUNERACION Y DURACION.--IV.4. INSTRUCCIONES BRINDADAS POR EL JUEZ.--IV.5. DELIBERACION Y VEREDICTO.--IV.6. FACULTADES Y PROHIBICIONES DEL JURADO DURANTE EL JUICIO.--IV.7. CANTIDAD DE VOTOS REQUERIDOS PARA FORMAR UN VEREDICTO.--IV.8. CONTROL DE LAS DECISIONES DEL JURADO.--V. SITUACION ACTUAL: DECLIVE Y OCASO DEL JUICIO POR JURADO EN CAUSAS PENALES.--V.1. LA LEY NO REQUIERE QUE LA FISCALIA TENGA EVIDENCIA CERCANA A LA DUDA RAZONABLE PARA CERRAR UN ACUERDO NEGOCIADO DE CONDENA.--V.2. EL GRAN JURADO TAMPOCO CONTROLA LA SUFICIENCIA DE LA EVIDENCIA DE LA FISCALIA.--V.3. EL FISCAL PUEDE COMPENSAR LA FALTA DE EVIDENCIA AUMENTANDO LA MAGNITUD DE LA PENA POSIBLE EN EL JUICIO.--V.4. LAS PERSONAS INOCENTES CONFIESAN FALSAMENTE SU CULPA.--VI. CONCLUSIONES.

I. INTRODUCCION

Una de las razones por las que la justicia es un producto misterioso radica en la extraordinaria dificultad de saber bajo que condiciones la decision que resuelve un conflicto es justa. La determinacion de un hecho probado, o del sentido de una ley, son siempre cuestiones imprecisas, relativas. Casi todo es argumentable, dependiendo del punto de partida. El derecho no es una ciencia exacta--probablemente ni siquiera una ciencia--pero a veces, y esto es especialmente cierto cuando lo que esta en juego es la libertad o la vida de un hombre, cuanto nos gustaria que lo fuera (1).

Quizas ese sea el motivo por el que el Estado respondio a la demanda de justicia complejizando su administracion y los procedimientos judiciales a lo largo del tiempo (2), desarrollando codigos, procedimientos, teorias, reglas y un cuerpo profesional de expertos para reducir y/o disimular las carencias sustantivas del sistema. Si no se puede alcanzar la justicia en un sentido material de manera sistematica--y ciertamente no podemos (en detalle, desde la perspectiva del modelo adversarial del proceso, vease Burnham, 2016, p. 126)--, al menos se debe crear un procedimiento en el que las decisiones, justas o no, sean aceptables.

Para algunas culturas, la aceptabilidad de una decision judicial supone maximizar la confianza en el juzgador. El mejor procedimiento posible es uno en el que este sea un respetable profesional del derecho. Luego, una decision es justa porque fue tomada de acuerdo a ley y por el profesional mejor preparado para tomarla. Se espera que su habilidad y prestigio compensen la inherente falibilidad del sistema, haciendo la decision aceptable por la autoridad que estos confieren. La apuesta de otras sociedades es distinta. En estas, la aceptabilidad de la decision judicial proviene de la representatividad del juzgador que, adrede, no es un profesional del derecho ni un entendido en leyes, sino un ciudadano comun sin formacion legal. Estos modelos intentan compensar las falencias naturales del sistema de justicia con representatividad. Una decision es justa, ante todo, porque fue directamente tomada por la comunidad, aunque su conocimiento del derecho sea menor. El juicio por jurados representa esta ultima opcion.

No obstante, la altisima tasa de condenas que el sistema mantiene asi como el actual modelo de encarcelamiento masivo estadounidense --puesto en practica desde hace algunas decadas--no pueden permitirse con frecuencia un uso de recursos como el que demanda cada jurado. La politica criminal del "tough on crime" (duro contra el crimen) ha terminado reduciendo el juicio por jurado a una suerte de anecdota, reemplazandolo, en la inmensa mayoria de casos, por los acuerdos negociados de condena, con serias consecuencias para la integridad del esquema de justicia.

Las siguientes lineas intentan explicar resumidamente los principales hitos de este proceso. Con este fin, las secciones II y III del articulo describen el desarrollo del derecho a un juicio por jurado desde su aparicion en Europa hasta su momento de apogeo en los Estados Unidos, cuando fue incluido en la nocion de debido proceso. La seccion IV describe sus reglas generales de funcionamiento. La seccion V, por otro lado, da cuenta del drastico viraje que supuso la introduccion masiva de los acuerdos negociados de condena en la practica judicial estadounidense, asi como de sus consecuencias. La seccion VI, finalmente, esboza algunas conclusiones que se pueden extraer a partir de todo lo anterior.

II. ORIGENES

II.1. Origenes del jurado en Europa

II.1.1. Primeros antecedentes

El jurado no tiene una fecha de nacimiento precisa y sus origenes no estan claros. A pesar de esto, la mayoria de autores concede que su aparicion se remonta a la Francia del sigo IX (829 d.C.) cuando Luis el Piadoso, cansado de la ineficiencia del procedimiento de la epoca para proteger los derechos de la realeza, decidio que todos los conflictos que involucrasen los derechos de esta realeza se decidirian sobre la base de una investigacion conducida por oficiales que actuarian en su nombre. Estos estarian encargados de recolectar informacion interrogando a las personas mas creibles del distrito elegidas por el, quienes juzgarian el caso conforme a la costumbre nacional y declararian bajo juramento. El nuevo procedimiento fue denominado inquisito o inquisitio (Plucknett, 2001, p. 110, Burnham, 2016, p. 126, Knight, 1996, p. 246; otros autores senalan distintos nombres en este estadio temprano: inquest, royal inquest, o inquisition, veanse Arnette, 1968, p. 118; Loh, 1984, p. 354; Van Caenegem, 1991, p. 81, 1988, pp. 73-74) y aunque se usaba sobre todo para proteger los derechos de la corona (Arnette, 1968, p. 118), eventualmente el rey podia permitirle su uso a la Iglesia o a particulares para sus propios litigios (Plucknett, 2001, p. 110; Van Caenegem, 1991, p. 81, 1988, p. 73). El procedimiento previo existente, basado en la declaracion de testigos, no era confiable para la realeza, la cual sospechaba que, cuando estos declaraban contra sus intereses, lo hacian por sus relaciones amicales con la otra parte (Plucknett, 2001, p. 109).

De Francia, la inquisitio paso a Inglaterra luego de la invasion y conquista de Inglaterra por Guillermo de Normandia, en 1066, y posiblemente debido a esta (Knight, 1996, p. 246); aunque esto no es una cuestion pacifica (3). Parece ser que, al llegar al nuevo territorio, fue influenciada por un procedimiento similar empleado para los juicios que los anglosajones ya conocian en ese entonces. Hay quien sugiere que esto no seria nada raro, dado que muchas culturas anteriores tuvieron procedimientos con elementos similares a los de un jurado, como las Dikasteries de la era de Pericles y las Comitia romanas (von Moschzisker, 1921, pp. 5-6).

Es en el periodo posterior a la invasion normanda que el procedimiento adapto su ambito de aplicacion (Knight, 1996, p. 246), dejando de tener como funcion principal el resolver litigios entre la Corona y terceros, para pasar a emplearse mas como un mecanismo administrativo destinado a recolectar cualquier informacion que la administracion publica necesitase, sobre todo para cobrar impuestos (Loh, 1984, p. 354; Plucknett, 2001, p. 111). Su estructura, en cambio, si se mantuvo: se llamaba a un grupo de doce hombres libres, se les exhortaba a decir la verdad bajo juramento y se les interrogaba sobre la informacion necesitada por la administracion (Loh, 1984, p. 354). El grupo de hombres recibia el nombre de "jurados" porque todos sus integrantes juraban decir la verdad (p. 354) (4) y las respuestas que brindaban eran compiladas en un libro llamado el Domesday Book (Knight, 1996, p. 246; Plucknett, 2001, p. 111), una suerte de registro enciclopedico-administrativo con datos como quien era el senor de la zona, quien lo era en el tiempo del rey Eduardo, quien ahora, cuantos arados, cuantos hombres, cuantos villanos, etcetera (Knight, 1996, p. 246; Plucknett, 2001, p. 111).

II.1.2. Las reformas de Enrique II y las Constituciones de Clarendon

Durante el reinado de Enrique II (Henry II), el jurado adquirio los rasgos de organo decisor de conflictos que se le reconocen hoy. Mientras intentaba estandarizar y reformar el sistema de justicia en Inglaterra haciendolo mas asequible (McSweeney, 2014, p. 140) y evaluaba los mejores medios para presentar cargos criminales contra los ciudadanos (Knight, 1996, p. 246), Enrique II reconvirtio el procedimiento de la inquisitio, que empezaba a tener un caracter mas administrativo, en un metodo de obtencion de informacion para resolver controversias (Arnette, 1968, p. 118). Como resultado de sus indagaciones, tomo dos decisiones cruciales. La primera fue reconocer oficialmente a los jurados como metodos de resolucion oficial de disputas, brindandoles autoridad real y dandoles una forma definitiva, ya que hasta ese momento se reunian localmente a solicitud de un noble, un miembro de la familia real o incluso el sheriff, en cortes ordinarias, pero tambien fuera de estas. Por otra parte, confirmo que debian estar compuestos de doce hombres, entre los mas correctos de un grupo de cien, y establecio que se anadieran cuatro mas, los mas correctos del poblado, debiendo actuar todos bajo el juramento de decir la verdad (Knight, 1996, p. 247). Tambien ordeno que el procedimiento se llevase a cabo siempre ante jueces nombrados por el rey (van Caenegem, 1988, p. 79; los jueces, por otro lado, no tenian el rol de decidir el fondo del caso).

La segunda decision consistio en abrir el procedimiento a los litigantes libres para una cantidad de causas distintas (Plucknett, 2001, p. 111), varias de ellas civiles, relacionadas a la posesion de tierras. La decision, tomada en parte tambien porque los otros medios de solucion de conflictos se encontraban en crisis, se vio facilitada por el hecho de que el uso informal de jurados al interior de las comunidades ya era, en este punto, una practica frecuente (Plucknett, 2001, p. 111). Ambas politicas se establecieron alrededor de 1164 por medio de un documento conocido como las Constituciones de Clarendon (Ordinances of Clarendon) (Knight, 1996, p. 246; Loh, 1984, p. 354; Plucknett, 2001, p. 111). Dos anos despues, en 1166, tuvo lugar un cambio aun mas importante: Enrique II decidio que los jurados debian reportar los delitos de los que tuvieran noticia, haciendo constar su decision en un documento denominado Assize de Clarendon (McSweeney, 2014, p. 142).

Hasta ese entonces, los jurados habian sido o bien testigos de los hechos o personas con informacion privilegiada sobre los autores de los crimenes, de modo que presentaban a la Corte a los supuestos delincuentes para que su suerte fuese decidida mediante las ordalias (5). La Assize de Clarendon pretendio tomar ventaja de esta situacion. Su emision derivo en la creacion de un organo considerado como el antecesor del "Gran Jurado" (Grand Jury) moderno (Arnette, 1968, p. 118; Knight, 1996, p. 246; Loh, 1984, p. 354; McSweeney, 2014, pp.143-144; Plucknett, 2001, p. 112; Robin, 2007) y que, debido a su funcion de presentar y acusar al imputado ante el organo decisor, solia llamarse jurado de presentacion (jury of presentment) (McSweeney, 2014, pp. 143-144). La ordalia del agua era todavia el metodo disenado para determinar si los hechos imputados por este jurado eran ciertos o no (p. 144).

El jurado de presentacion tenia algunas facultades adicionales a la de presentar cargos. Podia presentar a un hombre como acusado de haber cometido un crimen, por ejemplo, y luego retirar los cargos contra el si consideraba que la sospecha habia decaido, lo cual ocasionaba la liberacion del prisionero siempre y cuando pudiera encontrar garantes de su futuro buen comportamiento (p. 144). Con todo, no era en esta etapa todavia el metodo principal para llevar a presuntos delincuentes ante la justicia (p. 144; la acusacion privada cumplia tambien este importante rol con mayor frecuencia).

En 1215, el Papa Inocencio III abolio las ordalias en el IV Concilio de Letran, prohibiendole a los sacerdotes hacerse cargo de ellas en los procedimientos judiciales (Loh, 1984, p. 354). Ello no parece haber resultado muy problematico para el jurado de presentacion ya que, aunque en teoria perdio el metodo para resolver sus acusaciones (6), las fuentes indican que, para ese entonces, las ordalias se usaban solo marginalmente (van Caenegem, 1991, p. 87, aunque el autor senala que la fecha de abolicion fue 1219 y no 1215). Otros metodos como el juicio por combate o incluso el juicio por jurados las reemplazaban con cierta frecuencia (McSweeney, 2014, p. 145).

