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A proposito de la enajenacion de bienes eclesiasticos sin la licencia prescrita. Comentario de la sentencia del Tribunal de la Signatura Apostolica de 3 de julio de 2004.

El Tribunal de la Signatura Apostolica, con ocasion del pronunciamiento sobre la legitimidad de un decreto de la Congregacion para el Clero, aborda una cuestion penal de derecho economico en la sentencia de 3 de julio de 2004 (1). El Tribunal, al dirimir el caso planteado, realiza una serie de aportaciones que pueden ser un referente para la resolucion de futuras controversias (2). En concreto, es destacable su esfuerzo por delimitar el alcance de algunos terminos legales en un ambito tan sensible como es el de la aplicacion de la pena, donde la imprecision puede acarrear consecuencias lamentables.

1. BREVE PRESENTACION DE LOS HECHOS E ITINERARIO PROCESAL

El dia 20 de febrero de 1998, el Excmo. Obispo N. notifico al Rvdo. X la decision de instruir un proceso penal administrativo al descubrirse que, durante los seis anos en que estuvo al frente de dos parroquias (desde 1990 a 1996), habia ocultado a la autoridad diocesana una gran suma de dinero. El dinero fue usado sin que hubiera practicamente ningun justificante de los gastos realizados.

Tres eran los cargos que se atribuian al Rvdo X: a) que enajeno bienes eclesiasticos sin la licencia prescrita (can. 1377), b) que el mismo suscito odio entre los fieles contra el Obispo (can. 1373), y c) que vendio fondos de la parroquia para sus propios intereses, siendo asi reo de la llamada apropiacion indebida.

El dia 6 de mayo de 1999 el Obispo N. emitio un decreto penal en el que, por violacion del canon 1377 agravado por el abuso del oficio (cfr. can. 1326 [seccion] 1, n. 2), se privaba al Rvdo. X de todos los derechos, facultades y privilegios concedidos por el derecho universal y particular, quedando tambien desautorizado para ejercer el ministerio sacerdotal, tanto publica como privadamente. Ademas, a la vista de la cantidad de dinero apropiada indebidamente y gastada en su propio interes, tambien quedo privado de su derecho a remuneracion. La pena fue impuesta por tiempo indefinido, hasta que reconociera su responsabilidad en los hechos y realizara la completa restitucion de la cantidad sustraida. En cuanto al segundo de los cargos que se le atribuian, como no se pudo acreditar que hubiera incurrido en la conducta del can. 1373, se le declaro exonerado del mismo.

Suplicada en vano la revocacion o enmienda del decreto penal, el Patrono del Rvdo. X presento recurso ante la Congregacion para el Clero el dia 22 de junio de 1999. Despues de un cuidadoso estudio de los hechos, la Congregacion declaro que <<no se puede concluir que el Rvdo. X haya enajenado fondos de la parroquia para sus propios intereses>>; y que si bien <<habia una cierta proporcion de mala gestion y mala contabilidad implicada en el tema ... no es evidente una malversacion de fondos>> (n. 4). En consecuencia, el 13 de marzo de 2001 la Congregacion para el Clero resolvio en favor del Rvdo. X, determinando que le fueran restituidas las facultades ministeriales, que se revocaran todas las penas que le habian sido impuestas, y que fuera admitido al ejercicio del ministerio pastoral en la diocesis.

Tras esta resolucion, el Obispo N. solicito su revocacion a la propia Congregacion o, al menos, que la enmendara en parte. Como su peticion fue rechazada, el 27 de abril de 2001 acudio al Supremo Tribunal de la Signatura Apostolica. Finalmente, el Tribunal admitio el recurso del Obispo N. contra el decreto de la Congregacion el dia 25 de octubre de 2002.

Mientras el decreto penal del Obispo condenaba al Rvdo. X por violacion del can. 1377, la Congregacion para el Clero concluia que no se podia mantener la condena penal por este canon (3). Por tanto, determinar si hubo o no delito era una de las principales cuestiones que la Signatura Apostolica debia afrontar para resolver el dubio. Y esta tarea entranaba cierta dificultad, ya que el alcance del delito del can. 1377 no es cuestion pacifica en doctrina. Tomadas en consideracion las argumentaciones in iure et in facto del Promotor de Justicia de la Signatura Apostolica, el Tribunal reconoce finalmente que no hay indicios suficientes para proceder a la condena del Rvdo. X y, en consecuencia, declara que no consta violacion de la ley in procedendo o in decernendo en relacion con la decision de la Congregacion para el Clero.

