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Ante la pesadilla de Iguala, las guerrillas despiertan.

[ILUSTRACION OMITIR]

Los grupos insurgentes de Guerrero salieron de un prolongado letargo sacudidos por el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa, agresion de la cual responsabilizan tanto a fuerzas federales como al narcotrafico. En una maniobra sin precedentes en los ultimos anos, emitieron durante el mes de octubre una larga serie de comunicados en los que analizan los acontecimientos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre y anuncian, entre otras acciones, la creacion de "brigadas de ajusticiamiento". Un documento de inteligencia del gobierno, a su vez, hace el recuento de esas agrupaciones y de algunos de sus supuestos lideres y alerta sobre sus intenciones de unificarse.

La reactivacion de la guerrilla en Guerrero luego del ataque a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa preocupa al gobierno federal, que teme la radicalizacion de cinco organizaciones armadas con presencia en la entidad y a las cuales ubica detras de la Asamblea Nacional Popular (ANP), cabeza de las protestas y manifestaciones en demanda de la presentacion con vida de los 43 normalistas desaparecidos.

En medio de la condena nacional e internacional contra el gobierno de Enrique Pena Nieto, la guerrilla mexicana tambien alzo la voz--como no lo habia hecho en las ultimas dos decadas--para acusar conjuntamente al Ejercito, policias, paramilitares y narcotraficantes de haber secuestrado y desaparecido a los estudiantes de Ayotzinapa y de la muerte de seis personas el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

En el curso del mes pasado, el Ejercito Popular Revolucionario (EPR), el Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), las Milicias Populares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberacion del Pueblo emitieron 13 comunicados. Desde Chiapas el Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional difundio otros tres. En todos se exige la aparicion con vida de los 43 normalistas y se hace responsable de los hechos al gobierno de Pena Nieto.

Un mes despues de la desaparicion de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raul Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno federal ve con nerviosismo el posicionamiento de los grupos guerrilleros que expresan apoyo a los familiares de los desaparecidos, anuncian la creacion de "brigadas de ajusticiamiento" y llaman a sus bases a un "estado de alerta".

Erubiel Tirado, especialista en temas de seguridad nacional, dice a Proceso que esta reactivacion de los grupos guerrilleros deberia tener "mas que alarmadas" a las estructuras de seguridad del gobierno de Pena Nieto, pues lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa crea las condiciones para su rearticulacion y aumenta la simpatia social hacia la via armada. "Hasta hace poco era una variable de accion social que estaba dormida y ahora ha despertado".

A su vez el abogado Felipe Edgardo Canseco Ruiz, quien hace anos pertenecio al Partido Revolucionario Obrero Clandestino Union del Pueblo-Partido de los Pobres (PROCUP-PDLP), indica al reportero que es preocupante que solo ahora el gobierno repare en la existencia de estos grupos: "El crimen de Ayotzinapa los vuelve a colocar en la situacion de actuar ante las deliberadas acciones del gobierno de cancelar las vias pacificas y politicas para transformar el pais. La inaccion del Estado fortalece la postura de quienes afirman que la unica via para transformar el pais es la lucha armada".

Complicidad militar

Para los grupos guerrilleros lo sucedido el 26 de septiembre en Iguala es un "crimen de Estado planificado por el mando unico policiaco-militar".

Un dia antes de la reunion de Pena Nieto con familiares de los estudiantes de Ayotzinapa--ocurrida el 29 de octubre--, la dirigencia del EPR acuso al Ejercito de la desaparicion de los normalistas y de ser responsable de las fosas clandestinas encontradas en las cercanias del cuartel del 27 Batallon de Infanteria, en el municipio de Iguala.

En un comunicado fechado el 28 de octubre, el EPR senalo: "La cercania geografica del 27 Batallon de Infanteria con las tumbas clandestinas comprueba una vez mas el origen de la mano criminal, reafirma que los autores materiales de estas ejecuciones extrajudiciales es el mismo ejercito federal en coordinacion con los demas cuerpos policiaco-militares-paramilitares".

Y apunta que "los misteriosos civiles" a los cuales supuestamente les fueron entregados los normalistas, en realidad "son militares en mision contrainsurgente de paramilitarismo", quienes para fabricar el crimen perfecto han pretendido endosar el ataque a los delincuentes. Sin embargo, esta intencion se ha desdibujado, pues, sostienen, se trata de "un crimen de Estado con motivaciones politicas" contra la Federacion de Estudiantes Campesinos Socialistas de Mexico, formada en 1935 y a la cual se acusa de tener ligas con grupos rebeldes armados.

