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Afectados ambientales. Hacia una conceptualizacion en el contexto de luchas por el reconocimiento.

Environmentally affected people. Towards a conceptualization in the context of struggles for recognition

INTRODUCCION

Los conflictos ambientales generados por los grandes proyectos de explotacion intensiva de los recursos naturales, con altos impactos socioambientales en America Latina (megamineria, agronegocios, grandes proyectos de infraestructura energetica), son una expresion actual de la lucha contra la desigualdad e injusticias estructurales en la region. Las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y economicas de tales emprendimientos recaen sobre grupos poblacionales que ya padecen historicas formas de exclusion y vulneracion de sus derechos, y se acentuan en el marco de la destitucion neoliberal de estructuras de control, regulacion y proteccion a traves de las cuales el Estado garantiza la salud y un ambiente sano a sus habitantes. En este contexto, inscribimos el recorrido de varios anos de trabajo en la investigacion con nuestros conciudadanos, los afectados directos por la contaminacion ambiental en el caso de la utilizacion masiva de agrotoxicos en la produccion de soja transgenica en Argentina.

No nos referimos en esta oportunidad a la compleja configuracion multiactoral y multiescalar de los agronegocios (Gras & Hernandez, 2013), sino tan solo senalaremos que la expansion de la frontera agropecuaria en el marco de la commodificacion de los bienes agricolas, incorporando agrobiotecnologia, ha implicado desmontes de bosques nativos, desalojo forzoso de las comunidades que los habitaban, perdida de biodiversidad y uso intensivo de agrotoxicos en zonas urbanas y periurbanas, contaminando el suelo, el aire, el agua y la salud de las personas. En lo que se refiere especificamente a impactos sanitarios, la exposicion continua y prolongada al uso intensivo de agrotoxicos--que padecen principalmente trabajadores y poblaciones rurales y periurbanas--ocasiona tanto enfermedades agudas y cronicas de creciente gravedad epidemiologica a raiz de los efectos cancirogenicos, teratogenicos y mutagenicos por la exposicion prolongada de seres vivos a sustancias toxicas.

Los afectados vienen realizando un largo camino que se inicia desde la percepcion del dano en sus cuerpos, al salto--casi heroico--al espacio publico: aparicion, denuncia publica y judicial, movilizacion colectiva, interpelacion a autoridades publicas, para lograr el reconocimiento del dano y del riesgo, la sancion de los responsables, y para exigir la condena, la reparacion y el resarcimiento a las victimas. No obstante la respuesta, mas que un acercamiento al reconocimiento, es una suma de dispositivos que profundizan la injusticia: invisibilizacion, abandono institucional, exclusion de la participacion, discriminacion y estigmatizacion, que finalmente tienen efectos de modulacion o paralisis de la accion politica ciudadana.

Desde este contexto, una primera hipotesis del trabajo que aqui compartimos es que el cuerpo, la experiencia y la narracion de los afectados ponen en evidencia toda la trama de la falta de actualizacion, de la omision y de las responsabilidades que hacen a la vulneracion de derechos. Como hemos abordado en trabajos anteriores (Berger, 2013; Carrizo & Berger, 2009; 2012), la ciudadania se autoafirma frente al despojamiento de un orden de reconocimiento juridico politico-institucional (Honneth, 1997; Ricoeur, 2006; Butler, 2007) que hace a lo que Honneth (1997) define como la autorreferencia practica de la persona, y por lo tanto, al ejercicio de su autonomia individual y colectiva.

Desde esta hipotesis, en la primera parte del articulo presentamos una descripcion de las experiencias de los afectados y de como estas develan la trama institucional que acentua la injusticia ambiental. Seguidamente daremos cuenta de algunos dispositivos que contribuyen a profundizar la denegacion de reconocimiento a las victimas, asi como estrategias de las luchas para desactivarlos. Abordaremos para ello una experiencia emblematica para America Latina, en la ciudad de Cordoba, Argentina, por la lucha del autodenominado Grupo de Madres de Barrio Ituzaingo Anexo.

Una segunda hipotesis de la que pretendemos dar cuenta en el desarrollo del articulo es que una conceptualizacion politico-institucional y teorica de los afectados ambientales es clave para una politica del reconocimiento. En este sentido, vemos una enorme tarea por delante a la que pretendemos realizar un pequeno aporte para la densificacion de los debates, acudiendo para ello a distintos contextos de uso de esta nocion: los desarrollos del derecho en torno al dano ambiental y a una <<victimologia verde>>; los afectados como las victimas del desarrollo y la responsabilidad de las empresas transnacionales por la violacion de derechos humanos; la construccion de la nocion de afectados en las politicas de reparacion y resarcimiento por los danos, y finalmente, un contexto de uso teorico-academico en dialogo con el movimiento de la justicia ambiental. Son estos contextos en los que se van tramando tambien las condiciones de inteligibilidad de esos cuerpos y experiencias, marcos interpretativos que anteceden y prefiguran el reconocimiento.

En cuanto a nuestra estrategia metodologica, en sintonia con nuestra perspectiva teorica y epistemologica, incorporamos los aportes de los llamados <<giros>> pragmatista, narrativo y de la performatividad del lenguaje en las ciencias sociales (Joas, 1996, 1998; Ricoeur, 1999) centralmente por la posibilidad de entender los procesos de construccion de significado como experiencias singulares en un contexto de interacciones discursivas, por la facultad de los sujetos de elaborar narrativamente esas experiencias. Tambien por el rasgo distintivo en lo epistemologico, que no se queda solo ni en la explicacion causal ni en la interpretacion, sino en una atestacion (Ricoeur, 2008), un dar cuenta de los otros y escribir cual testigo, una historia publica, o en terminos de Dewey (2004), una co-construccion de sentido al calor de los problemas publicos en los que el investigador es un hablante entre otros. En este marco, las entrevistas devienen conversaciones con nuestros conciu dadanos, o dispositivos de interpelacion cuando se trata de funcionarios publicos. El analisis de documentos aporta a delimitar ese contexto intersubjetivo, a dilucidar los contextos y narrativas institucionales, legales, juridicas y periodisticas que hacen al trasfondo de las interacciones. La revision bibliografica aporta tambien desde la construccion conceptual academica, teorica y politica, a densificar una autocomprension publica y comun.