Dado que el tramite de pasar por una ordalia no era nada agradable, las partes que querian evitarla y tenian recursos podian hacerlo comprando el derecho a una indagacion especial (special inquest), que incluia el uso de un jurado como metodo para probar hechos y decidir conflictos (McSweeney, 2014, p. 145). Ello llevo a que, en algunos casos, existieran dos jurados: uno de presentacion, que acusaba al sospechoso; y uno de decision, que establecia si los hechos atribuidos eran ciertos o no. Sin embargo, esta todavia no era la forma oficial del procedimiento penal en estos estadios tempranos.

II.1.3. Aparicion y consolidacion del juicio por jurado

Entre el juicio por combate y el juicio por jurados, el segundo comenzo a imponerse como metodo de juzgamiento en algun momento cercano a 1215 (Loh, 1984, p. 354; McSweeney, 2014, p. 145) luego de varios experimentos realizados por los jueces de la realeza, quienes conducian el procedimiento (Arnette, 1968, p. 119; Plucknett, 2001, p. 120), pero no tomaban la decision que resolvia el conflicto. La necesidad hizo que, para formar este segundo jurado encargado de decidir los hechos probados, se eligiera a doce hombres de entre el jurado de presentacion (Plucknett, 2001, p. 126)--que constaba de dieciseis--, aunque en su momento se probo tambien con jurados de muchas mas personas. McSweeney registra un caso de 1221 en el que veinticuatro caballeros fueron agregados a los doce jurados habituales, conformando un solo jurado de treinta y seis miembros (2014, p. 153); otros autores mencionan casos de petty juries de ochenta y cuatro personas en esta etapa (Plucknett, 2001, p. 120). Con el tiempo, los doce miembros del jurado se empezarian a seleccionar de entre el publico asistente al juicio (Arnette, 1968, p. 119). El segundo jurado recibio el nombre de petty jury o conviction jury (Slovenko, 1954, p. 655) para diferenciarse del grand jury, gran jurado o jurado de presentacion, que tenia la funcion de acusar. Claramente, termino siendo el mas popular de los dos gracias a su popularidad en los medios y el cine, asi como tambien al hecho de que, con el tiempo, la audiencia ante el gran jurado se volveria secreta.

Ahora bien, los jurados no eran vistos en aquel entonces como una garantia de justicia o proteccion frente a los abusos de la corona, porque sus integrantes eran nombrados por delegados del rey y, ademas, porque se dejaban influenciar por las preferencias de la comunidad. "Mas que una proteccion frente al poder el rey, eran una extension del poder del rey" (McSweeney, 2014, p. 146). Por otro lado, ser jurado era un trabajo oneroso, peligroso y no remunerado. Muchos jurados preferian ser multados que presentarse a cumplir con sus funciones (p. 146). Cuando ese mismo ano, la Carta Magna incorporo el juzgamiento por los pares del acusado o las disposiciones de la ley del pais como las unicas causas por las que este podia ser privado de su tierra o de su libertad (capitulo 39 de la version de 1215 de la Carta Magna, que luego se volveria el 29 en la version revisada de 1225), a nadie se le ocurrio que aquello era realmente una garantia (McSweeney, 2014, p. 146).

En 1219, el rey Juan establecio otro rasgo del procedimiento que, con el tiempo y algunas ligeras modificaciones, se haria caracteristico de los jurados modernos: los acusados debian decidir si se declaraban culpables o si preferian un juicio para probar su inocencia (Loh, 1984, p. 354). Posteriormente, se agrego en un estatuto de Winchester una regla adicional: si no optaban por ninguna de estas posibilidades, eran sometidos a un castigo que consistia en apilar rocas sobre su pecho hasta que se declarasen culpables o murieran aplastados (peine forte et dure) (Knight, 1996, p. 249; Plucknett, 2001, p. 126 (7)). Hacia 1221, el juicio por jurado se consolido como la forma principal de juzgar a los presuntos delincuentes en las Cortes Reales (McSweeney, 2014, p. 153). Coexistieron entonces, esta vez si de manera sostenida y recurrente, dos jurados en el procedimiento penal oficial: el jurado de presentacion de cargos y el jurado encargado de tomar la decision final.

Eso no significa que los derechos de los imputados hayan estado mejor protegidos. En realidad, este juicio por jurado primigenio reducia en algo las chances de los acusados, pues, bajo el modelo anterior al IV Concilio de Letran, cualquier imputado con evidencias en su contra o no (y con la simpatia del jurado o sin ella) podia salvarse de la sancion penal si tenia suficiente suerte para superar una ordalia (McSweeney, 2014, p. 153). Luego de la eliminacion de estas, esa moneda lanzada al aire dejo de ser una opcion. Ademas, a los jueces encargados de la conduccion del procedimiento no les gustaba dejar los asuntos penales en manos de un jurado compuesto basicamente por vecinos del acusado. Los jurados compuestos por grandes cantidades de personas--a las que se les pedia su opinion una por una (Plucknett, 2001, p. 120)--, con los que se experimento en anos cercanos, parecen revelar esta sensacion de desconfianza (p. 126).

La vulnerabilidad frente al poder real seguia siendo un gran problema. En 1249, un jurado de presentacion de Winchester decidio no acusar a un reputado y conocido grupo de ladrones. Los jurados fueron entonces condenados a muerte por el perjurio cometido al jurar falsamente que los acusados no eran culpables (Knight, 1996, p. 249). Un segundo jurado de presentacion fue convocado de inmediato. Sorprendentemente, todos los acusados fueron hallados culpables esta vez, permitiendo que ciento doce personas fueran ahorcadas: los supuestos ladrones y los miembros del primer jurado de presentacion (p. 249).

Los procedimientos parecen haberse desarrollado sin mayores modificaciones en los anos que siguieron hasta que, en 1351, el capitulo 29 de la Carta Magna--que establecia el juzgamiento por los pares o las disposiciones de la ley del pais como los unicos medios por los que alguien podia ser privado de su libertad o de su propiedad--fue enmendado por el Parlamento ingles. Este agrego al mencionado capitulo que, a partir de ese momento, nadie podia ser llevado a prision por una simple peticion hecha por alguien al rey o su concejo, a menos que existiera una acusacion (indictment), una presentacion de cargos realizada por gente de bien y correcta del mismo vecindario del acusado, o una solicitud original (writ original) en el Common Law (McSweeney, 2014, p. 154).

En 1352, otro estatuto aprobado por el Parlamento creo una regla largamente reclamada tanto por nobles como por villanos: que los miembros del jurado de presentacion no pudiesen ser posteriormente miembros del jurado de decision (Plucknett, 2001, p. 127). Por razones obvias, los jurados que ya habian votado a favor de la acusacion no podian comprometerse a si mismos votando por la absolucion del acusado despues. De hecho, algunas absoluciones generaron que ciertos miembros del jurado de presentacion terminasen en prision (p. 127).

El siguiente momento importante en el desarrollo del petty jury sucedio alrededor del ano 1400, cuando quedo establecido que dicho jurado tenia que ser un ente imparcial y pasivo, limitado a la determinacion de los hechos del caso (Burnham, 2016, p. 92). Ello permitio que en 1470 Sir John Fortescue describiera a los jurados en su obra In praise of the laws of England como "hombres imparciales que llegan al juicio con la mente abierta" (citado en Laster, 2001, p. 289).

Pero el hito mas importante de esta etapa tendria lugar posteriormente, en el famoso caso Bushel, que inaugura el periodo en el que el jurado se transforma realmente en una garantia del ciudadano frente al poder del gobierno y en un organo independiente de este. El caso se deriva de la detencion y procesamiento de William Penn, uno de los lideres de la entonces nueva secta religiosa de los cuaqueros, posterior colono ingles en America y fundador del estado de Pennsylvania. La secta creia que la tolerancia y la paz eran modos de vida y, consecuentemente, abogaba por el respeto a otras religiones (Knight, 1996, p. 251). Esto fue suficiente para que fueran percibidos como una amenaza por un gobierno cuya autoridad dependia de la legitimidad de sus persecuciones y guerras (p. 251).

Consecuentemente el rey Carlos II concluyo que los cuaqueros debian ser encarcelados y asi fue como, un dia de 1670, William Penn fue arrestado en Londres por violacion del Conventicle Act--que establecia que solo la Iglesia de Inglaterra estaba autorizada a predicar en publico (Knight, 1996, p. 251)--mientras daba un "peligroso" sermon acerca de, probablemente, la tolerancia religiosa (al menos esa fue la conclusion a la que llego su jurado, como se vera despues). Con el fue arrestado tambien William Mead, otro miembro de la secta (Lempert, 2015, p. 826). Penn, ex estudiante de Derecho (8), se rehuso a declararse culpable y asumio su propia defensa en un proceso que conto con diez jueces y un jurado (Knight, 1996, p. 251). Su argumento principal consistio en que los cargos presentados no estaban basados en ninguna ley valida. Estaba claro que estuvo predicando en la via publica y que eso, conforme a la legislacion de la epoca, era un delito (Lempert, 2015, p. 826), por lo cual apelar a la razonabilidad de la prohibicion tenia sentido. Luego de cinco dias de proceso, los jueces consultaron a los jurados su veredicto, produciendose el siguiente intercambio segun Penn:

Registrador de la Corte: ?Que dicen ustedes? ?Es William Penn culpable de los cargos en la forma y el modo en que se le acusa o no? Portavoz del jurado: Es culpable de hablar en Grace Church Street. Registrador de la Corte: Mejor hubiese sido que no digan nada (citado en Knight, 1996, p. 251).

Inmediatamente se genero un altercado entre los jueces y el jurado, en el que los primeros intentaron convencer a los segundos de que hallasen culpables a Penn. El jurado se nego, limitandose a repetir lo unico que se habia probado en el proceso, es decir, que Penn efectivamente habia estado predicando en una calle de Londres (p. 251). Entonces, los jueces hicieron uso de toda su capacidad de persuasion:

Registrador de la Corte: Caballeros, ustedes no seran dispensados de sus deberes hasta que emitan un veredicto que la Corte acepte. Seran encerrados sin comida, alimentos, bebida, fuego, o tabaco. Por lo tanto, no deberian intentar abusar de esta Corte. Tendremos un veredicto con la ayuda de Dios, o ustedes moriran de hambre (p. 251).

Pero la ayuda de Dios no llego, o tal vez este tenia otros planes para el petty jury. Luego de llevar dos dias encarcelados y haber sido multados, los jurados, liderados por Edward Bushel, se las arreglaron para interponer una solicitud de habeas corpus (writ of habeas corpus) ante la Corte para Peticiones Comunes (Court of Common Pleas) de Inglaterra, cuestionando su situacion (p. 251). Para sorpresa de muchos, su peticion fue concedida.

La opinion de la corte fue redactada por su presidente, el chief justice Vaughan. Segun esta, el jurado no podia estar obligado a seguir las indicaciones del juez o los jueces porque quienes asumian el riesgo de emitir un veredicto equivocado o falso eran los propios jurados, y nunca el juez o los jueces (Plucknett, 2001, p. 134; Minow, 1949, p. 352). Como ese riesgo implicaba la posibilidad de ser ahorcado, el jurado debia ser dejado en libertad para decidir y, mas importante aun, no podia ser sometido a ninguna sancion posterior por su decision, con la excepcion del procedimiento de perjurio (attaint) al que sus miembros eran sometidos cuando habia indicios de que faltaron conscientemente a la verdad en su veredicto (sobre el procedimiento de perjurio o attaint, vease Plucknett, 2001, p. 131; en realidad, este no era tan efectivo como la decision de la corte sugiere, pero su existencia sirvio para redondear el razonamiento del juez Vaughan, p. 134).

La corte concluyo que estos mecanismos eran apropiados para lidiar con un jurado deshonesto y, en consecuencia, los jurados debian tener un derecho a actuar con independencia. La regla quedo establecida y, a partir de ese momento, el jurado fue considerado como un organo independiente del poder ejecutivo. El episodio ayuda a explicar la importancia del jurado en el Common Law tambien, ya que este paso a ser percibido, pese a sus origenes, como una institucion compuesta por un grupo de personas capaces de ir a la carcel para defender la libertad de un inocente.

Finalmente, el ultimo rasgo relevante que el jurado desarrollo en Inglaterra fue el de aislar a sus miembros de la informacion disponible sobre los hechos del caso fuera del proceso, impidiendoseles tomarla en cuenta para emitir su veredicto. Esta ultima modificacion sucedio alrededor de 1700 (Burnham, 2016, p. 92) (9). Paralelamente, esta misma caracteristica se desarrollo en los territorios coloniales del nuevo mundo, a donde los inmigrantes ingleses llevaron la institucion.