En un comunicado previo, el EPR ya habia delineado su denuncia acerca de la presunta participacion del Ejercito en la desaparicion de los normalistas. "Que a nadie le quede la menor duda que es el Estado a traves de sus cuerpos policiacos, militares y paramilitares quienes perpetraron este crimen de lesa humanidad en Guerrero. Iguala es un municipio con presencia de las fuerzas castrenses y de la policia federal, quienes en operativo conjunto con los municipales y grupos paramilitares cometieron la masacre y desaparicion forzada".

Por su parte el ERPI, en comunicado fechado el 6 de octubre, advirtio que "obligado a romper el silencio" por la desaparicion de los 43 normalistas y la muerte de otros seis civiles en Iguala, llama a la formacion de la Brigada de Ajusticiamiento 26 de septiembre "para enfrentar aspectos politicos-militares (en) esta nueva afrenta del narcoestado mexicano y, particularmente, al cartel de sicarios del Estado, mal llamado Guerreros Unidos".

Emulando a las brigadas de ajusticiamiento de Lucio Cabanas, el ERPI pide a la sociedad recabar toda la informacion sobre los integrantes de Guerreros Unidos, asi como sus propiedades e intereses, para ponerlos a su disposicion por cualquier via. Acusan de complice a la corriente Nueva Izquierda del PRD, la cual apoyo al exalcalde de Iguala, Jose Luis Abarca, y al exgobernador guerrerense Angel Aguirre.

Los zapatistas, en un comunicado conjunto con el Congreso Nacional Indigena emitido el pasado 22 de octubre, senalan a su vez que el gobierno ha pretendido minimizar "la criminal represion" hacia los normalistas como si fueran unas victimas mas de la delincuencia, pero que en realidad se trata de una accion del "narcoestado".

Las Milicias Populares, de reciente creacion, insisten en que el Ejercito participo en la matanza y desaparicion de los normalistas en Iguala, pues resguardaron a los policias y sicarios.

"Estamos ante un Estado mafioso que creo, desarrollo y protege a su propia delincuencia organizada y la usa o desecha segun las propias necesidades economicas y politicas del sistema explotador", senala este grupo en su segundo comunicado, fechado en Guerrero el pasado 16 de octubre.

El ERP, por su parte, lanzo en su comunicado del 1 de octubre la idea de formar la Unificacion Revolucionaria y lograr un acuerdo entre todas las agrupaciones guerrilleras para hacer frente al "terrorismo de Estado".

La reactivacion

Desde el 26 de septiembre, cuando desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa, los cinco grupos insurgentes con presencia en Guerrero han emitido 13 comunicados exigiendo la presentacion con vida de los 43 estudiantes.

Estas organizaciones--calificadas de "subversivas" por el gobierno federal--no se habian movilizado desde hacia dos decadas, cuando aparecio el EZLN en Chiapas en 1994 y se delineo la formacion de una Alianza Nacional Guerrillera junto con el Ejercito Popular Revolucionario, integrado desde mayo de ese ano por 14 agrupaciones, entre ellas el PROCUP-PDLP, nacido precisamente en las montanas de Guerrero y Oaxaca.

"Con el conflicto de Ayotzinapa e incluso desde antes, se estan dando las condiciones para la reactivacion de estos grupos que estaban sin manifestarse con acciones concretas o armadas como los casos del EPR y ERPI, y que ahora estan planteando una alianza nacional de guerrillas como no se habia planteado desde hace dos decadas", senala Erubiel Tirado.

"Las estructuras de seguridad del gobierno deberian estar mas que alarmadas, porque este tipo de posicionamientos generan un contexto de simpatia social que para ciertos grupos radicales pudieran ser una alternativa de accion. De estar en una posicion de la momia, sin posibilidades de reaccionar, ahora estan motivados con esta crisis de seguridad con un nuevo protagonismo, en un contexto que les puede favorecer en terminos de reclutamiento o cuando menos de simpatia social."

Un documento interno del gobierno federal fechado el 15 de octubre expresa nerviosismo por los llamados de los movimientos insurgentes a movilizarse y reagruparse: "Resulta preocupante la presencia y reactivacion de organizaciones subversivas en este movimiento, ya que en caso de que no sean satisfechas sus demandas podrian radicalizar sus acciones, incluso con atentados en contra de instalaciones vitales", senala el informe de seguimiento del caso de los normalistas desaparecidos.