LA EXPERIENCIA DE LOS AFECTADOS DEVELANDO LA TRAMA INSTITUCIONAL DE UNA INJUSTICIA AMBIENTAL

A nosotras tambien nos movilizo mucho el dolor ... vos sabes que tu vecino tiene un hijo enfermo, o tiene un nieto y una sabe el dolor que siente, sabe lo que siente una mama con un hijo con un cancer o una leucemia, una sabe y sabemos hasta donde puede llegar esa criatura, eso a nosotros nos moviliza y nos movilizo siempre (1)

A mediados de la decada de 1990 Argentina comienza a desarrollar en escala la produccion de soja transgenica, y hacia el ano 2003 se consolida dentro de los tres principales paises productores-exportadores de esta mercancia agricola. La tendencia al monocultivo y las ganancias economicas por el boom de su cotizacion en los mercados llevaron a una expansion ilimitada que sobrepaso las zonas rurales y llego a las zonas urbanas y periurbanas, sin controles del cultivo y con una actividad de fumigacion que usaba masivamente agrotoxicos, lo que origino un alto impacto en la perdida de biodiversidad y en la salud de las poblaciones expuestas. A pesar de la existencia de un divergente pero especifico marco normativo que regula las fumigaciones (2), tal ordenamiento legal no se actualiza, ya que no hay capacidad de control o poder de policia como tampoco sancion por la administracion de justicia. En este contexto, el Barrio Ituzaingo Anexo de la Ciudad de Cordoba se volvio emblematico de la autorganizacion ciudadana. Un grupo de madres comenzo a indagar sobre los efectos de una contaminacion principalmente originada en las fumigaciones que se realizaban en los campos colindantes a las viviendas, afectando a ninos y ninas que jugaban en sus calles--y a los habitantes en general--, ya sea por la exposicion aerea cuando se rociaban los techos y los tanques de agua de las viviendas (3). Surgio de esta experiencia, el autodenominado Grupo de Madres de Barrio Ituzaingo Anexo, un colectivo de mujeres que inicio con su lucha toda la tematizacion de las consecuencias sanitarias y ambientales del modelo de los agronegocios.

Las personas que sufren los efectos de la contaminacion ambiental son casi en su totalidad victimas inocentes. No saben del problema al que estan expuestas hasta que empiezan a percibir en sus propios cuerpos los impactos: afecciones dermatologicas, respiratorias, gastrointestinales, nerviosas, disrupciones endocrinas. Comienzan a indagar por sus propios medios sobre la toxicologia de las fumigaciones con agrotoxicos --que identifican como probables causantes de esas afecciones y de otras mas cronicas a la salud--, y descubren que el uso masivo de aquellos esta vinculado con la proliferacion de canceres de todo tipo, las malformaciones en fetos y abortos espontaneos, la esterilidad masculina y femenina. Al hacerlo, descubren un mundo nuevo de terminos, de especialidades medicas, de tipos de estudios ambientales.
   Ellos, con las fumigaciones, nos han fumigado con avionetas, no les
   importo la gente, nadie fue capaz de decir: <<no, hay un barrio
   cerca...>>. No, si no salia la gente, si no saliamos nosotros a
   pelear, esto todavia lo seguirian haciendo. Se frenaron gracias a
   la pelea. La organizacion surgio porque tuvimos que defendernos de
   algo que nos estaba danando (4).


Entre el dolor de la aceptacion de la enfermedad propia, de otros familiares y vecinos, o--lo mas preciado--de la salud de los hijos, y la sensacion de que <<algo esta mal>>, algunos afectados mantienen el sufrimiento en privado, casi como si fuera un problema congenito o hereditario. Otros, contando con lo que pueden sus cuerpos, atraviesan el umbral de lo publico y producen una diferencia en ese normal curso de sucesos, haciendo un problema publico.

Los afectados comienzan por denunciar la problematica a las autoridades sanitarias y ambientales, toman contacto con organizaciones y redes que estan trabajando en el tema, y envian informacion a la prensa local. Comienza a partir de ese primer acto de enunciacion el reclamo de una respuesta oficial de parte del estado: primero, para que las autoridades sanitarias aclaren las causas de las enfermedades y afecciones, y luego, para intervenir en la resolucion de los problemas.

A partir del reclamo ciudadano, el Estado interviene lenta y deficitariamente. En el caso de Barrio Ituzaingo Anexo de Cordoba, en el gobierno provincial, el Ministerio de Salud realizo censos epidemiologicos, sin contar con protocolos especificos o adecuados al problema, con paradigmas epistemologicos basados en la causalidad, con subregistros y otros problemas posteriormente observados en una auditoria de la OPS, excluyendo la participacion de los afectados en la realizacion del censo y denegando la informacion autogenerada por los propios habitantes y en particular por el grupo las Madres de Barrio Ituzaingo Anexo, que confeccionaron un <<mapa de la muerte>> en el que fueron identificando las distintas afecciones en la cuadricula del barrio. El Ministerio de Salud de la provincia de Cordoba coordino con la Agencia de Ambiente para realizar estudios de suelo y agua que demostraron la presencia de residuos de plaguicidas y metales pesados, y finalmente encargo una auditoria ambiental a expertos universitarios, para concluir que los valores hallados estaban dentro de lo normal y que esa situacion justificaba el fin de los estudios.

Previamente intervinieron tambien retirando dos fuentes de probable contaminacion, por un lado la provision de agua domiciliaria mediante tanques en las casas, por el establecimiento de una red de agua potable--con la firma de un acuerdo de no realizacion de juicios a la empresa privada prestataria del servicio--y la remocion y reemplazo de los transformadores de energia electrica por el derrame de PCB, bajo un programa Cordoba Libre de PCB, a cargo de la Empresa Provincial de Energia Electrica.

En paralelo a la intervencion y pronta retirada del nivel provincial de gobierno, el nivel municipal habia respondido al reclamo del Grupo de Madres con la declaracion del barrio en <<emergencia sanitaria>>, la creacion de un centro de salud en el lugar de la contaminacion y la realizacion de un relevamiento epidemiologico. Posteriormente, la intervencion de la OPS, para dictaminar que Barrio Ituzaingo era un sitio contaminado, a partir de lo cual posteriormente se gestiono un pequeno fondo de un programa de Naciones Unidas para la reparacion, que dio lugar al llamado Plan Ituzaingo. Resulta clave, de la intervencion municipal, la realizacion de un estudio de biomarcadores de exposicion en ninos del barrio, que muestra la presencia de plaguicidas en la sangre de la mayoria de quienes participaron de la muestra, y en un posterior estudio que compara con una poblacion no expuesta--de la ciudad de Cordoba--muestra que los ninos del barrio tienen mas residuos en sangre que los que no viven en el barrio.

Mientras que las autoridades federales derivaron varios anos el problema en la competencia provincial (<<con los problemas de Cordoba no nos metemos>>, les habrian respondido a las Madres en 2002 cuando el grupo viajo a Buenos Aires a pedir audiencia con varios ministerios y secretaria de Derechos Humanos), en otra coyuntura politica en 2009, la presidenta de la Nacion instruye una Comision Nacional de Investigacion sobre Agroquimicos y Salud, cuyo informe final no fue concluyente con respecto a la situacion denunciada por los afectados, sino que enuncio el discurso corporativo de las buenas practicas agricolas; es decir, el problema no era la toxicidad de las sustancias y sus residuos sino del uso que de estas hacian los productores y aeroaplicadores.