II.2. El jurado en los Estados Unidos

II.2.1. Aparicion e incorporacion en la Constitucion estadounidense

La historia de la importacion del jurado al territorio donde se asentarian posteriormente las trece colonias y, luego los Estados Unidos, va de la mano de los primeros campamentos britanicos instalados en el nuevo continente y se llevo a cabo en paralelo con algunas de las ultimas innovaciones de la institucion en Inglaterra. Luego del descubrimiento de America y enfrentada en una competencia expansionista con las otras superpotencias de la epoca, la Corona Britanica comenzo a enviar a sus primeros colonos al territorio recien descubierto a principios del siglo XVII. En 1606--antes siquiera de que se hubiese establecido el primer campamento britanico en el Nuevo Mundo--el rey Jaime I emitio un decreto real en el cual le prometia a los miembros de la compania de Virginia (Virginia Company of London) la titularidad de todos los derechos de los hombres ingleses una vez que se asentaran en el nuevo territorio. Ello incluia el derecho al juicio por jurado (Alschuler & Deiss, 1994, p. 870, nota 15; no obstante, el uso de estos fue bastante reducido hasta mediados del siglo XVIII en la colonia de Virginia). Un ano despues, Jamestown fue fundado como el primer asentamiento ingles permanente en America (Jamestown Colony, 2010).

Las colonias de New England implementaron el gran jurado en 1635, mientras que la colonia de Rhode Island incorporo el derecho al juicio por jurado en 1647 (Appleman, 2009, p. 409). Connecticut lo garantizo para casos penales en 1673, aunque usaba los jurados desde antes (p. 410). New Haven y Massachussetts siguieron el mismo camino (p. 410). Nueva York hizo lo propio en 1683 (p. 411). La importacion de la figura no fue pura, ya que los colonos le hicieron algunas modificaciones, combinando el derecho ingles con las preferencias de la nueva comunidad que estaba surgiendo (p. 408). En cierta forma, la evolucion del jurado en Estados Unidos refleja el paulatino proceso de separacion de Inglaterra, que resultaria en la independencia de las trece colonias. La propia aplicacion de la institucion variaba de colonia a colonia, dada la diversidad cultural entre estas (p. 408). Por eso, algunos autores senalan que aunque la institucion del jurado proviene de Inglaterra, en realidad alcanzo su expresion mas plena en los Estados Unidos (Lempert, 2015, p. 827).

Sin embargo, asi como los colonos modificaron algunas instituciones (10), conservaron otras. Una de las mas importantes fue la del jury nullification, que consistia en el especial poder del jurado para absolver al imputado aun contra la ley y las evidencias. Si para los colonos estaba claro que el jurado era una garantia contra la arbitrariedad, ello se debia, en buena medida, al hecho de que sabian que los jurados tenian esta facultad y las valoraban positivamente (Lempert, 2015, p. 827). Precisamente, en 1735 tuvo lugar en Nueva York uno de los casos mas importantes de esta etapa, en el que la jury nullification se aplico de forma similar a lo sucedido en el caso Bushel. Se trata de Zenger v.The Crown (la corona), caso que tambien es iconico por su aporte al desarrollo del derecho a la libertad de expresion.

John Zenger era un ciudadano aleman dueno de una imprenta, que publicaba un diario llamado New York Weekly Journal, el primero en hacer critica politica en el Nuevo Mundo (Alschuler & Deiss, 1994, p. 872). Sus articulos cuestionaban permanentemente al entonces gobernador de la ciudad, Will Cosby. Este respondio consiguiendo, luego de tres intentos fallidos (11), que Zenger fuera acusado por el cargo de difamacion sediciosa (seditious libel) (Linder, 2001, p. 5). La defensa de este ultimo fue asumida por nada menos que Alexander Hamilton, uno de los futuros padres fundadores de los Estados Unidos.

Ya en el proceso, Hamilton alegaria que su cliente no iba a cuestionar haber escrito e impreso las publicaciones consideradas difamatorias por Cosby (Linder, 2001, p. 5). El abogado del gobierno (attorney general) argumento entonces, y con razon, que incluso en el supuesto de que la informacion publicada fuese cierta, eso no impedia el delito de difamacion bajo el Common Law de la epoca (Linder, 2001, p. 5) (12). Hamilton replico que la ley de Inglaterra no tenia que ser necesariamente la misma en las colonias, puesto que las consecuencias de una conducta como la de Zenger eran distintas en ambos territorios (Linder, 2001, p. 5). El juez desestimo este argumento, senalando que los libelos no podian ser justificados e impidio a Hamilton presentar evidencia de su veracidad. Preciso, ademas, que la labor del jurado era solo determinar si Zenger publico o no los articulos contra el gobernador, y que le correspondia a el determinar si ese hecho constituia difamacion o no bajo el Common Law (Linder, 2001, p. 5).

Hamilton alego entonces que, si bien el juez tenia razon, tambien existia la posibilidad de que el jurado determinase tanto la ley como los hechos. Enfatizo que todo ciudadano tenia el derecho a quejarse de los abusos del poder cuando se sentia perjudicado y que eso era precisamente lo que su cliente hizo, finalizando su alegato--dirigido integramente al jurado--senalando que lo que estaba en juego no era la causa del pobre dueno de una imprenta, sino la causa de la libertad de todos los hombres en America (Linder, 2001, p. 5). El juez intento reconducir la situacion senalando que la ley era clara y que luego de la confesion de Zenger, el jurado solo podia condenarlo. Sin embargo, su comentario no impidio que el jurado regresara, despues de solo unos minutos de deliberacion, con un veredicto de no culpabilidad que el publico en la sala aclamo (Linder, 2001, p. 5).

No era la primera vez que un jurado en el Nuevo Mundo contradecia las practicas del Common Law. Por el contrario, existia una sostenida reticencia a condenar a las personas por difamacion en la America de las trece colonias que contrastaba con la gran cantidad de personas sancionadas por ese delito en Inglaterra durante la misma epoca (Alschuler & Deiss, 1994, p. 874). El alegato de Hamilton claramente apuntaba a sacar provecho de dicha realidad. Ademas, el clima de la epoca tambien influia y los jurados en el Nuevo Mundo mostraban cierta tendencia a absolver a quienes se resistian a las politicas britanicas, sancionando a quienes las aplicaban (Alschuler & Deiss, 1994, p. 874).

La respuesta imperial britanica a esta situacion fue extender la jurisdiccion de las Cortes Admirales Britanicas (Admiralty Courts) para conocer asuntos del Nuevo Mundo relacionados con la recaudacion tributaria en 1767, permitir que los oficiales britanicos acusados por crimenes en America fueran juzgados en Inglaterra, y establecer que lo mismo sucederia con los colonos acusados de traicion, lo cual fue particularmente mal recibido por estos (Alschuler & Deiss, 1994, p. 874). Sin embargo, ninguna de esas medidas pudo ser aplicada durante mucho tiempo, porque el proceso de independencia ya estaba en marcha. No fue una sorpresa que la primera Convencion Constitucional en America de 1774 reconociera el derecho al jurado para todos los colonos. Cuando llego ese momento, ya doce Estados habian redactado Constituciones y el unico derecho comun a todas era, justamente, el derecho al jurado (Alschuler & Deiss, 1994, p. 870; Lempert, 2015, p. 827, nota 6). Un ano despues, en 1775, la batalla de Lexington daba inicio a la guerra de independencia americana.

Incluso los federalistas y antifederalistas dejaban de lado sus diferencias cuando se trataba de la importancia concedida a esta institucion (Alschuler & Deiss, 1994, p. 871). En 1776, la declaracion de independencia de las trece colonias listaba como una de las razones para la ruptura con el gobierno de Jorge III el hecho de que este pretendiera privar a los colonos de su derecho a un juicio por jurado (p. 875). Ese mismo ano, la Constitucion de los recien nacidos Estados Unidos

Americanos consagro el juicio por jurado para casos penales en su articulo tres (13). Algunos anos despues, en 1791, se confirmo la regla a traves de la sexta enmienda (14), y se extendio el derecho al uso de los jurados para casos civiles. Ademas, se garantizo, por medio de la quinta enmienda, que nadie seria sometido a responder por delitos graves sin el concurso de un Gran Jurado (15). El juicio por jurado quedo asi definitivamente consolidado en el derecho estadounidense. Sin embargo, su momento de mayor importancia se alcanzaria recien varias decadas mas adelante, cuando el derecho a un juicio por jurado para casos penales fue reconocido como un elemento esencial del debido proceso estadounidense, en su siguiente etapa de desarrollo.

III. EL APOGEO DEL DERECHO A UN JUICIO POR JURADO PARA CASOS PENALES Y SU EVOLUCION HASTA NUESTROS DIAS

III.1. La evolucion del jurado penal estadounidense moderno

Toda la narracion anterior puede generar una impresion idilica sobre los jurados y su capacidad de proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad. La realidad es que estos eran hijos de su epoca y arrastraban varios de los prejuicios incluidos en la "sabiduria popular" del momento. Algunos fueron depurados con el pasar de los anos, hasta darle a la institucion la apariencia que tiene hoy. Una parte de su evolucion en los Estados Unidos durante esta segunda etapa puede, entonces, leerse a traves de las modificaciones realizadas para librarla de dichos lastres. Los principales hitos durante este periodo evolutivo fueron los siguientes.

III.1.1. Evolucion en cuanto a sus integrantes

Las limitaciones para integrar el jurado en Estados Unidos lo acompanaron desde su recepcion en las trece colonias. Solo los hombres podian servir como jurados y, en la mayoria de Estados, solo aquellos que tuvieran propiedad y pagasen tributos. En algunos casos se agregaban requisitos que solo se explican por la alta religiosidad de los colonos.

Maryland, donde los ateos estaban excluidos del servicio como jurados, es un ejemplo de esto (Alschuler & Deiss, 1994, p. 877).

En un principio, el gobierno federal no se involucro demasiado en las reglas para integrar un jurado, dejandolas en manos de los Estados mediante el Federal Judiciary Act de 1789. Estos conservaron el monopolio de la regulacion de la actividad de los jurados dentro de sus territorios durante varios anos y, por esa misma razon, dicha regulacion reflejo la evolucion en la idiosincrasia de cada Estado. Por eso, durante el siglo XIX, varios abolieron los requisitos de tener propiedad, por ejemplo, Connecticut en 1836. Nueva York, por su parte, dejo de requerir a sus jurados que pagasen tributos, aunque mantuvo el requisito de tener al menos 250 dolares de propiedad hasta bien entrado el siglo XX (Alschuler & Deiss, 1994, p. 877) (16).

En 1946, la Corte Suprema recurrio a su poder de interpretacion constitucional para anular una ley que impedia a quienes ganaban un sueldo diario servir como jurados, en el caso Thiel v. Southern Pacific Co. (1946). El ambito de la decision se extendio, entendiendose que establecia que todas las exclusiones para integrar un jurado basadas en cuestiones de clase socio-economica eran inconstitucionales (Alschuler & Deiss, 1994, p. 879, nota 69). Por otro lado, otro de los grandes colectivos excluidos del derecho a integrar un jurado, ademas de los no-propietarios, fueron los afroamericanos. Aunque se sabe que los primeros en servir como jurados lo hicieron en Massachussets en 1860 (p. 884), la comunidad afroamericana fue, sin duda, una de las que mas problemas tuvo para lograr el reconocimiento efectivo de este derecho.

Durante la etapa de reconstruccion posterior a la Guerra Civil, los afroamericanos lograron hacer valer su prerrogativa en Estados como Carolina del Sur y Louisiana. Empero, ello no impidio que Estados surenos como Georgia, historicamente mas hostiles a la idea de igualdad entre ciudadanos blancos y los hijos de los esclavos que solian cultivar sus plantaciones de algodon, siguieran vetandolos (p. 887). Esto genero que el Congreso intentara zanjar estas diferencias a traves de la Federal Civil Rights Act de 1875, en el que se prohibia la exclusion del servicio como jurado sobre la base de la raza. Sin embargo, en 1879 la Federal Jury Selection Act deshizo lo avanzado, no desde el punto de vista de la titularidad del derecho--que seguia en manos de los afroamericanos--, sino desde el de su aplicacion practica (pp. 887, 894ss.). La situacion no se pudo revertir hasta la aparicion del celebre movimiento por los derechos civiles, casi cien anos despues, liderado, entre otros, por el reverendo Martin Luther King.