Aunque la sentencia definitiva desestima el recurso presentado por el Obispo, es de interes destacar que el Tribunal le plantea dos lineas de actuacion respecto al parroco. En primer lugar, propone que si el Obispo desea pedir la reparacion por los danos causados, <<el mismo lleve la cuestion al Tribunal Metropolitano (cfr. can. 1419 [seccion] 2), a no ser que la cuestion pueda ser resuelta mediante arbitraje segun los cann. 1713-1716>> (n. 9). Y en segundo lugar le recuerda que esta legitimado para hacer uso, en la medida que corresponda, de los cann. 1740-1741 (procedimiento para la remocion y traslado de los parrocos) y del can. 1389 (sancion penal por abuso de potestad o cargo) (n. 11).

2. ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL CONTENIDO DE LA SENTENCIA

Los bienes temporales que la Iglesia utiliza para el desarrollo de su mision estan al servicio de unos fines muy concretos de alto componente espiritual (4). El mal uso que de ellos hagan sus administradores, mas alla de la cuantia economica malograda, conlleva un fraude a la confianza de quienes sostienen economicamente a la Iglesia, muchas veces con gran generosidad y sacrificio. Por tanto, es logico que la legislacion canonica sancione algunas conductas delictivas en relacion con los bienes eclesiasticos: asi estaba previsto en el CIC 17 y asi lo hace actualmente el CIC 83 (5).

La eficaz proteccion de los derechos de los implicados en el proceso penal requiere que las conductas delictivas esten convenientemente reguladas y sancionadas, para no incurrir en arbitrariedades a la hora de su tratamiento judicial. En el presente caso se dan tres conductas distintas: la enajenacion de bienes eclesiasticos sin la debida licencia, la apropiacion indebida de bienes y la administracion desleal. Es de agradecer que la Signatura Apostolica, como Tribunal Supremo de la Iglesia, contribuya con sus aportaciones a esclarecer el alcance de las mismas.

La primera de estas conductas constituye un tipo delictivo que lleva consigo una sancion penal, segun esta previsto en el can. 1377 (6). Para su correcta interpretacion hay que tener en cuenta que la enajenacion ha sido objeto de diversas consideraciones en la legislacion canonica. Actualmente, ni el CIC 83 ni el CCEO contienen una definicion de la misma (7). En sentido estricto comprende las operaciones por las que se transmite el dominio directo de un bien, y a este sentido se cine la Signatura Apostolica para valorar como delictiva la enajenacion cuando se realiza sin la debida licencia. Pero segun se desprende del can. 1295, la enajenacion puede tener un sentido mas amplio, que abarcaria cualquier otro tipo de operaciones por las que resultara perjudicado el patrimonio estable de la persona juridica. Cabe entonces preguntarse si la sancion del can. 1377 recae tambien sobre esta clase de operaciones. Como la respuesta de la doctrina no es unanime, la Signatura Apostolica propone que en estos casos se aplique el principio procesal in dubio pro reo (8) (n. 5). Con este pronunciamiento el Tribunal no entra en el fondo de la cuestion debatida, pero al menos aporta un criterio que proporciona seguridad en la aplicacion de la ley penal. (9) Dar respuesta al debate planteado excede el proposito de este trabajo, solo cabe senalar al respecto que la doctrina sigue estudiando y aportando argumentos que den solucion al mismo (10). No obstante, como la propia Signatura recuerda, el can. 18 establece que las leyes penales se deben interpretar de forma estricta, reforzando asi la idea de que la sancion del can. 1377 no debe aplicarse a las operaciones del can. 1295.

La licencia a la que se refiere el can. 1377 es aquella que el legislador exige para la valida enajenacion del patrimonio estable de una persona juridica publica (n. 5). Como es sabido, el CIC 83 no proporciona una definicion de patrimonio estable. Sin embargo, exige en el can. 1291 que los bienes que lo constituyan deben quedar afectos al mismo como consecuencia de un acto de asignacion especifica. Acerca de la naturaleza de esta asignacion, el Tribunal recuerda que se trata de un acto de administracion extraordinaria, y como tal, debe ser probado. Si no hay constancia de que los bienes han sido asignados legitimamente al patrimonio estable, no se consideraran parte del mismo. Tambien el dinero debera cumplir con esta exigencia para formar parte de dicho patrimonio (n. 5). En virtud de lo establecido en el can. 1281 [seccion] 2, sera el derecho particular o estatutario el que determine las reglas por las que los bienes quedan afectos, evitando asi abusos y decisiones arbitrarias por parte de sus administradores (11).