Las integrantes del Grupo de Madres y vecinos de Barrio Ituzaingo Anexo tambien acudieron tempranamente a la Administracion de Justicia, realizando denuncias por el delito de contaminacion contra los productores responsabilizados y contra los funcionarios publicos por la omision de su deber de fiscalizacion. Pasaron diez anos hasta que se consustancio el primer juicio en el pais--y probablemente en America Latina--a productores y aeroaplicadores, por el delito de poner en peligro la salud de una poblacion declarada en emergencia sanitaria, con fumigaciones realizadas ilegalmente. Sin embargo, en el camino judicial prescribieron las responsabilidades de los funcionarios publicos por accion u omision de controles y vigilancia sanitaria, y la condena de los productores no esta firme por la apelacion de la defensa.

En lo que respecta al Poder Legislativo, para completar esta descripcion, la lucha de las Madres alcanzo tambien el nivel provincial y el municipal. En cuanto al primero, las demandas ciudadanas lograron actualizar la ley provincial de fitosanitarios con el objeto primordial de proteger la salud humana, estableciendo distancias para las aplicaciones terrestres y aereas. En lo relacionado con el nivel municipal, lograron ordenanzas que prohibieron la actividad de fumigar en el barrio y de fumigaciones aereas en todo el ejido de la ciudad de Cordoba, como producto de la movilizacion sostenida para que los legisladores actuaran ante un problema publico de esta envergadura.

En sintesis, vemos como en este caso los afectados, solo contando con lo que pueden sus cuerpos y testimonio, han generado una movilizacion institucional sin precedentes en todos los niveles y jurisdicciones del Estado y la administracion publica. Lograron tematizar el problema de las consecuencias sanitarias y ambientales del uso de agrotoxicos, y abrieron el camino de una lucha reconocida mas alla de las fronteras nacionales, no obstante lo cual mantiene un territorio de injusticia en el propio barrio. Los afectados se encuentran aun hoy sin recibir tratamiento; las enfermedades siguen apareciendo y llenando el mapa de la muerte que las Madres no han dejado de actualizar dia a dia. Aquellos ninos y ninas con biomarcadores de plaguicidas en sangre se mantienen sin seguimiento y con la angustiosa incertidumbre de sus padres. El barrio permanece sin la reparacion ambiental de su suelo, tan solo se ha realizado obra publica como pavimentacion y alumbrado, pero la tierra contaminada no ha sido remediada y se permitio, de forma ilegal, la construccion de nuevas viviendas.

La multiplicidad de los dispositivos de denegacion de reconocimiento

Esta situacion de vulneracion de derechos a la salud y el ambiente se agrava cuando, ademas del dano y el riesgo a los que son expuestos sus cuerpos y formas de vida, los afectados padecen continuas formas de violencia institucional. Es particularmente a traves de estos mecanismos que ahondan la privacion de reconocimiento y la injusticia ambiental. Las personas afectadas son defensores de derechos, su irrupcion y permanencia reivindican el espacio de lo publico, no como algo dado, sino como espacio de la aparicion por el que se pelea cotidianamente. De manera que no nos es dado pensar la problematica de los afectados y el reconocimiento del problema sanitario y ambiental sino hay un reconocimiento de sus victimas en tanto que ciudadanos que ejercen su derecho a la defensa de la salud y el ambiente. El siguiente apartado intenta dar cuenta de las formas dominantes de deslegitimacion e invisibilizacion en las que se impregna el poder soberano en el cuerpo de los afectados, al decir de Agamben (2003), las ceremonias de despojamiento de ciudadania.

Agamben sostiene que no deberiamos inquirir hipocritamente como es que llegamos a situaciones de despojamiento de derechos como las que configuran una situacion de excepcion (Agamben, 1998, 2001), sino precisamente indagar aquellos dispositivos juridicos y politicos que lo hacen posible, entendiendo por tales una serie de mecanismos, instituciones, discursos, practicas, vocabularios, incluso gestos, etc., que tienen como efecto la modulacion, la paralisis, la represion, el disciplinamiento, la productividad de los cuerpos y de las acciones.

En esta tarea analitico-critica que posibilita esta perspectiva, identificamos en el caso una multiplicidad de dispositivos tales como los de burocratizacion, que tienen como efecto la despolitizacion de las demandas ciudadanas al someterlas a tramites administrativos; a un <<excesivo ritual manifiesto>>, como dice la jerga juridica; dispositivos de menosprecio, aquellos que desde la estigmatizacion y la discriminacion privan de dignidad y autoestima a los ciudadanos; dispositivos de reorganizacion de la participacion, cuando los afectados son convocados a <<mesas politicas>> por las autoridades politicas, sin llegar a plantear una resolucion posible de los problemas, sino tratando de desviar el eje del conflicto hacia problemas mas generales del barrio, promoviendo la autorresponsabilizacion individual y colectiva (Carrizo & Berger, 2009).

Continuando con esta metodologia, podemos senalar en el caso dispositivos epistemologicos, cuando el paradigma de la causalidad que bloquea los estudios, decisiones politicas, sentencias judiciales y otras medidas orientadas por el principio de incertidumbre y de precaucion. En los mismos afectados prevalece una vision causal que es utilizada en su contra, cuando los argumentos politicos y juridicos apuntan a diluir el agravante del problema de los agrotoxicos en una multicausalidad de factores contaminantes, ignorando los principios de con-causalidad y, por ende, de concurrencia y corresponsabilidad por los danos que establece el marco del derecho ambiental. Un dispositivo mediatico, cuando un individuo es separado de su colectivo de lucha sobre la base del reconocimiento y protagonismo individual que construye la prensa masiva, tambien los premios y distinciones internacionales que, tras el aparente reconocimiento de la causa, generan el apartamiento del defensor de derechos de su contexto inmediato, lo desconecta de una escala local y lo coloca en otras interacciones globales.

Senalamos por ultimo, y no por agotar la lista, dispositivos de subrepresentacion politica y sobrecarga etica y cognitiva, que por un lado dejan a los afectados sin una estructura de representacion politico-partidaria o de otras organizaciones intermedias (organismos de derechos humanos, asociaciones profesionales) obstaculizando la apropiacion y puesta en valor de los aprendizajes, la experiencia y las propias capacidades de las victimas por parte ya no solo de las autoridades estatales, sino de las propias organizaciones que acuden en su ayuda. Tambien, los dispositivos de governance, cuando el discurso corporativo y de las autoridades estatales establece un marco de <<buenas practicas>> como codigo de conducta voluntario de los productores para no contaminar, flexibilizando la aplicacion de la fuerza de ley, por ejemplo a traves de la sancion del delito de peligro.