Excluir a los afroamericanos de los jurados tenia consecuencias obvias, como se evidencio en el caso de Emmett Till, en 1955. Till era un adolescente afroamericano que acepto una apuesta demasiado peligrosa para alguien como el en el Mississippi--otro Estado sureno--de los anos 50: hablarle a una mujer blanca. Till se atrevio a decirle "Bye, baby (Adios, nena)" a la esposa de un ciudadano blanco llamado Roy Bryant. El cuerpo destrozado del adolescente fue descubierto en el rio Tallahatchie varios dias despues. Bryant y su cunado, J.W. Milam, fueron acusados por el homicidio y absueltos por un jurado compuesto solo por ciudadanos blancos. El testigo principal de la fiscalia era otro afroamericano, Mose Wright (Alschuler & Deiss, 1994, p. 895). Protegidos por la prohibicion constitucional de volver a ser juzgados luego de haber sido absueltos (double jeopardy), Bryant y Milam le vendieron su confesion a un periodista por 4000 dolares, quien luego la hizo publica en todo el pais (Alschuler & Deiss, 1994, p. 895). Till tenia 14 anos al momento de su muerte.

Una de las trabas principales para los afroamericanos que querian integrar un jurado era que los integrantes se seleccionaban de las listas de votacion y los afroamericanos, en la practica, no podian votar. Esto se debia a obstrucciones de la legislacion estadual electoral de la epoca, a pesar de que la 15a enmienda de la Constitucion les garantizaba este derecho. Estas trabas tuvieron que esperar hasta las Civil Rights Act de 1957, 1964, y Voting Rights Act de 1965 para ser removidas ("The civil rights movement and the second reconstruction, 1945-1968", 2008).

La Corte Suprema, por su parte, prohibio, recien en 1986, a los litigantes excluir del grupo final compuesto de doce jurados a personas por razon de su raza, en el famoso caso Batson v. Kentucky. La decision era necesaria porque las reglas del procedimiento penal estadounidense le permiten a los abogados de las partes, hasta el dia de hoy, excluir del grupo preliminar de donde se elige a los doce jurados (jury pool) a ciertas personas sin expresion de causa, usando el mecanismo conocido como peremptory strikes. En el caso mencionado, el fiscal habia excluido sistematicamente del grupo final de doce, y sin ninguna razon aparente, a un grupo de personas cuyo unico rasgo en comun era el de ser de origen afroamericano.

Finalmente, las mujeres tambien tuvieron que luchar por su derecho a integrar un jurado. La primera mujer en servir en uno lo hizo en Wyoming, en 1870, antes de que este territorio fuese admitido como Estado a la union (Alschuler & Deiss, 1994, p. 898). Su situacion fue, durante mucho tiempo, similar a la de los afroamericanos, dado que la 19a enmienda reconocio su derecho a votar, pero--al igual que

la 15a enmienda en el caso de los afroamericanos--sin establecer ningun mecanismo eficaz para asegurarlo. Sin estar en las listas de votacion, las mujeres no podian ser elegidas para ser jurados. Ademas, los estatutos de los Estados que definian las reglas para ser jurado se referian a los "electores", o a los "hombres" (p. 899), o autorizaban a los jueces a dispensarlas de su deber de servir si creian que la evidencia que se presentaria podia resultarles chocante (p. 900). En algunos Estados, las mujeres podian abstenerse de ser miembros invocando su sola condicion de mujeres (p. 900).

Varios Estados tenian sistemas en donde los hombres que podian ser miembros del jurado eran sorteados automaticamente, pero las mujeres tenian que ofrecerse expresamente como voluntarias si querian ser consideradas. Luego de validar estas normas en una decision previa, la Corte Suprema cambio su postura y prohibio esta clase de regulacion por ser inconstitucional en el caso Taylor v. Louisiana en 1975. Complementando esta decision, en el caso J.E.B v. Alabama ex rel T.B. de 1994, la corte prohibio tambien el uso de los peremptory strikes para excluir a las mujeres de los jurados solo por el hecho de serlo.

III.1.2. Evolucion en cuanto a su capacidad para pronunciarse tanto respecto de la ley como respecto de los hechos

Otro rasgo interesante de la evolucion de los jurados en este periodo tiene que ver con su competencia material, es decir, con las cuestiones respecto de las cuales podian pronunciarse. En particular, se habia discutido durante mucho tiempo si estaban autorizados a decidir solo cuestiones de hecho o tambien las de derecho, incluso desde los tiempos de la Inglaterra colonial (Lempert, 2015, p. 827). En el siglo XVII, el juez de la Corona Sir Edward Coke senalaba que la division era clara: los jueces no respondian cuestiones de hecho y los jurados no respondian cuestiones de derecho (Alschuler & Deiss, 1994, p. 902). Actualmente, muchos operadores juridicos siguen manteniendo que esta es la regla general.

No puede negarse que una separacion de ese tipo tiene cierto sentido en la medida en que los jurados, habitualmente, no tienen formacion legal para entender y pronunciarse sobre cuestiones de derecho. Su aporte al sistema de justicia parece ser mas seguro en el terreno de la determinacion de hechos, en donde el sentido comun deberia bastar --al menos en el esquema del Common Law--para establecer cuando la fiscalia ha superado el estandar de la prueba mas alla de la duda razonable. Tambien se puede argumentar que los jurados tienen que aplicar la ley sin cuestionarla porque esta emana de un cuidadoso proceso democratico en el que los representantes del pueblo determinaron su validez a traves de la deliberacion. No corresponde entonces que ni estos ni las cortes se aparten de su sentido, salvo en casos de infraccion a la Constitucion (en detalle y en contra de la jury nullification, vease Pepper, 2000, pp. 599 ss.). Bajo esta vision los casos del jury nullification, donde el jurado se rehusa a aplicar la consecuencia legal correspondiente a pesar de que los hechos que la deberian desencadenar han sido probados, son un error que no deberia repetirse.

No obstante, existen tambien argumentos del otro lado. Se alega, por ejemplo, que el jury nullification ayuda a impedir el sobre-procesamiento y la condena de sujetos no violentos pertenecientes a minorias, como la comunidad afroamericana, permitiendole a los jurados pertenecientes a este grupo social decidir cual es la mejor forma de lidiar con sus infractores, e imponiendo su voluntad sobre la del fiscal (Butler, 1995, p. 679). De manera similar, puede sostenerse que los jurados deben tener la facultad de interpretar la ley porque, como representantes de la comunidad, son ellos quienes saben mejor como debe ser aplicada para satisfacer las necesidades de dicha comunidad.

Mas alla de estas discrepancias, ya en la epoca del propio juez Coke, la posibilidad de que el jurado se pronunciara sobre la ley era un argumento empleado por algunos litigantes. John Liburne, en un juicio por traicion del ano 1649, solicito permiso a la corte para dirigirse al jurado en materias de ley. La corte se lo nego sobre la base de la regla descrita por Coke, pero el jurado lo absolvio de todos modos (Alschuler & Deiss, 1994, p. 902).

En los anos que siguieron, la controversia entre ambas posiciones se mantuvo. La propia Corte Suprema opino en favor de la capacidad del jurado de pronunciarse sobre la ley en casos como Georgia v. Brailsford. Esta postura era respaldada por nueve Estados, los cuales habian declarado en sus Constituciones que los jurados tenian la facultad de pronunciarse tambien sobre la ley y no solo sobre hechos alrededor de 1850 (Alschuler & Deiss, 1994, pp. 907, 910). Sin embargo, a partir de esta fecha, muchas cortes estaduales comenzaron a virar hacia la otra posicion, volviendo a la regla general del juez decisor del derecho y el jurado decisor de los hechos (pp. 907, 910).

El momento mas dominante de esta segunda corriente se alcanzo con la decision del caso Sparf and Hansen v. United States de 1895, en el que la Corte zanjo por primera vez la cuestion estableciendo expresamente que los jurados no tenian la facultad de pronunciarse sobre la ley, sino solo sobre los hechos (Alschuler & Deiss, 1994, p. 910; Lempert, 2015, p. 827).Tuvieron que pasar cien anos para que, en el caso United States v. Gaudin de 1995, la Corte Suprema variase una vez mas la regla al indicar que "la responsabilidad constitucional de un jurado no es solo determinar los hechos de un caso, sino aplicar la ley a esos hechos y extraer la ultima conclusion" (decision citada en Burnham, 2016, p. 93). Quedo determinado entonces que si pueden responder cuestiones mixtas de hecho y derecho (p. 93), posicion que se mantiene hasta la fecha (17).

Bien considerado el tema, parece inevitable que sea asi por la propia naturaleza de los asuntos que se exhiben ante un jurado. En un caso en el que corresponde determinar si un conductor actuo negligentemente y si condujo su vehiculo por encima del limite permitido, al jurado se le permite responder a ambas preguntas, a pesar de que solo la segunda es en puridad una cuestion exclusivamente de hecho (tomo este ejemplo de Burnham, 2016, p. 93). Es innegable, por otro lado, que el jurado esta formalmente obligado a hacer operaciones de subsuncion de ese tipo siguiendo las instrucciones dadas por el juez, las cuales estan basadas, a su vez, en el derecho, con lo cual la cuestion de fondo consiste en saber si los miembros del jurado estan vinculados por estas instrucciones o si solo deben tomarlas de modo referencial para orientar su decision (Alschuler & Deiss, 1994, p. 913). Como algun autor ha notado, es ironico que los jurados estadounidenses del siglo XX esten formalmente obligados a seguir esas instrucciones, pero en la practica las hayan desacatado varias veces (los casos de jury nullification son los mas claros), mientras que los jurados de la primera parte del siglo XIX seguian las instrucciones del juez con gran frecuencia a pesar no de haber estado legalmente obligados a hacerlo (p. 913).

La Corte Suprema ha precisado en decisiones posteriores que, si la cuestion mixta de hecho y derecho es una que requiere aplicacion uniforme, como la determinacion de si un contrato ha sido incumplido o no, es mas probable que esta decision sea una que deba ser tomada por el juez (Burnham, 2016, p. 93, citando el caso Markman v. Westview Instruments, Inc. (1996)). Curiosamente, la cuestion de la suficiencia de evidencia para condenar es considerada una cuestion de derecho, por ello, el que el juez anule un veredicto del jurado basado en esa causal no es visto como una intromision en el poder de este para decidir cuestiones facticas (Burnham, 2016, p. 93).

III.2.Duncan v. Louisiana: El apogeo del derecho a un juicio por jurado y su reconocimiento como parte de la nocion de debido proceso estadounidense para causas penales

Ahora bien, a pesar de la relevancia de los cambios mencionados anteriormente, la evolucion mas significativa del jurado para causas penales correspondiente a este periodo consiste en su inclusion en la clausula del debido proceso contenida en la 14a enmienda de la

Constitucion, la cual lo volvio aplicable tambien a los Estados y ya no solo al gobierno federal. La trascendencia de este hecho no se entiende si no se repasan los efectos que tiene el que Estados Unidos sea una republica federal, con un grado de federalismo alto incluso entre los paises que pertenecen a esta categoria.

Cuando promulgaron la Constitucion, la preocupacion principal de los "padres fundadores" era evitar a toda costa un gobierno central federal demasiado fuerte que pudiese repetir la experiencia opresora que tuvieron con Inglaterra.

La temprana incorporacion del Bill of Rights, que contiene las diez primeras enmiendas constitucionales, obedecio justamente al temor a los abusos que pudiera cometer el gobierno federal. Las enmiendas hacen referencia a una serie de garantias que los ciudadanos de Estados Unidos tienen, pero las ocho primeras--y aqui esta el detalle--fueron disenadas para vincular unicamente al gobierno federal, el cualera la verdadera preocupacion del sector que las promovio (Israel, Kamisar, LaFave, King & Primus, 2016, p. 29; Burnham, 2016, pp. 3-4). Entre estas se encontraban el derecho a un juicio por jurado en causas penales (enmienda VI) y el derecho al debido proceso (enmienda V).

Esto significaba que, en un principio, los gobiernos estaduales no estaban obligados por las enmiendas. Para explicarlo con un ejemplo: la prohibicion de infringir el derecho del pueblo a portar armas de fuego contenida en la segunda enmienda (18) se entendia referida unicamente al gobierno federal. Por lo tanto, los Estados de Vermont, Alabama o cualquier otro miembro de la Union podian, si asi lo decidian, emitir e implementar legislacion destinada a restringir significativamente ese derecho. Los gobiernos estaduales son independientes y distintos del federal en la logica de una republica federal y las garantias del Bill of Rights fueron pensadas como un escudo respecto del gobierno federal, mas no de los gobiernos estaduales. El mismo razonamiento se aplicaba al derecho a un juicio penal por jurado. Si bien la mayoria de Estados de la Union lo habia incorporado en sus respectivas Constituciones, nada impedia que alguno de ellos lo pudiese restringir severamente o incluso en su totalidad, dado que la enmienda en cuestion solo obligaba al gobierno federal a usar jurados en los procesos penales de su competencia.