En cuanto a las otras dos conductas, la apropiacion indebida y la administracion desleal, no estan tipificadas como delictivas en el CIC 83 (12). En los hechos examinados la Congregacion para el Clero no percibe delito por violacion del can. 1377, pero si reconoce una defectuosa gestion economica del dinero parroquial, pues <<habia una cierta proporcion de mala gestion y mala contabilidad implicada en el tema>> (n. 4). La Signatura Apostolica toma en consideracion este hecho, advirtiendo que la mala gestion no debe quedar sin consecuencias. Si no lo tuviera en consideracion no se entenderia por que el Tribunal propone al Obispo promover un procedimiento para remocion y traslado del parroco, e incluso que haga uso del can. 1389 por el que se castiga el abuso de potestad o cargo. El administrador que malversa los fondos confiados, bien para uso propio (apropiacion indebida) o como fruto de una gestion fraudulenta (administracion desleal), estaria abusando del cargo confiado. Y a falta de un tipo penal especifico que sancione estas conductas, la Signatura Apostolica propone su inclusion en el tipo generico del can. 1389 (13).

Por ultimo, hay que destacar la invitacion que el propio Tribunal hace al Obispo de acudir al arbitraje o al tribunal metropolitano para resolver la reparacion de los danos causados, si asi lo estima conveniente. La gestion defectuosa del administrador conlleva unos perjuicios economicos al ente administrado, que deberian resarcirse en la medida de lo posible. El resarcimiento del dano esta previsto en la legislacion canonica, pues el can. 128 impone esta obligacion a quien causa un dano ilegitimo por un acto realizado con dolo o culpa (14). Algun autor ha detectado cierta resistencia en el Derecho canonico a adentrarse en la articulacion del derecho a la reparacion (15); por este motivo, es aun mas valiosa la sugerencia de la Signatura Apostolica de hacer uso de este derecho. Cuando los danos derivan de la comision de un delito, la propia ley preve que se ejercite la accion de resarcimiento en el mismo juicio penal (cann. 1729-1731). Pero ademas la jurisprudencia es unanime al afirmar que se puede ejercitar la accion respecto a hechos que no se configuran como delito (16). Por tanto, mas alla del caracter o no delictivo de la deficiente administracion, se originara un derecho al resarcimiento cuando se produzca un dano cuantificable como consecuencia de la conducta dolosa o negligente del administrador. Para que este derecho sea efectivo convendria llevar a cabo su regulacion mediante unas pautas claras y concretas que determinen su ejercicio.

Tras la lectura de esta sentencia cabe advertir que la administracion de los bienes no es una cuestion menor en la Iglesia. El modo en que se lleve a cabo no es irrelevante, pues detras de una gestion defectuosa se puede ocultar una conducta delictiva que, si fuera el caso, debera ser castigada con la mesura y proporcionalidad propia del Derecho penal canonico (17). Pero no solo habra que atender a las posibles consecuencias penales de la malversacion. Siguiendo la pauta marcada por la Signatura Apostolica, tambien habra que tomar en consideracion el posible ejercicio de la accion resarcitoria por danos, a fin de restaurar el orden economico quebrantado ilegitimamente.

3. LECTURA DE LA SENTENCIA EN EL CONTEXTO ACTUAL

Es notoria la creciente preocupacion de las legislaciones estatales por el Derecho penal economico en estos ultimos anos: no solo por el aumento de los delitos de caracter economico sino tambien por la magnitud de sus cuantias y su impacto mas alla de las fronteras nacionales. El empleo de las nuevas tecnologias facilita su comision y, en la mayoria de los casos, tambien dificulta su persecucion y castigo. Es necesario preservar la confianza en los mercados con medidas que fomenten el buen hacer y la transparencia, y con este fin las ultimas reformas penales afrontan la aparicion de nuevas conductas delictivas y su castigo (18).

Tambien el Derecho canonico, consciente de la trascendencia de la gestion de los bienes temporales en la Iglesia, es sensible en este aspecto. Como recuerda el Papa Francisco al inicio del Motu Proprio Fidelis dispensator etprudens, <<del mismo modo que el administrador fiel y prudente tiene la tarea de cuidar con esmero cuanto le ha sido confiado, asi la Iglesia es consciente de la responsabilidad que tiene de salvaguardar y gestionar diligentemente sus propios bienes, a la luz de su mision evangelizadora y con particular solicitud hacia los necesitados (19) >>. Esta responsabilidad ha llevado a la Iglesia a plantearse medidas que afectan a distintos ambitos de la vida eclesial: desde la reorganizacion economica de la Santa Sede20 hasta la adaptacion de estandares nacionales e internacionales en materia de transparencia por parte de algunas Conferencias Episcopales (21), o las propuestas concretas para la correcta gestion de los bienes de los Institutos de vida consagrada y Sociedades de vida apostolica (22). Todavia queda mucho por hacer, pero el camino a seguir se va perfilando cada vez con mas claridad.