De la denegacion de reconocimiento a la autoafirmacion de las comunidades creadas por y para las victimas

Butler (2009) nos permite densificar este analisis al senalar que desde la posicion subalterna--en este caso de los afectados--, mas que el despojamiento que produce una vida desnuda, en terminos agambenianos hay una saturacion de poder, desenmascarando al poder soberano como acto de decision sobre las vidas que merecen o no ser vividas. Se trata, para la autora, de un efecto de operaciones de poder frente al caracter inagotable de su objeto: el cuerpo de los afectados. Estos, sin embargo, se manifiestan en una constante autoafirmacion. Siguiendo a la autora:

Pero dichas vidas tienen una extrana forma de mantenerse animadas, por lo que deben ser negadas una y otra vez. Son vidas para las que no cabe ningun duelo porque ya estaban perdidas para siempre o mas bien porque nunca <<fueron>> y deben ser eliminadas desde el momento en que parecen vivir obstinadamente en ese momento moribundo. La violencia se renueva frente al caracter aparentemente inagotable de su objeto. La desrealizacion del <<otro>> quiere decir que no esta vivo ni muerto, sino en una interminable condicion de espectro (Butler, 2009, p. 60).

En dicha condicion espectral, los afectados han aprendido que su potencialidad politica esta en la autorganizacion, en la autoformacion y en la solidaridad con otras luchas de afectados directos e indirectos. Parafraseando a Nancy (2001), una comunidad de los (afectados) sin comunidad (politica estatal) es aquella comunidad basada en la existencia y no en aspectos esenciales:
   Lamentablemente nosotros somos un grupo de vecinos que no tenemos
   recursos economicos, nos han callado la boca, diciendo: estos
   analisis son bajos, y van a quedar ahi de por vida habiendo gente
   de la provincia, de la municipalidad, de la nacion, porque nosotros
   hemos ido a todos lados, hemos conocido gente de afuera tambien, si
   sirve o no, no me interesa en este momento; la gente que esta aca
   adentro de Cordoba tampoco, ninguno nos ha dado la mano con nada.
   Es mas, nosotros para hacer nuestros propios estudios, ya sea de
   nuestros propios hijos o de todos los que estamos aca, tenemos que
   vender nuestras cosas, tenemos que cortar la ruta para lograr un
   analisis y nos quedamos a veces sin comer, porque los estudios son
   caros y nuestros hijos lamentablemente no tienen una alergia sino
   que tienen un cancer, o tienen malformaciones que son irreparables
   o tienen tumores que lamentablemente tumores que nosotros no
   sabemos hasta donde van a llegar nuestros hijos. Y nadie, nadie se
   ha acercado a ninguno del barrio a decir: <<nosotros sabemos que
   esta toda la familia enferma, te vamos ayudar>>, nadie, ni el
   gobierno, actualmente ni el gobierno. Yo queria decir eso porque
   aca hay mucha gente que sabemos que se beneficia de la problematica
   nuestra, sabemos bien que sacan a costilla nuestra y de nuestros
   hijos que son los enfermos y nadie, nadie se acerca, nadie, que me
   disculpen (5).


El dificil transito de anos por las instituciones en reclamo de justicia ha sido un aprendizaje del tiempo y de que la potencia de la accion aumenta con el encuentro de otros en la lucha. La misma fuerza de existir que lleva al Grupo de Madres a su aparicion publica, las encuentra con otros colectivos de ciudadanos que se autorganizan en defensa propia ante la ineficiencia institucional y de la indolencia de la representacion politica. En las solidaridades entre luchas que logran establecer con otros afectados por las fumigaciones, se logra una afirmacion de la estima propia, por el reconocimiento mutuo de los afectados, por el respaldo que encuentran al no sentirse solas respecto de otros ciudadanos (Berger, 2013).

Los <<encuentros contra la contaminacion>> se convierten en espacios que puede ser tanto un lugar de catarsis colectiva como de animacion y entusiasmo colectivo que sostiene la lucha, se comparten experiencias y se forma una incipiente red informal: <<si nos tocan a uno, nos tocan a todos>>, y se genera una identidad de lucha a partir de la condicion del dano. Hacia el ano 2006, tras regresar del primer evento internacional al que son invitadas a participar en base a la trascendencia del caso y las redes internacionales--tales como la Red de Accion en Plaguicidas y sus Alternativas en America Latina - RAP-AL y la Red por una America Latina Libre de Transgenicos - RALLT--, las madres son las responsables de coordinar la Campana Nacional <<Paren de fumigar>> en la provincia de Cordoba. Organizada por el Grupo de Reflexion Rural de Buenos Aires, esta campana se presenta como una coordinacion de <<organizaciones sociales y pueblos autoconvocados de Cordoba, para la accion interdisciplinaria de "concientizacion ambientalista", contra el uso indiscriminado de agroquimicos, a favor de una agricultura organica sustentable, popular, y recuperadora de las sabidurias originarias>> (Grupo Reflexion Rural, 2009).

En una segunda etapa, la campana ya cobra forma de colectivo autonomo en la provincia de Cordoba, con el nombre <<Colectivo Paren de Fumigar>>, que va rotando por los distintos pueblos fumigados del interior provincial integrando los afectados de otros pueblos y ciudades, profesionales, academicos (Tomasoni, 2012). Acciones de relevancia se definen en estos encuentros, desde su Declaracion fundacional a la realizacion de la primera Marcha de los Pueblos Fumigados en la capital cordobesa, recorrido que incluye la Legislatura Provincial, Tribunales, y Secretaria de Agricultura. Las experiencias se replican a nivel nacional con Encuentros Regionales de Pueblos Fumigados y de colectivos <<Paren de fumigar>>, que reconocen en el Grupo de Madres a aquellas valientes mujeres que roturaron el camino de la lucha contra los agrotoxicos y por la salud.

La construccion de comunidad, sentido e identidades es patente en esta experiencia. En el caso del Grupo de Madres, la construccion de una comunidad ha adoptado la denominacion de un sujeto colectivo que refiere al cuidado de los hijos, que evoca identidades de lucha por Derechos Humanos en Argentina, como la de las Madres de Plaza de Mayo. Posteriormente al expandirse la red, la consigna de lucha de las madres para que dejen de fumigar en el barrio se transformo en la consigna e identidad politica que articulo un movimiento mas amplio en los ambitos provincial y nacional. Tambien, que la identidad empirica del dano <<pueblos fumigados>> paso a ser el nombre propio de muchas organizaciones ciudadanas como <<Pueblos fumigados>> en todo el pais.