Este paradigma, sin embargo, se relativizo a partir de la introduccion de las enmiendas posteriores a la guerra civil, en particular la 14a. La necesidad de impedir que los Estados derrotados de la Confederacion pudiesen seguir discriminando a la poblacion afroamericana empleando su capacidad para legislar idependientemente, asi como la autonomia de sus cortes para hacer cumplir esa legislacion, forzo el cambio (19). Dicha enmienda incluyo las clausulas de la proteccion igualitaria de la ley (equal protection of the law) y el debido proceso (due process of the law) con esta finalidad, haciendo mencion expresa de su aplicabilidad a los Estados (20).

Sin embargo, como suele suceder en el derecho constitucional, esta enmienda no definia que debia entenderse por "debido proceso", lo cual dio lugar a una discusion que se prolongo por varios anos en la Corte Suprema. Luego de varias idas y vueltas, la corte adopto la doctrina de la "incorporacion selectiva" (selective incorporation doctrine), de acuerdo con la cual, la clausula del debido proceso obligaba a los Estados a respetar las garantias listadas en el Bill of Rights que integrasen los "principios fundamentales de libertad y justicia y fuesen subyacentes a las instituciones politicas y civiles" estadounidenses (Duncan v. State of Louisiana, 148-149) (21).

Duncan v. Louisiana (1968) es tan importante porque se trata del caso en el que la Corte Suprema establecio que el derecho a un juicio por jurado para casos penales vinculados a delitos sancionados con un minimo de severidad era parte de los principios fundamentales del sistema estadounidense de justicia y, por lo tanto, debia considerarse como incluido dentro de la clausula de la 14a enmienda referida al debido proceso, vinculando tambien a los Estados. En el caso citado, Gary Duncan habia sido condenado previamente en la corte del Estado de Louisiana por el delito de lesiones (battery), en un procedimiento sin jurado debido a que la Constitucion de dicho Estado ordenaba que estos se realizaran obligatoriamente solo cuando la sancion aplicable en caso de condena fuese la pena de muerte o el encarcelamiento con trabajo pesado. Dado que el delito imputado tenia como maxima sancion dos anos de pena privativa de libertad, Duncan no tenia ese derecho expedito y fue condenado en otro tipo de procedimiento. Luego de agotar la jurisdiccion estadual, demando al Estado de Louisiana ante el gobierno federal alegando la violacion de su derecho al debido proceso bajo la 14a enmienda aplicable a los Estados, sobre la base de que el Estado no podia privarlo de su derecho a ser juzgado por un jurado antes de ser sancionado penalmente.

Basandose en una interpretacion historica del derecho a un juicio por jurado como una garantia fundamental contra la arbitrariedad desde los tiempos de las trece colonias y en su presencia en la mayoria de Constituciones estaduales, cuando menos para los casos mas graves, la corte fallo a favor del demandante. Al hacerlo, establecio como regla constitucional (22) que los Estados no podian limitar el derecho de los ciudadanos a ser juzgados a traves de un juicio por jurados cuando el delito imputado tuviese dos anos o mas de pena privativa de libertad como sancion (23).

Si existe un momento en la historia del desarrollo del jurado identificable como el de su apogeo, tiene que ser este, pues a partir de este momento su ambito de proteccion se extendio al maximo al interior de todo el pais. Al ser reconocido como un elemento integrante del debido proceso penal estadounidense para la inmensa mayoria de delitos, y en cada uno de los cincuenta Estados integrantes de la Union, la garantia del derecho a un jurado para casos penales alcanzo su momento de mayor importancia.

IV. REGLAS ACTUALES DEL JURADO ESTADOUNIDENSE PARA CASOS PENALES

Antes de explicar que sucedio luego del apogeo del derecho a un juicio por jurado para causas penales, es interesante revisar rapidamente las reglas actuales de funcionamiento de la institucion. Si bien hay un cierto consenso en torno a lo que estos organos deben hacer, siempre es prudente recordar que el federalismo propio de los Estados Unidos impone un cierto nivel de diversidad en torno al derecho de cada Estado. Saber exactamente que pueden o no hacer los jurados, mas alla de lo exigido por la Constitucion, es una pregunta que, para ser respondida con exactitud, implicaria revisar las reglas de los cincuenta Estados y el gobierno federal, lo cual excede largamente al alcance de este articulo. Por eso, se ofrecen aqui las reglas comunes que se aplican para la mayor parte de casos.

IV.1. Seleccion de los integrantes

La fuente de los integrantes del jurado es el jure venire o jury pool, que no es sino un grupo numeroso preliminar de personas del que se seleccionara a los doce miembros finales que juzgaran el caso. Estas personas se extraen de forma aleatoria de las listas de votantes y de la lista de personas con licencia de conducir. Por la propia cultura automovilistica de los Estados Unidos, las listas de personas con licencia de conducir incluyen al 95% de los adultos (Burnham, 2016, p. 95). Todas estas listas deben corresponder al lugar en el que sucedieron los hechos.

En la logica de que la decision sea tomada respetando los valores del ciudadano promedio de la comunidad, los abogados habian sido tradicionalmente excluidos de la lista. Sin embargo, recientemente veintisiete Estados han abolido esta prohibicion (Burnham, 2016, p. 95). Por razones de priorizar el trabajo al que se dedican regularmente, los medicos y otros profesionales importantes suelen estar eximidos de participar (p. 95). Una vez que han sido elegidas aleatoriamente las personas integrantes del jury pool, se inicia el procedimiento de seleccion del jurado en una audiencia llamada voir dire o jury selection. Con esa finalidad, en la mayoria de casos, para cuando se produce esta audiencia, los abogados ya han recibido informacion basica acerca de las personas incluidas en la muestra.

A continuacion, se expone frente a los miembros del jury pool una pequena introduccion acerca de los hechos y luego los abogados de las partes los interrogan en torno a asuntos que podrian ser problematicos para su adecuado desenvolvimiento como jurados, o poner en tela de juicio su imparcialidad. En algunos Estados solo el juez esta facultado a preguntar, por lo que los abogados deben enviarle sus preguntas por adelantado (Burnham, 2016, p. 99). Los abogados de las partes tienen dos metodos de excluir del jurado a las personas que crean que pueden no serles favorables en el juicio: los cuestionamientos basados en causa (challenge for cause) y los inmotivados (peremptory strikes). Si la fuente del pedido de exclusion es un cuestionamiento basado en una causa, el juez debe fallar aceptando o rechazando el pedido del abogado. Hay causas legales en cada Estado que establecen los supuestos en los que la ley ordena que una persona en una determinada condicion no integre un jurado. La mayoria de ellas estan vinculadas a temores razonables relacionados con la imparcialidad de este. En cambio, si el pedido de exclusion es inmotivado, el potencial jurado debe ser excluido automaticamente. El numero tipico de exclusiones inmotivadas que un abogado esta autorizado a hacer cambia dependiendo del caso. En cortes federales, para casos donde no se aplica la pena capital, son seis para la fiscalia y diez para la defensa. En casos de pena de muerte, las dos partes tienen veinte exclusiones inmotivadas (pp. 99-100).

IV.2. Obligatoriedad del servicio, penalidad y nivel de educacion requerido

El ser miembro de un jurado es obligatorio para todos los llamados a servir y los que falten a este deber son sancionables con pena de multa o prision. En cuanto a la diversidad de sus integrantes, la regla general es que los jurados sean extraidos de una lista largamente representativa, en la que las minorias tengan una posibilidad razonable de ser consideradas para servir, de acuerdo con la doctrina de la Corte Suprema en el caso Taylor v. Louisiana (1975) (Burnham, 2016, p. 96). No hay requisitos de educacion mas alla de la habilidad de leer y escribir en ingles (p. 96).

IV.3. Cantidad de integrantes, remuneracion y duracion

En los casos penales en los que se juzga la comision de un delito calificado como felony (ofensas penales sancionables con mas de un ano en prision), las reglas federales de la corte requieren un jurado de doce miembros. Los Estados procesan sus casos penales usando la misma cantidad de personas, pero la Corte Suprema decidio en Williams v. Florida (1970) y Ballew v. Georgia (1978) que un jurado de hasta seis personas era permitido por la Constitucion (Burnham, 2016, pp. 347-348). La Corte llego a decir que la cifra de doce era basicamente un accidente historico (pp. 347-348).

En cortes federales, los jurados reciben un pago de 40 dolares por dia, cantidad que se incrementa hasta 55 en casos estatales, dependiendo del Estado. Los jurados que trabajan para el gobierno son pagados por este por el dia o los dias que tome su labor, pero esta regla no es igual para empleadores privados en todos los Estados. Solo el 25% de los juicios en casos federales dura mas de una semana (Burnham, 2016, pp. 347-348). Esto no deberia ser sorpresivo, dado la significativamente pequena cantidad de juicios penales que se realizan en las cortes estadounidenses en la actualidad, como se vera posteriormente.

IV.4. Instrucciones brindadas por el juez

Despues del cierre del juicio, una vez que se produjo la actuacion de los medios de prueba y, por lo general, tambien los alegatos finales, el juez le indicara al jurado cual es la ley aplicable al caso y le explicara como es que debe verificar si los hechos probados sostienen dicha aplicacion o no. En materia penal, el caso clasico es que las instrucciones incluyan los elementos del delito concreto que se le atribuye al imputado, precisando que hechos deben haber considerado probados para satisfacerlos (Burnham, 2016, p. 111).

Las instrucciones incluyen tambien una mencion del estandar probatorio necesario para considerar probado el delito, que es siempre la prueba mas alla de la duda razonable en casos penales, pero puede ser diferente en casos civiles o de otra indole ("preponderancia de la prueba" o "prueba clara y convincente"). No son muy detalladas ni dan mayores indicaciones mas alla de decirles cual es el estandar aplicable y recomendarles servirse de su sentido comun (Burnham, 2016, p. 112). Por ejemplo, la siguiente es una instruccion estandar dirigida al jurado para orientarlo acerca de como identificar la prueba mas alla de la duda razonable:
   Duda razonable significa una duda basada tanto en la razon como en
   el sentido comun que aparece de una consideracion justa y racional
   de toda la evidencia o falta de evidencia en el caso. Es una duda
   que no es vaga, especulativa o imaginaria, sino una del tipo que
   causaria que personas razonables vacilen en actuar en asuntos de
   gran importancia para ellas mismos (p. 112).


Las instrucciones eran tradicionalmente leidas y el jurado no podia recibir ni siquiera una copia de ellas. Sin embargo, esta practica ha comenzado a ser abandonada dada la extension de las instrucciones brindadas--cuando involucran numerosos delitos, pueden tomar 15 minutos o mas--(p. 112).

IV.5. Deliberacion y veredicto

Al ser secretas, lo unico que se sabe con cierto nivel de confianza acerca de como funcionan las deliberaciones de los jurados proviene de los testimonios de quienes han sido jurados, algunos de los cuales han publicado sus experiencias. En concreto, de acuerdo con estas versiones, muchas veces se realiza al principio de la deliberacion un voto preliminar para evaluar si existe un desacuerdo, luego de lo cual se procede a discutir en torno al mismo hasta alcanzar un acuerdo (Burnham, 2016, p. 113). Si no han alcanzado ningun acuerdo y lo reportan al juez, se dice que el jurado esta bloqueado (deadlocked jury). Ante esto, el juez puede simplemente mandar a los jurados a seguir deliberando, o hacerlo agregando una instruccion adicional que pueda servir para superar el punto muerto al que se ha llegado. Este tipo de instruccion es conocida como "instruccion allen" ("allen charge" o "dynamite charge") y generalmente exhorta a los jurados a pensar seriamente su posicion y considerar atentamente la de los otros (p. 113).

Si a pesar de todo el jurado no es capaz de alcanzar un veredicto porque las diferencias entre sus miembros son irreconciliables, se dice que se ha producido un hung jury o deadlocked jury y el juez debe declarar el juicio nulo (mistrial) (Burnham, 2016, p. 113; Findlater, 1981, p. 711). Sin embargo, en este caso el imputado puede volver a ser juzgado por los mismos cargos, dado que no se lo considera protegido por la garantia de prohibicion del double jeopardy (Findlater, 1981, p. 701).

IV.6. Facultades y prohibiciones del jurado durante el juicio

Durante el juicio, la regla general en la mayoria de Estados es que los jurados no estan autorizados a hacerle preguntas a los abogados ni a los testigos que declaran. En algunos Estados esto queda a criterio del juez, quien eventualmente lo autoriza, y en algunos pocos otros existe la obligacion legal de que les sea permitido preguntar (Gordon, 2014, p. 786, nota 205). La posibilidad de tomar notas y apuntes de los actos que se van sucediendo en las audiencias teoricamente queda a discrecionalidad del juez tambien. Habitualmente este no lo autorizaba (Gobert, 1988, p. 324, nota 247, cita abundante jurisprudencia en donde la discrecionalidad del juez a este respecto se reafirma), pero algunas investigaciones mas recientes sugieren que ese criterio esta cambiando (Mize, Hannaford-Agor & Waters, 2007, p. 32, tabla 24).