La crisis financiera global, la extension de la corrupcion, las nefastas consecuencias del empobrecimiento de algunos sectores sociales ... son algunos factores que despiertan una nueva sensibilidad tanto en la sociedad civil como en la Iglesia, exigiendo una lucha mas decidida frente al fraude y la delincuencia economica. Quince anos han transcurrido desde que la Signatura Apostolica dicto la sentencia objeto de este trabajo y, desde esta nueva sensibilidad, su lectura despierta hoy algunos interrogantes acerca de los hechos acontecidos. Conscientes de que los datos resenados no son suficientes para proporcionar una vision completa de lo ocurrido, no deja de sorprender que durante seis anos (desde 1990 hasta 1996) un administrador estuviera malversando fondos parroquiales. Nace espontanea la pregunta acerca del empleo de los sistemas de control economico y vigilancia, pues si estos sistemas se hubieran utilizado con diligencia probablemente el tiempo de malversacion hubiera sido menor.

Dentro de los sistemas de control juega un papel fundamental la rendicion de cuentas. La propia normativa canonica propone que el administrador la lleve a cabo en una doble direccion: ante el Ordinario del lugar (can. 1287 [seccion] 1) y ante los fieles (can. 1287 [seccion] 2). Y ello sin perder de vista, como recuerda el profesor Zalbidea, que <<el Derecho canonico tiene la oportunidad de redescubrir el sentido profundo de la rendicion de cuentas y la transparencia superando la cultura ampliamente difundida de la sospecha. La rendicion de cuentas no es una tecnica para la deteccion del fraude y el control de los fondos. Sirve para ello, pero no es su finalidad principal. Si se convierte en un fin, en un punto y aparte, pierde su mayor virtualidad: la capacidad de convertirse tambien en don sobreabundante generador de nuevos dones y frutos de salvacion (23) >>. Dada su importancia, tanto administradores como administrados deben poner especial empeno para que este deber se desempene con diligencia, facilitando entre todos el cumplimiento fiel de la mision de la Iglesia.

Junto a la rendicion de cuentas, la ley penal tambien es pieza clave en esta tarea de control y vigilancia. Para proteger de forma efectiva los intereses economicos de la sociedad, es necesario que la normativa penal se adapte a las circunstancias de cada tiempo. El nuevo orden economico, altamente tecnificado y globalizado, exige una dinamizacion del Derecho penal que facilite la revision de las medidas adoptadas hasta el momento (24). La tipificacion de conductas delictivas emergentes, la aplicacion de programas compliance para la prevencion de los delitos en el seno de las personas juridicas, el decomiso de los beneficios obtenidos ilegitimamente o el endurecimiento de los controles financieros son algunas de las medidas que las legislaciones estatales estan implementando.

La Iglesia no es ajena a este nuevo orden; es mas, esta inmersa en el. Por este motivo, sin perder de vista su naturaleza propia y las caracteristicas especificas de su ordenamiento, debe reflexionar sobre la funcion que el Derecho penal economico puede desempenar en el seno de la comunidad eclesial. Como afirma el profesor Minambres, <<l'uso dei rimedi penali, una volta esaurite tutte le altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale (can. 1341), oltre alle finalita loro proprie, puo aiutare a rendere visibile la vera sollecitudine dell'autorita per la giustizia nella Chiesa, per evitare lo scandalo e per impedire sperperi del patrimonio ecclesiastico (25) >>. Los remedios penales, para ser verdaderamente eficaces, deberan estimar las conductas delictivas emergentes y regularlas con precision. El blanqueo de capitales, la apropiacion indebida, la administracion fraudulenta o las defraudaciones fiscales y contables son algunas de ellas, y como tales deberian tener un lugar propio en el Derecho penal canonico, en aras de una gestion transparente de los bienes eclesiasticos y su efectiva proteccion. Cabe augurar que cualquier avance en este sentido revertira en bien de la Iglesia; y en este avance, el esfuerzo del Tribunal de la Signatura Apostolica por delimitar la aplicacion precisa de la ley penal constituye una importante ayuda.