Nos interesa asimismo senalar que la existencia y expansion de estas comunidades en lucha es el correlato de la complejizacion del problema como problema publico: los efectos en la salud, los estudios, la institucionalidad de salud y ambiente, la responsabilidad de los productores, el modelo de la agrobiotecnologia, la autorizacion de los OGM, la soberania alimentaria y las alternativas agroecologicas, la afectacion de servicios ecosistemicos (bosques, abejas) son eslabones de un unico y mismo problema que cada uno de los participantes de la comunidad o nodos de esta red nomade e inestable de los afectados contribuye a visibilizar y sostener, desde un hacer y sentir en comun, cotidiano de autorganizacion y multiplicidad en lucha. Al poner el acento de la creatividad de las luchas por derechos, destacamos la elaboracion de marcos interpretativos, tematizaciones y conceptos promovidos por la labor de la inteligencia colectiva de redes de luchas por la institucionalizacion del reconocimiento, y en particular la misma nocion de afectados ambientales.

DE LA RECONOCIBILIDAD AL RECONOCIMIENTO DE LOS AFECTADOS. CONCEPTOS EN CONTEXTO

Nuestra segunda hipotesis en relacion con la conceptualizacion de los afectados como clave de una politica del reconocimiento no pretende hacerlos ingresar, como diria Butler (2009), en una ontologia establecida de los excluidos, sino de provocar una insurreccion ontologica frente a la violencia de la invisibilizacion y la desrealizacion, tal como describiamos previamente. Como afirma la pensadora, estamos ante un problema epistemologico y politico de las operaciones de poder: los marcos mediante los cuales aprehendemos--o no--las vidas de los demas como danadas estan politicamente saturados. Si bien los marcos no deciden unilateralmente las condiciones de aparicion, su proposito es delimitar la esfera de aparicion (Butler, 2010). La capacidad epistemologica para aprehender una vida es parcialmente dependiente de que esa vida sea producida mediante unas normas que la caracterizan como una forma de vida. Butler enlaza entonces la produccion normativa de esta ontologia con el problema epistemologico de aprehender una vida, y el problema etico de saber que hay que reconocer o, mas bien, que hay que guardar contra la lesion y la violencia (Butler, 2010b, p. 16). Aqui las operaciones de sentir, percibir y registrar la situacion de los afectados es una forma de aprehender que antecede una forma conceptual de conocimiento (Margalit & Honneth, 2001), como condicion previa al reconocimiento. Al decir de Butler, la aprehension caracterizara las condiciones mas generales historicamente articuladas y aplicadas, que preparan o modelan un sujeto para el reconocimiento (Butler, 2010, p. 41).

Por ello consideramos que aportar a identificar, reconstruir y ampliar los contextos de uso del concepto de afectados potencia el trabajo sobre las condiciones de inteligibilidad, de reconocibilidad como previos al acto y practica del reconocimiento. En tanto que un concepto no se encuentra aislado en si sino que su significado remite a una red de conceptos, o en otros terminos, a un contexto mas amplio de usos que hace que el significado pueda ser variable, ambiguo, inconsistente. Estas caracteristicas no se deben a un problema de subteorizacion o de limitacion teorica, sino que dan cuenta de una historia conceptual rica en su diferencia y de una actualidad que puede ser abordada contextualmente en el marco de las luchas por el reconocimiento. Presentamos a continuacion cuatro contextos de uso.

Los avances del derecho y las perplejidades de la codificacion de una victimologia <<verde>>

Los avances del derecho ambiental, considerados como derechos humanos de cuarta generacion (luego de los civiles, politicos, economico-sociales y culturales), tienen un caracter transversal y revolucionario de las estructuras del derecho, ya que no solo apuntan a todo el ordenamiento juridico y ramas del derecho (penal, agrario comercial, civil, procesal). La conceptualizacion del dano ambiental da cuenta del principio de incertidumbre que resulta practicamente inherente a la cuestion ambiental, dado que los danos ocasionados al <<ambiente>> no pueden atribuirse causalmente a un solo factor o accion sino que son el resultado de una concurrencia de factores y de responsabilidades en el tiempo y el espacio. En Argentina, la Ley General del Ambiente define dano ambiental como toda alteracion relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos. Resulta llamativa una interpretacion dominante de la nocion de ambiente que realizan algunos expertos en derecho, ya que si bien refiere al equilibrio propio de los ecosistemas, la biodiversidad y la salud en general, pareciera que la obligacion de recomposicion se enfocara en el suelo, el agua y el aire, dejando el resarcimiento de las personas a la orbita del tradicional derecho civil de danos.

Si bien un avance fundamental de la concepcion de dano ambiental es la que refiere al perjuicio de los derechos subjetivos e intereses de una pluralidad de sujetos (introduciendo los intereses difusos, intereses de clase) y habilita procedimientos para legitimar activamente la accion de defensa y tutela por la comunidad afectada como un todo, no hay una codificacion particular para las victimas del dano, que paradojicamente en muchos casos siquiera pueden llegar a ejercer su derecho a defensa. Se contrargumentara que precisamente por esto el derecho ambiental amplia la legitimacion para que cualquier sujeto actue en defensa <<del ambiente>>, pero nos encontramos aqui con una definicion imprecisa de las victimas del dano, dentro de una concepcion de ambiente ?sin personas?

Otro punto critico de los avances del derecho ambiental es la determinacion del grado de responsabilidad y la concurrencia de responsabilidades (publicas, privadas) cuando son muchos los factores contaminantes y, por ende, los probables responsables. Si bien el derecho ambiental se propone superar los limites del derecho penal (el objetivo es restaurar el ambiente en su condicion previa al dano y garantizar el acceso de la ciudadania a un ambiente sano antes que sancionar un delito post facto), la falta de sancion penal a los responsables y las condenas no efectivas, asi como la levedad e imprescriptibilidad del tipo de sanciones, continuan siendo aspectos clave de la realizacion de justicia reclamada por los afectados. Una percepcion de que la justicia tiene que ser la imprescriptible sancion de una culpabilidad, ademas como paso previo para reclamar un resarcimiento por los danos a sus directos responsables, que tendran que pagar por ello, remitiendo a los desarrollos del derecho de danos (morales, personal, patrimonial, economico, dano a la salud, otros).