En ningun caso es un imperativo de la Constitucion federal el permitirle a los jurados realizar cualquiera de las dos cosas, razon por la cual los Estados pueden regular la cuestion como mejor les parezca. Las reglas federales para los casos de procesos penales federales no dicen nada sobre el tema (Gordon, 2014, p. 786, nota 205), por lo que tambien en esta clase de crimenes queda a criterio del juez de la causa el permitirlo o no.

Como ya se dijo, los jurados no estan autorizados a decidir sobre la base de informacion que no se haya difundido y producido por medio de la prueba en el juicio (periodicos, por ejemplo). Dependiendo del Estado, puede que sea posible que el juez les permita ver las transcripciones de las declaraciones brindadas en la o las audiencias. En Maryland, por ejemplo, el juez puede permitirlo si lo cree conveniente (24).

IV.7. Cantidad de votos requeridos para formar un veredicto

En materia penal, tanto en la jurisdiccion federal como en la gran mayoria de Estados, todos los miembros del jurado deben estar de acuerdo, ya sea en la condena o en la absolucion, para considerar que se ha logrado un veredicto (Burnham, 2016, p. 113). Toda decision es una decision por unanimidad. Si no se alcanza el consenso absoluto, como ya se dijo, el jurado es disuelto y un nuevo juicio debe realizarse.

IV.8. Control de las decisiones del jurado

Curiosamente, los jurados estadounidenses no estan obligados a justificar su decision por escrito ni oralmente en las causas penales (Burnham, 2016, p. 96), a diferencia de las civiles, en las que se les solicita llenar formularios de "veredictos especiales" (25) o responder preguntas explicando las razones de su decision (p. 95).

A menos que el jurado le pida al juez asistencia directa sobre la forma de entender una ley, en realidad no hay un control judicial en simultaneo de los errores que este pueda cometer al interpretarla mientras delibera. Sin embargo, en sede de apelacion es mas sencillo corregir este tipo de error y obtener un resultado favorable, ya que el estandar de revision por equivocaciones basados en la ley es bastante amplio (Burnham, 2016, p. 179). No pasa lo mismo con el control de los errores en la determinacion de los hechos en los que pueda incurrir un jurado, que es mucho mas limitado. Es cierto que, en los casos federales, el juez de la misma corte en donde se produjo el juicio esta autorizado a anular los veredictos que declaren culpable al acusado cuando estos no esten amparados por prueba de la culpabilidad mas alla de la duda razonable (pp. 112-113). No obstante, al interpretar este estandar, el juez debe verificar que exista una ausencia total de "cualquier evidencia sustancial creible" en la que la condena pueda apoyarse (p. 179, donde se cita el caso United States v. United States Gypsum Co., 1948).

Para intentar que el juez revierta el veredicto del jurado, el abogado de la defensa debe presentar una mocion llamada "mocion para juzgamiento a pesar del veredicto" o "mocion para juzgamiento de absolucion" (motion for judgment notwithstanding the verdict o motion for judgment of acquittal) (Burnham, 2016, p. 115). En la jurisdiccion federal, esta mocion puede ser presentada antes del veredicto del jurado o inmediatamente despues de este (26).

Como es logico, la apelacion tambien es una forma de controlar las decisiones del jurado, pero la posibilidad de discutir cuestiones de hecho en cortes de apelacion es por definicion muy limitada. La regla general, en un sistema adversarial como el estadounidense, es que el superior jerarquico tenga una marcada preferencia por la valoracion de la prueba realizada en la corte de primera instancia o juzgamiento (trial court), dado que esta aprecio directamente la evidencia y los contra examenes (Burnham, 2016, p. 179).El estandar para que una corte de apelaciones revise y corrija una cuestion de hecho decidida por un jurado es el mismo que el del juez de primera instancia frente a una mocion para juzgamiento de absolucion: ausencia total de cualquier evidencia sustancial creible en que la condena pueda apoyarse para sostener que exista prueba de la culpabilidad del acusado mas alla de la duda razonable (p. 179).

V. SITUACION ACTUAL: DECLIVE Y OCASO DEL JUICIO POR JURADO EN CAUSAS PENALES

Con todo este legado detras, cuesta creer que los juicios por jurados en causas penales se hayan reducido a lo que hoy son en los Estados Unidos: una excepcion a la regla, un evento inesperado. Cada vez mas, una singularidad estadistica. El declive en el empleo de esta institucion, manifestado en la cantidad asombrosamente pequena de juicios por jurado que se celebran cada ano con respecto al total de casos penales, es, indiscutible. En 1994, el 90% de todos los casos penales resueltos en las cortes federales involucro un acuerdo negociado de condena con la fiscalia (guilty plea) (Fisher, 2003, p. 223). Ese mismo ano, el 93% de los condenados por delitos en las Cortes Estaduales se declaro culpable sin un juicio siguiendo el mismo procedimiento. Con respecto a las ofensas penales menos graves--llamadas misdemeanors y definidas como ofensas con menos de 1 ano de prision como sancion--, la cifra fue todavia mas alta (Alschuler & Deiss, 1994, p. 922).

Siete anos despues, en 2011, el 88% de todos los casos penales en cortes federales se resolvio a traves de un acuerdo negociado de condena (Motivans, 2015a, p. 17, tabla 4.2). Parece una ligera disminucion, pero si tomamos como referencia solo los casos en los que hubo una condena (el 90,9% del total), el calculo arroja como resultado que en el 97,27% de los casos los acusados se declararon culpables mediante un guilty plea (tabla 4.2), lo que significa que de cada cien personas condenadas en la jurisdiccion federal ni siquiera tres pasaron por un juicio.

Ni siquiera tres. Pero incluso asumiendo que fuesen tres los condenados mediante un juicio, tampoco seria exacto decir que hubo un jurado en esos tres casos, ya que los bench trials, o juicios en los que el juez asume el rol del jurado y decide el caso, tambien son una opcion (27). Las cifras mas recientes disponibles a nivel federal corresponden al ano 2012. Ese ano, las fiscalias federales consiguieron una condena en el 91,3% de los casos. De ese total, el 97,4% correspondio a un acuerdo negociado de condena (Motivans, 2015b, p. 17, tabla 4.2).

Por otro lado, aunque no hay cifras del porcentaje total de casos resueltos mediante acuerdos de condena negociados en todos los Estados, los autores senalan que es raro encontrar uno en donde esta cifra sea inferior al 95% para delitos (Rakoff, 2014). Eso significaria que de cada cien personas condenadas en las cortes estaduales por estos delitos, solo cinco lo fueron a traves de un juicio penal. El episodio, tan popular, del jurado estadounidense leyendole la condena al acusado existe mas en el cine, en la television y en nuestra imaginacion, que en la realidad. El derecho constitucional al juicio por jurado es hoy casi un souvenir del pasado. De un pasado en el que el gobierno tenia que probar la culpabilidad del imputado ante la comunidad antes de encarcelarlo bastante mas a menudo; y todos estaban de acuerdo en que asi debia ser.

En agosto del 2016, algunos jueces le dieron cifras al respecto al New York Times. Uno de ellos no habia visto un solo juicio penal en cuatro anos y medio como juez federal del distrito de Manhattan. Otro tuvo cuatro casos en cinco anos, incluyendo uno que tuvo que repetirse por un deadlocked jury. Todo el distrito federal sur de New York, que incluye varias cortes, tuvo solo cincuenta juicios penales en todo el ano 2015 (Weiser, 2016). ?A que se deben porcentajes tan limitados en el ejercicio del derecho al juicio por jurado? Y, sobre todo, ?como puede ser esto posible cuando Estados Unidos ostenta, desde hace varios anos, la tasa de encarcelamiento mas alta del mundo? (Lappi-Seppala, 2011, p. 304) (28).

La respuesta tiene algo que ver con el fenomeno que la mayoria de academicos del pais denomina "mass incarceration" o encarcelacion masiva, y con las politicas de "mano dura" contra el crimen o "tough on crime". Una descripcion detallada de este fenomeno no puede desarrollarse aqui y ahora pero, sintetizando lo mas importante, habria que decir que a partir de la decada de 1970 el enfoque del sistema de justicia penal estadounidense vario radicalmente para situar a la pena privativa de libertad como sancion prioritaria de entre la gama que tenian a su disposicion los jueces (Pager, 2007, p. 2). La politica criminal federal y la de la mayoria de los Estados se volvio mas represiva y mucho menos selectiva con relacion a los condenados a prision efectiva estimulada en un inicio, por un aumento en los niveles de criminalidad durante la misma etapa pocas veces visto, pero prolongandose en el tiempo incluso despues de que los mismos empezaron a caer (29).

Toda vez que la nueva orientacion de la politica criminal requeria encarcelar a proporciones mucho mayores de imputados, los juicios por jurados se revelaron rapidamente como una alternativa poco eficiente para cumplir esa finalidad. La razon es que consumen demasiados recursos de tiempo y dinero como para lidiar con la inmensa cantidad de procesados que produce el sistema. Si bien el porcentaje de acuerdos negociados de condena ya era muy importante y en algunos Estados masivo antes de la decada de 1970, el numero a nivel federal se disparo todavia mas con el advenimiento del nuevo enfoque (Fisher, 2003, p. 223, muestra un aumento sostenido de 84% de casos totales resueltos mediante un acuerdo de condena en 1984, a un 94% en 2001).

Esto sugiere la existencia de otro factor con una influencia fundamental, mayor que el anterior y presente desde antes, para explicar la situacion actual: la enorme discrecionalidad de los fiscales para atribuirle a los imputados todos los delitos en los que los hechos del caso puedan subsumirse--como se explica mas adelante, en el apartado V.3.--, sin tener mayores obstaculos. El resultado de esta practica es un aumento sustancial en la prognosis de pena en caso de juicio y, con ello, del miedo del imputado a ser condenado. Mientras mas grande sea el riesgo en caso de perder ante el jurado, mayores seran las posibilidades de pactar una condena negociada sin usar el derecho a ser juzgado por un jurado.

Independientemente de cual sea la causa exacta de su virtual reemplazo por los acuerdos negociados de condena, el hecho concreto es patente. Ahora bien, ?por que deberia esto ser un problema si, finalmente, los acusados eligen el acuerdo de condena con la fiscalia y obtienen una pena menor a la que tendrian en un juicio, a cambio de evitarle a esta gastar recursos y permitirle moverse hacia otros casos mas graves? Por si la opinion de esta sobre la conveniencia del acuerdo no fuera suficiente, hay un juez que debe aceptarlo para que sea valido. Todas las partes salen ganando algo. Y sin embargo, esta impresion es solo un espejismo. No todas las partes salen ganando porque, si bien los acuerdos negociados de condena liberan al sistema de una inmensa cantidad de casos--posiblemente el argumento mas recurrente a favor de los guilty pleas (Wan, 2007, p. 34)--, lo hacen a costa de sustraer del escrutinio propio de un juicio a las condiciones en las que la fiscalia ha logrado convencer al imputado de declararse culpable. El rol del juez en un sistema adversarial es residual y su papel fiscalizador cumple tambien con esta pauta en el marco de los acuerdos negociados de condena, lo que se traduce en un nivel de involucramiento menor en ellos.

Tener una tasa tan alta de condenas basadas en acuerdos negociados es peligroso porque, para ser validas en un Estado de Derecho, las condenas deben estar basadas en una culpabilidad probada mas alla de la duda razonable. Asumiendo que, de tener prueba suficiente para superar este estandar, la fiscalia no tendria ningun incentivo para negociar, es claro que el plea bargaining supone, de por si, una cantidad de evidencia de cargo menor. ?Que tan menor? La evidencia deberia ser suficientemente menor como para que la fiscalia sienta que vale la pena evitar el juicio, pero no tan poca como para no hacerle sentir al imputado temor de litigar y ser condenado. Menos que "prueba mas alla de la duda razonable", pero lo bastante cerca como para generar un riesgo razonable de condena. La confesion del imputado, que se hace constar en el acuerdo casi siempre (30), llenaria el vacio probatorio que faltaba para alcanzar el estandar y, asi, la prueba mas alla de la duda razonable se terminaria respetando.

Sin embargo, como en tantos otros lugares, el deber ser y la realidad no se parecen en los Estados Unidos. La propias cortes han senalado que el estandar probatorio requerido para aprobar un acuerdo negociado de condena no es muy alto ni tiene que acercarse a la duda razonable. Como consecuencia, personas materialmente inocentes (que no cometieron el delito), o legalmente inocentes (que si cometieron el delito, pero contra quienes no hay prueba suficiente) terminan siendo condenadas. Cualquiera de los dos resultados es una derrota para el Estado de Derecho. Es una derrota porque no es parte del margen de error normal de cualquier sistema de justicia, en el que se sabe que la verificacion de hechos, ya sea por el juez o por el jurado, puede fallar. Es una derrota en la que en muchos casos no se hizo un intento serio de saber que paso, reemplazando esta necesaria indagacion por la "confesion" del imputado (vease Blume & Helm, 2014, pp. 14-15, quienes citan la decision de la corte en el caso Santobello v. New York).