Y advierte: "Durante los ultimos dias varios dirigentes sociales y sindicales vinculados con grupos subversivos se han ido apropiando de la direccion de este movimiento, razon por la cual se da como un hecho la radicalizacion de las acciones en toda la entidad".

Segun la documentacion gubernamental a la que este semanario tuvo acceso (Proceso 1981), son ocho los activistas presuntamente ligados con los "grupos subversivos": Gustavo Adolfo Lopez Ortega, del Frente de Izquierda Revolucionara (FIR), a quien se identifica como "uno de los mandos principales del EPR en Oaxaca"; Filiberto Meza Prieto, de la Seccion 22 del SNTE (adscrita a la CNTE), "uno de los ideologos de la celula del EPR en Oaxaca"; Augusto Fernando Reyes Medina y Nicodemus Hermilio Baltazar Vazquez, tambien de la Seccion 22, "a quienes se les vincula con el EPR".

Tambien se cita a Victor Flores Flores, del Frente de Organizaciones Democraticas de Guerrero, "quien tiene nexos con grupos subversivos en esa entidad"; a Eliseo Villar Castillo, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policia Comunitaria, a quien ligan con el ERPI; a Manuel Salvador Rosas Zuniga, de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educacion de Guerrero (CETEG), "a quien relacionan con el EPR", y finalmente a Manuel Olivares Hernandez, dirigente de la Red Guerrerense de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, "vinculado durante mucho tiempo con el ERPI".

El informe de inteligencia gubernamental enlista tambien a las organizaciones que forman la ANP, formada por 73 agrupaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y de pueblos campesinos e indigenas que se constituyo a raiz del caso de la normal de Ayotzinapa; senala que varios de ellos estan integrados a movimientos "subversivos".

De estas agrupaciones dice que el Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca, el Frente Unico de Lucha para la Reconstruccion de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el FIR presuntamente tienen ligas con el EPR.

En conferencia de prensa el pasado 28 de octubre en Chilpancingo, el secretario general de la CETEG, Ramos Reyes Guerrero, nego que esa organizacion este ligada a grupos armados: "Atras de nosotros no esta el ERPI, el EPR. Lo desmentimos totalmente. Nuestras armas son el dialogo, la protesta. Aqui esta la muestra (en referencia a la toma de Galerias Chilpancingo) y seguiremos adelante. Nosotros apenas podemos trasladarnos de un lugar a otro; menos podemos agarrar cosas que no son, que no tenemos y nunca vamos a tener".

Reitero que la lucha de la ANP-a la cual pertenece la CETEG--tiene unicamente el objetivo de conseguir la presentacion con vida de los 43 normalistas desaparecidos, el esclarecimiento de los hechos y castigo a los autores materiales e intelectuales de esas desapariciones y de los asesinatos.

En la misma conferencia Marco Vinicio Davila Juarez, miembro de la Comision Politica del FIR, apunto: "Desmentimos publicamente lo que nosotros llamamos matrices de opinion que esta generando el gobierno federal a traves de diferentes medios. No es la primera vez que pasa: lo han hecho cada que nos movilizamos, cada que salimos a la calle a protestar".

Segun informacion del corresponsal de Proceso en Guerrero, Ezequiel Flores, el integrante del FIR acuso a las autoridades de predisponer a la ciudadania contra las organizaciones sociales. "No es nuestra forma de lucha. No la descalificamos pero no son nuestras formas. Es lo que queremos denunciar, sobre todo porque la protesta va a seguir no solamente en Guerrero, sino a nivel nacional", agrego.

El pasado 24 de octubre la ANP--en una reunion a la cual asistieron 73 organizaciones en Ayotzinapa--aprobo las medidas que tanto temia el gobierno federal: Ocupacion de los 81 municipios de Guerrero y avanzar a otros estados; bloqueo a trasnacionales; toma de medios, aeropuertos, puertos y del Instituto Nacional Electoral para impedir las elecciones del proximo ano.

Ademas convocara a un paro nacional, a la realizacion de tomas de carreteras en Guerrero, del Banco de Mexico y de embajadas en el Distrito Federal, y hara una denuncia ante la Comision Interamericana de Derechos Humanos.
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Author:Olmos, Jose Gil
Publication:Proceso
Date:Nov 2, 2014
Words:2275
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