Pese a los progresistas avances en el debate academico, juridico y politico sobre el dano ambiental, coincidimos con Hall en que el estudio de la criminologia por la proliferacion de danos/delitos ambientales sigue subteorizado, con definiciones selectivas y limitadas de las victimas y los procesos de victimizacion en los hechos de contaminacion ambiental (Hall, 2012, 2014). En este contexto, senala Hall el retorno de algunos academicos a la criminologia de los danos sociales porque como principio subyacente, esta perspectiva/disciplina otorga reconocimiento a un amplio arco de individuos y organizaciones que pueden ser incluidos como victimas, dando cuenta de aspectos que integran tambien el sufrimiento emocional, aspecto poco considerado en los estudios de danos ambientales. Esta vision critica de la criminologia, continuando con el aporte de Hall, tiene algunos beneficios tales como la posibilidad que las victimas se autodefinan como tales y que puedan denunciar que han sido danadas; el enfasis en la nocion de dano por sobre la nocion de delito, de modo de capturar la resonancia de los impactos de la contaminacion ambiental mas alla del hecho delictivo; la inclusion de la nocion de seguridad ambiental, concepto que tiende a vincular la degradacion ambiental con conflictos de grupos, corporaciones y Estados, y finalmente, la inequidad del impacto en un marco ya reconocido por Naciones Unidas: las victimas de abuso del poder: las personas que individual o colectivamente han sufrido dano fisico o mental, sufrimiento emocional, perdida economica o una inhabilitacion sustantiva de sus derechos fundamentales, a traves de actos u omisiones que, aunque no constituyan violaciones a leyes penales nacionales, si violan normas internacionales referidas a los derechos humanos. Tras recorrer esa discusion, Hall propone encauzar elementos que permitan robustecer una victimologia verde, continuando de alguna forma, una vision critica del derecho que reconoce la tradicion de las victimas de danos sociales.

La (auto)identiiicacion politica de los afectados ambientales como victimas del desarrollo y las violaciones de derechos humanos de las empresas transnacionales

En Mexico, en el contexto del Tratado de Libre Comercio, la proliferacion de emprendimientos extractivos ha sido favorecida por mecanismos denominados como desviacion del poder (Rosas Landa, 2014). Esta definicion refiere a la adecuacion, la orientacion y el uso practico del poder del Estado para favorecer, beneficiar y privilegiar los intereses fundamentalmente economicos de grupos o sectores sociales especificos, en perjuicio del interes comun de la sociedad o los derechos de pueblos, comunidades o sectores sociales completos. En este contexto surge una organizacion en redes de luchas de afectados por la megamineria, por la construccion de grandes proyectos hidroelectricos y de infraestructura, por fabricas contaminantes que dominan los territorios, todos articulados en la autoadscripcion como afectados ambientales.

La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales - ANAA reivindica no solo los derechos de los damnificados sino que destaca la convergencia de numerosas organizaciones en un movimiento mas amplio que tiene el denominador comun: procesos organizativos populares para intentar establecer responsabilidades por la inequidad en los impactos, investigacion popular sobre la produccion social del riesgo y los desastres y de la afectacion a la salud de la poblacion ocasionada por alguna industria; en defensa de algun espacio considerado como bien comun o patrimonio publico, afectado por su traspaso a manos de algun capital privado, Todas las externalidades son pagadas (sin su conocimiento y, a menudo sin su consentimiento) por las comunidades mexicanas con la destruccion de su salud, de sus territorios y empobrecimiento real (Rosas Landa, 2014).

Nos interesa senalar en este contexto de uso, en primer lugar, la autoadscripcion de una identidad que pasa a ser de una descripcion empirica a la politizacion de una condicion de injusticia que padecen los pueblos, y que da marco a la posibilidad de una organizacion que vincule las distintas luchas en un reclamo nacional, que ha impulsado por ejemplo, la sesion del Tribunal Permanente de los Pueblos en Mexico ante las sistematicas violaciones de derechos humanos. Cabe senalar que, asi como en Mexico, la nocion de afectados ha sido progresivamente incorporada en movimientos internacionales por los grandes proyectos de desarrollo megaminero (Articulacion Internacional de Afectados por la Empresa Vale) o el Movimiento de Afectados por las Represas, poniendo en perspectiva precisamente el caracter del dano, de la injusticia, de la vulneracion de derechos.

En el campo de los estudios sociolegales en America Latina, algunos academicos intentan suplir las faltas de la teoria social y juridica al conceptualizar con el termino de <<victimas del desarrollo>> una nueva <<tipologia>> de victimas de violaciones a los derechos humanos (Herrereno Hernandez, 2015), cuya responsabilidad es atribuida a empresas transnacionales que llevan adelante planes extractivistas. Estos desarrollos critican la restriccion del ordenamiento juridico internacional para la situacion de las victimas; tal el caso de los conocidos principios Joinet, sobre estandares de verdad, justicia y reparacion para las victimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones de nivel internacional que aun no integran las situaciones de las victimas del desarrollo. Continuando con Herrereno Hernandez (2015), tal omision no seria tan solo una falta de actualizacion del ordenamiento juridico internacional, sino que las nociones de derechos humanos, justicia, tribunal de justicia, juez, sentencia, jurisdiccion, competencia, soberania estatal y responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos estan siendo trastocadas en el pluralismo juridico global en el que emerge con fuerza la prerrogativa del derecho de las empresas o global corporativo por sobre otros derechos, generando incertidumbre sobre como esta <<justicia global corporativa>> podra garantizar el derecho de acceso a la justicia de las victimas del desarrollo, protegiendo la dignidad humana frente al poder agentes economicos que cometen violaciones de derechos humanos: el medio ambiente y los bienes comunes (Herrereno Hernandez, 2015).

El concepto de afectado en los calculos de la reparacion ambiental y la respuesta politica de la comunidad global de afectados

En Brasil, la experiencia de anos de lucha del Movimento de Atingidos pelas Barragens (Movimiento de Afectados por las Represas) ha permitido la adopcion de una definicion clara de afectado como parte de un proceso de definicion de politicas y de evaluaciones de impacto ambiental, con un fuerte componente de institucionalizacion. En este recorrido, la historia del MAB, integrada por victimas y academicos, en dialogos y tensiones con las corporaciones desarrollistas y los gobiernos, da cuenta de la evolucion del concepto desde una vision patrimonial-territorial, a definiciones por parte de organismos internacionaes de credito para medir el impacto socioeconomico mas amplio, a una que incorpora la propia vision desde la organizacion de los daminificados por la alteracion de las formas de vida y lazos comunitarios presentes y futuros (Vainer, 2004). Dichas definiciones expresan lo que Martinez Alier (2014) conceptualiza como los distintos lenguajes de valoracion que entran en juego en contextos de conflictos socioambientales.

Al reconstruir la historia de la lucha de los afectados por las represas, Vainer constata la consideracion de las poblaciones como un medio socioeconomico que pasa a ser parte del ambiente en la <<impactologia oficial>> (Vainer, 2004), en tanto que ciencia aplicada cuyo fundamento es la legitimacion de grandes proyectos en los que el lugar del sujeto del ambiente es desplazado para la gran obra de ingenieria. Las poblaciones son <<reificadas, destituidas de subjetividad y consecuentemente imposibilitadas de constituirse en sujetos>>, continua Vainer, de modo que no son consideradas como agentes sociales colectivos, reivindicantes y politicamente operantes (Vainer, 2004).