En suma, existen varias razones por las que el sistema masivo de acuerdos negociados de condena, que en la practica ha reemplazado al de los jurados, no funciona como se supone idealmente que deberia. Las siguientes cuatro son algunas de las mas importantes.

V.1. La ley no requiere que la fiscalia tenga evidencia cercana a la duda razonable para cerrar un acuerdo negociado de condena

Para comenzar, las reglas legales sobre los acuerdos negociados de condena no exigen que la fiscalia acopie una evidencia cercana a la duda razonable para justificar el acuerdo. En la jurisdiccion federal, lo unico que se le exige a la fiscalia para cerrar un acuerdo con el imputado es contar con "base factual"(factual basis) (31). Los Estados tienen reglas similares (LaFave, Israel, King & Kerr, 2015). En palabras de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito Federal, para satisfacer este estandar basta con que la evidencia del expediente permita argumentar que el acusado es culpable (United States v. Torres-Vazquez). Eso es todo.

Las normas dejan al juez en libertad para decidir la forma de verificar si existe base factual suficiente en el caso concreto para aceptar el acuerdo negociado. En la practica, este lleva a cabo su labor preguntandoselo directamente al acusado, o al fiscal. A veces examina el acuerdo o el reporte previo a la sentencia, las transcripciones del Gran Jurado, o el testimonio de un policia o de un testigo, pero no esta obligado a hacerlo. Puede elegir la opcion que mejor le parezca porque, en realidad, al sistema no le interesa demasiado que realice un control estricto en este punto (LaFave et al., 2015).

Ninguna de las opciones es igual de confiable que la contradiccion vigorosa de argumentos y pruebas que solo puede ofrecer el juicio y aunque la casuistica prueba que los jueces han anulado acuerdos negociados de condena en varias ocasiones usando esta clausula (LaFave et al., 2015, nota 230, cita abundante jurisprudencia), el nivel de control que ejercen es legal, pero esta lejos de ser suficiente para proteger a un importante numero de imputados de una condena que no merecen. Casos como el de "los cinco de Central Park" dan que pensar sobre esta realidad (Trocino, 2016, p. 90).

En la mayor parte de casos, el juez se enfoca en verificar que el imputado este aceptando el acuerdo conscientemente y comprendiendo sus implicancias. Mas alla de eso, el juez no se ocupa de casi nada mas (Blume & Helm, 2014, p. 11). En medio de todo, es imposible no preguntarse si realmente las fiscalias federales hacen un trabajo de acopio de evidencia y filtrado de casos tan bueno como para verdaderamente tener casos fuertes, entendidos como casos que ganarian con o sin un acuerdo con el imputado, en nueve de cada diez ocasiones, como lo sugiere su extraordinariamente alta tasa de condenas.

V.2. El Gran Jurado tampoco controla la suficiencia de la evidencia de la fiscalia

De acuerdo con las reglas del procedimiento penal federal, el fiscal necesita contar con la aprobacion del Gran Jurado antes de poder acusar a alguien, conforme a lo establecido en la quinta enmienda de la Constitucion federal (vease supra nota 11). A diferencia del gobierno federal, para los Estados contar con la venia del Gran Jurado antes de acusar a alguien es opcional. Sin embargo, el nivel de fiscalizacion que ejerce el Gran Jurado sobre la teoria del caso del fiscal es descrito tradicionalmente en el medio con la siguiente frase: "El fiscal puede hacer al Gran Jurado acusar a un sandwich" (Leipold, 1995, p. 262). Actualmente, no se considera que ejerzan un control muy severo sobre la causa probable para acusar de la fiscalia.

Una fuente importante de su incapacidad para controlar la acusacion radica en el hecho de que no hay claridad acerca de cuanta evidencia es suficiente para considerar que existe "causa probable" para acusar. La "causa probable" es un concepto legal impreciso incluso para personas con formacion legal, por lo que no es descabellado pensar que las que carecen de esta deben tener aun mas dificultades con el. Al mismo tiempo, los miembros de un Gran Jurado no disfrutan de un contra examen de la evidencia que les permita medir mejor su peso (Leipold, 1995, pp. 294-295).

V.3. El fiscal puede compensar la falta de evidencia aumentando la magnitud de la pena posible en el juicio

En los casos en los que sabe que su evidencia no es tan buena como para convencer al imputado rapidamente de tranzar, el fiscal esta totalmente autorizado a ejercer una presion mucho mayor sobre el imputado aumentando el riesgo al que este se expone en caso de perder el juicio. Puede requerir una pena mucho mayor que la ofrecida en el acuerdo, incluyendo la pena de muerte (Brady v. United States, (1970).Tambien puede aumentar la cantidad de cargos por enfrentar en juicio, lo cual conlleva un incremento directamente proporcional de la pena (Wan, 2007, p. 43), o decidir tomar en cuenta los antecedentes penales del imputado, cosa que no habia hecho en el momento en que le ofrecio el trato y que se refleja directamente en el pronostico de pena.

Uno de los ejemplos mas dramaticos de las consecuencias de esta situacion es el caso Bordenkircher v. Hayes, en el que el fiscal le ofrecio a Hayes un acuerdo negociado de una pena de cinco anos si se declaraba culpable de haber falsificado un instrumento financiero por el valor de $ 88,30 dolares y haberlo puesto en circulacion. Hayes rechazo la oferta por considerar que la pena era excesiva para el monto del instrumento (Blume & Helm, 2014, p. 15). El fiscal decidio entonces tomar en consideracion que Hayes tenia dos condenas previas por delitos similares y lo acuso, cumpliendo asi la promesa que le hizo previamente, usando la ley de habitualidad criminal de Kentucky, que exponia al imputado a una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hayes fue condenado por el jurado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, en aplicacion de lo establecido por la ley. La Corte Suprema sostuvo que lo que habia hecho el fiscal no violaba el debido proceso (Bordenkircher v. Hayes, 1978). Ademas, los fiscales en Estados Unidos no estan limitados por reglas similares a las que se conocen en otros sistemas con el nombre de "concurso aparente" o "unidad de hecho", lo cual les permite imputar a una persona por todos los delitos que se puedan subsumir en su conducta, practica que se conoce con el nombre de "overcharging" (Graham, 2014, p. 702).

V.4. Las personas inocentes confiesan falsamente su culpa

Conociendo todo lo anterior, no debe sorprender que otra de las razones sea que, en muchas ocasiones, los casos estan basados en la falsa confesion de una persona tan inocente como asustada, que temia recibir en el juicio una pena mucho mayor que la que el fiscal le ofrecio. La bibliografia que da cuenta de este fenomeno es consistente (veanse, entre varios otros, Blume & Helm, 2014, pp. 21ss.; Hessick & Saujani, 2002, pp. 204-205; Schneider, 2013, pp. 286ss.; Trocino, 2016, pp. 89ss.; Wan, 2007, p. 40). De acuerdo con esta, existen razones para pensar que una cantidad importante de personas confiesan durante el interrogatorio policial crimenes que no cometieron. Aunque parezca dificil de creer para alguien que no conoce todo lo ya senalado, las pruebas de ADN han confirmado ya que, en al menos trescientos veinticinco casos desde 1989, el imputado se declaro culpable de un crimen que no cometio (Trocino, 2016, p. 86).La cifra no parece impresionante, pero tengase en cuenta que no en todos los casos hay evidencia biologica que someter a un test de ADN, que algunos Estados la destruyen cuando los procesos terminan o se vence el plazo de ley que los obliga a conservarla, y que no todos los que se saben inocentes tienen los recursos para costearla.

?Por que sucede esto? Por razones relacionadas con los factores previamente comentados. Declararse culpable de una pena menor, cuando la ofensa que esta en juego no es demasiado seria, le permite a los imputados salir en libertad rapidamente si el delito no es grave y no son reincidentes mediante la liberacion condicional (parole). Esto le conviene en especial a aquellos que no tienen dinero para pagar la fianza (Blume & Helm, 2014, p. 22). De manera similar, otros imputados calculan que saldran bien librados en la apelacion pero, ya que su prioridad inmediata es recuperar su libertad cuanto antes, aceptan declararse culpables a cambio de recibir una sancion no privativa de libertad en primera instancia (p. 24). Algunos saben que, con los antecedentes penales que tienen o por la naturaleza especialmente horrenda del crimen que se les atribuye (como violacion sexual de un menor de edad, por ejemplo), les conviene aceptar el acuerdo ofrecido por el fiscal porque, mas alla de que hayan cometido la nueva ofensa de la que se les acusa o no, es altamente probable que un jurado no los vea con simpatia.

Un efecto particularmente nocivo de las falsas confesiones es que practicamente suprimen la posibilidad de ganar en un juicio por jurado (Trocino, 2016, p. 90), a pesar de que el abogado defensor se esfuerce en explicar que la confesion se llevo a cabo en un entorno intimidante y que no fue brindada por corresponder a la verdad de los hechos, sino por temor. Una vez que se obtuvo la confesion, lo normal es que la policia deje de investigar (p. 91), con lo cual no se descubren potenciales elementos de descargo que la fiscalia estaria obligada a mostrarle a la otra parte (32). En la practica, las confesiones tienden a suprimir la necesidad de cualquier estandar de prueba. Tampoco se suelen buscar mas elementos que la corroboren.

Junto a la aparicion de las sanciones minimas obligatorias contenidas en las sentencing guidelines, que por razones de espacio no pueden ser comentadas aqui, esos son los principales factores que hacen del sistema masivo de acuerdos negociados de condena en los Estados Unidos uno bastante peligroso para el Estado de Derecho. El declive del juicio por jurado para causas penales es una consecuencia de su implementacion.

VI. CONCLUSIONES

De la misma forma como el juicio por jurado sucedio a las ordalias y al juicio por combate, los acuerdos negociados de condena parecen haber sustituido al juicio por jurado en los Estados Unidos, llevandose consigo todo lo que este tardo cientos de anos en construir. La historia de su apogeo y declive demuestra que, sin importar la trascendencia cultural y legal que una institucion pueda tener, la politica criminal puede transformarla segun sus necesidades y, si es necesario, reducirla a su minima expresion con tal de alcanzar sus fines. De poco vale que un derecho se encuentre reconocido en la Constitucion cuando mecanismos paralelos terminan asumiendo las funciones para las que este fue disenado y todos los incentivos se alinean de manera que el titular de ese derecho lo ceda "libremente".

En realidad, en condiciones normales, los ciudadanos reclaman por sus derechos en lugar de cederlos, pero si el contexto en el que deben hacerlo esta especialmente condicionado para que tengan la reaccion contraria, el resultado es el que se aprecia en Estados Unidos. Si el juicio por jurados para casos penales es hoy la excepcion y no la regla, es porque una serie de factores condicionaron dicha situacion. La enorme cantidad de personas que procesa el sistema, la necesidad de ahorrar recursos para los casos mas importantes, el extraordinario poder y discrecionalidad del fiscal para aumentar el riesgo al que se expone el imputado si decide a ir a juicio, los minimos obligatorios de penas aplicables y las politicas del tough on crime y mass incarceration son solo algunos de los elementos que explican el declive. Se necesitaria otro articulo para abordar todos ellos en detalle e incluso otros que tambien juegan un rol, como la eleccion de una gran cantidad de jueces y fiscales por votacion popular, o la publicidad y perpetuidad de los antecedentes penales, solo por poner algunos ejemplos. Escapa a los objetivos de este texto profundizar a ese nivel sobre la proliferacion de los acuerdos negociados de condena. Por ahora, es suficiente con lo senalado.