RECIBIDO: 23 DE ABRIL DE 2019 / ACEPTADO: 4 DE MAYO DE 2019

Pilar Sola Granell

Profesora Contratada

Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir. Facultad de Derecho Canonico. Valencia

orcid 0000-0002-9533-3638

pilar.sola@ucv.es

DOI 10.15581/016.117.006

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(1) Prot. N. 32372/01 CA.

(2) Para valorar adecuadamente el alcance de la jurisprudencia en materia penal, hay que tener en cuenta la restriccion del can. 19: <<Cuando, sobre una determinada materia, no exista una prescripcion expresa de la ley universal o particular o una costumbre, la causa, salvo que sea penal, se ha de decidir atendiendo a las leyes dadas para los casos semejantes, a los principios generales del derecho aplicados con equidad canonica, a la jurisprudencia y practica de la Curia Romana, y a la opinion comun y constante de los doctores>>.

(3) El Tribunal de la Signatura Apostolica, en su sentencia, considerara que la Congregacion para el Clero no fue explicita respecto a la motivacion de su decision en este punto, y asi lo refleja en el n. 7 de dicha sentencia: <<El decreto impugnado de la Congregacion para el Clero, aunque no indica de manera explicita el motivo por el cual no se le puede mantener la condena penal al Rvdo. X segun el can. 1377, sostiene que esta no puede ser mantenida en modo alguno, como de hecho no pudo ser mantenida>>.

(4) Cfr. can. 1254 [seccion] 2: <<Fines propios son principalmente los siguientes: sostener el culto divino, sustentar honestamente al clero y demas ministros, y hacer las obras de apostolado sagrado y de caridad, sobre todo con los necesitados>>.

(5) Cfr. J. MINAMBRES, La tutela penale dei beni temporali della Chiesa, en D. CITO (a cura di), Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico, Giuffre, Milano 2005, 591-605.

(6) La penalizacion de esta conducta tiene como objetivo salvaguardar el fiel cumplimiento de los fines de los bienes eclesiasticos al servicio de la mision de la Iglesia. Cfr. D. CITO, I beni a servizio della missione ecclesiale, en F. LOZUPONE (a cura di), Corresponsabilita e trasparenza nell'amministrazione dei beni della Chiesa, Aracne, Ariccia 2015, 203: <<Senza entrare nel merito delle diverse possibili interpretazioni (...) ritengo importante sottolineare che il delitto in questione non vada inteso semplicemente come protezione dall'abusivo impoverimento del patrimonio ecclesiastico, come se tale patrimonio fosse in certo senso fine a se stesso, ma piuttosto come sottrazione illegittima di beni destinati al culto ed alla carita ossia alla destinazione loro propria e che sono peraltro i motivi che giustificano l'esistenza di un patrimonio ecclesiastico>>.

(7) Para profundizar en el concepto de enajenacion y su comprension historica: cfr. F. Grazian, <<Enajenacion de bienes>>, en J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO (eds.), Diccionario general de Derecho canonico, III, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2013, 593-599 (en adelante DGDC).

(8) El can. 1608 [seccion] 4 establece que el juez debe absolver al demandado si no alcanza certeza moral sobre el asunto presente. En el caso examinado, la falta de certeza sobre la culpabilidad del imputado es resultado de una duda de derecho, no de hecho. Recuerda el profesor Sanchez Gil que el principio in dubio pro reo se aplica de modo directo en aquellos momentos de la causa en que el juez debe tomar decisiones frente al acusado. Cfr. A. S. SANCHEZ Gil, El principio 'in dubio pro reo' en el Derecho penal canonico. La permanente actualidad de una antigua regla juridica, Revista General de Derecho canonico y Derecho Eclesiastico del Estado 5 (2004), https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=40273 5&d= 1 &, consultado 18/04/2019.

(9) La Signatura Apostolica se limita a constatar la falta de consenso de la doctrina, sin entrar en el fondo del objeto debatido.

(10) Entre los argumentos propuestos, el profesor Minambres pone el acento en la equiparacion. En el supuesto del can. 1295, entiende que la operatividad de la equiparacion se extiende unicamente a los requisitos exigidos en los cann. 1291-1294 para la validez y licitud de la operacion realizada, pero no a la configuracion del tipo delictivo del can. 1377. Cfr. J. minambres, La tutela penale ... , cit, 597.