Siguiendo la reconstruccion conceptual realizada por Vainer (2012), un punto de partida en la negociacion de las empresas por el impacto socioambiental de la construccion de grandes empresas hidroelectricas, la vision del afectado como propietario el emprendimiento solo toma en cuenta la posesion de la tierra y la perspectiva es indemnizatoria, la negociacion se establece principalmente en torno del valor de las propiedades. Por otra parte, la figura del afectado se establece en el marco de una legislacion ambiental, y mas especificamente una legislacion que establece pautas para el licenciamiento ambiental, tales como las consultas previas, y desde este marco la poblacion es considerada <<como un problema, como un obstaculo a ser removido>> (Vainer, 2012).

En el contexto de disputas y evolucion del concepto, el MAB logro el reconocimiento del afectado como inundado, entrando en consideracion no solo una vision patrimonialista sino tambien la de los no propietarios, o aun cuando lo fuera, el afectado es el desplazado involuntariamente, vision en la que sigue predominando el derecho del emprendedor por sobre el derecho del afectado y la <<hipostasis del agua como culpable>> (Vainer, 2012). Esta modificacion dio lugar posteriormente a discutir los limites de la nocion de impacto y la desestructuracion de relaciones sociales que generan los emprendimientos: entender el proceso en terminos no solamente materiales o pecuniarios. Por su parte, las agencias multilaterales de credito realizan una innovacion conceptual de la nocion de afectados como personas economicamente desplazadas y reconocen la perdida de acceso a recursos productivos.

Finalmente, la comision mundial de afectados por las represas define el desplazamiento radicalmente como la alteracion de formas de vida:

Desplazamiento es definido aqui englobando tanto un desplazamiento fisico como un <<desplazamiento de modos de vida>>. En un sentido estricto, el desplazamiento resultante de un desplazamiento fisico de personas que viven en el area de la reserva de agua o del proyecto, no apenas por el ensanchamiento de la reserva de agua sino tambien por la instalacion de las obras de infraestructura del proyecto. Con todo, el anegamiento de las tierras y la alteracion del ecosistema de los rios tambien afectan los recursos disponibles en esas areas, asi como las actividades productivas. En el caso de las comunidades dependientes de la tierra y los recursos naturales, eso a menudo da como resultado la perdida del acceso a los medios tradicionales de vida, incluyendo la agricultura, la ganaderia, y la extraccion vegetal, para mencionar algunos. Esto provoca no solo la ruptura de la economia local sino que efectivamente desplaza a las poblaciones, en un sentido mas amplio, del acceso a los recursos naturales y ambientales esenciales a sus modos de vida. El termino afectado se refiere a las poblaciones que enfrentan uno u otro tipo de desplazamiento (World Commission on Dams (2000, p. 102, citado por Vainer, 2012, p. 106. La traduccion es nuestra).

Reflexiones desde una Academia situada en las luchas por la justicia (ambiental)

El ultimo contexto que repasaremos proviene de los desarrollos academicos en dialogo con los movimientos de justicia ambiental en un contexto de globalizacion. Fraser (2008) aborda los procesos de des-enmarque y re-enmarque a traves de los cuales se hacen reflexivos los supuestos subyacentes a una justicia <<normal>> y el tipo de teorizacion frente a la ausencia de una vision compartida acerca del que, el quien y el como de la justicia: las dimensiones de distribucion, reconocimiento, y participacion; los supuestos socio-ontologicos, quien cuenta como sujeto de la justicia (quien territorial, quien regional, quien transnacional, quien global) y la gramatica pertinente para reflexionar sobre la justicia, los criterios y procedimientos de decision con los que deben resolverse las disputas sobre el que y el quien (Fraser, 2008).

Nos interesa destacar, a los fines de aportar a la conceptualizacion de la nocion de afectados ambientales, que la autora propone que una justicia reflexiva tiene que sostener como reglas para sus procedimientos, algunos principios normativos tales como la inclusividad de todos los afectados. El principio de todos los afectados, siguiendo a Fraser, apela a las relaciones sociales de interdependencia, una red de relaciones causales, de modo que presenta el limite de identificar relaciones sociales concretas, pero la eleccion del quien quedaria en manos de una ciencia social dominante (Fraser, 2008). Este aspecto problematico lleva a Fraser a plantear el principio de todos los sujetos, como una propuesta normativa para la ampliacion de las relaciones de reconocimiento y solidaridad. Todos los que estan sujetos a una estructura de gobernacion, lo que convierte a un conjunto de conciudadanos no es la ciudadania o nacionalidad compartida sino la sujecion conjunta a una estructura de gobernacion que establece las normas basicas que rigen su interaccion. Podriamos pensar, siguiendo este planteamiento de la autora, en la condicion compartida de afectados directos por un problema, y la condicion de ser sujetos de una estructura que genera y distribuye desigualmente costos ambientales. De modo que la extension de la inclusividad como principio normativo implica que el debate debe estar abierto a todo aquel que tenga interes en el resultado, y debe complementarse con un grado de paridad participativa tal que todos los interlocutores deben gozar iguales oportunidades de plantear sus puntos de vista y ejercer la capacidad de participar como pares en las deliberaciones que se refieren a la organizacion de sus asuntos comunes.

Poniendo en dialogo los desarrollos de Fraser y otros autores que participan de los debates contemporaneos sobre la justicia con las demandas y conflictos planteados por las luchas ambientales, Schlosberg (2010, 2013) toma las tres dimensiones de la justicia (distribucion, reconocimiento y representacion). El argumento de Schlosberg es que la justicia reivindicada por una justicia ambiental global es triple: equidad en la distribucion del riesgo ambiental, reconocimiento de la diversidad de los participantes, experiencias en comunidades afectadas y participacion en los procesos politicos que crean y administran politicas ambientales. La existencia de tres nociones diferentes de justicia en el movimiento, simultaneamente, demuestran la plausibilidad de una teoria y practica de justicia plural aunque unificada. Recuperando los principios normativos senalados previamente con Fraser, Schlosberg apunta que la construccion de instituciones inclusivas y participativas en la toma de decisiones esta en el centro de las exigencias de justicia ambiental. Los activistas exigen procedimientos de elaboracion de politicas que fomenten la participacion comunitaria activa que institucionalicen la participacion publica, que reconozcan al conocimiento comunitario, y utilicen formatos e intercambios interculturales para posibilitar la participacion de tanta diversidad como exista en una comunidad. Los grupos de justicia ambiental reclaman un <<lugar en la mesa>> y el derecho de <<hablar por nosotros mismos>> (Schlosberg, 2010). Destacamos de Schlosberg que en el movimiento de lucha por la justicia ambiental no hay separacion analitica como la que enfrenta las discusiones academicas (Fraser & Honneth, 2006) sino que coexisten las tres; el movimiento representa una integracion de estas variadas reivindicaciones dentro de una exigencia amplia de justicia. Cita como ejemplo que para los movimientos indigenas las exigencias de justicia social y ambiental, equidad, reconocimiento y participacion estan urdidas intrincadamente juntas, de modo que el punto es que las diversas formas de injusticia que estan vinculadas intrincadamente deben ser abordadas de manera simultanea (Schlosberg & Carruthers, 2010).