El valor agregado de la justicia por jurados consistia en el hecho de que compensaba las taras inherentes a todo sistema con la especial representatividad de los encargados de tomar la decision final. Ahora que esa logica ya no puede explicar el metodo principal de resolucion de disputas penales en los Estados Unidos y que la cantidad de personas en prision en el pais ha alcanzado extremos unicos a nivel mundial, la puesta en cuestion de la legitimidad del sistema parece mas urgente que nunca.

https://doi.org/ 10.18800/derechopucp.201701.006

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JOSE ARRIETA CARO *

University of Minnesota

* Candidato a Master of Law Program (LL.M), University of Minnesota. Abogado por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. El autor agradece los comentarios del profesor Ivan Meini, las observaciones formuladas por los dos revisores anonimos, y el apoyo del estudio Azabache Caracciolo Abogados en la preparacion del presente articulo. Codigo ORCID: 0000-0002-9518-1662. Correo electronico: arrie013@umn.edu

https://doi.org/ 10.18800/derechopucp.201701.006

(1) En 1984, el exfiscal de Louisiana, Marty Stroud, proceso y logro que un jurado condene a muerte a Glenn Ford por el supuesto delito de robo agravado y homicidio. A pesar de su condena, Ford paso 30 anos en la carcel sin ser ejecutado por distintas razones, hasta que en 2013 el verdadero culpable le confeso a un informante de la policia que fue el quien mato a la victima. Posteriormente, Stroud pediria disculpas publicas por haber excluido deliberadamente del jurado a ciudadanos que, al igual que Ford, eran afroamericanos, asi como por haber ignorado evidencia de descargo (vease el video de su mea culpa: "Watch a former prosecutor apologize for sending an innocent man to death row", 2016). Ford salio de la carcel en el ano 2014, solo para enterarse de que tenia cancer de pulmon avanzado. Fallecio 15 meses despues y nunca acepto las disculpas de Stroud (Cleveland, 2015).

(2) Para una descripcion detallada acerca los procesos de codificacion y formacion de las cortes, la figura del juez y el rol de la educacion legal vease Apple y Deyling (1995, pp. 12-30). Para el caso del Common Law, vease Dainow (1966, pp.421-423).

(3) Algunas fuentes senalan que aparecio en Normandia luego de la conquista normanda de Inglaterra, sin precisar si fue Guillermo de Normandia quien la llevo consigo (Arnette, 1968, p. 118; Plucknett, 2001, p. 111). Otros autores dan cuenta de las discusiones entre historiadores sobre este punto, indicando que algunos sostienen que la inquisitio existia en Inglaterra en un estado primigenio entre los anglosajones antes de la invasion (von Moschzisker, 1921, p. 2).

(4) Posiblemente Loh (1984) llega a esta conclusion debido a que en el anglo-frances y antiguo frances del siglo XIII se empleaba el termino juree, asi como el termino iurata en el latin medieval, para referirse a un juramento y a una investigacion judicial. Todos estos terminos provienen, a su vez, del latin iurare. Vease la entrada "jury" en el diccionario Merriam-Webster disponible en linea.

(5) Van Caenegem senala que los reyes desconfiaban de las ordalias (1991, p. 83). En 1100 d.C. Guillermo II juro que nunca mas recurriria a ellas luego de que cincuenta hombres acusados de diversos crimenes fueron sometidos a la ordalia del acero hirviente y salieron milagrosamente ilesos, probando su inocencia. El rey creyo que el clero habia amanado la prueba. Enrique II, menos radical, ordeno en 1166 y 1167 que los hombres que "probaran su inocencia" a traves de la ordalia del agua helada fuesen expatriados si habia testigos del poblado que insistian en su culpa. Cuando finalmente fueron abolidas en 1219, las ordalias ya eran principalmente un fosil (p. 87).

(6) Knight senala que el rey intento manejar la situacion reduciendo las penas aplicables para compensar la menor certeza en el esclarecimiento de los hechos que generaba la ausencia de las ordalias (1996, pp. 247-248).

(7) El estatuto de Winchester se modifico en 1275.

(8) Estudio derecho en Lincoln's Inn poco antes de convertirse al cuaquerismo, vease Adams (1993, p. 517).

(9) Algunas fuentes indican que el jurado dependio largamente, pero no totalmente, de la evidencia presentada ante el en el proceso durante el siglo XVII y buena parte del XVI, debido a que sus miembros todavia estaban autorizados a hacer uso de sus conocimientos generales para decidir un caso (Plucknett, 2001, p. 136).

(10) Las licencias que se tomaban los colonos para modificar algunas instituciones del Common Law segun sus preferencias tambien dio lugar al nacimiento de otra figura clave de su proceso penal: la fiscalia y, en particular, la fiscalia publica. Si bien al principio las colonias experimentaron con fiscales privados al estilo ingles, en 1704 Connecticut se convirtio en la primera en abandonar la persecucion privada y sustituirla por la publica. De la misma forma, el U.S. Attorney y el Attorney General, reconocidos en la Judiciary Act de 1789, fueron basicamente una innovacion estadounidense (Worrall, 2008, p. 6; Langbein, 1973, pp. 313-335).

(11) Tres grandes jurados se rehusaron a acusar a Zenger por difamacion, razon por la cual el gobernador tuvo que pedirle al abogado de la gobernacion que dirigiera una solicitud directamente a la corte llamada "information", que permitia iniciar el proceso sin necesidad de contar con la acusacion de un gran jurado (Langbein, 1973, pp. 313-335).

(12) El solo hecho de expresarse de manera critica contra las autoridades era considerado delictivo en el viejo Common Law, independientemente de que existieran o no fundamentos para ello (Alschuler & Deiss, 1994, p. 872).

(13) "[...] Los juicios de todos los crimenes, a excepcion de los casos de juicio politico, deberan ser por jurado; y dicho juicio debera llevarse a cabo en el Estado en donde los mencionados crimenes se hayan cometido; pero cuando no hayan sido cometidos en ningun Estado, el Congreso determinara por ley el lugar o los lugares en los que se realicen" (U.S. Constitution [U.S. Const.] art. III, [seccion] 2).

(14) "En todas los procesos penales, el acusado debera disfrutar del derecho a un juicio rapido y publico, por un jurado imparcial del Estado en donde el crimen se haya cometido, cuyo distrito debera haber sido previamente definido por ley; y a ser informado de la naturaleza y causa de la acusacion; a ser confrontado con los testigos contra el; a tener proceso obligatorio para obtener testigos a su favor, y a contar con la asistencia de un abogado para su defensa" (U.S. Const. enm. VI; las cursivas son mias).

(15) "Ninguna persona debera ser sometida a responder por un crimen capital, o cualquier otro crimen infame, a menos que exista una presentacion o acusacion del Gran Jurado, excepto en casos relacionados a las fuerzas terrestres o navales, o en la milicia, cuando exista servicio activo en tiempo de guerra o gran peligro; [...]" (U.S. Const. enm. V; las cursivas son mias).

(16) Estas medidas, aunque democratizaron en algo la composicion de los jurados, no fueron bien vistas por todos. Mark Twain, por ejemplo, llego a decir "tenemos un sistema de jurados superior a cualquier otro en el mundo, y su eficiencia solo es estropeada por la dificultad de encontrar cada dia doce hombres que no sepan nada y no puedan leer" (citado en Alschuler & Deiss, 1994, p. 882).

(17) Burnham cita la decision de la Corte Suprema en el caso Hana Financial, Inc. v. Hana Bank(1996), donde la Corte Suprema ha senalado que el jurado esta autorizado a resolver una cuestion mixta de hecho y derecho incluso si la cuestion que en definitiva decide el caso es de este tipo (2016, p. 93).

(18) "Siendo necesario contar con una bien regulada milicia para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a tener y portar armas no debera ser infringido" (U.S. Const. enm. II).

(19) "[...] the equal protection and due process clauses were designed to take [...] a measure ostensibly drafted to protect the Negro race" (Graham, 1938, p. 171).

(20) "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdiccion, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen. Ningun Estado debera promulgar o ejecutar una ley que pueda restringir los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ningun Estado podra privar a ninguna persona de la vida, libertad, o propiedad, sin el debido proceso de ley, ni denegarle a ninguna persona dentro de su jurisdiccion la proteccion igualitaria de la ley"(U.S. Cons. enm. XIV; las cursivas son mias).

(21) La doctrina de la incorporacion selectiva senala que no todas las garantias listadas en el Bill of Rights son necesariamente oponibles a los Estados a traves de la clausula del debido proceso de la enmienda XIV, sino solo aquellas que, consideradas en su totalidad, resulten ser parte de la verdadera "esencia del esquema de libertades organizadas" estadounidense. En la practica, casi todas las vinculadas con el proceso penal han superado este test (vease Israel et al., 2016, p. 32).

(22) Las interpretaciones de la Constitucion Federal de los Estados Unidos realizadas por la Corte Suprema Federal se consideran reglas vinculantes con el mismo rango de jerarquia que la propia Constitucion y solamente pueden modificarse por la propia corte mediante el overruling, o a traves de una enmienda constitucional (Burnham, 2016, p. 43).

(23) Esto no significa que los delitos con una pena inferior a esa cantidad pudiesen ser procesados necesariamente sin un juicio por jurado. La "seriedad minima" expresada en la sancion que un delito debia tener para obligar al Estado a proveer un juicio por jurado a quien lo requiriese no fue establecida por la Corte en el caso. Esta se limito a indicar que un delito sancionado con dos anos de prision era claramente suficientemente importante como para activar el derecho a un juicio por jurado (Duncan v. State of Louisiana, 161-162).

(24) "[...] (c)Solicitud del jurado para revisar evidencia: La Corte, luego de avisar a las partes, puede hacer disponible para el Jurado el testimonio o cualquier otra evidencia solicitada por este. Con el fin de no darle indebida preeminencia a la evidencia solicitada, la Corte puede poner a disposicion tambien evidencia adicional relacionada con la misma cuestion factica" (Maryland Rules [Md. R.] 4-326, "Revision de Evidencias y Comunicaciones por el Jurado").

(25) Los veredictos especiales son veredictos en los que el jurado civil emite un pronunciamiento detallado, explicando toda la secuencia de hechos probados que siguio para determinar cual de las dos partes tiene razon en el caso (Burnham, 2016, p. 114).

(26) "(a) Antes de la remision del caso aljurado. Despues de que el gobierno cierre su exposicion de evidencias o luego del cierre de todas las exposiciones de evidencia, la Corte, ante una mocion del imputado, puede emitir una decision de absolucion por cualquier ofensa para la cual la evidencia sea insuficiente para sostener una condena. La Corte debera considerar por si sola si la evidencia es insuficiente para sostener la condena. Si la Corte deniega la mocion al cierre de la presentacion de evidencia del gobierno, el imputado debera ofrecer evidencia sin haberse reservado el derecho de hacerlo. [...] (c)Despues del veredicto o descargo. (1)Tiempo para la mocion. El imputado debera interponer su mocion para juzgamiento de absolucion, o renovar dicha mocion, dentro de los 14 dias de haberse emitido el veredicto de culpabilidad, o despues de que la Corte haya disuelto el jurado, cualquiera que sea posterior entre estas dos opciones. (2)Decision de la mocion. Si el jurado emitio un veredicto de culpabilidad, la Corte debera anular ese veredicto y absolver al imputado. Si el jurado no entrego un veredicto, la Corte podra absolver al imputado" (Federal Rules of Criminal Procedure [Fed. R. Crim. P] 29, "Mocion para Juzgamiento de Absolucion").

(27) Para eso es necesario que ambas partes, fiscalia e imputado, esten de acuerdo en prescindir del jurado y someter el caso al veredicto del juez.

(28) La tasa de encarcelamiento en los Estados Unidos al ano 2010 era de 760 por cada 100,000 habitantes. Para tener una idea de la magnitud de la cifra, el segundo pars en el ranking era Rusia, que, sin embargo, tenia una tasa bastante menor, de 592 por cada 100,000 habitantes. Cifras mas recientes registran una ligera carda que no afecta la situacion de encarcelamiento masivo. Kaplan, Weisberg & Binder (2016, p. 23) indican una tasa de 698 por cada 100,000 para el ano 2015, frente a los 445 de Rusia.

(29) Tonry senala que si bien el aumento del crimen pudo haber jugado un rol al inicio de esta tendencia debido a la existencia de un cierto patron que relaciona el aumento del numero de personas encarceladas al aumento de la criminalidad, este no puede explicar la realidad carcelaria sin la variable politica, entre otros factores (1999, pp. 421-422).

(30) Hay un tipo de acuerdo negociado que le permite al imputado acogerse a la pena ofrecida por el fiscal y ser condenado a pesar de seguir sosteniendo su inocencia. Se llama el acuerdo negociado de condena "alford" (o alfordplea) (Ward, 2003, pp. 913ss.).

(31) "Acuerdos Negociados. [...](b) Considerando y aceptando un acuerdo negociado de culpabilidad o nolo contendere. [...]. (3) Determinando las bases factuales para el acuerdo. Antes de aceptar un acuerdo negociado de condena, la Corte debe determinar que exista una base factual para el acuerdo" (Fed. R. Crim. P 11).

(32) Las reglas del litigio en los Estados Unidos obligan a las partes a develarse mutuamente la informacion que tengan que pueda perjudicar su caso como, por ejemplo, la que ponga en juego la credibilidad de sus testigos o la concurrencia de los elementos del crimen imputado.
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Author:Arrieta Caro, Jose
Publication:Derecho PUCP
Date:Jun 1, 2017
Words:20270
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