(11) El can. 1281 [seccion] 2 establece que los actos de administracion extraordinaria deben determinarse en los estatutos de la persona juridica. Si los estatutos no prescriben nada, sera competencia del Obispo diocesano, oido el Consejo de Asuntos economicos, determinar dichos actos para las personas que le estan sometidas.

(12) Recuerda el profesor Pighin que el CIC 83 ha simplificado de forma significativa la tutela penal de los bienes temporales de la Iglesia, al dejar de considerar como delictivas algunas de las conductas castigadas en el CIC 17, como era el caso de la destinacion al propio uso de los bienes pertenecientes a la Iglesia (can. 2346) o de la negligencia en el cumplimiento de las causas pias (can. 2348): cfr. B. F. PlGHIN, Diritto Penale canonico, Marcianum Press, Venezia 2008, 378.

(13) Estas conductas tambien podrian sancionarse aplicando el can. 1375, que castiga con pena justa a quienes impiden el uso legitimo de los bienes sagrados o de otros bienes eclesiasticos. Ciertamente la apropiacion indebida de bienes eclesiasticos o su administracion fraudulenta impide el uso legitimo de dichos bienes, pero este impedimento no es mas que una consecuencia de la conducta reprobada. En este caso, la conducta reprobada es la defraudacion del administrador que, abusando de su cargo u oficio, actua en beneficio propio o de terceros y en perjuicio del patrimonio administrado.

(14) Tambien el can. 1289 preve la obligacion de restituir el dano ocasionado por el administrador que abandona arbitrariamente el cargo recibido.

(15) Sobre esta resistencia y sus causas: cfr. G. P. MONTINI, <<Resarcimiento de danos>>, en DGDC, VI, 949.

(16) Cfr. IDEM, <<Accion de resarcimiento de danos>>, en DGDC, I, 120.

(17) La proporcionalidad es un principio que debe presidir siempre la aplicacion de las penas. Se desconocen las circunstancias concretas del caso y las razones por las que el Obispo N. privo al Rvdo. X del ejercicio privado del ministerio sacerdotal, pero no deja de ser una pena excesiva por la comision de un delito economico. En este sentido, parece mas adecuada la prescripcion del can. 1389, que castiga con la privacion del oficio cuando hay un abuso del mismo.

(18) En el ambito de la lucha contra la corrupcion, la profesora Alcale recoge la relacion de Convenios elaborados por Naciones Unidas, OCDE, Consejo de Europa y las Decisiones Marco adoptadas por la Union Europea. Estos Convenios y Directrices han hecho necesaria la modificacion y adaptacion de las legislaciones penales de los paises que los suscriben. Cfr. M. ALCALE SANCHEZ, La lucha contra la corrupcion en el ambito supranacional y su incidencia en el Codigo Penal espanol, en L. M. PUENTE (ed.), Economia y Derecho penal en Europa: una comparacion entre las experiencias italiana y espanola. Actas del Congreso hispano-italiano de Derecho penal economico, Universidade da Coruna Servizo de Publicacions, A Coruna 2015, 11-53.

(19) FRANCISCUS, Motu Proprio Fidelis dispensator et prudens, https://w2.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20140224_fidelis -dispensator-et-prudens.html, consultado 16/04/2019; ver tambien AAS 106 (2014) 164-165; tambien la traduccion en espanol del citado en Ius Canonicum 54 (2014) 293-295.

(20) Cfr. D. ZALBIDEA GONZALEZ, La reorganizacion economica de la Santa Sede. Balance y perspectivas, Ius Canonicum 54 (2014) 221-251.

(21) Entre otros, sirva como ejemplo las medidas adoptadas por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos: cfr. D. ZALBIDEA GONZALEZ, La rendicion de mentas en el ordenamiento canonico: transparencia y mision, Eunsa, Pamplona 2018, 179-200.

(22) CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETA DI VITA APOSTOLICA, Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Societa di vita apostolica, http ://www. Vatican. va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/CIVCSVA_lettera-circolare-gesione -beni_20140802.pdf, consultado 16/04/2019; ver tambien, Communi cationes 2 (2014) 390-399.

(23) Cfr. D. ZALBIDEA GONZALEZ, La rendicion de mentas ... , cit, 205.

(24) Cfr. R. BERRUELO - J. M. RODRIGUEZ - C. Gomez - J. CESANO, Derecho Penal economico, BdeF, Buenos Aires 2010, 1-3.

(25) Cfr. J. MINAMBRES, La tutela penale ... , cit, 604.
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Author:Sola Granell, Pilar
Publication:Ius Canonicum
Date:Jun 1, 2019
Words:5085
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