Hemos recorrido hasta aqui cuatro contextos de discusiones politicas, juridicas e institucionales que dan cuenta de la complejidad del problema y de los limites y posibilidades de una conceptualizacion actual de la nocion de afectados ambientales en el marco de una lucha por derechos. Sin pretender delimitar en estos contextos abordados la diversidad de aportes al estado del arte, hemos escogido por sus particulares interpelaciones al caso ejemplar que abordamos en la primera parte: codificaciones que avanzan en el reconocimiento del dano ambiental pero desde una nocion de ambiente que no precisa conceptualmente el lugar de la victima, la tradicion del derecho de danos sociales ahora actualizado con los danos ambientales. Tambien hemos visto como el panorama de discusiones toma escala transnacional cuando los afectados ambientales en la mayoria de los casos son victimas de procesos y politicas de desarrollo en los flujos de la globalizacion capitalista, cuya responsabilidad por las situaciones de violacion de derechos humanos y de conformacion de un orden juridico que desmonta un orden internacional basado en los derechos humanos recae sobre las corporaciones internacionales, hemos identificado terminos de una experiencia que muestra una historia de densificacion de la nocion de afectados en el marco de un plan resarcitorio. En este caso y en el anterior, la agencia colectiva de las victimas ha hecho con su situacion de afinidad empirica la politizacion de una identidad de lucha. Finalmente, hemos acudido a los principios normativos que provee la justicia ambiental respecto de la definicion de la inclusividad y reconocimiento de los propios afectados y de todos los sujetos.

CONSIDERACIONES FINALES

En este trabajo nos hemos propuesto dar cuenta de la complejidad de la situacion de injusticia que atraviesan los afectados ambientales, entre el analisis de un caso concreto, en la primera parte, y el recorrido por algunos contextos de discusion en los que emerge el concepto en el marco de luchas por el reconocimiento, en la segunda.

Hemos dado cuenta de que no solo el cuerpo y la accion de los afectados muestra esa trama institucional en la que se profundiza una situacion de injusticia, sino que la interaccion y multiplicacion de dispositivos aqui descritos, y otros por describir, tienen como efecto la privacion de las victimas de un orden de reconocimiento intersubjetivo, juridico-politico institucional, de su inclusividad como afectados en la toma de decisiones y formulacion de politicas y de una efectiva y democratica resolucion de sus problemas. La falta de reconocimiento corre pareja a la difuminacion de las responsabilidades publico-politicas de los funcionarios y de los generadores de la contaminacion. Tambien, en un sentido mas amplio, es una difuminacion de la sociedad civil democratica, de la que algunos sectores parecieran acordar que algunas franjas de la poblacion pueden estar en zona de sacrificio ambiental sin que ello sea considerado un crimen.

La accion de los afectados en este sentido interpela a una comunidad politica mas amplia que estatal, a toda una sociedad en la que la defensa de los derechos de todos tengan sentido.

Hemos senalado tambien que la creatividad de las luchas por derechos despliega la elaboracion de conceptos como elementos clave para un marco de inteligibilidad que resulta urgente y necesario para una politica del reconocimiento. La falta de reconocimiento juridico- politico de las victimas o damnificados, de procesos de reparacion/resarcimiento/ remediacion del dano, de procedimientos instituidos de participacion/representacion politica y de defensa publica, configuran un problema para la investigacion colectiva, un campo de pensamiento y accion complejo acorde a la complejidad de los problemas que reclaman una resolucion con justicia ambiental. Por ello, esta tarea de elaboracion conceptual que orienta una epistemologia del reconocimiento no puede ser abordada tan solo desde un enfoque sectorial de politicas publicas ni por un analisis de marcos de la accion politica de la ciudadania. Reclama, ademas, un abordaje inter y transdisciplinario, metodologias participativas con los actores involucrados que pongan en dialogo los aprendizajes y perspectivas, que pueda dar cuenta de un panorama integral de este problema publico y su complejidad, de los subsistemas de accion interrelacionados, de conceptos, practicas y procedimientos institucionalizados y por institucionalizar tanto en el Estado como en la sociedad civil.

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Fecha de recepcion: 01/06/2016

Fecha de aceptacion: 09/10/2016

Mauricio Berger *

Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas-Conicet Instituto de Investigacion y Formacion en Administracion Publica-IIFAP Universidad Nacional de Cordoba

* Doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Comunicacion Social. Es miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas-Conicet, del Instituto de Investigacion y Formacion en Administracion Publica--IIFAP, y de la Universidad Nacional de Cordoba. Actualmente es investigador asistente Conicet, y profesor asistente IIFAP--UNC. Su area de estudio es la relacion entre Estado, ciudadania y justicia ambiental. Correo electronico: mauricioberger@conicet.gov.ar; mauricio.berger@gmail.com

(1) Cita de las Madres en el articulo de Eulalia Ayllon y otras: <<La identidad de Madres en la lucha por derechos>>. En C. Carrizo y M. Berger (2009). Estado incivil y ciudadanos sin Estado. Paradojas del ejercicio de derechos en cuestiones ambientales (p. 242). Cordoba: Narvaja.

(2) Constituciones Nacional y Provincial de Cordoba, las Leyes Nacional y Provincial de Ambiente, Ley Nacional de Residuos Peligrosos, Ley Provincial de Fitosanitarios, y Codigo Penal Nacional para delitos que ponen en peligro la salud de la poblacion, por mencionar las mas relevantes codificaciones del bloque normativo.

(3) Si bien en Barrio Ituzaingo Anexo se han encontrado varios factores de contaminacion, tales como metales pesados y el derrame de PCB de los transformadores de energia electrica, la evidencia de presencia de residuos de plaguicidas es la mas notable y tambien la que mas se ha tematizado, judicializado, y responsabilizado publica, politica y penalmente por el peligro al que se sometio a los habitantes de ese sector de la ciudad.

(4) Cita de las Madres en el articulo de Eulalia Ayllon y otras: <<La identidad de Madres en la lucha por derechos>>. En C. Carrizo y M. Berger (2009), Estado incivil y ciudadanos sin Estado. Paradojas del ejercicio de derechos en cuestiones ambientales. Cordoba: Narvaja.

(5) Ronda de pensamiento, ano 2004. Intervencion de una de las integrantes del Grupo de Madres de Barrio Ituzaingo Anexo. En C. Carrizo y M. Berger (2009), Estado incivil y ciudadanos sin estado. Paradojas del ejercicio de derechos en cuestiones ambientales (pp. 92-129). Cordoba: Narvaja.
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Author:Berger, Mauricio
Publication:Debates en Sociologia
Article Type:Ensayo
Date:Mar 22, 2016
Words:10335
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